Etiqueta: José Díaz Navarro

Van 17 muertos o desaparecidos y 160 desplazados por la violencia en Tlaltempanapa

 

En dos años 160 personas han sido desplazadas por la violencia de Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, y otras 17 han sido asesinadas o se encuentran desaparecidas, según los registros del presidente del colectivo Siempre Vivos, José Díaz Navarro, quien denunció que los gobiernos estatal y federal no han dimensionado el problema de violencia que se vive en esta zona.
Ayer en Zitlala en donde se mantuvo replegado porque las autoridades de Tlaltempanapa le negaron el acceso para participar en la búsqueda de la familia García Feliciano y proponer los sitios donde la Policía Ministerial debería buscarlos, se quejó de que la violencia que afecta a esta zona no sea del interés de los tres órdenes de gobierno.
Denunció que el gobierno pretende pasar por alto que hay en ese pueblo 160 desplazados por la violencia, 17 homicidios y desaparecidos sólo en los últimos dos años. Aclaró que la mayoría de los desplazados, homicidios y desapariciones han ocurrido en el último año.
Declaró que en este pueblo funciona de manera irregular el grupo civil armado que se hace llamar Comunitarios por la Paz y la Justicia, “yo he pedido a las autoridades estatales y federales que me den el registro de los que están como policías y ya me dijeron que desconocen cuántos hay y quiénes son. Nadie los controla, que quede claro es un grupo armado irregular que comete actos delincuenciales”.
Destacó que por eso las estadísticas de la violencia no las tiene el gobierno del estado, ni ninguna institución que se encarga de la seguridad de los ciudadanos.
“Pero son datos muy alarmantes y por eso vamos a seguir insistiendo en que se atienda el problema, no sólo de Tlatempanapa, sino de Zitlala, de Chilapa y Tixtla.
Citó como ejemplo de la indolencia de las autoridades ante la violencia que se vive en esta zona el caso de la de la familia García Feliciano, desaparecida el 18 de octubre pasado, pues dijo que si no hubiera sido por el interés del colectivo Siempre Vivos, “hubieran sido seis desaparecidos más y no hubiera pasado nada. Es lamentable que no les indigne una situación como ésta, como nos indigna a nosotros, a los familiares de las víctimas”.
Acusó que no hay atención ni interés de las autoridades, “no hay nada que nos garantice a nosotros, en primer lugar, que vamos a encontrar a nuestros familiares, y en segundo, que a otras familias no les va a pasar esta situación. Lamentablemente seguimos en lo mismo, sin tener una respuesta efectiva”.
Agregó que al perderse ayer un día más de búsqueda de la familia García Feliciano se reducen más las posibilidades de encontrarlos con vida, sobre todo a la mujer de 80 años que informó tiene problemas de salud “y difícilmente estará siendo atendida con medicamentos”.
El activista criticó que las autoridades e instituciones que deberían de realizar esta búsqueda “nos están dejando toda la carga a las familias de las víctimas y eso es muy lamentable”.
Añadió que ante esta indiferencia de las autoridades el colectivo que representa va a seguir exigiendo que se apoye a la familia García Feliciano, sin dejar de dar seguimiento a los 130 casos rezagados “que sabemos que no se están investigando”.
Insistió en que debe de haber más interés del gobernador Héctor Astudillo Flores, “él no acepta que tenemos un problema grave, que tenemos una crisis humanitaria, y si no acepta esta situación difícilmente se le pone interés en los otros niveles de gobierno”.
Dijo que hay una deficiencia “tremenda” en cuanto a la atención a las víctimas de desapariciones, “yo creo que lo que tiene que pasar es que desaparezcan a un familiar del gobernador o a la familia del fiscal para que se pongan en la misma situación de preocupación en la que estamos nosotros”.

 

Harán búsqueda paralela al gobierno de la familia de Zitlala desaparecida


Familiares de los seis desaparecidos el 18 de octubre cerca de la comunidad de Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, informaron que continuarán la búsqueda con sus propios medios, debido a que no les permitieron participar con el colectivo de familiares de desaparecidos Siempre Vivos de Chilapa en la operación policiaca y militar que se integró para las investigaciones.
Este miércoles se cumplieron 15 días de que los seis integrantes de la familia García Feliciano desaparecieron cuando regresaban de la comunidad de Tlalcozotitlán, municipio de Copalillo, a su pueblo, Ixcatla, municipio de Zitlala, sin que haya indicios de su paradero.
El lunes la Policía Ministerial del estado comenzó las investigaciones del caso y los agentes han recorrido las comunidades donde pasaron los seis integrantes de esa familia a bordo de una camioneta Pick Up Nissan roja, pero ni el vehículo ha sido localizado.
Los agentes ministeriales que investigan son acompañados por un amplio convoy de militares y policías estatales.
El vocero único en materia de seguridad del gobierno del estado, Roberto Álvarez Heredia informó que 125 elementos de las fuerzas armadas, federales y estatales están en la operación de búsqueda y localización de los seis miembros de esa familia que desapareció desde el 18 de octubre, en esa zona de la Montaña de la entidad.
Dijo que en los últimos tres días un grupo integrado por 80 soldados del Ejército, 20 agentes de la Policía Federal, 15 de la Policía Estatal y 10 de la Policía Ministerial, visitaron las comunidades de Tlalcozotitlán, Tlaltempanapa y Quetzalcoatlán, donde hicieron recorridos y se entrevistaron con vecinos y familiares para tratar de obtener información.
“También revisaron el fondo del río de Tlaltempanapa donde fueron encontradas partes automotrices, al parecer la carrocería de un vehículo”, informó en referencia a otro vehículo que no era en el que se transportaba la familia desaparecida.
Álvarez Heredia informó que la Fiscalía General del Estado mediante el agente del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de Álvarez, inició la carpeta de investigación 12040190200160211016 por la desaparición de Félix “N”, Florencia “N”, Marco Antonio “N”, María “N”, Marino “N” y Santa “N”.
Agregó que la operación continuará hasta lograr la localización de las seis personas desaparecidas.
A esta búsqueda no se integraron los representantes del colectivo Siempre Vivos ni los familiares de los desaparecidos, cuando menos durante el 31 de octubre cuando los cuerpos policiacos entraron a la comunidad de Tlaltempanapa, de donde hay sospechas de que desaparecieron los seis miembros de la familia García Feliciano.
Los habitantes de la localidad pusieron como condición para que entraran las fuerzas del Estado, que no estuviera el representante de Siempre Vivos, José Díaz Navarro, tampoco participaron en el recorrido los familiares de los desaparecidos.
Consultados por teléfono ayer los familiares y el presidente de Siempre Vivos informaron que van a continuar la búsqueda este jueves en los lugares en donde creen que pudieran estar los seis desaparecidos.

