El delegado de los programas del Bienestar en Guerrero, Iván Hernández Díaz, afirmó que sí le gustaría participar en el proceso electoral en algún espacio de “toma de decisiones”, como diputado o senador, aunque dijo que va esperar los tiempos.
El sábado en las instalaciones de la Secretaría de Educación Guerrero en avenida Universidad, a donde acudió al 13 aniversario del Sindicato de Organismos Operadores de Agua de Guerrero (STOAEG), informó que 20 mil adultos mayores que aún no tienen su tarjeta bancaria, el próximo 29 del mes en curso se les entregará una orden de pago para que cobren su apoyo.
Sobre su presencia en este evento, dijo que fue una invitación que hicieron los integrantes del sindicato, que “no tiene que ver con temas de proyección, está distante”.
Sin embargo, dijo “como muchos guerrerenses me gustaría estar en espacios de toma de decisión, sin embargo, no podemos adelantar”.
De los programas sociales, dijo que el 85 por ciento del padrón de beneficiarios de la pensión de adultos mayores “ya cuentan con su tarjeta del Banco del Bienestar. Hay otro porcentaje, estamos en proceso de elaboración y entrega de las tarjetas del banco”.
Adelantó que mientras se concluye ese proceso “les vamos a pagar con una orden de pago, que se va a cobrar en el mismo banco, y esto lo vamos hacer el 29 de septiembre”, y que son un aproximado de 20 mil adultos mayores.
Hernández Díaz dijo que cuando se decrete la veda electoral, “lo que hemos hecho es tratar de acelerar los procesos de inicio de año, para que antes de la veda podamos atender todo lo que corresponde al primer semestre del año, y después de la veda electoral atendemos todo lo que concerniente al segundo semestre”.
Citó como ejemplo el programa de fertilizante, “no lo podríamos dejar para después del proceso, porque ya paso la época de lluvias y ya pasó (la cosecha), el programa de fertilizante vamos a tratar de adelantar los procesos, los tiempos, para que cuando esté la veda electoral nosotros ya hayamos tenido por desahogado la parte del programa”.
Recordó que en el proceso de 2021 se adelantó todo lo que corresponde al primer semestre del año y no tuvieron problemas.
El diputado del PRI, Héctor Apreza Patrón, informó que el Congreso del Estado ya respondió a la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la presidente de la Mesa Directiva, Yanelly Hernández Martínez, a las solicitudes de información sobre las actas de protesta o, en su caso, las constancias que acrediten como servidores públicos, por un lado, a la alcaldesa y el síndico de Chilpancingo, y por otro, a siete alcaldes y una diputada local.
La respuesta de la presidente de la mesa, como representante del poder Legislativo, fue que el Congreso local no es la instancia responsable de emitir copia certificada de estos documentos, como los requirió la dependencia estatal.
En consulta telefónica, indicó que el martes de la semana pasada supieron, en la reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que un representante de la FGE, el fiscal especializado en la Investigación de Delitos Graves, Germán Reyes Reyes, solicitó el 7 de julio, a la representante legal del Congreso local, copias certificadas de las constancias de mayoría de la alcaldesa y síndico de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez y Andrei Marmolejo Valle.
Con otro oficio, de la misma fecha, pidió copias certificadas de las constancias de mayoría de los alcaldes de Acapetlahuaya, César Ortiz Torres; de Cutzamala, Mayté Torres Berrum; de Coyuca de Catalán, Eusebio Echeverría Alvarez; de Tlalchapa, Tania Mora Eguiluz; de Tlapehuala, José Luis Antúnez Guicochea, y de Ajuchitlán, Víctor Hugo Vega Hernández, en la Tierra Caliente; así como de la diputada Elzy Camacho Pineda, electa por el del distrito 17, con cabecera en Coyuca de Catalán.
En esa reunión, indicó que la presidente de la mesa les informó que la respuesta que dio a la FGE fue que el Congreso no es la instancia responsable de emitir o salvaguardar las constancias de mayoría, ni las actas de toma protesta, que son un asunto de cada Ayuntamiento.
Es decir, la FGE solicitó información que el Congreso local no es responsable de emitir, que la instancia responsable es el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), precisó.
Sobre las causas penales en que están implicadas autoridades municipales y una diputada local, respondió que es respetuoso de las atribuciones legales de la FGE, y no va a opinar ahora, porque no tiene información acerca del tipo de investigación que se realiza, más que el oficio que se conoció este lunes en los medios.
Consideró que le toca a la FGE explicar qué hay detrás de cada procedimiento. Al insistirle sobre algún trasfondo político, aclaró que no niega ni afirma nada, porque “nosotros estamos ante la nada jurídica. No sabemos más”.
El Congreso debe entregar información a la FGE
Consultado por separado, el coordinador de la bancada del PRD, Raymundo García Gutiérrez, coincidió en que la FGE está cumpliendo su papel al requerir información de autoridades que fueron electas, aunque la constancia de mayoría y de representación popular las emite el IEPC cuando concluye el proceso electoral, la cual es pública.
“Ya después de que emite la constancia de mayoría, es cuando el Congreso local aprueba permisos o licencias a las autoridades electas”, aclaró.
Sin embargo, recordó que ya después, el IEPC remite al Congreso del Estado la información sobre quiénes son las personas electas y que tienen su constancia de mayoría. “Hay un comunicado al respecto, y en ese sentido, tienen seguimiento los permisos que autoriza”.
Opinó que el Congreso local sí podría informar de estas documentales a la Fiscalía.
