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En el tercer aniversario de la radio Naxme acuerdan defender los medios comunitarios

En el tercer aniversario de la radio comunitaria Naxme, Pueblos Tejiendo Cultura con la Palabra, en la comunidad me’phaa de San Miguel el Progreso del municipio de Malinaltepec, se acordó la defensa de los medios de comunicación comunitarios como patrimonio de los pueblos, ante las reformas en materia de comunicación para acallar la libertad de expresión y criminalización de sus impulsores.
Además, los asistentes de siete municipios se solidarizaron con las causas sociales como la exigencia de la presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, a tres años de su desaparición forzada y de los miles de desaparecidos por la delincuencia; pidieron justicia y castigo para los autores materiales e intelectuales del asesinato del activista Antonio Vivar Díaz el 7 de junio de 2015 en Tlapa, y la libertad de los presos políticos y policías comunitarios, como Arturo Campos quien fue liberado este jueves.
Exigieron el respeto a su territorio y a su decisión de no permitir la entrada de las empresas mineras en La Montaña y lo que el pueblo de San Miguel el Progreso ha manifestado públicamente y en los tribunales haciendo valer su derecho a la libre determinación.
Reiteraron su rechazo a la implementación de la Reserva de la Biósfera que serviría como medio de prohibición para que lo pobladores hagan uso y manejo de sus recursos naturales, como el agua, el bosque, las plantas, los animales.
Lamentaron la modificación a la Ley Federal de Telecomunicaciones en su artículo 304 y la adición  del capítulo 72 al Código Penal  que sanciona de dos a seis años de prisión a los operarios de radios comunitarias que utilicen el espectro sin permiso o concesión, además del decomiso de los instrumentos productos del delito.
Pero los indígenas de San Miguel el Progreso le recordaron al Estado que no necesitan de su permiso para transmitir porque cuentan con el respaldo y legitimidad de los pueblos, además de que hay leyes locales, nacionales e internacionales que los protegen y que establecen que los pueblos indígenas tienen derecho a crear sus propios medios de información en su propios idiomas y acceder a otros sin discriminación.
Exigieron que las leyes sobre medios de comunicación sean incluyentes y no sólo para los ricos y el gobierno, quienes los usan para manipular y controlar a la sociedad y que mejor adopten las recomendaciones que garanticen a los pueblos el acceso a los medios asegurando la libertad de expresión y la diversidad cultural.
Rechazaron la Ley de Seguridad Interior porque no permitirá que se castigue a los militares  responsables de violaciones a los derechos humanos como ocurrió en el caso Tlatlaya, El Charco, los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, el del indígena nahua asesinado mientras viajaba en un autobús en el poblado de Huamuxtitlán o las violaciones a las indígenas me´phaa Valentina Rosendo e Inés Fernández.
Pero la nueva ley sí les da autonomía para reprimir con libertad a los movimientos sociales que consideren que atentan contra la seguridad nacional.
Recordaron que como radio comunitaria seguirán trabajando con el acompañamiento espiritual y moral de los principales y ancianos de sus comunidades que los han acogido en los tres años que llevan documentando las necesidades, las demandas e historias de vida.
El pronunciamiento fue leído en la reunión el sábado 16, en español, tu´un savi, me´phaa y náhuatl por los asistentes y que los radioescuchas pudieron oír en sus hogares a través de la frecuencia 89.5 de Frecuencia Modulada.
La actividad se realizó en las instalaciones de la escuela primaria Sor Juna Inés de la Cruz e inició con un ritual de limpia por los principales Fluviano Amado e Hipólito Alvino que trajeron velas, flores e incienso de copal para bendecir a los integrantes de la radio y a los aparatos electrónicos que se usan en la transmisión, para que tengan larga vida.
Las palabras de bienvenida fueron por el comisario, Luis Gálvez Ortega, y el presidente del Comisariado de los Bienes Comunales, Valerio Amado.
Estuvieron el presidente de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Melitón Ortega, quien es de la localidad de Montealegre de este municipio; de la radio Tachi Ñuu Itia Ta’nu de Metlatónoc, estudiantes, defensores del Centro de Derechos de Humanos de la Montaña Tlachinollan, y el grupo de alcohólicos Anónimos.
Se hicieron talleres de preparación de desodorantes naturales y globos de cantoya por Iris Domínguez Pascual y Marisela Román Ruiz, del colectivo Abre Tu Mente.
Músicos locales como Estrellita Musical quien cantó en náhuatl; las bandas de viento Santa Cecilia y las banda y orquesta Niño Dios;  la Adictiva de Guadalupe;  sonido Kukulkán antisistema.
Llegaron de municipios de Metlatónoc, Iliatenco, Tlapa, Chilpancingo, Tlacoapa, San Luis Acatlán  y de comunidades de Malinaltepec.

Arrestaron comunitarios a cuatro policías ministeriales que cateaban casas en Malinaltepec

Policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular (CRSJ- PCP) de la comunidad de Alacatlatzala municipio de Malinaltepec, detuvieron y desarmaron a cuatro policías ministeriales el sábado cuando cateaban dos casas para detener a una persona, y los liberaron tras una reunión con Tlachinollan y funcionarios.
Según un reporte de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, los policías ministeriales llegaron el sábado a esa comunidad en la que catearon dos viviendas porque tenían la orden de detener a una persona, pero al no encontrarla amenazaron e intimidaron a los pobladores.
Los vecinos de la localidad pidieron el apoyo a la Policía Comunitaria, quienes encararon a los policías ministeriales que después desarmaron y los metieron a una cárcel del poblado.
Se informó que los ministeriales dijeron que llegaron a este comunidad a ejercer una orden de aprehensión, pero los pobladores los acusaron de irrumpir en dos casas sin una orden de cateo o de aprehensión.
A la 1 de la tarde de ese día llegó el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, el abogado de la organización Vidulfo Rosales Sierra, el delegado de Gobernación Jorge Rodríguez Ponce y el auxiliar del Ministerio Público Gonzalo Solano Lorenzo y se reunieron con los pobladores.
Los acuerdos de la reunión fueron “no ejercer acción penal contra los comunitarios, a cambio de que liberaran a los cuatro policías ministeriales y éstos quedaron el libertad”.

