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Padres y maestros de Metlatónoc y Cochoapa protestan en el Congreso; exigen maestros

Maestros, jefes de zona y padres de familia de Cochoapa el Grande y Metlatónoc protestaron afuera del Congreso local, para exigir maestros de preescolar, porque les hacen falta por lo menos 34 docentes en cada sector de la zona 36.
En declaraciones, el supervisor de la zona 36 en Cochoapa el Grande, Benito Sánchez Madrid, comentó que acudieron al Congreso a buscar al presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, el perredista Ociel Hugar García Trujillo, pero no lo encontraron.
Explicó que la falta de maestros en la zona es un problema añejo, porque hace mucho tiempo que hay escuelas cerradas, porque los maestros se jubilaron y aún no los han repuesto, y la demanda de maestros crece en el sector 019 y el 09 de estos dos municipios marginados de la Montaña.
El maestro comentó que ya habían pedido al Congreso local que los recibieran, pero el diputado no se presentó.
En cada sector hacen falta por lo menos 34 maestros; explicó que en esos municipios, un maestro atiende hasta a 50 alumnos, y hay grupos de 70 alumnos que son atendidos por sólo dos maestros.
El profesor insistió en que a los niños indígenas de esos municipios se les está negando el derecho a la educación de calidad, y consideró que los maestros no niegan la educación, a pesar de que tienen que atender a grandes grupos.
Comentaron que ya acudieron en muchas ocasiones a la delegación regional, pero no les han resuelto el problema, y por eso tuvieron que trasladarse a Chilpancingo, “pues aquí estamos, y no llevamos resultados favorables a nuestra petición”.
Desde octubre empezaron sus visitas a la capital para solicitar maestros para los dos municipios sin que su problema sea resuelto, “esto nos da a entender que la misma autoridad no nos quieren recibir”
De la respuesta de la Subsecretaría de Educación Básica, comentó que “se levantó una minuta con ellos”, pero existe una “negativa rotunda”, porque les argumentan que no puede haber atención a niños de tres años de preescolar porque, de acuerdo con la modificación de la ley, sólo se pueden atender a alumnos de segundo y tercero.
El profesor Benito Sánchez explicó que, por vocación, los maestros de esas zonas no pueden rechazar a los alumnos “es un derecho que tienen los niños y tenemos que atenderlos, no podemos rechazarlos cuando los padres de familia llevan a sus hijos a inscribirlos, sí tenemos la mayor parte de matrícula de los niños de tres años y no queremos, nos sentimos mal por rechazarlos y por eso venimos a exigir que nos otorguen maestros para que le den atención favorable a esos alumnos”.

 

Ya tiene la Codehum el expediente completo de la denuncia por la falta de maestros en Cochoapa

El delegado regional de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) en la región Montaña, Celso Vázquez  informó que el expediente de la falta de siete maestros en un preescolar y una primaria de El Coyul, municipio de Cochoapa el Grande, ya se entregó a las oficinas centrales, y se espera que en, máximo, mes y medio se obtenga la resolución.
El 8 de diciembre, después de la denuncia de la falta de maestros, acudió a la comunidad el coordinador auxiliar de la Codehum en la Montaña, Iván Nochebuena Bravo, para escuchar las quejas de los padres, profesores, y autoridades municipales, que dijeron que no se está garantizando el derecho a la educación. Después se desahogaron las pruebas para emitir recomendaciones a las instituciones implicadas, como la Secretaría de Educación Guerrero (SEG).
En consulta telefónica, el delegado regional de la Montaña dijo que el 16 de enero se entregó la resolución del expediente a las oficinas centrales en la capital del estado, y se espera la resolución a favor de los habitantes de El Coyul para luego notificar a la SEG. Dijo que este proceso durará no más de mes y medio.
En El Coyul, precisó que, para el Centro de Educación Preescolar Indígena 30 de Abril, donde estudian 100 niños, se requieren dos profesores; mientras que en la Escuela Primaria Federal Bilingüe Ignacio Manuel Altamirano, se requieren cinco maestros.

Investiga la Codehum la falta de maestros en la comunidad de El Coyul, Cochoapa el Grande

La delegación regional de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) en la Montaña continúa desahogando pruebas de la falta de maestros en El Coyul, municipio de Cochoapa el Grande, y se espera que a principios de enero los padres de familia vayan a Tlapa a rendir su declaración, para emitir una recomendación a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG).
El jueves 8 de diciembre, acudió a la comunidad el coordinador auxiliar de la Codehum región Montaña, Iván Nochebuena Bravo, para escuchar las quejas de los padres de familia, profesores, y autoridades municipales y agrarias que presentaron la queja, porque no se está garantizando el derecho a la educación de sus hijos.
Consultado telefónicamente, el delegado regional en la Montaña Celso Vázquez informó que la queja que interpusieron padres de familia de El Coyul ante la falta de maestros quedó asentada en el expediente CDHEG-BRM-060-2016-1.
Detalló que en esta comunidad es notoria la falta de maestros para atender a 350 alumnos.
Dijo que la Codehum está investigando y que si se comprueba que, “efectivamente hay muchos alumnos y se requieren más maestros, se va a emitir un pronunciamiento ante la Secretaría de Educación para que envíe maestros”.
Comentó que siguen desahogando pruebas, pero que ante el periodo vacacional, será hasta los primeros días de enero que los inconformes vayan a rendir su declaración.
Dijo que a más tardar, “el 15 de enero estaremos remitiendo el expediente para la ciudad de Chilpancingo, al área de Proyección, donde se emite la resolución”.

