Veinte días después lleva Astudillo ayuda a damnificados de los vientos en la Montaña

Después de 20 días de haber sido afectados por los vientos y lluvias del pasado 8, 9 y 10 de marzo, los indígenas na savi y me´phaa recibieron ayer apoyos del gobernador Héctor Astudillo Flores, aunque muchas familias damnificadas no fueron contabilizadas.
El gobernador se comprometió a concluir las obras pendientes en el municipio de Malinaltepec, como escuelas y viviendas, luego de las afectaciones de la tormenta Manuel del 2013, y concluir la construcción del Ayuntamiento que fue demolido.
En el evento habló la presidenta de DIF, Mercedes Calvo, quien dijo a los asistentes que cuentan con ella y con el gobernador, y que tiene la autorización para continuar recorriendo los municipios y entregar despensas a las familias.
Por su parte, el gobernador explicó que no pudo estar el domingo pasado porque tenía que despedir a los turistas en Acapulco, pero que su equipo ha estado revisando los daños en la zona.
“Me siento muy complacido de visitar este pueblo y he estado pendiente de las comunidades que fueron dañados por los vientos y las lluvias”, dijo.
Anunció que les entregaría los apoyos que el presidente Enrique Peña Nieto ha enviado al estado, colchonetas, láminas, despensas, cobertores, kits de limpieza (jabón, cloro, cubetas y escobas) y que estará en esta comunidad las veces que sean necesarias.
También adelantó que en los siguientes meses será entregado el fertilizante de manera gratuita y que los productores ya no pondrán su parte, sólo el gobierno estatal y municipal pondrán el cien por ciento.
Agradeció al presidente municipal de Malinaltepec, Sebastián Ramírez Hernández, y se comprometió a concluir las obras inconclusas, como las aulas.
Anticipó que apoyará para que la región tenga pronto la cobertura de telefonía celular para que los pueblos estén comunicados, y verá cómo apoyará con las viviendas junto con la Secretaría de Desarrollo Social.
Anunció que seguirá visitando La Montaña y que la próxima semana acudirá al municipio de Copanatoyac a entregar despensas.
Por su parte, el alcalde de Malinaltepec dijo al gobernador que no iba con reclamos y sí con propuestas concretas para combatir la marginación, y enumeró exigencias como pavimentación de carreteras, conclusión de la obra del Ayuntamiento, y centros de salud con equipo médico y medicinas a tiempo.
También solicitó apoyo a los productores de café, porque en el 70 por ciento del municipio los cafetales están dañados y el 80 por ciento de los campesinos dependen totalmente de la producción del café.
En cuanto a la educación dijo que le lastima que en las comunidades de Tilapa, Moyotepec, Unión de las Peras, la Lucerna y El Tepeyac estén las aulas inconclusas que inició el Instituto Nacional de la Infraestructura Física y Educativa (INIFED), y le hizo un llamado porque hay niños —como en Tilapa— que reciben clases bajo el sol.

Pidió la señal de celular para que las comunidades estén comunicadas, y dijo que tienen muchas necesidades y que si reciben apoyo del gobierno las comunidades tomarán otras medidas, pero que le apuesta al diálogo.
En breve entrevista, el gobernador Héctor Astudillo pidió que no se desprestigie al estado de Guerrero, pues si bien hay problemas hay que enfrentarlos y se necesita la participación ciudadana para salir adelante.
Sobre el retraso de los apoyos a las comunidades respondió que se debió a que los materiales ape- nas llegaron de la federación a través del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), aunque el gobierno estatal ya había hecho lo propio con sus recursos.
De acuerdo con un boletín del gobierno del estado, ayer se entregaron 24 mil insumos distribuidos en 6 municipios para beneficiar a 93 comunidades, mediante el padrón que levantó Protección Civil del estado y el DIF estatal.
También se ofrecieron consultas médicas y atención del Registro Civil con el programa gratuito de aclaraciones y correcciones de actas.
También hubo queja de ciudadanos y autoridades, como el delegado de la colonia San Lorenzo, anexo de la comunidad de San Miguel El Progreso, quien se quejó de los llevaron con engaños porque personal del presidente municipal de Malinaltepec le entregó un oficio donde le indicaba que llevara a toda su comunidad a recibir láminas, despensas y cobijas.

