El preso político y promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Arturo Campos Herrera llamó al gobernador Héctor Astudillo Flores desde la cárcel a que pare la delincuencia o renuncie, y sostuvo que el modelo de la Policía Comunitaria es el mejor y debe de seguir avanzando en las comunidades del estado y del país.
En un pequeño espacio que ocupa una oficina en la cárcel de Ayutla, Arturo saludó y abrazó unos 20 minutos a los representantes de las organizaciones sociales y de derechos humanos que lo visitaron ayer. Después un grupo de reporteros entró para charlar con él.
Vestía una playera blanca del equipo Los Pumas y un pantalón de mezclilla. Se veía fuerte a pesar de lo difícil que ha sido estar encerrado tres años en condiciones precarias, la falta de medicamentos y de doctores.
“Si el gobernador quiere a su estado, que pare la violencia, si no que renuncie”, soltó el promotor de la CRAC, y recriminó lo dicho por el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, el martes, de que la violencia bajó en el estado, “sigue habiendo muertos”, además de que siguen los secuestros, cobros de cuotas y asesinatos.
El preso político dijo que “puede haber muchas leyes pero mientras no se respeten seguirá la violación de los derechos humanos” en el estado y el país. Culpó a los malos gobernantes de la “mala” situación del estado.
Señaló la incapacidad del gobierno de dar seguridad a las comunidades, y dijo que la CRAC es la única esperanza para la paz en el estado, “el modelo de la Policía Comunitaria es mejor, se tiene que copiar el modelo para seguir avanzando en las demás comunidades del estado”.
Campos Herrera expresó que “los pueblos tienen que hacer la reforma (a la Ley 701), se tiene que mejorar” y reclamó el presupuesto que se debe de dar a la Policía Comunitaria por el estado, que sigue gastando el dinero en una estrategia que ha fallado.
Expresó que “libertad sería justicia total, que no haya pobreza, corrupción”. Dijo que él afuera no se sentiría seguro y como todos tiene miedo, “pero si nos toca morir por una buena causa la lucha seguirá”, porque pese a los asesinatos de los integrantes de la CRAC, la única esperanza es la organización de los pueblos, donde la inconformidad crece.
Etiqueta: Policía Comunitaria
Recorren simpatizantes del FUSDEG brechas de Tierra Colorada para evitar la entrada de la UPOEG
El municipio Juan R. Escudero está rodeado por la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) que tiene presencia en Tecoanapa, Acapulco y Chilpancingo, no obstante mujeres de la cabecera municipal aseguraron que no van a permitir que el grupo armado ingrese a sus tierras, en apoyo a la Policía Comunitaria del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), que opera en el municipio.
Ayer las mujeres recorrieron las parcelas y caminos cercanos al punto del último enfrentamiento de las dos organizaciones armadas, para buscar indicios de la presencia de los contrarios antes de ser sorprendidos, y encontraron huellas de botas tipo militar que estimaron, pueden ser de integrantes de la UPOEG.
Bajo la arboleda de una estas veredas denunciaron que el jueves en la última confrontación, la Policía Estatal abrió el paso a los hombres de la UPOEG hasta las inmediaciones de la cabecera municipal para que entraran a la población, como hicieron en El Ocotito, donde los grupos del FUSDEG ya fueron desplazados.
Afirmaron que en Tierra Colorada están dispuestas a morir luchando antes de permitir que la UPOEG “nos gobierne”. Recordaron que la UPOEG ya operó las acciones de seguridad y fueron despedidos del municipio.
En la comandancia el coordinador de la Policía Comunitaria del FUSDEG en Juan R Escudero, Maximino Alejo informó que grupos de la UPOEG ya se instalaron en el crucero de San Juan del Reparo, antes de Tecoanapa. En ese punto había una patrulla de la Policía Estatal desde el asesinato del hermano de uno de los fundadores del FUSDEG en Juan R Escudero, Romualdo Santiago Díaz (en abril de 2016), para evitar que algún grupo armado cruzara los límites. No obstante, ya hubo nuevas confrontaciones.
Al salir de Tierra Colorada hacia la capital por la carretera federal, se observó un policía estatal de guardia en la entrada de la población, y en el siguiente poblado y en Carrizal de la Vía policías de armados de la UPOEG sobre la vía de comunicación, frente al arco que marca la localidad perteneciente a Chilpancingo, así como en Mohoneras, Buena Vista y Acahuizotla.
Juan R. Escudero
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el municipio sólo representa el .64 por ciento del territorio estatal, siete localidades concentran 73 por ciento de la población y colinda con municipios de tres diferentes regiones: al noreste con Mochitlán y Quechultenango, al noroeste Chilpancingo de la zona Centro, al oeste con Acapulco de Juárez, al sur con San Marcos y al sureste con Tecoanapa de la Costa Chica.