En El Coyul, Cochoapa el Grande, niños indígenas no van al kínder ni a la primaria porque no hay maestros

Los pobladores de la comunidad na savi de El Coyul del municipio de Cochoapa el Grande se quejaron de que la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) no les ha hecho caso en su petición de profesores para sus hijos de preescolar y primaria, quienes no van a clases.
Por lo anterior, el pasado jueves  8 de diciembre visitó la comunidad el coordinador auxiliar de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) Región Montaña, Iván Nochebuena Bravo, para escuchar los planteamientos de los padres de familia, profesores, autoridades municipales y agrarias que tras esperar años decidieron presentar una queja ante este organismo por vulnerar el derecho a la educación de sus hijos.
Desde temprana hora los padres de familia y autoridades del centro preescolar bilingüe 30 de Abril se concentraron en las instalaciones para contar que desde hace tiempo sus hijos en edad de acudir al preescolar no lo pueden hacer porque no pueden ser atendidos ante la falta de profesores.
También, que desde hace años han enviado oficios a la SEG dirigidos a los secretarios de Educación en turno, a los directores de Educación Indígena y a los delegados regionales de los Servicios Educativos, a los supervisores y jefes de sector, sin respuesta.
La profesora Minerva de Dios Galeana mencionó que en preescolar están inscritos 113 niños, pero que son atendidos por dos profesores y uno tiene a la vez funciones de director, Estanislao Díaz, y sólo atienden los grados de tercero con 45  y segundo con 50; el resto serían de primer año.
Agregó que hay más niños para cursar el primer año, pero como los padres saben que no hay profesores mejor se los llevaron a trabajar a los campos o están en su casa.
Dijo que en la zona 032, con sede en Arroyo Prieto, hay una sobrepoblación escolar que contrasta con la escasez de profesores como en la comunidad de Río Encajonado donde una sola maestra atiende a 80 niños o dos profesores en Arroyo Prieto y si algún padre quiere llevarlos a estas comunidades tendrá que caminar más de tres horas porque no hay un servicio de transporte continuo.
Mencionó que han solicitado más maestros, pero la SEG sólo les dice que no cuenta con recursos y eso fue en la última reunión del 24 de noviembre en que se reunieron con el subsecretario Emiliano Díaz Román.
Los encargados de contar las experiencias de gestión para que lleguen más maestros al preescolar fueron los señores Eloy Alejo Hernández y Justo Comonfort de la Cruz quien tiene otra hija que no va porque “no hay maestros de primero” y le dijeron al de la Codehum que las peticiones vienen desde el 2013 y que ya están cansados de exigir maestros  sin que les hagan caso pues son muchos niños, y se requiere de unos tres para atender a los menores, además de que esa no es la única necesidad también está mejorar las aulas pues algunas son de madera.
La segunda visita por parte de la Codehum fue en la escuela primaria federal bilingüe Ignacio Manuel Altamirano donde el padre y campesino Bernardino Andrés López de 35 años contó su preocupación de la falta de maestros porque sus hijos no tienen clases y muchos por eso no van.
Dijo que fueron muchas veces a Chilpancingo a ver a las autoridades y dejarles las peticiones desde el 2012 sin que les den respuesta. También habló de la gestión que han hecho para construir aulas de madera.
Explicó los inconvenientes de salir a gestionar porque cuando salen a Metlatónoc por el lado de Jicayán de Tovar y Valle Hermoso se encuentran con balaceras por los conflictos agrarios que tienen y que en temporada de lluvias salir de la comunidad es difícil porque los caminos se cierran por los deslaves.
Ángel Domínguez Galeana dijo que en esta comunidad se ha sufrido demasiado sin que el gobierno los tome en cuenta, no sólo en educación, sino en salud, en la alimentación  y que por eso hay muchas generaciones alrededor de los 30 años que no saben leer ni escribir o no aprendieron a hablar español por falta de educación.
Dijeron que por eso respaldan a los maestros porque son muchos niños y ellos pocos para atenderlos, aunque eso signifique que las autoridades se molesten con ellos; que así se los han hecho saber.
Mencionaron que por eso la queja está contra los integrantes de la SEG el secretario de Educación, José Luis González de la Vega Otero, el director de Educación Indígena, Silvio Joel Molina, y el delegado regional, Marciano Anastasio Cano, por no enviar profesores.
La directora de la primaria, Mirna Dircio Solano, contó que ahora son siete maestros porque les quitaron dos sin reponérselos, de un profesor saben que hizo un examen para cambiar de clave y lo aprobó, pero de otra profesora sólo la fue a traer el jefe de sector sin dar más explicaciones.
La falta de profesores no es lo único que le hace falta a esta comunidad y a los niños y niñas del poblado que van al preescolar y a la  primaria, también condiciones de seguridad para cruzar el río que atraviesa el  pueblo y comunica con el preescolar donde los cientos de niños cruzan todos los días con el riesgo de algún accidente.
A un lado están los cables de un puente colgante, ahora inservible.
El Coyul es una comunidad na savi enclavada entre la Costa Chica y La Montaña, su clima es caluroso durante el día y un sol brillante, por las noches y madrugada es frío que se acentúa durante el invierno.
Para llegar desde Tlapa son necesarias más de cinco horas en esta temporada, porque en lluvias los caminos se cierran y la entrada es por el municipio de Tlacoachistlahuaca o bien se usa la vía que atraviesa la comunidad de El Choqui  o por Arroyo Prieto.
Por ahora se usa la carretera pavimentada Metlatónoc-Tlacoachistlahuaca, terminada apenas hace un año, pero inaugurada varias veces por presidentes de la República como Felipe Calderon, que ahora está en malas condiciones por los derrumbes que dejó la temporada de lluvias.
A los padres de la comunidad los acompaña en el procedimiento el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

