Podrían tener juntos a 16 levantados de Arcelia y cinco maestros de Ajuchitlán, dice el fiscal

 

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Xavier Olea Peláez, informó que las 16 personas levantadas el sábado en la comunidad de El Salitre, municipio de Arcelia, podrían estar con los cinco maestros secuestrados el lunes en la comunidad de Santana del Águila, municipio de Ajuchitlán.
Entrevistado por la periodista Denisse Maerker, en su programa de Radio Fórmula, Olea Peláez dijo que hay indicios de que los casos estén relacionados y sea el mismo grupo el que privó de la libertad a esas 21 personas.
La tarde del sábado, 17 personas fueron levantadas por unos 50 hombres armados cuando iban a una boda a la comunidad de La Palma, municipio de Arcelia; luego hallaron los cuerpos de tres de ellas muertas, y el martes fue hallado el cuerpo de otro de los levantados.
El lunes, poco después del medio día unos 30 sicarios ingresaron a la Secundaria Técnica 114, ubicada en Santana del Águila, municipio de Ajuchitlán, y se llevaron a cinco maestros.
El fiscal explicó que el grupo delictivo que mantiene retenidas a las 21 personas, “es una escisión de La Familia Michoacana, y otro grupo que opera en Tierra Caliente”, pero se negó a identificarlo porque dijo que mantienen sigilo en la investigación.
Agregó que su hipótesis, en el caso de las 16 personas levantadas el sábado, debido a que la mayoría son hombres jóvenes, es que el grupo delictivo los retuvo para “reclutarlos” y ponerlos a su servicio.
Sobre los cinco maestros de Ajuchitlán, el móvil que presume el fiscal, ante la petición “exorbitante” de 3 millones de pesos como rescate por cada uno, es que ese grupo delictivo busca dinero para “financiar la compra y el trasiego de droga a Estados Unidos”.
Añadió que la particularidad es que ese grupo delictivo realizó el secuestro masivo porque trata de “hacer las cosas de una manera diversa a como lo venían haciendo”.

“Ojalá Dios nos ayude en encontrarlos con vida, y sanos y salvos”, expresa el funcionario

Olea Peláez reveló a Denisse Maerker que las operaciones de búsqueda del Ejército, la Marina, la Policía Federal y la Ministerial en Arcelia les indican que están próximos a localizar a las víctimas y regresarlas a sus casas, “creo que estamos muy cerca”, dijo, y los maestros junto con los vecinos que iban la boda “en principio están juntos” y todos con vida, porque ambas acciones ocurrieron en la misma zona donde opera esa banda que se negó a identificar.
“Estamos en investigaciones y operativos en el área superior de Arcelia, nosotros creemos que estas personas están ubicadas en un determinado lugar, y junto con el Ejército, la Marina, la Gendarmería, la Policía Federal y Policía Ministerial, que depende de mí, estamos muy cercanos, ojalá y sea mi voz de profeta para localizarlos y regresarlos a sus hogares”, dijo.
El fiscal insistió en que debe manejar con sigilo la investigación, en el caso de las 16 personas que fueron levantadas el sábado; dijo que también pudiera haber la petición de dinero para liberar a los retenidos, o bien fue para reclutarlos y ponerlos al servicio de esa banda delictiva.
Agregó que lo que saben es que el grupo delictivo que opera en esa zona de Tierra Caliente se dedica a levantar gente.
Hasta ayer no había ningún detenido por ninguno de los dos casos, precisó el fiscal.
Xavier Olea dijo que el secretario de Educación, José Luis González de la Vega Otero tiene comunicación con él para saber el desarrollo de las operaciones de búsqueda de los maestros.
“El gobernador ha dado instrucciones al fiscal general para que todo esto se lleve a cabo con prontitud, y señalar que estos lugares (Arcelia y Ajuchitlan) están muy lejanos a la costa de Guerrero que es la zona turística”, dijo Olea Peláez.
Por la noche, vía telefónica Olea Peláez dijo que las operaciones de búsqueda de los 21 desaparecidos marchaban “muy bien” y las corporaciones policiacas avanzaban, “con pies de plomo”, en la zona para localizar a las víctimas.
“Estimo, ojalá Dios nos ayude en encontrarlos con vida, y sanos y salvos”, rogó el fiscal, y repitió que no podía revelar el nombre del grupo delictivo que se llevó a ese numeroso grupo de personas porque debe mantener la investigación en sigilo.
Sobre el pago de los rescates de los maestros secuestrados, Olea Peláez dijo que esa cantidad (15 millones de pesos) no los tienen los familiares, al preguntarle si el gobierno federal o estatal ayudaría al pago del rescate respondió que no, “el gobierno federal no tiene que pagar a delincuentes y tampoco el gobierno del estado, estamos viendo las cosas con pies de plomo”, explicó.
Indicó que la Fiscalía mantiene una sola investigación por el caso de los 16 levantados en Arcelia y el de los cinco maestros secuestrados en Ajuchitlán.

