A tres años de la creación del Sistema de Justicia y Seguridad Ciudadana (SSJC) de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), el promotor Bruno Plácido Valerio planteó que la organización regrese a la gestión de infraestructura y a combatir la pobreza, una vez que el problema de la inseguridad se ha superado en las comunidades donde opera.
Ayer, la organización creada el 5 de enero de 2013, que buscó el auspicio de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), realizó su tercer Congreso Estatal con el objetivo de evaluar los avances, logros y retos del sistema, para proponer estrategias y acciones para su consolidación, en el marco de los derechos humanos de los pueblos originarios.
A la 1:30 de la tarde, los 400 asistentes, policías ciudadanos, activistas y representantes de organizaciones sociales, aplaudieron de pie a la memoria de los más de 15 policías comunitarios y promotores asesinados en los tres años que la organización lleva trabajando, a petición del delegado de la UPOEG en San Marcos, Nicolás Ramírez Delgado.
Minutos antes de dar inició al acto de inauguración, en una reunión preparatoria Bruno Plácido Valerio expresó que es necesario que en la organización existan nuevos rostros y la posibilidad de su retiro al frente de la UPOEG. En declaraciones, precisó que, si la población lo permitiera, estaría bajo la figura de asesor o de consejero.
En cuanto a las narcomantas que aparecieron en diciembre en Chilpancingo señalando al dirigente na’savi de tener vínculos con integrantes de grupos criminales, luego de la incursión de la organización en comunidades de la sierra de Chichihualco, Bruno Plácido dijo que, “esas mantas llevan un mensaje, que significa detención o significa masacre, y al último se justifican diciendo que estaban vinculados y por eso los mataron, por eso es sano hacerse a un lado”.
En su intervención, Bruno Plácido dijo que el 5 de enero hace tres años, el levantamiento organizado de la ciudadanía fue “histórico” en el municipio de Ayutla para defenderse de los delincuentes, cuando las autoridades del estado y los militares permanecieron indiferentes ante las denuncias que hacían.
Ahora, dijo que el movimiento de los policías ciudadanos debe de pasar a un segundo orden, “ya no debe de ser el centro”, y la prioridad de la organización debe ser la erradicación de la pobreza y la gestión del desarrollo de las comunidades, con infraestructura, para encontrar paz.
Abundó que, si se erradica la pobreza también terminará la inseguridad, porque mucha gente que ha detenido la Policía Ciudadana luego de cometer un delito, ha aceptado que lo hizo porque no tenía dinero.
“Se tiene que ver la ruta, si se sigue deteniendo por pobre o buscamos alternativas de solución. La gente cuando es detenida dice que no tiene dinero”, y que por eso comete delitos.
Llamó a los gobierno a anteponer la decisión de los pueblos y no empeñarse en querer gobernar como si estuvieran en un racho, dando órdenes y en beneficio de sus intereses.
Plácido Valerio recordó que el movimiento no es enemigo del gobierno porque está coadyuvando en la seguridad; como parte de ello, en el segundo año de su conformación, los policías ciudadanos decidieron quitarse los pasamontañas para evitar una confrontación, y luego de que el gobierno advirtiera que en la zona se gestaba un movimiento armado.
El promotor subrayó que las asambleas comunitarias han unificado y fortalecido a la organización, por que son las comunidades las que nombran y quitan a sus policías comunitarios, “fue devolverle el poder a la gente”, y así evitar que se tomen decisiones unilaterales, explicó.
Llamó a los policías ciudadanos a no olvidar que su finalidad es cuidar a la ciudadanía y que sus armas no son para estar encima del pueblo, y que los promotores deben de ser facilitadores de la información. Rememoró que cuando la delincuencia ataca a la sociedad, la policía debe accionar, pero cuando el gobierno ataca a la organización, es el pueblo el que debe salir a defenderlos, “hay una reciprocidad”.
“Ahora han surgido muchos grupos porque no han aceptado el esquema de comunidad. Llámese comunitaria o ciudadana, tienen que tener la formula de la asamblea, no podemos hacer grupo, porque si hacemos grupo vamos a terminar (en lo mismo) a lo que teníamos miedo”, indicó.
Recordó que en Tierra Colorada y Malinaltepec se permitió que los autodefensas portaran armas de grueso calibre para combatir a la delincuencia, lo que terminó revirtiéndose contra la población cuando el grupo sometió al pueblo, “fue un error que no podemos permitir”, dijo.