Su ubicación es estratégica porque es paso para las carreteras federal y de cuota México-Acapulco, y la desviación hacia Costa Chica que entronca con la carretera nacional Acapulco-Pinotepa Nacional.
La versión más extendida del conflicto entre los grupos armados es la disputa por el control de las vías de comunicación, que también representa un corredor de droga que se produce en la zona. El coordinador de la Policía Comunitaria del FUSDEG en Chilpancingo, Salvador Alanis, siempre sostuvo que la UPOEG quería disponer de este corredor y señaló al líder de esa organización, Bruno Plácido Valerio de tener vínculos con el crimen organizado.
Maximino Alejo de Juan R. Escudero denunció que la UPOEG se alió con un grupo delictivo de la sierra para desplazar al FUSDEG de Chilpancingo, en particular de El Ocotito.
Acusó al jefe de la Policía Ciudadana Deivid Barrientos, antes lugarteniente del FUSDEG en El Ocotito, de fracturar la estructura municipal, agruparse con la UPOEG en el valle de El Ocotito y aliarse con Plácido Valerio para derrotar a sus compañeros. En este marco, indicó que ocurrió la confrontación en Tlayolapa el 24 de octubre, con un saldo de siete muertos.
Recordó que la UPOEG cruzó los límites hacia Tierra Colorada, llevó grupos de policías ciudadanos de Costa Chica a una comunidad que se encuentra a 5 minutos de la cabecera municipal, rodeando los retenes de policías estatales del crucero de San Juan del reparo y de militares en Las Mesas.
En Tierra Colorada ya los esperaban parapetados los comunitarios del FUSDEG y los ciudadanos que los apoyan regresaron por el mismo camino que llegaron, a través de Michapa y La Estrella pero se desviaron en dirección a Xolapa, donde los comunitarios ya estaban alertados de su presencia.
El viernes ocurrió lo mismo. Señaló que la UPOEG quiso entrar armada al municipio pero los obligaron a retroceder, con una baja del FUSDEG.
Aclaró que los grupos de la Policía Ciudadana de la UPOEG de Ayutla les enviaron hace dos días un comunicado para aclarar que siguen organizados como UPOEG pero ya no responden a las ordenes de Plácido Valerio ni de su comandante Ernesto Gallardo. Lamentó que con engaños usen grupos de Tecoanapa para pelear por intereses que no son los del pueblo.
Por separado las mujeres denunciaron que el gobernador Héctor Astudillo protege a Plácido Valerio, así como el alcalde, si embargo aseguraron que no van a ceder ante los gobernantes, que nada han hecho por la seguridad de los ciudadanos.
Desde el día en que desapareció el dirigente envió cinco grupos de policías, responde el gobierno
La Secretaría General de Gobierno rechazó que el gobierno sea responsable de la desaparición y homicidio del coordinador de enlace de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de San Luis Acatlán, Irineo Salmerón Dircio, después de que esta organización y organismos civiles culparon a las autoridades de no realizar la búsqueda de inmediato.
El miércoles el coordinador fue privado de su libertad cuando se dirigía a su centro de trabajo en la primaria de Zoquiapa, en Tixtla. En la tarde vecinos y policías comunitarios bloquearon el entronque Chilpancingo-Chilapa, donde se dividen los libramientos.
Representantes de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Fiscalía Antisecuestro dialogaron con los policías comunitarios, y lo único que lograron fue reunirse al siguiente día con el subsecretario de Desarrollo Político, José Martín Maldonado del Moral.
En un comunicado de prensa la Secretaría General de Gobierno señala que “enviaron desde ese mismo día (de la desaparición) cinco grupos de elementos de Seguridad Pública y de Policía Ministerial, bajo la coordinación del Fiscal Regional de la zona centro, los cuales ante la presencia del presidente municipal y del personal de la Secretaría General de Gobierno, acordaron con los policías comunitarios de la CRAC de Tixtla, efectuar operativos de búsqueda conjunta a partir de las 21 horas”.
Al siguiente día representantes de la CRAC se reunieron con Maldonado del Moral, al término expusieron a El Sur que no obtuvieron la respuesta que necesitaban, que los funcionarios les dijeron que tenían que actuar bajo el tiempo que señala el protocolo y que tuvieron la impresión de que no se movilizarían como lo esperaban, pues dijeron que hasta ese momento no lo habían hecho.
La policía municipal mantuvo recorridos y retenes por su parte, y más tarde los comunitarios se dieron cuenta de que acudieron unas patrullas con policías ministeriales, sin que tuvieran coordinación con ellos.
En el documento se asegura que durante la reunión sostenida en Palacio de Gobierno acordaron dar seguimiento a la búsqueda, pero que al siguiente día fue hallado el coordinador de encale sin vida cerca de la ciudad de Chilapa.