Cerros, ríos, bosques, plantas y animales, en peligro por mineras en San Miguel el Progreso

San Miguel el Progreso, municipio de Malinaltepec, está asentado en algo más que una inmensa estepa verde. Sus habitantes viven en cerros sagrados, donde nacen ríos que surten de agua no sólo a ese pueblo, sino a los que están río abajo. También hay bosques de los que, quienes habitan aquí, sólo se sirven para proveerse de servicios públicos por el abandono del gobierno, pero no para negociar con la madera.
Pero lo más importante, es sitio sagrado en el que los habitantes de Júuba Wajiín (en lengua me’phaa) realizan sus ritos ceremoniales ancestrales. Allí habita el Dios de la Montaña al que para matar un venado, un conejo, ardilla, o cortar quelites para comer, hay que pedirle permiso, o en su defecto perdón por haberlo hecho, es un rito que se conoce como Mathani idxuun xuku (ofrenda al Dios de la Montaña).
Es en estas tierras, la Secretaría de Economía (SE) del gobierno federal había autorizado una concesión para explotar las minas Reducción Norte Corazón de Tinieblas y Corazón de Tinieblas, a la minera peruana de capital británico Hochschild Mining. Contra esa concesión, San Miguel el Progreso ganó un amparo en 2016 y en junio de este año acaba de obtener otro contra la libertad de terreno que había emitido la Secretaría de Economía (SE) y le daba libertad para decidir sobre las tierras de los indígenas.
Para los habitantes de la localidad es impensable ceder este territorio, que han venido cuidando y defendiendo sus padres, sus abuelos, sus ancestros de toda la vida. Cómo cree el gobierno y las mineras extranjeras que van a cederlo para la extracción del oro que hay aquí, si en estos cerros hay deidades, hay centros ceremoniales. “Si vienen a destruirlo para llevarse el oro, nos caería una desgracia a todos”, sostiene Valerio Mauro Amado Solano, presidente del comisariado de Bienes Comunales.
Y por si había dudas de que podrían “negociar” como ha ocurrido en otras partes del estado, habían colocado hasta hace poco en la entrada del pueblo un letrero a manera de advertencia que decía: “Se secará el río, se secará el último árbol, se morirá el último pescado, pero cuándo vamos a entender que el dinero no se come”. El letrero ya no está, pero el mensaje está grabado en la memoria de todos los habitantes del pueblo, cuenta el representante comunal.