Regresa torturado uno de los dos comerciantes levantados el lunes en Chilapa

Mientras tanto Andrés Bautista García, uno de los dos comerciantes que fueron levantados el lunes en Chilapa, apareció la mañana de este miércoles con visibles huellas de tortura, pero sus familiares se negaron a dar detalles del caso por temor a represalias.
Andrés de 42 años y Mauro Villanueva Carvajal de 28 fueron levantados a las 9:20 de la mañana del 31 de octubre cuando llegaban a su negocio que se encuentra a una cuadra del Palacio Municipal.
Hombres armados los sometieron violentamente y se los llevaron por la fuerza en una camioneta verde de doble cabina.
Fuentes de esa cabecera municipal informaron que Bautista García regresó con visibles huellas de tortura, y que quienes lo tenían lo liberaron cerca del crucero de la Universidad Tecnológica de Chilapa, a la salida de esa ciudad, pero sigue desaparecido Mauro Villanueva Carvajal.

Pide la ONU medidas cautelares para seis desaparecidos de una familia de Zitlala

El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió al Estado mexicano medidas cautelares para los seis integrantes de una familia que desapareció el 18 de octubre en el municipio de Zitlala, y demandó “aclarar de inmediato su suerte y su paradero”.
Mientras tanto, soldados del Ejército mexicano que mantienen un retén a la salida de Zitlala, rumbo a Tlaltempanapa, en donde se cree que desapareció esa familia, impidieron el paso este jueves a los miembros de la caravana que los busca desde el martes pasado.
José Díaz Navarro, presidente del colectivo de desaparecidos Siempre Vivos de Chilapa, denunció vía telefónica que los militares argumentaron que los civiles armados que mantienen un filtro en Tlaltempanapa, les advirtieron que si regresaban ayer los iban a retener.
Los seis regresaban el 18 de octubre de Tlalcozotitlán, municipio de Copalillo, a su pueblo en Zitlala, pero desaparecieron en el tramo de la carretera Tlatehualapa a Tlaltempanapa. Viajaban en una camioneta Nissan Pick UP roja, placas HD91183 modelo 2015.
“El Comité expresa su preocupación por la integridad física y psicológica de las seis personas referidas y en las acciones urgentes registradas por medio de la presente requiere al Estado tomar acción inmediata para buscarlos y ubicarlos”, dice el comunicado del organismo de la ONU, ante el que recurrieron el 24 de octubre pasado los familiares de los desaparecidos y los organismos civiles que los respaldan.
La respuesta del Comité contra la Desaparición Forzada llegó el 26 de octubre, y en el documento informa a los familiares que requirió al Estado “aclarar de inmediato la suerte y el paradero de la señora Florencia Capistrán Tecolapa, Marino García Capistrán, María Feliciano Diego, Félix García Feliciano, Santa García Feliciano y Marco Antonio García Feliciano”.
El Comité requiere al Estado tomar en cuenta su obligación convencional de proteger a personas particularmente vulnerables, de conformidad con el articulo 7 (b) de la Convención, como a la señora Florencia Capistrán Tecolapa de 80 años de edad.
Otra de las peticiones del Comité al Estado mexicano es informar a los familiares y a los representantes de los seis desaparecidos, así como al Comité, sobre su suerte y paradero “y tomar todas las medidas que sean necesarias para protegerlos, liberarlos y para permitir que sus familias y representantes tengan contacto inmediato con ellos”.
El organismo aclara, asimismo, que en caso de que el paradero de los seis desaparecidos no pueda ser confirmado, “el Comité requiere al Estado asegurar la adopción de una estrategia integral y exhaustiva para su búsqueda y para la investigación de su alegada desaparición forzada”.
Al respecto, el organismo pidió al Estado que, en su caso, informe al Comité sobre las acciones tomadas por las autoridades competentes del Estado para localizar a las seis personas desaparecidas, para aclarar sus alegadas desapariciones, y para garantizar que estén bajo la protección de la ley, y que se le informe sobre los resultados de las acciones.
El Comité requiere al Estado que le envíe “información sobre las medidas cautelares de protección adoptadas, así como toda la información requerida en la presente nota, antes del 9 de noviembre del 2016”.
También le informó al Estado que “de conformidad con el artículo 30 de la Convención, el Comité proseguirá sus esfuerzos para colaborar con el Estado, mientras la suerte de las personas desaparecidas no haya sido esclarecida”.