Pero cuando llegaron al lugar le dijeron que no les entregarían los apoyos porque no se encuentran en la lista y que esperaran para ver si sobraban despensas.
Lamentó la falta de apoyos pues dijo que le sale más caro pagar 200 pesos de pasaje que las despensas que tal vez les entrega- rían, pero sólo si sobraban.

Otro vecino de la comunidad de Huehuetepec, del municipio de Atlamajalcingo del Monte, dijo que las láminas que entregaron no son suficientes porque hubo casas que se daña- ron totalmente y ocho placas no le ayudarán mucho.
Dijo que este municipio reportó 136 viviendas afectadas, lo que consideró una cifra irreal porque a su comunidad no llegó nadie para levantar el censo.
El lugar estuvo resguardado por policías municipales, estales y hasta policías comunitarios; hubo un gran número de asistentes por la cuota exigida a los seis municipios que recibirían los apoyos, aunque sólo fuera una despensa, un kit de limpieza o una torta.
Se observó que personal que entregó las despensas se reía de los indígenas cuando corrían de un lugar a otro siguiendo sus indicaciones para formarse; “pónganse aquí, no, mejor para acá, no, mejor del otro lado”, les decían.
Durante más de dos horas la carretera Tlapa-Marquelia fue cerrada al tránsito vehicular por el acto encabezado por el gobernador Héctor Astudillo.

Viven en casas sin techo indígenas de La Montaña por los vientos de hace 20 días, denuncian

 

Las comunidades me’phaa, na savi y nahuas de la Montaña continúan sin recibir apoyos de los gobiernos para hacer frente a las afectaciones que dejaron los vientos y la lluvia del 8, 9 y 10 de marzo en la región, cuando sus casas se quedaron sin techos.
El dirigente me’phaa del Frente de Comunidades en Defensa de los Derechos Colectivos (Frecoddec), Abel Bruno Arriaga, de la comunidad de la Unión de la Peras, informó que a las comunidades de Malinaltepec no ha llegado el apoyo para reparar los daños de las viviendas.
Dijo que no hay apoyo municipal ni estatal de autoridades de Protección Civil u otra instancia, y que las familias siguen en sus casas aunque no tienen techos.
Agregó que les pidieron llevar este martes a todos los pobladores a recibir al gobernador Héctor Astudillo Flores para que no se queden sin lámina y colchonetas, que les entregarán en la comunidad na savi de Alacatlatzala.
En la comunidad de San Miguel el Progreso tampoco han tenido respuestas, y las familias siguen viviendo al aire libre porque no cuentan con techos, y ni el municipio ni el estado se han acercado a ellos, según información proporcionada por la radiodifusora comunitaria Naxme.
Los integrantes del Consejo Regional de los Pueblos Me’phaa bathaa que exigieron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) restablecer el servicio de energía este lunes, comentaron que los apoyos no han llegado totalmente a las comunidades indígenas.
En la comunidad de El Rosario, municipio de Atlamajalcingo del Monte, las láminas tampoco han llegado a las casi 60 familias afectadas, según comentó uno de los pobladores en esta ciudad, que se quejó de que el gobernador sólo llevó cosas a los municipios de Cochoapa el Grande y Metlatónoc, hace unos días.
Otro vecino de la comunidad de Santa María Tonaya, municipio de Tlapa, reiteró que no han recibido ningún apoyo de las autoridades, que supieron que fue el gobernador, pero para ellos no dejaron nada.
El gobernador acudió el 13 de marzo a las comunidad na savi de San Lucas, de Cochoapa el Grande, y la me’phaa bathaa de Francisco I. Madero, municipio de Metlatónoc, donde de manera simbólica entregó láminas a las familias afectadas.
Se observaron paquetes de láminas para unas cinco, siete y hasta 15 familias por comunidad, cuando las afectaciones fueron mayores y ahí los dirigentes le pidieron que no cerrara las listas, porque aún no se terminan de cuantificar los daños.

