Etiqueta: Seguridad

Denuncian autoridades de Palantla desatención de gobiernos a su conflicto con Rincón de Chautla

Autoridades comunitarias de San Jerónimo Palantla, municipio de Chilapa, denunciaron que los gobiernos federal y estatal no han intervenido para resolver el conflicto que tienen con sus vecinos de Rincón de Chautla, donde se encuentra un grupo de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de los pueblos fundadores, que, denunciaron, en los últimos tres años han cometido al menos 13 asesinatos.
En conferencia de prensa en las instalaciones del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) de Chilpancingo, el dirigente del Frente de Defensa Popular (FDP), Efraín Torres Fierro, que acompañó a autoridades de San Jerónimo Palantla, dijo que han pedido muchas veces a los gobiernos estatal y federal que vayan a investigar y a detener a los responsables de la violencia en esos dos pueblos, pero que no han hecho caso.
El dirigente del FDP responsabilizó a las autoridades estatales y federales de los hechos de violencia que pudieran ocurrir en los próximos días, como consecuencia de la impunidad, puesto que los habitantes de la comunidad de San Jerónimo Palantla han denunciado la violencia del grupo opositor, al que acusan de portar armas de alto poder y que cuenta con el respaldo de grupos de la delincuencia de la región.
Asimismo, Torres Fierro, acompañado por el dirigente de la comunidad, Antonio Bolaños Calvario, denunció que desde el 8 de febrero de 2015, el grupo que encabezan dirigentes de la CRAC de los llamados pueblos fundadores ha cometido al menos 13 asesinatos en esas dos comunidades.
Denunció el dirigente nahua que la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha investigado los asesinatos y no los ha esclarecido ni detenido a los responsables, lo que ha motivado que los dirigentes de la CRAC y de la Policía Comunitaria en esas comunidades sigan agrediendo a los pobladores.

Se ha agudizado la persecución

Denunció que desde hace dos meses la persecución se ha acentuado, y que al menos tres encapuchados y armadas han estado recorriendo los alrededores de San Jerónimo Palantla, y que han tomado fotografías a leñadores y vecinos que encuentran en los caminos.
El representante de la comunidad dijo también que han denunciado los hechos ante las autoridades de la 35 Zona Militar, pero que tampoco les ha hecho caso, “ojalá que no vayan a atender nuestras demandas cuando ya tengamos que lamentar alguna muerte de nuestros compañeros”, dijo el campesino.
Bolaños Calvario advirtió que los habitantes dieron de plazo una semana en una asamblea, que se cumplió este miércoles, para que las autoridades acudan a esa comunidad a platicar con los habitantes y a comenzar las operaciones de seguridad, pero como no hubo ningún acercamiento; el representante de la localidad advirtió que el próximo sábado determinarán las acciones para desplegar los operativos para su autodefensa.

 

 

Urge un plan para los campesinos amapoleros de la sierra, considera el vocero de seguridad

