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Exhibe la SSP a la jueza que prohibió a la Segob llamar “torturador” a Tomás Zerón

 

El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, Luis Rodríguez Bucio exhibió a la jueza que otorgó la suspensión definitiva a favor del ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, para que integrantes de la Secretaría de Gobernación eviten condenarle ante la opinión pública por su participación en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Como parte del informe de seguridad expuesto en la conferencia de prensa matutina de este martes del presidente Andrés Manuel López Obrador, Rodríguez Bucio precisó que la jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, María Isabel Bernal Hernández, fue quien otorgó la suspensión.
“Aquí la jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, María Isabel Bernal Hernández, el día dos de octubre, otorgó una suspensión definitiva a favor de Tomás N para que funcionarios de la Segob se abstengan de condenarlo ante la opinión pública o de emitir juicio alguno sobre su probable responsabilidad en el caso que se investiga, mientras no se acredite delito alguno y se le debe respetar su presunción de inocencia” comentó.
Señaló que Zerón se encuentra prófugo de la justicia por su presunta responsabilidad en delitos de tortura y alteración de pruebas en el caso Ayotzinapa, y que hasta que no se acredite la responsabilidad que pudo tener en la desaparición, las autoridades deben reservarse información sugestiva.
“La juzgadora también concluyó que si bien es cierto que las víctimas tienen derecho a conocer la verdad del caso y a que se les informe de los avances de las investigaciones, las autoridades deben abstenerse de brindar información sugestiva hasta en tanto no se acredite la responsabilidad del hoy prófugo de la justicia” expuso.
El 27 de septiembre, antes a la presentación del Segundo Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, dio a conocer el amparo donde se le prohibía “decir la verdad”. (Juan Luis Altamirano Uruñuela / Ciudad de México).

Prohíbe una jueza que Alejandro Encinas llame “torturador” a Tomás Zerón

 

Abel Barajas / Agencia Reforma

Cuernavaca, Morelos

Una juez federal prohibió a la Secretaría de Gobernación (Segob) y en particular al subsecretario Alejandro Encinas, señalar públicamente a Tomás Zerón de Lucio como “torturador” y creador de la “verdad histórica” en el caso Ayotzinapa.
María Isabel Bernal Hernández, juez séptima de distrito en Materia Administrativa en Ciudad de México, concedió una suspensión provisional al ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), que impide al funcionario hacer este tipo de manifestaciones por cualquier medio.
“Se concede la suspensión provisional a Tomás Zerón de Lucio, para el único efecto de que las autoridades responsables se abstengan de continuar realizando declaraciones verbales, escritas o la publicación de contenido en páginas oficiales o redes sociales, mediante las que se afirme, sugiera o presente dentro de un contexto especial al quejoso, sosteniendo que es un torturador, que realizó actos de tortura o creó la ‘verdad histórica’ en el caso Ayotzinapa”, resolvió Bernal.
“Su concesión no se advierte que se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público (fracción ll), y porque de no concederse la medida cautelar de referencia, se le causarían daños y perjuicios de difícil reparación”.
La medida protectora estará vigente por lo menos hasta el próximo 2 de octubre, fecha en que la impartidora de justicia resolverá la suspensión definitiva, la que, en caso de ser concedida, ampliará la prohibición por tiempo indefinido.
La juzgadora, sin embargo, en el mismo fallo rechazó eliminar de las páginas de internet oficiales y redes sociales como Facebook, X, Instagran y You Tube, toda publicación que lo presente a Zerón como culpable, “torturador” y creador de la “verdad histórica”.
Una de las publicaciones que continuará en internet es el comunicado de prensa 438/2023, con el título “Tomás Zerón, hoy prófugo de la justicia, creó la verdad histórica con base en la tortura y alteración de pruebas”, publicado en la página del gobierno de México, el 25 de agosto de este año, y que Zerón pidió cancelar porque viola su derecho a la presunción de inocencia.
La juez Bernal dijo que, por tratarse de un tema de fondo, la eliminación de contenidos deberá ser resuelta en la sentencia de amparo y no en la medida cautelar, razón por la que le negó la suspensión provisional sobre este aspecto.
“Además, de concederse la medida suspensión para los efectos referidos, equivaldría a resolver el fondo del juicio de amparo del que deriva el presente incidente de suspensión, pues se estaría determinando la inconstitucionalidad de los actos reclamados, constituyendo a la parte quejosa en el derecho que persigue con la promoción del juicio de amparo, lo que no es materia de la medida cautelar”, expuso.
A solicitud de la Fiscalía General de la República, jueces federales han girado cinco órdenes de aprehensión contra Tomás Zerón, tres de ellas por delitos de servidores públicos y supuestos desvíos en contratos de la PGR, y dos relacionadas con el caso Ayotzinapa.
Estas últimas, son por la presunta tortura a Felipe Rodríguez Salgado El Cepillo, operador del grupo criminal Guerreros Unidos, tras su detención en 2015; y por trasladar al río San Juan, sin abogado y sin orden ministerial, a Agustín García El Hereje, acusado de participar en la desaparición de los 43 normalistas en Iguala.
Desde hace varios años, Tomás Zerón se encuentra en Israel, país que no tiene tratado de extradición con México.

