Padres y maestros de la primaria Rafael Ramírez, denunciaron que los alumnos siguen tomando clases en aulas provisionales y exigieron a las autoridades agilizar la reconstrucción del plantel.
En conferencia de prensa en las canchas de la colonia Galeana, donde están las aulas provisionales, los padres se quejaron de que no hay avance en la reconstrucción de la escuela, que fue afectada por la tormenta Manuel y por los recientes sismos.
El maestro Miguel Ángel Ventura Ramos recriminó que las autoridades de los tres órdenes de gobierno los han mantenido en la incertidumbre, porque aún desconocen dónde van a construir el plantel.
“Seguimos dando clases en aulas móviles, en condiciones deplorables. Los niños sufren porque están incomodos, porque no tienen un espacio idóneo para recibir clases”, dijo.
Por lo que manifestó que los maestros y padres se han visto en la necesidad de emplazar a las autoridades educativas, para que asuma compromisos formales y les den una respuesta firme. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal informó que como resultado de los recorridos realizados el fin de semana en Apaxtla, fueron asegurados seis vehículos, entre ellos cinco con reporte de robo y algunos rotulados por la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo (Tlacotepec).
Mientras que este lunes, pobladores de la cabecera municipal de Apaxtla y el vocero del Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón (MAAC), Heliodoro Ocampo Blas, denunciaron presuntos cateos sin autorización en casas y negocios, durante los cuales acusan que policías estatales y ministeriales robaron dinero, alhajas y otros objetos, como herramientas de trabajo.
Asimismo, se informó que los ocho policías comunitarios detenidos en el recorrido implementado el sábado en Apaxtla, fueron puestos a disposición en el Ministerio Público de Coyuca de Catalán, en la región Tierra Caliente, y también se pusieron a disposición en el Ministerio Público federal en Ciudad Altamirano, cuatro armas largas de cacería, decomisadas en Apaxtla por policías estatales el viernes, las cuales fueron traídas a Tierra Caliente debido a los bloqueos que había en Iguala.
En un comunicado de prensa, difundido a las 12:30 de la tarde de este lunes, por la SSP estatal, se informó que los aseguramientos se realizaron durante recorridos de vigilancia en Apaxtla, aunque no se precisa el día.
Indica que fue asegurada una camioneta Nissan pick up, con placas de Oaxaca, sin reporte de robo, en la que se hallaron cuatro balas, sin mencionar el calibre. Asimismo, cinco vehículos con reporte de robo: dos camionetas pick up, una Nissan Frontier y otra Ford Ranger, ambas sin placas; otra camioneta Nissan pick up y un automóvil Nissan Versa blanco, los dos con placas de Morelos.
El aseguramiento se da como parte del programa desplegado desde la mañana del sábado en Apaxtla, en coordinación con la Policía Estatal, Fiscalía General del Estado, Guardia Nacional, Marina y Ejército.
De acuerdo con el vocero del MAAC, Helidoro Ocampo Blas, algunos de los vehículos fueron confiscados el sábado, luego de los recorridos desplegados y otros durante operaciones realizadas este domingo. Dijo que algunos de ellos, los rotulados, pertenecían a la autodefensa de Tlacotepec y otros dos al MAAC, pero de la anterior administración.
“Literal, vinieron a robar”, dice una mujer en un video
El coordinador del MAAC informó por teléfono que pobladores de Apaxtla denunciaron que efectivos de la Policía Estatal y de la Ministerial del estado, estaban entrando a las casas y negocios para realizar cateos, pero sin presentar una orden judicial.
Dijo que durante estas irrupciones ilegales, que empezaron a realizar desde la noche del domingo, los uniformados han robado dinero, alhajas, objetos “y todo lo que puedan”, pero que la gente tiene miedo a presentar las denuncias por temor a las represalias.
Mediante videos que fueron difundidos por los vecinos en las redes sociales, se denunció que los policías que entraron a sus casas, robaron todo lo que pudieron, “literal, vinieron a robar”, se escucha decir a una mujer.
En otra grabación, se denuncia que “no es justo” que hagan eso y que en un negocio se robaron máquinas para hacer tatuajes y cables, además de que robaron cadenas que tenían guardadas en un alhajero de metal, también de hacer un desorden, “vinieron a robar aquí, es gente ratera la que viene a Apaxtla”, denunciaron.
Los ocho detenidos trasladados a Coyuca de Catalán
El vocero del MAAC informó que los ocho policías comunitarios detenidos el sábado, durante el recorridoo, fueron trasladados y puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Público de Coyuca de Catalán, y no en el distrito judicial de Teloloapan o el de Iguala.
Entre los detenidos, dijo, están seis comunitarios de Heliodoro Castillo y dos de la autodefensa del MAAC.
Ponen a disposición en Ciudad Altamirano armas decomisadas en Apaxtla
Personal de la Fiscalía Regional de Coyuca de Catalán puso a disposición, en el Ministerio Público federal de Ciudad Altamirano, cuatro armas largas de cacería decomisadas por policías estatales en Apaxtla el sábado, las cuales fueron llevadas a Tierra Caliente debido a los bloqueos que había en Iguala.
Fue hasta el lunes cuando el personal de la Fiscalía de Coyuca de Catalán trasladó a la oficina del Ministerio Público federal en Altamirano las armas que fueron decomisadas, para continuar con el procedimiento legal.