Continúa sin resultados la búsqueda de los 16 vecinos levantados el sábado en El Salitre, Arcelia

En Arcelia, corporaciones policiacas mantienen la búsqueda por tierra y aire de 17 vecinos levantados el sábado en la comunidad de El Salitre, pero sin resultados, y sin informar de detenidos o decomisos de armas, en comunidades entre Arcelia y San Miguel Totolapan.
Se reportó que a las 12 del día los policías antisecuestros que se ubican en Arcelia comenzaron sus recorridos, debido a que estuvo lloviendo.
Los helicópteros recorrieron la zona durante una hora y regresaron a Ciudad Altamirano, a las instalaciones del 34 Batallón de Infantería, sin reportar ningún resultado.

Entregan a su familia el cuerpo de uno de los levantados hallado el martes

Por otro lado, el cuerpo de José Eutimio Tinoco, dueño de tortillerías, uno de los levantados en El Salitre el sábado, que fue hallado ayer, fue entregado en la madrugada a sus familiares. Según los primeros reportes periciales, pudo haber muerto desde el día de los hechos, sin embargo el cuerpo no fue enviado al Servicio Médico Forense de Iguala para los estudios correspondientes, porque los familiares exigieron que se los entregaran.

Circulan rumores falsos de balaceras en Tlapehuala

También, por segundo día consecutivo, en Tlapehuala varios negocios cerraron temprano por reportes falsos de balaceras que provocaron temor entre los vecinos.
En varios lugares reportaron enfrentamientos, que también fueron falsos, por lo que desde las 3 de la tarde las calles se veían solas y los negocios comenzaron a cerrar.
El martes por la tarde, el secretario del Ayuntamiento de Tlapehuala, Daniel Silverio Díaz pidió por la radio local a la población que mantuviera la calma, porque corrió el rumor de una balacera que se daría en Tlapehuala.
Las calles quedaron solas en minutos; arribaron la Policía Federal y el Ejército a conocer la versión, lo que algunos vecinos tomaron como la confirmación de un próximo enfrentamiento.
En Arcelia, el pasado lunes, los rumores también paralizaron las calles y la actividad comercial.
El sábado, hombres armados levantaron a personas que iban a una boda en la comunidad de El Salitre, municipio de Arcelia. Un grupo entre 50 hombres armados se los llevaron con rumbo desconocido. La cifra mencionada por testigos fue de entre 10 y 20 personas.
El gobernador inicialmente dijo que había solo siete denuncias, después corrigió e informó que había 17 denuncias.
En el lugar, el domingo ubicaron a dos taxistas ejecutados, a quienes les quemaron sus taxis.
Un día después de los hechos encontraron el tercer cadáver y este martes por la tarde el cuarto cadáver. Sin embargo se estima que hay todavía y de manera oficial, 16 personas más de las cuales no se conoce su paradero.

Marcha en Arcelia exige la presentación de 17 levantados y que se vaya la PF; suman cuatro muertos