Para el vocero en materia de seguridad del gobierno del estado, Roberto Álvarez Heredia, la preocupación de los campesinos de la sierra del estado por el desplome del precio de la amapola merece ser tomada en cuenta, y desarrollar urgentemente un plan para que los campesinos tengan más facilidades y acceso a los diferentes programas de los gobiernos federal y estatal, y darles alternativas de desarrollo en su región.
También dijo que es oportunidad para valorar la importancia de la postura que ha asumido el gobernador Héctor Astudillo para legalizar el cultivo de la amapola con fines estrictamente medicinales.
El Sur publicó en su edición de este lunes que campesinos de comunidades de la sierra se quejaron de que en esta temporada se quedaron con la mitad de su cosecha porque desde octubre los acaparadores los buscan menos para comprarles su producto, debido a que los intermediarios les dijeron que el cártel de Sinaloa metió a Estados Unidos una nueva droga sintética, más barata y más potente, el fentanilo, que abarató la heroína de Guerrero y la China White que también se produce aquí.
“Tengo conocimiento de las expresiones que hacen los campesinos en relación con la disminución en el precio de la amapola, y merecen ser tomadas en cuenta”, declaró el vocero en materia de Seguridad del Gobierno estatal.
De entrada dijo que se necesita que los campesinos de esa zona tengan “hoy más que nunca” acceso y facilidades para que puedan ser beneficiarios de los diferentes programas de los gobiernos federal y estatal para que tengan alternativas de desarrollo”, mencionó el funcionario consultado vía telefónica.
Agregó que la situación en que se encuentran los campesinos de la sierra del Filo Mayor posiciona la postura que ha asumido el gobernador Héctor Astudillo de legalizar el cultivo de la amapola para fines estrictamente medicinales, “pero al mismo tiempo abrir canales de acercamiento y darles facilidades a los campesinos, para que sean beneficiarios de los diferentes programas federales y estatales”.
Informó que el problema se solucionaría con la reconversión de los cultivos y que los gobiernos federal y estatal les apoyen para la plantación de aguacate, durazno y pera, que se cultiva en esa zona.
Reconoció que los campesinos, “independientemente de cualquier cosa, por el solo hecho de ser guerrerenses tienen que tener facilidades y acceso a los diferentes programas, tanto del estado como de la federación, para que puedan tener alternativas de actividad productiva agropecuaria”.
Para el funcionario se deben de explorar diferentes caminos para reconvertir sus territorios para el cultivo de otros productos alternativos. Insistió en que se deben explorar esas posibilidades de común acuerdo con los campesinos de la zona y puedan tener acceso a otras actividades y alternativas.
Reconoció que es una preocupación para el gobierno que de pronto los campesinos se encuentren en una situación de abandono, “precisamente por la circunstancia por la que están atravesando”.
Agregó que al mismo tiempo es una oportunidad para que las instituciones tanto del estado como de la federación tengan acercamientos con ellos, para explorar diferentes alternativas y facilitarles, orientarles y apoyarles en sus planteamientos de actividades alternativas.

 

No hay vínculo entre delincuentes y el trabajo pastoral de los sacerdotes asesinados, dice el vocero de seguridad

El vocero en materia de Seguridad, Roberto Álvarez Heredia dijo que no existe ningún elemento para suponer algún vínculo entre los delincuentes con el trabajo pastoral de los sacerdotes asesinados en Taxco, y dijo que la investigación al respecto va muy avanzada.
“Sí tengo que reafirmar con toda la responsabilidad de que no existe hasta estos momentos ninguno, ningún elemento que haga presuponer que haya algún tipo de vínculo o liga entre delincuentes con el trabajo pastoral de los sacerdotes”, enfatizó.
Consultado al concluir el protocolario izamiento de la bandera en la explanada Vicente Guerrero de Palacio de Gobierno, Álvarez Heredia dijo que la Fiscalía está investigando todo lo que antecedió a los hechos en los que murieron los sacerdotes Germaín Muñiz García e Iván Añorve.
Hombres armados ejecutaron a balazos la madrugada del lunes en Taxco a dos sacerdotes e hirieron de gravedad a un hombre que los acompañaba, cuando regresaban de un baile de la comunidad de Juliantla.
El vocero insistió en que la Fiscalía será la única responsable y competente para deslindar las responsabilidades en torno al caso.
“Hay dos grupos de la Policía Ministerial concentrados en la resolución de este caso que es para la Fiscalía General del Estado de la máxima prioridad resolverlo lo más pronto posible, hay un avance importante que por obvias razones no puedo informar porque también desconozco los detalles de los avances, pero existe un trabajo muy adelantado y esperemos que esto dé frutos en las próximas horas o días”, agregó.
Respecto a los posibles avances que podrían darse en torno al caso el vocero insistió en que existe esta determinación de la Fiscalía “para no quitar el dedo del renglón”.
“Hay una determinación de la Fiscalía General del Estado y del gobernador, quien ha solicitado y exhortado a que sean aceleradas las investigaciones en torno a este asunto que lamentamos y condenamos”, agregó.
Durante la consulta se le preguntó si este caso no impactaba al turismo, y dijo que no podía hablar del área de turismo pero sí de seguridad, y afirmó que hay un trabajo “exhaustivo”.

