No dejarse presionar por una distorsionada autonomía, piden al TEE opositores de Saldaña

Integrantes del Movimiento por la Democracia, la Dignidad y la Autonomía de la UAG, en la conferencia de prensa con la ex diputada de Morena, María de Jesús Cisneros: la catedrática de la UAG Silvia Alemán, el abogado Rubén Cayetano y los maestros Román Ibarra y Jorge Luis Urióstegui Foto: Jessica Torres Barrera

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El Movimiento por el Rescate de la Democracia, la Dignidad y la Autonomía de la Universidad Autónoma de Guerrero exhortó al Tribunal Electoral del Estado (TEE) a no dejarse presionar por intereses que distorsionen los conceptos para desechar la impugnación contra el nombramiento como rector electo de Javier Saldaña Almazán.
En conferencia de prensa, el abogado Rubén Cayetano García indicó que el 15 de junio se radicó el caso y se turnó a la ponencia de la magistrada Alma Delia Eugenio Alcaraz, como Juicio Electoral Ciudadano 033/2023, por la anulación del proceso electoral que alteró la normalidad democrática de la institución educativa.
Explicó que la normalidad democrática debe ser inalterable y ésta se rompió, porque no hubo elección extraordinaria para culminar la gestión de 2021 a 2025 a través de un rector sustituto para el actual periodo. El nuevo periodo por el que fue electo Saldaña Almazán es de 2023 a 2027.
Proponen que se sancione que no hubo elecciones en 2021 y que se restablezca la periodicidad o normalidad democrática, para que, no habiendo elecciones en 2021, pueda haberlas en 2025, 2029, 2033 y así sucesivamente.
Cayetano García aclaró que la demanda expone un problema de legalidad, que no involucra el autogobierno, la educación, de investigación o presupuesto, por lo tanto, exhortaron a los magistrados “no dejarse presionar por intereses políticos aviesos, que distorsionan el concepto de autonomía para deshacer convenientemente (el juicio)”.
Asimismo, les piden a los magistrados que actúen “con absoluta y meridiana imparcialidad, porque el agravio que se sustenta en la ruptura de la periodicidad democrática en la universidad, particularmente lo que tiene que ver con la Ley Orgánica, probada en 2016 por el Congreso local”.
La ley orgánica que rige a la UAG establece que debe hacer elecciones extraordinarias si el rector electo se separara antes de los años de la gestión. Si se separa después de cumplidos dos años, el Consejo Universitario podría nombrar un rector en sustitución, para ir a elecciones ordinarias en el plazo de cuatro años.
El abogado señaló que, en referencia de la gestión universitaria, los sexenios de las gubernaturas sólo se modificaron en una ocasión para empatarse con los comicios federales, a partir de una reforma a la Constitución, no por decisión de grupos.
“Se trata de la salvaguarda de la legalidad, del estado de derecho, del marco constitucional del que emanan nuestras leyes, mismas que están obligados a hacer prevalecer, para evitar un grave retroceso y precedente antidemocrático en Guerrero”.
Advirtió que si el tribunal deja pasar esta irregularidad, sentará un grave precedente para que cualquier persona altere las fechas de las elecciones universitarias, sin consecuencias.
Los promoventes del juicio porque en el proceso electoral les negaron el registro de candidaturas, Silvia Alemán Mundo y Jorge Luis Urióstegui Train, respaldaron la representación de Cayetano García, como abogado y en su calidad de universitario honorario, al ser egresado de la institución educativa.
Alemán Mundo añadió que cualquier ciudadano puede pedir cuentas a la UAG, que recibe 3 mil 200 millones de pesos del presupuesto público. Además, que defender la legalidad no lesiona la autonomía, y que debido a esta exigencia, ha sufrido violencia política en razón de género.
Urióstegui Train denunció que grupos porriles están amenazando a los opositores que defienden la legalidad y un trabajador de la Facultad de Derecho, que no es consejero, lo agredió en la sesión Consejo Universitario, donde el grupo opositor fue a conocer la calificación de la elección.
Insistió en el uso político que el grupo hegemónico pretende dar al alumnado, como plataforma para ganar senadurías.