En Arcelia, unos 300 familiares y amigos de los 17 levantados en la comunidad de El Salitre el sábado pasado, marcharon por las calles principales para exigir su presentación y también pidieron la salida de la Policía Federal, a la que acusaron de estar coludida con el crimen organizado.
Ayer fue hallado cerca de El Salitre, y con signos de tortura, el cuerpo de uno de los 17 secuestrados, el dueño de tortillerías, José Eutimio Tinoco. Los muertos por el ataque del sábado suman cuatro.
Alrededor de las 10 de la mañana, los inconformes marcharon del Zócalo de la cabecera municipal a la glorieta de Emiliano Zapata, y en mantas y cartulinas pidieron justicia al gobierno y la búsqueda de las 17 personas que fueron levantadas por hombres armados en la comunidad de El Salitre, cuando se dirigían a una boda, y aún están desaparecidos.
En el recorrido, maestros se sumaron a las protestas. Pasaron frente al hotel La Novia del Sol, que usan como base los policías federales, que resguardaron sus patrullas y se encerraron con candado en las instalaciones al paso de los inconformes, desde donde se asomaban y la gente les gritaba “¡Fuera!”.
En todo el trayecto y en mantas pedían la salida de la Policía Federal, a la que acusan de no responder a tiempo a la incursión de hombres armados en El Salitre, y de que no quisieron ir en apoyo de los pobladores. “Están coludidos con esa gente”, les gritaban desde afuera del hotel.
Luego, los inconformes continuaron hasta la glorieta de Zapata, donde bloquearon la carretera federal una hora. Taxistas también apoyaron el bloqueo.
Un maestro de apellido Arzate dijo que “Arcelia siempre estuvo tranquilo, pero llegó la Policía Federal (y) se descontroló todo. Por eso pedimos la salida de ellos, porque no hacen nada, intencionalmente”.
Dos mujeres portaban retratos de sus hijos menores de edad, estudiantes de secundaria, que están entre los levantados.
El Ministerio Público tiene la lista de personas, pero no ha dado a conocer los nombres de lo 17 desaparecidos. Aun así, los manifestantes aseguran que son más de esa cifra, pero que sus familiares tienen miedo de presentar denuncias.
Durante todo el trayecto hubo policías estatales antisecuestros que vigilaron la marcha. Aprovecharon para desayunar en el recorrido en los restaurantes del lugar y se retiraron hasta el medio día.
En el bloqueo de la carretera quedó atorado el párroco de Arcelia, César Mojica Maldonado, quien a pregunta expresa dijo que “se le tiene que hacer un llamado a las autoridades para atender este problema, que tengan cuidado de la población civil, hay muchos inocentes”.
El cura dijo que “ayer en la tarde Arcelia estaba vacío, había vida nocturna, pero ayer no, esto estaba muy solo. Pero si el mal es grande más grande es Dios. Yo le diría a la gente que confiemos en Dios”, expresó.
También respondió que a los responsables del hecho violento les diría que “ya no hagan el mal, que se alejen del mal, que nos arrepintamos”.

“Hay 600 elementos en la búsqueda”, asegura el alcalde de Arcelia

El presidente municipal de Arcelia, Adolfo Torales Catalán aseguró en conferencia de prensa que a pesar de la psicosis en la cabecera municipal, está tranquilo y hay 600 policías buscando a los levantados.
Sobre la cantidad de policías que participan en el despliegue, el presidente dijo, “sí, señor, yo me entrevisté con los elementos, con los militares, con lo federales, con Gendarmería, con los estatales, yo lo digo con confianza, y ellos están trabajando. Hay 600 elementos buscando, y se sigue haciendo el operativo hasta encontrarlos”.
Dijo que, “con el arranque del Operativo Tierra Caliente, yo lo manifesté, dije que Arcelia es un lugar muy tranquilo, hay presencia militar en las entradas, y lo dije, que era el municipio más tranquilo”.
El alcalde recalcó que sólo hay 17 denuncias en el Ministerio Público.
Dijo que en Arcelia llevaban cuatro años sin problemas, y que lo que ocurrió el sábado es un hecho lamentable que atribuyó a la delincuencia organizada.
Acerca del móvil, dijo que, “las personas desaparecidas son gente tranquila, gente humilde, son campesinos, comerciantes, empleados, y que no tienen nada que ver con la delincuencia organizada”.
De la exigencia de los pobladores de que salga la Policía Federal, expresó: “Me duele mi pueblo, y estoy con ellos, confío en esta búsqueda que se está dando y vamos a seguir adelante”.
Y en el noticiero de Denis Maerker en Radio Fórmula, a pregunta expresa, Torales dijo que sobrevivientes le contaron que los agresores separaron a los hombres y que a las mujeres y niños los hicieron regresar por el camino de terracería y que entonces se encontraron a policías federales a los que les pidieron ayuda, pero éstos no intervinieron.

Encuentran un cuarto cadáver cerca de El Salitre

En las inmediaciones de El Salitre fue ubicado un cuarto cadáver de los hechos ocurridos el sábado.
Se informó que, alrededor de las 7 de la noche, en los recorridos policiacos en la parte alta del municipio, conocida como la cañada de Arcelia, ubicaron el cadáver de un hombre de unos 50 años, con huaraches, pantalón de mezclilla, sin camisa, y con su playera en un costado.
Inicialmente, estimaron que podría tratarse de alguien que salió corriendo en medio de los disturbios y después de ser herido, pero en la agencia del Ministerio Público en Arcelia, varios familiares de los desaparecidos confirmaron que es José Eutimio Tinoco, de unos 50 años, propietario de tortillerías, conocido como el rey de la tortilla.
El cuerpo mostraba signos de tortura en los brazos, y un impacto de arma de fuego en la cabeza.