De las investigaciones que involucran a autoridades municipales del PRI, PRD y Morena, señaló que en Guerrero existe una situación crítica, que no es la primera vez que las investigaciones involucran a autoridades. “Ha sido una constante. Los ciudadanos ya no queremos que se repitan acciones, que finalmente representan un retroceso” y llamó a todas las autoridades a “establecer el orden”.
Si hay delito pedirá licencia pero por ahora no, adelanta la alcaldesa de Chilpancingo
El Congreso no tiene jurisdicción en el caso y no están “legitimadas” las opiniones de quienes le piden que se separe del cargo, dice Norma Otilia Hernández. Asegura que mantiene coordinación con “la gobernadora y con el ingeniero”
Jacob Morales Antonio
La alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, en la conferencia de prensa de ayer en el Palacio Municipal Foto: Jessica Torres Barrera
La alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, afirmó que si se demuestra que cometió un delito al reunirse con el jefe criminal de Los Ardillos, Celso Ortega, sí pedirá licencia, pero por ahora no, pese a quienes se lo demandan, y que el Congreso no tiene jurisdicción en el asunto.
En la conferencia que ofrece cada lunes, la alcaldesa morenista afirmó que mantiene coordinación con “la gobernadora y el ingeniero”, en alusión a Evelyn Salgado Pineda y el senador Félix Salgado Macedonio, luego de la difusión de un fragmento del video del encuentro cuando parece reclamar que no la consideran en las reuniones de seguridad.
Respecto al llamado que hizo el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, de que tendría que pedir licencia, sumándose a las demandas de los dirigentes del PRD y PAN, e incluso el dirigente estatal de Morena, Jacinto González Varona, quien dijo que eso ayudaría al partido, señaló que esas opiniones no son legítimas.
“Creo que hablamos de un Estado democrático, donde la libertad de expresión está garantizada. Aquí yo no persigo a nadie por una situación o me molesta porque opinen. Lo único que puedo pensar es que estas opiniones no son legitimadas por la ley”, respondió.
Agregó que los puestos de elección popular son irrenunciables y que sólo la “autoridad competente” puede determinar esta eventualidad luego de sustanciar el debido proceso. Llamó a ser prudentes a “quienes de manera irresponsable se han pronunciado, han adelantado juicios, fomentan el escarnio, el linchamiento y ponen en riesgo no nada más la gobernabilidad, sino la seguridad de mi persona y mi familia, y eso sí es un delito”.
Recordó que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador dijo que en los gobiernos pasados, al señalar alguien con algún nexo con el crimen, sólo se le retiraba del cargo pero no se le investigaba, como se hace ahora.
Y en alusión al oficio enviado al Congreso local por el titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Graves, la alcaldesa dijo que los diputados no tienen jurisdicción para juzgar estos temas, que hay órganos, instancias y procesos, y que va a esperar. Aseguró que si cometió un delito sí pedirá una licencia, “yo no tendré ninguna situación de oponerme, pero de entrada no voy a pedir licencia”.
Sobre la filtración de un extracto de la plática que tuvo con el líder criminal, insistió en que “es un video manipulado. Sin embargo lo hemos dicho, me he puesto a disposición de la Fiscalía General de la República. Yo estoy abierta a cualquier investigación”.
Hernández Martínez agregó que la investigación va a en dos vertientes, una por la cartulina dejada junto a los restos de siete personas dejados junto a la iglesia de San Mateo; y otra por el video que se difundió de la plática que tuvo con el líder de Los Ardillos y que serán las instancias que investigan las que informarán qué sucedió, no obstante se volvió a negar a hablar de qué platicó, dónde, cuándo y cómo se dio el encuentro que según diversas fuentes tuvo lugar en un restaurante ubicado en la carretera hacia Quechultenango.
“Me encantaría poderlo compartir, hoy que hice un análisis de esta situación, yo tengo muy clara la película, pero no puedo, la verdad, por el tema de que ya estamos en un proceso de investigación”, justificó.
Siguió: “Yo sé que saldrá la verdad, yo sí se los aseguro. No hay pacto, ustedes vean ahí la situación y cómo se tergiversa el video, y si sale uno y otro yo estoy clara y responsablemente lo que estoy comentando. No hay un pacto”.
La alcaldesa también enfatizó que la violencia desatada en Chilpancingo del sábado al martes de la semana pasada no está ligada al encuentro que tuvo con el líder criminal. “Una cosa es la cartulina, una cosa es el video y otra cosa son los hechos delictivos. Muchos se aprovecharon de esa situación para poder vincularlos”, aseguró en alusión al asesinato de cinco choferes y la quema de vehículos el sábado, y a la irrupción de más de 3 mil campesinos pobres y transportistas que enfrentaron a policías antimotines y agentes de la Guardia Nacional y que irrumpieron en Recinto del Ejecutivo y del Congreso del Estado el lunes.
Añadió que el momento fue aprovechado “para manchar mi imagen, lo digo y lo sostengo, no hay nada que ocultar. Si sale otro video no me ocupa, ni me preocupa, porque yo ya comenté cuál es la situación que guarda en este video”.
La edil agregó: “Seguimos con una misma coordinación con el gobierno estatal, con la gobernadora, con el ingeniero y con todos los órdenes de gobierno y poderes. Siempre con respeto a nuestras esferas y autonomía, lo que nos corresponde”.
Subrayó que no hay un alejamiento entre el gobierno estatal y ella, “no creo, hemos tenido incluso comunicación con sus funcionarios, seguimos en la misma línea de coordinación”.