 

Convoca a marchar hoy por la autonomía un grupo de apoyo del rector electo de la UAG

Directivos, maestros, personal administrativo y alumnos de la UAG que integran el Frente por la Defensa de la Autonomía Universitaria, en la conferencia de prensa que ofrecieron en un salón del hotel Holiday Inn, en Chilpancingo Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Redacción

Chilpancingo

En defensa de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), el Frente por la Defensa de la Autonomía Universitaria (FDAU) convocó este miércoles a una marcha por la autonomía para hoy en Chilpancingo.
En conferencia de prensa, se pronunciaron además por que se declare “persona non grata” en la UAG al abogado Rubén Cayetano García y que se le retire el grado de maestro emérito al ex rector Ramón Reyes Carreto, porque ambos han impugnado la elección para rector del 27 de mayo.
La conferencia se realizó en un hotel del sur de la ciudad, donde los representantes del FDAU informaron que la marcha de este jueves partirá de las instalaciones de Ciudad Universitaria al sur de la ciudad, con dirección a las instalaciones del Tribunal Estatal Electoral (TEE) y harán una escala frente al Congreso local.
La movilización se da luego de que opositores al ahora rector electo Javier Saldaña Almazán, entre ellos el ex rector Reyes Carreto y los abogados Rubén Cayetano y Román Ibarra Flores, impugnaran la elección del 27 de mayo.
Asistieron a la conferencia de prensa los dirigentes del FDAU, Francisco Mayo Téllez, director de la escuela de Economía; Ana Laura Sosa, directora de la Preparatoria 33; Óscar Ramírez Hernández, Guillermo Echeverría Benítez, David Vázquez Torres, Isaí Rendón Rojas, Raúl Guzmán Rodríguez y José Luis Ramírez Mendoza.
Los dirigentes universitarios afines a Saldaña Almazán informaron que solicitarán al Consejo Universitario que se declare “persona non grata” al abogado Cayetano García y que le retire el grado de maestro emérito al ex rector Ramón Reyes, “quienes han impugnado la elección del 27 de mayo en la institución”.
Los integrantes del FDAU ratificaron su respaldo al rector electo Javier Saldaña, porque sostienen que “es producto de una elección democrática, en la que participó como candidato único por ser quien cumplió cabalmente con los requisitos establecidos en la convocatoria que emitió la Comisión Electoral”.
Se informó que en la marcha de este jueves exigirán respeto a la autonomía universitaria y que no se tome en cuenta el recurso de impugnación promovido por el grupo opositor, encabezado por Román Ibarra, Silvia Alemán Mundo y el ex rector Ramón Reyes.
De acuerdo con su pronunciamiento “en la casa de estudios hay un amplio consenso en torno a la elección de rector”.
Denunciaron que, sin embargo, está siendo cuestionada por un grupo minoritario representado por el abogado Cayetano García, a quien reprocharon “la forma en que se dirige a los órganos de dirección de la UAG, en varias transmisiones que realiza a través de sus redes sociales”.

Levantan su paro los trabajadores del CIPES; habrá un estudio sobre plazas y becarios

Trabajadores administrativos del Centro de Investigación y Posgrado en Estudios Socioterritoriales (CIPES), de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), levantaron su paro de labores luego de que les prometieron realizar un estudio para determinar si son necesarias dos plazas administrativas y las funciones que realizan los becarios.
En su tercer día de protesta, los manifestantes dijeron que tuvieron acercamiento y una respuesta por parte de la administración central de la UAG, por lo que levantaron el paro labores y este hoy se reanudan las actividades de manera normal.
La secretaria general de la delegación, Hipatia González Julio, informó que entre los acuerdos a los que llegaron con las autoridades de la UAG estuvo que realizarían un estudio para ver si son necesarias las dos plazas administrativas que solicitaron los trabajadores.
Además, dijo que la UAG observará las actividades que realizan los becarios y que a partir de lo que arrojen los resultados, se determinará qué acciones realizarán.
Los trabajadores externaron que firmaron una minuta de acuerdos con la UAG y que los resultados estarán listos en unos 20 días. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).

