El gobierno estatal informó la liberación de cuatro hombres retenidos por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en la comunidad de Paraje Montero, del municipio de Malinaltepec, en la región de la Montaña.
En un comunicado la Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas (Saica), encabezada por Gilberto Solano Arreaga, dio a conocer el hecho, sin embargo no se precisó cuando ocurrió la retención, las razones por las que la Policía Comunitaria retuvo a esas personas, ni los acuerdos que se lograron para su liberación.
Se informó que los retenidos se llaman Sebastián, Gabriel, Óscar y Raciel, no se aclaró de dónde son originarios.
“Gracias al diálogo franco y abierto que sostuvo Gilberto Solano con autoridades de la comunidad y la CRAC, Sebastián, Gabriel, Óscar y Raciel podrán reunirse con sus familias para celebrar estas fechas tan especiales”, se lee en el boletín.
El funcionario llamó a que resuelvan sus conflictos por la vía del diálogo pues “crear mayores problemas” desgasta “el tejido social de los pueblos originarios”.
La dependencia informó que la negociación se inició por instrucciones del gobernador, Héctor Astudillo Flores, y que participaron representantes de Paraje Montero y de la Policía Comunitaria de la CRAC.
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De septiembre a noviembre el Consejo de Jornaleros registró 3 mil 613 migrantes; mil 665 son mujeres
En la temporada de alta de migración, de septiembre a noviembre salieron 3 mil 613 jornaleros agrícolas de la Montaña, a trabajar a los campos agrícolas de estados del norte del país en la cosecha de verduras como jitomate, chile y pepino, informó el Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña.
De los migrantes mil 665 son mujeres y mil 948 son hombres, según los registros con los que el organismo contaba ayer.
El integrante del Consejo de Jornaleros, Flores Sánchez Crescencio informó que los municipios con mayor expulsión son Tlapa, Metlatónoc, Cochoapa el Grande, Copanatoyac, Atlixtac, Atlamajalcingo del Monte, Iliatenco, Acatepec, Alpoyeca, y Malinaltepec.
Pero también se registraron en la Casa del Jornalero vecinos de San Luis Acatlán, José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), Chilapa, Ayutla, Acapulco, Chilpancingo y Tixtla.
Informó que los estados a donde irán a trabajar a los cortes de verduras y hortalizas son Sinaloa, Michoacán, Chihuahua, Baja California Norte y Sur, Nayarit, Jalisco, Aguascalientes y Morelos.
Detalló que este año bajó el número de registros pero que eso no quiere decir que la gente no se vaya del estado a trabajar, sino que está saliendo por cuenta propia y no pasaron a la Casa del Jornalero, porque hubo días que no contaban con nada de despensas para entregarles a las familias.
Hasta el momento continúan saliendo en su mayoría se van todos los integrantes de sus familias, se observó que muchas se llevan costales de maíz, calabazas y sus utensilios de cocina, mismos que les servirá para preparar sus alimentos porque las despensas que les entregan se las terminan durante el camino.
También se observó que estaba una manta colgada que se leía “Las jornaleras y jornaleros de la montaña exigimos al gobierno del estado un trato digno y respetuoso de nuestros derechos”.
Son de ADG los que se unieron a la UIG en Malinaltepec, dice Grupo Guerrero
El diputado perredista de Grupo Guerrero (GG), Ernesto González Pérez, negó que los militantes de su partido que se sumaron a la Unidad de Izquierda Guerrerense (UIG) sean de GG y afirmó que pertenecían a Alternativa Democrática Guerrerense (ADG).
En declaraciones ayer en el Congreso local, el diputado informó que Efrén López, de Malinaltepec, que el miércoles anunció su salida de Grupo Guerrero y su integración a UIG, ya no pertenecía a su corriente.
González Pérez explicó que cuando GG se dividió “expulsó” a algunos de sus integrantes, encabezados por el dirigente estatal del partido, Celestino Cesáreo Guzmán, y el diputado Carlos Reyes Torres, quienes conformaron el grupo ADG y a ese nuevo grupo pertenecían los perredistas que ahora forman parte de la UIG.