Se trata de las armas que fueron aseguradas por la Policía Estatal y el Ejército al ingresar a Apaxtla, en donde se informó de la detención de ocho personas, de las cuales se desconoce su situación legal.
Entre las armas que decomisaron se encuentran dos rifles calibre 22, una de ellas tipo mosquetón; y dos escopetas, todas de calibres autorizados para cacería.
Este material iba a ser puesto a disposición en la misma región Norte, en Iguala; sin embargo, debido a las protestas de transportistas que cerraron esa ciudad, la Policía Estatal trasladó todo el material a Coyuca de Catalán, para ser puesto a disposición en la agencia del Ministerio Público del fuero común, donde a su vez recibieron el material y este lunes lo trasladaron a la agencia del Ministerio Público federal.
La fiscalía turnó el caso a la federación, para que le dé continuidad a la investigación de las armas.
La presidenta de la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses, Muriel Salinas Díaz, denunció una nueva campaña de desprestigio contra la ex candidata por Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Iliatenco, Ruperta Nicolás Hilario, por el grupo del alcalde del PT, Sandro Leal Cantú, quien la responsabiliza de un homicidio ocurrido en la región.
En conferencia de prensa sobre el relanzamiento del Modelo de Nodos Regionales para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres que sean vulneradas en sus derechos políticos, Salinas explicó que en el caso de Ruperta Nicolás, hubo un hecho de violencia en Iliatenco que involucró a policías estatales, y la implican a ella porque tiene escolta de policías.
Al igual que en los procesos electorales ordinario y extraordinario de 2021, donde la ex alcaldesa compitió por la reelección, indicó que este evento fue usado para generar mensajes que dañan su imagen pública.
Aclaró que desde las elecciones, Ruperta cuenta con medidas cautelares para su seguridad, como resultado de juicios que promovieron, al comprobarse actos de violencia política, aunque no fue posible establecer responsables de mensajes misóginos en redes sociales. Ahora la responsabilizan del homicidio sólo por la custodia que tiene de la Policía Estatal.
Añadió que están revisando su situación en este proyecto de Equipos Feministas y la Red para el avance político de las mujeres, para darle acompañamiento y asesoría jurídica.
Llamaron a las mujeres que en este momento estén sufriendo alguna forma de violencia política de género, sea en un cargo público, en un proceso de selección de un cargo que no es de elección popular, a lo mejor una alcaldesa, una síndica, una procuradora, a acercarse a la Red en las regiones.
Del proyecto de consolidación de Nodos de la región Centro, Acapulco, Norte y Montaña, que se integraron en la elección de 2020-2021, explicó que recibieron un apoyo económico del INE, a través del programa del Impulso a la Participación Política de las Mujeres.
Ahora se integrará el Nodo regional de Costa Chica, y este fin de semana comenzarán los talleres sobre violencia política de 9 a 2 de la tarde en Chilpancingo; el 28 y 29 será en Iguala, y después en Acapulco y Ayutla, respectivamente cada fin de semana siguiente.
Con Flor Soto Aparicio, enlace operativo de del Nodo región Centro, Reyna Ramírez Santana, coordinadora de la región Norte; Sasil Mesa, de Costa Chica, y Olivia Hidalgo, integrante de la Red, llamaron a los talleres a todas las personas interesadas y de cualquier partido político, y autoridades municipales y funcionarias del sector público, así como organismos descentralizados y de la sociedad civil.
Salinas destacó que la prioridad de este proyecto son las mujeres indígenas y afromexicanas. Informó que, como defensoras de la sociedad civil en Guerrero, están vinculadas con las autoridades del INE, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), de tribunales electorales, federal y local, la Fiscalía Especializada en delitos electorales, el gobierno del estado a través de las secretarías general de Gobierno, y de Contraloría y Transparencia Gubernamental, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para canalizar de manera más eficaz y rápida a víctimas en las regiones, para acortar el viacrucis que regularmente se transita.
“Nos hemos especializado a lo largo de 15 años en la prevención, en la atención, en el seguimiento y el litigio estratégico en casos de violencia política, ofrecemos acompañamiento de manera gratuita”.
Entre otras acciones, buscarán la armonización de la legislación en materia de violencia política en razón de género con la Ley de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos en Guerrero, para que sea sancionado el incumplimiento de la paridad en cargos de designación.
Mientras se define Plan B, van litigar en órganos electorales y jurisdiccionales
Muriel Salinas ratificó que la violencia política de género ocurre todo el tiempo, y los partidos políticos siguen callados ante los efectos “perniciosos” y “muy graves” del Plan B de la Reforma electoral sobre los derechos políticos de las mujeres, con la cual se van a debilitar los órganos federal y locales electorales, como a los jurisdiccionales. También desaparecerán sus lineamientos sobre las obligaciones de los partidos en materia de violencia política.
Los órganos administrativos ni jurisdiccionales electorales ya no podrán sancionar a los partidos por no atender y erradicar la violencia política, porque las autoridades electorales estarán impedidas de resolver temas de la vida interna de los partidos políticos.
Antes de la reforma, advirtió que los partidos tienen resistencias y omisiones graves para cumplir con la paridad de género en las candidaturas y en la integración de las dirigencias.