Hay indicios de quiénes levantaron a los 17 ciudadanos en Arcelia el sábado, dice Olea Peláez

 

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Xavier Olea Peláez informó que hay indicios de quiénes fueron los que levantaron a 17 ciudadanos en el municipio de Arcelia el 8 de enero, pero que, por seguridad, no podía revelar más datos; sin embargo, aclaró que aún no hay detenidos ni han localizado a las personas privadas de su libertad.
Ayer en Acapulco, tras la firma del Acuerdo Guerrero incluyente y próspero, que encabezaron el presidente Enrique Peña Nieto y el gobernador Héctor Astudillo Flores, el fiscal confirmó el secuestro de cuatro maestros y el director de la Secundaria Técnica 114 de la comunidad de Santana del Águila, municipio de Ajuchitlán.
“Tenemos indicios, no se los puedo revelar por razones de seguridad, pero hay indicios de quiénes fueron, y estamos en un operativo conjunto entre todas las fuerzas federales y estatales para detener a las gentes que levantaron a estas personas, o más bien que están privadas de su libertad”, dijo el fiscal.
Agregó que la operación de búsqueda que se implementó con marinos, soldados y policías federales, continúa; “estamos cerca de agarrar a estas personas, y ojalá podamos recuperar a los amigos que fueron secuestrados”, aunque aclaró que aún o hay detenciones, ni tampoco se ha encontrado a las 17 personas que fueron levantadas.
El fiscal general declaró que no han sabido si se ha pedido rescate a los familiares de las 17 personas privadas de su libertad, dijo que “evidentemente” en esos hechos se encuentra involucrado el crimen organizado, al cual, aseguró, este gobierno combatirá con inteligencia, y que la Fiscalía creo la Coordinación General de Inteligencia, para “poder avanzar en las cosas, y estamos trabajando muy duro”.
“Los familiares tienen razón, pero nosotros, dentro de la medida de nuestras posibilidades estamos haciendo lo que debemos; yo mandé un equipo de 60 policías ministeriales y al coordinador de la Policía Ministerial a entrarle a toda la investigación, y tengo información de que ahí van”, dijo sobre la marcha de familiares que piden su presentación con vida.
De lo ocurrido en Ajuchitlán, donde hombres armados irrumpieron y se llevaron a cuatro maestros y al director de la Secundaria Técnica 114, de la comunidad de Santana del Águila dijo, “efectivamente, inclusive hay unos Olea”, y bromeo, “deben ser mis parientes, porque son de Tierra Caliente, estamos investigando todo, absolutamente todo”.
Aunque después justificó que no podían cumplir con todo a la ciudadanía, “porque no tengo los suficientes recursos, por eso estoy haciendo el mayor de mis esfuerzos para lograr en los guerrerenses el orden y la paz”.
También aseguró que hay coordinación entre el gobierno federal y el estatal, pero, “no es tan fácil llegar a un punto de resolución, vamos avanzando conjuntamente con el grupo de Coordinación Guerrero”, dijo que no eran tan fáciles las circunstancias.
Aceptó que no se había visto levantones masivos como el de Arcelia y el de maestros en Ajuchitlán, “siempre hay algo nuevo y hay problemas, en el estado hay problemas, pero el gobernador me ha instruido, y hacemos lo más humanamente posible”.
“Sé que no son nuevos los focos rojos, lo que sí les digo es que va a la baja, afortunadamente, no porque yo sea el fiscal, sino porque se está haciendo un gran esfuerzo con las autoridades federales y estatales” puntualizó.

Confirman comunitarios de Apaxtla que cinco de los nueve levantados fueron liberados tras pagar un rescate

 