Por eso insistió en que tras la incorporación de militantes perredistas de Malinaltepec a la UIG, el GG que dirige el diputado federal David Jiménez Rumbo “no tiene bajas, no tiene fugas de personajes, ellos son de ADG”.
Afirmó que GG se ha reunido con sus militantes en la región de la Montaña y todos están trabajando en el proceso de afiliación a favor de su corriente, “todos los que se quedaron en la corriente aquí siguen”.
En caso de que alguna corriente haya perdido militantes, dijo que fue ADG.
Presentan organizaciones a un juzgado de Chilpancingo sugerencias para evitar concesiones mineras en Malinaltepec
Organismos internacionales presentaron este viernes un amicus curiae (amigo de la corte) ante el Juzgado Primero de Distrito de Chilpancingo en contra de la declaratoria de libertad del terreno, emitida por la Secretaría de Economía federal en el núcleo agrario de San Miguel del Progreso, municipio de Malinaltepec, que abre la posibilidad de que se autoricen nuevas concesiones para la exploración minera en la zona.
La declaratoria de la dependencia federal se dio a pesar de que el pueblo de San Miguel del Progreso obtuvo un amparo el año pasado que canceló las concesiones que ya había en la zona.
El escrito fue presentado por la Fundación para el Debido Proceso (PDLF), con sede en Washington DC; la Clínica de Derechos Humanos del Human Rights Research and Education Center de la Universidad de Ottawa, y el Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL).
El amicus curiae tiene el propósito de contribuir a la decisión del Juzgado Primero de Distrito en torno a la demanda de amparo que fue presentado por la comunidad me’phaa de San Miguel del Progreso.
Dicho amparo es contra la emisión de la declaratoria de libertad de terreno 02/2015 que emitió la Secretaría de Economía federal para que particulares obtengan concesiones de licencias para la exploración y, en su caso explotación, de recursos naturales en territorios ancestralmente ocupados por la comunidad indígena de San Miguel del Progreso.
La presentación del escrito se hizo la mañana de ayer por el integrante de PDLF, Daniel López Cerqueira, quien se entrevistó por la mañana con la jueza Estela Platero, a quien le entregó el documento.
Después, en conferencia de prensa, se informó que en el amicus curiae se resalta los estándares del derecho internacional, de los derechos humanos y del derecho constitucional comparado sobre la consulta previa, libre o informada, así como los derechos territoriales de los pueblos indígenas, aplicables a la concesión de proyectos de exploración y explotación de recursos naturales susceptibles de afectarles.
En la conferencia de prensa estuvieron el mismo López Cerqueira de PDLF; Matilde Pérez Romero, del Centro de Análisis e Investigación, Fundar; Abel Barrera Hernández, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Manuel Olivares Hernández, secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, y Alejandro Ramos Gallegos, del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, con sede en Chilapa.
En la conferencia de prensa, estuvieron asimismo, como invitadas, autoridades del núcleo agrario de San Miguel del Progreso, encabezadas por el presidente del Comité de Bienes Comunales, Valerio Muro Amado Solano.
Incumpliría el Estado mexicano sus obligaciones internacionales si se acepta la declaratoria
Allí se dijo que las organizaciones signatarias del amicus curiae esperan que el Juzgado Primero de Distrito anule la declaratoria de libertad de terreno 02/2015, y argumentaron que la decisión de la dependencia federal no fue precedida de un proceso de consulta a la comunidad de San Miguel del Progreso, cuyos integrantes han manifestado estar en contra de megaproyectos de minería en su territorio.
“Una decisión que se aparte de los estándares internacionales detallados en el escrito de amicus curiae no sólo desconocería los derechos fundamentales del pueblo me’phaa de San Miguel del Progreso, sino que deslindaría en el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado mexicano”, se establece en un boletín de prensa emitido por los representantes de los organismos que respaldan el escrito entregado al juzgado federal.
En la conferencia de prensa, López Cerqueira explicó que el escrito entregado al Juzgado Primero de Distrito tiene el propósito de “alertar a la ciudad judicial de lo que establecen los parámetros internacionales, y para que la juez incorpore y tome en cuenta estos parámetros en la resolución del amparo que emitirá próximamente.