Gestionará Tlachinollan fondos para reconstruir casas dañadas en la Montaña en 2013, anuncia

 

El director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández informó que buscarán gestionar los recursos para atender el problema de las casas dañadas en 2013 en la región, porque no hay presupuesto asignado para atenderlas, a más de dos años de las afectaciones de la tormenta Manuel.
Barrera Hernández, en entrevista telefónica dijo que el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello reconoció que los datos del padrón que le entregó el Consejo de Damnificados de La Montaña es real en un 80 por ciento, ya que lo confirmaron en los recorridos que hicieron en las comunidades, de agosto a diciembre de 2015.
“Ahora ya está claro que hay un sub registro y que en su momento no se programó el presupuesto correcto porque desde el Fonden se hizo otro registro, y más de dos años y medio se ha complicado la entrega”, explicó Barrera Hernández.
Barrera Hernández precisó que se reunió con Armenta Tello en las instalaciones de Tlachinollan, este miércoles 23 de marzo, en lo que llamó una reunión ejecutiva para darle seguimiento a la vivienda que no han podido resolver porque no hay avances claros y porque se retrasó el cambio de delegados en la Sedesol y la Sedatu.
Agregó que la Sedatu ya tiene resultados del padrón de viviendas que el Consejo les presentó y que las autoridades no aceptaban, “pero ya hicieron los recorridos y ahora saben que la información que presentó el Consejo es veraz (…) aunque no sea al 100 (por ciento)”.
Dijo que 896 casas se tienen que construir en las comunidades; 287 se tienen que reubicar, es decir, conseguir el terreno y construirlas; 392 viviendas tienen daños parciales, y mil 134 daños menores, en los 12 municipios que se deben atender; “pero no hay fondos”, lamentó.
Barrera Hernández dijo que era bueno que la Sedatu reconociera el sub registro, aunque ahora viene el desafío de, “como conseguir esos recursos, y que son aproximadamente 185 millones de pesos” según valoraciones.
Agregó que se tendrán que buscar en el gobierno federal, en instituciones como el Consejo Nacional de Población (Conapo); “el consejo tendrá que gestionar y tocar puertas para resarcir esos daños”, explicó Barrera Hernández.
Dijo que buscarán reunirse con el subsecretario de Asuntos Políticos, Luis Enrique Miranda, para que los atienda como lo hizo en diciembre, cuando se habló del programa Que llueva maíz en La Montaña, que se entregaría en seis meses, pero se entregó más de un año después.
Agregó que volverán a plantear la necesidad del suministro de maíz, ante la crisis del precio del café, la plaga de roya en los cafetales, los fuertes vientos y las lluvias que siguen afectando las tierras de los indígenas.
Manifestó que era un compromiso político y social la dotación de granos básicos para las 185 comunidades afectadas, que ahora son más de 200.
Remarcó que la tarea será la búsqueda de fondos, las reuniones de alto nivel para que les resuelvan, ya que no hay un presupuesto asignado para construir viviendas rezagadas en los municipios de Acatapec, Malinaltepec, Copanatoyac, Atlixtac, Zapotitlán Tablas, Metlatónoc, San Luis Acatlán y Cochoapa el Grande, entre otros.

Piden productores de café un programa permanente de empleo ante la roya

La crisis del café por la afectación de la roya es un problema grave, sostuvo el presidente del Sistema Producto Café en el estado, Evodio Argüello de León, que representa a los productores del aromático en la entidad.
Argüello de León, vía telefónica dijo que piden un programa permanente de empleo “y no uno temporal”, en lo que han insistido en las reuniones con las autoridades estatales y federales en Atoyac y Malinaltepec, para la reactivación del sector cafetalero tras la afectación de la roya en la producción.
Sostuvo que, tanto en la región de la Montaña como en la Costa Grande se ha insistido, principalmente a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) que ha participado en las reuniones con el sector, “que se defina un programa de empleo, no temporal, (que) sea permanente porque la producción será (reactivada) hasta dentro de tres años, (y) mientras de qué va vivir el productor”.
Dijo que en la zona serrana, están pidiendo que los productores no se desesperen y se arriesguen al cambio de uso de suelo, “queremos que no desistan en la cafeticultora le apostamos a la renovación de cafetales… queremos que se cuide el medio ambiente”.
Abundo que la zona serrana es apta para el cultivo de productos bajo sombra, como plátano y cacao, que algunos han ya experimentado, “pero en la Montaña es más difícil, allá no hay más que los granos básicos, además de que no hay empleo”.
Urgió que se atienda la situación para que el campesino no busque la diversificación de sus parcelas, ya que con la deforestación le apuestan a la diversificación sin dañar el medio ambiente.
Señalo que, por ello es su exigencia en el programa de empleo permanente y que sea con base en un padrón de cafetaleros actualizado, “a los que de verdad se dedican a la producción sin descuidar a los que, por cuestiones económicas, no han atendido al 100 por ciento sus parcelas”.
Señaló que ahora se permitió a los productores opinar y analizar la integración de los paquetes tecnológicos, porque son ellos los que saben lo que requieren, qué tipo de herramientas e insumos.
Señaló que sólo están en espera de que la Sedesol defina los montos y cifras de los apoyos, que incluyan al productor, torrefactor y proveedores.