Llamó a la reflexión a los policías ciudadanos, porque a pesar de que no hay integrantes suyos en la cárcel, sí hay muchas averiguaciones previas, muertos y enfrentamientos, “tenemos que buscar qué hacer, porque de todo me echan la culpa a mí. Es fácil buscar culpables, pero es bien difícil asumir responsabilidad”, subrayó.
Informó que la UPOEG mantiene su presencia en 12 municipios de la Costa Chica, Acapulco, Chilpancingo y, desde noviembre, en 16 comunidades de la sierra de Chichihualco, además de en 14 comunidades de San Miguel Totolapan, donde la gente ha solicitado su apoyo para organizarlos.
En este contexto, dijo que la UPOEG es un facilitador para que las comunidades se organicen, “no somos empresa de seguridad”, aclaró.
En su intervención, el fundador de la UPOEG, Crisóforo García Rodríguez recordó que donde hay policías comunitarios o ciudadanos hay paz, y “donde no, como Acapulco, hay sangre todo los días”. Afirmó que, “hay una delincuencia pactada y tolerada por el gobierno, que lo utiliza”.
Señaló que el gobierno los llamó autodefensa a pesar de actuar bajo el marco de la Ley y los tratados internacionales de los derechos indígenas, para tratar de desarmarlos, sin embargo el objetivo que persigue la organización es combatir la delincuencia.
Las ocho mesas de trabajo de la asamblea
Después del acto, se instalaron ocho mesas de trabajo: Proyecto comunitario y desarrollo integral; Informe, evaluación, reestructuración y funcionamiento del SSJC; Derecho a la consulta y representación popular; Defensa del territorio y recursos naturales; Integración familiar, prevención y abatimiento del delito; Desaparición forzadas y atención a víctimas; 43 estudiantes normalistas y otras personas desaparecidas; y Derechos Sociales.
Hoy, luego de una marcha se darán a conocer los resultados de las discusiones de las mesas. Al acto asistió el fundador de la CRAC y hermano de Bruno Plácido, Cirino y el ex diputado federal Marcos Matías.
De la organización podrían salir más grupos como el FUSDEG, dice el promotor
En declaraciones, Bruno Plácido Valerio indicó que así como se desprendió el FUSDEG por grupos de intereses, de la UPOEG “podrían salir otros”.
Enfatizó que si las nuevas organizaciones no se apegan al esquema de las asambleas de los pueblos, tenderán al fracaso o se conformarán en “grupos” que, en vez de proteger a la población, pueden ser delincuentes.
También dijo que la UPOEG no puede vivir como un centro de atención a la seguridad cuando hay secuestros, “sí pasan cosas, pero sí se han resuelto”.
Abundó que, “si seguimos fomentando la Policía Ciudadana, los policías pueden llegar a corromperse o desviarse, y se necesita cambiar el centro de atención para que las comunidades sean las a que tomen las decisiones”.
El dirigente dijo que en vez de perseguir a los drogadictos, se debe de atender la drogadicción, al igual que los problemas de deudas de las personas en las comunidades donde las casas de prestamos cobran altos intereses y la gente termina endeudada y robando para poder pagar.
Diálogo y respeto, piden
coordinadores
El promotor de la UPOEG Crisóforo García, en declaraciones solicitó a los gobiernos municipal, estatal y federal, y a las instituciones a las “que les competa dar seguridad, que lo hagan”, y llamó al gobierno a mantener el diálogo, la coordinación y el respeto con la UPOEG.
Expresó que en tres años se ha confirmado que la consolidación de una organización no depende de los líderes o dirigentes, sino del poder de la población. Dijo que quienes han perseguido intereses personales han fracasado y no logran sobrevivir.
Dijo que esos mismos intereses personales por el control han derivado en muertos, en alusión a la separación del FUSDEG que opera en el Valle del Ocotito. El 30 de marzo se registró una balacera entre ambos grupos en el crucero de San Juan de El Reparo que dejó 12 muertos, 10 del FUSDEG y dos de la UPOEG.
Por su parte, la promotora de Ayutla, Eneida Lozano Reyes dijo que los avances de la UPOEG son muchos y los resultados son evidentes, pero reconoció que es difícil seguir operando cuando la gente cae en la comodidad porque hay seguridad.
Reconoció que hay apoyo a las mujeres dentro de la organización y tienen el mismo derecho de voz y decisión.