“La Fiscalía ya ha abierto una carpeta de investigación, que incluye un mensaje dejado en el cuerpo dela víctima”, agrega. Y que por lo anterior, la Secretaría General de Gobierno rechaza las acusaciones en contra del gobernador Héctor Astudillo Flores de la desaparición y homicidio de Salmerón Dircio.
Sepultan al coordinador de la CRAC asesinado en Tixtla; responsabilizan al gobierno del estado
“Les pedimos no abandonar el proyecto, es una familia, continuaremos haciendo reuniones, continuaremos trabajando, esto es un reto y no nos atemorizaran, a esto venimos, estamos puestos porque el pueblo demanda seguridad”, fueron las últimas palabras declamadas frente al cuerpo del coordinador del comité de enlace de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de San Luis Acatlán, Irineo Salmerón Dircio hallado asesinado este viernes.
A las 3:30 de la tarde con cuatro coronas de flores blancas se encabezó la marcha fúnebre del profesor rumbo a la iglesia de San Martín en Tixtla, seguidos por un contingente de policías comunitarios quienes montaron una operación de seguridad afuera de la iglesia y en el panteón.
“Tenemos miedo a que la sociedad siga igual, que no apoye en este conflicto, desafortunadamente vivimos en una sociedad que no es solidaria en la lucha”, dijo Pedro Santos Bartolo, el coordinador de la Policía Comunitaria.
Responsabilizó al gobierno del estado “con su nueva careta de crimen organizado” del asesinato de Salmerón Dircio, ante lo que dijo que estarán atentos a lo que ocurra en los siguientes días, “porque nadie está exento”.
“Estamos indignados porque es un hecho que no nos esperamos, responsabilizamos al gobierno con su careta de delincuencia organizada estaremos diseñando un plan de acción”, agregó.
Agregó que habrá una reunión de enlace con la Casa de Justicia matriz con sede en San Luis Acatlán y sus representantes, para determinar el plan de acción para responder.
“Aquí ya el llamado que se tiene por el mensaje de texto (un narcomensaje dejado junto al cuerpo del maestro) es un ataque directo hacia la Policía Comunitaria”, expuso.
El cuerpo del coordinador del comité de enlace de la CRAC fue encontrado envuelto en bolsas negras y con cinta café la mañana de este viernes en el camino que conduce a la comunidad Lodo Grande y la colonia Claveles, en Chilapa, a unos 500 metros de un retén de militares.
A un lado tenía una cartulina blanca que decía, “Esto les pasó por no alinearse con el jefe y esto va pa todos los comunitarios chaqueteros la mera riata. Atte. Los Jefes”.
Ayer en la tarde más de 500 amigos, familiares e integrantes de la Policía Comunitaria participaron en la misa de cuerpo presente en la iglesia principal de Tixtla, donde en un discurso cortó se dijo que se enfrentan “los hermanos”.
Tras la misa el cuerpo fue enterrado en el panteón de Tixtla, donde un policía comunitario dijo “el que quiera ser águila que vuele, el que quiera ser gusano que se arrastre, pero que no grite cuando lo pisen”.
Mencionó que el proyecto de la Policía Comunitaria se creó por la necesidad de seguridad para el pueblo, y que funciona como una familia, por lo que se insistió en que este hecho no provocará que sus integrantes desistan.
Se recordó al maestro como un profesionista admirado por todos debido al cargo que desempeñaba y al ejemplo que le dio a sus compañeros, al comprometerse de manera íntegra al cargo que ocupaba.
En un boletín de prensa el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos y la Comisión Independiente de Derechos Humano de Morelos, señalaron que se aprovecha la violencia generalizada para atacar a defensores de derechos humanos de la educación y de los pueblos, y calificaron el asesinato como ejecución extrajudicial, ante lo que urgieron que las autoridades federales, estatales y municipales actúen.
Sepultan al coordinador de la CRAC asesinado en Tixtla; responsabilizan al gobierno del estado
“Les pedimos no abandonar el proyecto, es una familia, continuaremos haciendo reuniones, continuaremos trabajando, esto es un reto y no nos atemorizarán, a esto venimos, estamos puestos porque el pueblo demanda seguridad”, fueron las últimas palabras declamadas frente al cuerpo del coordinador del comité de enlace de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de San Luis Acatlán, Irineo Salmerón Dircio hallado asesinado este viernes.
A las 3:30 de la tarde con cuatro coronas de flores blancas se encabezó la marcha fúnebre del profesor rumbo a la iglesia de San Martín en Tixtla, seguidos por un contingente de policías comunitarios quienes montaron una operación de seguridad afuera de la iglesia y en el panteón.