 

Destaca Guerrero en la aplicación de la prueba DQ sobre seguridad en internet para menores

Guerrero destacó en la prueba Reporte de Impacto Global Digital Intelligence Quotient (DQ) 2018, que aplicó la Organización No Gubernamental (ONG) DQ Institute, la cual se enfoca en conocer la seguridad de menores de edad en el uso del internet.
En un boletín de prensa la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) informó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la coordinación general del programa @prende.mx reconocieron la participación de 15 escuelas públicas, de seis regiones del estado, en la prueba.
De acuerdo con los resultados del análisis, el 70 por ciento de los niños de entre 8 y 12 años de edad tienen mayor riesgo de sufrir un ataque cibernético usando un celular, que estar 12 horas de tiempo frente a la computadora, durante toda la semana.
El 52 por ciento de los niños de educación básica están expuestos a un riesgo por internet, ya sea grooming (acoso de adultos, ataques pederastas), ciberbullying (acoso virtual), sextorsion (chantajes mediante el uso de fotos de sí mismos desnudos) o sexting (intercambio de mensajes de tinte sexual).
Para este reporte se levantaron muestras en 29 países, con la participación de 38 mil alumnos. En México, Guerrero fue la entidad que superó el número de alumnos participantes, con 536 niños de 15 escuelas de educación básica, de seis regiones del estado, según informó el director de Estrategia Operativa de la Coordinación General de @prende.mx, Carlos Manuel Anaya López, este martes durante la presentación de los resultados de la prueba.
En Chilpancingo participaron las primarias Primer Congreso de Anáhuac, José María Morelos y Pavón, Lauro Aguirre y Niño Astillero.
En el proyecto colaboraron los responsables del Programa de Inclusión Digital y de la Coordinación Estatal de Educación a Distancia.
Durante la presentación de los resultados se destacó la importancia de fomentar acciones enfocadas a capacitar a los niños y niñas de educación básica “con habilidades de ciudadanía digital, para mitigar los riesgos cibernéticos y maximizar las áreas de oportunidad tecnológica”.
La plataforma @prende.edu.mx, a la cual pueden acceder de forma gratuita alumnos, maestros y padres de familia, cuenta con diferentes programas y aplicaciones digitales sobre seguridad digital, “con la finalidad de contribuir a generar ciudadanos líderes que apoyen el crecimiento y desarrollo económico justo, equitativo y próspero”.

 

Marchan maestros y organizaciones en Acapulco y la capital contra las reformas y ley de seguridad

Maestros de educación básica, media superior y superior, trabajadores de Teléfonos de México y activistas, agremiados en la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), marcharon en Acapulco y Chilpancingo para rechazar las reformas estructurales, la Ley de Seguridad Interior y por la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Participaron integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), las secciones 14 y 18 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), el Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach), el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG), las secciones 21 y 69 del Sindicato de Telefonistas, el Frente Estatal de Preparatorias Populares, la Asociación Civil Cejobasa, el Frente Progresista Guerrerense y de la Asamblea Nacional Popular (ANP), como parte de un acuerdo de la UNT para defender los derechos laborales.
A las 5 de la tarde, en Acapulco, 800 personas marcharon por la avenida Costera, del Asta Bandera a la glorieta de la Diana, donde en un mitin de media hora se manifestaron en contra de las reformas estructurales y llamaron a los ciudadanos razonar el voto en el próximo proceso electoral.
En el trayecto, los participantes llevaban lonas y pancartas de rechazo a las reformas neoliberales, la educativa, laboral, Ley de Seguridad Interior, la cual dijeron será utilizada como “mecanismo perverso con miras al próximo proceso electoral”.
Uno de los participantes del contingente fue atropellado por un vehículo particular frente a un negocio, adelante del centro comercial Gran Plaza, y recibió atención de oficiales de la Policía Turística, mientras se resolvía la situación.
En el mitin, el representante de la sección 14 del SUSPEG, José Luis García Benítez, se pronunció porque en el próximo proceso electoral se elimine “el régimen corrupto, por eso en el sindicato estamos resueltos a que vamos apoyar a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia”. Mientras que el secretario general de la sección 21 del Sindicato de Telefonistas, Roldofo Radilla Regalado, precisó que las organizaciones se habían manifestado por su lado, pero “a partir de este año, todas las organizaciones marcharemos por un solo bloque”.
La representante de la CETEG, Adolfina Bautista Vázquez, precisó que la marcha se hizo en todo el país para defender los derechos de los trabajadores y “las organizaciones populares, sociales y educativas nos estamos uniendo para defendernos de tanta agresión laboral, que nos da ese resultado de aplicación y derogación de las reformas estructurales”.
También habló Felipe Flores, quien fue uno de los voceros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota y llamó a las organizaciones sociales a la unidad, a no permitir que sigan los “gobierno corruptos” que están saqueando México. “Tenemos que luchar juntos y hacer conciencia y la oportunidad de cambiar el régimen”.

