El presidente del Consejo Local del INE Donaciano Muñoz durante la sesión de ayer Foto: Jessica Torres Barrera
Rosendo Betancourt Radilla
Chilpancingo
El Consejo local del Instituto Nacional Electoral (INE), informó que no fue posible continuar con las fechas establecidas en el reclutamiento de quienes aspiran a ser supervisores y capacitadores electorales debido al huracán Otis.
Este lunes el IEPC presentó, en su tercera sesión ordinaria, informe a los integrantes que se van a tener que diferir todas las fechas hasta el próximo 22 de diciembre, cuando en su calendario terminaban el 28 de noviembre.
Consultado al final de la sesión, el consejero presidente Donaciano Muñoz Loyola informó que el impacto del fenómeno meteorológico en Acapulco, “nos va a atrasar un poquito lo que teníamos previsto, pero confiamos en que hacia el mes de marzo por muy tarde, podamos ya digámoslo así, emparejar las actividades en relación con el avance que tienen los otros distritos, de tal manera que hasta finales de marzo estamos plenamente al corriente y en los tiempos que señala nuestro plan integral y nuestro calendario de actividades para el presente proceso electoral”.
En cuanto a los daños en infraestructura, dijo que en Acapulco “tuvimos también afectaciones en los cuatro módulos de atención ciudadana, pero a estas fechas estamos funcionando prácticamente con toda nuestra capacidad, no solamente en términos de instalaciones sino también de personal, por supuesto que nos faltan todavía algunas reparaciones, hay muchos vidrios que se nos quebraron, puertas, en fin, muchas afectaciones”.
Agregó que afortunadamente todo el personal está sano y salvo, aunque todos los trabajadores resultaron damnificados.
“Inicialmente nuestra convocatoria sólo llegaba hasta el día 28 de noviembre, eso es prácticamente un mes estamos extendiendo, toda vez que pues definitivamente detuvimos por las afectaciones del huracán Otis todo el procedimiento de reclutamiento de este personal y será hasta el mes de enero en que procedamos a aplicar el examen y a entrevistar, y por fin a hacer la contratación de todas las figuras de supervisor y de capacitador, tanto en los dos distritos de Acapulco (el distrito 02 y el distrito 04) pero también en el distrito 08 con cabecera en Ometepec”.
Se le preguntó si no afecta el proceso electoral y contestó: “Confiamos en que el esfuerzo que se realice nos va a traer en pocas semanas a remontar este tiempo que nos ha quitado el huracán”.
Se le preguntó como está el personal de Acapulco y respondió que “afortunadamente el cien por ciento del personal está bien en su persona, en sus familias”.
“Desafortunadamente casi todos, si no es que todos, tuvieron afectaciones en mayor o menor medida en sus domicilios, fue una etapa muy compleja porque el Instituto por un lado en aras de darle un servicio a la ciudadanía, tenía la firme intención de tratar de abreviar los tiempos para volver a abrir los módulos de atención ciudadana, para que la ciudadanía fuera a tramitar su credencial, pero por el otro lado nuestro personal tenía afectaciones en sus domicilios, igual que todos los acapulqueños tenían carencias en provisión de víveres. Afortunadamente en menos de una semana ya estábamos operando en el módulo de Costera, gracias a la disposición, pero sobre todo al compromiso del personal del INE”.
Los daños materiales
En cuanto a los daños materiales causados por el huracán, informó que en Acapulco hubo en los cuatro módulos de atención ciudadana, “pero a estas fechas estamos funcionando prácticamente con toda nuestra capacidad, no solamente en términos de instalaciones sino también de personal, por supuesto que nos faltan todavía algunas reparaciones, hay muchos vidrios que se nos quebraron, puertas en fin muchas afectaciones que todavía al día de hoy estamos acordando también con los propietarios de los inmuebles para que de manera conjunta vayamos avanzando, de tal manera que yo calculo que quizás en el mes de enero podamos tener ya todo completamente repuesto, y por lo tanto la continuidad de nuestras operaciones recuperarlas al cien por ciento”.
Se le preguntó si hay un cálculo de cuánto costarán las pérdidas materiales y respondió que aún no, “en buena medida aquí es una distribución, por decirlo así, por un lado los propietarios de los inmuebles se hacen cargo de la afectación directa al inmueble, por ejemplo se nos afectó una barda perimetral que se está reparando, eso le toca al dueño, por poner ese ejemplo, pero también todo el tema de los vidrios el tema del mobiliario que se vio afectado estamos tratando de recuperarlo todavía del seguro, y una vez que el seguro establezca el monto específico que va a absorber, tendríamos esta cantidad, y habrá otras afectaciones en donde directamente el INE se esté haciendo cargo de hacer las adecuaciones. Pienso en los aires acondicionados, pienso en algún mobiliario, en los equipos de cómputo que se nos afectaron, en fin, estamos en el recuento de todo esto, y yo espero que una vez que deslinde el seguro todos los gastos que va a absorber, el Instituto ya tenga una cuenta clara de cuánto le van a representar estos daños”.
El presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional Foto: Cuartoscuro
Juan Luis Altamirano Uruñuela
Ciudad de México
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el Ejército ha entregado toda la información respecto a los crímenes cometidos de 1965 a 1990, conocido como el periodo de la guerra sucia.
“Están malinformados o están desinformando, no están siendo objetivos, no están hablando con la verdad, porque primero a mí me obedecen. Segundo, hay por convicción la voluntad de esclarecer todo, de no ocultar absolutamente nada, hacer todo transparente. Me consta que han entregando todo lo que tienen en la Secretaría de la Defensa”, mencionó respecto al informe del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, que acusó al Ejército de obstaculizar la consulta de documentación.
Asimismo, y en el asunto de la inculpación a militares en casos de desapariciones, aseguró que actualmente él es quien se encarga de dirigir las investigaciones en el caso Ayotzinapa.
Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, el presidente rechazó el informe que la víspera presentó David Jesús Fernández Dávalos, responsable del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, quien acusó al Ejército de obstaculizar la consulta de documentación.
López Obrador dijo que personas relacionadas con el Mecanismo están mal informadas o desinforman de “mala fe” y dejó abierta la posibilidad de reemplazarlas.
“Si ellos no tienen convicciones, no tienen confianza, mejor que no regresen y ya buscamos a otras personas que nos ayuden”.
El presidente comparó la situación con la salida de Omar Gómez Trejo de la Fiscalía Especial del Caso Ayotzinapa, y de Karla Quintana de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).
López Obrador afirmó que su administración no busca ocultar ningún hecho, además de tener como prioridad la transparencia, destacando que se ha entregado toda la información referente a la Guerra Sucia.
“¿Cuál sería el propósito de ocultar los hechos, si ya es más que conocido de que hubo un periodo autoritario, de represión, que se conoce como la Guerra Sucia? Nosotros creamos ese comité, y si lo creamos pues cómo no vamos a entregar toda la información, que se sepa todo”.