Impiden soldados en Zitlala el paso a la caravana de búsqueda

Mientras tanto, soldados del Ejército mexicano que se encuentran en un retén a la salida de Zitlala, rumbo a Tlaltempanapa, impidieron el paso a los integrantes de la caravana del colectivo de desaparecidos Siempre Vivos de Chilapa, en su tercer día de búsqueda de los seis familiares.
El medio día de ayer, los integrantes de la asociación civil encabezada por su presidente, José Díaz Navarro, y familiares de los desaparecidos, custodiados por policías federales, ministeriales y de la Policía Municipal de Zitlala, se trasladaban a Tlaltempanapa para seguir la búsqueda de los seis desaparecidos, pero esta vez ya no pudieron pasar el retén militar.
“Nos dicen (los militares) que no podemos pasar porque los del pueblo (de Tlaltempanapa) les dijeron que si pasamos nos van a retener”.
Dijo que los familiares de los desaparecidos y los integrantes del colectivo determinaron que ante la obstrucción del paso van a permanecer allí hasta que los de Tlaltempanapa les entreguen a la familia, “porque si están en ese plan es porque obviamente ellos tienen conocimiento del paradero de la familia”, acusó Díaz Navarro.
Añadió que no es posible que 20 o 30 hombres armados no puedan ser sometidos por los militares y que éstos prefieran impedirles el paso para no verse obligados a intervenir.
El presidente de Siempre Vivos explicó que se dirigían a Tlaltempanapa porque ahora están seguros que allí desaparecieron los seis familiares la tarde del 18 de octubre, “y ellos (los civiles armados que resguardan el pueblo) tienen conocimiento y saben qué pasó con ellos” y que por eso ayer acudían para exigirles información de dónde los tienen.
Explicó que los recorridos del martes y el miércoles solamente fueron de reconocimiento del terreno, “en todos los pueblos fueron muy amables, y solamente aquí es donde están en un plan prepotente, retador y amenazante”.
Acusó que este grupo (Paz y Justicia) se cree impune porque sus integrantes tienen credenciales “del grupo delictivo de los Ardillos, eso me consta porque tengo una copia de la credencial, y las firman José Apolonio Villanueva Jiménez, líder de la delincuencia en esas comunidades, les está dando permiso uno que es delincuente”, acusó.
Todavía por la tarde, Díaz Navarro advirtió que permanecerían en el retén militar “hasta que nos entreguen a la familia, o nos permitan hacer la búsqueda en el pueblo”.

 

Desaparecen seis familiares de Ixcatla, Zitlala, y una pareja en Chilapa, denuncia Siempre Vivos

 

Seis integrantes de una familia: tres mujeres, una de ellas de la tercera edad, y tres hombres desaparecieron el 18 de octubre pasado después de que salieron de Ixcatla, una comunidad nahua del municipio de Zitlala, de donde son originarios.
En otro hecho, la noche de este lunes el colectivo Siempre Vivos, informó de la desaparición de una pareja más en Chilapa. Se trata de Erick Geovany García Huaxtitlán y Esmeralda Huaxtitlán Sixtos.
Ambos están desaparecidos desde el jueves de la semana pasada y sus familiares reportaron que la última vez los vieron fue en la colonia Popular de esa cabecera municipal.
Su familia informó que Érick Geovany vestía una playera del equipo de futbol Las Chivas y un pantalón de mezclilla, y Esmeralda llevaba un pantalón de mezclilla y una blusa de licra de tirantes con flores.
Los familiares desaparecidos son Florencia Capistrán Tecolapa de 80 años, Mario García Capistrán de 58, María Feliciano Diego de 48, Félix García Feliciano de 25, Santa García Feliciano de 23, y Marco Antonio García Feliciano de 18.
La familia viajaba en una camioneta Nissan tipo Pick Up roja, placas de circulación HD 91183 de Guerrero.
El presidente del colectivo Siempre Vivos de Chilapa, José Díaz Navarro informó ayer vía telefónica que la intención de los desaparecidos, según la denuncia de sus familiares, era llegar a Chilapa y de allí trasladarse a Tlalcozotitlán, municipio de Copalillo, pero se cree que desaparecieron en el trayecto de Ixcatla a Zitlala, puesto que no llegaron a esa cabecera municipal ni a Chilapa.
La denuncia la presentó Celso García Feliciano, quien también solicitó el respaldo del colectivo Siempre Vivos de Chilapa.
Díaz Navarro informó que este martes integrantes del colectivo y familiares de los desaparecidos saldrán a buscarlos acompañados de soldados del Ejército y de la Policía Federal.
Informó que la ruta que seguirán será primero de Ixcatla a Zitlala y luego de Zitlala a Chilapa, que son los puntos en donde debieron pasar antes de trasladarse a Tlalcozotitlán.
El caso provocó consternación en esa zona en donde los grupos criminales Los Rojos y los Ardillos libran una lucha por la disputa del territorio.
Los integrantes de la organización civil Siempre Vivos llevan un registro de más de 100 personas desaparecidas entre los años 2013 y 2015 en los municipios de Chilapa y Zitlala, sin que las autoridades hayan esclarecido alguno de los casos.
Díaz Navarro informó que el caso más reciente es la desaparición de estas seis personas cuyos familiares solicitaron ayuda a la asociación.
Explicó que la búsqueda programada para hoy será primero rumbo a la comunidad de Ixcatla, “primero para descartar si no tuvieron algún accidente en alguna barranca”.