Sigue el paro de administrativos del CIPES de la UAG; la Rectoría no los atiende, dicen

 

María Avilez Rodríguez

Chilpancingo

Por segundo día, trabajadores administrativos del Centro de Investigación y Posgrado en Estudios Socioterritoriales (CIPES), de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), mantuvieron su paro de labores para solicitar la destitución de su director, Jorge Alberto Sánchez Ortega, porque permite que los becarios se basifiquen.
Los manifestantes pararon labores el lunes en las oficinas ubicadas en el barrio San Mateo, donde detallaron que continúan la protesta porque no han tenido una respuesta a sus peticiones.
La secretaria general de la delegación, Hipatia González Julio, informó que desde el lunes no se han acercado las autoridades de la UAG, por lo que acordaron mantener el paro de labores indefinido, hasta obtener una respuesta.
Reiteró que solicitan que la UAG entregue dos plazas administrativas, que no han tenido desde hace 40 años, y que además, eviten que los becarios sean basificados, porque también a los administrativos los delegan de sus funciones.
A las 8 de la noche, por teléfono, Hipatia González manifestó que durante el día no tuvieron ningún acercamiento por parte de la Rectoría, por lo que el paro de labores continuará.

Piden académicos la intervención de las autoridades

En un documento, trabajadores académicos solicitaron a las autoridades de la UAG su intervención para resolver el paro que mantienen los administrativos del CIPES, porque se encuentran en el cierre del semestre y esta situación “puede retrasar” la evaluación de estudiantes, la entrega de calificaciones y realización de eventos académicos que ya estaban programados.
Los académicos indicaron que están integrados en los núcleos académicos de los programas de posgrado: Maestría en Ciencias, Territorio y Sustentabilidad Social y Doctorado en Estudios Sociales y Territoriales, quienes pidieron que “se realice un estudio minucioso”.
Lo anterior, detallaron que es “para determinar el tipo de personal que actualmente requiere el CIPES, tomando en consideración el número de edificios, estudiantes, profesores y directivos, con el fin de que las nuevas plazas correspondan a las necesidades reales”.
Además, indicaron que la asignación de asistentes en las coordinaciones se dio por un acuerdo entre la Rectoría de la UAG y la Dirección General de Posgrado e Investigación.
“Dado que hay una serie de tareas que tiene que ver con los trabajos de corte académico, de gestión y de manejo de tecnología, que va más allá de las funciones que realiza una persona de puesto secretarial”, se leía en el documento.
Los trabajadores administrativos manifestaron que los programas de calidad requieren de personal administrativo capacitado; por tanto, es necesario que por la vía sindical y sin violentar los derechos de sus agremiados, que “el personal que se asigne a nuestro centro de trabajo sea personal con la formación y perfil requerido para el puesto a desempeñar y las necesidades de los programas de posgrado”.

Inician un paro los trabajadores del CIPES de la UAG; piden la destitución del director

Trabajadores administrativos del Centro de Investigación y Posgrado en Estudios Socioterritoriales (CIPES), de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), pararon labores para exigir la destitución de su director, Jorge Alberto Sánchez Ortega.
Los manifestantes, adheridos al Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la UAG (STTAISUAG), colocaron pancartas y una bandera rojinegra en las oficinas, ubicadas en el barrio de San Mateo, minutos antes de las 8 de la mañana.
Indicaron que piden la destitución del director porque ha permitido que los becarios que llegan al CIPES obtengan una basificación y que a los administrativos los “relegan” de sus funciones.
La secretaria general de la delegación, Hipatia González Julio, informó que son ocho trabajadores administrativos de base, quienes han solicitado la contratación de dos plazas, pero la UAG se ha negado a darlas.
Detalló que no están de acuerdo con que continúen los becarios en el CIPES, porque después, por el tiempo que permanecen, logran basificarse, por lo que desde noviembre del año pasado han solicitado al director que intervenga, sin embargo, no ha cumplido.
Hipatia González manifestó que “por 40 años hemos estado las ocho personas y no se ha incrementado, por ello pedimos que se nos den dos plazas administrativas y respeto al contrato colectivo de trabajo”.
Los trabajadores hicieron un llamado al rector José Alfredo Romero Olea, para que intervenga en el problema del CIPES. Aseguraron que no permitirán que ingresen más becarios. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).