El presidente aceptó “tener ganas” de hablar sobre el tema referente a la presentación realizada por el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico. Este miércoles, el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico expuso la falta de colaboración y la obstrucción de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en las investigaciones de las violaciones cometidas de 1965 a 1990.
Fernández Dávalos mencionó que se entregó un reporte al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, donde hay una recopilación de hechos que podrían ser “constitutivos de delito” en la obstrucción para la consulta de los archivos.
De igual forma, el sacerdote jesuita y ex rector de la Universidad Iberoamericana denunció la falta de colaboración de la Sedena para la obtención de la información y que recientemente las negativas aumentaron a tal medida que personal militar llegó a ocultar, alterar o mutilar información.
Cienfuegos no estuvo implicado en la desaparición de los 43
El presidente aseguró que actualmente él es quien se encarga de dirigir las investigaciones en el caso Ayotzinapa.
“Pero toda la información, toda se entrega, no hay ningún problema. Y yo personalmente en el caso de Ayotzinapa, como además no tengo duda de que hay injerencia en estos grupos conservadores, yo personalmente estoy conduciendo ya la investigación, yo la estoy dirigiendo, nos estamos reuniendo periódicamente todo el gabinete de Seguridad para ir a fondo”.
El presidente declaró que no hay información que responsabiliza al entonces secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
“¿Por qué les molesta lo del general Cienfuegos? No es sólo por lo de los 43, no, no, no. Voy a empezar a responder sobre esto: no hay en la investigación nada en donde se acuse de manera directa al general Cienfuegos de Ayotzinapa, Para que también quede claro”.
Ante las críticas por haber condecorado a Cienfuegos este miércoles en los festejos del 200 aniversario de la creación del Heroico Colegio Militar, López Obrador aseguró que si se tiene información distinta se dé a conocer.
López Obrador dijo que la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), “le fabricaron delitos” a Cienfuegos razón por la que estuvo detenido en Estados Unidos, asegurando que se trataba de una venganza.
“Los de la DEA, sus representantes, porque están metidos en todos lados, se quedaron muy enojados y quisieran tener un Ejército Mexicano, Fuerzas Armadas de México, debilitadas, sentadas en el banquillo de los acusados para que ellos puedan hacer y deshacer en México, como se los permitía Calderón” indicó.
Respecto a las investigaciones de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, López Obrador aseguró que existen avances, destacando que no hay un país donde se tengan detenidos a funcionarios por su participación. Añadió que a pesar del conflicto bélico entre Israel y Palestina, seguirán solicitando la extradición del ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, supuesto protagonista de la creación de la llamada Verdad Histórica.
“¿Por qué se va Zerón a Israel? Pero también, ¿cómo es que para crear la mentira de que habían quemado a los jóvenes, además nunca fue aceptado por nadie, torturan, se demuestra que hay tortura?”, cuestionó el presidente.
Aceptó que cuando se le solicitó al ex fiscal especial del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, que iniciara los trámites para las órdenes de aprehensión de los involucrados, se negó debido a fallas en el procedimiento.
“Resulta que cuando le pedimos que se tramiten, se hagan los trámites para las órdenes de aprehensión del procurador y de militares y de otros funcionarios de la procuraduría de ese entonces, de alto nivel, se niega y junto con algunos miembros de la comisión de los observadores internacionales, sostienen que no era el procedimiento adecuado, que se necesitaban 90 días para poder actuar” comentó.
Durante la conferencia de prensa matutina del pasado tres de octubre, López Obrador afirmó que la desaparición de los 43 estudiantes normalistas fue debido a la responsabilidad y colaboración de las autoridades locales con la delincuencia organizada, diciendo que en caso de que hubiera participación de militares, fue de algunos elementos.
“Pudieron haber participado algunos elementos del Ejército, pero lo que sucedió en Ayotzinapa tiene que ver más con decisiones de autoridades locales y con la delincuencia, con el contubernio, con la asociación delictuosa entre autoridades locales, policías municipales, esa es mi hipótesis y con la delincuencia, que dominaba esa región” aseguró el presidente.
En la misma conferencia López Obrador reiteró su postura según la cual el Ejército no participó en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, además de asegurar que ni el ex presidente Enrique Peña Nieto ni el ex secretario Salvador Cienfuegos, ordenaron desaparecer a los jóvenes.
“Que esa delincuencia tuviera vínculos con algunos militares o que los militares de la región se hayan enterado y no hayan evitado que desaparecieran los jóvenes y hubiesen cometido el delito de omisión, es otra cosa, a que el gobierno desde arriba, Peña hubiese ordenado, o el General Secretario de entonces, la desaparición de los jó-venes, no, no”.
Los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), reasignaron 20 millones 808 mil 70 pesos para garantizar el pago de prerrogativas a los partidos políticos, los cuales ya estaban asignados, entre otros, al pago de aguinaldos y a la instalación y operación de los 28 Consejos Distritales Electorales (CDE).
Este jueves en sesión extraordinaria que se realizó de manera virtual, los consejeros aprobaron una quinta modificación al programa operativo anual de este órgano, así como el presupuesto para este año, el cual fue aprobado por unanimidad y sin discusión.
En la sesión se dispensó la lectura del documento, en el cual se señala que el presupuesto aprobado por el Congreso para el IEPC fue insuficiente para cumplir con las atribuciones del instituto, las cuales serán aplazadas en tanto no se cuente con el dinero necesario como la instalación de los CDE.
En el documento se justifica la serie de modificaciones que ha sufrido el presupuesto para el IEPC por la diferencia de 142 millones 616 mil pesos, de entre lo que solicitó el órgano electoral a lo aprobado por el Congreso local.
El IEPC había solicitado al Ejecutivo Estatal para el ejercicio fiscal 2023 un presupuesto por 427 millones 962 mil pesos; sin embargo, en la propuesta que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda envió al Congreso local se planteaban solo 285 millones 346 mil pesos para este órgano electoral, que finalmente fue el monto que aprobaron los diputados.
El monto autorizado para el IEPC se señala en el documento, “resultó insuficiente para cubrir en su totalidad el Gasto Operativo del Instituto, el Financiamiento Público a los partidos políticos nacionales y locales y sin cobertura presupuestal las actividades preparatorias correspondientes al Proceso Electoral Ordinario 202-2024; atribuciones legales y constitucionales” del instituto.
Lo que realizó el órgano electoral, fue una proyección del presupuesto en la que incluyeron lo autorizado por el Congreso local y una posible ampliación presupuestal por 72 millones 747 mil pesos, la cual fue negada, por lo que ayer tuvo que realizar modificación al presupuesto de egresos para reducir gastos y así cumplir con la entrega de prerrogativas a los partidos políticos.