Dos marchas en Chilpancingo

A las 5:30 de la tarde, unos 300 manifestantes marcharon de la alameda de Chilpancingo a la plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac. En el camino sus voces gritaban al unísono: “Trabajadores unidos, jamás serán vencidos”, “luchar, vencer, el pueblo al poder”, “el pueblo unido, jamás será vencido” y “no somos todos, nos faltan 43”.
Encabezaron el contingente el secretario general de la CETEG, Arcángel Ramírez Perulero; la secretaria general de la sección 18 del SUSPEG, María Adelita Radilla López; el secretario general del STAUAG, Ofelio Martínez Llanes; la secretaria general de la sección 69 del Sindicato de Telefonistas, Erika Sevilla Lucas, y el representante de la región Centro del Sutcobach, Odón Rodríguez Mendoza, quienes participaron en el mitin en el Zócalo capitalino, donde llamaron a las organizaciones a permanecer unidas.
Los dirigentes de las organizaciones coincidieron en que la Ley de Seguridad Interior fue creada para darle fin a las luchas sociales y magisteriales; además de que el Estado pretende imponer al precandidato a la presidencia de la República por la coalición Todos por México, que forman el PRI, PVEM y Panal, José Antonio Meade Kuribreña, como el próximo presidente en el proceso electoral de este año.
Ramírez Perulero informó que la marcha se llevó a cabo por acuerdo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la UNT, para exigir que se respeten los derechos laborales de los trabajadores del país, así como fomentar la unidad de los sindicatos y organizaciones, pues en mayo se podría concretar una huelga nacional en contra de la represión, violaciones y hostigamiento laboral, así como para exigir seguridad.
Por la mañana, unos 500 integrantes de la CETEG y la sección 18 del SUSPEG marcharon y protestaron en la sede de la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), donde desalojaron a algunos de los trabajadores y protestaron para exigir justicia para Misael Núñez Acosta, asesinado el 30 de enero de 1981 por hombres contratados por el SNTE, debido a que encabezaba la lucha por la defensa de la educación y su labor afectaba principalmente a Elba Esther Gordillo Morales.
Los maestros llegaron a la sede de la sección 14 del SNTE gritando “alerta, camaradas, alerta, profesores, que haremos una hoguera de charros y traidores”, mientras que una comisión indicó a los trabajadores que se encontraban en el estacionamiento y la explanada de las instalaciones que debían desalojar las oficinas; sólo los que estaban dentro del edificio se negaron a salir, aun cuando los manifestantes rompieron el vidrio de la puerta principal y trataron de forzarla.
En la acción, Ramírez Perulero aseguró que el SNTE está formado por “charros” y “simuladores” que “nunca nos han representado, nunca han visto por nuestros derechos”. Reprobó el Congreso que se avecina en el sindicato y aseguró que el magisterio disidente “digno”, no permitirá que se concrete.
También exigió justicia para Núñez Acosta y llamó a los agremiados de la sección 14 del SNTE a unirse a la lucha magisterial en contra de la reforma educativa. Advirtió que si los sindicalistas continúan sirviendo a las autoridades, los manifestantes volverán a las instalaciones y la siguiente visita “no será cordial”.
Después, los maestros marcharon a la Ciudad Judicial, donde se manifestaron en contra de la Ley de Seguridad Interior, exigieron la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos y seguridad en Guerrero.