Tres victorias legales en defensa del territorio

La lucha de este pueblo me’phaa no ha sido en vano. De las 44 concesiones que había otorgado la SE y que abarcaban una extensión de 142 mil 430 hectáreas en las regiones Montaña y Costa Chica, a partir del 2011 se han disminuido a 22 que afectarían una extensión de 32 mil 616 hectáreas, según datos del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan).
En julio del 2016, los habitantes de San Miguel el Progreso obtuvieron el amparo 429/2016 de la titular del Juzgado Primero de Distrito de Chilpancingo, Estela Platero Salado, en contra de la concesión que había otorgado la SE a la Hochschild Mining para explotar las minas Reducción Norte Corazón de Tinieblas y Corazón de Tinieblas, asentadas en territorio de San Miguel el Progreso.
Asimismo, en junio pasado obtuvo otro de la misma jueza en contra de la Declaratoria de Libertad de Terrenos que consideraba su territorio libre para la actividad minera. En la sentencia se otorga el amparo y la protección de la justicia federal al resultar esencialmente fundados los conceptos de violación, y por ende, demostrado el incumplimiento de la obligación constitucional y convencional del Estado Mexicano de respetar los derechos de esta comunidad indígena.
Antes del primer amparo, en mayo del 2013, San Miguel el Progreso, aglutinado en el Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio y en Contra de las Minería, logro la cancelación del proyecto de la Reserva de la Biosfera que promovían la Comisión Nacional de Áreas Protegidas del Gobierno federal, el gobierno estatal y la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero (UIEG) que daría el derecho al gobierno federal para administrar una extensión de 157 mil 896 hectáreas en la Montaña y Costa Chica, en medio de esa extensión se encuentra el núcleo agrario de San Miguel el Progreso, que con ese decreto perdería los derechos a su territorio.
Para los habitantes de este núcleo agrario, tiene mucho significado el segundo amparo que obtuvieron en junio pasado, pero no es definitivo pues están seguros de que el riesgo sigue latente.
Don Luis Gálvez Ortega, comisario municipal, dice que por eso siguen organizados, “para defender nuestro lugar nativo”.
Sostiene: “Pensamos en el bienestar de nuestros hijos, queremos que nadie nos venga a defraudar o a destruir en el lugar donde hemos nacido. Desde nuestros abuelos y nuestros padres nos inculcaron que siempre hay que defender el lugar nativo de uno, que nadie nos venga a pisotear”, dice el indígena me’phaa.
Cuenta que desde sus ancestros, “aunque sea pobremente”, supieron defender el lugar donde nacieron. “Siempre fueron celosos de sus lugar nativo y eso es lo que hemos aprendido nosotros también, saber defender nuestro lugar y no permitimos que el gobierno mande alguna empresa que venga a decirnos: saben qué, sálganse de aquí porque el gobierno ya negoció, ya pagamos por ustedes. Nunca esperamos ni vamos a aceptar eso”.
Comenta que como sus antepasados, los actuales habitantes también van a defender su territorio “hasta el último instante de nuestra vida”, y que es la misma herencia que quieren dejar a sus hijos y a sus nietos, “y así debe seguir de generación en generación, en cuanto Dios nos permita el tiempo. Toda nuestra vida pensamos defender nuestro territorio, porque aquí nacimos, aquí crecimos, aquí trabajamos”.
Los habitantes de San Miguel el Progreso, son pequeños productores de café, de maíz y de frijol “y de todo cuanto Dios nos permite dar de nuestro suelo que pisamos”, explica el comisario municipal, quien agrega que siempre viven esperanzados en que la cosecha sea buena, porque son cosechas que tienen una vez al año para vivir.
Se queja de que por aquí no cuentan con el apoyo del gobierno y que lo único que reciben es el del Pro Agro pero que éste se los dan cada año, y cuestiona: “¿Acaso el gobierno gana su dinero una vez al año?, no, él está ganando quincenal y nosotros como campesinos tenemos una cosecha al año y si se nos vienen las plagas, como la roya del café, entonces no viene el gobierno a preguntarnos qué necesitamos para sostenernos, y aunque le pidamos por escrito que nos apoye con programas, nomás no”.
Frente a ese desamparo de las autoridades, el comisario comenta que por lo menos ahora tienen un medio ambiente sano, “tenemos yerbas, quelites qué recoger para comer, pero queremos que estén sanos”, lo que no ocurría si les vienen abrir las minas, insiste en el tema y agrega que tampoco quieren tener contaminada el agua que baja del cerro en donde están los manantiales.
“Esa agua es la que poco a poco va formando ríos, esos ríos que bajan y pasan más allá abajo en Totomixtlahuaca y llegan hasta Marquelia y de Marquelia se van al mar, y si de aquí va a ir esa agua contaminada, entonces todos los habitantes que están más abajo van a salir amolados, y también se van a ver afectados los animales de los grandes ganaderos que hay rumbo a la Costa Chica, a todos les va a afectar esa agua contaminada”, advierte el comisario Gálvez Ortega.
Añade que por esa razón, lo que defienden aquí en la alta Montaña favorece a otras comunidades rumbo a la Costa Chica, y que por eso no quieren que alguien venga a contaminarles su medio ambiente.
Reclama que si ellos como comunidad no molestan al gobierno federal, estatal o municipal, quieren que por lo menos tampoco los vengan a molestar a su territorio.
Denuncia que llevan años sin obras por parte de los tres niveles de gobierno, “vemos que otras comunidades están bien arregladas sus calles y tienen agua entubada, mientras que nosotros nos hemos quedado sin apoyo del gobierno”.
Dice que hasta ahora con la actual administración municipal les están construyendo una comisaría que a la vez servirá para sus oficinas agrarias, para el Registro Civil y como comandancia de Seguridad Pública Municipal.
Su acceso principal está destrozado y lo abrieron en 1985 con la venta de madera, y para que llegara la energía eléctrica tuvieron que pagar con refrescos y cervezas a los habitantes de Paraje Montero, la comunidad vecina, para que autorizara que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ampliara a su comunidad la red.n Para construir su iglesia también vendieron madera de sus bosques, pero actualmente suspendieron el corte de árboles “porque se están quedando pobres nuestros cerriles, y si viene un deslave acaba con todo lo que encuentra el río”, se preocupa el comisario municipal.
“Nuestra lucha ha sido brazo a brazo. Así es como se va logrando este pueblo, a través de sacrificio.

Vieron el peligro en sus tierras en 2011 cuando volaron helicópteros muy bajito cerca de sus casas

El núcleo agrario de San Miguel el Progreso tiene 4 mil 449 hectáreas y no sólo es uno de los más cuidados de la zona, sino que también es el más asediado por las empresas mineras. El presidente de los Bienes Comunales, Valerio Mauro Amado Solano, comenta que los comuneros no saben en qué punto exacto quieren explotar y quiénes son, pero que, por lo pronto, los han frenado con el fallo que emitió la jueza Estela Platero Salado.
Fue de mucha importancia para la comunidad, “con eso no nos puede mover tan fácil la minería”, celebra.
Igual que el comisario municipal, advierte que si se llegara a instalar la minera en la zona lo primero que contaminará es el agua que consumen porque la tubería baja de los manantiales que se encuentran en el Tepilzahuatl, “nos quedaríamos sin agua, sin territorio, todo lo vamos a perder”.
Dice que por eso el pueblo está organizado desde antes de que metieran el primer amparo. Se percataron del peligro de que trabajaría la minería en sus tierras en el 2011 cuando vieron volar los helicópteros muy bajito cerca de sus casas.
El comisario municipal, Luis Gálvez Ortega, recuerda que un día enterito anduvo el helicóptero sobrevolando la zona, “daba vueltas desde Tenamazapa, Tlacoapa, Tomixtlahuaca, Colombia de Gadalupe, Iliatenco, (los pueblos vecinos), bajaba, se metía por todas las barrancas, se salía y después volvía”.
Agrega: “fue entonces cuando nos saltó la duda y nos preguntamos qué andaba haciendo ese helicóptero”. Después se enteraron de que en el helicóptero supervisaban qué tanto oro había en el cerro y abajo del suelo, explica el comisario sentado al lado del presidente del Comisariado de Bienes Comunales en una improvisada comisaría municipal, mientras se construye la nueva que será multifuncional.
El presidente del comisariado cuenta que la autoridad que estaba entonces en función en su comunidad convocó a una reunión en la que se recogieron firmas en un acta, rechazando por completo la minería en su pueblo.
Dice que después preguntaron en la Secretaría de Economía, “y sí, efectivamente, contestaron que se estaba concesionado nuestro territorio, y entonces fue cuando se metió el amparo en el 2013”.
Ese amparo se resolvió en el 2016 a favor de San Miguel el Progreso y después la SE emitió una declaratoria de libertad de terreno, “pero cómo iba a ser libre si estamos habitándolo”, exclama.
Comenta que la mina que se pretende abrir es a cielo abierto y que abarcaría varios pueblos de la zona, a los que nunca les consultaron su opinión a pesar de que es un derecho internacional que tienen los pueblos indígenas establecido en el Convenio 169 de la OIT, “que dice que debemos ser consultados, cosa que no hizo el gobierno”.
Reprocha: “todo lo hizo bajo del agua, no nos tomó en cuenta. No hubo ninguna consulta y ahora aunque vengan a realizar la consulta ya el pueblo decidió. No queremos que nos molesten, que nos desplacen de aquí a otro lado, porque gracias a Dios tenemos lo suficiente para vivir. No somos ricos, ni somos pobres, pero que no nos moleste el gobierno”, insiste el comisario.
Con el segundo amparo que obtuvieron a su favor, el pueblo de San Miguel el Progreso logró el tercer triunfo. Antes, en el 2013, habían echado el proyecto de la Reserva de la Biosfera con la que el territorio quedaba bajo la administración del gobierno federal.