Pone en riesgo a la investigación que se filtrara la solicitud de la FGE, dice Jacinto
Pide una pesquisa interna en el Congreso que determine cómo llegaron los oficios a los medios
Lourdes Chávez
Chilpancingo
El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) de Morena, Jacinto González Varona, aseguró que la filtración de las solicitudes que hizo la Fiscalía General del Estado (FGE) al Congreso local, sobre las constancias y documentales que acrediten como servidores públicos a siete alcaldes y una diputada local, implicados en investigaciones sobre delitos graves, pusieron en riesgo el debido proceso y a los involucrados.
En consulta telefónica, el también diputado local opinó que los procedimientos penales deben “ir bien”, porque la dependencia no avisa de lo que hace hasta la ejecución de las acciones. Sin embargo, la filtración pudo poner en alerta a los actores, por la difusión de los nombres.
Consideró que debe haber una investigación interna, para determinar cómo trascendieron los datos y con qué fin.
“Para el esclarecimiento de hechos en la investigación”, la fiscalía solicitó copias certificadas de las constancias o documentales que acrediten que son servidores públicos los alcaldes de Acapetlahuaya, César Ortiz Torres; de Cutzamala, Mayté Torres Berrum; de Coyuca de
Catalán, Eusebio Echeverría Tabares; de Tlalchapa, Tania Mora Eguiluz; de Tlapehuala, José Luis Antúnez Guicochea; de Ajuchitlán, Víctor Hugo Vega Hernández, y la diputada Elzy Camacho Pineda. En otro oficio, se piden los documentos que acrediten como servidores públicos a la alcaldesa y el síndico de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez y Andrei Marmolejo Valle, respectivamente.
González Varona señaló: “La Fiscalía está haciendo su trabajo, sólo que en el Congreso debieron cuidar mucho la secrecía de la información, pues se viola el debido proceso. La Mesa directiva, incluso, debe investigar quién filtró ese documento. No es ético, pone en riesgo los resultados y a los propios que están investigando”.
Consideró que las autoridades competentes tendrán que “buscar proteger todo el proceso, para que no se venga abajo, y el Congreso debería fincar responsabilidades a quien haya hecho la filtración”.
El PAN pide a la FGE que investigue sin simulación
Por separado, el presidente del CDE del PAN, Eloy Salmerón Díaz, exigió a la FGE que aplique la ley en los hechos investigados, que involucran a autoridades municipales.
Añadió que los gobiernos de Morena, desde la federación, se caracterizan por la simulación, pasando por alto incluso la Constitución.
Por ello, insistió en pedir a la FGE que esclarezca todos los actos que se presumen como delitos, que les den puntual seguimiento y se aclaren los hechos.
“Especialmente en la capital del estado, que hacen referencia a la alcaldesa y síndico, que no sea una simulación de este gobierno”, dijo y enfatizó sobre la mención a la autoridades en una cartulina dejada junto a siete cuerpos.
Sobre las dos averiguaciones previas en curso contra autoridades municipales y una diputada, reconoció que la dependencia está apegada al procedimiento de desafuero, pero el camino más fácil para la alcaldesa de Chilpancingo es que pida licencia, para que no haya trabas en la investigación.
“Ella dice que lo ha planteado (separarse del cargo) ante la Fiscalía General de la República y la del estado. Si tiene la voluntad de ser sometida a la investigación, sin trabas en el procedimiento, que lo haga”, insistió.
Con duda, añadió que deben esperar los resultados de las investigaciones para determinar hasta donde está decidida a llegar la Fiscalía para averiguar el involucramiento de autoridades con grupos de la delincuencia.
“Exigimos que se investigue de manera puntual, que se esclarezcan los hechos. No pueden enviar ese mensaje, de que lo que acontece en Chilpancingo es la normalidad. En los cargos de elección, debe haber ciudadanía responsable, honesta, comprometida con la comunidad y una conducta transparente”.
Si son vistos con gente coludida con la delincuencia, no pueden darle cuentas a la sociedad, enfatizó.
Se respondió ya a la FGE que no le toca al Congreso dar los informes que pide: Apreza
Lourdes Chávez
Chilpancingo
El diputado del PRI, Héctor Apreza Patrón, informó que el Congreso del Estado ya respondió a la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la presidente de la Mesa Directiva, Yanelly Hernández Martínez, a las solicitudes de información sobre las actas de protesta o, en su caso, las constancias que acrediten como servidores públicos, por un lado, a la alcaldesa y el síndico de Chilpancingo, y por otro, a siete alcaldes y una diputada local.
La respuesta de la presidente de la mesa, como representante del poder Legislativo, fue que el Congreso local no es la instancia responsable de emitir copia certificada de estos documentos, como los requirió la dependencia estatal.
En consulta telefónica, indicó que el martes de la semana pasada supieron, en la reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que un representante de la FGE, el fiscal especializado en la Investigación de Delitos Graves, Germán Reyes Reyes, solicitó el 7 de julio, a la representante legal del Congreso local, copias certificadas de las constancias de mayoría de la alcaldesa y síndico de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez y Andrei Marmolejo Valle.
Con otro oficio, de la misma fecha, pidió copias certificadas de las constancias de mayoría de los alcaldes de Acapetlahuaya, César Ortiz Torres; de Cutzamala, Mayté Torres Berrum; de Coyuca de Catalán, Eusebio Echeverría Alvarez; de Tlalchapa, Tania Mora Eguiluz; de Tlapehuala, José Luis Antúnez Guicochea, y de Ajuchitlán, Víctor Hugo Vega Hernández, en la Tierra Caliente; así como de la diputada Elzy Camacho Pineda, electa por el del distrito 17, con cabecera en Coyuca de Catalán.