“Tenemos miedo a que la sociedad siga igual, que no apoye en este conflicto, desafortunadamente vivimos en una sociedad que no es solidaria en la lucha”, dijo Pedro Santos Bartolo, el coordinador de la Policía Comunitaria.
Responsabilizó al gobierno del estado “con su nueva careta de crimen organizado” del asesinato de Salmerón Dircio, ante lo que dijo que estarán atentos a lo que ocurra en los siguientes días, “porque nadie está exento”.
“Estamos indignados porque es un hecho que no nos esperamos, responsabilizamos al gobierno con su careta de delincuencia organizada estaremos diseñando un plan de acción”, agregó.
Agregó que habrá una reunión de enlace con la Casa de Justicia matriz con sede en San Luis Acatlán y sus representantes, para determinar el plan de acción para responder.
“Aquí ya el llamado que se tiene por el mensaje de texto (un narcomensaje dejado junto al cuerpo del maestro) es un ataque directo hacia la Policía Comunitaria”, expuso.
El cuerpo del coordinador del comité de enlace de la CRAC fue encontrado envuelto en bolsas negras y con cinta café la mañana de este viernes en el camino que conduce a la comunidad Lodo Grande y la colonia Claveles, en Chilapa, a unos 500 metros de un retén de militares.
A un lado tenía una cartulina blanca que decía, “Esto les pasó por no alinearse con el jefe y esto va pa todos los comunitarios chaqueteros la mera riata. Atte. Los Jefes”.
Ayer en la tarde más de 500 amigos, familiares e integrantes de la Policía Comunitaria participaron en la misa de cuerpo presente en la iglesia principal de Tixtla, donde en un discurso cortó se dijo que se enfrentan “los hermanos”.
Tras la misa el cuerpo fue enterrado en el panteón de Tixtla, donde un policía comunitario dijo “el que quiera ser águila que vuele, el que quiera ser gusano que se arrastre, pero que no grite cuando lo pisen”.
Mencionó que el proyecto de la Policía Comunitaria se creó por la necesidad de seguridad para el pueblo, y que funciona como una familia, por lo que se insistió en que este hecho no provocará que sus integrantes desistan.
Se recordó al maestro como un profesionista admirado por todos debido al cargo que desempeñaba y al ejemplo que le dio a sus compañeros, al comprometerse de manera íntegra al cargo que ocupaba.
En un boletín de prensa el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos y la Comisión Independiente de Derechos Humano de Morelos, señalaron que se aprovecha la violencia generalizada para atacar a defensores de derechos humanos de la educación y de los pueblos, y calificaron el asesinato como ejecución extrajudicial, ante lo que urgieron que las autoridades federales, estatales y municipales actúen.
Levantan al coordinador de la CRAC?en Tixtla; comunitarios bloquean seis horas la carretera
La mañana del miércoles fue levantado en Tixtla por hombres armados a bordo de una camioneta blanca, el coordinador del comité de enlace de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de San Luis Acatlán, Irineo Salmerón Dircio, de inmediato la Policía Comunitaria lo buscó en las inmediaciones sin encontrarlo.
A las 5 de la tarde integrantes de la CRAC bloquearon la carretera federal durante seis horas en el entronque de la carretera Tixtla-Chilapa con el nuevo libramiento, para exigir a las autoridades estatales la búsqueda y presentación con vida de su compañero de 48 años.
En la mañana se dio a conocer que el coordinador fue levantado por hombres armados cuando se dirigía a la primaria de Zoquiapa, donde labora y a las 5 de la tarde la CRAC convocó al bloqueo.
Acudieron unos 80 policías comunitarios y vecinos, en el lugar se consultó al coordinador Pedro Santos Bartolo, quien detalló que su compañero fue levantado a las 6:45 de la mañana en el barrio de San Lucas, y se corroboró que no llegó a su centro de trabajo.
Dijo que testigos informaron que fue llevado en una camioneta tipo CRV blanca. Salmerón Dircio se desempeña como coordinador desde 2014.
“En días recientes ustedes saben aquí en Tixtla en esta parte fueron tirados nueve cuerpos, es lamentable la situación que se está viviendo y no podemos ser indiferentes. Hoy levantan a este compañero, igual tenemos que hacer algo, la obligación del gobierno es dar seguridad”, expuso Santos Bartolo.
Informó que se platicó con el alcalde, el perredista Hossein Nabor Guillén para solicitarle una vía para entablar diálogo con el gobierno del estado.
Abundó que durante el día la Policía Comunitaria hizo la búsqueda en las inmediaciones de Tixtla, pues el gobierno ha limitado su territorio de acción.
–¿Ha habido más ataques contra la Policía Comunitaria?-, se le preguntó.