Pide Zerón amparo para que Encinas no lo llame “torturador” y creador de la “verdad histórica”

Abel Barajas / Agencia Reforma

Ciudad de México

Tomás Zerón de Lucio presentó una demanda de amparo en la que solicita una orden judicial que prohíba a la Secretaría de Gobernación y, en particular, al subsecretario Alejandro Encinas, señalarlo públicamente como “torturador” y creador de la “verdad histórica”.
El ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) pidió una suspensión para que se ordene eliminar de las páginas oficiales y redes sociales, como Facebook, X, Instagram y You Tube, toda publicación que lo presente como culpable y bajo esos señalamientos, ya que afirma que violan su derecho a la presunción de inocencia.
De acuerdo con registros judiciales, la demanda de garantías fue turnada al Juzgado Décimo Quinto de Distrito de Amparo, en Ciudad de México, el cual analizará si es competente para pronunciarse sobre este asunto y si procede o no la suspensión solicitada.
“(Se solicita la suspensión para que) las autoridades responsables se abstengan de continuar realizando declaraciones verbales, escritas o la publicación de contenido de páginas oficiales o redes sociales mediante las que se afirme, sugiera o presente dentro de un contexto especial al quejoso, sosteniendo que es un torturador, que realizó actos de tortura o creó la ‘verdad histórica’ en el caso Ayotzinapa”, señaló.
“De continuar con lo anterior, seguiría la afectación a la presunción de inocencia del quejoso en su vertiente de trato extra procesal dentro de las investigaciones iniciadas en su contra, ya que la generación de mensajes como los emitidos por las autoridades responsables y que ahora se reclaman, pueden influir para generar una versión sesgada en los órganos de acusación y de impartición de justicia, porque de manera informal se adelanta una declaración de condena a través de un juicio mediático, volviendo al proceso penal correspondiente en una mera formalidad”.
El hoy prófugo de la justicia, y radicado en Israel, presentó esta demanda judicial contra el subsecretario Alejandro Encinas y la Segob.
Al primero, le reclama la trasgresión a los principios de presunción de inocencia y el debido proceso, por acusarlo públicamente de crear con base en torturas la “verdad histórica” del Caso Ayotzinapa.
Zerón señala que Encinas hizo estas manifestaciones el pasado 25 de agosto, en la presentación del informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, con motivo del noveno aniversario del Caso Ayotzinapa, en este mes.
También hizo expresiones en el mismo sentido en un video de la Segob, que difundió el subsecretario en su cuenta de X (antes Twitter).
El ex jefe de la AIC también reclama a la Segob la orden de publicar en el portal del gobierno de México, el comunicado de prensa 438/2023, con el título “Tomás Zerón, hoy prófugo de la justicia, creó la verdad histórica con base en la tortura y Alteración de pruebas”.
En dicho texto, se queja el ex mando policiaco, se hacen afirmaciones sobre las conductas que le imputan y se adjunta un video con tales señalamientos.
“Lo anterior, es una clara violación a los principios de presunción de inocencia y debido proceso”, refiere.
Contra Zerón pesan cinco órdenes de aprehensión, tres de ellas por delitos de servidores públicos y supuestos desvíos en contratos de la PGR, y dos relacionadas con el Caso Ayotzinapa.
Estas últimas son por la presunta tortura a Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, operador del grupo criminal Guerreros Unidos, tras su detención en 2015.
Otra es por trasladar al río San Juan, sin abogado y sin orden ministerial, a Agustín García, El Chereje, uno de los sicarios del mismo grupo criminal que está acusado de participar en la desaparición de los estudiantes.

Protestan padres de los 43 en la Cdmx para exigir resultados a la investigación contra Tomás Zerón