Independientemente de lo que ocurre con el Plan B, consideró que es un momento oportuno para vincularnos con las autoridades, elaborar un protocolo con la ruta de vinculación con las instituciones porque prevemos que en 2023 va a aumentar la violencia política hacia las mujeres, que se detona en torno a los procesos electorales.
La dirigente de la Coordinadora Sectorial de la Región Centro de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Reyna Bello de Jesús afirmó que no romperá el diálogo con la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG) a pesar de las amenazas que ha recibido de muerte, y que sospecha son por sus denuncias de venta de plazas de funcionarios, porque dará seguimientos a los planteamientos que ya ha hecho de demandas de justicia laboral.
Sin embargo, llamó a la gobernadora a “que se siente a gobernar Guerrero”, porque consideró que en la SEG hay grupos y no se coordinan: “no hay una coordinación entre las diferentes subsecretarías, los funcionarios se defienden argumentando que ellos obedecen a la gobernadora y no al secretario”.
Incluso, afirmó que han entregado la información al senador Félix Salgado Macedonio, padre de la gobernadora, pero “vemos que no hay coordinación y hay impunidad total” en la SEG.
Presentó denuncias
Consultada tras las declaraciones del secretario de Educación en Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña, quien rechazó cualquier amenaza e intimidación a cualquier trabajador de la Secretaría por sus ideas o por defender sus posturas, y aseguró enviaría a una persona a dialogar con ella por las amenazas de muerte que recibió, Reyna Bello respondió que sus planteamientos ya los hizo, que de las amenazas aun no, pero las peticiones y denuncias de corrupción ya las hizo en los órganos normativos internos de la SEG.
La trabajadora administrativa en la SEG, de 55 años de edad, expuso que incluso ya pidió que analicen su caso, porque “un problema laboral lo convirtieron en civil y lo utilizaron para convertirlo en un problema personal, cuando nosotros no tenemos nada personal contra los funcionarios, nuestra labor es de velar por los intereses de los trabajadores y vigilar los manejos que hacen los funcionarios con los derechos de los trabajadores”.
Vía telefónica contó que en 2019 hizo la denuncia de venta de plazas ante el área de Contraloría Interna de la SEG, en ese entonces, el titular era Ramón Apreza Patrón, quien recibió su queja para iniciar el proceso de investigación, pero el resolutivo que emitió fue en su contra, “porque nunca nos citaron a declarar”, y los personajes a quienes señaló siguen laborando en la contraloría interna.
Mencionó que después de esa resolución, dos de los trabajadores que acusó por vender plazas la denunciaron en el Juzgado Civil de segunda instancia en Chilpancingo por difamación, “por el resolutivo que sacó Ramón Apreza a favor de los funcionarios, señalan que nosotros los difamamos de que venden plazas, que decimos mentiras, cuando hubo pruebas, escritos, hay muchas pruebas, váucher que en su momento se tuvieron”.
La venta de plazas
Añadió que incluso al actual titular del Centro Estatal de Atención a los Problemas Políticos y Sociales, de la Secretaría General de Gobierno, Ernesto Payán Cortinas, le llevó los documentos para que le informara a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, de la venta de plazas y se resolviera de manera administrativa la denuncia en su contra, “él incluso los llamó a los funcionarios, y al ser descubiertos hablaron de todos los funcionarios que se corrompieron”.
De acuerdo con Reyna Bello en la venta de plazas estaban implicados funcionarios del área de Contraloría Interna, de la Dirección de Administración de Personal, de la Subsecretaría de Planeación de la SEG, “nosotros le pedimos al nuevo gobierno que investigue y que la denuncia la hagan administrativa, porque es un conflicto laboral no personal”.
Reyna Bello dijo que como lo declaró el secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña, un día antes de que concluyera el gobierno del priista, Héctor Astudillo Flores, se otorgaron 186 plazas a allegados, entre ellas, 50 en las oficinas centrales de la SEG, “lo que pasa es que no habido seriedad en darle seguimiento, incluso hablamos con el senador Félix Salgado Macedonio, él también dio la indicación que se le diera seguimiento a esa demanda, a la impugnación de las 186 plazas, pero vemos que no hay coordinación y hay impunidad total”.
Argumentó que las órdenes del propio Marcial Rodríguez no son acatadas, porque la gobernadora determinó qué funcionarios iban a llegar a la secretaría y “creemos que es un grave error, porque no hay una coordinación entre las diferentes subsecretarías, los funcionarios se defienden argumentando que ellos obedecen a la gobernadora y no al secretario”.
Dijo que un ejemplo de esa descoordinación es que en una reunión acordaron que entregarían los nombramientos a los profesores de la secundaria Galo Soberón y Parra, en Chilpancingo, mientras terminaba el ciclo escolar para que los niños no se quedaran sin clases, pero el subsecretario de Finanzas, Alejandro Moreno Lira, omitió esa indicación.
Que Evelyn se siente a gobernar
“Entendemos que hay grupos al interior del gobierno del estado, y hacemos un llamado a la gobernadora, (Evelyn Salgado Pineda), que se siente a gobernar Guerrero, que si le están haciendo daño sus asesores, sus grupos, y es urgente que haga un cambio en sus asesores, porque está llevando a la educación a más conflictos que se vendrán este año por esa situación, porque cada quien defiende su nombramiento que le dio la gobernadora, pero aquí se deben a secretario de educación no la gobernadora”.