En esa reunión, indicó que la presidente de la mesa les informó que la respuesta que dio a la FGE fue que el Congreso no es la instancia responsable de emitir o salvaguardar las constancias de mayoría, ni las actas de toma protesta, que son un asunto de cada Ayuntamiento.
Es decir, la FGE solicitó información que el Congreso local no es responsable de emitir, que la instancia responsable es el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), precisó.
Sobre las causas penales en que están implicadas autoridades municipales y una diputada local, respondió que es respetuoso de las atribuciones legales de la FGE, y no va a opinar ahora, porque no tiene información acerca del tipo de investigación que se realiza, más que el oficio que se conoció este lunes en los medios.
Consideró que le toca a la FGE explicar qué hay detrás de cada procedimiento. Al insistirle sobre algún trasfondo político, aclaró que no niega ni afirma nada, porque “nosotros estamos ante la nada jurídica. No sabemos más”.
El Congreso debe entregar información a la FGE
Consultado por separado, el coordinador de la bancada del PRD, Raymundo García Gutiérrez, coincidió en que la FGE está cumpliendo su papel al requerir información de autoridades que fueron electas, aunque la constancia de mayoría y de representación popular las emite el IEPC cuando concluye el proceso electoral, la cual es pública.
“Ya después de que emite la constancia de mayoría, es cuando el Congreso local aprueba permisos o licencias a las autoridades electas”, aclaró.
Sin embargo, recordó que ya después, el IEPC remite al Congreso del Estado la información sobre quiénes son las personas electas y que tienen su constancia de mayoría. “Hay un comunicado al respecto, y en ese sentido, tienen seguimiento los permisos que autoriza”.
Opinó que el Congreso local sí podría informar de estas documentales a la Fiscalía.
De las investigaciones que involucran a autoridades municipales del PRI, PRD y Morena, señaló que en Guerrero existe una situación crítica, que no es la primera vez que las investigaciones involucran a autoridades. “Ha sido una constante. Los ciudadanos ya no queremos que se repitan acciones, que finalmente representan un retroceso” y llamó a todas las autoridades a “establecer el orden”.
El diputado local Alfredo Sánchez Esquivel, expulsado de Morena, informó que impugnará la resolución de la Comisión Nacional de Honor y Justicia (CNHJ), y confía en que podrá revertir la decisión del partido en los órganos jurisdiccionales. Aseguró que tiene elementos para demostrar que los señalamientos en su contra son falsos y tienen un fondo político.
En consulta telefónica sobre la resolución que acreditó actos de autoritarismo (violencia política en razón de género) contra una trabajadora del Congreso local, también consejera y militante de Morena, cuando fue presidente de la Junta de Coordinación Política, aclaró que ya tienen mucho tiempo defendiéndose de una serie de acusaciones y espera que las sentencias queden firmes para confirmar que el fondo de las denuncias es político.
“Ya llevo mucho tiempo defendiéndome a capa y espada de una cantidad impresionante de señalamientos que carecen de sustento. El tiempo, las circunstancias y las instituciones nos darán la razón”.
Aseguró que estas denuncias, surgieron de un momento a otro “de manera espontánea, después del relevo en la presidencia de la Jucopo, que asumió la diputada Yoloczin Domínguez Serna”.
Aclaró que su proceder por años es en el ámbito del respeto, con independencia del género, de la ideología inclusive de temas partidistas.
Hoy, indicó que la mitad de los diputados locales, reconocen ese trato, dan cuenta de debate y dialoga, porque de eso trata el parlamento, pero no busca lastimar ni denigrar a ninguna persona por sexo ideología o tema partidista.
Ratificó que esta serie de denuncias en su contra es resultado de una persecución política porque apoya la aspiración presidencial del ex canciller Marcelo Ebrard, “en lugar (de respaldar) a quien otros señalan como la opción”, en referencia a la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.
De acuerdo con la resolución, Sánchez Esquivel también denunció a la diputada Yoloczin Domínguez por actos de nepotismo y corrupción, ante el IEPC. “Al final de cuentas estaremos supeditando al trabajo que hace equipo jurídico, para demostrar que nuestro actuar es acorde, no sólo estatutos, sino como la marca la moral, los principios básicos de una persona de buen proceder”.
Aunque expulsado, Sánchez Esquivel permanecería en la fracción
La coordinadora de la fracción de Morena en el Congreso local y presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna, informó que el diputado local Alfredo Sánchez Esquivel seguirá perteneciendo al grupo parlamentario, luego de que la Comisión Nacional de Honor y Justicia (CNHJ) del partido acordara su expulsión.
Reconoció que el caso es complicado para ella, ya que su colaboradora es la denunciante, pero en su calidad de coordinadora de la fracción política su deber es preservar la unidad del grupo parlamentario.
Asimismo, señaló que el caso no está completamente juzgado, y su par tiene instancias para recurrir la decisión del órgano partidista.
Ambos actores políticos, el anterior y la actual presidenta de la Jucopo, tiene una serie de quejas y denuncias contra el otro, que siguen en proceso de resolución.
Aclaró no va adelantar escenarios respecto a la conclusión del proceso cuando llegue a los órganos jurisdiccionales, pero no hay normas que señalen la separación del representante popular sancionado en un procedimiento interno, “no hay nada que lo obligue a estar fuera del grupo parlamentario”.
