Trabajadores de la unidad médica urbana del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)-Prospera de Tlapa, concluyeron su paro laboral el jueves 27 de abril, tras acordar con sus superiores los pagos de sus salarios y viáticos.
Este viernes se reincorporaron a sus labores y, de manera escueta se supo que en 15 días les pagarán los honorarios y viáticos pendientes, así como la reparación de las camionetas y camiones que usan para atender a pacientes en las comunidades.
Los 10 trabajadores que se negaron a identificarse por miedo a represalias, sólo dijeron que su paro, iniciado el lunes 24 de abril, era porque no les habían pagado salarios ni viáticos desde octubre de 2016.
La unidad médica se encuentra dentro de las instalaciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos indígenas (Cdi).
Recientemente, la Secretaria de Salud del estado informó que IMSS-Prospera atenderá con sus unidades móviles a 11 municipios, ante los recortes al presupuesto en 2017, entre los que están Malinaltepec, Atlixtac, Olinalá, Zapotitlán, Acatepec, Metlatónoc, Alcozauca e Iliatenco.
Derechohabientes na savi, me’phaa y nahuas se inconformaron y exigieron atención e información luego de que suspendieron el programa de caravanas de la Salud sin avisarles. (Antonia Ramírez / Tlapa).
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Exigen atención médica indígenas de la Montaña ante la suspensión de las caravanas de salud
Pobladores na savi, nahuas y me’phaa de los municipios de Atlixtac, Malinaltepec, Olinalá, Acatepec, Zapotitlán Tablas y Alcozauca exigieron atención médica y medicamentos porque tienen meses sin el servicio.
Autoridades de varias comunidades exigieron al jefe de la Jurisdicción Sanitaria 04, región Montaña, de la Secretaría de Salud (Ssa), José Luis Morales Alvarado, que reponga los servicios de las caravanas que suspendieron sin avisar.
El comisario de la comunidad me’phaa de Unión de las Peras, municipio de Malinaltepec, Misael Bruno Arriaga informó que la Ssa suspendió seis caravanas que atendían a vecinos de 49 comunidades de seis municipios, “por falta de presupuesto”, se quejó.
Los indígenas llegaron alrededor de las 2 de la tarde a la Jurisdicción para plantear sus reclamos; ahí fueron atendidos por Morales Alvarado, quien les prometió que tendrán atención médica a partir de mayo en caravanas del IMSS-Prospera, con el que el gobierno del estado firmó un convenio luego de desaparecer las seis rutas de caravanas de la Secretaría de Salud estatal.
Los asistentes pidieron que los acuerdos se pusieran por escrito para formalizarlos, porque “las palabras se pierden”, y donde les informaran de la desaparición de las caravanas en sus comunidades.
El comisario de la comunidad de Xochimilco, municipio de Olinalá, Nemorio Pascual dijo que acudió porque les quitaron la caravana sin informarles y porque hay varios vecinos enfermos.
En la reunión hubo autoridades de las comunidades de Almolonga, municipio de Alcozauca; Xochimilco, municipio de Olinalá; y El Tepeyac, La Lucerna y La Soledad, del municipio de Malinaltepec.
Todos coincidieron en que el gobierno quita los recursos a las zonas más pobres y manda gente que iba a prestar sus servicios sin paga, “y por eso hacen mal su trabajo”.
También se quejaron de la falta de medicamentos en las casas de salud, o de que los mandan caducados, y reclamaron la falta de información oportuna sobre el retiro de las caravanas, “porque así más o menos sabemos los días de atención, y ahora nos dicen que tenemos que bajar a los centros de salud donde ni nos atienden y quedan lejos”.
Mostraron su desacuerdo con el servicio de IMSS-Prospera, “con caravanas luego nos atendían mal o faltaba medicamento, y ahora con éste no traen nada, ni equipo ni medicamento, estaremos peor y cuando quieran nos lo quitan”,
Dijeron que discutirían la información en sus comunidades para exigir el derecho a la salud, “no vendremos a pedir, vendremos a exigir que se cumpla”, advirtieron.
Aceptaron confiar en la palabra del jefe jurisdiccional, a quien le pidieron que reinstale las caravanas de salud, porque no confiaban en las del IMSS-Prospera, que empezarán desde cero y “no traen medicamento”, insistieron.