Toma la UPOEG 3 horas la CFE en Tlapa contra altas tarifas y la falta del servicio

La Unión de Pueblos y Organizaciones y del Estado de Guerrero (UPOEG) en la región de la Montaña tomó las instalaciones de la CFE en Tlapa ante la falta de energía eléctrica en algunas comunidades y las altas tarifas en los recibos de algunos municipios de la región.
El coordinador de la UPOEG en la Montaña, Claudio Ortega Mendoza informó que el martes 16 de febrero tenían acordada una reunión en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de esta ciudad, con el superintendente Iván Martínez, quien los dejó plantados.
Informó que, ante la falta de seriedad de la CFE, tomaron las instalaciones cerca de tres horas para que los atendieran, hasta que recibieron una llamada para avisarles que los atendería este viernes, en Chilpacingo, el superintendente estatal.
Mencionó que la inconformidad es que la comunidad de Potoichán, municipio de Copanatoyac, y algunas de Atlixtac llevan días sin electricidad.
Además de los excesos de cobro en los recibos de luz que corresponden a la tarifa uno, porque hay personas a las que les han llegado recibos de 3 o 2 mil pesos, cuando en la Montaña los pueblos indígenas no pueden pagar esas cantidades.
Otro ejemplo, dijo que en las iglesias, delegaciones, comisarías y centros educativos, el recibo de luz ha llegado hasta a 180 mil pesos.
Los municipios inconformes son Copanatoyac, Acatepec, Tlacoapa, Atlamajalcingo de Monte, Malinaltepec y Atlixtac, y se están incorporando alunas comunidades de Chilapa.

Piden que el gobierno intervenga en el conflicto con Tilapa vecinos de Colombia de Guadalupe

Habitantes de la comunidad de Colombia de Guadalupe, Malinaltepec, solicitaron la intervención del gobierno del estado, para evitar una confrontación con Tilapa ante los problemas agrarios que enfrentan desde hace más de 20 años.
La mañana de este jueves, unos ocho vecinos de la comunidad, encabezados por el asesor legal, Luis Jerónimo Zavala, se reunieron con funcionarios de la subsecretaría de Asuntos Agrarios, para presentar la solicitud formal.
En el encuentro, los vecinos pidieron la intervención del gobierno estatal para que sea respetado el convenio firmado el 23 de octubre de 2012, para evitar que se siguieran apropiando de sus tierras.
Al término de la reunión, Jerónimo Zavala explicó que la comunidad de Colombia de Guadalupe sólo busca que se respete el convenio firmado el 23 de octubre de 2012 que también se logró con la intervención del gobierno del estado.
“La comunidad de Colombia ha mostrado su postura de resolver por la vía legal este problema, lo que atora es con los comisariados de Tilapa, quienes desconocen este convenio que firmaron de manera libre y sin presión”, agregó.
La disputa agraria entre las dos comunidades es por 889 hectáreas, que mediante el convenio firmado la comunidad de Colombia de Guadalupe las cedía a Tilapa.
Jerónimo Zavala explicó que, con la finalidad de resolver el conflicto se decidió ceder dicho territorio, pero a pesar de ello, año con año los habitantes de Tilapa han tomado más terreno del que se les cedió.
“Queremos que el gobierno… le de un puntual seguimiento, porque se puede llegar a un momento en que la comunidad de Colombia se canse y reviente”, sostuvo.
Explicó que el temor es que se registre un enfrentamiento entre los campesinos, al querer defender el terreno que se está tomando de manera irregular.
Insistió en que los pobladores de Tilapa han dado muestra de su carácter problemático, y recordó que ya han tenido conflictos con otras comunidades.
Detalló que Tilapa ha tenido problemas también con la comunidad de Tierra Colorada, debido a un camino que utilizaban los habitantes, pero al evitar que lo utilizaran resultó una confrontación violenta.
Dijo que en este primer acercamiento, el gobierno del estado se comprometió a retomar la negociación y fungir como mediador ante el conflicto que se prevé entre las comunidades.
“El gobierno se comprometió a generar las condiciones, para citar a la comunidad de Tilapa, pero aún no han dado la fecha”, comentó.