A casi 47 meses de la noche de Iguala las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos tuvieron un mitin ante una representación del Poder Judicial de la Federación en la Ciudad de México, para exigir de nueva cuenta la presentación con vida de sus hijos y conocer los avances del amparo que interpusieron en contra de Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), que apoyó la “verdad histórica” del procurador general de 2012 a 2015, Jesús Murillo Karam, y es acusado de alterar pruebas en una escena del crimen.
Como parte de la Acción Global por Ayotzinapa, la protesta fue ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa, en Anillo Periférico 1950, estuvieron la mayoría de los padres y madres acompañados de algunas organizaciones civiles que buscan a personas desaparecidas en el país.
A principios de 2017 se informó que sería la Secretaría de la Función Pública la encargada de determinar la responsabilidad y sanción a Tomás Zerón, acusado por los familiares de los estudiantes desaparecidos de “sembrar” pruebas durante las indagatorias.
En marzo de ese año familiares de los normalistas y su grupo de abogados interpusieron un amparo ante el juzgado tercero en contra de la resolución de la visitaduría de la PGR, la cual deslindaba de responsabilidades graves a Zerón por las diligencias en el río San Juan.
Por esos días la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) informó que la investigación de la visitaduría de la Procuraduría General de la República identificó faltas leves, todas calificadas como administrativas, sin que en su dictamen se haya propuesto la apertura de alguna averiguación penal. Pese al amparo interpuesto no ha habido una resolución.
A las 10 de la mañana de este lunes los familiares llegaron al Juzgado Tercero, efectuaron un mitin en el que exigieron la presentación con vida de sus hijos y castigo a los responsables, y solicitaron una comparecencia para hablar con el juez que lleva el caso de Zerón.
“No es posible que ya sea más de un año y aún no ha habido una resolución, cuando sabemos que esta persona alteró la investigación”, indicó el vocero Felipe de la Cruz.
“Exigimos la petición de amparo que metimos en contra de Tomás Zerón, en el sentido de su presencia en el río San Juan sembrando las bolsas negras y la Contraloría Interna de la PGR le había encontrado a este señor muchos delitos penales. Exigimos que se cumpla la primera investigación que realiza la contraloría interna de la PGR en contra de Tomás. Queremos una acción penal, no administrativa, contra Zerón”, añadió De la Cruz.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó en su último informe un video grabado el 28 de octubre de 2014, en el cual se observa a Tomás Zerón acompañado de peritos y Agustín García Reyes, El Chereje, uno de los detenidos por los ataques en Iguala, en una diligencia que no obra en el expediente y de la que no se enteró el GIEI.
Desde ese momento los abogados y familiares de los normalistas desaparecidos exigieron la salida de varios funcionarios, entre ellos Tomás Zerón, por ser los responsables de las diligencias que habrían alterado.

El juez está de vacaciones

A las 11 y media de la mañana una comitiva de padres ingresó al Juzgado Tercero y al regresar informaron que el juez que lleva el caso está de vaciones, y regresa en agosto.
“La exigencia que venimos a hacer es al juez en el caso de Tomás Zerón, en el sentido de que llevamos más de un año y meses en espera de la resolución y no pasa nada, pero la sorpresa es que andaba de vacaciones. No hubo respuesta. Nos recibió un juez encargado que no tiene nada que decir, o información que adelantar, y nos dijeron que el juez responsable regresa los primeros días de agosto”, indicó a El Sur Felipe de la Cruz.
El vocero de los padres y madres confirmó que el resto de la semana continuarán las actividades de protesta en la Ciudad de México.
Tras informar lo ocurrido en el juzgado tercero, los familiares se retiraron del lugar cerca de la 1 de la tarde. Minutos antes, Mario González, padre de César Manuel González, indicó en breve charla: “Estamos decepcionados con los gobernantes, ha pasado muchísimo tiempo y desafortunadamente no hemos dado con el paradero de los muchachos y, al contrario, se empeñan en no querer llegar a la razón”.
“Los padres vamos a seguir luchando. Ha pasado el tiempo, lo sabemos, pero aún así vamos a seguir buscando a los estudiantes porque no sabemos absolutamente nada. No se puede vivir así pero ni modo, hay que seguirle hasta encontrarlos con vida”.

 

 

Protestan padres de los 43 en un juzgado en la Cdmx; no avanza el amparo contra Tomás Zerón

Padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos protestaron en el Tercer Juzgado de Distrito en Materia Administrativa, para exigir al juez titular una explicación del amparo que demandaron contra la resolución de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República (PGR), que exime de culpabilidad de las irregularidades del caso al ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio.
El juez Adolfo Santos Pérez contestó a una comisión de padres, que ingresó durante la protesta donde mostraron fotografías y nombres de sus hijos desaparecidos, que el amparo indirecto 195/2017-3 interpuesto por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan en marzo pasado, no se ha podido desahogar por la “desaparición” de seis funcionarios de la AIC: cuatro peritos y dos agentes ministeriales.
Como parte de su tercera jornada de lucha para exigir la presentación con vida de los 43 desaparecidos a casi 38 meses de los hechos en Iguala, apoyados por estudiantes e integrantes de organizaciones sociales y sus abogados, los padres llegaron al edificio en la delegación Álvaro Obregón cerca de mediodía. Al grito de ¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!, se colocaron en la explanada.
El abogado Vidulfo Rosales Sierra dijo en el mitin que: “los padres y madres de familia interpusimos un amparo contra la resolución mediante la cual exoneró de responsabilidades penales al señor Tomás Zerón de Lucío (actual secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional), lo cual para nosotros implica serias y graves violaciones al acceso a la justicia, al derecho a la verdad y al derecho de saber del paradero de nuestros hijos”.
Precisó que como titular de la AIC “creemos que el señor Tomás Zerón de Lucio tiene responsabilidades penales: trasladó detenidos sin la autorización del Ministerio Público a la escena del crimen, manipuló evidencias de la escena del crimen sin que esto obre en el expediente, editó videos, sin que esto estuviera y constara dentro del expediente penal de las investigaciones”.
Los contingentes se trasladaron del plantón instalado desde el lunes en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para exigir una reunión con el juez, Santos Pérez. Una comisión ingresó al edificio con la petición de “saber el estado que guarda esta demanda de garantías”.
Rosales precisó que el procedimiento sancionatorio administrativo de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en contra de Zerón de Lucio, no tendrá validez hasta que el juzgado Tercero de Distrito resuelva el amparo que los padres tramitaron en marzo pasado.
Mientras dejaban pasar a la comisión de padres acompañada de Vidulfo Rosales a entrevistarse con el juez, normalistas de Ayotzinapa repetían consignas: ¡Porque somos estudiantes, normalistas rurales, sí señor, porque somos de Ayotzi, sí señor, porque somos reprimidos, sí señor!
Rosales precisó que hace falta la publicación de edictos para avisar a los involucrados, “que asciende a 100 mil pesos cada uno”.
Mencionó que es importante que se desahogue el amparo para que Zerón pague por ocultar las diligencias en el río San Juan, donde fueron extraídos, según dice la PGR, los restos de uno de los 43 desaparecidos, Alexander Mora, el único identificado en estas condiciones sospechosas.
Aseguró que han solicitado al Consejo de la Judicatura cumplir el trámite, que es otra parte que atrasa el proceso: “nos preocupa que de manera deliberada la PGR haya ocultado los domicilios de estos servidores públicos, como una estrategia para dilatar el amparo y poner obstáculos al procedimiento”.
El representante de los padres, Melitón Ortega dijo al micrófono que: “a más de tres años estamos demandando una investigación profunda de cada una de las líneas como resultado de una investigación exhaustiva por parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), para conocer el paradero de nuestros 43 estudiantes de la Normal. En los primeros meses, en la primera etapa de la investigación que llevó a cabo las autoridades de Guerrero allí construyeron las bases de esta investigación que impide avanzar para esclarecer el caso”.
Lamentó que “tuvieron que desaparecer las evidencias como por ejemplo los videos de las cámaras de vigilancia que operan a lo ancho de la ciudad de Iguala, donde fueron los ataques, lugares por donde fueron perseguidos nuestros estudiantes, estos videos no están en los expedientes… ¿quién es el responsable finalmente de esa investigación deficiente e irregular, porque no podemos decir que no hay una coordinación a nivel federal, tuvo conocimiento del caso Ayotzinapa Tomás Zerón, Enrique Peña Nieto, (el ex procurador) Jesús Murillo Karam?”.
En su sexto día de la jornada de lucha: “Rompe el muro de la impunidad”, dijeron que como parte de sus exigencias de la semana que concluirá el próximo domingo con una marcha en la Ciudad de México, es que se amplíe el mandato del Mecanismo Especial del caso Ayotzinapa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hasta el año que viene, hagan las detenciones que faltan de policías federales y de Huitzuco implicados, les den resultados de la telefonía usada el 26 y 27 de septiembre de 2014, la investigación de la ruta de trasiego de droga de Iguala a Chicago y se investigue al Ejército.
Este viernes habrá una protesta en la PGR para continuar las actividades.

Cuestiona la CIDH al Estado mexicano por falta de resultados en el caso Ayotzinapa