Respaldan organizaciones la demanda de amparo de San Miguel del Progreso contra las minas
Autoridades agrarias de San Miguel del Progreso, municipio de Malinaltepec, el Consejo de Autoridades Agrarias y representantes de organismos civiles de derechos humanos pidieron a la jueza primera de Distrito de Chilpancingo, Estela Platero Salado, que resuelva el amparo que solicitó el núcleo agrario de San Miguel del Progreso en contra de la declaratoria de libertad de terreno emitido por la Secretaría de Economía del gobierno federal en 2016.
Con esa declaratoria de libertad de terreno se abre la posibilidad de que el gobierno federal decida sobre casi el 80 por ciento del territorio de ese núcleo agrario, que entren a trabajar las mineras que tienen concesiones vigentes.
En conferencia de prensa, las autoridades agrarias y representantes de organismos civiles denunciaron que esa declaratoria del gobierno federal pone en riesgo el territorio indígena del núcleo agrario de San Miguel del Progreso, y de al menos 24 núcleos agrarios de la región de la Montaña y de la Costa Chica, en donde hay 22 concesiones vigentes para la explotación de minas.
Asistieron a la conferencia, el presidente del comisariado de Bienes Comunales de San Miguel del Progreso, Valerio Mauro Amado; el secretario, Mariano Morales; el presidente del Consejo de Autoridades Agrarias, Miguel Santiago; la antropóloga Teresa Sierra; la abogada Maribel González; el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera, y el secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Manuel Olivares.
La abogada Maribel González, recordó que desde 2013 San Miguel del Progreso ganó un amparo con el que se cancelaron dos concesiones que pretendían explotar las minas Reducción Norte de Corazón de Tinieblas y Corazón de Tinieblas, en su territorio, pero que la Secretaría de Economía emitió en 2016 la declaratoria de libertad de terreno en esa misma área.
Las autoridades del núcleo agrario solicitaron un amparo contra esa declaratoria, y ahora exigen que la jueza primera de Distrito que lleva el caso, Estela Platero Salado, resuelva conforme a los estándares internacionales el amparo 429 que fue solicitado en 2016.
Informó que la solicitud es respaldada por representantes de 24 núcleos agrarios que pertenecen al Consejo de Autoridades Agrarias de las regiones Montaña y Costa Chica, que también se oponen a la exploración y explotación de las minas en su territorio.
La abogada dijo que esa declaratoria de libertad de terreno significa una nueva amenaza para las comunidades indígenas pues abre las puertas para que empresas mineras extranjeras entren a explorar y después a explotar las minas de la región.
Informó que el 31 de marzo pasado se realizó la audiencia constitucional, y demandaron que la jueza recurra a los estándares internacionales, que ya son ley en México, para emitir su resolución.
El comisariado de los Bienes Comunales, Valerio Mauro Amado advirtió a su vez que, “por ningún motivo queremos que las mineras entren a nuestro territorio, porque allí nace el agua, allí están nuestros lugares sagrados y de nuestras tierras nos mantenemos”; añadió que, por ese motivo desde 2011 levantaron actas de asambleas en las que rechazan las mineras, y que fueron entregadas al Registro Agrario Nacional (RAN).
El representante agrario pidió a la jueza que respete el derecho al territorio que tienen los pueblos indígenas me’phaa.
El presidente del Consejo de Autoridades Agrarias, agrupación que se constituyó hace cinco años y que agrupa a 24 núcleos agrarios de la Montaña y Costa Chica, Miguel Santiago informó que cada dos meses han organizado foros para defender su territorio de las concesiones que ha autorizado la Secretaría de Economía, “porque no nos benefician, ya tenemos como ejemplo Carrizalillo (municipio de Eduardo Neri), en donde la minera sólo ha traído problemas de violencia, por eso nosotros no vamos a permitir que entren esas mineras extranjeras”, advirtió.
Informó que de 12 núcleos agrarios con los que se constituyó ese Consejo, ahora se han incorporado 24, y que cada vez se suman más.