Faltan damnificados de La Lucerna, Malinaltepec, a una reunión con autoridades sobre servicios básicos

Los vecinos de la comunidad me’phaa de La Lucerna del municipio de Malinaltepec siguen en conflicto porque están en desacuerdo en el uso de los edificios públicos, y este viernes no llegó una de las partes a una reunión programada.
La reunión fue en las instalaciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi) en Tlapa, y estuvieron el alcalde de Malinaltepec del Partido del Trabajo (PT), Sebastián Ramírez Hernández, el comisario municipal de la parte alta de los reubicados de La Lucerna, Rafael García Anastasio pero no llegaron los vecinos inconformes de la misma comunidad de la parte baja, quienes solicitan la apertura del centro de salud, la comisaría y escuelas que se mantienen cerradas desde 2013 tras la contingencia de la tormenta tropical Manuel.
Los edificios públicos de la comunidad se cerraron el 28 de agosto de 2015, luego de que los vecinos se refugiaron en campamentos debido a los hundimientos y derrumbes tras las lluvias de la tormenta.
La reubicación de los afectados no fue total y meses después ante la tardanza de los gobiernos un grupo de vecinos regresó a vivir en la comunidad La Lucerna.
A los reubicados de la parte alta les asignaron médicos, escuelas y otros servicios, por eso los damnificados que se encuentran en la parte baja reclamaron “lo que les corresponde”, porque dicen que son “el poblado original” y ahí se encuentran los edificios públicos, por eso solicitan que los profesores den clases en la parte baja, que el médico atienda afuera de la clínica y no se queden en la parte alta, ya que muchos niños no pueden subir por la distancia y necesitan clases y servicios de salud.
Por estos servicios se empezó a generar tensión entre los vecinos, los afectados de la parte baja exigen servicios y la apertura de los edificios públicos mientras que los reubicados de la parte alta se niegan.
Los pobladores de la parte baja argumentaron que los reubicados ya tenían todos los servicios, y como nunca hubo un dictamen de las autoridades para reubicar a toda la comunidad sólo algunas familias recibían apoyos.
Por eso cerraron todos los edificios públicos el 28 de agosto de 2015 y el 21 de enero los vecinos de La Lucerna parte baja abrieron las escuelas, el centro de salud y la comisaría, esto generó inconformidad con los reubicados en el campamento e intentaron desalojarlos.
El 22 de enero se reunieron funcionarios del Ayuntamiento, Gobernación regional, Protección Civil, la Secretaría de Salud y vecinos de la parte baja para pedirles que, “reconsideraran y lo más sano era clausurar”, pero la síndica Lidia Martínez Martínez dijo que los vecinos no lo permitieron y fue amenazada de muerte por un ciudadano.

Propusieron un plan contra la roya y no les hicieron caso, denuncian caficultores

 