Dijo que el principal argumento que debe tomar en cuenta la juez es que la declaratoria de la Secretaría de Economía no fue consultada al pueblo indígena me’phaa y que con ello se les privó de su derecho de incidir en las políticas estatales.
Asimismo, informó que los organismos que promovieron el escrito, “nos ponemos a disposición del Juzgado y de la Secretaría de Economía para seguir aportando elementos”. Además propuso una mesa de negociación en la que se permita a la comunidad incidir en los proyectos del gobierno.
A su vez, Matilde Pérez, de Fundar, declaró que existe preocupación de los organismos por el incumplimiento del Estado y la constante violación a la consulta previa en los pueblos indígenas, que en el caso de San Miguel del Progreso tome en cuenta los argumentos que se establecen en el amicus curiae, “y se pueda garantizar una justicia efectiva que siente precedente para otros casos similares”.
El nuevo modelo de desarrollo del país no toma en cuenta a los indígenas, señala Abel Barrera
Abel Barrera declaró que los pueblos indígenas “son los que enorgullecen al estado de Guerrero, pero que lamentablemente son los más pisoteados, marginados y segregados”.
Agregó que, por eso son los que constantemente apelan a instrumentos internacionales para obligar a las autoridades a que respeten sus derechos como pueblos, y destacó que apelando a esos instrumentos internacionales han ganado los casos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Dijo que sólo así han obligado a las autoridades a que respeten los derechos que tienen, como el de poseer la tierra de la que son dueños, como el caso de San Miguel del Progreso.
“Pero hoy resulta que, en el nuevo modelo de desarrollo del país nuevamente no son tomados en cuenta”.
Destacó que, en su informe el gobernador Héctor Astudillo Flores habló de cinco proyectos, y que el segundo de ellos es el de la minería. Al respecto, se preguntó a qué costo, puesto que implica destruir el habitad y contaminar el medio ambiente.
Citó el caso de Nuevo Balsas, municipio de Cocula, en donde la minera Media Luna no sólo está contaminando el medio ambiente, sino que llegó a dividir al pueblo al instalar por la fuerza su proyecto. Explicó que este es el costo de no hacer consultas previas en los pueblos.
Subrayó que, en el caso de San Miguel del Progreso la secretaría de Economía, con su declaratoria de libertad de terreno, deja abierta la posibilidad para que se autoricen más concesiones a empresas y particulares que las soliciten, pero que espera que el amicus curiae ayude mucho para que el Juzgado Primero resuelva a favor de los pobladores.
En tanto, Manuel Olivares Hernández expresó que preocupan estos intentos y estrategias del gobierno federal para sacar adelante proyectos extractivistas, sobre todo en la Montaña de Guerrero, pero que esperan que la jueza pueda resolver con el apoyo del amicus curiae en beneficio de San Miguel del Progreso.
Presentan una brigada infantil comunitaria de la CRAC en El Fortín, Tixtla, y exigen la libertad de los presos
Familiares de los presos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarios (CRAC) Gonzalo Molina González, Arturo Campos Herrera y Samuel Ramírez Gálvez exigieron su libertad inmediata durante la presentación de la brigada infantil comunitaria Mi Patria Es Primero de la CRAC, con base en El Fortín en Tixtla.
La reunión se convirtió en un foro de denuncia y asistieron padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa quienes declararon que a casi dos años del ataque a los normalistas sigue la impunidad, y que las investigaciones para localizar a sus hijos se mantienen en cero.
Al encuentro también asistió una comisión de la Policía Comunitaria de Olinalá encabezada por Geovani Torres Salgado, padres de los 43 normalistas encabezados por Emiliano Navarrete, además de Beatriz Gálvez Macario madre de Samuel Ramírez Gálvez quien es policía comunitario de la Casa de Justicia de Zitlaltepec y está detenido en el penal de Chilpancingo, y la esposa del promotor de la CRAC de Ayutla, Arturo Campos Hernández, Agustina García de Jesús.
En el encuentro fue presentada la brigada infantil comunitaria que está compuesta por niñas y niños y que tiene el objetivo de “empezar de nuevo el proyecto comunitario, ante el escenario adverso en que se encuentra la organización comunitaria”, explicó el auxiliar del proceso educativo, Carlos Hernández.