Con las modificaciones aprobadas, el órgano electoral garantizará el financiamiento público a los partidos políticos, correspondiente a octubre, noviembre y diciembre.
“Y derivado de la insuficiencia presupuestal y la falta de respuesta positiva por parte del Gobierno del Estado para atender nuestra solicitud de ampliación presupuestal o apoyo financiero, es necesario realizar ajustes a todas las actividades de Gasto Operativo y las que emanan de las atribuciones legales y constitucionales para este instituto, teniendo que aplazar las que requieren recursos económicos, en tanto se tenga respuesta positiva”, se lee en el documento aprobado.
También señala que estas modificaciones implican “medidas mayores de ajuste” para poder reasignar recursos presupuestados en los capítulos 2000 de materiales y suministros, 3000 de servicios generales y 5000 de bienes muebles, de las actividades programadas de los proyectos estratégicos y transversales, así como el gasto operativo del instituto.
También reasignaron recursos aprobados en el capítulo 1000 de Servicios personales, como parte de ahorros y remanentes obtenidos de las economías y uso racional de los recursos considerados en el presupuesto base.
También se advierte en el documento que “debido a lo limitado del presupuesto, a pesar de los ajustes y suspensión de las actividades que requieren recursos, continúa siendo insuficiente el recurso para cubrir el financiamiento público a los partidos políticos”.
Reasignaciones
Entre las reasignaciones presupuestales para garantizar las prerrogativas a los partidos políticos “y toda vez que ya se ha reasignado prácticamente todo el recurso, resulta necesario utilizar el recurso aprobado en el Capítulo 1000 Servicios personales, específicamente en la partida 13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año” por 12 millones 860 mil 149 pesos.
De acuerdo con lo aprobado, el dinero reasignado que era para aguinaldos, corresponde “a todo el personal del instituto, como un derecho laboral” y que al utilizarlo “se está generando para este instituto electoral un pasivo ineludible a corto plazo”, por lo que deberá “garantizarse la entrega de esta prestación económica” y atenderse “de manera prioritaria e inmediata en cuanto se obtengan recursos suficientes”.
En este acuerdo aprobado, se autorizó a la presidencia y la secretaría ejecutiva del IEPC realizar nuevamente una solicitud de ampliación presupuestal o apoyo financiero a la jefa del Poder Ejecutivo “para atender esta obligación laboral y evitar gastos adicionales al Instituto por vulnerar los derechos laborales” de trabajadores.
También se planteó “reiterar la solicitud de ampliación presupuestal o apoyo financiero, para atender las atribuciones y fines legales… de garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar los poderes Legislativo y la integración de los ayuntamientos”.
Y advirtieron que “de no contar con los recursos necesarios, habría una afectación seria a las actividades” del Proceso Electoral Ordinario 2023-2024.
Se refirieron específicamente a las consideradas en el último trimestre del año como lo es la instalación de los 28 Consejos Distritales Electorales “que la ley obliga a instalar en todos los distritos locales de la entidad, a más tardar en el mes de noviembre de este año entre otras actividades preparatorias de la elección”.
También señalaron en el acuerdo aprobado que continuarán aplicando políticas de austeridad y racionalidad para eficientar el presupuesto asignado.
Afectada, la organización electoral
Entre las principales reducciones que se realizaron para reasignar presupuesto a los partidos políticos, están una disminución a la dirección de las actividades de organización electoral por un millón 783 mil pesos; a la instalación y operación de los CDE por 4 millones 315 mil pesos; al programa de Capacitación a los CDE por 473 mil pesos; y a la atención a los pueblos originarios se les redujo 877 mil 297 pesos.
Otras de las reducciones fueron a la “representación y gobierno” del IEPC por un millón 340 mil pesos; también 3 millones 546 mil pesos a “insumos para el quehacer institucional”; 2 millones 163 mil a “servicios generales” del instituto, entre otros.
El PRI, PRD y PAN, solicitaron al Instituto Nacional Electoral (INE) que intervenga “como máxima autoridad administrativa electoral, y que pueda conminar y exhortar al gobierno del estado y al Congreso local a emitir los ajustes presupuestales necesarios para garantizar el desarrollo del proceso electoral y la adecuada ministración del financiamiento público de los partidos políticos, lo que es un derecho constitucional”.
La presidenta del IEPC Luz Fabiola Matildes Gama ha informado que necesita para las actividades de este año 57 millones de pesos adicionales al presupuesto de 142 millones de pesos que le fue autorizado este año, para llevar a cabo los trabajos preparativos para el proceso electoral del próximo año, una de las acciones inmediatas es la instalación de los 28 Consejos Distritales.
Este lunes, mediante un escrito los dirigentes estatales de los tres partidos que integran el Frente Amplio por México (FAM) llevaron a la instancia federal el problema que arrastra el gobierno estatal morenista que ha retrasado la entrega de las partidas presupuestales al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).
En el documento dirigido a la presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, y a la presidenta de la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales del INE, Dania Paola Ravel Cuevas, los dirigentes partidistas exponen que el retraso reiterado del gobierno estatal en la entrega del presupuesto al IEPC no sólo afecta al órgano electoral local sino a los partidos políticos, “nos vemos afectados ante la imposibilidad de desarrollar nuestras actividades partidistas que por ley tenemos derecho, lo cual también nos deja en un estado de inoperatividad e infuncionalidad, y en el marco del proceso electoral nos afecta en el desarrollo de nuestra competitividad electoral”.
Entre los señalamientos que hacen los partidos en el escrito de tres cuartillas es que el gobierno de Guerrero atenta contra el estado de derecho y la democracia. Otra observación que hacen los partidos del FAM es que el gobierno del estado viola la Constitución al incumplir con el calendario de ministraciones al IEPC y el problema se agudiza al considerar que el pasado 8 de septiembre dio inicio el proceso electoral local mediante el cual se renovará el Congreso local y los Ayuntamientos y la falta de recursos “está afectando los actos preparatorios” para los comicios del 2 de junio de 2024.
En el texto los dirigentes partidistas recuerdan que en el Acuerdo 002/SE/13-01-23 se determinó el financiamiento a los partidos políticos y en el apartado cuarto se estableció que los montos de financiamiento público se entregarían cada mes “dentro de los primeros 15 días hábiles de cada mes”.
El documento, fechado en Chilpancingo el pasado 26 de septiembre va suscrito por los presidentes del PAN, Eloy Salmerón Diaz; del PRI, Alejandro Bravo Abarca, y del PRD, Alberto Catalán Bastida, fue entregado ayer en las oficinas del INE en la Ciudad de México.
El mismo documento junto con otro se entregarán hoy en la Junta Local del INE en Chilpancingo.