Reyna Bello criticó que Salgado Pineda hizo un “daño tremendo” porque “impuso a personajes que carecen del conocimiento educativo nada más por participar en la campaña los nombró y esas personas que nombró, se aliaron con los personajes que habían estado en la administración priista anterior y entonces es lo mismo”.
Aseguró que en la SEG hay funcionarios de escritorio que no le están ayudando a la educación, “tenemos políticos que solo les interesan los cargos en Morena, pero no la educación y ese es el problema”, aseveró que hay una descoordinación entre los subsecretarios de Educación Básica, Ricardo Castillo Peña; de Planeación, Benjamín Adame Pereyra; y el de Finanzas, Alejandro Moreno Lira, “nosotros investigamos y evidenciamos que dicen no dar nombramientos a los profesores con contratos pero los están dando, que la Ley del Usicamm no da nombramientos indefinidos y los están dando, entendemos la molestia de los funcionarios que en su desesperación al estarlos evidenciando por eso se vienen las amenazas”.
De la transición que vive el gobierno del estado y que reconoció Rodríguez Saldaña harán ajustes de la totalidad del aparato administrativo de la SEG, sostuvo que “hubo acuerdos políticos en la transición del gobierno priista al gobierno morenista, entendemos esas transiciones”.
Mencionó que cuando los ha recibido el director de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros, le han dicho pedido que le diga a la gobernadora que es necesario un cambio, “pero creo que hay ciertos compromisos políticos que nos están afectando a nosotros, están violando los derechos laborales de los trabajadores y de los niños”.
Contó que no habrá credibilidad mientras que no cambien a funcionarios que estuvieron en administraciones pasadas como al director de Administración de Personal, Julio Alejandro Lucas Secundino, de quien dijo se demostró que participó en cambios de adscripción de la docentes de la Montaña y la Sierra a Acapulco con un salario superior al de la zona.
Reyna Bella expresó que respecto a las amenazas de muerte reibidas sigue en alerta máxima, además aseguró que no romperá el diálago con la SEG porque finalmente deben dar continuidad a los diversos planteamientos que hicieron a las autoridades, “si no hay respuestas, en la reunión próxima que se tenga (de los docentes), habrá que definir el rumbo de las actividades con base a la respuesta de la secretaría y a la misma gobernadora”.
La CETEG es una sola
Reyna Bello se graduó como maestra de primaria en la Escuel Normal del Estado Ignacio Manuel Altamirano, pero desde 1992 ingresó a laborar como administrativa en la SEG, donde se ha mantenido activa, además ahí conoció a los profesores Agustín López Ayala, Josefina Alonso y Claudio Castillo –este último asesinado por policías federales en una movilización en Acapulco en 2015– para que se integrara a la CETEG.
Bello de Jesús encabeza actualmente unas de las corrientes de la CETEG, que se diferencia de la corriente de los maestros de la región Acapulco-Costa Grande que representa Walter Añorve Rodríguez, así como de la Dirección Colectiva de la CETEG de la zona Centro, que lidera Antonia Morales Vélez; a su vez, de estas tres corrientes el actual secretario general, Héctor Torres Solano, se ha deslindado y ha señalado que están expulsados de la organización.
Sin embargo, Reyna Bello sostiene a pesar de la división todos se aglutinan en un solo movimiento, “es como los partidos, todos los partidos tienen corrientes, la diferencia aquí son los principios, entre los compañeros que no reciben dinero del Estado, que no participa con ningún partido político, que no le levantan el brazo a algún representante de algún partido político, que no trafican con los derechos de los compañeros, no les quita sus plazas o les pide dinero por trámites”.
Argumentó que la actual dirigencia de la CETEG “oficial” recibe dinero del Estado y ese “ha sido nuestro descontento”, “nosotros fuimos excluidos de un congreso porque íbamos a denunciar que los que están representando la CETEG son quienes perdieron en las elecciones pasadas, no llegaron a ser presidentes o diputados y como consuelo les dieron comisiones dentro de la CETEG, algo que está violentando nuestros principios”.
El titular de la Secretaria de Educación Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña en entrevista con El Sur en su oficina ubicada en la colonia Villa Lucerna en Chilpancingo Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Emiliano Tizapa Lucena
Chilpancingo
El secretario de Educación en Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña, afirmó que rechaza cualquier amenaza e intimidación a cualquier trabajador de la Secretaría por sus ideas o por defender sus posturas, luego de que la dirigente magisterial, Reyna Bello de Jesús, hizo públicas las amenazas de muerte que recibió y que sospecha se deben a sus señalamientos contra funcionarios de la dependencia por la venta de plazas y tráfico de influencias.
También, Rodríguez Saldaña aseguró que no tolerará “ninguna venta de plazas, ningún cambio de adscripción o algún movimiento laboral por pago de algo”, además expuso que enviará a una persona para dialogar con la líder magisterial.
Como lo informó El Sur, la dirigente de la Coordinadora Sectorial de la Región Centro de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Reyna Bello de Jesús, denunció que desde el 13 de diciembre ha sido amenazada de muerte junto a su familia, y sospecha que se debe a los señalamientos que hizo contra funcionarios de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) por estar involucrados en la “venta de plazas y tráfico de influencias”.