 

Están en riesgo 2 mil 500 familias por deslizamientos en la entidad, advierte el secretario Arroyo Matus

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

El secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del estado, Roberto Arroyo Matus informó que actualmente sólo un municipio tiene actualizado su Atlas de Riesgo, y es Chilpancingo; expuso que Tixtla, San Jerónimo y Ometepec están construyendo el suyo.
También destacó que en un diagnóstico estatal estiman que 2 mil 500 familias están en riesgo por deslizamientos en el estado, en Chilpancingo son 13 barrancas las que están en peligro de algún derrumbe, y es preocupante la comunidad de El Paraíso, en el municipio de Atoyac, donde hay posibilidad de que haya un deslizamiento.
Ayer, en declaraciones al concluir la presentación de la convocatoria del Foro Estatal de Protección Civil, en el lobby del Congreso del Estado, Roberto Arroyo Matus expuso que en Guerrero, de los 81 municipios, solo Chilpancingo tiene actualizado su Atlas de Riesgos.
Dijo que afortunadamente los gobiernos de Tixtla, Benito Juárez (San Jerónimo) y Ometepec, están elaborando su Atlas de Riesgos con el apoyo de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), “no lo tenían, pero ya están en el proceso”.
Comentó que otros municipios que están en proceso de actualizarlo, son Zihuatanejo, Iguala y Acapulco. Del caso de Chilpancingo sostuvo que ya lo entregó y fue revisado por el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el cual sólo le faltaría subirlo a la plataforma nacional de Atlas de Riesgos.
Mencionó que será importante que la decisión de elaborar sus mapas o actualizarlos permee en todos los municipios, porque es “una herramienta muy importante para establecer los niveles de riesgo a los que puede estar expuesta la población”.
De cuántas zonas inestables se tienen detectadas en Guerrero, Arroyo Matus respondió que también están en un proceso de actualizar el Atlas de Riesgos estatal, pero con la información que tienen, en el caso de Chilpancingo hay 13 barrancas consideradas de alto peligro por deslizamientos.
Sin embargo, reconoció que es difícil, porque a pesar de que se le pide a la población que en temporada de lluvias se retire de esos lugares, no lo hacen, “lo que estamos haciendo ya con un programa especial con los ayuntamientos es que se haga un perifoneo horas antes de que llegue la lluvia más fuerte y que se saturan más los suelos, y haya oportunidad de atender y que pueda retirarse de esos sitios que son de muy alto riesgo”.
A nivel estatal, resaltó que a las autoridades estatales les preocupa un posible deslizamiento en el municipio de Atoyac, en la comunidad de El Paraíso, donde aseguró, “la población lo sabe y ya tenemos instalados allí algunos refugios temporales para atender a la población”, así como en una zona de Pie de la Cuesta, en Acapulco, aunque de esta última no dio más detalles.
El titular de Protección Civil estatal sostuvo que en Chilpancingo, en época de estiaje, las barrancas parecen seguras, pero sólo en las 13 barrancas están en riesgo unas 200 familias, “se les retira, pero vuelven al sitio”.
Manifestó que a nivel estatal el número de familias en riesgo por deslizamientos de tierra fluctúa, pero por lo regular tienen un estimado de alrededor de dos mil 500 familias.
Acerca de las 18 colonias del norponiente de Chilpancingo afectados por laderas inestables, Arroyo Matus aseveró que el Centro Nacional de Prevención de Desastres realizó estudios geofísicos que incluyó la resistividad eléctrica del suelo para detectar de manera más apropiada el deslizamiento.
Contó que los resultados arrojaron que hay un deslizamiento que está ocurriendo a una profundidad de alrededor de 18 metros de la superficie, “es un deslizamiento que tiene una gran cantidad de humedad, una cantidad importante de agua y por eso se están presentando el afloramiento en varios lugares de manantiales que antes no existían en esa zona”.
Mencionó que el deslizamiento es relativamente lento, pero lo suficientemente grande para provocar ya daños severos en las viviendas, el estudio, precisó, lo recibirán esta semana de forma completa y lo entregarán directamente a la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), para que se tomen las medidas y el gobierno federal emprendan las actividades de apoyo a la población damnificada.
Detalló que por lo menos alrededor de 75 a 80 viviendas están completamente destruidas, las que debería de atenderse de manera urgente.
Algunas de las colonias afectas por las laderas son: Villas Tlalmeca, La Era etapa I y II, 21 de Septiembre, Santa Cruz Norte, Tlacaellel, Las Estrellas, San Rafael Norte, Santa Cruz, Casas Geo, Ampliación Doctor Catalán, Ampliación Terraza, Bicentenario y Francisco Catalán.
Antes, Arroyo Matus acompañó a los diputados integrantes de la Comisión de Protección Civil del Congreso local, quienes lanzaron la convocatoria para el Foro Estatal de Protección Civil, que se realizará en la explanada del mismo, el próximo 7 de julio, que busca recibir propuestas y recomendaciones para considerarlas para reformar la Ley 455 de Protección Civil del Estado de Guerrero.
Durante la conferencia, Roberto Arroyo sostuvo es necesaria la reforma porque todavía su dependencia desarrolla actividades mayoritariamente de atención de emergencias y dedican un tiempo menor a las actividades de prevención.
Estuvieron, la presidenta de la comisión, la diputada perredista, Patricia Doroteo Calderón; el secretario de la comisión, Marco Tulio Sánchez Alarcón, por Morena; la vocal y diputada por Morena, María Flores Maldonado; el coordinador general de Protección Civil el UAG, Apolonio Bahena Salgado; y el coordinador del campus Zumpango, Juan José Tabares Catalán.