Evaluarán hoy consejeros del IEPC acciones ante la crisis financiera
Los consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), se reunirán hoy para realizar el balance de la crisis financiera por la que atraviesa a partir de que no han recibido el presupuesto de junio, julio, agosto y septiembre y que no se les ha autorizado la ampliación presupuestal de 57 millones para esteaño.
Ayer se buscó a consejeras y consejeros, incluida la presidenta Luz Fabiola Matildes Gama quien no atendió las llamadas.
Sin embargo, fuentes del IEPC informaron que este día desde temprano habrá reuniones de consejeros para revisar “la gravedad” de la crisis financiera del órgano, cuáles son los asuntos más urgentes, o los que podrían generarse mayores complicaciones si no son atendidos de inmediato.
Ayer, las dirigencias del PRD, PRI y PAN enviaron al INE un documento en el que piden su intervención para que se les liberen las prerrogativas en el que señalan que el IEPC no ha ministrado el recurso y que esto “genera graves afectaciones operativas en las actividades que realizamos”.
Los presidentes del PRI, Alejandro Bravo Abarca; del PRD Alberto Catalán Bastida; y del PAN Eloy Salmerón Díaz, señalaron que “sabemos que ha habido una clara intención del gobierno federal de eliminar los Organismos Públicos Locales Electorales, por ello, no se ha considerado los incrementos ni las solicitudes de aumento a su presupuesto, por el contrario, han sido objeto de recortes injustificados que inciden en las actividades organizativas, operativas y administrativas del Instituto Electoral Local”.
Y acusaron: “no obstante, no puede el gobierno del estado de manera deliberada atentar contra el Instituto electoral, pues se trata de un organismo autónomo importante para nuestra vida democrática, dado que garantizan el ejercicio de los ciudadanos a votar y ser votados, así como a los partidos políticos de promover la participación, postulación e integración de los poderes públicos, por tanto, representa una grave violación al estado de derecho y a la democracia”.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), por medio de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, señaló que militarizar el combate contra las drogas facilita el uso innecesario de la fuerza y llamó a los gobiernos a estudiar la despenalización del consumo y a enfrentar el problema con un enfoque de derechos humanos y de salud pública.
El informe Desafíos en materia de derechos humanos a la hora de abordar y contrarrestar todos los aspectos del problema mundial de las drogas, indica que en algunos países se utilizan cuerpos militares como respuesta a la problemática.
“Los enfoques punitivos sobre la fiscalización de las drogas, que en algunos países incluyen la militarización de las respuestas de las fuerzas del orden para luchar contra el problema, han dado lugar a una rápida escalada del uso de la fuerza letal y siguen facilitando la comisión de múltiples y graves violaciones de los derechos humanos, desde el uso innecesario y desproporcionado de la fuerza hasta las ejecuciones extrajudiciales, con la correspondiente impunidad”, explica.
Y menciona que existen ejemplos en los cuales el uso de personal militar para la guerra contra las drogas, ha confundido diversas acciones como la rendición de cuentas por maltrato.
“En algunos casos, la militarización de las fuerzas del orden en en el contexto de la guerra contra las drogas, entre otras formas mediante el despliegue de personal militar, ha desdibujado la rendición de cuentas por maltrato y vulneraciones y repercutido negativamente en ella”.
De igual forma, el informe señala que el combate al narcotráfico se ha utilizado como una medida en contra del terrorismo, buscando afrontar los problemas de seguridad nacional que pueda tener un país.
“En otros casos, la militarización de la guerra contra las drogas se ha planteado como medida contra el terrorismo a fin de hacer frente a las amenazas a la seguridad nacional planteadas por la delincuencia organizada implicada en el tráfico de drogas”, externa el documento.
El Alto Comisionado señala que las estrategias de castigo usadas en la guerra contra las drogas, han sido infructuosas para contener la producción y el consumo de diversas sustancias.
“Las estrategias punitivas sobre la guerra contra las drogas utilizadas en décadas no habían conseguido evitar la producción y el consumo de sustancias cada vez más diversas y numerosa”.
Agregan que el combate contra las drogas resulta en detrimento de la salud pública y resalta que las personas afrodescendientes, los pueblos indígenas y las mujeres, son los grupos más afectados de manera social.
“El enfoque de la guerra contra las drogas era perjudicial para la salud pública y perpetuaba las pautas existentes de discriminación, en particular contra los afrodescendientes, los pueblos indígenas y las mujeres”, señalan.
Además indican que los afrodescendientes y los pueblos indígenas junto a los migrantes, son “objeto de discriminación” en todas las etapas que incluye el proceso de justicia penal, debido a que llegan a tener “penas severas”.
La ONU emite 22 recomendaciones para que los “Estados y los interesados pertinentes”, desarrollen políticas eficaces basadas en los derechos humanos, entre las que destacan tomar alternativas distintas a penalizar las drogas y en caso de que se mantenga su prohibición, definir de manera clara los delitos en la ley.
De igual forma sugieren abolir universalmente la pena de muerte no solo para delitos relacionados con drogas, sino en cualquier tipo de infracción. Sugieren que el uso de la fuerza militar no debe ser permanente y deberá ser utilizada solo cuando sea necesario.
“Recurrir al uso de la fuerza militar solo de manera extraordinaria, temporal y cuando sea estrictamente necesario en circunstancias específicas. En tales circunstancias excepcionales, la participación de las fuerzas armadas debe subordinarse y ser complementaria a la de las fuerzas civiles, estar regulada y supervisada por autoridades civiles, y estar sujera a las mismas normas y procedimientos establecidos para el personal civil encargado de hacer cumplir la ley”, recomienda.
Al PRI y el PRD el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) les adeuda las prerrogativas correspondientes al mes de septiembre, las cuales debió entregar el pasado 15 de septiembre.
Consultados por teléfono, los dirigentes del PRI Alejandro Bravo Abarca, y del PRD Alberto Catalán Bastida, coincidieron que el retraso del gobierno del estado en el pago afecta al Instituto y a la democracia.
El pasado martes, en redes sociales, el PRI mediante un comunicado solicitó al gobierno del estado “que libere los recursos que le corresponden al IEPC, que están etiquetados y contemplados en la Ley de egresos, que se cumpla con lo programado y se instruya al secretario de Finanzas (Raymundo Segura Estrada) a resolver esta situación que no sólo afecta a los partidos, sino a la democracia y a los cientos de familias que tienen en el salario del partido su único ingreso”.
Ayer, la dirigencia estatal PRD tambien difundió una postura en redes sociales a propósito de una reunión que tuvo con la presidenta del IEPC Luz Fabiola Matildes Gama. “Acudimos esta mañana tras conocer el alarmante estado financiero que tiene paralizado al órgano electoral local. Y que pone en riesgo el proceso electoral de 2024 que ya ha dado inicio, al no existir garantías de seguridad y ahora tampoco presupuestarias”.