El acto comenzó con honores a la bandera los cuales estuvieron a cargo de las 30 niñas y niños de entre 5 y 16 años que integran dichas brigadas, fue en la explanada del barrio de El Fortín, que sirve de base para la CRAC-PC.
Después, Gonzalo Molina González, promotor y fundador de la CRAC-PC en Tixtla y actualmente preso en el penal de Chilpancingo, mandó un mensaje vía telefónica desde la cárcel y celebró la formación de la brigada infantil comunitaria, “debemos estar contentos porque hoy se le da formalidad a la brigada infantil comunitaria”, dijo.
Molina González es el impulsor del proyecto de la brigada infantil.
Explicó que la intención es que “los niños se formen con otra forma de ver las cosas, con valores que les permitan alcanzar el nivel más alto del ser humano, y de esta manera honrar la memoria de nuestros compañeros caídos que murieron por defender a su pueblo”.
Desde el penal, Gonzalo Molina convocó a los asistentes a retomar el proyecto de seguridad y justicia comunitaria, la salud, la educación, la comunicación y la producción, con la idea de trabajar en la construcción del poder popular.
A los ciudadanos les pidió que no dejen solos a los comunitarios, “recuerden que los policías comunitarios defienden al pueblo y el pueblo defiende a su Policía Comunitaria”.
El promotor de la CRAC saludó a los padres de los 43 normalistas de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos y a los maestros que luchan por echar abajo la reforma educativa.
Si no luchamos ni hablamos, nadie lo hará por nosotros
La esposa de Arturo Campos Herrera, Agustina García de Jesús acusó que el gobierno quiere cansarlos para que dejen de luchar por la libertad de los presos y por la presentación de los 43 normalitas de Ayotzinapa, “quiere que nos cansemos de luchar, de hablar y de ver lo que está pasando en nuestro estado” manifestó.
Convocó a los asistentes a seguir luchando, “si no lo hacemos ¿quién va a luchar por nosotros? Si no hablamos ¿quién va a hablar por nosotros? Nadie va a venir a hablar de afuera porque no conoce la situación que estamos viviendo”, dijo.
Expresó que el gobierno está equivocado al encarcelar a los luchadores sociales, “que mal están (los del gobierno) cuando se supone que están preparados. Ellos hablan de educación, pero donde está la educación de ese gobierno corrupto, que encarcela a las personas que luchan por su pueblo y por el bienestar de su comunidad”, se quejó.
Planteó que a ella le da coraje que tengan presa a la gente que lucha por la comunidad, “que coraje y que lástima me da ese pinche gobierno corrupto que siga tratando así a la gente de las comunidades indígenas”, expresó.
Preguntó que hasta cuando los indígenas van a tener tranquilidad y paz, “nosotros estamos muy lejos de alcanzar la tranquilidad y la paz, porque nos siguen golpeando y asesinando”, denunció.
En su intervención, la madre de Samuel Ramírez Gálvez, Beatriz Gálvez Macario aclaró que la tarea de la Policía Comunitaria no se acaba cuando el gobierno mete a un comunitario a la cárcel.
Explicó que antes, en la Montaña, los delincuentes podían matar y violar y que por eso ella y su esposo promovieron la creación de la Policía Comunitaria y que a raíz de esa lucha tiene a su hijo preso en el penal de Chilpancingo, de quien reclamó su libertad.
Criticó que en esa lucha hay gente que se vende y mencionó a quienes encabezan la Casa Matriz de San Luís Acatlán. Recordó que ellos, en el anterior gobierno de Rogelio Ortega Martínez, firmaron un convenio que también querían que lo firmaran los comunitarios de la casa de Zitlaltepec.
Detalló que el convenio consistía en recibir apoyo económico, cartuchos y uniformes a cambio de que entregaran a los que detuvieran.
Dijo que ellos se negaron a firmar porque la CRAC es autónoma y tiene su propio Sistema de Seguridad y Justicia Comunitaria y los detenidos son sometidos a un proceso de reeducación, “mientras que ellos (los del gobierno) venden la justicia y sus policías le dan seguridad al presidentes municipales y al gobernador nada más, no al pueblo”.