 

 

Rechazan familiares de desaparecidos de Chilapa la información que dio Astudillo de tres nombres

El presidente de la asociación de familiares de desaparecidos de Chilapa Siempre Vivos, José Díaz Navarro declaró que le sorprendió que el gobernador Héctor Astudillo Flores haya informado que cuando menos tres de los desaparecidos que buscan están presos en penales de Veracruz y Morelos, y que haya hecho pública la información “sin antes tener la certeza de que son realmente los que nosotros estamos reportando como desaparecidos, y sin informarlo primero a los familiares antes que a los medios de comunicación”.
Añadió que “es lamentable que los familiares de los tres desaparecidos se enteraran a través de los medios de comunicación y no les hubieran informado primera y directamente a ellos, eso es darles una información engañosa porque de momento los hará sentir y creer que sus familiares están vivos cuando en la realidad, estoy casi seguro, que es una información falsa, por no estar confirmada”.
El sábado, en una gira del gobernador por Chilapa y Zitlala, su secretario particular, Marco César Armenta Adame leyó un texto en el que decía: “El gobierno del estado de Veracruz nos ha comunicado que los ciudadanos Roberto Santos Cruz y Cándido Díaz Sánchez se encuentran recluidos por los delitos de robo habitación, homicidio doloso y lesiones dolosas, respectivamente, en Ceresos (Centros de Readaptación Social) de aquella entidad”.
En el escrito también se dio a conocer que Celso García García está recluido en el estado de Morelos por el delito de homicidio doloso.
Consultado ayer vía telefónica, Díaz Navarro declaró que los tres nombres los tienen en su lista de desaparecidos, pero que seguramente los nombres que proporcionó el gobernador “son homónimos, no creo que entre 120 millones de habitantes no haya otras personas con los mismos nombres y apellidos”.
Añadió que no cree que sean los hombres que buscan porque su desaparición se dio en un contexto muy diferente, “nuestros desaparecidos se los llevaron hombres armados de Chilapa y sería muy raro que ahora aparezcan en Veracruz y Morelos”.
Añadió que, “yo no sé si es un distractor para que nosotros andemos como locos por allá buscándolos. No sé porqué no se cercioraron primero de que estas personas son las mismas que nosotros tenemos reportadas y que andamos buscando”.
Reclamó que el gobernador primero les hubiera llamado a los familiares de las víctimas para tener una plática y darles a conocer la información y corroborar primero con ellos si son sus familiares desaparecidos.
“Debió haber primero un acercamiento, pero desafortunadamente ya vimos que el gobernador no tiene voluntad de coordinarse con nosotros” declaró.
Díaz Navarro agregó que la información que dio a conocer a los medios de comunicación el secretario particular es muy escueta, y que para ampliarla debió platicar con los familiares de los desaparecidos a quienes debió brindarles las facilidades para ir a los penales y verificar si los de los nombres son en realidad sus familiares, y “no primero hacerlo público”.
Explicó que la información que tiene el gobierno del estado es muy escueta porque no tiene las edades y mucho menos fotografías de los detenidos, con lo que se comprobaría si son ellos.
El presidente de Siempre Vivos informó que Roberto Santos Cruz, Cándido Díaz Sánchez y Celso García García no desaparecieron durante la irrupción en Chilapa del 9 al 14 de mayo del 2015 por hombres armados encabezados por comisarios municipales (ahora autollamado grupo Paz y Justicia), sino antes, “desaparecieron hace año y medio o casi dos años”.
Según datos del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón de Chilapa, que documentó los casos de los desaparecidos, uno era Roberto Santos Cruz de 24 años e indígena nahua quien desapareció el 20 de diciembre del 2014. El caso fue denunciado ante la Procuraduría General de la República (PGR) en donde está abierta la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/UEBPD/M18/208/2015.
Otro es Cándido Díaz Sánchez, mestizo de 45 años, desapareció el 21 de noviembre del 2014 y su caso fue denunciado en la Fiscalía General del Estado (FGE) y en la PGR, en la primera instancia se integró la averiguación previa ALV/SC/02/0488/2014-AP, y la PGR abrió el expediente SDHPDSG/UEBPD/M18/203/2015.
Celso García García, mestizo de de 27 años, desapareció el 20 de abril del 2014 y la denuncia fue presentada en la FGE que integró el expediente ALV/SC/01/0165/2014.