La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ratificó su postura de acompañar a los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, al tiempo que el expresidente del organismo, James Cavallaro cuestionó al Estado mexicano por la falta de sanción a Tomás Zerón de Lucio por obstruir las indagatorias.
En la audiencia pública de revisión del Mecanismo de Seguimiento del Caso Ayotzinapa, durante el 165 periodo de sesiones de la CIDH en Montevideo, Uruguay, la jamaiquina May Macaulay, quien presidio la audiencia, y el colombiano Luis Ernesto Vargas sostuvieron su respaldo a los padres de los 43, representados por Blanca Nava, madre de Jorge Álvarez y Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete, quienes manifestaron su confianza en el organismo.
Fue Navarrete quien llevó a la audiencia el tema de Tomas Zerón, al mostrar una impresión magnificada de una nota periodística sobre las declaraciones del actual secretario técnico de Consejo de Seguridad Nacional (CSN), tras la última visita del Mecanismo a cargo de la comisionada Esmeralda Arozamena en agosto pasado.
En esas declaraciones, Zerón de Lucio insiste en que a tres años de la desaparición de los estudiantes, las investigaciones de la PGR no muestran una línea distinta a la versión oficial, en cuya elaboración él participó mientras estuvo al frente de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR.
“¿Qué es para ustedes ese señor?, ¿qué han hecho para callarlo?, ¿están de acuerdo con él o qué influencia tiene en la Procuraduría?”, lanzó Navarrete ante los representantes del Estado mexicano, encabezados por los subsecretarios de la Cancillería y de Gobernación, Miguel Ruiz Cabañas y Roberto Campa Cifrián.
El representante de los 43 padres de familia reprochó que admitir las declaraciones de Tomás Zerón es una burla para ellos y la CIDH, “es querer pasar por encima de la investigación que hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)… no existen evidencias que sustenten su supuesta ‘verdad histórica’”, además de que con ello se causa daño a los padres y madres de las víctimas.
Tras expresar su empatía con las víctimas, Macaulay pidió a los padres confiar en que la CIDH “va a seguirlos acompañando en su lucha” por encontrar a sus hijos, en tanto que advirtió en tomar medidas ante las declaraciones de Zerón, ya que “lo que se publica en medios exacerba a los familiares”.
El estadunidense James Cavallaro, ex presidente de la CIDH y promotor del GIEI, fue más allá al cuestionar la permanencia de Zerón de Lucio en la administración de Enrique Peña Nieto, pese a que persisten sospechas sobre su actuación irregular en el caso, pues se presume que sembró pruebas para sostener la versión de que los estudiantes fueron calcinados en el basurero de Cocula por el grupo criminal Guerreros Unidos.
Al preguntar a los representantes del gobierno de Enrique Peña Nieto sobre las evidencias encontradas por el GIEI de malos tratos y tortura a 77 por ciento de los detenidos por el caso Ayotzinapa, el comisionado recordó que en la investigación del visitador César Chávez, quien fuera cesado por la PGR, se advertía la virtual responsabilidad de Tomás Zerón en sustraer de manera irregular a un detenido que presentaba “40 lesiones corporales”, en el operativo del río San Juan, el 28 de octubre de 2014, no registrado judicialmente.
Para Cavallaro el esclarecimiento de los casos de tortura podría dar luz sobre el destino de los estudiantes, situación que funcionarios del Estado mexicano han pretendido ocultar.
El comisionado Luis Ernesto Vargas lamentó que “el GIEI haya tenido más claridad, haya aportado más elementos jurídicos que el Estado que, o no quiere investigar o es por incompetencia”, ya que es inconcebible que después de tres años no se conozca el grado de responsabilidad de elementos de la fuerza pública.
Vargas, quien forma parte del Mecanismo de Seguimiento, reiteró a los representantes de los padres de las víctimas que “la CIDH no los va abandonar, es un desvelo de toda la comisión, vamos a estar presentes, porque es inconcebible que a estas alturas no sepamos la responsabilidad de los intervinientes de la fuerza pública, a tres años y unas semanas que no sepamos su grado de responsabilidad”.
En tanto la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño solicitó “al menos” el mapa de fosas clandestinas ubicadas en Guerrero con tecnología LIDAR, y recordó que había requerido en su última visita a México, en agosto pasado, el mapa de las fosas de todo el país, o por lo menos de las entidades donde el problema de desapariciones es más grave.
Cuestionó que no se tengan resultados efectivos en el tema de telefonía celular, una vez que “ya se identificó que al menos los equipos de nueve muchachos siguieron activos, si se siguera al menos esa ubicación, seguramente se tendrían datos de qué pasó con los chicos”.
El subdirector del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Santiago Aguirre resaltó que la PGR “fracasó en hacerle rendir cuentas (a Zerón de Lucio), pues si bien el proyecto de visitador concluía con una trascendencia penal, (César Chávez) fue separado de su cargo y se emitió una resolución que convalida las irregularidades”.
Al destacar que ante el juicio de amparo iniciado por los padres por la resolución de la PGR, esta dependencia ha litigado en contra del instrumento, Aguirre mencionó que el cargo de Zerón es un nombramiento presidencial.

Ha analizado más de 5 mil líneas telefónicas e identificado 276 sitios en los que podría haber fosas clandestinas, responde el Estado

La subprocuradora de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías citó el comunicado de prensa 231/2017, en el que se señala que, sobre el tema Ayotzinapa, “el único canal de comunicación es la PGR”, en tanto que de las decenas de detenidos sólo 39 accedieron a que se les aplicara el Protocolo de Estambul para confirmar actos de tortura, de los que “sólo dos han resultado positivos y el resto negativos”.
El responsable de la Oficina Especial para el caso Iguala de la PGR, Alfredo Higuera Bernal aseguró que se ha hecho análisis a más de 5 mil líneas telefónicas, entre ellas las de funcionarios públicos y policías, en tanto que se han identificado 276 sitios en los que podría haber fosas clandestinas.
Higuera Bernal dijo que debido a los daños que el sismo del 19 de septiembre causó al edificio de la PGR, el trabajo de investigación se complicó, aunque continuaron los interrogatorios.
En la Ciudad de México el director del Centro Prodh, Mario Patrón reprobó que el Estado mexicano recurra a los efectos del sismo del mes pasado para tratar de justificar la falta de avances en la investigación.
“Mientras que no haya policías de Huitzuco y policías federales detenidos, o no se conozca el grado de participación de miembros del Ejército en los hechos, no se puede hablar de avances”, alertó.

El Estado administra el caso con fines políticos y encubre a funcionarios, señala Tlachinollan