Policías comunitarios del Movimiento Apaxtlense Adrián Castejón (MAAC), confirmaron que las cinco personas de Amacahuite y Tetela del Río, municipio de Heliodoro Castillo (Tlacotepec), secuestradas el 8 de diciembre, fueron liberadas tras el pago de un rescate.
Asimismo, dieron a conocer que uno de los cuatro pobladores de Apaxtla que también había sido levantado fue asesinado por los delincuentes a los que identifican con la organización La Familia Michoacana.
Sobre el levantón de cinco habitantes de los poblados de Amacahuite y Tetela del Río, municipio de Heliodoro Castillo, identificados como Pablo Hernández Trujillo, Feliciano Hernández Aguilar, Maribel Castrejón Sánchez, Carmelo García Estrada y Gustavo Ríos Tinoco, este último el chofer de la Urvan de la ruta Apaxtla- El Caracol, ocurrido el 8 de diciembre en la carretera Apaxtla-El Caracol por hombres armados a los que identificó con La Familia Michoacana, un coordinador del MAAC confirmó que fueron liberados la semana pasada tras el pago de un rescate, del que extraoficialmente supo que fue de dos millones de pesos.
En declaraciones hechas la tarde de ayer en esta cabecera municipal tras la conformación de la Policía Comunitaria Tecampanera, el coordinador del MAAC, que pidió el anonimato, informó que en total fueron nueve las personas levantadas por el grupo armado el 8 de diciembre, de las cuales dos de Apaxtla lograron escapar en los primeros días y una más en los días siguientes.
Confirmó que uno de los habitantes de Apaxtla que había sido levantado, que identificó como el leñador Isidro Sarabia Sánchez fue ejecutado por los pistoleros, y su cuerpo fue “rescatado” por los comunitarios del MAAC en un paraje entre las comunidades de San Felipe del Ocote y Liberaltepec, hace unos ocho días.
Informó que tras lo ocurrido el 8 de diciembre, la comunitaria de Apaxtla se está reorganizando y reforzando para evitar más brotes de violencia como ese.
Reclamó que el si gobierno del estado y el federal hubieran actuado rápido, “se hubiera logrado detener a los delincuentes y liberado a la gente, porque nos llegaron cuatro días después con el helicóptero, en un momento en el que ya ellos (los delincuentes) estaban fuera de alcance”.
Pidió que tras este hecho, la actuación del gobierno estatal y federal debe ser más rápida y contundente en el combate a la delincuencia y estos crímenes.
Dijo, a pregunta realizada, que desconoce el porqué el alcalde de Apaxtla, Salvador Martínez Villalobos no informó del asesinato del habitante de Apaxtla.
Expresó, contrario a lo que dijo en días pasados el alcalde, que los pobladores de Apaxtla que lograron huir de los delincuentes siguen viviendo en la cabecera municipal.
El integrante del MAAC dio a conocer que luego de los hechos del 8 de diciembre, la seguridad fue reforzada en la cabecera municipal y sus comunidades con más de 100 policías federales y soldados del Ejército.
Indicó que en las comunidades de San Felipe del Ocote, Liberaltepec, Xochitepec y Tlanipatlán, los maestros aún no han regresado a clases por miedo a la inseguridad y dio a conocer que ayer por la tarde se reunirían en Apaxtla los integrantes del Movimiento Magisterial, que están integrados en el MAAC, para tomar acuerdos sobre esta situación, y del peligro latente y el temor que aún tienen los maestros de regresar a las aulas.
Apenas el jueves, al alcalde Martínez Villalobos había dado a conocer que los maestros ya habían regresado a dar clases, lo cual fue negado por los integrantes del MAAC.

 

Acuden a Zumpango policías federales, la SEIDO y la CNDH tras la denuncia de fosas y de que hay 53 desaparecidos

 

Agentes de la Policía Federal y de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), así como la comisionada de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Margarita López Pérez, acudieron al municipio de Eduardo Neri (Zumpango) para indagar sobre la búsqueda de cuerpos en fosas clandestinas, luego de las denuncias de que hay 53 desaparecidos en ese municipio.
El coordinador general de la Policía Federal, Rafael Lomelí informó que acudieron a Zumpango con la comisionada de la CNDH Margarita López Pérez y agentes de la SEIDO, “quienes realizaron trabajos de campo, en una fosa clandestina en ese municipio”.
Fuentes oficinales de la Fiscalía General del Estado (FGE) informaron que agentes de la Policía Federal y la SEIDO hicieron la búsqueda de cuerpos en fosas clandestinas, “porque hay una denuncia de 53 desaparecidos en Zumpango”.
Dijeron que la mañana del miércoles encontraron una osamenta semienterrada en un predio cerca del Cerro de la Sirena, en las inmediaciones de la colonia Virgen de Juquila, al poniente de Zumpango.
Detallaron que la búsqueda inició a las 9 de la mañana y concluyó a las 2 de la tarde, pero que no participó la Fiscalía.