 

El Tribunal Electoral del Estado resolverá la elección de la UAG, aseguran opositores

Karina Contreras

El Movimiento por el Rescate de la Democracia, la Dignidad y la Autonomía de la Universidad Autónoma de Guerrero, informó que quienes aspiraban a la Rectoria, Silvia Alemán Mundo y Jorge Luis Urióstegui, este lunes interpusieron, a través del Tribunal Universitario, un juicio electoral ciudadano para “impugnar la viciada elección de rector”.
En un comunicado aseguraron que sobre la declaración de validez del proceso y de rector electo, en la persona de Javier Saldaña Almazán, aún “no hay definitividad, ni cosa juzgada, y serán los órganos jurisdiccionales quienes dicten la última palabra en el veredicto final. Será el Tribunal Electoral del Estado (TEE) de Guerrero el que resolverá este juicio que se ha promovido”.
En declaraciones telefónicas, Silvia Alemán Mundo explicó que el juicio lo hicieron a través del Tribunal Universitario, porque “así es el trámite, se tiene que presentar al tribunal, para que lo haga llegar al Tribunal Electoral”.
Indicó que ese juicio no lo pueden hace de manera directa, porque el camino es ese, donde se debe entregar al Tribunal Universitario y éste hacerlo llegar al Tribunal Electoral.
Se le preguntó si cree que proceda, tomando en cuenta que los órganos electorales de la UAG han rechazados sus argumentos, y respondió: “Todo puede cambiar, todo puede ser reconsiderado, sobretodo, a la luz de los nuevos acontecimientos y a la luz de los derechos políticos de las mujeres, que ha habido avances que no había, y eso es uno de los agravantes que se incorporaron. La violación, en este caso, a nuestros derechos políticos en función de género”.
Sobre si buscar órganos electorales externos no violenta la autonomía universitaria, respondió que no, porque “son derechos constitucionales y ninguna autonomía universitaria puede estar por encima de los derechos constitucionales, porque es la Carta Magda y todos los demás derechos son de legislaciones de menor estatura, de menor poder y toda la legislación se debe subordinar a los derechos constitucionales. No puede haber violación a los derechos, ni siquiera de una institución como la UAG”.
El comunicado indica que los agravios expresados por los recurrentes, son la “parcialidad con la que actuó el Tribunal Universitario y el Consejo Universitario, al resolver el recurso de inconformidad que se interpuso”. Añaden que esa parcialidad vició la resolución impugnada y quedó demostrado a partir de que, en el considerando cuarto, en lugar de entrar al estudio y análisis de los agravios que se expresaron para resolver conforme a derecho y conforme a la ley, se procedió oficiosamente a darles contestación.
Señaló que se “exhibe una predisposición del tribunal responsable, que se aleja de la imparcialidad y litiga en nuestra contra, descalificando nuestro proceder, asumiendo postura a favor del rector electo, Javier Saldaña Almazán, exhibiendo que no sólo los consejeros universitarios, la Comisión Electoral y Consejo Universitario, sino también el tribunal forman parte de la ‘cargada’ a su favor, haciendo uso de las instituciones para imponerse como rector de la UAG”.
Añade que se insiste en el juicio electoral ciudadano, en que no se cumple la paridad de género y que el rector electo es “inelegible”. Agregan que la convocatoria, de fecha 21 de marzo de 2023, es ilegal en razón de que, partiendo de que no ha habido elecciones para rector desde 2021 y que el actual rector, José Alfredo Romero Olea, incurre en la ilegalidad, porque no fue electo para una gestión de cuatro años, debido convocarse a una elección extraordinaria para elegir al rector sustituto.

Rechaza el Tribunal Universitario de la UAG las impugnaciones y se valida la elección de rector

La ex aspirante a rectora de la UAG Silvia Alemán y el abogado Rubén Cayetano en la sesión extraordinaria del pleno del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Guerrero Foto: Jessica Torres Barrera