“Solamente muertos y sobre nuestros cadáveres van a poder entrar las mineras a nuestro territorio”, acordaron 20 núcleos agrarios de seis municipios

Sin embargo, los habitantes de San Miguel el Progreso aún no consideran que hayan triunfado totalmente, “todavía hay peligro, los resultados son sólo para el territorio de San Miguel, pero hay otras comunidades y otros territorios en donde se han entregado concesiones, hay 22 concesiones vigentes, recuerda, el presidente del comisariado de Bienes Comunales Amado Solano.
Al respecto el comisario Luis Gálvez habla del riesgo: “si nosotros no lo permitimos, hay otras comunidades que son débiles”, dice mientras con el dedo índice y el pulgar forma un círculo simulando una moneda, para insinuar que se pueden vender, “quién va a decir que no, si ofrecen miles y millones de pesos para que se hagan a un lado y los dejen entrar a trabajar”, acusa.
Además menciona que algunos de los núcleos agrarios están mal organizados y que son varias empresas que están al acecho, “por aquí rechazan a unos y por el otro hay otros muy listos echando ojo por donde está débil el lugar”.
El presidente de Bienes Comunales Amado Solano insiste en que por eso en San Miguel el Progreso los pararon en seco. Recuera que en el 2013 cuando él era comisario municipal un juez de distrito de Acapulco le preguntó que si les daban un beneficio a cambio sí permitirían la entrada de las mieras. “Le respondimos que no”.
Pero asegura que otros núcleos agrarios han sucumbido a los ofrecimientos y cita el caso de Paraje Montero, también del municipio de Malinaltepec y su anexo Xuchiatenco que ya aceptaron vender sus áreas, “no sé cuántas hectáreas ya exploró la mina”, pero aclara que por los amparos que han ganado ellos el proyecto está suspendido.
Tomando el ejemplo de Paraje Montero y su anexo, vieron la necesidad de que el ejemplo de organización de su pueblo trascendiera a los demás núcleos agrarios y comenzaron a realizar reuniones con otros núcleos agrarios de la zona e integraron un consejo regional.
El presidente del Comisariado de Bienes Comunales comenta que ahora el Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio y en contra de la Minería que comenzó a conformarse en 2012 para rechazar la reserva de la biosfera ya está integrado por 20 núcleos agrarios y sus anexos de los municipios de Malinaltepec, Iliatenco, Tlacoapa, Cochoapa el Grande, Metlatónoc y Acatepec.
Desde entonces el Comité del Consejo ha estado sesionando cada dos meses, la más reciente sesión fue en Tlacoachistlahuaca, y la próxima será el 7 y 8 de octubre en Malinaltepec.
“En las reuniones el acuerdo ha sido que solamente muertos y sobre nuestros cadáveres van a poder entrar las mineras a nuestro territorio”, sostiene don Valerio Mauro.
Asegura que en esas reuniones muchos de los pueblos se están dando cuenta del riesgo que corren con la autorización de las concesiones a mineras.
Pero añade que es necesario que se incluyan más pueblos porque aún no alcanzan a convencer a todos los núcleos agrarios que comprende el territorio que pretenden las mineras.
Dice que, por ejemplo, no todos los núcleos agrarios del municipio de Tlacoapa han participado, entre éstos Totomixtlahuaca y Tenamazapa que también están en riesgo porque el proyecto pasa por ese territorio en donde quieren explotar el oro.
En San Miguel el Progreso son 3 mil 800 habitantes, y con derechos agrarios 837 comuneros.
Los habitantes se rigen con reglas estrictas para el aprovechamiento de la madera, si van a cortar madera aunque sea en terreno propio necesariamente tienen que dar aviso al Comité de Bienes comunales, “y no tumbar más de lo que se va a ocupar, tampoco se puede negociar con la madera”, sostiene el presidente del Comisariado de Bienes Comunales y con ello nadie, mucho menos extranjeros, van a venir a saquear sus recursos naturales.

Acaban su paro trabajadores de IMSS en Tlapa; les pagarán salarios y viáticos en 15 días

Trabajadores de la unidad médica urbana del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)-Prospera de Tlapa, concluyeron su paro laboral el jueves 27 de abril, tras acordar con sus superiores los pagos de sus salarios y viáticos.
Este viernes se reincorporaron a sus labores y, de manera escueta se supo que en 15 días les pagarán los honorarios y viáticos pendientes, así como la reparación de las camionetas y camiones que usan para atender a pacientes en las comunidades.
Los 10 trabajadores que se negaron a identificarse por miedo a represalias, sólo dijeron que su paro, iniciado el lunes 24 de abril, era porque no les habían pagado salarios ni viáticos desde octubre de 2016.
La unidad médica se encuentra dentro de las instalaciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos indígenas (Cdi).
Recientemente, la Secretaria de Salud del estado informó que IMSS-Prospera atenderá con sus unidades móviles a 11 municipios, ante los recortes al presupuesto en 2017, entre los que están Malinaltepec, Atlixtac, Olinalá, Zapotitlán, Acatepec, Metlatónoc, Alcozauca e Iliatenco.
Derechohabientes na savi, me’phaa y nahuas se inconformaron y exigieron atención e información luego de que suspendieron el programa de caravanas de la Salud sin avisarles. (Antonia Ramírez / Tlapa).