Policías federales agreden a tres fotorreporteros que cubrían la búsqueda de fosas

Agentes de la Policía Federal que se encargan de la vigilancia en Zumpango agredieron verbal y físicamente a tres reporteros a los que intentaron arrebatarles sus cámaras cuando realizaban su labor informativa sobre la búsqueda de cuerpos en fosas clandestinas.
En un comunicado, los reporteros José Molina de la Cruz, de Agencia Periodística de Investigación (API); Alejandrino González, de Formato 35; y José de Jesús López, de Canal 10, se dirigieron al cerro La Sirena para documentar la búsqueda de fosas clandestinas a cargo de la Procuraduría General de la Republica (PGR), pero fueron recibidos por cuatro policías federales, quienes les impidieron el paso y les exigieron que se retiraran.
En el comunicado, explican que los tres reporteros tomaron algunas fotografías desde una distancia moderada, “lo que causó molestia a los elementos (policiacos) y comenzaron a gritar que se retiraran, por lo que los siguieron y les marcaron el alto, diciéndoles que les iban a quitar las cámaras fotográficas y de video”, detallan que un agente le quitó la gorra a uno de los comunicadores, “y lo golpeó en la cabeza”.

El gobierno no ha atendido la petición del alcalde para que el Ejército permanezca en Zitlala, se queja síndica

Los gobiernos federal y estatal han desatendido el llamado de las autoridades de este municipio que desde el 8 de diciembre solicitaron por escrito la presencia permanente del Ejército mexicano, y de las policías federal y estatal para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
La síndica municipal, Rocío Guadalupe Salazar Chavelas informó que desde el 8 de diciembre pasado, el presidente municipal priista de Zitlala, Roberto Zapoteco Castro, solicitó mediante un oficio al secretario de Seguridad Pública del estado, Pedro Almazán Cervantes, apoyo para la seguridad, sin embargo hasta ayer no había recibido respuesta.
En el oficio número PM/072/2015, el alcalde Zapoteco Castro solicitó resguardo, sobre todo para la cabecera municipal.
Mediante el documento, las autoridades municipales piden que se “brinde seguridad al municipio de Zitlala, en especial a la cabecera municipal, ya que el día 07 del presente mes y año como entre las 15:15 y 15:30 se suscitó una balacera  entre individuos desconocidos observándose sólo  un coche de la marca Tida y una Urvan cerrada, esto sucedió en el barrio de San Francisco”.
Mientras tanto ayer, después de la irrupción de un grupo armado en la comunidad de Quetzalcoatlán de las Palmas, que ejecutó a seis personas, las autoridades municipales demandaron “con urgencia” a los gobiernos federal y estatal la instalación de un destacamento militar permanente en este municipio.
El Ayuntamiento difundió un comunicado dirigido a la opinión pública a través de su página de internet, en el que informa de los hechos de violencia ocurridos en esa comunidad y su petición a los gobiernos federal y estatal.
El comunicado dice: “El Gobierno municipal informa a la ciudadanía del municipio de Zitlala que lamentablemente hoy a las 8:30 de la mañana se nos informó que en la comunidad  de Quetzalcoatlán de las Palmas aparecieron seis cuerpos  sin vida, ante ésta situación de inseguridad se pide con urgencia al Gobierno del estado  y al Gobierno federal un destacamento militar permanente en nuestro municipio para salvaguardar la integridad física de todos los zitlaltecos”.
Y luego, a manera de reproche, el comunicado agrega: “esta petición se viene haciendo desde el 8 de diciembre del año pasado. El H. Ayuntamiento ha estado cumpliendo con su deber realizando las gestiones pertinentes ante la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública”.
Mientras tanto, en declaraciones a El Sur, el alcalde Roberto Zapoteco Castro hizo un llamado al estado y a la federación para que “atienda este problema (de violencia) que es muy grave para nuestro municipio”.
Informó que tras estos nuevos actos de violencia en Quetzalcoatlán de las Palmas, se trasladó a la capital del estado en busca de una audiencia con el gobernador Héctor Astusillo Flores para plantearle el problema de violencia que vive ese municipio y demandarle el apoyo para garantizar la seguridad a los ciudadanos.
“Tuvimos la oportunidad de dar a conocer el  incidente ocurrido en nuestro municipio (pero no precisó si lo hizo directamente al gobernador), y nos informan que nos van a dar el apoyo, de hecho hoy ya se encuentran aquí los militares y la Policía Estatal brindándonos el apoyo”.
Sin embargo agregó que lo que solicitan es que la presencia del operativo sea permanente en el municipio, “para lograr la estabilidad y alcanzar la tranquilidad que necesitamos aquí en nuestro municipio de Zitlala”.