María Avilez Rodríguez

Chilpancingo

El Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), en sesión a puerta cerrada, validó por unanimidad de votos el proceso para elegir rector del periodo 2023-2027, en el que resultó electo Javier Saldaña Almazán. Grupos contrarios protestaron y participaron en la reunión.
La sesión se realizó en el auditorio de la Rectoría de la UAG y de nuevo no se permitió el acceso a los reporteros y solamente fue transmitida vía Facebook. Allí rindieron protesta los consejeros universitarios alumnos que entran en funciones a partir de este 6 de junio de 2023 y hasta el 6 de junio de 2025.
Opositores a Saldaña Almazán, junto con el ex diputado federal Rubén Cayetano García, quisieron ingresar a la sesión pero los trabajadores de la UAG que cuidaban la entrada al auditorio, sólo le permitieron el paso al morenista y a Silvia Alemán Mundo.
En la sesión extraordinaria, que encabezó el rector José Alfredo Romero Olea, estuvieron presentes 169 consejeros universitarios. Ahí, el Consejo Universitario ratificó como rector electo a Javier Saldaña, por el periodo 2023-2027, con un total de 62 mil 470 sufragios.
Los magistrados del Tribunal Universitario presentaron su dictamen al pleno, sobre la impugnación al proceso electoral para elegir a rector, presentada por Silvia Alemán Mundo y Jorge Luis Urióstegui Train. En ella, ratificaron que ambos universitarios no fueron registrados como candidatos porque incumplieron con el requisito de obtener el reconocimiento académico de al menos 25 consejeros universitarios o 93 consejeros de unidades académicas.
En su participación, el presidente del tribunal, Isaías Sánchez Nájera, indicó que es improcedente el recurso de inconformidad promovido por los aspirantes Silvia Alemán y Jorge Luis Urióstegui, en contra del dictamen de calificación validez de la elección y la asignación de la constancia de mayoría al rector electo.
En su intervención, la magistrada Rosalía Pastor Durán detalló que Alemán Mundo y Urióstegui Train no presentaron el recurso de impugnación, en el tiempo y forma establecido en la convocatoria; es decir, 24 horas después del registro.
Indicó que al no ser candidatos legalmente registrados y no haber impugnado, los implicados no tienen legitimidad para interponer un recurso de inconformidad y que “no fue violatorio a la paridad y violencia política en razón de género, sino que no cumplieron con los requisitos de la convocatoria”.
También fue declarada improcedente la impugnación respecto a que Saldaña Almazán agotó su derecho a reelección.
Pastor Durán recordó que cuando Javier Saldaña ocupó su primera administración, en 2013, lo hizo con la Ley Orgánica 342, publicada en 2001, donde no se establecía la reelección; mientras que su segundo periodo, de 2017, lo hizo ya con la nueva ley, la 178, publicada el 5 de abril de 2016. Es decir que la antigua ley perdió su vigencia y la figura de la reelección del cargo cobró validez a partir del 6 de abril de 2016.
El Tribunal Universitario destacó que no existe ninguna violación a la Ley Orgánica 178, pues ante la vigencia de esta ley es la primera reelección y, por eso, la impugnación resulta infundada e improcedente.