Emiliano Navarrete, representante de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos dijo que a casi dos años del ataque a los normalistas en Iguala no han encontrado justicia y que las investigaciones para encontraros siguen en cero.
Agradeció el apoyo que ha recibido el movimiento de los 43 por agrupaciones como la CRAC-PC de El Fortín y la de Olinalá.
Expresó que en estos dos años han visto el apoyo de mucha gente, aunque reconoció que en este camino “también hemos visto gente que se ha aprovechado de nuestra situación”, acusó sin precisarlo.
Añadió que ante la falta de resultados en las investigaciones, los padres han sabido dar la cara a un gobierno que “ha resultado ser una pinche porquería”.
Por su parte, el comandante de barrio de la Policía Comunitaria de Olinalá, Geovani Torres Salgado exigió la libertad de los tres miembros de la CRAC que siguen presos; Gonzalo Molina, Arturo Campos y Samuel Ramírez. Exigió que los detenidos obtengan su libertad de manera incondicional.
Aclaró que les dio gusto que salieran libres los seis policías comunitarios que estaban presos en Ayutla, pero que estos fueron liberados bajo fianza y que actualmente siguen sujetos a proceso.
La brigada infantil
El auxiliar del proceso educativo, Carlos Hernández explicó que con la brigada infantil comunitaria se trata de evitar la división que ocurrió con los que formaron la casa de Santa Cruz del Rincón (Malinaltepec, los llamados Pueblos Fundadores), cuando abandonaron la CRAC de la Casa Matriz de San Luis Acatlán.
Detalló que la idea es comenzar el proceso de refundación y reeducación desde abajo, desde los niños.
Manifestó que “ante lo que viene”, se pretende entrar a un proceso para lograr una comunidad más armoniosa y orgánica mediante talleres de reeducación en los que se retroalimenten los niños y los adultos.
Explicó que esta fue una propuesta de Gonzalo Molina.
Analizarán la actuación arbitraria de la Policía Comunitaria en Agua Xoco, Acatepec: OPIM
El próximo domingo habitantes de varios pueblos del municipio de Acatepec se reunirán con los coordinadores de la Casa de Justicia de Espino Blanco (Malinaltepec) de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) para dialogar sobre la detención del indígena de Agua Xoco, Silvestre Crescencio Higinio, ocurrida el 9 de septiembre pasado en esa comunidad, anunció el secretario de la Organización del Pueblo Indígena Me’ Phaa (OPIM), Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez.
Ramírez Rodríguez confirmó que el detenido pertenece a esa organización y agregó que en la reunión del domingo se tratarán otros casos más en los que la Policía Comunitaria de la CRAC ha actuado arbitrariamente.
El lunes, la esposa de Silvestre Crescencio, Elidia Díaz Flores denunció vía telefónica que policías comunitarios de la CRAC de Agua Xoco detuvieron, golpearon y robaron 5 mil pesos a su esposo quien es representante de la OPIM.
Según la esposa, la detención fue ordenada por el comisario municipal de Agua Xoco, Artemio Morales Cornelio, quien los acusa a los dos del cambio del profesor Modesto Remigio Flores.
Consultado vía telefónica, el secretario de la OPIM dijo que efectivamente Silvestre Crescencio y su esposa acusaron a dicho profesor de quedarse con un dinero de la escuela, motivo por el cual fue cambiado, y que el fondo del asunto es el añejo conflicto que existe entre la familia de Los Remigio de El Camalote, municipio de Ayutla, de donde es originario el profesor, y los miembros de la OPIM de esa comunidad.
Explicó que el profesor acusado es originario de El Camalote y que trabaja en Agua Xoco, en donde entró en conflicto con Silvestre Crescencio.
Añadió que se reunirán con los coordinadores de la CRAC en la comunidad de Tres Cruces, municipio de Acatepec.
Aseguró que los comunitarios que detuvieron al integrante de la OPIM actuaron arbitrariamente por órdenes del comandante Leopoldo Cornelio.