El asesor de la organización de caficultores de la unión de ejidos La Luz de La Montaña, Sabás Aburto Espinobarros, dijo que desde hace cuatro años la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC) propuso un plan nacional de acciones contra la plaga de la roya y la broca, pero las autoridades federales y del estado hicieron caso omiso.
El martes pasado productores de café de la Costa Chica-Montaña mostraron un panorama desolador, y dijeron que en este año están cosechando el 10 por ciento del café que obtenían antes, a causa de la plaga de la roya.
En los municipios de San Luis Acatlán, Iliatenco, Malinaltepec, Tlacoapa, Metlatónoc y Acatepec, hay 10 mil 500 productores que trabajan alrededor de 9 mil hectáreas de plantas de café, en donde hace tres años eran cosechados entre 50 y 65 mil quintales, cada quintal pesa 92 kilos de café seco y molido.
En la cosecha de 2015 los productores sólo produjeron 25 mil quintales. Los productores venden el café seco y molido alrededor de 19.50 pesos.
El asesor indicó que la plaga de la roya y las lluvias fuera de temporada de finales del año pasado complicaron la cosecha de la semilla y al igual que los productores del municipio de Atoyac, en la región de la Costa Chica y Montaña hay riesgo de hambruna.
Indicó que desde hace cuatro años la CNOC que aglutina a más de 50 organizaciones de caficultores del país, entregó a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) un plan de acciones de combate de la plaga, pero la dependencia hizo caso omiso.
Explicó que la siembra de café para las comunidades ubicadas a unos mil 500 metros de altura sobre el nivel del mar representa lo mismo que cultivar maíz, grano que compran con el dinero obtenido de la venta del café, y calificó de grave la situación de los campesinos de los municipios considerados de alta pobreza.
En declaraciones, Aburto Espinobarros dijo que desde 1984 los productores han sabido lidiar con las plagas de la roya, pero la plaga de la broca también mantiene preocupados a los caficultores de la región. La broca es un coleóptero curculiónido, un gorgojo, que mide de .7 a 2.2 milímetros de largo y corroe las semilla del café.
El 80 por ciento de los cultivos de café de la región, que es la más afectada por la plaga de la roya, se ubican por debajo de los mil 500 metros sobre el nivel del mar, el 20 por ciento está por arriba de esa altura, y no fue tan afectada por la plaga; sin embargo, la pronta maduración de la semilla y las lluvias atípicas acabaron por tirar la producción.
Llamó a las autoridades federales y del estado a realmente atender el problema que enfrentan los caficultores en la región de la Costa Chica y Montaña, así como de los productores de las otras regiones, y entregar los apoyos económicos a las familias que viven de la cosecha del café, porque su situación de pobreza podría empeorar.
Se unió a la exigencia de la declaratoria de emergencia para recuperar sus sembradíos.

Se invierten 550 millones de pesos para atacar la roya, dice la Sagarpa

 

El delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Mateo Aguirre Arizmendi dijo que espera que con los 550 millones de pesos que se invierten en la primera etapa para atender las 15 mil hectáreas de cafetales afectadas por la roya se controle la plaga.
En declaraciones a reporteros después del inicio de la construcción de la segunda etapa del rastro municipal, Mateo Aguirre informó que son 550 millones de pesos los que se invirtieron en la primera etapa de campaña contra la plaga de la roya que afecta los cafetales en Guerrero.
Aguirre Arizmendi explicó que los agroquímicos, vehículos, contratación de técnicos para mitigar los riesgos que tiene el café, son algunas de las acciones que ya se iniciaron para controlar la plaga que ocasionó pérdidas de hasta el 50 por ciento de la producción en los cultivos de café.
Enfatizó que están dando atención a las zonas que tienen prioridad, de las 15 mil hectáreas afectadas, es decir, la sierra de Atoyac, San Luis Acatlán y Malinaltepec, donde además de los recursos económicos se trabaja en la capacitación para el manejo adecuado de la planta, repoblación e instalación de nuevos cafetales.
Aguirre Arizmendi informó que ayer hubo una reunión preparatoria para instalar el Comité de Seguimiento de la producción de café, el cual esperan que la próxima semana tenga su primera reunión formal, y aseguró que, paulatinamente se irá aportando más dinero al combate de la roya y a la capacitación. Aunque esperan que con lo que se está haciendo se controle y evite que se pierdan los cafetales en Guerrero.

Están trabajando para controlar los brotes de palma infectados con mayate prieto

Sobre la preocupación del Consejo de Cocoteros por la plaga de mayate prieto que afecta a la palma nueva, Aguirre Arizmendi aseguró que se está trabajando con el comité de vigilancia epidemiológica para control de los brotes.
En cuanto a la renovación de palma, dijo que hay un programa de replantación de cocotero, que se están estableciendo viveros y haciendo innovaciones, como trabajar con empresas que se dedican al cultivo de tejido y fertilización in vitro para producir plantas en laboratorio, y eso permitirá agilizar el proceso.
Agregó que para la replantación hay recursos del estado y de la federación, con el objetivo de renovar el 60 por ciento de palmas que, han dicho los cocoteros, son viejas, no dan producción y solamente se usan para la venta de madera.
Por otra parte dijo que con la construcción de la segunda etapa del rastro municipal, también esperan que se acaben los rastros clandestinos, de los que, en 2012, tenían detectados más de 100.
Respecto al funcionamiento del rastro, dijo que tendrán que participar con diferentes porcentajes ganaderos, empresarios y autoridades, para conformar una figura sociativa-juridica más factible, copiando modelos y tropicalizándolos.