Por su parte, la antropóloga Teresas Sierra informó que elaboró un peritaje antropológico que entregó a la jueza primera de Distrito para que sustente la elaboración del amparo, tomando en cuenta que son comunidades indígenas las que están defendiendo su territorio.
Explicó que pide tomar en cuenta el vínculo sagrado que tienen las comunidades indígenas con su territorio, lo que les da legitimidad a los pueblos indígenas para defenderlo.
La antropóloga sustentó que el pueblo me’phaa, al que pertenece San Miguel del Progreso, tiene raíces arraigadas con sus dioses que consideran están allí, en su territorio, y que éstos son fundamentales para la vida misma del pueblo.
“La relación con su territorio tiene que ver con estos señores (dioses) de los cerros y del agua y si no manifiestan este respeto hacia ellos lo relacionan con desastres naturales, por eso la defensa de su territorio no es solamente un asunto de tierras, sino que está relacionado con los rituales que realizan para visualizar su vida cotidiana”, explicó Teresa Sierra.
La antropóloga expresó que los indígenas piden permiso a estos dioses para el ejercicio de su gobierno, como una forma de respeto hacia ellos.
Añadió que es esta vinculación sagrada con su territorio la que están viendo amenazada con la posibilidad de que entren las mineras extranjeras a explotar los yacimientos minerales de su región.
Frente a la declaratoria de libertad del terreno que emitió el gobierno federal, la antropóloga advirtió que se pretende una afectación “grave y absoluta”, porque además, se ha hecho sin consultar a los pueblos indígenas como lo establecen los estándares internacionales que México está obligado a cumplir.
El secretario técnico de la Red Guerrerense, Manuel Olivares manifestó el apoyo de los organismos civiles al núcleo agrario de San Miguel del Progreso y a los otros 23 que integran el Consejo de Autoridades.
Denunció que con esa declaratoria se evidencia que el gobierno federal está al servicio de las empresas extractivas, y que no le interesa el daño que van a ocasionar a la región.
Al respecto, Abel Barrera, denunció que en Guerrero la tendencia es avanzar más allá de lo que la ley le permite al gobierno para tomar territorios, y que un ejemplo es el del núcleo agrario de Cacahuatepec, en Acapulco, donde se insiste en instalar la presa La Parota.
Dijo que, afortunadamente los pueblos indígenas siguen resistiendo mediante la ley y la organización, mientras que el gobierno pretende reconocer “sólo su parcela y su milpa” como el territorio de los pueblos indígenas.
Barrera Hernández añadió que en Guerrero está demostrado que las mineras solamente traen devastación, y puso como ejemplo las de Carrizalillo, en Eduardo Neri, y la de Campo Morado, en Arcelia, y dijo que la jueza Platero Salado debe proteger el derecho al territorio que tienen los pueblos indígenas.
Responde la Cdi con un “ya veremos” a indígenas de la Montaña que exigen foros sobre la Ley 701
Integrantes del Movimiento Indígena por el Derecho a la Consulta informaron que, tras la toma de las instalaciones del centro coordinador de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi), sólo les dijeron “que les aprobarán proyectos cuando abra ventanilla”, y de los foros de consulta sobre la ley 701 sólo un “ya veremos”.
Los integrantes del Movimiento pertenecen a los municipios de Metlatónoc, Cochoapa el Grande, Alcozauca, Atlamajalcingo del Monte, Malinaltepec, Copanatoyac y Zapotitlán Tablas.
El integrante Sergio Anacleto Aguilar dijo que el lunes, mientras estaban en el centro coordinador de la Cdi con el director Francisco Patrón Patrón para que atendiera su pliego petitorio, les dijeron que podrían reunirse con el delegado estatal, Lenin Carbajal Cabrera el miércoles en Chilpancingo, a lo que respondieron que se quedarían ahí a esperar.
Luego de horas de espera, les dijeron que los podrían recibir a las 7 de la noche, por lo que los manifestantes dialogaron y aceptaron enviar una comisión a Chilpancingo, a entrevistarse con Carbajal Cabrera para recordarle cuáles son sus peticiones, y el resto se quedó en espera de los acuerdos.
Anacleto Aguilar dijo que en la mesa de trabajo, Carbajal Cabrera les informó que la obra de construcción del sistema de alcantarillado sanitario en la comunidad de San Rafael había sido aprobada, y en breve se iniciaría.