–Sí, no es la primera vez, de hecho digamos que en un lapso de dos meses otros dos compañeros fueron asesinados aquí mismo en Tixtla. Entonces hablamos que es el tercer desaparecido, de los otros dos los cuerpos fueron encontrados, se les dio la sepultura correspondiente.
Los dos asesinados eran policías, el primero desapareció hace mes y medio y el segundo 40 días después, informó.
Exigió que se respete su vida porque lucha por dar seguridad, “porque la sociedad ha estado muy silenciada y no se puede permitir más”.
“Que el gobierno nos escuche, sabemos que la presión sirve mucho y es lo que estamos haciendo, y lo que le pedimos a la ciudanía es que también alce la voz y que las personas que no están alzando la voz comprendan la situación, tenemos que ser solidarios, una lucha aislada no va a prosperar”, recalcó.
Ante el bloqueo el transporte a Chilpancingo y a Chilapa bajaba a los pasajeros para que cruzaran el bloqueo y del otro lado otra Urvan los condujera a su destino. Una de los pasajeros era la diputada local por el PRI Flavia García García.
Cuando los policías se percataron de su presencia se acercaron a la Urvan para pedirle que dialogara con ellos, pero no quiso bajar del vehículo, dijo que desde su asiento los escuchaba.
“Duele mucho que a veces seamos indiferentes, como pueblo estemos por un lado y las autoridades por otro lado”, le dijo el coordinador Pedro Santos.
Como respuesta la priista dijo en reiteradas ocasiones, “por qué no hacen su petición dirigida a quien tengan que dirigirla” y que abonaran al diálogo porque el gobernador Héctor Astudillo Flores estaba abierto.
El coordinador le respondió que llevaban meses intentando hablar con él sin lograrlo, que si el estado cumpliera su función no tendrían la necesidad de armarse.
El bloqueo siguió hasta que al retén llegaron cerca de las 9 de la noche agentes del Fiscalía General del Estado (FGE), entre ellos el fiscal regional de la zona Centro, Ernesto Jacobo García, el de Antisecuestros, policías ministeriales y estatales quienes venían de Zitlala donde se localizaron 16 fosas con restos humanos.
Más tarde vía telefónica Santos Bartolo dijo que exigieron que comenzara la búsqueda, pero les respondieron que por protocolo deben de dejar pasa 72 horas.
Acordaron que toda la noche harían recorridos y retenes coordinados con los agentes del estado, y que este jueves a mediodía se reunirán con el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame.
Retiene la Tecampanera unos cien camiones de productos para Tierra Caliente y mantiene paralizado Teloloapan
En su segundo día de protestas para exigir mayor seguridad en el municipio, integrantes de la Policía Comunitaria Tecampanera de Teloloapan retuvieron camiones y tráileres de empresas nacionales y trasnacionales en los retenes de vigilancia en la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano, que hasta la noche de ayer seguían varados.
Ayer también mantenían tomado el Palacio Municipal como parte de su plan de acción para exigir a los gobiernos estatal y federal mayor seguridad para el municipio y la presencia de la Policía Federal, lo que fue parte de los acuerdos tras el bloqueo de la carretera más de 30 horas de los días 10 y 11 de este mes.
Ayer en la tarde en declaraciones vía telefónica el alcalde de Teloloapan, el perredista Robell Urióstegui Patiño informó que además estaban cerradas las sucursales bancarias, los juzgados y la agencia del Ministerio Público.
Cerca de las 8 de la mañana de ayer fuentes de la comunitaria Tecampanera informaron que en el segundo día de protestas estaban reteniendo todo tipo de camiones de carga de mercancía y servicios de empresas nacionales y trasnacionales. Pararon camiones de Coca-Cola, Bimbo, Coppel, repartidores de gas, cerveceras y de otras empresas que llevaban mercancía a la región Tierra Caliente y que venían a la zona Norte.
A la una de la tarde de ayer informaron que había unos 100 camiones y tráileres retenidos en los retenes que instalaron en la carretera federal en las salidas hacia Iguala y Arcelia. Los camiones y tráileres fueron estacionados en la orilla de la carretera, sin que se bloqueara la circulación vehicular.
El martes los comunitarios cerraron el Ayuntamiento y tiendas de autoservicio para demandar mayor seguridad y la presencia de la Policía Federal, que se haga justicia a los tres herreros asesinados y se aplique la ley en contra de miembros de la delincuencia que se adjudicaron el crimen, y que se capture a los principales líderes del grupo criminal La Familia Michoacana. Además que se abra una carpeta de investigación en contra del alcalde priista de Arcelia, Adolfo Torales Catalán, a quien señalan de tener vínculos con esta organización delictiva.