Lo que se vive el municipio es lo misma que viven el estado y la república

Mientras tanto, la síndica municipal, Rocío Guadalupe Salazar Chavelas matizó la preocupación del alcalde, pues declaró que la situación que se vive en este municipio es la misma que se vive en el estado e incluso en la República mexicana. Pero dijo que, “nuestro presidente está muy preocupado por esta situación”, y por eso ha girado oficios tanto a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como a la Secretaría de Seguridad Pública del estado, “para que atiendan este asunto”.
Sin embargo añadió que hasta ayer sólo habían logrado que se realizaran rondines policiacos de militares, y de policías federales y estatales, pero añadió que se trata de un operativo insuficiente.
Explicó que incluye 35 soldados , “y unas patrullas de federales y estatales”. Agregó que los soldados y policías no solamente se encargan de la seguridad en el municipio de Zitlala, sino que  también son los que recorren los municipios de Chilapa, Atlixtac, José Joaquín de Herrera y Mártir de Cuilapan.
La síndica añadió que la Policía Municipal es insuficiente para atender la violencia, pues el municipio cuenta sólo con 17 policías para atender las 23 comisarías y cinco delegaciones, así como la cabecera municipal.
Declaró que por eso han enviado oficios a las autoridades federales y estatales para que no solamente se hagan estos recorridos, sino que se instale un destacamento permanente en este municipio para que se garantice la seguridad de los ciudadanos.

Se ampararán Los Otros Desaparecidos de Iguala; el Estado no les brinda medidas cautelares

Familiares de víctimas de desaparición forzada del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala informaron en la asamblea de ayer que interpondrán un amparo, ante la negativa del Estado mexicano, dos veces, de brindar medidas cautelares para 33 familiares que salen a buscar fosas clandestinas o que han recibido algún tipo de amenaza.
La petición de las medidas cautelares para los 33 familiares de víctimas de desaparición forzada al Estado mexicano se hace a través de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y fue una petición conjunta a este organismo internacional de las diferentes organizaciones nacionales de víctimas de desaparición forzada, como Idheas y Organización de Enlaces Nacionales, informó ayer uno de los familiares.
La fuente informó que, la Secretaría de Gobernación dijo que desde diciembre se estaban brindando las medidas cautelares a los familiares de desaparecidos, lo cual fue desmentido ayer en la asamblea.
Se informó también que, a través del Centro de derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) –al que el grupo de Los Otros Desaparecidos de Iguala tienen como asesor jurídico independiente– se elaborará un amparo para exigir al Estado mexicano el otorgamiento de las medidas cautelares para estas familias.
Denunció que a pesar de que había un acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Federal de que cada domingo una comisión de policías federales acompañaría al grupo de familiares durante la búsqueda de fosas clandestinas, ya en dos ocasiones, incluyendo este domingo, cuando la búsqueda se hizo en cerros de Cocula, la Policía Federal no dio seguridad a los familiares.

Una mujer muere y un hombre resulta herido al chocar en una pipa en la carretera Teloloapan-Iguala

Una mujer muerta y un hombre lesionado, fue el saldo de un accidente ocurrido la tarde de ayer en la carretera Teloloapan-Iguala, al impactarse una pipa de agua contra un cerro y volcar.
Reportes de la Policía Federal indican que alrededor de la 1 de la tarde de ayer, una pipa de agua que se quedó sin frenos chocó contra el cerro cerca del poblado de Xaloxtoc, municipio de Ixcateopan de Cuauhtémoc, en la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano.
Por el impacto, la pipa se volcó en la carretera y bloqueo el carril de Iguala a Teloloapan; por las maniobras para retirar la pipa, la circulación fue cerrada casi una hora.
En el accidente resultó con lesiones de consideración el chofer Vicente Villa Trujillo, de 34 años, que fue trasladado de emergencia por paramédicos de la Cruz Roja al hospital básico comunitario de Teloloapan, mientras que en el lugar murió su esposa, Anita Villa Rendón de 27 años.
Agentes del Ministerio Público y peritos de la Fiscalía General del Estado con sede en la zona Norte realizaron las diligencias, y al terminar, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de esta ciudad de Iguala.