Exigen atención médica indígenas de la Montaña ante la suspensión de las caravanas de salud

Pobladores na savi, nahuas y me’phaa de los municipios de Atlixtac, Malinaltepec, Olinalá, Acatepec, Zapotitlán Tablas y Alcozauca exigieron atención médica y medicamentos porque tienen meses sin el servicio.
Autoridades de varias comunidades exigieron al jefe de la Jurisdicción Sanitaria 04, región Montaña, de la Secretaría de Salud (Ssa), José Luis Morales Alvarado, que reponga los servicios de las caravanas que suspendieron sin avisar.
El comisario de la comunidad me’phaa de Unión de las Peras, municipio de Malinaltepec, Misael Bruno Arriaga informó que la Ssa suspendió seis caravanas que atendían a vecinos de 49 comunidades de seis municipios, “por falta de presupuesto”, se quejó.
Los indígenas llegaron alrededor de las 2 de la tarde a la Jurisdicción para plantear sus reclamos; ahí fueron atendidos por Morales Alvarado, quien les prometió que tendrán atención médica a partir de mayo en caravanas del IMSS-Prospera, con el que el gobierno del estado firmó un convenio luego de desaparecer las seis rutas de caravanas de la Secretaría de Salud estatal.
Los asistentes pidieron que los acuerdos se pusieran por escrito para formalizarlos, porque “las palabras se pierden”, y donde les informaran de la desaparición de las caravanas en sus comunidades.
El comisario de la comunidad de Xochimilco, municipio de Olinalá, Nemorio Pascual dijo que acudió porque les quitaron la caravana sin informarles y porque hay varios vecinos enfermos.
En la reunión hubo autoridades de las comunidades de Almolonga, municipio de Alcozauca; Xochimilco, municipio de Olinalá; y El Tepeyac, La Lucerna y La Soledad, del municipio de Malinaltepec.
Todos coincidieron en que el gobierno quita los recursos a las zonas más pobres y manda gente que iba a prestar sus servicios sin paga, “y por eso hacen mal su trabajo”.
También se quejaron de la falta de medicamentos en las casas de salud, o de que los mandan caducados, y reclamaron la falta de información oportuna sobre el retiro de las caravanas, “porque así más o menos sabemos los días de atención, y ahora nos dicen que tenemos que bajar a los centros de salud donde ni nos atienden y quedan lejos”.
Mostraron su desacuerdo con el servicio de IMSS-Prospera, “con caravanas luego nos atendían mal o faltaba medicamento, y ahora con éste no traen nada, ni equipo ni medicamento, estaremos peor y cuando quieran nos lo quitan”,
Dijeron que discutirían la información en sus comunidades para exigir el derecho a la salud, “no vendremos a pedir, vendremos a exigir que se cumpla”, advirtieron.
Aceptaron confiar en la palabra del jefe jurisdiccional, a quien le pidieron que reinstale las caravanas de salud, porque no confiaban en las del IMSS-Prospera, que empezarán desde cero y “no traen medicamento”, insistieron.

Respaldan organizaciones la demanda de amparo de San Miguel del Progreso contra las minas