Plantea Bruno Plácido que la UPOEG deje sus funciones de seguridad y vuelva a la gestión

A tres años de la creación del Sistema de Justicia y Seguridad Ciudadana (SSJC) de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), el promotor Bruno Plácido Valerio planteó que la organización regrese a la gestión de infraestructura y a combatir la pobreza, una vez que el problema de la inseguridad se ha superado en las comunidades donde opera.
Ayer, la organización creada el 5 de enero de 2013, que buscó el auspicio de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), realizó su tercer Congreso Estatal con el objetivo de evaluar los avances, logros y retos del sistema, para proponer estrategias y acciones para su consolidación, en el marco de los derechos humanos de los pueblos originarios.
A la 1:30 de la tarde, los 400 asistentes, policías ciudadanos, activistas y representantes de organizaciones sociales, aplaudieron de pie a la memoria de los más de 15 policías comunitarios y promotores asesinados en los tres años que la organización lleva trabajando, a petición del delegado de la UPOEG en San Marcos, Nicolás Ramírez Delgado.
Minutos antes de dar inició al acto de inauguración, en una reunión preparatoria Bruno Plácido Valerio expresó que es necesario que en la organización existan nuevos rostros y la posibilidad de su retiro al frente de la UPOEG. En declaraciones, precisó que, si la población lo permitiera, estaría bajo la figura de asesor o de consejero.
En cuanto a las narcomantas que aparecieron en diciembre en Chilpancingo señalando al dirigente na’savi de tener vínculos con integrantes de grupos criminales, luego de la incursión de la organización en comunidades de la sierra de Chichihualco, Bruno Plácido dijo que, “esas mantas llevan un mensaje, que significa detención o significa masacre, y al último se justifican diciendo que estaban vinculados y por eso los mataron, por eso es sano hacerse a un lado”.
En su intervención, Bruno Plácido dijo que el 5 de enero hace tres años, el levantamiento organizado de la ciudadanía fue “histórico” en el municipio de Ayutla para defenderse de los delincuentes, cuando las autoridades del estado y los militares permanecieron indiferentes ante las denuncias que hacían.
Ahora, dijo que el movimiento de los policías ciudadanos debe de pasar a un segundo orden, “ya no debe de ser el centro”, y la prioridad de la organización debe ser la erradicación de la pobreza y la gestión del desarrollo de las comunidades, con infraestructura, para encontrar paz.
Abundó que, si se erradica la pobreza también terminará la inseguridad, porque mucha gente que ha detenido la Policía Ciudadana luego de cometer un delito, ha aceptado que lo hizo porque no tenía dinero.
“Se tiene que ver la ruta, si se sigue deteniendo por pobre o buscamos alternativas de solución. La gente cuando es detenida dice que no tiene dinero”, y que por eso comete delitos.
Llamó a los gobierno a anteponer la decisión de los pueblos y no empeñarse en querer gobernar como si estuvieran en un racho, dando órdenes y en beneficio de sus intereses.
Plácido Valerio recordó que el movimiento no es enemigo del gobierno porque está coadyuvando en la seguridad; como parte de ello, en el segundo año de su conformación, los policías ciudadanos decidieron quitarse los pasamontañas para evitar una confrontación, y luego de que el gobierno advirtiera que en la zona se gestaba un movimiento armado.
El promotor subrayó que las asambleas comunitarias han unificado y fortalecido a la organización, por que son las comunidades las que nombran y quitan a sus policías comunitarios, “fue devolverle el poder a la gente”, y así evitar que se tomen decisiones unilaterales, explicó.
Llamó a los policías ciudadanos a no olvidar que su finalidad es cuidar a la ciudadanía y que sus armas no son para estar encima del pueblo, y que los promotores deben de ser facilitadores de la información. Rememoró que cuando la delincuencia ataca a la sociedad, la policía debe accionar, pero cuando el gobierno ataca a la organización, es el pueblo el que debe salir a defenderlos, “hay una reciprocidad”.
“Ahora han surgido muchos grupos porque no han aceptado el esquema de comunidad. Llámese comunitaria o ciudadana, tienen que tener la formula de la asamblea, no podemos hacer grupo, porque si hacemos grupo vamos a terminar (en lo mismo) a lo que teníamos miedo”, indicó.
Recordó que en Tierra Colorada y Malinaltepec se permitió que los autodefensas portaran armas de grueso calibre para combatir a la delincuencia, lo que terminó revirtiéndose contra la población cuando el grupo sometió al pueblo, “fue un error que no podemos permitir”, dijo.
Llamó a la reflexión a los policías ciudadanos, porque a pesar de que no hay integrantes suyos en la cárcel, sí hay muchas averiguaciones previas, muertos y enfrentamientos, “tenemos que buscar qué hacer, porque de todo me echan la culpa a mí. Es fácil buscar culpables, pero es bien difícil asumir responsabilidad”, subrayó.
Informó que la UPOEG mantiene su presencia en 12 municipios de la Costa Chica, Acapulco, Chilpancingo y, desde noviembre, en 16 comunidades de la sierra de Chichihualco, además de en 14 comunidades de San Miguel Totolapan, donde la gente ha solicitado su apoyo para organizarlos.
En este contexto, dijo que la UPOEG es un facilitador para que las comunidades se organicen, “no somos empresa de seguridad”, aclaró.
En su intervención, el fundador de la UPOEG, Crisóforo García Rodríguez recordó que donde hay policías comunitarios o ciudadanos hay paz, y “donde no, como Acapulco, hay sangre todo los días”. Afirmó que, “hay una delincuencia pactada y tolerada por el gobierno, que lo utiliza”.
Señaló que el gobierno los llamó autodefensa a pesar de actuar bajo el marco de la Ley y los tratados internacionales de los derechos indígenas, para tratar de desarmarlos, sin embargo el objetivo que persigue la organización es combatir la delincuencia.