Sobre los proyectos que presentaron para la Montaña, les dijo que ya todos habían sido dictaminados y nada se podía hacer, por lo que quedaron fuera; entre estos proyectos está el que presentó el na savi Artemio Solano Díaz sobre la defensa jurídica legal para la comunidad de San Rafael, municipio de Cochoapa el Grande.
Les planteó que mejor se le diera continuidad en su segunda etapa a los proyectos productivos del año pasado, como el del planchado de sombrero en la comunidad de Cuatzoquitengo, municipio de Malinaltepec.
Dijo que aceptaron los planteamientos, pero eso no resuelve la inequidad en la distribución de los recursos que generalmente se quedan en la región Centro o con organizaciones afines al gobierno, por lo que exigieron igualdad.
Sobre la petición que hicieron mediante un oficio fechado el 24 de noviembre, de un programa especial en materia indígena para que facilitara foros de consulta en los municipios para la Ley 701, les respondió que se verá cómo trabajar con las comunidades, pero no abundó más, lo que lamentaron ante la cercanía de la pérdida de la vigencia de la legislación.
De la consulta a las comunidades sobre su vida interna y sobre las instituciones que tienen que ver con los pueblos indígenas, “le mencionamos que no estábamos de acuerdo en cómo llegó (él) a la delegación, porque no se tomó en cuenta a los indígenas de la Montaña, por lo que no lo considerábamos legítimo, pero no respondió”.
Le pidieron que tome en cuenta el antecedente de la exigencia de los indígenas de que en Guerrero, según un acuerdo previo derivado de la Convención Indígena, los delegados deberán ser respaldados por los pueblos, ser indígenas, tener trabajo social y administrativo para acceder a los cargos en la Cdi y la Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas (SAICA), especialmente de la primera, y advirtieron que seguirán impulsando que se les reconozca este derecho.
Dijo que sus demandas fueron atendidas en un porcentaje mínimo, y asentadas en una minuta de papel que esperan se cumpla cuando lleguen los tiempos, o de lo contrario volverán a manifestarse.
Se movilizarán en La Montaña para defender la iniciativa de ley integral de los pueblos indígenas
En una reunión en la comunidad de Tapayoltepec del municipio de Malinaltepec, el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña y el Frente de Comunidades por la Defensa de los Derechos Colectivos acordaron movilizarse la primera semana de marzo para defender la iniciativa popular de la ley integral sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos entregada en el Congreso como una alternativa ante la posibilidad de que la Ley 701 de reconocimiento, derechos y cultura indígena sea derogada.
La iniciativa tiene agregados y modificaciones a los artículos de la Ley 701 que tiene que ser ratificada y modificada antes de la primera quincena de marzo ante la adecuación de la Constitución de Guerrero.
Los ajustes son sobre los derechos de los pueblos indígenas a educación, vivienda, salud y alimentación, derechos que han sido ignorados por los gobernantes de los tres niveles de gobierno, se quejaron miembros del comité promotor.
Los miembros del comité entregarán citatorios en las comunidades para la movilización cuya fecha se informará en una conferencia de prensa, ya que falta menos de un mes para que venza el plazo que los propios diputados se plantearon para autorizar las leyes secundarias al nuevo texto constitucional.
En la reunión se dio a conocer que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero (IEPC) hará visitas de verificación y ratificación de firmas de las personas que suscribieron la iniciativa y los miembros recomendaron a los participantes estar pendientes en sus comunidades de las visitas que se programen.
El integrante de la comisión promotora de la iniciativa, Abel Bruno Arriaga dijo que la iniciativa que presentaron dichas organizaciones se ampara con más de 6 mil firmas de ciudadanos.
Agregó que son las primeras organizaciones que presentaron una propuesta emanada de las necesidades de las comunidades y como resultado de asambleas regionales, foros y reuniones comunitarias para definir el contenido de la Ley 701 con propuestas de nuevos derechos colectivos e individuales.
Detalló que en una plática por Whatsapp con la directora técnica de área del IEPC, Betsabé López López, le comentó que en esta semana se verificará en las comunidades y contarán con apoyo de la Universidad Intercultural para los peritos traductores en un revisión de muestras y que el Instituto Nacional Electoral (INE) ya está verificando que los firmantes estén en la lista nominal y padrón acorde al porcentaje que se requiere.