Después de la audiencia el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, que acompaña en la defensa legal a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, consideró que “el Estado Mexicano sigue administrando el caso con fines políticos ajenos a los afanes de justicia de las víctimas, dado que en cada audiencia o reunión dosifica la información y los avances que presenta”.
En un boletín de prensa dice que “tenemos la convicción de que la Procuraduría encubre a funcionarios que obstruyeron la investigación como Tomás Zerón de Lucio, cuando otros funcionarios como el fiscal electoral son sancionados sin más por la PGR”, dice en referencia a la destitución de Santiago Nieto Castillo.
Informa que los padres y madres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos rechazaron que exista un avance del 70 por ciento en las investigaciones del caso, como dice la PGR, y demandaron al Estado mexicano que deje de mentir y de burlarse de los familiares de los jóvenes, durante la tercera audiencia pública del Mecanismo Especial de Seguimiento del caso Ayotzinapa.
Afirma que en la reunión se demostró que el caso Ayotzinapa sigue estancado, pues “el Estado no ofreció mayores avances en las indagatorias. De acuerdo a un cronograma que el mismo Estado entregó a la CIDH en anteriores reuniones, en octubre de este año deberían estar dilucidados los once temas allí establecidos”.
Menciona que estos temas comprenden las cuatro líneas de investigación que planteó el GIEI y que los padres y madres de los 43 exigen esclarecer.
“Sin embargo en la audiencia quedó evidenciado que el Estado mexicano  no ha detenido a ningún policía de Huitzuco ni  de la Policía Federal, no ha responsabilizado a ningún militar, ni ha avanzado en fincar responsabilidad a las autoridades de Guerrero”, señala.
Informa que la Comisión mostró su preocupación por los pocos avances en las investigaciones, urgió al Estado a investigar y sancionar a los funcionarios que incurrieron en actos de tortura a los detenidos.
Blanca Luz Nava, madre de Jorge Álvarez, narró durante su participación que viven con desesperación e impotencia y criticó la postura del gobierno quien el pasado 26 de septiembre dijo que había un avance del 70 por ciento, lo que tachó de mentira,  “si así fuera ya estuvieran diciendo el paradero, ya tuvieran cuando menos la pista de dónde podrían estar… se han burlado desde un principio, cada mentira que sacan es destruirnos más a la familia, no se tientan el corazón para decir una mentira, nos están matando poco a poco”, se lee en la misiva.

Marchan mil 500 docentes en la capital por el Día del Maestro y contra la reforma educativa

Unos mil 500 maestros de educación básica, agremiados en la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y la sección 18 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), acompañados de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero, marcharon en la capital para conmemorar el Día del Maestro.
Durante la movilización, los manifestantes bloquearon durante media hora los dos sentidos de la Autopista del Sol, frente a la 35 Zona Militar, e hicieron un mitin en el Palacio de Gobierno, para exigir la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, el esclarecimiento de los ataques en Iguala y en contra de la reforma educativa.
A las 11:40 de la mañana, los manifestantes partieron desde el monumento a Nicolás Bravo, conocido como El Caballito, hacia el Palacio de Gobierno.
En el recorrido corearon consignas como “el maestro luchando también está enseñando”, “alumno que saca diez, seguro maestro es”, “aquí y ahora con la coordinadora” y “vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
Aunque los dirigentes de las organizaciones magisteriales no acudieron a la manifestación, porque participaron en la marcha nacional de la Ciudad de México, los maestros reprocharon a las autoridades que el asesinato del profesor jubilado, Claudio Castillo Peña, quien falleció durante el desalojo violento el 24 de febrero de 2015 en Acapulco, continúa impune.
Al llegar a la 35 Zona Militar, los maestros decidieron bloquear de manera total los dos sentidos de la Autopista del Sol, para exigir el esclarecimiento de los ataques en Iguala los días 26 y 27 de septiembre de 2014.
Los manifestantes colocaron retratos de los rostros del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, y del secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, frente a la 35 Zona Militar, colocaron pintura roja para simular sangre y escribieron “+43”.
Dos maestras se colocaron delante de la entrada a la 35 Zona Militar portando dos pancartas en las que se leyó: “¿Cuál de los 43 iba a ser maestro de nuestros hijos?” y “en defensa de la educación pública y los derechos laborales”.
La marcha transcurrió sin incidentes, aunque fue vigilada de cerca por patrullas de la Policía Federal del sector caminos y agentes de Tránsito municipal.
En el Palacio de Gobierno, unos 40 policías estatales resguardaban las instalaciones en las escalinatas, que a su vez estaban protegidas con vallas para impedir el acceso de los manifestantes, quienes denunciaron que los agentes deberían garantizar la seguridad en el estado y no “estar pendientes de las manifestaciones”.
Los maestros realizaron un mitin en el que expresaron que todos los profesionistas, antes de especializarse tienen que tener una educación básica, pero las autoridades no reconocen la labor de los docentes y en cambio, atentan en contra de sus derechos laborales con la reforma educativa.
Exigieron la reinstalación de las mesas de diálogo entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el gobierno federal, para resolver las demandas del magisterio disidente, como la reinstalación de todos los maestros cesados en el país por manifestarse en contra de la reforma educativa y la incorporación al Fondo Nacional de Aportaciones para la Nómina Educativa (Fone) de todos los trabajadores.
Además, los maestros reclamaron que la inseguridad pone en riesgo a los docentes y a todos los guerrerenses en el estado. Repudiaron el asalto a siete reporteros de medios locales e internacionales, que ocurrió el 13 de mayo en Acapetlahuaya, por lo que exigieron a las autoridades que garanticen la integridad de todos los guerrerenses.
Al concluir la manifestación, los manifestantes entonaron el himno Venceremos y concluyeron con las acciones por el Día del Maestro, a la vez que advirtieron que no dejarán de movilizarse para rechazar la reforma educativa y defender los derechos laborales de los trabajadores.