Catalán Bastida indicó que en la conversacion que tuvo con la presidente del IEPC, les informó que el caso de Guerrero no es aislado, sino hay otros 28 institutos electorales de las entidades que están en la misma situación.
Consideró que la retencion de recursos al IEPC es para tenerlo de rodillas al tener diezmado su presupuesto. Recordó que esto podría ser parte del plan que tenía el gobierno federal en su propuesta de reforma electoral de desaprecer los órganos electorales locales.
“Vemos una estrategia política que está buscando minar las actividades del propio Instituto y de los partidos políticos. Están violando la ley y lo vemos con mucha preocupación porque si a eso le sumamos los temas de violencia que se están presentando en el inicio del proceso electoral y ahora le sumamos este tema que tiene que ver con el recurso y la funcionalidad del propio Instituto, pues vemos una estrategia política orquestada desde el gobierno federal, estatal que repercute en los partidos políticos”.
El adeudo
Tanto PRI como PRD informaron que a ellos solo les adeudan las participaciones correspondientes a septiembre, pero los meses anteriores se les pagó con recursos del Instituto.
El dirigente del PRD indicó que el pago pendiente con ellos es de un millón 200 mil pesos, “pero eso no es lo grave, lo grave es que al Instituto no se le está entregando el recurso que está presupuestado para otras actividades.
Por separado el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI Alejandro Bravo Abarca precisó que a su partido también se le adeuda lo correspondiente a septiembre que son aproximadamente 2.4 millones de pesos, menos impuestos.
Indico que los adeudos de junio, julio y agosto fueron saldados de las cuentas del Instituto pero dijo que esa situación no debe continuar porque afecta al órgano electoral.
También se buscó al dirigente estatal de Morena Jacinto González Varona, pero no se pudo hablar con él vía telefónica.
El secretario de Finanzas del gobierno del estado, Raymundo Segura dijo el pasado 2 de septiembre que el retraso en la entrega del financiamiento al IEPC se debe a los recortes por mil 160 millones de pesos que ha hecho el gobierno federal derivado de la disminución en la recaudación de impuestos federales participables.
El Comité Directivo Estatal del PRI, exigió al gobierno estatal entregar al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) el presupuesto etiquetado a este órgano electoral en el que están incluidas las prerrogativas de los partidos políticos, los cuales se encuentran en una “situación insostenible”.
En el posicionamiento, la dirigencia priista señaló que no solicitan una “concesión graciosa” sino un derecho constitucional. El PRI confió en que se trata de “una administración ineficaz de los recursos y no un intento por minar la participación de los partidos de oposición”.
De acuerdo a lo dicho por la presidenta del IEPC, la consejera Luz Fabiola Matildes Gama, existía el compromiso del gobierno estatal de que a más tardar el 8 de septiembre, día en el que inició el proceso electoral ordinario para renovar ayuntamientos y diputaciones locales, este órgano electoral recibiría el presupuesto de los últimos 4 meses que se debían, pero no ocurrió.
El CDE señaló que “el proceso democratizador” en el país ha generado mecanismos que permitan la pluralidad “uno de los mecanismos que el pacto federal ha establecido es el financiamiento a los partidos políticos”.
Recordaron que el financiamiento público está establecido en la Constitución “y no la voluntad política del gobierno en turno la que define las prerrogativas de las que gozarán los partidos políticos para la recreación democrática de la pluralidad política”.
En este posicionamiento el PRI señaló que desde hace 4 meses en el partido “hemos sido afectados por la dispersión irregular del financiamiento público, al que tenemos derecho de acuerdo a la Constitución Política Mexicana, a la Constitución Política del Estado de Guerrero, y a las leyes electorales nacional y local; este recurso es utilizado para la operatividad de nuestra estructura, sueldos y salarios”.
Ante la falta de financiamiento por parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) señalaron que se “rompe con la armonía institucional con la que se venía trabajando con anterioridad”.
En ese sentido se señala que “en algún momento”, el órgano electoral “hizo un esfuerzo por ayudar a los partidos, pero la situación se ha vuelto insostenible”.
La dirigencia priista señaló que el partido no solicita alguna “concesión graciosa”, sino que están “exigiendo que se cumpla la ley, que se respeten el derecho de la ciudadanía que hace política a través de los partidos políticos”.
En el documento solicitaron al gobierno del estado que “libere los recursos que le corresponden al IEPC, que están etiquetados y contemplados en la ley de egresos, que se cumpla con lo programado y se instruya al secretario de Finanzas a resolver esta situación que no sólo afecta a los partidos, sino a la democracia y a los cientos de familias que tienen en el salario del partido su único ingreso”.
En ese sentido, el PRI apuntó que suponen que se trata de “un problema derivado de una administración ineficaz de los recursos y no un intento por minar la participación de los partidos de oposición; por eso esperamos tener respuestas favorables por el bien de Guerrero”.
La reunión de la Comisión Política del PRD, que integra a la dirigencia formal y a los líderes de las corrientes, la tarde de ayer en un salón del hotel Holiday Inn en Chilpancingo Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
La Comisión Política del PRD, integrada por los líderes de las corrientes internas de esa formación política, acordaron en sesión impugnar los lineamientos para el registro de candidaturas de representación proporcional que aprobó el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), porque consideran que el organismo se extralimitó pues los mismos atentan contra la “autodeterminación de los partidos”.
Este lunes por la tarde se reunió la Comisión Política del PRD en una sala del hotel Holiday Inn en esta ciudad. Después del encuentro, el presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal (DEE), Alberto Catalán Bastida, informó que revisaron estos lineamientos y tomaron la decisión de impugnarlos.
El recurso de apelación se presentará dentro del plazo de cuatro días después de ser aprobados los lineamientos, ante el IEPC, para que este órgano lo remita al Tribunal Electoral del Estado (TEE) para su sustanciación y resolución.
“El recurso es con la finalidad de que el instituto electoral respete la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, debido a que estos lineamientos chocan con lo que dice la propia ley… el instituto no puede suplantar a los legisladores y legisladoras en estas funciones específicamente que realizaron ya ajustes a la norma electoral para este proceso electoral”, dijo el dirigente perredista.
Insistió en que el IEPC “debe acatar la ley por encima de un lineamiento o reglamento”, porque destacó que los partidos tienen “la libertad de autodeterminación y organización, estos lineamientos infringen estos principios constitucionales de los partidos y no podemos permitirlo”.
La impugnación que presentarán no es en contra de los derechos de las mujeres en la integración de los cabildos y del Congreso local o algún otro derecho de los diferentes sectores. Lo que buscan es que se cumpla con lo que establece la ley, afirmó Catalán Bastida.
El perredista dijo que deben ser los partidos los que determinen dónde participarán sus militantes de acuerdo a su capacidad política, “y que no sea el IEPC quienes nos pongan o nos digan dónde tenemos que participar con cualquiera de estas acciones afirmativas”.