También dijo que es respetuosa de las resoluciones de su partido que ha sido incluyente y ha abanderado la lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, “no llegamos a este punto para retroceder, nuestras banderas son legítimas y resultado de la lucha de décadas. Tampoco se tomarán decisiones precipitadas, sostuvo.
El Congreso local solicitó al secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, reconsiderar la decisión de rechazar el “adendum rectificatorio” para agregar a la ley electoral la figura de violencia política de género como causal para negar el registro como candidato a quien la haya cometido, la cual diputados locales dejaron fuera en la reforma aprobada el 8 de junio y publicada el 9 del mismo mes.
El coordinador del grupo parlamentario del PRI, Héctor Apreza Patrón, consideró que la negativa se dio por la opinión del consejero jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Salgado Parra, quien se excede en sus facultades y busca confrontar este poder con el Legislativo. El diputado morenista Jacinto González Varona reconoció que fue “una pifia” del Congreso y deberían asumir la responsabilidad.
En un oficio fechado ayer, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Yanelly Hernández Martínez, a solicitud del presidente de la Comisión de Justicia, el priista Jesús Parra García, envió un documento al secretario de Gobierno “para solicitarle a usted muy atentamente, tenga a bien reconsiderar la decisión emitida”.
Vía telefónica, el coordinador del grupo parlamentario del PRI, Héctor Apreza Patrón, afirmó que la decisión del Ejecutivo en ese tema se da a partir de la opinión del consejero jurídico Jorge Salgado Parra, quien cometió un exceso fuera de sus atribuciones: “yo lo que observo en el fondo es un afán de él de confrontar el Poder Ejecutivo con el Legislativo”.
Jorge Salgado tiene sus orígenes en el PRI. En el proceso electoral de 2021 se sumó a Morena después de no conseguir la candidatura a la alcaldía de Chilpancingo por la coalición PRI-PRD.
Apreza Patrón adelantó que enviarán a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda un informe de los diferentes momentos en los que el consejero se ha excedido en sus funciones.
Apreza Patrón dijo que en el cuerpo del dictamen se establecen que en esta reforma se contempla la violencia política en razón de género como causal para que la persona perpetradora no pueda ser postulada a un cargo de elección popular, por lo que, para compensar el error de no incluirlo en los resolutivos, únicamente se planteó un “adendum rectificatorio”.
Apreza Patrón señaló que en el grupo parlamentario del PRI están “verdaderamente sorprendidos de la actitud del consejero jurídico que pareciera que tiene el interés de confrontar al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo”.
Explicó que el viernes 9 de junio la Comisión de Justicia aprobó el “adendum rectificatorio” y se envió ese mismo día al Poder Ejecutivo antes de que venciera el plazo para aprobar y publicar las reformas en materia electoral que serán vigentes en este proceso electoral.
De Jorge Salgado dijo que “debe de tener claridad que lo que se envió el mismo día y que en sesión posterior ratificó el pleno del Congreso fue un adendum rectificatorio, es un instrumento utilizado como práctica parlamentaria común y corriente en el Congreso de la Unión y en los Congresos locales”, por lo que
están sorprendidos por la intención del consejero jurídico de afectar la relación entre los poderes.
Apreza señaló que la respuesta que da el Poder Ejecutivo al Legislativo se basa en la opinión de Jorge Salgado de que se debió realizar con una nueva iniciativa para reformar lo ya aprobado por el pleno “el consejero jurídico está actuando fuera de su competencia, él no es juez, no es integrante del Poder Judicial de la Federación para determinar que norma tiene validez o que norma es inválida, es un exceso, está actuando fuera de su competencia”.
Dijo que el grupo parlamentario está realizando un informe en el que detallen los excesos que ha cometido el consejero jurídico para informar a gobernadora, porque “esto no fue un hecho aislado, ya hay varios documentos que ha enviado el Ejecutivo, y lo grave es que firmados por el secretario general de Gobierno y a veces incluso por la gobernadora y ponen de base la opinión del consejero”.
En breves declaraciones, el diputado Jacinto González Varona reconoció que el no incluir a la violencia política en razón de género fue “una pifia” del Congreso y debe asumir las consecuencias del error.
Comentó que antes de que se votara el dictamen de reformas en materia electoral en las que se incluían las referentes a la Ley 3 de 3, pidió que se realizara una revisión la cual no se hizo y el dictamen se presentó al pleno en los términos aprobados.
“Yo creo que el Poder Legislativo tiene que aceptar esa pifia que cometimos, quedamos fuera de ley ya, cuando aprobamos el adendum creímos que se le iba a dar la celeridad, pero sin embargo el Poder Ejecutivo ya había publicado la reforma”.
El diputado Joaquín Badillo Escamilla afirmó que los grupos parlamentarios del PRI y PRD no respetaron los acuerdos que tenían desde el inicio de la legislatura, respecto a que el tercer año, el PVEM presidiera la Mesa Directiva. Dijo que las dirigencias de Morena, PVEM y PT están enteradas de que hubo quienes no lo respaldaron para ocupar ese espacio, al que fue candidato.
Después de que la madrugada del 15 de junio, por mayoría de votos el pleno del Congreso local rechazó la propuesta de que Badillo (diputado por Morena) presidiera la Mesa Directiva por el PVEM, representación a la que se pasó recientemente, el diputado lamentó que no hayan “cerrado filas” en torno a la propuesta que encabezó.