A la reunión realizada en la cancha deportiva de la escuela primaria de dicha comunidad que fue convocada por los integrantes del comité promotor llegaron 87 representantes de comunidades de los municipios de Malinaltepec, Iliatenco, Atlamajalcingo del Monte y Copanatoyac, y hubo más de 200 asistentes de los cuatros municipios, en su mayoría de Malinaltepec.
El objetivo fue informar a los asistentes que la propuesta fue presentada al Congreso del Estado y se dio a conocer que el que se entregó es un documento enriquecido con propuestas que tienen como pueblos indígenas de La Montaña de Guerrero como son los naa savi, me’phaa y nahuas.
Sobre los granos básicos
En la reunión se informó el resultado de la negociación en Chilpancingo con el gobernador, Héctor Astudillo Flores, sobre la entrega de granos básicos faltantes a los damnificados por la tormenta Manuel en el 2013, se dijo que existe una negativa del gobierno estatal de dar respuesta a las demandas que exigieron en el bloqueo carretero el pasado 7 de febrero.
En 15 días se resolvería la entrega de las tres remesas faltantes de arroz, maíz, frijol, arroz y sal, así como las viviendas faltantes que la Sedatu no quiere concluir y se dio a conocer que las constructoras defraudaron al gobierno en la construcción de las casas ya que hay muchas sin terminar.
No apoyan ayuntamientos de la Montaña a apicultores indígenas, denuncian
El consejo regional de Apicultores de la Montaña Alta se reunió en la comunidad de Ojo de Agua, municipio de Malinaltepec, para hablar de sus necesidades y requerimientos sobre el envasado y comercialización de la miel, y se quejaron de la falta de apoyo de los ayuntamientos de la Montaña a su proyecto productivo.
Los productores del dulce resaltaron que un problema que tiene la apicultura en la región es la alimentación de las abejas, porque hay carencia de flores a causa de los frecuentes incendios forestales, por lo que pidieron la intervención de las autoridades agrarias, comunales y ejidales, y de las instituciones de gobierno, como la Comisión Nacional Forestal (Conafor), para enfrentarlos.
Los 120 apicultores en la región conforman 14 organizaciones constituidas legalmente, en los municipios de Iliatenco, Malinaltepec, Tlacoapa y San Luis Acatlán, y en su encuentro destacaron la importancia de gestionar un seguro para apicultores.
El presidente del Consejo Regional de Apicultores, el campesino me’phaa Quirino Ramírez Poblano invitó a los apicultores a evitar caer en la desesperanza ante la falta de apoyos o porque algo va mal, ya que “ahora hay un poco más de acompañamiento que cuando yo inicie”, dijo.
Dijo que no ha contado con ningún apoyo de la autoridad municipal desde que inició el proyecto de apicultura en la región, y pidió tolerancia a sus compañeros en los proyectos que se tengan que hacer, para buscar recursos que se inviertan en las necesidades de la apicultura, y recordó que hace días les entregaron más de 300 colmenas a productores de miel orgánica de las comunidades de Tapayoltepec, Colombia de Guadalupe y Tierra Colorada .
Contó que ahora, como Consejo Regional se están organizando para acceder a los recursos institucionales que aún no tienen, y por eso se hallaron ahí para platicar con el presidente municipal de Malinaltepec, Sebastián Ramírez Hernández, y funcionarios de la Sagarpa.
Por su parte, Ramírez Hernández dijo que la reunión fue para escuchar y delinear los trabajos para 2017 con las demandas de los apicultores y las propuestas de la Sagarpa.
Agregó que su administración apoyará a los apicultores para que lleguen los recursos para que se pueda hablar de una industria de apicultores indígena, donde se envase la miel con etiqueta y se comercialice en el mercado internacional; en las medicinas para las farmacéuticas y no se descuide el mercado interno en las comunidades.
Adelantó que pedirá a sus homólogos de Iliatenco, Tlacoapa y San Luis Acatlán, donde están los apicultores, que avalen el proyecto de gestión para el diagnóstico, para generar empleos y frenar la migración a otros estados y a Estados Unidos, que cada día aumenta en la zona ante la falta de trabajo.