Explicó que entre los lineamientos que están en contra, es el que en los distritos indígenas, la ley establece que en el 50 por ciento deben postular a representantes de estas poblaciones, es decir cuatro de los ocho distritos, sin embargo, según lo aprobado por el IEPC tendrían que ser seis demarcaciones.
También en el caso de la comunidad LGTB, el IEPC estableció que se debe postular una fórmula en la lista de candidaturas a diputaciones locales de Representación Proporcional en los primeros ocho espacios, mientras que la ley no establece en qué espacio.
Alberto Catalán consideró que el IEPC “se ha extralimitado en la elaboración de estos lineamientos y que atentan contra la autodeterminación de los partidos políticos”, y subrayó que el PRD “ha sido vanguardista en las acciones afirmativas”.
Diputados locales al momento de emitir su voto para exhortar a que se atiendan las denuncias contra la con-taminación de la termoeléctritca de Petacalco Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Lourdes Chávez
Chilpancingo
El Congreso aprobó un exhorto a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para que atienda el problema de contaminación que genera la termoeléctrica de Petacalco, a propuesta del diputado de Morena Fortunato Hernández Carbajal.
Del PRD, Carlos Reyes Torres, ex alcalde de La Unión, añadió que las protestas recientes de comunidades aledañas sobre la contaminación causada por la termoeléctrica Plutarno Elías Calles, comenzaron tras la indicación del presidente Andrés Manuel López Obrador de usar combustóleo en lugar de carbón mineral. También denunció que la instancia no ha atendido el conflicto social que puede escalar, porque desaparecieron los órganos de atención ciudadana que antes permitían a comisarios, comisariados y ciudadanía presentar sus quejas.
Este martes en dos sesiones continuas los diputados para aprobaron reformas a la Ley de Responsabi-lidad Patrimonial del estado y municipios, y a la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
De la primera, fue propuesta por el grupo parlamentario de Morena, y analizada por los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para establecer bases, límites y procedimientos regulares del derecho de indemnización a particulares particulares, por daños derivados de la administración indebida, irregular o por omisión, bajo los criterios que ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Detalla que en la resolución del 3 de febrero de un juicio de amparo en materia administrativa, se sobreseyó un acto reclamado a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, y se establece para el Congreso del estado la responsabilidad de acatar en diez días la orden judicial, plazo que se prorrogó por 60 días hábiles por periodo de receso legislativo.
Por otro lado, la reforma a la Ley Orgánica del Congreso agrega la palabra “afromexicanos” a la Comisión de Asuntos Indígenas, en el artículo 195, fracción 22.
En la primera sesión, se aprobaron cuatro exhortos por unanimidad, y en la segunda, otro más: a la CFE por la contaminación que ocasiona la termoeléctrica; un tercer llamado a los ayuntamientos de origen de los cuatro nuevos ayuntamientos para brindar servicios y obras a las comunidades desagregadas; al gobierno del estado y a los ayuntamientos para entregar a tiempo útiles y uniformes el próximo ciclo escolar.
Asimismo, se aprobó un acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional del Agua y a la Cámara de Diputados a aprobar presupuestos en 2024 de dotar de equipo técnico y humano adecuado y de la construcción de rompeolas a las playas de la región de Costa Chica, y finalmente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para la regulación y retirar los topes.
Deben secretarías federales atender daños de la termoeléctrica
El diputado Fortunato Hernández Carbajal se refirió a las afectaciones de la termoeléctrica ubicada en el municipio de La Unión, que han estado denunciado las comunidades.
Recordó que es la tercera más grande de las 71 del país, y seis de sus siete unidades comenzaron a operar entre 1993 y 1994, y generan 10 por ciento de la electricidad de México. Sin embargo, tiene impactos en la salud humana, la vida silvestre, marina y terrestre, “ha sido descrita como una de las centrales más contaminantes del mundo, en agua y aire”.
Fuera del exhorto propuso que el alcalde de La Unión participe activamente y llama a la CFE, a las secretarías de Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, federales, a atender los problemas de salud y ambientales que afectan a los habitantes de Petacalco.
En el razonamiento de su voto, el perredista Carlos Reyes precisó que en 1993 hubo una protesta de ciudadanos para que la planta dejara de operar con combustóleo, que afectaba la pesca, la agricultura y la ganadería por la alta contaminación.
“Después de una lucha de meses fue posible que esa planta dejara de operar con combustóleo y que operara con carbón mineral, al que se le pueden poner filtros, para reducir la contaminación”,
Sin embargo, denunció que por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador la planta volvió a operar con combustóleo, y advirtió que las poblaciones tomarán decisiones más radicales si no se atiende este grave problema.
“Hoy el encargado de la planta dice que tiene la instrucción de generar energía, y no ha atendido a las personas que se están manifestando. Sería muy importante que comisiones unidas del Congreso acompañemos a los ciudadanos que están protestando”. Y criticó que las mesas de trabajo se realicen en Chilpancingo, a cinco o seis horas de distancia del problema.
Apoyar a municipios desagregados
La diputada de Morena, Claudia Sierra Pérez, denunció discriminación a las comunidades de los nuevos municipios, Santa Cruz del Rincón, San Nicolás, Ñuu Savi y Las Vigas, por los ayuntamientos de Malinaltepec, Cuajinucuilapa, Ayu-tla y San Marcos, de donde se desagregaron.
Luego de la votación a favor para emitir un tercer exhorto a los alcaldes y el Concejo comunitario de los municipios de origen, a atender a todas las comunidades, el diputado del PRD Bernardo Ortega consideró necesario obligar a los ediles a comparecer al Congreso, por omisión e irresponsabilidad.
De Morena, José Efrén López Cortés dijo que no se puede seguir tolerando la negación de servicios y obras a las comunidades de los nuevos municipios, ni la falta de atención a los llamados del Congreso .
El diputado del PRI, Rafael Navarrete Quezada, recordó que las autoridades municipales han explicado que no pueden acreditar a las comunidades de los nuevos municipios en los catálogos para presupuestar y etiquetar recursos a las comunidades, porque pertenecen a otro municipio.
Solicitó que la Jucopo y la Secretaría de Planeación (Seplader) encuentren la ruta para que las comunidades reciban recursos de obra pública que les corresponden año, “porque no es solo la falta de voluntad de las autoridades, sino que están impedidos legalmente para etiquetarles recursos”, concluyó.
Acceso a uniformes escolares
La diputada del PRD, Patricia Doroteo Calderón, pidió llamar al Ejecutivo estatal, a los 80 ayuntamientos y al Concejo Comunitario de Ayutla a cumplir la Ley Número 699 sobre el el Derecho al Acceso de Útiles Escolares, Zapatos y Uniformes Gratuitos, porque, especialmente los ayuntamientos “han dejado de darle cumplimiento”.