Autoridades agrarias de San Miguel del Progreso, municipio de Malinaltepec, el Consejo de Autoridades Agrarias y representantes de organismos civiles de derechos humanos pidieron a la jueza primera de Distrito de Chilpancingo, Estela Platero Salado, que resuelva el amparo que solicitó el núcleo agrario de San Miguel del Progreso en contra de la declaratoria de libertad de terreno emitido por la Secretaría de Economía del gobierno federal en 2016.
Con esa declaratoria de libertad de terreno se abre la posibilidad de que el gobierno federal decida sobre casi el 80 por ciento del territorio de ese núcleo agrario, que entren a trabajar las mineras que tienen concesiones vigentes.
En conferencia de prensa, las autoridades agrarias y representantes de organismos civiles denunciaron que esa declaratoria del gobierno federal pone en riesgo el territorio indígena del núcleo agrario de San Miguel del Progreso, y de al menos 24 núcleos agrarios de la región de la Montaña y de la Costa Chica, en donde hay 22 concesiones vigentes para la explotación de minas.
Asistieron a la conferencia, el presidente del comisariado de Bienes Comunales de San Miguel del Progreso, Valerio Mauro Amado; el secretario, Mariano Morales; el presidente del Consejo de Autoridades Agrarias, Miguel Santiago; la antropóloga Teresa Sierra; la abogada Maribel González; el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera, y el secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Manuel Olivares.
La abogada Maribel González, recordó que desde 2013 San Miguel del Progreso ganó un amparo con el que se cancelaron dos concesiones que pretendían explotar las minas Reducción Norte de Corazón de Tinieblas y Corazón de Tinieblas, en su territorio, pero que la Secretaría de Economía emitió en 2016 la declaratoria de libertad de terreno en esa misma área.
Las autoridades del núcleo agrario solicitaron un amparo contra esa declaratoria, y ahora exigen que la jueza primera de Distrito que lleva el caso, Estela Platero Salado, resuelva conforme a los estándares internacionales el amparo 429 que fue solicitado en 2016.
Informó que la solicitud es respaldada por representantes de 24 núcleos agrarios que pertenecen al Consejo de Autoridades Agrarias de las regiones Montaña y Costa Chica, que también se oponen a la exploración y explotación de las minas en su territorio.
La abogada dijo que esa declaratoria de libertad de terreno significa una nueva amenaza para las comunidades indígenas pues abre las puertas para que empresas mineras extranjeras entren a explorar y después a explotar las minas de la región.
Informó que el 31 de marzo pasado se realizó la audiencia constitucional, y demandaron que la jueza recurra a los estándares internacionales, que ya son ley en México, para emitir su resolución.
El comisariado de los Bienes Comunales, Valerio Mauro Amado advirtió a su vez que, “por ningún motivo queremos que las mineras entren a nuestro territorio, porque allí nace el agua, allí están nuestros lugares sagrados y de nuestras tierras nos mantenemos”; añadió que, por ese motivo desde 2011 levantaron actas de asambleas en las que rechazan las mineras, y que fueron entregadas al Registro Agrario Nacional (RAN).
El representante agrario pidió a la jueza que respete el derecho al territorio que tienen los pueblos indígenas me’phaa.
El presidente del Consejo de Autoridades Agrarias, agrupación que se constituyó hace cinco años y que agrupa a 24 núcleos agrarios de la Montaña y Costa Chica, Miguel Santiago informó que cada dos meses han organizado foros para defender su territorio de las concesiones que ha autorizado la Secretaría de Economía, “porque no nos benefician, ya tenemos como ejemplo Carrizalillo (municipio de Eduardo Neri), en donde la minera sólo ha traído problemas de violencia, por eso nosotros no vamos a permitir que entren esas mineras extranjeras”, advirtió.
Informó que de 12 núcleos agrarios con los que se constituyó ese Consejo, ahora se han incorporado 24, y que cada vez se suman más.
Por su parte, la antropóloga Teresas Sierra informó que elaboró un peritaje antropológico que entregó a la jueza primera de Distrito para que sustente la elaboración del amparo, tomando en cuenta que son comunidades indígenas las que están defendiendo su territorio.
Explicó que pide tomar en cuenta el vínculo sagrado que tienen las comunidades indígenas con su territorio, lo que les da legitimidad a los pueblos indígenas para defenderlo.
La antropóloga sustentó que el pueblo me’phaa, al que pertenece San Miguel del Progreso, tiene raíces arraigadas con sus dioses que consideran están allí, en su territorio, y que éstos son fundamentales para la vida misma del pueblo.
“La relación con su territorio tiene que ver con estos señores (dioses) de los cerros y del agua y si no manifiestan este respeto hacia ellos lo relacionan con desastres naturales, por eso la defensa de su territorio no es solamente un asunto de tierras, sino que está relacionado con los rituales que realizan para visualizar su vida cotidiana”, explicó Teresa Sierra.
La antropóloga expresó que los indígenas piden permiso a estos dioses para el ejercicio de su gobierno, como una forma de respeto hacia ellos.
Añadió que es esta vinculación sagrada con su territorio la que están viendo amenazada con la posibilidad de que entren las mineras extranjeras a explotar los yacimientos minerales de su región.
Frente a la declaratoria de libertad del terreno que emitió el gobierno federal, la antropóloga advirtió que se pretende una afectación “grave y absoluta”, porque además, se ha hecho sin consultar a los pueblos indígenas como lo establecen los estándares internacionales que México está obligado a cumplir.
El secretario técnico de la Red Guerrerense, Manuel Olivares manifestó el apoyo de los organismos civiles al núcleo agrario de San Miguel del Progreso y a los otros 23 que integran el Consejo de Autoridades.
Denunció que con esa declaratoria se evidencia que el gobierno federal está al servicio de las empresas extractivas, y que no le interesa el daño que van a ocasionar a la región.
Al respecto, Abel Barrera, denunció que en Guerrero la tendencia es avanzar más allá de lo que la ley le permite al gobierno para tomar territorios, y que un ejemplo es el del núcleo agrario de Cacahuatepec, en Acapulco, donde se insiste en instalar la presa La Parota.
Dijo que, afortunadamente los pueblos indígenas siguen resistiendo mediante la ley y la organización, mientras que el gobierno pretende reconocer “sólo su parcela y su milpa” como el territorio de los pueblos indígenas.
Barrera Hernández añadió que en Guerrero está demostrado que las mineras solamente traen devastación, y puso como ejemplo las de Carrizalillo, en Eduardo Neri, y la de Campo Morado, en Arcelia, y dijo que la jueza Platero Salado debe proteger el derecho al territorio que tienen los pueblos indígenas.

Responde la Cdi con un “ya veremos” a indígenas de la Montaña que exigen foros sobre la Ley 701

 