Anunció que la reunión será con varios coordinadores de la CRAC, porque no es el único caso en los que han actuado arbitrariamente los comunitarios, “hay más problemas en otras comunidades”, aseguró el dirigente de la OPIM.
Ignora sus propuestas el alcalde, se quejan los regidores del PRD de Malinaltepec
En la asamblea municipal del PRD en el municipio de Malinaltepec, los regidores se quejaron de que el presidente petista Sebastián Ramírez, ignora sus propuestas de trabajo y se designó al secretario general como presidente.
El secretario general, quien asumió la presidencia del PRD, Inocencio Navarro, informó que el pasado 2 de julio se realizó una asamblea en la cancha techada de la comunidad Tres Marías, del mismo municipio, en que se acordó que el presidente Serafín Carrasco Villegas dejará sus funciones para atender su salud.
Dijo que Carrasco Villegas está enfermo, por lo que la asamblea optó en invitarlo a que atienda su salud y cuando éste estable se reincorpore a sus funciones, aunque reconoció que el actual dirigente manifestó a través de un documento, que quería mantenerse al frente, pero al final se acordó que le diera prioridad a su salud, por lo que puede estar meses o hasta octubre de 2017.
Agregó que entre otros puntos, estuvo el informe de trabajo de los regidores del PRD ante la administración petista, en que la regidora de Salud, Eustolia Quiroz, y el regidor de Seguridad Pública, Mario Villano, informaron que presentaron su plan de trabajo para el municipio, pero el presidente y su equipo no los toma en cuenta tomando decisiones verticales en el Cabildo.
Mencionó que en la asamblea estuvieron más de 200 asistentes, entre comisarios y delegados municipales, ex presidentes, ex regidores, militantes y autoridades agrarias.
Dijo que en la asamblea invitaron a los regidores a que platiquen con el presidente, por el bien de todos los habitantes, porque gobierna para todos.
Agregó que ahora el PRD en el municipio estará a la expectativa del trabajo del Ayuntamiento y respetará la forma de gobernar del Partido del Trabajo, pero “el PRD tiene que regresar a sus orígenes, apoyar a los campesinos, a los productores de café, comuneros y a la lucha magisterial”.
Dijo que invitaron a los ciudadanos a que evalúen a sus autoridades, para que gobiernen mejor, sobre todo ahora que son oposición en el municipio que gobernaron por años.
Llevan un año sin energía en San Miguel El Progreso, Malinaltepec, denuncian vecinos
Familias de la comunidad de San Miguel El Progreso, del municipio de Malinaltepec, se quejaron por la falta de energía eléctrica en sus hogares desde el año pasado y que fueron amenazados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al exigirle el servicio.
La denuncia fue por medio de la asociación civil Xuajen Me’phaa y Radio Comunitaria Naxme, informaron que 10 familias y la escuela primaria Sor Juana Inés de la Cruz de dicha comunidad no tienen energía.
Informaron que el servicio eléctrico fue afectado por las tormentas eléctricas causadas por las lluvias del mes de julio del año pasado y no se han atendido los hogares de los vecinos Taurino Cantú Hilario, Mario Solano Villegas, Pedro Francisco Huerta, Faustino Francisco Villegas, Luisa Solano Villegas, Carlos Clemente, Silviana Morales Vicario, Juan Cantú Flores, Rolando Mariano Santos, quienes han sido afectados por la falta de servicio.
Mencionaron que los pobladores indígenas me´phaa han reportado el problema a la CFE, en Tlapa de Comonfort, y no les han hecho caso.
Los argumentos que la empresa les dio es que no tiene el transformador para remplazar al que está dañado y que no cuenta con dinero para reemplazarlo, en otra ocasión los encargados les comunicaron que no los atenderían porque le habían “metido mano” al poste que tenía el transformador y los “castigarían al menos unos tres años y (que) se aguantaran”.
Los vecinos argumentaron que el acceso a la energía eléctrica es un derecho y el servicio es un bien de todos los mexicanos y que la empresa CFE debe de prestar sin condiciones, sobre todo si pagan el servicio.
Los indígenas exigieron que se reanude el servicio ya que les resulta preocupante y un abuso porque no han tenido ni usado la energía pero sí les llegaron los recibos para que se pague el servicio.