El gobierno incumplió compromisos

José Díaz Navarro criticó que el gobierno del estado no ha tomado con seriedad el caso de los desaparecidos y denunció que con la organización Siempre Vivos pactó compromisos que no se han cumplido, uno de ellos era la integración de una comisión para la búsqueda de los desaparecidos, “cosa que quedó en promesa”.
Recordó que el ahora gobernador se comprometió con ellos para crear esa comisión cuando aún era gobernador electo, y después ya como gobernador en funciones el 16 de diciembre.
Aseguró que entonces les reiteró que se iba a integrar esa comisión y que hasta llegó a presentarles al fiscal que se iba a encargar de integrar dicha comisión, “pero desde entonces ya no hubo algún acercamiento con los familiares”.
Agregó que incluso el sábado, los familiares de los desaparecidos no fueron invitados a los actos del gobernador, a pesar de que éste ya venía preparado para dar a conocer a los medios de comunicación la información que dio mediante un comunicado. “Yo, como presidente de la asociación no fui invitado y tengo entendido que ninguno de nuestros compañeros”.
Explicó que los familiares que abordaron al gobernador llegaron porque se enteraron circunstancialmente que tendría una gira y quisieron pedirle ayuda para encontrar a sus desaparecidos, no porque sabían que daría alguna información, “nunca se nos avisó que traía información relacionada con nuestros familiares desaparecidos”.
Informó que después de que dio a conocer la información a los medios, aprovechó para decirles a los familiares que llegaron que el presidente municipal de Chilapa, Jesús Parra García, les daría más información, pero aseguró que el alcalde solamente les entregó el comunicado que se había leído a los medios de comunicación.
“Yo siento que no hay seriedad, creo que deberíamos ser los primeros en recibir la información de nuestros familiares desaparecidos. Somos las personas más interesadas en saber del paradero de nuestros familiares, pero no nos queremos enterar a través de la prensa, queremos que nos tome en cuenta el gobierno del estado”, finalizó.

Marchan padres de los 43 en Iguala y ponen ofrendas a los estudiantes asesinados hace 16 meses

A 16 meses de los ataques, asesinatos y la detención-desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la tarde de ayer padres de familia, estudiantes y organizaciones sociales marcharon y colocaron ofrendas en las estelas en honor a los asesinados.
Exigieron justicia, castigo a los culpables y la presentación con vida de los desaparecidos en esta ciudad.
A las 5:30 de la tarde de ayer cinco padres de los desaparecidos, unos 70 normalistas de Ayotzinapa e integrantes del Bloque Democrático de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala llegaron en vehículos particulares y dos autobuses a la esquina de la calle Juan Álvarez y el periférico Norte, donde fue uno de los ataques el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Ahí se colocó una ofrenda floral y hubo un mitin en la estela colocada en memoria de los normalistas asesinados en este sitio, Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava.
Minutos antes de las 6 de la tarde cuando estaba la reunión, un convoy de la Policía Militar con más de 50 camionetas y camiones militares llenos de soldados, víveres y algunos con equipo antimotines pasaron por el periférico Norte hacia Teloloapan, fuentes consultadas informaron que los militares iban de la ciudad de México hacia el municipio de Arcelia en la región de Tierra Caliente.
En su intervención un maestro de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG) en la zona Norte, dijo que seguirán en la lucha hasta que haya justicia, castigo a los culpables y la presentación con vida de los 43 normalistas.
Pidió un minuto de aplausos para los normalistas asesinados y para los desaparecidos, posteriormente se hizo oración por los dos estudiantes asesinados en ese lugar.
Minutos después los poco más de 100 participantes en el primer mitin se trasladaron a la estela del normalista Julio César Mondragón Fontes en la zona industrial al norte de la ciudad, donde hubo un segundo mitin.
Ahí un normalista que tomó el micrófono agradeció el respaldo de las organizaciones y ciudadanos, y dijo que no sólo la Normal de Ayotzinapa ha sufrido los embates de los gobiernos estatal y federal.
Dijo que a 16 meses de los ataques no se han cansado y advirtió que seguirán en su demanda de justicia para los asesinados y la presentación con vida de los 43 desaparecidos, ante el interés de la Procuraduría General de la República (PGR) de cerrar el caso.

No dejarán de luchar hasta que les devuelvan a sus hijos, dicen padres

Frente a la estela de Julio César Mondragón Fontes, el normalista que fue torturado y desollado del rostro, una madre de los desaparecidos reiteró que los asesinatos y desaparición de los 43 son un “crimen de Estado”.
Reiteró que los padres de los desaparecidos no creen la versión de la PGR que dice que los normalistas fueron asesinados y calcinados en el basurero de Cocula, ya que esa noche en que los jóvenes desaparecieron estaba lloviendo, y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) descartó esa versión científicamente.
Habló de la desesperación de los padres de los desaparecidos a 16 meses de no saber dónde están sus hijos, y advirtió que no dejarán la lucha hasta ver regresar con vida a sus hijos.
“Nosotros sabemos perfectamente bien que están vivos, el corazón de una madre no se engaña, sentimos a nuestros hijos vivos y creemos que en cualquier momento van a ser liberados y van a regresar con sus familias o a la escuela Normal de Ayotzinapa, los estamos esperando a que sean liberados. Este gobierno se tiene que tocar el corazón para que nuestros hijos sean liberados”, expuso.
Denunció que el presidente Enrique Peña Nieto, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y el ex gobernador de Guerrero Ángel Aguirre “saben perfectamente dónde están nuestros hijos, los militares los tienen, pero no los tienen con sus nombres reales para que no los podamos liberar”, externó.
En ese lugar también se colocó una ofrenda floral y se oró por el normalista Julio César Mondragón Fontes.
Cerca de las 7 de la noche los manifestantes se trasladaron a la entrada de la avenida Bandera Nacional, una de las principales de la ciudad, y desde ahí marcharon a la explanada de Las Tres Garantías, donde hubo un acto político-cultural con el club de danza y la rondalla de los normalistas de Ayotzinapa.
En la marcha por la Justicia y la Dignidad, gritaron consignas en contra del gobierno federal y en apoyo al movimiento por Ayotzinapa para exigir castigo a los culpables y la presentación con vida de los 43 normalistas detenidos-desaparecidos el 26 de septiembre.