Integrantes del Movimiento Indígena por el Derecho a la Consulta informaron que, tras la toma de las instalaciones del centro coordinador de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi), sólo les dijeron “que les aprobarán proyectos cuando abra ventanilla”, y de los foros de consulta sobre la ley 701 sólo un “ya veremos”.
Los integrantes del Movimiento pertenecen a los municipios de Metlatónoc, Cochoapa el Grande, Alcozauca, Atlamajalcingo del Monte, Malinaltepec, Copanatoyac y Zapotitlán Tablas.
El integrante Sergio Anacleto Aguilar dijo que el lunes, mientras estaban en el centro coordinador de la Cdi con el director Francisco Patrón Patrón para que atendiera su pliego petitorio, les dijeron que podrían reunirse con el delegado estatal, Lenin Carbajal Cabrera el miércoles en Chilpancingo, a lo que respondieron que se quedarían ahí a esperar.
Luego de horas de espera, les dijeron que los podrían recibir a las 7 de la noche, por lo que los manifestantes dialogaron y aceptaron enviar una comisión a Chilpancingo, a entrevistarse con Carbajal Cabrera para recordarle cuáles son sus peticiones, y el resto se quedó en espera de los acuerdos.
Anacleto Aguilar dijo que en la mesa de trabajo, Carbajal Cabrera les informó que la obra de construcción del sistema de alcantarillado sanitario en la comunidad de San Rafael había sido aprobada, y en breve se iniciaría.
Sobre los proyectos que presentaron para la Montaña, les dijo que ya todos habían sido dictaminados y nada se podía hacer, por lo que quedaron fuera; entre estos proyectos está el que presentó el na savi Artemio Solano Díaz sobre la defensa jurídica legal para la comunidad de San Rafael, municipio de Cochoapa el Grande.
Les planteó que mejor se le diera continuidad en su segunda etapa a los proyectos productivos del año pasado, como el del planchado de sombrero en la comunidad de Cuatzoquitengo, municipio de Malinaltepec.
Dijo que aceptaron los planteamientos, pero eso no resuelve la inequidad en la distribución de los recursos que generalmente se quedan en la región Centro o con organizaciones afines al gobierno, por lo que exigieron igualdad.
Sobre la petición que hicieron mediante un oficio fechado el 24 de noviembre, de un programa especial en materia indígena para que facilitara foros de consulta en los municipios para la Ley 701, les respondió que se verá cómo trabajar con las comunidades, pero no abundó más, lo que lamentaron ante la cercanía de la pérdida de la vigencia de la legislación.
De la consulta a las comunidades sobre su vida interna y sobre las instituciones que tienen que ver con los pueblos indígenas, “le mencionamos que no estábamos de acuerdo en cómo llegó (él) a la delegación, porque no se tomó en cuenta a los indígenas de la Montaña, por lo que no lo considerábamos legítimo, pero no respondió”.
Le pidieron que tome en cuenta el antecedente de la exigencia de los indígenas de que en Guerrero, según un acuerdo previo derivado de la Convención Indígena, los delegados deberán ser respaldados por los pueblos, ser indígenas, tener trabajo social y administrativo para acceder a los cargos en la Cdi y la Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas (SAICA), especialmente de la primera, y advirtieron que seguirán impulsando que se les reconozca este derecho.
Dijo que sus demandas fueron atendidas en un porcentaje mínimo, y asentadas en una minuta de papel que esperan se cumpla cuando lleguen los tiempos, o de lo contrario volverán a manifestarse.

 

Se movilizarán en La Montaña para defender la iniciativa de ley integral de los pueblos indígenas

En una reunión en la comunidad de Tapayoltepec del municipio de Malinaltepec, el Consejo de Comunidades  Damnificadas de la Montaña y el Frente de Comunidades por la Defensa de los Derechos Colectivos acordaron movilizarse la primera semana de marzo  para defender la iniciativa popular de la ley integral sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos entregada en el Congreso como una alternativa ante la posibilidad de que la Ley 701 de reconocimiento, derechos y cultura indígena sea derogada.
La iniciativa tiene agregados y modificaciones a los artículos de la Ley 701 que tiene que ser ratificada y modificada antes de la primera quincena de marzo ante la adecuación de la Constitución de Guerrero.
Los ajustes son sobre los derechos de los pueblos indígenas a educación, vivienda, salud y alimentación, derechos que han sido ignorados por los gobernantes de los tres niveles de gobierno, se quejaron miembros del comité promotor.
Los miembros del comité entregarán citatorios en las comunidades para la movilización cuya fecha se informará en una conferencia de prensa, ya que  falta menos de un  mes para que venza el plazo que los propios diputados se plantearon para autorizar las leyes secundarias al nuevo texto constitucional.
En la reunión se dio a conocer que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero (IEPC) hará visitas de verificación y ratificación de firmas de las personas que suscribieron la iniciativa y los miembros recomendaron a los participantes estar pendientes en sus comunidades de las visitas que se programen.
El integrante de la comisión promotora de la iniciativa, Abel Bruno Arriaga dijo que la iniciativa que presentaron dichas  organizaciones se ampara con más de 6 mil firmas de ciudadanos.
Agregó que son las primeras organizaciones que presentaron una propuesta emanada de las necesidades de las comunidades y como resultado de asambleas regionales, foros y reuniones comunitarias para definir el contenido de la Ley 701 con propuestas de nuevos derechos colectivos e individuales.
Detalló que en una plática por Whatsapp con la directora técnica de área del IEPC, Betsabé López López, le comentó que en esta semana se verificará en las comunidades y contarán con apoyo de la Universidad Intercultural  para los peritos traductores en un revisión de muestras y que el Instituto Nacional Electoral (INE)  ya está verificando que los firmantes estén en la lista nominal y padrón acorde al porcentaje que se requiere.
A la reunión realizada en la cancha deportiva de la escuela primaria de dicha comunidad que fue convocada por los integrantes del comité promotor llegaron 87 representantes de comunidades de los municipios de Malinaltepec, Iliatenco, Atlamajalcingo del Monte y Copanatoyac, y hubo más de 200 asistentes de  los cuatros municipios, en su mayoría de Malinaltepec.
El objetivo fue informar  a los asistentes que la propuesta fue presentada al Congreso del Estado y se dio a conocer que el que se entregó es un documento enriquecido  con propuestas que tienen como pueblos indígenas de La Montaña de Guerrero como son los naa savi, me’phaa y nahuas.
Sobre los granos básicos

En la reunión se informó  el resultado de la negociación en Chilpancingo con el gobernador, Héctor Astudillo Flores,  sobre  la entrega de granos básicos  faltantes a los damnificados por la tormenta Manuel en el 2013, se dijo que existe una negativa  del gobierno  estatal de dar respuesta a las demandas que exigieron en el bloqueo carretero el pasado 7 de febrero.
En 15 días se resolvería la entrega de las tres remesas faltantes de arroz, maíz, frijol, arroz y sal, así como las viviendas faltantes que la Sedatu no quiere concluir y se dio a conocer que las constructoras defraudaron al gobierno en la construcción  de las casas ya que hay muchas sin terminar.