Destacó la importancia de esta obligación para las familias de escasos recursos que no pueden comprarlos, y que ha sido motivo de que muchos niños no vayan a la escuela.
El diputado López Cortés pidió el exhorto para se construyan rompeolas en las playas de la región Costa Chica, y se dote a todos los destinos de playa con el equipo técnico y humano adecuado para garantizar la seguridad y una buena estancia a los turistas locales, nacionales y extranjeros, y evitar muertes por ahogamiento.
La diputada del PT Leticia Mosso pidió que la SCT en el ámbito de sus competencias regule los topes y reductores de velocidad en las vías de comunicación federal, y retire los que cumplan con los criterios de regulación, para la seguridad vial y prevenir accidentes fatales.
Plantean quitar pensión vitalicia a magistrados
El diputado perredista Bernardo Ortega Jiménez presentó ante pleno el proyecto para modificar las condiciones de retiro de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, que en la Ley Orgánica del Poder judicial tienen “carácter vitalicio”, 100 por ciento de su ingreso mensual como magistrado activo durante los dos primeros años, y al 70 por ciento durante el resto del tiempo.
Ortega Jiménez, señaló que esto es contrario a lo que señala la Constitución Política del país, que el artículo 127 fracción IV sólo señala el derecho a un “haber de retiro”
En el proyecto, enfatiza que la Suprema Corte “ha reiterado que el haber de retiro constituye un componente esencial de las garantías constitucionales de la función jurisdiccional en aquellos Estados donde el periodo de nombramiento de los magistrados no es vitalicio, pero nunca ha descrito el ‘haber’ de retiro como una pensión o una prestación periódica y vitalicia”.
El diputadode Morena, Antonio Helguera Jiménez, propuso actualizar la Ley de Fomento Industrial para detonar el desarrollo regional a través de estímulos fiscales, y reformar la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, para ampliar sus atribuciones del organismo y nuevas obligaciones a los servidores públicos.
Entre estas, un plazo de diez días hábiles para elegir al titular de la comisión; máxima publicidad de las recomendaciones de la Codehum; que la Comisión presente denuncias ante las instancias correspondientes, y pedir la revisión de cualquier lugar donde se crea que puede haber personas desaparecidas.
En la correspondencia, se informó que la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, envío una iniciativa para homologar la Ley de Trans-porte y Vialidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero Número 24, reformada el el 11 de noviembre de 2022, para facultar a la Secretaría General de gobierno en materia de transporte público y vialidad.
Es decir, para otorgar, revocar o modificar las concesiones y permisos necesarios para la explotación de carreteras y vialidad de jurisdicción estatal, ejercer en su caso, el derecho de reversión; de regular la concesión y explotación del servicio público de transporte, autorizar tarifas con la Secretaría de Finanzas. Además de administrar la reestructuración de las tarifas de los servicios públicos y de particulares sujetos a permisos y autorizaciones, que en 2018 se atribuyen al jefe de la Oficina de la Gobernadora.
Otra leyenda en honor al poder castrense; ahora al Colegio Militar
Por otro lado, la presidenta de la Junta de Coordinación Política propuso inscribir con letras doradas la leyenda “2023, Año del Bicentena-rio del Heroico Colegio Militar” en el Muro de Honor del Salón de Plenos como un reconocimiento a esta institución que en 200 años “ha formado mujeres y hombres íntegros, dignos, leales, al servicio del pueblo y por el honor de México”.
Ya existe una inscripción a los militares en la sala de sesiones: “2021 Bicentenario de la Creación de la Armada de México”.
Debate sobre si AMLO apoya o no a Guerrero
En la etapa de intervenciones, el perredista Ociel Hugar García Trujillo reprochó que está por concluir el sexenio de López Obrador, y no impulsó ninguna obra que detone el desarrollo del estado, que sí hay en otras entidades del sureste.
Destacó que Guerrero es una tierra de oportunidades que requiere de una verdadera estrategia económica, y pugnó por hacer una causa común para que la entidad salga adelante.
Respondieron los morenistas Carlos Cruz, Antonio Helguera Jiménez, Angélica Espinoza García, Beatriz Mojica Morga, Jacinto González Varona y Masedonio Mendoza Basurto, resaltando la inversión en los programas sociales.
Los presidentes de organizaciones que integran el Frente Nacional por la Familia, Victoriano Sánchez Carvajal, Ismael Alderete, María de la Luz Reyes Ríos, Tomás Gerardo García y Eter Miranda en la conferencia de prensa de ayer Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Dirigentes de organizaciones que integran el Frente Nacional por la Familia, rechazaron en conferencia de prensa una iniciativa de decreto en el que se adicionan los artículos 177 y 304 bis, al Código Penal del Estado.
La iniciativa fue enviada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda el 7 de marzo al Congreso local las personas y sanciona con cárcel y multas a las personas que se dediquen o induzcan a terapias de conversión, las cuales presuntamente “corrigen” la orientación sexual de las personas sometidas a dichos “tratamientos”.
El artículo 177 que se adiciona, relacionado con las “terapias de conversión”, establece: “A la persona que, contra la voluntad de la víctima o mediante engaño, imparta o aplique cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de ésta, se le impondrán de dos a seis años de prisión y multa de cien a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Añade: “Se aplicarán las mismas sanciones a la madre, padre, tutora o tutor que ejerza cualquier tipo de violencia contra la víctima para que se someta a las conductas señaladas”.
Refiere, asimismo: “Se aumentará hasta en una mitad la sanción prevista en el párrafo anterior, cuando las conductas tipificadas se realicen en contra de personas menores de edad, personas adultas mayores o personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho o para resistirlo”.
Se promueve el odio contra padres y turores, dicen
Los representantes de al menos cinco agrupaciones del Frente Nacional por la Familia, de orientación conservadora y con vínculos con la Iglesia católica, consideran que esa iniciativa viola los derechos humanos, la libertad de expresión, la laicidad de la educación, y atenta contra la unidad de la familia como base de la sociedad.
En conferencia de prensa ayer, alertaron que de aprobarse esa iniciativa “propiciaría una serie de delitos en contra de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes”. Además, creen que acrecentará la impunidad, favoreciendo a los verdaderos trasgresores de la ley.
Asistieron a la conferencia de prensa el presidente de la Red Guerrero por la Vida, Eter Miranda y la integrante de la misma agrupación Natividad Longino; la presidenta de la Asociación Familias Unidas de Acapulco, María de la Luz Reyes Ríos; el representante de la Red por la Vida Familia Guerrero Ismael Alderete; el presidente de la Asociación a Favor de la Familia y la Niñez, Victoriano Sánchez Carvajal, quien en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero y Rogelio Ortega Martínez fue subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos.
También asistió el coordinador en Guerrero del Frente Nacional por la Familia, Tomás Gerardo García Sánchez.