En la tarde en declaraciones por teléfono, el alcalde Robell Urióstegui confirmó la retención de camiones de carga y dio a conocer que hasta la tarde de ayer seguía cerrado el Ayuntamiento, los juzgados de primera instancia, de paz, el Ministerio Múblico, y no han permitido que las tiendas de autoservicio abran y tampoco en los bancos había servicio.
Declaró que la tarde del martes se reunió con una comisión de comunitarios para escuchar sus peticiones. Dijo que le pidieron que sea intermediario para programar una mesa de diálogo con el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame. Dio a conocer que ya había platicado con el secretario y estaba en espera de que le dijeran la hora para que pudiera recibir una comisión, que podría ser ayer en la noche.
Del anuncio del gobernador tras una reunión con el Grupo de Coordinación Guerrero de reforzar la seguridad en este municipio, Urióstegui Patiño dijo que no le han dado una fecha para eso.
Mencionó que hay un planteamiento a los comunitarios que para que lleguen fuerzas federales, “ellos se tienen que hacer a un lado y dejar de seguir al frente de su movimiento”.
A pregunta de que si está despachando en Teloloapan dijo que no se lo han permitido. Dio a conocer que tenía una oficina alterna en la que atendía a la población pero que también fue cerrada, por eso definió parar las actividades y confió en que hoy se reinicien labores.
El martes los comunitarios habían advertido que en caso de que no fueran atendidas sus demandas también podrían tomar la hidroeléctrica El Caracol y las mineras asentadas en la zona.
Disparan policías del FUSDEG a una camioneta en Tierra Colorada; retienen a los tripulantes
Policías Comunitarios del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) dispararon contra una camioneta en Tierra Colorada y detuvieron a sus tripulantes.
Vecinos de la colonia San José de ese poblado, que es la cabecera municipal de Juan R. Escudero, informaron de una fuerte balacera a las 9 de la noche.
Fuentes del FUSDEG confirmaron que hubo disparos, relataron que frente a su base que se encuentra a un costado de la carretera federal el chofer de una camioneta se negó a detenerse para una revisión, y le dispararon.
El vehículo se detuvo y los policías comunitarios retuvieron a los tripulantes, pero no se informó cuántos eran.
Acuerda la Policía Tecampanera de Teloloapan reforzar sus retenes y cerrar los comercios si sigue la violencia
Policías comunitarios de la Tecampanera de Teloloapan acordaron en una asamblea la tarde de ayer con comerciantes, transportistas y vecinos en general, reforzar los retenes y la vigilancia en la cabecera municipal, tras el hallazgo de los cuerpos desmembrados de los tres herreros secuestrados.
Advirtieron a los gobiernos estatal y federal del cierre de tiendas de autoservicio, cadenas comerciales, la central de autobuses y el Palacio Municipal en caso de que se den nuevos hechos de violencia.
Exigen al estado y la federación la detención de los delincuentes que se adjudicaron la muerte de los tres herreros en cartulinas que dejaron junto a sus restos, y de los líderes del grupo criminal La Familia Michoacana.
Del señalamiento que vincula a los comunitarios con el grupo delictivo Guerreros Unidos –al que se le adjudican los ataques y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala-, uno de los coordinadores de la Tecampanera afirmó que esa organización está conformada por comerciantes, profesores, transportistas, campesinos y gente de Teloloapan que ha sido víctima de la delincuencia organizada.
En declaraciones por teléfono la tarde de ayer dijo que los señalamientos en las cartulinas son con la intención de “distraer al gobierno” y confundir a la población.
Agregó que la petición del grupo criminal La Familia Michoacana a las autoridades que no se metan “es un franco desafío a las autoridades y dan a entender que son intocables, que ellos mandan”.
Ayer después de la 1 de la tarde en la base de los comunitarios instalada en la entrada a la cabecera municipal en la carretera Iguala-Teloloapan, cerca del retén militar, hubo una asamblea con los pobladores que apoyan a la Tecampanera, en la cual se definieron acuerdos a unas horas del hallazgo de los cuerpos desmembrados de los tres herreros secuestrados el 4 de noviembre en la comunidad de Totolpetec.
Minutos después de las 4 de la tarde, al término de la reunión, uno de los coordinadores dio a conocer los acuerdos, destacando que continuarán su movimiento y no dejarán las armas.
Dio a conocer que a partir de ayer reforzarían la seguridad y la vigilancia en los retenes de la cabecera municipal, harán recorridos en vehículos y a pie en brechas y cerros para buscar a los delincuentes, “para ya no permitir que sucesos cobardes y lamentables como los que ocurrieron sigan pasando”.
Instalarán mesas de diálogo con el alcalde perredista Robell Urióstegui Patiño para que sea él el intermediario con los gobiernos estatal y federal para que en Teloloapan haya mayor seguridad.