En la CIDH dirán padres de Ayotzinapa que no hay avances en las líneas de los expertos

El señor Mario González Contreras, papá de uno de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, dijo que no hay avances en las líneas trazadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, y esperan exponer la situación y la falta de cumplimiento de compromisos del gobierno mexicano en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el próximo viernes en Washington.
Ratificó que los padres de los 43 desaparecidos no tienen confianza en la PGR por su falta de resultados y recordó que la semana anterior elevaron sus acciones de protesta porque “querían envolvernos otra vez”.
Dijo que los padres decidieron esperar la audiencia de seguimiento del caso Ayotzinapa en la sesión ordinaria de la CIDH el 17 de este mes en Washington, Estados Unidos, para exigir cuentas y compromisos ante el organismo internacional.
Indicó que él acudirá a la reunión junto con Cristina Bautista, mamá del normalista desaparecido, Benjamín Ascencio Bautista, y Joaquina García, mamá de Martín Getsemaní Sánchez, además de sus representantes legales del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y de Fundar.
Explicó que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) no ha sacado las manos de caso Iguala aún cuando la averiguación previa se turnó a una oficina especial adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR).
Insistió en que “está involucrado algo grande” en la colusión de autoridades de las diferentes instancias policiacas y militares que agredieron, protegieron y permitieron los ataques, asesinatos y la desaparición forzada de los normalistas en Iguala, y la SEIDO se encargó de propiciar condiciones para mantener los hechos impunes.
Asimismo recordó que la intervención del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) permitió descartar la tesis oficial diseñada para cerrar el caso, evidenciando las inconsistencias y la manipulación de evidencia en el basurero de Cocula y en el río Juan (en el mismo municipio).
En consulta telefónica sobre la versión de que policías municipales de Iguala están siendo llamados a declarar otra vez por la SEIDO sobre los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, el papá aclaró que no han tenido esa información porque cancelaron la última reunión de seguimiento con la PGR de este mes.
Esto debido a que la PGR sigue sin tener datos concretos que indiquen algún indicio del paradero de sus hijos. Tampoco hay resultados concretos sobre las líneas de investigación que planteó el GIEI sobre el policía de Huitzuco y dos agentes de la Policía Federal (PF) que están directamente implicados en la desaparición y el trasiego de droga.
Añadió que a la SEIDO no le conviene esclarecer los hechos y para mantenerlo así en sustitución de Tomás Zerón de Lucio nombraron como director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) a un ex policía federal (Omar Hamid García Harfuch) que tuvo un puesto de mando reciente en Guerrero, además que tuvo relación con la organización criminal de Guerreros Unidos.
Subrayó que el nombre de García Harfuch se encontró en la libreta de contactos del líder de la banda Guerreros Unidos, a la que SEIDO quiso fincar responsabilidades penales con pruebas ya descartadas por la desaparición forzada de los 43 normalistas y el presunto asesinato de todos los estudiantes desaparecidos. Además fue coordinador estatal de la División de Seguridad Regional de al PF en Guerrero de diciembre de 2012 a mayo de 2014.
Aunque “supuestamente la SEIDO ya no puede intervenir en el caso Ayotzinapa, el nuevo director de la AIC conoce la complicada situación de Guerrero, “en su momento, estuvo con la Policía Federal de Iguala”.
Por lo anterior, consideró que desde la SEIDO se protege a los encubridores como el ex procurador de la PGR, Jesús Murillo Karam, el antiguo jefe de la AIC, Zerón de Lucio, y a una antropóloga, contra quienes las autoridades no han actuado pese a que fueron evidenciadas graves irregularidades en el proceso.
No descartó que desde la SEIDO se pretenda replantear la tesis oficial para retomar la versión del basurero de Cocula, o sólo ganar tiempo, “apostarle más al desgaste porque tienen líneas de investigación y no las han seguido y empiezan otra vez”, criticó.

Protestan padres de los 43 en juzgado de CDMX; exigen la admisión de un amparo contra la PGR

Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos protestaron en el juzgado Tercero de Distrito Administrativo, en la Ciudad de México (CDMX), para exigir la admisión de un amparo contra la resolución de la Visitaduría General de Procuraduría General de la República (PGR), que diluye la responsabilidad del ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio en las graves irregularidades que cometió en la investigación del caso.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) encontró que Zerón de Lucio hizo diligencias de las que no notificó ni están en los expedientes del proceso de investigación de los ataques, homicidios y desaparición forzada de estudiantes y otros civiles en Iguala.
Ayer acompañados de activistas los padres hicieron un mitin de 3 horas afuera de las oficinas del Poder Judicial en la colonia Tláhuac de la delegación Álvaro Obregón, mientras conseguían una entrevista con el juez Martín Adolfo Santos Pérez, en quien recayó la revisión de la solicitud de amparo bajo el folio 195/2017.
En consulta telefónica el abogado Vidulfo Rosales Sierra explicó que el amparo se entregó hace dos semanas, y señala que la resolución de la Visitaduría de la PGR viola el derecho de los padres al conocimiento de la verdad sobre los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014, entre otros perjuicios.
Pidieron que el juez admita la queja y en el estudio de fondo revise la legalidad de la resolución que emitió la PGR, que revise todas las irregularidades en que incurrió el actual secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional cuando estuvo al frente de la investigación, y que se restablezca la legalidad quebrantada por él.
Informó que los padres hicieron énfasis en que han recorrido todas las instancias de gobierno en busca de respuestas, y todas las instituciones se aliaron para mantener una versión oficial sobre el destino de sus hijos, descartada en siete ocasiones por expertos independientes mediante pruebas científicas.
Ayer solicitaron al juez que no le tiemblen las manos, si Zerón de Lucio violentó la ley que se le aplique una sanción acorde con el agravio y los delitos que generen sus acciones.
Abundó que hay una crisis en las instituciones y sus órganos de control interno, en los mecanismos anticorrupción y las contralorías que deben regular la función pública y velar por el respeto al Estado de derecho en las estructuras de gobierno, ya que no están dando resultados.
Demandó al juez que no acepte la política federal de solapar por consigna a los funcionarios que incurren en irregularidades y actos de corrupción.
Mencionó que esperan que en este proceso sí se tomen en cuenta todas las irregularidades cometidas la investigación, que llevaron a la tesis del procurador Jesús Murillo Karam que establece que los 43 desaparecidos fueron asesinados e incinerados por un grupo criminal, la cual llamó “verdad histórica”.
Precisó que a la par de este procedimiento la investigación sigue su curso mediante la oficina de investigación del caso Ayotzinapa en la PGR, que también avanza muy lento.
Denunció que los funcionarios de la PGR no quieren profundizar ni perfeccionar las líneas de investigación que recomendó el GIEI en abril, hace un año, sobre la participación de policías de Huitzuco en los ataques y la desaparición forzada de los estudiantes, y dos policías federales que tuvieron conocimiento del momento en que se los llevaron detenidos.
A la fecha, aseguró que no hay ni siquiera una consignación para detener a los policías de esas corporaciones que están plenamente identificados, y puede dar lugar a que evadan la justicia.
Agregó que los funcionarios de la PGR argumentan que no hay suficientes elementos para consignarlos, sin embargo, más allá de que jurídicamente no haya elementos, aseguró que políticamente no se quiere dar un paso en esa dirección porque implica abandonar la tesis oficial.
“Esa es la molestia, el hartazgo de los padres de familia, nosotros vemos que no hay interés ni voluntad de agilizar, de profundizar en tales líneas, la última detención que tenemos fue en esa ruta (de la verdad histórica), y hay otras 15 o 20 personas con orden de aprehensión ligadas a esa versión”, explicó.
Sin avances importantes, confirmó que no tenía caso acudir a la reunión de ayer en la PGR, que cancelaron con anticipación.
Los temas que quedaron pendientes de respuesta en la anterior sesión, el 9 de febrero, serán discutidos en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que ahí el gobierno mexicano haga compromisos con el organismo internacional.
Concretamente los temas pendientes son: la consignación de los policías municipales de Huitzuco, de los policías federales, la utilización de todos los recursos de búsqueda en vida o muerte sin escatimar la utilización de tecnología laser, el análisis rápido y exhaustivo de la telefonía celular, “de los que hemos monitoreado hay pocos avances, así la reunión no tiene razón”.
Del mecanismo especial de seguimiento del caso Ayotzinapa de la CIDH, que tenía programada una visita a México este mes, informó que se pospuso pero hace un seguimiento a distancia, y participará en la audiencia dentro del periodo ordinario de sesiones, en Washington DC.

La investigación a Tomás Zerón sigue en la PGR, dice la ex procuradora Arely Gómez

 

La secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González informó que las investigaciones sobre Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal están en manos del Órgano Interno de Control de la Procuraduría General de la República (PGR).
Luego de la inauguración del Primer Encuentro Internacional Anticorrupción en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), la funcionaria federal aseguró que ese órgano tiene autonomía para emitir su posicionamiento, y la Secretaría de la Función Pública (SFP) respetará la determinación que se tome.
El pasado 9 de febrero el subprocurador de Control Regional de la PGR, Alfredo Higuera Bernal dijo que en el caso de Zerón, señalado de irregularidades y sembrar pruebas en la investigación de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, sería la SFP quien determinaría las responsabilidades respectivas, con base en una investigación.
Sin embargo la responsable de esa dependencia dijo que el caso se investiga dentro de la PGR.
De la investigación sobre los presuntos hechos de corrupción relativos a la empresa brasileña Odebrecht, Gómez recordó que desde diciembre de 2016 cuando se conoció que se realiza una investigación internacional sobre presuntos actos de corrupción de esa empresa, en México se revisa el tema.
La SFP inició desde entonces la búsqueda y localización de contratos que Odebrecht ha realizado, tanto de manera directa como a través de subsidiarias, con lo cual se está haciendo una auditoría transversal, dijo la exprocuradora.
De igual manera reconoció que de momento no tiene un número específico sobre los contratos que forman parte de esta revisión, porque no se limitan sólo a los que tiene celebrados la empresa brasileña, sino también sus subsidiarias.