También, desechó la queja de supuestos rebases en los topes de campaña, debido a que los inconformes no presentaron pruebas en las que se sustentara su aseveración y su inconformidad, que todo se limitó sólo a palabras pero no hechos.
José Alfredo Romero sometió a votación si se permitía que el ex diputado federal Rubén Cayetano García y Silvia Alemán Mundo participaran en la sesión. Se aprobó con 68 votos a favor, 13 en contra y ocho abstenciones.
Rubén Cayetano consideró “infundada” la resolución que emitió el Tribunal Universitario, porque los agravios que constituyen el recurso de inconformidad, fueron expuestos por los aspirantes a los que se les negó la oportunidad de participar.
“Hay una violación a la Ley Orgánica de la UAG. Aquí se crearon un estatuto y reglamento, que en términos de quienes estudian leyes, son inaplicables, porque rompen con la ley orgánica que debe regir en la universidad”.
Continuó: “Son inconstitucionales e ilegales” los puntos de la convocatoria, porque a ninguna persona se le puede impedir participar, “el requisito de los 25 consejeros es un burdo candado antidemocrático, para permitir que sólo exista un candidato, independientemente del derecho que él tiene a participar”.
“Es inelegible” el rector, aquí están equivocados”, dijo Rubén Cayetano, pero fue interrumpido por el secretario general del consejo, Armando Guzmán, quien dijo que se le agotó el tiempo. Asimismo, los consejeros comenzaron a callarlo.
Romero Olea externó: “Tiempo, tiempo, tiempo”. Dijo que la institución siempre se ha ceñido a la normatividad y principios constitucionales de legalidad, de igualdad y responsabilidad, “en ese sentido, jamás hemos violado la ley orgánica, ni ningún principio constitucional”.
Enfatizó: “Para su conocimiento, lean y revisen el artículo 28 de la ley orgánica, que dice que el proceso de elección, reelección, nombramiento, remoción y revocación de mandato de mandato de autoridades universitarias y los órganos de gobierno, se sujetarán a lo establecido en la presente ley, el estatuto y el reglamento respectivo. Jamás hemos violado ese principio de supremacía, al contrario, ha habido concordancia y sistematización en todos los actos de este Consejo Universitario”.
El pleno aprobó por unanimidad el dictamen del Tribunal Universitario, en el que se declara improcedente la impugnación. Después, se les tomó protesta a los consejeros estudiantes.
Rubén Cayetano realizó una trasmisión en vivo, en su cuenta personal de Facebook, para dar a conocer su intervención y su opinión acerca del proceso, pero los consejeros lo comenzaron a callar y a gritar: “Fuera, fuera, fuera”.
Después, el secretario técnico del Consejo Universitario, Jesús Poblano Anaya, tomó del brazo a Cayetano para sacarlo de la sesión.
En tanto, el rector pedía a los presentes que guardaran orden, “¡por favor orden! Estamos en una institución de educación superior”, pero nadie le hizo caso. Se calmaron cuando los opositores a Saldaña Almazán, por su cuenta, salieron del lugar para evitar alguna agresión física.