 

Van vecinos de Zirándaro a Coyuca de Catalán para pedir apoyo de la Gendarmería ante la violencia

Algunos vecinos del municipio de Zirándaro solicitan que la Gendarmería envíe grupos de apoyo ante el aumento de la violencia en los últimos tres meses.
Los vecinos arribaron en camionetas al hotel que funciona como base de la Gendarmería en Coyuca de Catalán, para buscar contacto y números de teléfono para coordinarse y solicitar apoyo, y sobre todo para pedir la presencia constante de agentes en la zona de conflicto.
El grupo buscó reunirse en privado con los mandos para solicitar la presencia de la Gendarmería en la ruta que va de la cabecera municipal a Guayameo y comunidades cercanas a este sitio que están en la franja de pueblos ubicados en la ribera del Balsas.
En los últimos tres meses, en Zirándaro se agravó el conflicto entre grupos antagónicos de la delincuencia organizada, lo que provocó una cantidad de muertos y desaparecidos que el mismo gobierno no ha podido contabilizar de manera concreta, debido a que no acudió a cubrir todos los casos.
En noviembre, por ejemplo, reportaron un enfrentamiento en la sierra que dejó unos 15 muertos, que no se registraron oficialmente, pues soldados del Ejército llegaron 12 horas después de los hechos. La versión de los pobladores es que cada quien se llevó los cuerpos de sus familiares.
Asimismo, en diciembre reportaron el asesinato de ocho integrantes de una familia, lo que provocó la salida de vecinos de Cupuan, Cuevillas, e incluso algunas familias de Guayameo, que es la localidad más grande del municipio, conocida como el inicio de la sierra.
Más recientemente, levantaron a un vecino del pueblo de La Parota, que después apareció muerto. Se llevaron a un taxista de la terminal de la cabecera municipal y fue liberado un día después.
Constantemente se reporta la presencia de grupos armados de entre 30 y 50 hombres cruzando de Michoacán a Guerrero, y en ocasiones pasando por la cabecera municipal.
También se reportó que familias de al menos tres rancherías de la parte de la sierra abandonaron sus viviendas ante la violencia.
En Zirándaro, como en el resto de la Tierra Caliente, no hay policías de ningún nivel. El Ejército estableció un grupo, pero en ocasiones se retira o sube a algunas comunidades, sin que se reporten detenciones o decomisos.

 

Llegan 150 gendarmes a Tierra Caliente; se coordinarán con el Ejército y la Policía Estatal

El pasado jueves unos 150 policías de la división de Gendarmería llegaron a la Tierra Caliente y se instalaron en un hotel en Coyuca de Catalán.
Los agentes se reunieron con la Policía del Estado y también con el Ejército para coordinar estrategias de seguridad.
Sus actividades se han limitado a recorridos por algunas calles así como retenes de revisión en coordinación con la Policía del Estado, sin embargo no se han informado los resultados.
La mayor parte del día las patrullas están estacionadas afuera del hotel de Coyuca de Catalán.
Este lunes un grupo de Gendarmería entró al cuartel militar de Ciudad Altamirano en Pungarabato y también llegaron policías estatales para coordinarse para la seguridad en dicha región.
En Tierra Caliente desde diciembre del 2014 desarmaron a los policías de los 9 municipios y a la fecha no les han devuelto las armas, la seguridad está a cargo de 100 policías estatales para una población de unos 250 mil habitantes.
La Secretaría de Gobernación decretó que la seguridad en Tierra Caliente quedaba a manos de la Policía Federal (PF) y el Ejército, sin embargo la PF se retiró desde enero del 2016 y la Gendarmería sólo duró tres meses en el 2015, luego se fueron en marzo de ese año. (Israel Flores/ Ciudad Altamirano).