En siete meses ninguna autoridad halló pistas de los 57 desaparecidos en Chilapa

Durante los últimos siete meses del año que culmina, ni las autoridades federales ni las de dos administraciones locales y estatales dieron noticias del paradero de al menos 57 desaparecidos en Chilapa a sus familiares, ni del asesinato de un padre que exigía la presentación con vida de sus tres hijos.
El 9 de mayo de 2015, a la ciudad ingresaron unos 300 civiles armados provenientes del sur del municipio, quienes dijeron que venían en busca de criminales que habían causado daño en sus localidades.
Dos días después, vecinos de Chilapa marcharon en la cabecera municipal y encararon a los hombres armados, a los que acusaron de haberse llevado a unos 30 pobladores frente a policías y militares, quienes siguen desaparecidos.
El 14 de mayo, los civiles armados salieron de la ciudad después de una reunión con representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y con la condición de que el Ejército detuviera a un líder criminal vinculado al grupo criminal de Los Rojos.
El número de vecinos organizados para reclamar a sus desaparecidos comenzó a disminuir, sólo quedaron familiares de 14 de ellos, aunque después se sumaron otros dos que continúan exigiendo la presentación con vida de sus desaparecidos.
Las familias vincularon a los responsables de las desapariciones con el grupo delictivo Los Ardillos, que mantienen una disputa con Los Rojos, aunque negaron vínculos de sus desaparecidos con cualquiera de los dos grupos.
El comisario ejidal de Xiloxuchicán, José Apolonio manifestó que sí retuvieron a los familiares y aseguró que los habían entregado a la Gendarmería, pero los familiares no aceptaron la declaración, y en cambio han hecho llamados a las autoridades federales, estatales y municipales para que coadyuven en la búsqueda de sus desaparecidos.
En mayo la administración municipal estaba en manos del priista Francisco Javier García Gonzáles, quien pocos días después de la salida de los civiles armados y en presencia de representantes de la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero (Codehum) afirmó que apoyaría a las familias que quedaron desamparadas durante el proceso de búsqueda, pues supo que en la mayoría de los desaparecidos eran jefes de familia. Esto no ocurrió.
Ahora preside el Ayuntamiento de Chilapa el también priista Jesús Parra García, cuya administración tampoco ha cubierto las necesidades básicas de las familias.

No hay avance pese a los compromisos de los gobiernos federal y estatal

El 20 de mayo, a la ciudad arribó el comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos, quien informó a los familiares de desaparecidos que la dependencia coadyuvaría en la búsqueda de sus parientes y que tomaría el control de seguridad del municipio para trabajar en la contención de la delincuencia organizada. Ese día, los familiares retomaron la esperanza de recuperar a sus familiares.
También, los familiares solicitaron la presencia del entonces gobernador, Rogelio Ortega Martínez, a quien le reprocharon haberse reunido con los pobladores del sur de Chilapa, pero no con los de la cabecera municipal que reclamaban a sus familiares desaparecidos.
Fue hasta el 24 de mayo cuando Ortega Martínez se reunió con los familiares en Chilapa. Durante el encuentro, familiares de un desaparecido el 30 de marzo, Gilberto Abundis, reprocharon al alcalde y al gobernador la desaparición de su familiar, a quien el 23 de mayo identificaron en una foto de un periódico de nota roja que consignaba el hallazgo de cuerpos en la comunidad de Nejapa, municipio de Chilapa. La seña con la que lo distinguieron sus familiares fue un tatuaje en la espalda.
Conforme pasaron los días, a esta lista de desaparecidos se sumaron más, de antes del 9 y de después del 14 de mayo.
En tres ocasiones ha acudido a la ciudad el equipo multidisciplinario de la Procuraduría General de la República (PGR), que incluye peritos en genética, criminalística y derechos humanos, y a agentes del Ministerio Público federal, para que las familias interpusieran su denuncia.
La mayoría tenía desconfianza del Misterio Público del fuero común para interponerla ahí, pero tampoco confiaban en que las autoridades investigaran.