En un oficio de fecha 22 de marzo, las organizaciones de ese Frente advierten que en caso de aprobarse esa iniciativa causaría un daño “terrible e irreversible”, porque se pretende sancionar con pena de prisión hasta por seis años y multa de hasta 300 veces el valor diario de la UMA, a toda persona que “no esté a favor de la ideología de género” que se propone en esa reforma y que se oponga al “adoctrinamiento” de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, “agravando esa conducta penal a la madre, padre, tutora, tutor o cualquier persona”.
El documento de rechazo a la iniciativa fue leído ayer en la conferencia de prensa por María de la Luz Reyes Ríos.
Los inconformes indican que con dicha iniciativa se pretende promover el odio y el desprecio contra la figura del padre, la madre de familia, tutor o tutora, y contra toda persona que se oponga al adoctrinamiento de sus hijos en la ideología de género, al imputarlos, como incitadores de este delito.
“Pretenden castigarnos si nos atrevemos a estar en desacuerdo y, en consecuencia, considerarnos delincuentes, es decir, seriamos perseguidos, amordazados y encarcelarnos”, refiere el escrito.
Para los representantes de las agrupaciones inconformes, con la aprobación de la iniciativa se acrecentaría la impunidad, “favoreciendo a los verdaderos trasgresores de la Ley, dejando en un estado de indefensión a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y a las personas que no tengan la capacidad para comprender o resistir el significado del hecho o la acción sexual sobre sus cuerpos”.
Consideran que se pretende legitimar las posibles acciones delictivas de adultos del mismo sexo, sobre los menores en delitos sexuales impidiendo a los padres o tutores cualquier tipo de orientación para que no puedan seguir siendo víctimas de estos ilícitos.
“Beneficia a pedófilos”
El escrito enviado al Congreso, en el que manifiestan su oposición a la reforma, añaden que esta es violatoria de la libertad de pensamiento, de la libertad religiosa, y del derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo a sus creencias religiosas.
Consideran que se violentan libertades fundamentales, como la de expresión, de conciencia, de creencias religiosas y de culto. Así como la convención sobre los derechos de los niños, el interés superior del niño, la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, y atenta contra la patria potestad de los padres y ocasiona el deterioro y daño a la institución familiar.
“Esta iniciativa pretende arrebatarnos a nuestros hijos dejándolos vulnerables y en total estado de indefensión ante cualquier acción efectuada por persona determinada que atente contra la integridad sexual de nuestros hijos, lo que resulta inadmisible”, destaca el escrito.
Las organizaciones reprochan en su oficio: “Ante tanta violencia e inseguridad que se vive en el estado, ¿qué nos ofrecen ustedes como legisladores?, y cuestionan que, mientras tanto, los temas importantes y prioritarios “se están dejando de lado, para destruir a la familia y arrebatarnos lo más vital, a nuestros hijos e hijas, nuestros jóvenes y eso es un acto reprobable; dejándolos en completo estado de indefensión, pero, además, de aprobarse esta iniciativa nos criminalizará a todos los guerrerenses”.
Victoriano Sánchez Carvajal, abundó que esa iniciativa viola el Artículo Tercero Constitucional, respecto al principio de la laicidad que protege cualquier forma de pensamiento o creencia, no solamente religiosa, al impedir en determinado momento que los padres quieran educar a sus hijos conforme a sus creencias.
“La imposición de cualquier forma de pensamiento o creencia iría en contra de cualquier forma de pensamiento o creencias de las personas, esto está protegido en la Constitución y la adición al Código Penal es clara: pretende incluir una ideología de género mediante la ley a la sociedad guerrerense y eso es inadmisible porque viola el principio de laicidad y el Artículo Tercero que establece el derecho a la educación que señala que debe ser laica, obligatoria, integral, inclusiva, gratuita y de calidad”.
El abogado, argumentó que no puede someterse a la sociedad en general al pensamiento dogmático de una sola fracción porque todos somos iguales ante la ley, y añadió que el hecho de que el Estado pretenda imponer una ideología de género mediante la tipificación de un delito, sin duda violenta el Artículo Tercero Constitucional.
“Por estas razones nos manifestamos en contra de esta iniciativa y levantamos la voz en protesta, pidiendo a los diputados que analicen exhaustivamente esta iniciativa a la luz de los derechos humanos y de los tratados internacionales”.
Ismael Alderete, dijo por su parte que la propuesta es “preocupante y riesgosa”, y puso ejemplos:
“Supongamos que un padre de familia tiene un hijo de 15 años y un día llega un adulto mayor de 30 a tocar la puerta de su casa y le dice: ‘vengo a buscar a mi amante’, y resulta que éste es su hijo pero no estaba enterado de esa relación.
Explicó que si la iniciativa se aprueba, el padre no podrá reconvenir a su hijo, ni lo podrá reeducar de acuerdo a sus ideas, criterios, valores o religión, porque lo pueden acusar del delito de terapias de conversión, “y tendrá que quedarse callado para no irse a la cárcel seis años, por eso decimos que también es una ley mordaza”.
En otro ejemplo, explicó que si un sacerdote o pastor de cualquier religión predica en el pulpito que Dios creó (sólo) al hombre y a la mujer, y alguna persona que es de la ideología de género lo escucha, lo puede acusar del delito de Terapias de Conversión “y tanto el sacerdote como el pastor se van a la cárcel”.
Consideró que la iniciativa lleva dedicatoria para los pedófilos, “y quieren garantizar que nos callemos, en pocas palabras, que guardemos silencio para darle entrada a los pedófilos, y esto es grave, por eso rechazamos contundentemente esta iniciativa”.
María de la Luz Reyes Ríos, criticó que la iniciativa es copia fiel de la que se elaboró para la Ciudad de México “lo asesores de la gobernadora ni si quiera la leyeron, copiaron y pegaron; no hay ninguna motivación, fundamentación, no hay un estudio socioeconómico que establezca datos y cifras de cuantos casos en Guerrero se han suscitado”.
Expresó que el contexto de la Ciudad de México no es el mismo con el de Guerrero.
Acusó a la gobernadora y a sus asesores de imponer en Guerrero un “estado totalitario”, e insistió que no existe un estudio que sustente esa iniciativa.
“Con esta iniciativa están trastocando los derechos de la familia, que es el núcleo y base de la sociedad, trasmisora de valores y de enseñanza, y ante la ola de violencia e inseguridad en nuestro país y en nuestro estado, la familia es la contención a tanta violencia”.
En el documento que entregaron a los diputados, los representantes de las agrupaciones les pidieron que no aprueben esa iniciativa de decreto, “que mejor construyan junto con la sociedad civil, políticas públicas con perspectiva de familia que realmente fortalezcan la institución familiar y así se construya una mejor sociedad y un futuro mejor para nuestros hijos”.