En siete meses ninguna autoridad halló pistas de los 57 desaparecidos en Chilapa

Durante los últimos siete meses del año que culmina, ni las autoridades federales ni las de dos administraciones locales y estatales dieron noticias del paradero de al menos 57 desaparecidos en Chilapa a sus familiares, ni del asesinato de un padre que exigía la presentación con vida de sus tres hijos.
El 9 de mayo de 2015, a la ciudad ingresaron unos 300 civiles armados provenientes del sur del municipio, quienes dijeron que venían en busca de criminales que habían causado daño en sus localidades.
Dos días después, vecinos de Chilapa marcharon en la cabecera municipal y encararon a los hombres armados, a los que acusaron de haberse llevado a unos 30 pobladores frente a policías y militares, quienes siguen desaparecidos.
El 14 de mayo, los civiles armados salieron de la ciudad después de una reunión con representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y con la condición de que el Ejército detuviera a un líder criminal vinculado al grupo criminal de Los Rojos.
El número de vecinos organizados para reclamar a sus desaparecidos comenzó a disminuir, sólo quedaron familiares de 14 de ellos, aunque después se sumaron otros dos que continúan exigiendo la presentación con vida de sus desaparecidos.
Las familias vincularon a los responsables de las desapariciones con el grupo delictivo Los Ardillos, que mantienen una disputa con Los Rojos, aunque negaron vínculos de sus desaparecidos con cualquiera de los dos grupos.
El comisario ejidal de Xiloxuchicán, José Apolonio manifestó que sí retuvieron a los familiares y aseguró que los habían entregado a la Gendarmería, pero los familiares no aceptaron la declaración, y en cambio han hecho llamados a las autoridades federales, estatales y municipales para que coadyuven en la búsqueda de sus desaparecidos.
En mayo la administración municipal estaba en manos del priista Francisco Javier García Gonzáles, quien pocos días después de la salida de los civiles armados y en presencia de representantes de la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero (Codehum) afirmó que apoyaría a las familias que quedaron desamparadas durante el proceso de búsqueda, pues supo que en la mayoría de los desaparecidos eran jefes de familia. Esto no ocurrió.
Ahora preside el Ayuntamiento de Chilapa el también priista Jesús Parra García, cuya administración tampoco ha cubierto las necesidades básicas de las familias.

No hay avance pese a los compromisos de los gobiernos federal y estatal

El 20 de mayo, a la ciudad arribó el comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos, quien informó a los familiares de desaparecidos que la dependencia coadyuvaría en la búsqueda de sus parientes y que tomaría el control de seguridad del municipio para trabajar en la contención de la delincuencia organizada. Ese día, los familiares retomaron la esperanza de recuperar a sus familiares.
También, los familiares solicitaron la presencia del entonces gobernador, Rogelio Ortega Martínez, a quien le reprocharon haberse reunido con los pobladores del sur de Chilapa, pero no con los de la cabecera municipal que reclamaban a sus familiares desaparecidos.
Fue hasta el 24 de mayo cuando Ortega Martínez se reunió con los familiares en Chilapa. Durante el encuentro, familiares de un desaparecido el 30 de marzo, Gilberto Abundis, reprocharon al alcalde y al gobernador la desaparición de su familiar, a quien el 23 de mayo identificaron en una foto de un periódico de nota roja que consignaba el hallazgo de cuerpos en la comunidad de Nejapa, municipio de Chilapa. La seña con la que lo distinguieron sus familiares fue un tatuaje en la espalda.
Conforme pasaron los días, a esta lista de desaparecidos se sumaron más, de antes del 9 y de después del 14 de mayo.
En tres ocasiones ha acudido a la ciudad el equipo multidisciplinario de la Procuraduría General de la República (PGR), que incluye peritos en genética, criminalística y derechos humanos, y a agentes del Ministerio Público federal, para que las familias interpusieran su denuncia.
La mayoría tenía desconfianza del Misterio Público del fuero común para interponerla ahí, pero tampoco confiaban en que las autoridades investigaran.

Familias desamparadas

Además de la búsqueda de los desaparecidos, las familias han sumado demandas como la recuperación de sus pérdidas materiales, y el financiamiento para pagar deudas que suman unas 900 mil 400 pesos, contraídas para sobrevivir. Además de apoyos para cubrir las necesidades básicas diarias de cada familia.
A pesar de la presencia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el DIF estatal, durante estos siete meses no se han resuelto las demandas de las familias.
El vocero de los desaparecidos, José Díaz Navarro en julio previó: “Esto ya se olvidó, un caso más de impunidad lo definiría ya, como los cientos de casos que hay de homicidios y desapariciones, y de secuestros que no se investiga nada, esto pinta para ser un caso más”.
Terminó el año, sin la localización de 57 desaparecidos que se acercaron al comité de familiares Siempre Vivos AC, de los que sólo 38 han interpuesto denuncias ante el Ministerio Público federal; los demás esperan a que regrese para denunciar.
Pero Díaz Navarro denunció que no son sólo 57 desaparecidos en la región, sino 200, y 200 asesinatos que, en su mayoría, las familias no se atreven a denunciar.
También terminó el año con el padre de tres desaparecidos en mayo que exigía su presentación con vida, Bernardo Carreto, quien también era hermano del ex director de Seguridad Pública municipal, Silvestre Carreto, destituido del cargo “por no resultar confiable”.