Entrevistado al respecto ayer en sus oficinas, ubicadas en la colonia Villa Lucerna, al oriente de la ciudad, Marcial Rodríguez Saldaña dijo que rechaza cualquier amenaza e intimidación a cualquier trabajador de la Secretaría por sus ideas o por defender sus posturas.
Afirmó que en la dependencia “tiene que haber una política de diálogo, incluso de tolerancia a veces excesiva, porque estamos en un proceso de transición, este nuevo gobierno está comprometido con el diálogo y la democracia”.
Dijo que como secretario jamás ha pedido la intervención de ninguna fuerza pública y no lo hará, “tenemos autoridad para salir al frente, para saludar a cualquier líder, a cualquier trabajador, con los estudiantes dialogamos con todos”, y “en el caso particular de la maestra yo esperaría que ella presente una denuncia”.
Indicó que independientemente de que lo haga, pedirá a una persona de la SEG que platique con ella, para ver en qué ámbito de competencia de la SEG se presentan también sus denuncias.
Hay el compromiso de actuar contra la corrupción
Rodríguez Saldaña sostuvo que su compromiso es actuar y no permitir que al interior de la SEG haya actos de corrupción, porque además busca mantener un ambiente de armonía, “hemos vivido en las últimas dos décadas un periodo de mucha convulsión social y eso ha impedido que el sector educativo avance, más la pandemia (de Covid-19)”.
Sin embargo, argumentó que hay condiciones favorables debido a “una extraordinaria relación con el gobierno federal” pues se han reunido con servidores públicos de la SEP, aunado a que en Guerrero “hay estabilidad social a diferencia de lo que había hace unos años”, también “no hay cuestionamientos a la legitimidad del gobierno”, y con su política de diálogo buscarán mejorar los indicadores educativos y atender los rezagos históricos que hay en educación y justicia laboral.
Invitó a todos los liderazgos de los diferentes agrupamientos de trabajadores de la educación a mantener una actitud de diálogo y conciliación, porque aseguró “no hay necesidad de ir a cerrar una oficina como antes se hacía, no hay necesidad de cerrar calles y mucho menos una vía federal, aquí están las puertas abiertas”.
El titular de la SEG opinó que es bueno que se denuncien los actos de corrupción o actos indebidos, y que no va “a tolerar ninguna venta de ninguna plaza, ningún cambio de adscripción o algún movimiento laboral por pago de algo”.
Añadió que a él nadie lo puede señalar de eso, e incluso, tiene familiares y amigos en el movimiento que le piden ayuda pero siempre y cuando “esté dentro del proceso normativo”, ejemplificó que actualmente el “ingreso al servicio docente es a través del examen de la convocatoria, (cuando) antes las plazas se heredaban, se vendían, hoy ya no”.
Manifestó que las denuncias de actos de corrupción investigarán, y “si las instancias que tienen responsabilidad de hacer esto, que es la Contraloría y el Jurídico no atienden, también vamos a revisar la actuación de ellos, nuestra responsabilidad es combatir la corrupción en todos los niveles y no permitir actos de intimidación y mucho menos de amenazas en la Secretaría”.
Dirigió denuncias de Reyna Bello al Jurídico
Del señalamiento de Reyna Bello de que a pesar de que entregaron las pruebas a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, al secretario general de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso y a él, como “voucher de depósitos en las cuentas bancarias” y no se ha hecho nada, respondió que “a la gobernadora no se la ha entregado esto, no sé al secretario general de Gobierno, pero a mí en las reuniones que he tenido me han dado a conocer y de inmediato he instruido que se investigue”.
Expuso que como secretario escucha y atiende pero no lleva los expedientes a detalle, contó que fue en los primeros meses de esta administración morenista cuando en una reunión recibió las denuncias y comentarios, pero los dirigió al Jurídico, y en estos días revisará qué ha pasado con esas denuncias y si hay entorpecimientos, hará que continúen las investigaciones.
De la denuncia contra los validadores donde “hay mafias pequeñas” que trafican con cambios, con venta de contratos o nombramientos de recomendados, Marcial Rodríguez expuso que éstos son trabajadores de base y no de confianza, y colaboran en el área de Planeación para revisar si en una escuela que demanda maestros procede la asignación de docentes, “es decir, si existe la matrícula suficiente para que pueda contratarse o asignarse a un maestro o a un trabajador”.
Mencionó que los validadores no deciden todo sino que la responsabilidad final está en el director general de Planeación y en el subsecretario de Planeación Educativa, Benjamín Adame Pereyra, “pueden cometer errores los validadores, pero si el director de Personal está viendo y el subsecretario que no procede, se tiene que dar cuenta al secretario (es decir a él) para que se ordene corregir”.
El caso de los maestros
despedidos
De la queja de la líder magisterial de que el 15 de julio de 2022 fueron despedidos mil 800 maestros, el titular de la SEG contestó que se trató de profesores a quienes se les terminó su contrato temporal, “no hay que tampoco engañar a nadie, es un contrato temporal y la Secretaría no está obligada a volver a contratar a nadie que le dan un contrato temporal, nuestras obligaciones son con los que hacen el examen y que van a ingresar por carrera al servicio docente”.