Familias desamparadas

Además de la búsqueda de los desaparecidos, las familias han sumado demandas como la recuperación de sus pérdidas materiales, y el financiamiento para pagar deudas que suman unas 900 mil 400 pesos, contraídas para sobrevivir. Además de apoyos para cubrir las necesidades básicas diarias de cada familia.
A pesar de la presencia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el DIF estatal, durante estos siete meses no se han resuelto las demandas de las familias.
El vocero de los desaparecidos, José Díaz Navarro en julio previó: “Esto ya se olvidó, un caso más de impunidad lo definiría ya, como los cientos de casos que hay de homicidios y desapariciones, y de secuestros que no se investiga nada, esto pinta para ser un caso más”.
Terminó el año, sin la localización de 57 desaparecidos que se acercaron al comité de familiares Siempre Vivos AC, de los que sólo 38 han interpuesto denuncias ante el Ministerio Público federal; los demás esperan a que regrese para denunciar.
Pero Díaz Navarro denunció que no son sólo 57 desaparecidos en la región, sino 200, y 200 asesinatos que, en su mayoría, las familias no se atreven a denunciar.
También terminó el año con el padre de tres desaparecidos en mayo que exigía su presentación con vida, Bernardo Carreto, quien también era hermano del ex director de Seguridad Pública municipal, Silvestre Carreto, destituido del cargo “por no resultar confiable”.

No investigará la PGR a los 16 desaparecidos en Chilapa en mayo, denuncian familiares

La Unidad Especial para la Búsqueda de Personas Víctima de Desaparición Forzada de la Procuraduría General de la República (PGR) no investigará los 16 casos de desaparecidos en Chilapa entre el 9 al 14 de mayo porque no es de su competencia, revelaron familiares.
Asimismo, dijeron que hasta el 9 de diciembre los expedientes de las denuncias no habían sido enviados a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) por la Fiscalía General del Estado (FGE) con el argumento de que la fotocopiadora no tenía tinta.
Ayer, la asociación civil Siempre Vivos informó a El Sur que después de tres meses de haber sido notificada de sus casos, la unidad de búsqueda de desapariciones de la PGR les informó que no investigarían los 16 casos denunciados en Chilapa porque no son de su competencia, sino de la Fiscalía.
Asimismo, dijeron que en su visita a las instalaciones de la SEIDO en la ciudad de México el 9 de diciembre les dijeron que los expedientes de sus denuncias aún estaban en la FGE. “Todavía no los habían enviado a México porque no tenía tinta la fotocopiadora para sacar las copias de los tomos”, lamentaron.
Los miembros de la organización temen que los expedientes aún sigan en el estado, atorados. Revelaron que la última vez que se reunieron con personal de la PGR fue el 16 de diciembre, pero que no les dieron ninguna información favorable.
En una entrevista en el programa de radio Ciro Gómez Leyva por la mañana, el integrante de la Comisión de desaparecidos de Chilapa, José Díaz Navarro, recordó que el señor Bernardo Carreto González, familiar de cinco desaparecidos –entre ellos tres de sus hijos–, asesinado el martes 22 de diciembre, dio a conocer ante la SEIDO amenazas directas contra él y su familia.
Explicó que la SEIDO en Chilapa tuvo conocimiento de las amenazas, y les dijo que lo reportarían con sus superiores, pero que tendrían que esperar a que un juez autorizara intervenir el número telefónico desde donde recibía las llamadas.
“Le dieron como siempre explicaciones técnicas y los resultados aquí los tenemos visibles”, dijo en referencia al homicidio ocurrido la semana pasada.
A pregunta expresa, dijo que todas las amenazas recibidas por el señor Bernardo Carreto les indican que iban en la ruta de un eventual ataque contra él, y que varios familiares de desaparecidos, incluido él, están en ese riesgo.
“En esa ruta estamos varios, porque aquí es un delito muy fuerte pedir justicia y que se investigue el paradero de nuestros familiares”, finalizó.

Exigen de nuevo familiares de desaparecidos en Chilapa a la CEAV que atienda sus casos

El vocero de los familiares de desaparecidos de la ciudad de Chilapa, José Díaz Navarro exigió que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) atienda realmente sus necesidades, pues desde su llegada sólo da atención psicológica y apoyo para trasporte.
Los familiares se han quejado de que han transcurrido siete meses y los apoyos ofrecidos a las familias por la CEAV se ha limitado a atención psicológica y apoyo para transporte, por un monto de 100 pesos para las familias de la cabecera municipal y de 160 para las de las comunidades.
No es la primera vez que los familiares reclaman esta situación, en agosto denunciaron la ineficiencia de las dependencias responsables de antender los casos de sus desaparecidos.
Recalcaron a la CEAV que el dinero que les dan para transporte los miércoles, “no sirve para nada, ya que estamos viajando todos los días a Chilapa, y existe un desgaste económico para las familias”. Pese a estas denuncias públicas, la Comisión siguió dando sólo estos apoyos.
Díaz Navarro manifestó que la última vez que vino la CEAV a Chilapa fue el 16 diciembre, cuando les comunicó que ese sería el último día que acudirían a brindarles la atención psicológica y el apoyo para el transporte. El vocero dijo que están en espera del presupuesto del siguiente año para poderlos seguir apoyando y reprochó que la CEAV cada año reciba presupuesto para atender a las víctimas y no lo hagan.
El 22 de diciembre asesinaron al padre de tres desaparecidos entre el 9 y el 14 de mayo de 2015, Bernardo Carreto, que también formaba parte del comité de familiares de desaparecidos Siempre Vivos AC. Sin embargo, la CEAV tampoco se acercó a los familiares para brindarles apoyo.
La primera vez que el titular de la CEAV, Julio Hernández Barros, se reunió con familiares de desaparecidos en Chilapa, aseguró que coordinarían acciones de atención que están inscritas en la Ley General de Víctimas y que les darían atención psicológica y médica, y que ingresarán al Registro Nacional de Víctimas para tener derecho al fondo de reparación al término de la investigación.
Asimismo, les dijo que serían beneficiados con programas sociales de la Sedesol, proyectos productivos, que gestionarían becas ante la Secretaria de Educación Pública (SEP) y darían acompañamiento jurídico, todo de manera gratuita.
Desde hace siete meses familiares de desaparecidos se unieron para exigir la presentación de sus parientes, desde que en mayo ingresaron civiles armados de comunidades del sur de Chilapa y se reportó la desaparición de 16 vecinos.
Desde entonces, no tienen respuesta del paradero de sus familiares y tampoco han recibido los apoyos que han exigido a distintas dependencias.