En declaraciones telefónicas, Badillo Escamilla dijo que, desde la anterior legislatura, en la que había una conformación similar –el grupo Mayoritario era Morena, después la segunda y tercera minoría que son el PRI y PRD, seguido por la representación del PVEM– “se creó el precedente” de que el último año el PVEM asumió la Mesa Directiva.
Recordó que había ya el acuerdo en la actual legislatura de que el último año sería la representación del PVEM tendría la presidencia de la Mesa Directiva “este antecedente venía respetándose, precisamente con acuerdo, consenso, y honorabilidad a las representaciones de cada partido”, y que la elección y toma de protesta era “un simple trámite”.
Destacó que su decisión de emigrar de Morena al PVEM se tomó “en un acuerdo de alianzas políticas” e insistió en que “es legal” que se haya sumado al PVEM porque es un partido aliado.
A Badillo Escamilla se le preguntó qué fue entonces lo que falló para aprobar su designación. Respondió: “soy un hombre leal, de consensos”, y lamentó que se le haya vetado “cuando lo único que han recibido de un servidor fue respeto, trabajo coordinado”.
Dijo que desconoce “qué es lo que sucedió en realidad”, porque el acuerdo político tenía que realizarse en la Jucopo.
Aprovechó también para reconocer a los que votaron a favor de su propuesta a presidente de la Mesa “que creen de manera firme y leal en la Cuarta Transformación”, contrario a quienes a pesar de ser parte de los partidos integrantes de la Alianza Juntos Haremos Historia “no cerraron filas”.
Badillo señaló que “tanto las dirigencias nacionales como las estatales de los partidos están enterados del tema. Todos que debemos anteponer cualquier interés personal o proyecto personal, debemos priorizar como máxima el proyecto de la Cuarta Transformación”.
Se le preguntó si entonces las dirigencias de estos partidos fueron informadas de la manera en la que votaron sus diputados en el Congreso local. Respondió que sí hubo tres diputados asistentes e integrantes de estos partidos aliados, los que no respaldaron la propuesta de que fuera presidente de la Mesa Directiva.
El diputado dijo que esto quedará en la conciencia de quienes votaron en contra. Pero también en el registro de los partidos políticos “todos y todas vamos haciendo y forjando nuestra historia, no es un tema menor lo que sucedió en esta sesión”.
A la pregunta de si regresará al grupo parlamentario de Morena dijo que esperará al 19 de julio cuando se elija a la Mesa Directiva.
La diputada local priísta, Julieta Fernández Marquez y el morenista, Macedonio Mendoza Basurto votan en contra del dictamen para adicionar los artículos 13 TER y 272 TER a la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
El pleno del Congreso local aprobó por mayoría de votos las reformas para establecer las reglas de las candidaturas indígenas y afromexicanas, y por unanimidad una serie de reformas también en materia electoral, incluida la Ley 3 de 3 que suspende los derechos políticos y electorales de los agresores hacia las mujeres.
En la primera sesión se realizó la lectura de los dictámenes de reformas en materia electoral, una relacionada a las candidaturas indígenas y afromexicanas y otro dictamen que incluyen diversas reformas a partir de diversas iniciativas entre ellas la Ley 3 de 3 que suspende los derechos políticos y electorales de los agresores, y la relacionada a acciones afirmativas a grupos vulnerables.
Ya en la segunda sesión, estos dictámenes pasaron a discusión y votación. El único diputado que argumentó su voto en contra fue el morenista Masedonio Mendoza Basurto, porque consideró que no se reconocen sus sistemas normativos.
“La lucha por la memoria de nuestros ancestros, ha sido hasta hoy la lucha por nuestros derechos, y en ello estriba el reconocer legalmente a sus sistemas normativos, justamente esto ha sido la forma en que hemos subsistido de todas las vejaciones que hemos padecido de forma legal”, dijo el diputado indígena.
Se refirió a las reformas electorales aprobadas ayer “que pareciera que hacen más fácil nuestra inclusión, pero a su vez facilita el hecho de corromper a las autoridades que podrían brindarnos la legitimación política que necesitamos para participar en los ejercicios electorales”, en referencia a que se faculta al comisario ejidal, comisario o el presidente municipal para expedir constancias de adscripción y que no será la asamblea la que apruebe y reconozca a un ciudadano para que este se pueda postular como candidato indígena.
Destacó también que en la legislación aprobada se establece que para la postulación de candidaturas y para el registro de las fórmulas para diputaciones basta con ser “de origen indígena” y no se limita a establecer que sean indígenas, con lo que se puede argumentar tener un origen en estas poblaciones a pesar de estar desvinculadas de éstas.
“De esta manera -y con mucho respeto- cualquier criollo y mestizo puede representar a las y los hermanos indígenas, eso compañeras y compañeros diputados es una invasión legal a la legítima autoadscripción que realizamos las personas que tenemos una ascendencia como tal”, explicó.
El diputado recordó en tribuna que los pueblos indígenas han tomado sus decisiones y resoluciones “sobre los ejercicios democráticos que los atañen, bajo una figura que tiene nombre y apellido y esto es precisamente la constitucionalmente reconocida figura de la asamblea comunitaria”.
Y señaló que en el cuerpo del dictamen “se pondera una propuesta emanada de la consulta, pero en la propuesta de reforma sencillamente no tomó en cuenta: ¿será que en esta consulta no existieron actas suficientes de asambleas comunitarias para motivar su inclusión?”.