Argumentó que la nómina de la SEG la paga la federación y ante la ellos le plantean si hace falta cubrir plazas, “antes había un desorden en el otorgamiento de plazas, de nombramientos, por eso el FONE (Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa) lo tuvieron que blindar, para que ya no incorporarán a más trabajadores sino hasta pasar por un procedimiento de la autoridad estatal”.
Cobertura de plazas
De cómo cubrirán esos espacios de los docentes que no fueron contratados para que los niños no se queden sin clases, informó que en 2022 entregaron 560 plazas a los egresados de las normales que hicieron examen y se ganaron su plaza por méritos propios y los asignaron en esos espacios que quedaron.
Pero aclaró que habría que corroborar el dato de los mil 800 docentes despedidos, “no estoy diciendo ni que sí ni que no, hay que corroborarlo”, agregó que en Guerrero tienen registrados a 600 maestros actualmente que están por contrato.
Afirmó que apenas este lunes le informaron que de 69 escuelas que estaban cerradas por falta de maestros cuando recibieron la administración, actualmente ya abrieron 40, aunque dijo hay otra problemática, que algunas escuelas tienen muy poca matrícula, y para que no se queden los niños sin clases las incorporarán al sistema del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), además este mes entregarán otro paquete de plazas a egresados de normales, a quienes enviarán a donde hagan falta.
“Desafortunadamente algunos egresados de las normales, pocos, que se les envía a cubrir plazas en lugares de zonas indígenas o en la Sierra, en zonas apartadas, no se presentan o van unos días y se regresan”, dijo, y afirmó que ya indicó al Jurídico proceder para dar esas plazas a quienes hicieron el examen y están en la lista “de prelación”.
Se le preguntó también por el señalamiento de irregularidades con las plazas de maestros fallecidos por Covid-19, las cuales se están vendiendo, Marcial Rodríguez dijo que “sí hubo muchos movimientos irregulares (en la administración pasada), basificaron a personal que no tenía derecho, incluso aquí mismo en las áreas centrales, a personal de confianza le hicieron contratos después de que terminó el gobierno, después del 15 de octubre de 2021, hasta diciembre sin tener facultades”.
Dijo que para no confrontarse con los trabajadores se les respetó su contrato hasta diciembre de ese año, pero ya no se les renovó.
Expresó que en 2022 denunciaron ante la Fiscalía General del Estado (FGE) cinco casos de venta de plazas en Tierra Caliente y de manera interna hay varios procesos en el Jurídico de casos de maestros que viven en Estados Unidos y siguen cobrando.
La SEG, en proceso de transición
De por qué se ha contratado a funcionarios que ya estuvieron en la administración pasada, cuando se dice buscar una nueva forma de gobernar, con un nuevo partido, además la base del magisterio apoyó políticamente un cambio, Marcial Rodríguez respondió que están “en un proceso de transición, se van haciendo ajustes de la totalidad del aparato administrativo, el aparato también es muy grande en la SEG”.
Aseguró que después del primer informe de gobierno de la gobernadora, les pidieron revisar las áreas administrativas para corregir y aseguró que “vamos a tomar nota, yo por eso circulé un conjunto de acuerdos que son obligatorios para todos los servidores públicos, para advertirles de que quien no cumpla con estos lineamientos no tiene cabida en la Cuarta Transformación”.
“Ya se han hecho algunos movimientos en la Secretaría, ha habido cambios en diferentes niveles, e incluido el secretario, estamos sujetos a una revisión a nuestro trabajo y a rendirle cuentas a la gobernadora, en mi caso estoy haciendo una evaluación constante y vamos a continuar atendiendo estos casos que dice la maestra para poder informar en su momento a la gobernadora”.
Reiteró que no permitirá ningún acto de corrupción, llamó a todos los servidores públicos, quienes dijo “están obligados a denunciar cualquier acto de corrupción y el que no lo haga que se atenga a las consecuencias, vamos a sancionar y en su caso a remover a funcionarios que no entiendan que somos un gobierno emanado de un movimiento”.
Vecinos de los barrios históricos, en el bloqueo a la avenida Aquiles Serdán, en el centro de la ciudad, para exigir el servicio de agua Foto: Carlos Carbajal
Argenis Salmerón
Unos 30 vecinos de la colonia Centro bloquearon por una hora la avenida Aquiles Serdán, para denunciar que no tienen agua desde hace dos meses.
A la 1 de la tarde, los inconformes, que en su mayoría fueron mujeres, se concentraron en la calle cerca de la tienda Coppel Bahía.
Los manifestantes dijeron que son más de 200 familias las que no tienen agua potable y deben comprar pipas, que cuestan alrededor de mil 200 pesos.
Se quejaron de que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) argumenta que sí hay agua, pero los vecinos aseguraron que no hay servicio. Los habitantes colocaron en la vialidad tambos, conos y llantas usadas.
“Queremos agua”, “queremos el agua, señora presidente Abelina López” y “presidente Abelina López, queremos de su apoyo, ya que tenemos meses sin agua”, se podía leer en algunas pancartas que llevaban.
En declaraciones a reporteros, el vecino Jesús Ventura denunció que tiene dos meses sin agua potable, en la colonia Centro, sin que resuelva la CAPAMA.
Añadió que los barrios afectados por la falta de agua son los barrios La Cuereria, Comino, La Lima y Panteón.
Reclamó que la paramunicipal asegura que sí hay agua, pero “la realidad es otra, no tenemos el servicio desde hace dos meses”.