Las ocho mesas de trabajo de la asamblea

Después del acto, se instalaron ocho mesas de trabajo: Proyecto comunitario y desarrollo integral; Informe, evaluación, reestructuración y funcionamiento del SSJC; Derecho a la consulta y representación popular; Defensa del territorio y recursos naturales; Integración familiar, prevención y abatimiento del delito; Desaparición forzadas y atención a víctimas; 43 estudiantes normalistas y otras personas desaparecidas; y Derechos Sociales.
Hoy, luego de una marcha se darán a conocer los resultados de las discusiones de las mesas. Al acto asistió el fundador de la CRAC y hermano de Bruno Plácido, Cirino y el ex diputado federal Marcos Matías.

De la organización podrían salir más grupos como el FUSDEG, dice el promotor

En declaraciones, Bruno Plácido Valerio indicó que así como se desprendió el FUSDEG por grupos de intereses, de la UPOEG “podrían salir otros”.
Enfatizó que si las nuevas organizaciones no se apegan al esquema de las asambleas de los pueblos, tenderán al fracaso o se conformarán en “grupos” que, en vez de proteger a la población, pueden ser delincuentes.
También dijo que la UPOEG no puede vivir como un centro de atención a la seguridad cuando hay secuestros, “sí pasan cosas, pero sí se han resuelto”.
Abundó que, “si seguimos fomentando la Policía Ciudadana, los policías pueden llegar a corromperse o desviarse, y se necesita cambiar el centro de atención para que las comunidades sean las a que tomen las decisiones”.
El dirigente dijo que en vez de perseguir a los drogadictos, se debe de atender la drogadicción, al igual que los problemas de deudas de las personas en las comunidades donde las casas de prestamos cobran altos intereses y la gente termina endeudada y robando para poder pagar.

Diálogo y respeto, piden
coordinadores

El promotor de la UPOEG Crisóforo García, en declaraciones solicitó a los gobiernos municipal, estatal y federal, y a las instituciones a las “que les competa dar seguridad, que lo hagan”, y llamó al gobierno a mantener el diálogo, la coordinación y el respeto con la UPOEG.
Expresó que en tres años se ha confirmado que la consolidación de una organización no depende de los líderes o dirigentes, sino del poder de la población. Dijo que quienes han perseguido intereses personales han fracasado y no logran sobrevivir.
Dijo que esos mismos intereses personales por el control han derivado en muertos, en alusión a la separación del FUSDEG que opera en el Valle del Ocotito. El 30 de marzo se registró una balacera entre ambos grupos en el crucero de San Juan de El Reparo que dejó 12 muertos, 10 del FUSDEG y dos de la UPOEG.
Por su parte, la promotora de Ayutla, Eneida Lozano Reyes dijo que los avances de la UPOEG son muchos y los resultados son evidentes, pero reconoció que es difícil seguir operando cuando la gente cae en la comodidad porque hay seguridad.
Reconoció que hay apoyo a las mujeres dentro de la organización y tienen el mismo derecho de voz y decisión.