De la Sagarpa estuvieron el responsable de la dependencia en Malinaltepec, Eugenio Torres Flores, y el jefe de distrito en la región, Rogelio Garnelo Cortés, quienes coincidieron en que es necesario impulsar un programa estratégico y funcional, porque “se dan los proyectos y no aplican los recursos, y por eso ahora hay candados para acceder a los incentivos”.
Indicaron que se requieren varios documentos, como un padrón único de beneficiados, clave única o la Unidad de Producción Pecuaria (UPP), para que se ponga chapeta a las colmenas, deben contar con figura jurídica, luego presentar el proyecto, un programa de trabajo anual del consejo, presentar fotografías, huellas y voz, y que ya está abierta la ventanilla.
Luego, trabajaron en mesas en las que abordaron el manejo, alimentación, reproducción y sanidad de las abejas.
Estuvieron en la reunión, también, la presidenta del DIF, María Teresa Tapia; la síndica procuradora, Lidia Martínez Martínez; el regidor de Desarrollo Rural, Damián Gálvez Bello y el director de Desarrollo Rural, Rodrigo Franco Blanco.
Sí se construyen obras en Malinaltepec, responde Florencio Salazar al alcalde
El secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame, dijo que el alcalde petista de Malinaltepec, Sebastián Ramírez Hernández, antes de declararse en resistencia civil pacífica “debió haberse comunicado con nosotros”.
Este martes Ramírez Hernández dio a conocer que su municipio se declaraba en resistencia civil contra el gobierno del estado y el federal, porque no le han el mismo trato que a sus pares priistas.
En declaraciones breves tras concluir un encuentro privado con el visitador especial de la ONU, Michel Forst, Salazar Adame señaló que se está atendiendo al municipio de la región de La Montaña, como al resto del estado.
“Nosotros podemos darle hoy mismo la información por parte de la secretaría de Planeación, que leva el registro puntual de la inversión que se está haciendo en cada municipio”, agregó.
Señaló que ignoraba el monto que correspondía a Malinaltepec, pero aseguró que se están ejecutando obras para dicho municipio.
Agregó que a través de la subsecretaría de Asuntos Políticos de la Secretaría General de Gobierno se contactó al alcalde petista para saber “cuál es el fondo de sus exigencias”.
“Y poder rápidamente tener un mecanismo de trabajo, para que si en efecto hubiera obras comprometidas sin ejecutar o recursos se suban a la brevedad posible”, aseguró.
En la consulta se le preguntó sobre la demanda de integrantes del PRD, quienes solicitan que el gobernador Héctor Astudillo Flores diga no al gasolinazo, y Salazar Adame contestó que el domingo se presentarán las medidas de austeridad que implementará el gobierno del estado para afrontar el problema de la alza de las gasolinas.
Ante el anuncio del presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Robespierre Robles Hurtado, sobre el cierre de 30 juzgados de paz en el estado como parte de las medidas de austeridad del Poder Judicial, el funcionario estatal señaló que no afectará la impartición de justicia en el estado.
“Entiendo que es una medida de racionalidad de gasto que hará el tribunal, y según nos comentó el presidente del tribunal, que hay juzgados de paz que llevan un caso al año o dos casos y entonces el costo es altísimo, por el costo del inmueble, de los salarios y de lo que se trata es de reubicar al personal para agilizar otras áreas”, agregó.
En el quinto día que lleva la Secretaría de la Mujer del estado sin titular ni encargado de despacho, se le preguntó al secretario si ya estaba decidido quién ocupará el puesto en los próximos días, a lo que respondió que le corresponde al gobernador decidir quién estará al frente.
Libera la CRAC a cuatro hombres que tenía retenidos en Malinaltepec
El gobierno estatal informó la liberación de cuatro hombres retenidos por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en la comunidad de Paraje Montero, del municipio de Malinaltepec, en la región de la Montaña.
En un comunicado la Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas (Saica), encabezada por Gilberto Solano Arreaga, dio a conocer el hecho, sin embargo no se precisó cuando ocurrió la retención, las razones por las que la Policía Comunitaria retuvo a esas personas, ni los acuerdos que se lograron para su liberación.