Criticó que los vecinos tienen que comprar pipas de agua, en mil 200 pesos, con capacidad de mil 200 litros. Señaló que son más de 200 familias las que no tienen el servicio.
En un boletín de prensa, funcionarios del área operativa de la CAPAMA atendieron a vecinos de los barrios ubicados en la colonia Centro de la ciudad, quienes se manifestaron en la avenida Aquiles Serdán, debido a que no cuentan con el servicio de agua.
El director operativo del organismo, Alejandro Sotelo Urióstegui, acudió a la zona de la protesta e informó a los ciudadanos sobre la obstrucción de una línea de agua potable, de tres pulgadas, que se ubica en la calle Margarita Maza de Juárez.
“Tenemos instrucciones de nuestra presidente, de concluir a más tardar mañana esta reparación y poder mandarles el agua. Los invito a que una comisión nos acompañe allá arriba, donde está la reparación, para que constaten lo que estamos haciendo y decirles cuál es el problema que nos impide dar agua en estos momentos”, explicó.
El funcionario de la paramunicipal se comprometió con los vecinos a mandar el agua el hoy en la noche.
Una maestra que fue defraudada con 270 mil pesos por la venta de una plaza en la SEG, protestó en la sede del Poder Ejecutivo para solicitar el apoyo de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda Foto: Jessica Torres Barrera
María Avilez Rodríguez
Chilpancingo
La maestra Nataly de la O Mata y su abogado protestaron en el Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del estado, para denunciar un posible fraude por parte de un trabajador del gobierno estatal y una docente por la venta de una plaza.
Los inconformes portaron una lona con los nombres de las personas que señalan: José Antonio Pérez Andaluz, trabajador del ex Palacio de Gobierno, y la maestra Marcela Rivera Izazaga, quienes pidieron 270 mil pesos a cambio de darle una plaza docente.
Manifestaron que hace dos años dichas personas le ofrecieron una plaza a Nataly de la O, quien desde hace cuatro la había solicitado a la Secretaría de Educación de Guerrero (SEG), pero que no se la han otorgado ni tampoco le regresan su dinero, por lo que pidieron la intervención de las autoridades estatales.
El abogado de la afectada, Víctor Hugo Carranza Cadena, indicó que a Nataly le ofrecieron una plaza ya fuera en Tecpan o en Atoyac, porque supuestamente las dos personas señaladas conocían al secretario de Educación en turno: “a mi clienta se le hizo fácil darles todo su patrimonio”.
Su clienta le ha pedido a Pérez Andaluz y a Rivera Izazaga que le regresen su dinero, pero sólo le dicen que “pronto tendrá su plaza, y de un tiempo para acá ya no le responden las llamadas ni los mensajes”, precisó Carranza Cadena.
A pregunta de que la SEG establece que tienen que concursar por una plaza, por qué su clienta la compró, respondió que actuó con “buena fe, ella no es abogada y desconoce de esta situación”.
El abogado y la afectada informaron que acudirán este viernes a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) a interponer una denuncia penal.
Integrantes de diferentes sectores acompañaron a la ex delegada de la Codehum, Fanny Ruth Lara Figueroa a presentar una queja contra la presidenta del organismo, Cecilia Narciso Gaitan, en la CNDH en Acapulco Foto: Argenis Salmerón
Argenis Salmerón
La ex delegada en Acapulco de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum), Fanny Ruth Lara Figueroa, interpuso una queja contra la presidenta del organismo, Cecilia Narciso Gaytán por un trato diferenciado y desigual.
Acompañada de personas de diferentes sectores, la ex delegada interpuso su queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en el fraccionamiento Costa Azul.
Denunció que durante más de un año, la presidenta de la Codehum le gritaba y la restringía para desempeñar su labor como delegada.
Explicó que el trato desigual a nadie del organismo se le dio, ni a los demás delegados ni visitadores, “eran instrucciones solamente para Fanny”.
Lara Figueroa indicó que la presidenta de la Codehum tomó posesión en mayo del 2021, “yo estuve trabajando con ella más de un año”.
Argumentó que la presidenta de la Codehum decidió terminar la relación laboral, “no estoy pidiendo que me regresen a la institución, no es mi intención, no podría trabajar donde no hay paz ni armonía”.
“Yo de ella (Cecilia Narciso) recibí un trato desigual, ese es el motivo de la queja, queremos que las mujeres levanten la voz, Guerrero no puede seguir en esas condiciones”, puntualizó.
Declaró que la cuestión laboral fue resarcida parcialmente, e “hice hoy esto, porque es un día comemorable, día donde las mujeres tenemos que alzar la voz y mencionar que la violencia no puede ser permisible en las instituciones”.
Aseveró que el trato no digno es parte de una violencia que se ejerce abuso del poder. Recalcó que su queja va dirigida en violaciones a la dignidad, el derecho a la igualdad.
Reclamó que aparte de ella, dos mujeres más fueron humilladas por la presidenta de la Codehum y no fueron liquidadas conforme a derecho. Dijo que ella terminó de laborar el 17 de octubre de este año.
Lara Figueroa estuvo acampañada de Unión de Indígenas Radicados en Acapulco, comunidad LGTB eintegrantes del Foro Guerrerenses de Abogados, entre otros.