 

Concluir obras del ejercicio 2017 y seguridad, las demandas de comisarios de Iguala

Comisarios municipales de las 16 comunidades de Iguala se reunieron la tarde de ayer con al alcalde priista Herón Delgado Castañeda, a quien le demandaron cumplir la obra pública rezagada del ejercicio fiscal 2017 y mejorar las condiciones de seguridad.
Ahí, el alcalde Herón Delgado informó sin dar detalles que en unos 15 días los policías municipales volverán a estar armados, y anunció demandas a empresas que han incumplido contratos de obra y el cambio del representante del programa 3 por 1 para migrantes, que ha generado conflictos con el actual secretario del Migrante, Fabián Morales.
A las 3 de la tarde de ayer, los comisarios de las 16 comunidades del municipio se reunieron en la sala de Presidencia, donde la semana pasada se comenzaron a ocupar las renovadas oficinas en la zona que fue incendiada y saqueada en octubre de 2014, tras los ataques a normalistas de Ayotzinapa.
Al inicio de la reunión, el alcalde Delgado Castañeda ofreció una disculpa a los comisarios por el retardo en la reunión del lunes, que causó la molestia de las autoridades comunales. El alcalde justificó que no se reunió con ellos porque, en ese momento no tenía el dinero que se les entrega como apoyo económico a los comisarios cada mes, y que ayer tras la reunión les entregó.
Los comisarios denunciaron la falta de obra pública del ejercicio fiscal 2017, que en unos casos no se ha concluido y en otros aún no inició. Además de que temen que por este retraso no se les considere en la obra pública programada para este año.
En materia de seguridad, el comisario de la comunidad de Joya de Paintla demandó mejorar la seguridad, y se quejó de que llaman a la policía y no va. Citó el caso de una denuncia al número de emergencias 911, para pedir ayuda ante la violación a una menor, y el operador lo cuestionó que si a él le constaba el abuso sexual.
El alcalde justificó que no puede enviar policías municipales sin armas cuando se trata de reportes de balaceras, porque “sería una irresponsabilidad”.
Anunció frente a los comisarios, sin dar mayor detalle, que “en 15 días ya tendrán a una policía armada”. Delgado Castañeda anotó, “las razones por las que no están armados tiene una justificación… acuérdense de los hechos de (septiembre) 2014 y quiénes fueron señalados”, dijo en referencia a la participación de los policías municipales en los ataques y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Una de las demandas de los comisarios fue el alumbrado púbico en sus comunidades; al respecto, el alcalde reconoció que es un problema general en todas las comunidades ante problemas financiero que tuvo la administración, pero “ahorita podemos respirar, se han tenido recursos por ingresos propios”, indicó.
Afirmó que para este mes se pondrán luminarias en las comunidades donde hagan falta, ya que se pagó al proveedor que las colocará. También dijo que se pagó al proveedor de los insumos para el tratamiento del agua.
Uno a uno, los comisarios informaron de las obras que quedaron inconclusas, que presentaron fallas cuando fueron entregadas o que ni si quiera se empezaron.
El comisario de la comunidad de Álvaro Obregón, se quejó que en su comunidad no hubo apoyo del municipio para la aplicación de recursos del programa 3 por 1 migrantes. Que en su comunidad quedó pendiente la ampliación de un tanque de captación de agua y la continuación de la pavimentación con concreto hidráulico de unos 100 metros de la calle Epifanio Rodríguez.
En respuesta, el alcalde Herón Delgado informó que hubo recorte de presupuesto y falta de coordinación entre el representante del programa 3 por 1, el cual anunció que va a cambiar porque tiene problemas con el secretario del Migrante, Fabián Morales Marchan, lo que impidió que Iguala fuera considerada dentro de este programa.
El comisario de la comunidad de El Naranjo, se quejó de que ni siquiera ha dado inicio la obra de un tanque de almacenamiento y de un pozo profundo, que debía estar concluida en el ejercicio 2017.
El alcalde dijo que ya pagó al 100 por ciento el costo de la obra a la empresa Centenario, y anunció que la demandarán por el incumplimiento del contrato.