Se reúnen el gobernador y el fiscal con familiares de desaparecidos en Chilapa; prometen una comisión especial

 

El gobernador Héctor Astudillo Flores y el fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez, se reunieron con familiares de desaparecidos de la región, y se comprometieron a formar la comisión especial para la atención de los casos de desaparecidos en Chilapa, que había prometido el gobernador desde octubre.
A siete meses de que familiares de desaparecidos en la ciudad comenzaron a exigir su presentación, el gobernador y el fiscal general se reunieron con ellos en la cabecera municipal.
Un día antes, el vocero de los desaparecidos, José Díaz Navarro anunció que el fiscal estaría en la ciudad para hablar con ellos, sin embargo no tenía confirmada la presencia del gobernador.
Aunque tenían programado el encuentro para las 10 de la mañana, cerca de las 2:20 de la tarde ambos funcionarios llegaron junto con el alcalde Jesús Parra García, y la diputada federal Verónica Muñoz Parra. La reunión tuvo lugar en el salón de fiestas y reuniones Mi Pueblito, donde se mantuvo una reunión a puerta cerrada.
Unos 40 minutos después, se abrió una rueda de prensa en la que Astudillo Flores señaló que en enero acudirá a Chilapa junto con el fiscal, para crear la comisión especial para la atención de los casos de desaparecidos en Chilapa.
Sin embargo, Héctor Astudillo Flores ya se había comprometido el 15 de octubre, cuando vino a la ciudad en calidad de gobernador electo, a crear esta comisión, y entonces aseguró que al tomar protesta regresaría a Chilapa con ese objetivo.
El gobernador dijo también que se creará un grupo especial de investigación sobre el paradero de los desaparecidos del 9 al 14 de mayo, cuando ingresaron a la ciudad civiles armados proveniente de comunidades del sur de Chilapa, que dijeron que venían en busca de delincuentes.
Manifestó que firmará una iniciativa para crear la comisión estatal de atención a víctimas, con funciones similares a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
El gobernador dijo que, independientemente de la creación de la comisión especial para atender los casos de desaparecidos en Chilapa, verán que desde la Fiscalía General del Estado (FGE) se cree un grupo institucional que esté permanentemente con los familiares.
Por otro lado, ordenó a Parra García que atendiera las demandas de los familiares, una de ellas la destitución del secretario de Seguridad Pública en el municipio, Juan Suástegui Epifanio.
“Yo le pido aquí al presidente municipal que cambie al secretario de Seguridad Pública, yo no veo porqué tenga que sostenerlo; cámbialo. Se originó un problema aquí, yo diría, presidente, que vea la manera de relevarlo que busque una persona que no genere inconformidad en la propia gente, yo te lo quiero pedir de la mejor manera, el asunto de los hilos negros, tanto el Ejército nacional, como la Marina, como la Policía Federal, están dispuestos a apoyar en los hilos negros”, remarcó Astudillo Flores, e insistió, “sé que el municipio es independiente pero yo creo que ante un señalamiento de que el secretario de seguridad no estuvo a la altura de las circunstancia (…) se tiene que relevar, te lo pido como gobernador”.
Ante la inconformidad de los familiares con el Ministerio Público del fuero común que no atiende adecuadamente a las víctimas, el gobernador instó a Xavier Olea en que lo cambien.
Otra de las quejas que manifestaron los familiares al gobernador es que, pese a la presencia del Ejército, la Policía Federal y la Policía Estatal, la violencia sigue en Chilapa y en Zitlala.
Indicó que este jueves tratará este tema con el grupo de Coordinación Guerrero, para que el Ejército y la Policía Federal, “también hagan algo más de lo que vienen haciendo”.
Una familiar exigió que acuda a la región la Marina, porque pese a la presencia de las tres corporaciones policiacas, continúa la violencia.
Sobre las deudas acumuladas por los familiares que se han dedicado a buscar a sus desaparecidos, que ascienden a 900 mil 400 pesos, el gobernador también ordenó al presidente municipal que atienda ese caso, y dijo que si no podía resolverlo, él lo haría.
El gobernador reprobó quevecinos de comunidades del sur de Chilapa se hagan pasar por policías comunitarios, “vinieron a hacer actos que todavía nos tienen en la situación de dolor, principalmente a las madres”.
Dijo que está pendiente del caso, que no es fácil, y pidió a los familiares que no pierdan la fe de que van a encontrar a sus desaparecidos.
Posteriormente, Díaz Navarro declaró que tienen un registro de 57 desaparecidos, sin embargo recordó que son más, 200 desaparecidos y 200 homicidios, pero que la mayoría de los familiares temen denunciar, se han ido del municipio o desconfían en las autoridades.