Dijo que la exigencia sigue siendo que se detenga y castigue a los líderes de La Familia Michoacana y que se dé con los delincuentes que se adjudicaron el asesinato de los tres herreros, que según las cartulinas que dejaron junto a sus restos son Flaco y Pelayo.
Declaró que la advertencia de los comunitarios es que en caso de que se den nuevos hecho de violencia del grupo criminal, tomarán el Ayuntamiento y cerrarán tiendas de autoservicio y cadenas comerciales como Súper Che, Oxxo, Elektra, Coppel, Aurrera y la central de autobuses.
Otro contacto de la misma organización dijo que esta acción sería a partir de este día, pero no fue confirmado.
Dieron a conocer que hasta ayer no había soldados de la Marina ni policías federales que solicitaron para reforzar la vigilancia.
Sepultan a los tres herreros
Integrantes de la comunitaria Tecampanera informaron que ayer a las 5 de la tarde familiares y amigos sepultaron a los tres herreros: Eduardo de 66 años, su hijo Juan Gregorio de 26 y su empleado Antonio de unos 30 años.
Los tres eran vecinos de la colonia Fovissste de la cabecera municipal de Teloloapan y fueron sepultados en el panteón municipal de la colonia Mexicapan, al norte de la cabecera municipal.
Los tres herreros fueron secuestrados la tarde del viernes 4 de noviembre en la comunidad de Totoltepec por presuntos miembros de la organización delictiva La Familia Michoacana, cuando colocaban el techado en la cancha de la escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez, trabajo por el que habían sido contratados por el gobierno municipal.
La mañana de este domingo sus cuerpos fueron hallados desmembrados en la entrada a la comunidad de La Unión, municipio de Teloloapan, en la carretera hacia Arcelia.
La CRAC es un proyecto inacabado y hay que mejorarlo, dicen dos consejeros
A 21 años de la conformación de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y su Policía Comunitaria (CRAC-PC), es un proyecto inacabado y corresponde a todos mejorar lo que no se ha hecho bien, dijo el consejero de la institución, Sabás Aburto Espinobarros, quien con el también consejero Juan Horta Cruz, son autores del libro El origen de la Policía Comunitaria-Montaña y Costa Chica y fundadores de la organización.
El texto fue presentado la tarde de este jueves en el Palacio de la Cultura, en donde hubo reclamos y la exigencia de la libertad de los presos de la CRAC Gonzalo Molina González, Arturo Campos Herrera y Samuel Ramírez García.
Además de los autores el libro también fue comentado por el representante del senador perredista Armando Ríos Piter, Mario Hernández Herrera.
Los autores explicaron que en el texto retoman el proceso que vivió la institución indígena desde su formación en octubre de 1995 a 1998, aunque también se incluyen dos de las crisis más fuertes que ha vivido, la del 2002 durante la primera “embestida” por el gobernador René Juárez Cisneros, cuando integró averiguaciones previas y liberó órdenes de aprehensión en contra de las autoridades comunitarias, así como la del 2013 cuando del gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien intervino para dividir a la CRAC-PC mediante Eliseo Villar Castillo, ahora preso.
Juan Horta explicó que el libro “es un bebé que fue deseado desde el 2015”, cuando comenzaron a concebirlo, aunque aclaró que ya había habido muchos intentos, que tres veces estuvo a punto de abortar, pero que afortunadamente nació sano.
Sabás Aburto explicó que en el libro está el contenido “del por qué de los por qué” surgió la Policía Comunitaria, después de varios intentos y reuniones con el procurador de justicia y el secretario de Seguridad Pública, sin que se hubiera logrado.
Aclaró que no fueron esas reuniones con los funcionarios las que ayudaron a la formación de la Policía Comunitaria, sino las prolongadas asambleas de los pueblos que buscaban acabar con la inseguridad, los robos, asaltos, violaciones a las mujeres y asesinatos en el corredor Montaña-Costa Chica.
Añadió que después se vinieron acontecimientos como la masacre de Aguas Blancas, los asesinatos del candidato presidencial del PRI Luis Donaldo Colosio, el asesinato del ex gobernador José Francisco Ruíz Massieu y la masacre de El Charco, en el municipio de Ayutla, “todo eso nos empujó a la organización, y si no fuera por esos acontecimientos la Policía Comunitaria no hubiera surgido”, reconoció.
Detalló que también fue fundamental la participación de las organizaciones sociales, como Los de la Montaña, 500 Años de Resistencia Indígena, las Triple S y los Consejos Comunitarios de Abasto de Diconsa. Todo eso se conjuntó “para que la semilla de la Policía Comunitaria germinara”.