 

Responderá el tribunal de la UAG a las impugnaciones por la elección: rector

El rector de la UAG, José Alfredo Romero, en entrevista al término de la firma de convenio de apoyo entre esta casa de estudios y el delegado del INPI en Guerrero, Manuel Vázquez, en el auditorio de Rectoría en Chilpancingo Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), José Alfredo Romero Olea, afirmó que será el Tribunal Universitario el que deberá responder a las impugnaciones presentadas por Silvia Alemán Mundo y Jorge Luis Urióstegui Train por la elección que dio como ganador a Javier Saldaña Almazán, y que el Consejo Universitario tendrá hoy la última decisión.
Consideró que todo el proceso electoral se hizo apegado a la normatividad universitaria y que se cumplieron con todos sus principios, por lo que no cree que se puedan echar para atrás las elecciones.
En declaraciones al concluir la firma del convenio entre la UAG y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), en las instalaciones de Rectoría, José Alfredo Romero, dijo que las impugnaciones hechas por Silvia Alemán y Jorge Luis Urióstegui, por el proceso electoral a rector que ocurrió el 25 de mayo, de acuerdo con la normatividad, deberán ser respondidas por el Tribunal Universitario.
Sostuvo que el Tribunal Universitario enviará su decisión a la sesión de hoy, 6 de junio, del pleno del Consejo Universitario, “que es la última instancia. Tomará la última decisión, obviamente, de acuerdo con lo que establezca el tribunal, que es lo que conoce de acuerdo con nuestra legislación de estas impugnaciones”.
Se le preguntó acerca de las irregularidades que señalan los opositores, pero comentó que “todo el proceso electoral, desde la aprobación, publicación de la convocatoria, hasta la calificación, se hizo apegada a la normatividad, a lo que la misma Constitución, en su fracción Séptima del artículo tercero constitucional, le da facultades a la universidad para con base en su autonomía, elegir a sus autoridades”.
Aseguró que se siguió el proceso de acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica de la Universidad, el Estatuto General y lo que establece el reglamento, “todo el procedimiento fue apegado a la normatividad y, en ese sentido, nosotros consideramos que el procedimiento cumplió con todos los principios señalados en la legislación”.
Se le preguntó si habrá forma de que se eche para atrás la elección, pero respondió que en lo absoluto se podría.
Este sábado, Silvia Alemán y Jorge Luis Urióstegui presentaron el recurso de inconformidad ante el Tribunal Universitario de la UAG, contra el proceso de elección que, el 25 de mayo, declaró ganador al único candidato, Javier Saldaña Almazán.
Los integrantes del Movimiento del Rescate de la Democracia, la Dignidad y la Autonomía Universitaria, argumentaron que las tres causas de la impugnación son los vicios de origen en la publicación de la convocatoria, que violentan la ley orgánica universitaria, derechos humanos, políticos, constitucionales y universitarios.
Expusieron que la elección no se rigió con los principios de certeza y objetividad, pues no hubo representantes de casillas porque no se permitió la participación de nadie más que a Saldaña Almazán; así como que es inelegible, porque la ley de reelección se establece por una sola vez, y el ahora rector electo ya aplicó su reelección en 2017.