Se informó que los retenidos se llaman Sebastián, Gabriel, Óscar y Raciel, no se aclaró de dónde son originarios.
“Gracias al diálogo franco y abierto que sostuvo Gilberto Solano con autoridades de la comunidad y la CRAC, Sebastián, Gabriel, Óscar y Raciel podrán reunirse con sus familias para celebrar estas fechas tan especiales”, se lee en el boletín.
El funcionario llamó a que resuelvan sus conflictos por la vía del diálogo pues “crear mayores problemas” desgasta “el tejido social de los pueblos originarios”.
La dependencia informó que la negociación se inició por instrucciones del gobernador, Héctor Astudillo Flores, y que participaron representantes de Paraje Montero y de la Policía Comunitaria de la CRAC.
De septiembre a noviembre el Consejo de Jornaleros registró 3 mil 613 migrantes; mil 665 son mujeres
En la temporada de alta de migración, de septiembre a noviembre salieron 3 mil 613 jornaleros agrícolas de la Montaña, a trabajar a los campos agrícolas de estados del norte del país en la cosecha de verduras como jitomate, chile y pepino, informó el Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña.
De los migrantes mil 665 son mujeres y mil 948 son hombres, según los registros con los que el organismo contaba ayer.
El integrante del Consejo de Jornaleros, Flores Sánchez Crescencio informó que los municipios con mayor expulsión son Tlapa, Metlatónoc, Cochoapa el Grande, Copanatoyac, Atlixtac, Atlamajalcingo del Monte, Iliatenco, Acatepec, Alpoyeca, y Malinaltepec.
Pero también se registraron en la Casa del Jornalero vecinos de San Luis Acatlán, José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), Chilapa, Ayutla, Acapulco, Chilpancingo y Tixtla.
Informó que los estados a donde irán a trabajar a los cortes de verduras y hortalizas son Sinaloa, Michoacán, Chihuahua, Baja California Norte y Sur, Nayarit, Jalisco, Aguascalientes y Morelos.
Detalló que este año bajó el número de registros pero que eso no quiere decir que la gente no se vaya del estado a trabajar, sino que está saliendo por cuenta propia y no pasaron a la Casa del Jornalero, porque hubo días que no contaban con nada de despensas para entregarles a las familias.
Hasta el momento continúan saliendo en su mayoría se van todos los integrantes de sus familias, se observó que muchas se llevan costales de maíz, calabazas y sus utensilios de cocina, mismos que les servirá para preparar sus alimentos porque las despensas que les entregan se las terminan durante el camino.
También se observó que estaba una manta colgada que se leía “Las jornaleras y jornaleros de la montaña exigimos al gobierno del estado un trato digno y respetuoso de nuestros derechos”.
Son de ADG los que se unieron a la UIG en Malinaltepec, dice Grupo Guerrero
El diputado perredista de Grupo Guerrero (GG), Ernesto González Pérez, negó que los militantes de su partido que se sumaron a la Unidad de Izquierda Guerrerense (UIG) sean de GG y afirmó que pertenecían a Alternativa Democrática Guerrerense (ADG).
En declaraciones ayer en el Congreso local, el diputado informó que Efrén López, de Malinaltepec, que el miércoles anunció su salida de Grupo Guerrero y su integración a UIG, ya no pertenecía a su corriente.
González Pérez explicó que cuando GG se dividió “expulsó” a algunos de sus integrantes, encabezados por el dirigente estatal del partido, Celestino Cesáreo Guzmán, y el diputado Carlos Reyes Torres, quienes conformaron el grupo ADG y a ese nuevo grupo pertenecían los perredistas que ahora forman parte de la UIG.
Por eso insistió en que tras la incorporación de militantes perredistas de Malinaltepec a la UIG, el GG que dirige el diputado federal David Jiménez Rumbo “no tiene bajas, no tiene fugas de personajes, ellos son de ADG”.
Afirmó que GG se ha reunido con sus militantes en la región de la Montaña y todos están trabajando en el proceso de afiliación a favor de su corriente, “todos los que se quedaron en la corriente aquí siguen”.
En caso de que alguna corriente haya perdido militantes, dijo que fue ADG.