Planteó que el trabajo de los diputados es garantizar que los pueblos puedan elegir a sus representantes y que estos ya no sean al “capricho de unos cuantos que con el paso del tiempo son esa pequeña “oligarquía” que tanto daño le hizo a este país y a este estado”.
Finalmente dijo que “pareciera que el IEPC, la comisión dictaminadora y nosotros como Congreso simplemente simulamos una consulta, por lo que no extrañe que podríamos estar a las vísperas de otra nueva controversia constitucional… al tiempo”.
Estas reformas fueron aprobadas por mayoría de votos; en contra votaron los diputados Mase-donio Mendoza Basurto y la priista Julieta Fernández Márquez, y se abstuvieron los morenistas María Flores Maldonado y Antonio Helguera Jiménez.
Homologan Ley 3 de 3
Mientras que en las reformas para homologar la Ley 3 de 3 que suspende los derechos políticos y electorales de los agresores hacia las mujeres, se estableció que el aspirante a candidato no deberá tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra el libre desarrollo de la personalidad, contra la libertad sexual y el desarrollo psicosexual, contra la libertad personal, ni delitos cometidos en contra de un integrante de la familia, ni por discriminación contra la dignidad de las personas.
Los aspirantes no deberán estar inscritos en ninguno de los registros nacional, estatal o de otra entidad federativa como deudores alimentarios, ni ser personas sancionadas o inhabilitadas para el servicio público.
A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, la diputada Gabriela Bernal Reséndiz señaló que los derechos ganados por las mujeres y los grupos minoritarios representan un avance en la construcción de una democracia paritaria e inclusivas, y también para que los espacios de poder se blinden ante los agresores de niñas y niños y reconoció a las activistas por esta lucha.
Las otras reformas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado que fueron aprobadas por unanimidad establecen que los partidos políticos postulen como candidatos a personas de la población LGBTTTIQ+ en cualquiera de los 28 distritos electorales y dentro de las nueve primeras posiciones, además de una fórmula de personas con discapacidad.
También se concretó la modificación para establecer que el órgano interno de control del IEPC estará inscrito administrativamente a la presidencia del Consejo General.
Después de iniciada la segunda sesión, la presidenta de la Mesa Directiva la perredista Yanelly Hernández Martínez decretó un receso de media hora sin mencionar el motivo, pero este fue el festejo de cumpleaños que le realizaron con comida al interior de la sala de los próceres José Francisco Ruiz Massieu. A esta sala llegaron diputados de Morena, del PRD y PT ahí se sirvieron platos con relleno de puerco y mixiotes de res, una hora después, la sesión continuó.
El diputado Adolfo Torales Catalán, en conferencia de prensa en su casa en Arcelia Foto: Israel Flores
Israel Flores
Ciudad Altamirano
El diputado Adolfo Torales Catalán, quien el pasado viernes reportó que un grupo de militares intentó ingresar a su casa, presuntamente para buscar autos robados, dice que ahora teme que el Ejército le siembre drogas o armas.
Este sábado, en conferencia de prensa, dijo que no se encontraba en su casa porque fue a Toluca, Estado de México, a una consulta médica a las 12 del día, por un dolor en la cabeza que lleva mucho tiempo sufriendo y que le iban a hacer estudios: una tomografía y le entregarían los resultados por la tarde.
“Mi hijo me llamó, me dijo que vio gente armada en el portón de la casa. Me comuniqué con las personas que están aquí, pero no me contestaba, porque lo estaban interrogando. Mi hijo me informó que eran militares. Le hablé a mi hermano, para que fuera al lugar y me apoyara, y cuando llega mi hermano, me confirma que son dos camionetas de militares”.
Agregó que encontraron tres militares arriba de una pipa que está estacionada afuera, “los militares estaban asomándose hacia dentro de la casa y es que aseguraron que estaban buscando carros robados”. El diputado dijo que los militares empezaron a preguntar por la persona que vive en la casa y que les confirmaron que la propiedad era del diputado Torales, y que además, preguntaron por la cantidad de carros.
“Los militares preguntaron cuántos carros tengo. También preguntaron hacia dónde me dirijo, entonces, creo que ahí ya entran las dudas, porque si vienen buscando un carro robado ¿por qué quieren saber cuál es la ruta o los caminos que yo tengo todos los días?”, dijo el diputado, quien se preguntó: “¿Qué asunto traen conmigo los militares? Ustedes saben que hace tiempo nosotros manifestamos la situación complicada de las amenazas y es una situación de la cual nos estamos cuidando, pero hoy, en mi situación, ¿yo me tengo que cuidar también del gobierno? ¿Acaso vienen con la idea de meterse a mi casa, como lo han hecho en todos lados, poniendo droga, armas, manipulando la información para poder decir que en mi casa hay carros robados? La verdad es que mi familia se espantó y mis cuatro niños que tengo aquí se espantaron”.
“La persona que me cuida aquí, ahí lo amenazaron y le exigieron que dijera todo acerca de los carros, que de lo contrario se los iban a llevar”.
“Yo no tengo gente armada aquí, no cargo gente armada, que me cuide la gente, sabe cómo ando en todos lados”.
El diputado dijo que sí hay temor de que el Ejército le siembre algo, “si esto lo hacen a nosotros ¿qué es lo que no eran con otra gente? La gente está cansada, ellos hacen retenes, nos piden el favor de revisar. Ya te están poniendo mil cosas en los carros, te quitan los celulares, te quitan bolsas y yo creo que la gente se para a ser revisada, pero de buena manera, no así”.