La diputada federal de Morena, Araceli Ocampo Manzanares ayer en conferencia de prensa denuncio? ser vi?ctima de intimidación . Foto: Jessica Torres Barrera
La diputada federal por Morena, Araceli Ocampo Manzanares denunció que ayer en la mañana, al salir de su casa, encontró una pinta sobre su camioneta con la leyenda “regresamos”, que consideró una amenaza por el ambiente de hostilidad político hacia los representantes de su partido por la discusión de los presupuestos de egresos de la federación y del estado.
Asimismo, señaló que las acusaciones del gobernador Héctor Astudillo Flores, contra el delegado federal, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, de ser el responsable de los abucheos a su persona durante el arranque de la entrega de apoyos a discapacitados en Tlapa, aumentan la tensión política en la entidad.
En conferencia de prensa en las instalaciones del partido en Chilpancingo, aclaró que ayer mismo presentó una denuncia ante la Agencia del Ministerio Público de Iguala, donde tiene su residencia, para que se inicie la investigación.
Aseguró que no tiene problemas con nadie, y estimó que el mensaje escrito en el vehículo donde se transporta, se debe a la gira de trabajo que comenzó el martes 8 de enero por comunidades de Buena Vista de Cuellar, Pilcaya, Taxco e Iguala, en la región norte del estado, para informar del primer periodo de sesiones en la Cámara de Diputados.
Explicó que el tema principal de la gira es el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, y los rubros aprobados para Guerrero, así como los programas sociales que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador, para pueblo originarios, campesinos, personas con alguna discapacidad, adultos mayores, estudiantes y jóvenes desempleados.
Asimismo, dijo que explicó en las asambleas el acoso a los diputados locales de Morena antes de la aprobación del Presupuesto de Egresos del estado, por representantes del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, así como de organizaciones “con intereses, acostumbradas a negociar partidas presupuestaria con cúpulas del poder”.
Recordó que el 19 de diciembre organizaciones nacionales campesinas, ligadas a los partidos de oposición al gobierno federal, cercaron la Cámara “violentando y amenazando criterios para aprobación del PEF 2019.
Asimismo en Guerrero, el 28 de diciembre, el coordinador de la diputados locales del PRI, Héctor Apreza Patrón, declaró que el PEF aprobado para 2019, no resultó bueno para el estado.
Consideró que este ambiente político genera riesgos para los representantes de Morena en sus actividades, como la agresión a su camioneta, que descubrió ayer afuera de su domicilio a las 6:50 de la mañana, cuando se disponía a continuar su gira de trabajo en la región.
Aseguró que no tiene problemas con nadie, que este es el primer mensaje intimidatorio que ha recibido en la vida, y que la ciudadanía debe conocer lo que ocurre en la entidad.
Aclaró que la única sospecha del origen es la agresión, es es la difusión sobre la discusión en la Cámara de un presupuesto honesto, donde trataron de evitar la corrupción, y la vigilancia de los proyectos que se aprobaron, que llegue a los beneficiarios, sin intermediarios,
Llamó al PRI y al gobernador, Héctor Astudillo Flores, a que no envíen mensajes que puedan ser mal interpretados por otros, sino que convoquen a la concordia, a la calma y a la paz.
En la conferencia, el presidente del Consejo estatal de Morena, y diputado local, Luis Enrique Ríos Saucedo, pugnó por restablecer el clima de armonía y concordia porque eso se merece el pueblo de Guerrero.
También asistieron la diputada local, Blanca Selene Armenta, la secretaría de la Diversidad Sexual del Comité Ejecutivo Estatal, Jessica Alejo Rayo, y las diputadas locales, Nilsan Hilario Mendoza, Norma Otilia Hernández Martínez, Saida Reyes Iruegas.
Asimismo, el coordinador de la bancada y presidente de la Junta de Coordinación Política, Antonio Helguera Jiménez.
Una madre de familia de Atoyac denunció que intentaron robarle a su hijo el pasado 4 de agosto, cuando compraba uniformes en el centro de Atoyac y luego en la tienda Milano de la misma ciudad.
La madre, que pidió reservar su identidad, contó que un hombre desconocido, alto, moreno, de complexión robusta comenzó a seguirla a ella, a su hija, a su hijo y a su hermana, cuando estaban en el centro de la ciudad comprando uniformes.
Dijo que entraron a la tienda Milano, cerca del sitio de taxis, que se metió al probador con su hija y dejó a su hijo con su hermana afuera de la tienda.
Mientras estaba en los probadores, una mujer se acercó a su hermana, diciéndole que la atendiera porque quería comprar unas mercancías, mientras su hermana explicaba que ella no era empleada de la tienda. Dijo que su hijo se quedó afuera mientras eso sucedía, y un menor que acompañaba a la mujer desconocida lo llamaba para que saliera de la tienda.
La tía del niño dijo que tomó de la mano a su sobrino y en ese momento salió la mamá del niño con su hija, ante lo que la mujer sospechosa tomó al menor que la acompañaba y salió de la tienda.
Abundó que siguieron a la mujer hasta fuera de la tienda, donde constataron que la mujer iba acompañada del hombre que las estuvo siguiendo en el centro de la ciudad, y que se alejaron en una camioneta negra, sin placas, con vidrios polarizados. (Francisco Magaña / Atoyac).