Acude la FGE a confirmar la irrupción de sicarios a Vuelta del Sur, Tlacotepec

Tres días después, el vocero en materia de seguridad del gobierno del estado, Roberto Álvarez Heredia confirmó la irrupción de un grupo armado en la comunidad de Vuelta del Sur, municipio de Heliodoro Castillo, en donde mataron a dos hombres y uno más resultó herido, según los vecinos.
Mediante un boletín, Álvarez Heredia informó que la Policía del Estado y la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron el martes a La Vuelta del Sur, “y confirmaron la muerte de dos personas que fueron atacadas por sujetos fuertemente armados durante la noche del lunes pasado”.
Habitantes de ese lugar denunciaron esa noche, vía telefónica, que un grupo armado con vestimenta tipo militar irrumpió a las 7 de la noche y se retiró a las 3 de la madrugada del día siguiente, tiempo en el que mató a dos vecinos y dejó a uno herido.
También denunciaron que a unos 15 minutos de recorrido, en la comunidad de Los Bajos, hay un campamento de militares, que a pesar de que escucharon los disparos no acudieron a brindarles auxilio.
Ayer, Álvarez Heredia explicó que, debido al difícil acceso a la zona, ambas instituciones llegaron al lugar donde ocurrieron los hechos hasta entrada la noche del martes, y de inmediato se entrevistaron con las familias de una de las víctimas.
El vocero informó que, de acuerdo con las versiones de los testigos, fueron alrededor de 20 hombres armados (los lugareños aseguraron que fueron unos 70 que llegaron en tres camionetas) que forman parte de un grupo criminal llegaron vestidos con ropas tipo militar hasta un puesto de control que establecen autodenominados policías comunitarios, en el crucero conocido como El Jilguero y los atacaron a balazos.
El funcionario informó que durante el ataque resultaron muertos Feliciano “N”, de 28 años, quien era comandante de la comunitaria de La Vuelta del Sur, cuyo cuerpo era velado en su casa, y Jaime “N”, de unos 35 años, quien fue trasladado por su madre a la comunidad de Jaleaca de Catalán.
Asimismo, añadió que otra persona de nombre Raymundo Bautista Juárez resultó con heridas de proyectil de arma de fuego y fue trasladado a Chilpancingo por sus compañeros de la comunitaria para su atención médica.
Álvarez Heredia añadió que en el sitio donde ocurrieron los hechos, los peritos de la Fiscalía encontraron alrededor de 90 casquillos percutidos de diferentes calibres.
Informó que por estos hechos, la FGE integró la carpeta de investigación por el delito de homicidio, mientras que el Ejército hace recorridos de prevención “y disuasión del delito en la zona de la Sierra de los municipios de Heliodoro Castillo y Leonardo Bravo”.

Siguen soldados y policías estatales a cargo de la seguridad de Chilpancingo; cumplen cinco días

Policías estatales y soldados del Ejército continúan a cargo de la seguridad de la ciudad, que tienen desde el jueves que tomaran el cuartel de la Policía Municipal y desarmaron a los agentes municipales acusados de la desaparición de siete jóvenes.
Los uniformados siguen instalados en ese cuartel y hacen recorridos a pie en el Zócalo, en el monumento Unidos por Guerrero, en la alameda Granados Maldonado, en el mercado central Baltazar R. Leyva Mancilla y patrullajes en distintos puntos de la ciudad.
El miércoles, integrantes de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Chilpancingo se reunieron en Palacio de Gobierno con el secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, para denunciar la desaparición de siete jóvenes a manos de policías municipales.
La noche de ese día los cuerpos de Jorge Arturo Vázquez Campos de 30 años y Marco Catalán Cabrera de 34, quienes fueron detenidos por policías municipales en las instalaciones de la Feria de Navidad y Año Nuevo, fueron hallados embolsados.
La Policía Federal, la Estatal y el Ejército tomaron las instalaciones de la Policía Municipal y desarmaron a los agentes municipales.
La vocería del Grupo de Coordinación Guerrero difundió un comunicado en el que dijo que participaron 150 agentes estatales, 20 patrullas de la corporación, 60 militares, 10 vehículos oficiales, 120 federales y 18 patrullas de la Policía Federal.
Después de ese día la Policía Estatal continúa a cargo de la seguridad de la capital, y el vocero Roberto Álvarez Heredia declaró que no hay fecha límite al respecto.