Dijo: “Ya no tenemos ni la tranquilidad ni la seguridad por parte del gobierno y es lamentable lo que se está viviendo, porque yo te lo digo: Le tenemos más miedo al gobierno”.
El diputado hizo un llamado al Ejército: “Que venga a hacer su trabajo, que venga a hacer su chamba, pero que no venga a cometer atropellos y hoy el gobierno sigue hablando de que lo que tenemos son herencias de los gobiernos atrasados, y yo creo que ese pretexto ya no es bueno, porque hay que analizar una situación. El presidente actual, en un año y medio sale, y quién va a quedar si queda una persona de la misma cuarta transformación y gobierna México, ¿acaso va a decir el que es una herencia del gobierno pasado? Porque cuando nuestro presidente salga ya será el pasado. Yo creo que ahora ya podemos decir, de alguna manera, que se está haciendo un mal trabajo y que esto no es herencia”.
El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, Alejandro Bravo Abarca, dijo que no ha tenido comunicación con el diputado Adolfo Torales Catalán, después del intento de cateo a su casa por parte de soldados. Llamó a los priistas de la región Tierra Caliente a “ser cuidadosos” y tomar “precauciones” ante la violencia en la zona.
Esto, después de que la noche del viernes, un grupo de soldados del 34 Batallón de Infantería con sede en Ciudad Altamirano intentó brincarse la barda e ingresar a la casa de Torales Catalán, con intenciones de catear la vivienda, por un presunto reporte de que había ahí carros con reporte de robo, la dirigencia de este partido no ha hablado con su representate popular, quien es uno de los diputados que denunciaron, a finales de abril pasado, amenazas de un grupo criminal, por lo cual no han salido de su región ni siquiera para asistir a las sesiones del Congreso local.
En breves declaraciones telefónicas, el dirigente priista dijo que no ha hablado de manera personal con Adolfo Torales, pero sí “he tenido contacto con colaboradores” y agregó que sabe que fue precisamente un “intento de cateo y al parecer no había ninguna orden”, pero que no tiene información más allá de lo que se ha publicado en medios de comunicación y redes sociales.
Alejandro Bravo dijo que el Estado debe garantizar el derecho de los ciudadanos a transitar por todo el estado, así como de los alcaldes y diputados de la región, que denunciaron amenazas.
A pregunta hecha sobre la última vez que se comunicó con Torales Catalán, porque las amenazas que denunciaron alcaldes y diputados de las regiones Tierra Caliente y Norte fueron desde finales de abril, en ese sentido, respondió que sí han hablado de “avances de afiliación, en un par de ocasiones”, pero no de los problemas de seguridad en la zona.
Además, dijo que como partido no han tenido comunicación con funcionarios estatales o mandos militares, respecto a lo ocurrido en Arcelia, en este intento de cateo a la casa del diputado Adolfo Torales.
Respecto a la situación de violencia y las condiciones en las que se realiza política en Tierra Caliente, Bravo Abarca llamó a los representantes populares priistas, como diputados, alcaldes y síndicos, a “ser cuidadosos, siempre lo hemos manifestado, lamentablemente se han dado casos de atentados y de muertes de quienes ocupan cargos de elección popular”.
El dirigente priista les dijo a sus correligionarios de la región y del estado, que “tomen sus precauciones” y que sean cuidadosos.
El diputado del PRD, Raymundo García Gutiérrez, informó que la Auditoría Superior del Estado (ASE) investiga las presuntas irregularidades cometidas por el alcalde de Tlacoapa, Amado Basurto Gálvez, que denunciaron la síndica Carolina Morales Cantú y regidores, por lo que esperan los resultados para actuar en consecuencia.
En consulta telefónica sobre la asamblea de autoridades comunitarias, el domingo 16 de abril, para desconocer a integrantes del Cabildo, incluido el alcalde del PAN, aclaró que el proceso podría concluir en una demanda de juicio político. Sin embargo, hoy siguen siendo gobierno porque son autoridades electas constitucionalmente.
El representante del distrito 26 de la Montaña precisó que, si los regidores y la síndica piden formalmente la intervención del Congreso, intervendría la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la ASE.
La asamblea de delegados, comisarios y vecinos del 16 de abril, fue citada para discutir la falsificación de firmas, para justificar los recursos federales destinados a una obra de camino artesanal, además de obras fantasmas, falta de transparencia y acoso sexual.
Señaló que el problema comenzó cuando la síndica y regidores decidieron demandar por la falta de salarios, que en ese proceso encontraron obras no ejecutadas y personas cobrando sin laborar, conocidos como aviadores, en el programa de caminos artesanales, que se hace vía comité, en coordinación con el Ayuntamiento.
“Ellos acudieron a presentar las denuncias y están en espera de que les resuelva la Auditoría Superior del Estado”, dijo.
Explicó que alrededor de noviembre o diciembre los demandantes hablaron con él, porque desconocían los procedimientos, y les comentó que el Congreso no era la instancia para eso.
Aclaró que podría llegar al Congreso, como una demanda de juicio político, pero ahora está en otra etapa.
En caso de que la ASE no resuelva nada, adelantó que se tendría que solicitar la intervención de la Comisión de Vigilancia y Evaluación, para darle seguimiento.
Recordó que el Tribunal Electoral del Estado ya resolvió a favor de la síndica y regidores, a quienes no se les habían pagado sus salarios, para que se los cubran.
Estimó que, en la medida que se vayan descubriendo más errores, van a estar haciendo las denuncias los funcionarios, y al mismo tiempo, informando a la población como ocurrió en la asamblea de autoridades comunitarias.