Juan Horta destacó que los logros de 1995 a 1998 fueron el desmantelamiento de las bandas delincuenciales, algunas de hasta 50 criminales, la disminución de la inseguridad, la desaparición de la Policía Motorizada que fue la responsable de la masacre del vado de Aguas Blancas, así como el reconocimiento a la CRAC-PC por el Gobierno, cuando se reconoció que la Policía Comunitaria no se trataba de una guerrilla como se le acusaba.
Sin embargo añadió que 21 años después, la defensa de la CRAC-PC sigue porque los embates del gobierno continúan, “todavía hay algunos funcionarios que nos siguen llamando ilegales porque desconocen el marco legal, o lo interpretan a su manera y conveniencia.
Frente a estas circunstancias, explicó que los retos son la defensa de la CRAC-PC ante los ataques extornos e internos, que sea reconocida dentro de la Constitución Política del Estado porque en la última reforma, “casi nos ponen un freno y nos hacen a un lado”.
Asimismo dijo que otro reto es concientizar para que no se siga confundiendo a la CRAC-PC con otros grupos que también se dicen policías comunitarias, pero que no cuentan con un reglamento y no tienen como base las asambleas.
Otro de los comentaristas, el representante del senador Armando Ríos Piter, Mario Hernández explicó que el proyecto deja un aprendizaje para replicarlo en todo el estados, “es el mejor ejemplo que existe en el estado del poder popular”, definió.
Agregó que este modelo está afianzado en las asambleas comunitarias y que por eso ha funcionado muy bien, a diferencia del sistema gubernamental en el que ya no hay confianza y la inseguridad está a la orden del día.
En la etapa de preguntas el presidente del Colegio de abogados de Chilpancingo, Rubén Cayetano García manifestó que ya hacía falta un documento de este tipo.
Asimismo de entre el público surgieron inquietudes y cuestionaron a los autores y consejeros de la CRAC-PC, cosas como la falta de autonomía al recibir recursos de los ayuntamientos, reunirse con funcionarios del gobierno del estado y aceptar la credencialización de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“Yo me quedo con lo que era antes la CRAC, que su esencia era su autonomía y que se regía por sus usos y costumbres”, dijo por ejemplo, Maricela Juárez Ocampo, de la colonia Comunidad Emperador Cuauhtémoc.
Roberta Campos Adame integrante de la CRAC-PC La Patria es Primero de El Fortín, criticó que hayan recurrido para la edición del libro al senador perredista Armando Ríos Piter, “que ha aprobado leyes en contra del pueblo, ¿dónde está esa autonomía?, preguntó y luego cuestionó al senador que se quiera montar en el prestigio de la CRAC.
Otro de los asistentes preguntó la postura de los consejeros y autores del libro de los presos. Gonzalo Molina, Arturo Campos y Samuel Ramírez García, para entonces algunos de los asistentes comenzaron a desplegar y a alzar pancartas: “Libertad a Gonzalo Molina, preso político de la CRAC”, “Atención médica a Gonzalo Molina”, “Libertad a Samuel Ramírez García”, “Respeto a la autodeterminación de los pueblos indígenas”, se leyó en algunas de las cartulinas.
En respuesta a las críticas Sabás Aburto dijo que el camino de la CRAC no tiene fin, “nos vamos a ir nosotros a descansar y la CRAC-PC va a seguir porque es un proyecto inacabado, y con el esfuerzo de todos debemos mejorar lo inacabado y lo que no se hizo bien”.
Luego dijo que la autonomía es un proceso que se va construyendo poco a poco, pero precisó que la CRAC-PC es apartidista y que no está sometida a algún partido político, y menos a algún candidato, “lo que nos une es el problema de la inseguridad” y explicó que tienen que recurrir a representantes populares como al senador, a los presidentes municipales porque es un derecho acudir ante ellos.
Aclaró que la CRAC no es apéndice del gobierno ni de ningún partido, “pero no podemos ni debemos permanecer como en una isla, necesitamos mantener relaciones buenas o malas”. Aseguró que la libertad de los presos la tratan mediante la defensa jurídica del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, pero que no se sabe de su intervención, “porque poco nos gusta salir en los medios de comunicación”.
Aclaró que en 2013 se dio la credencialización de los policías comunitarios “por las prácticas desviadas” del entonces coordinador de la casa matriz con sede en San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo, debido a la intervención del gobernador Ángel Aguirre.
Subrayó que el ahora ex coordinador, (actualmente preso por homicidio), recibió el apoyo del gobernador para desmantelar a la CRAC-PC y con ello frenar a la institución, porque su función no es sólo velar por la seguridad, sino también evitar que avancen los proyectos mineros en la Montaña y Costa Chica.
Preció que a la Policía Comunitaria no se le respeta por las armas, sino por el respaldo con el que cuenta, “así carguen sólo un machete, cuentan con el poder popular”, y denunció que por eso ha habido muchos intentos de destruirla.