Agregaron que suspendieron los pagos porque no se les ha atendido como corresponde y advirtieron que si les dan una mala respuesta por parte de la dependencia la comunidad tomará otras medidas.
Piden ayuda vecinos de Alacatlatzala, Malinaltepec para reconstruir 220 casas afectadas por las lluvias en marzo
Vecinos de la comunidad de Alacatlatzala, municipio de Malinaltepec, pidieron al gobierno del estado apoyo para la reconstrucción de 220 viviendas que resultaron afectadas por el viento y la lluvia de los días 8, 9 y 10 de marzo pasado.
La mañana de ayer, cuatro indígenas na savi acudieron a la Secretaría General de Gobierno y a la Secretaría Particular del gobernador para dejar un oficio en el que piden apoyo para las 220 familias afectadas.
El 30 de marzo el gobernador Héctor Astudillo Flores visitó la comunidad de Alacatlatzala y prometió que apoyaría a las comunidades afectadas por las lluvias.
La lluvia del 8 de marzo afectó a cuatro municipios de la Montaña, donde varias viviendas resultaron afectadas, sobre todo las construidas de forma provisional desde la tormenta Manuel de septiembre de 2013. Además cayeron árboles y los caminos están destrozados.
Los daños causados también por los fuertes vientos mantuvieron incomunicadas a varias comunidades, por lo que la primera semana fue difícil determinar con exactitud los daños.
A pesar de que esas lluvias ocurrieron hace tres meses, la comunidad de Alacatlatzala no ha sido atendida en la rehabilitación de las viviendas.
El ex comisario de los Bienes Comunales, Roberto Galindo González explicó que tras la visita del gobernador sólo se repartieron ocho láminas de cartón para cada familia para rehabilitar sus techos.
“Entonces qué podemos hacer con sólo ocho láminas, no nos sirve de nada, ahorita ya comenzaron las lluvias”, mencionó.
Consultado en la salida de la Secretaría General de Gobierno, señaló que también acudieron a la Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas, pero que ahí sólo les dijeron que no había dinero.
Roberto Galindo urgió a las autoridades estatales a cumplir su promesa, pues esas familias de la Montaña están en riesgo ante el clima y porque la temperatura baja durante las lluvias.
Los pobladores tuvieron que viajar siete horas para llegar a la capital, además tuvieron que cooperarse de a mil pesos entre varios habitantes de la comunidad para pagar el transporte y la comida.
Agregó que también es necesaria la rehabilitación de la Casa del Maestro, donde habitaban tres maestros y un director, pero debido al mal estado tuvieron que salirse.
En otro tema, añadió que para la promoción de la cultura y tradiciones de la comunidad, es necesario remplazar los instrumentos de la banda de viento en la que participan jóvenes indígenas. Lamentó que el gobierno no tenga la sensibilidad para apoyar el desarrollo de los pueblos indígenas y fomentar la cultura, pues la única respuesta que han recibido a esa petición es que “no hay dinero”.
Cortan la energía eléctrica a más de 20 pueblos de Tlacoapa y Malinaltepec, en la Montaña, se quejan
Más de 20 comunidades de los municipios de Tlacoapa y Malinaltepec amanecieron sin energía eléctrica, en esta región de la Montaña.
La usuaria Bernardina Roque Cantú se quejó de que continuamente hay cortes de energía eléctrica en estas comunidades, que se acentúa en temporada de lluvias y pueden durar semanas, y que cuando se restablece el servicio se producen fuertes descargas que queman sus aparatos electrodomésticos.
Dijo que ademá, aunque no reciben el servicio los recibos sí llegan puntualmente, y llamó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a que atienda a estos pueblos.
Entre las comunidades que no tienen electricidad están Auejuyo, El Mago, El Carrizal, Totomixtlauaca y Tenamazapa, de Tlacoapa; y de Malinaltepec, San Miguel el Progreso y sus seis colonias, Tres Marías, Xochiatenco, Paraje Montero, Tapayoltepec, La Soledad, Ojo de Agua y San Miguelito, donde está la subestación del CFE.