No apoyan ayuntamientos de la Montaña a apicultores indígenas, denuncian

El consejo regional de Apicultores de la Montaña Alta se reunió en la comunidad de Ojo de Agua, municipio de Malinaltepec, para hablar de sus necesidades y requerimientos sobre el envasado y comercialización de la miel, y se quejaron de la falta de apoyo de los ayuntamientos de la Montaña a su proyecto productivo.
Los productores del dulce resaltaron que un problema que tiene la apicultura en la región es la alimentación de las abejas, porque hay carencia de flores a causa de los frecuentes incendios forestales, por lo que pidieron la intervención de las autoridades agrarias, comunales y ejidales, y de las instituciones de gobierno, como la Comisión Nacional Forestal (Conafor), para enfrentarlos.
Los 120 apicultores en la región conforman 14 organizaciones constituidas legalmente, en los municipios de Iliatenco, Malinaltepec, Tlacoapa y San Luis Acatlán, y en su encuentro destacaron la importancia de gestionar un seguro para apicultores.
El presidente del Consejo Regional de Apicultores, el campesino me’phaa Quirino Ramírez Poblano invitó a los apicultores a evitar caer en la desesperanza ante la falta de apoyos o porque algo va mal, ya que “ahora hay un poco más de acompañamiento que cuando yo inicie”, dijo.
Dijo que no ha contado con ningún apoyo de la autoridad municipal desde que inició el proyecto de apicultura en la región, y pidió tolerancia a sus compañeros en los proyectos que se tengan que hacer, para buscar recursos que se inviertan en las necesidades de la apicultura, y recordó que hace días les entregaron más de 300 colmenas a productores de miel orgánica de las comunidades de Tapayoltepec, Colombia de Guadalupe y Tierra Colorada .
Contó que ahora, como Consejo Regional se están organizando para acceder a los recursos institucionales que aún no tienen, y por eso se hallaron ahí para platicar con el presidente municipal de Malinaltepec, Sebastián Ramírez Hernández, y funcionarios de la Sagarpa.
Por su parte, Ramírez Hernández dijo que la reunión fue para escuchar y delinear los trabajos para 2017 con las demandas de los apicultores y las propuestas de la Sagarpa.
Agregó que su administración apoyará a los apicultores para que lleguen los recursos para que se pueda hablar de una industria de apicultores indígena, donde se envase la miel con etiqueta y se comercialice en el mercado internacional; en las medicinas para las farmacéuticas y no se descuide el mercado interno en las comunidades.
Adelantó que pedirá a sus homólogos de Iliatenco, Tlacoapa y San Luis Acatlán, donde están los apicultores, que avalen el proyecto de gestión para el diagnóstico, para generar empleos y frenar la migración a otros estados y a Estados Unidos, que cada día aumenta en la zona ante la falta de trabajo.
De la Sagarpa estuvieron el responsable de la dependencia en Malinaltepec, Eugenio Torres Flores, y el jefe de distrito en la región, Rogelio Garnelo Cortés, quienes coincidieron en que es necesario impulsar un programa estratégico y funcional, porque “se dan los proyectos y no aplican los recursos, y por eso ahora hay candados para acceder a los incentivos”.
Indicaron que se requieren varios documentos, como un padrón único de beneficiados, clave única o la Unidad de Producción Pecuaria (UPP), para que se ponga chapeta a las colmenas, deben contar con figura jurídica, luego presentar el proyecto, un programa de trabajo anual del consejo, presentar fotografías, huellas y voz, y que ya está abierta la ventanilla.
Luego, trabajaron en mesas en las que abordaron el manejo, alimentación, reproducción y sanidad de las abejas.
Estuvieron en la reunión, también, la presidenta del DIF, María Teresa Tapia; la síndica procuradora, Lidia Martínez Martínez; el regidor de Desarrollo Rural, Damián Gálvez Bello y el director de Desarrollo Rural, Rodrigo Franco Blanco.

Sí se construyen obras en Malinaltepec, responde Florencio Salazar al alcalde

 

El secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame, dijo que el alcalde petista de Malinaltepec, Sebastián Ramírez Hernández, antes de declararse en resistencia civil pacífica “debió haberse comunicado con nosotros”.
Este martes Ramírez Hernández dio a conocer que su municipio se declaraba en resistencia civil contra el gobierno del estado y el federal, porque no le han el mismo trato que a sus pares priistas.
En declaraciones breves tras concluir un encuentro privado con el visitador especial de la ONU, Michel Forst, Salazar Adame señaló que se está atendiendo al municipio de la región de La Montaña, como al resto del estado.
“Nosotros podemos darle hoy mismo la información por parte de la secretaría de Planeación, que leva el registro puntual de la inversión que se está haciendo en cada municipio”, agregó.
Señaló que ignoraba el monto que correspondía a Malinaltepec, pero aseguró que se están ejecutando obras para dicho municipio.
Agregó que a través de la subsecretaría de Asuntos Políticos de la Secretaría General de Gobierno se contactó al alcalde petista para saber “cuál es el fondo de sus exigencias”.
“Y poder rápidamente tener un mecanismo de trabajo, para que si en efecto hubiera obras comprometidas sin ejecutar o recursos se suban a la brevedad posible”, aseguró.
En la consulta se le preguntó sobre la demanda de integrantes del PRD, quienes solicitan que el gobernador Héctor Astudillo Flores diga no al gasolinazo, y Salazar Adame contestó que el domingo se presentarán las medidas de austeridad que implementará el gobierno del estado para afrontar el problema de la alza de las gasolinas.
Ante el anuncio del presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Robespierre Robles Hurtado, sobre el cierre de 30 juzgados de paz en el estado como parte de las medidas de austeridad del Poder Judicial, el funcionario estatal señaló que no afectará la impartición de justicia en el estado.
“Entiendo que es una medida de racionalidad de gasto que hará el tribunal, y según nos comentó el presidente del tribunal, que hay juzgados de paz que llevan un caso al año o dos casos y entonces el costo es altísimo, por el costo del inmueble, de los salarios y de lo que se trata es de reubicar al personal para agilizar otras áreas”, agregó.
En el quinto día que lleva la Secretaría de la Mujer del estado sin titular ni encargado de despacho, se le preguntó al secretario si ya estaba decidido quién ocupará el puesto en los próximos días, a lo que respondió que le corresponde al gobernador decidir quién estará al frente.