 

 

De septiembre a noviembre el Consejo de Jornaleros registró 3 mil 613 migrantes; mil 665 son mujeres

En la temporada de alta de migración, de septiembre a noviembre salieron 3 mil 613 jornaleros agrícolas de la Montaña, a trabajar a los campos agrícolas de estados del norte del país en la cosecha de verduras como jitomate, chile y pepino, informó el Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña.
De los migrantes mil 665 son mujeres y mil 948 son hombres, según los registros con los que el organismo contaba ayer.
El integrante del Consejo de Jornaleros, Flores Sánchez Crescencio informó que los municipios con mayor expulsión son Tlapa, Metlatónoc, Cochoapa el Grande, Copanatoyac, Atlixtac, Atlamajalcingo del Monte, Iliatenco, Acatepec, Alpoyeca, y Malinaltepec.
Pero también se registraron en la Casa del Jornalero vecinos de San Luis Acatlán, José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), Chilapa, Ayutla, Acapulco, Chilpancingo y Tixtla.
Informó que los estados a donde irán a trabajar a los cortes de verduras y hortalizas son Sinaloa, Michoacán, Chihuahua, Baja California Norte y Sur, Nayarit, Jalisco, Aguascalientes y Morelos.
Detalló que este año bajó el número de registros pero que eso no quiere decir que la gente no se vaya del estado a trabajar, sino que está saliendo por cuenta propia y no pasaron a la Casa del Jornalero, porque hubo días que no contaban con nada de despensas para entregarles a las familias.
Hasta el momento continúan saliendo en su mayoría se van todos los integrantes de sus familias, se observó que muchas se llevan costales de maíz, calabazas y sus utensilios de cocina, mismos que les servirá para preparar sus alimentos porque las despensas que les entregan se las terminan durante el camino.
También se observó que estaba una manta colgada que se leía “Las jornaleras y jornaleros de la montaña exigimos al gobierno del estado un trato digno y respetuoso de nuestros derechos”.

Posponen la reunión de autoridades de la Casa de Justicia de Cochoapa por falta de quórum

Autoridades e integrantes de la Casa de Justicia de Cochoapa que no está reconocida por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de San Luis Acatlán suspendieron la reunión regional para nombrar nuevos coordinadores y comandantes por falta que quorum.
La reunión fue convocada a las 10 de la mañana e inició a las 12:30 del día y sólo se informó que sería reprogramada porque únicamente acudieron los comisarios de las comunidades de El Aguacate, del municipio de Juchitán; La Trinidad, y San Marcos Trinidad de Tlacoachistlahuaca; Reforma de Igualapa y de Coachoapa y de Ometepec, de un total de 16 comunidades que integran la Casa de Justicia.
Al encuentro fue invitado el alcalde de Tlacoacahistlahuaca, Juan Javier Carmona Villavicencio quien se retiró antes de que se informara la cancelación de la reunión. Ante unos 50 asistentes donde se observó a tres policías comunitarios armados con escopetas, el integrante Herminio Mejía Nicolás expresó que “hay personas que pretenden destruir la organización”.
Por la falta de asistencia explicó que ahora una comisión de la Casa de Justicia no reconocida por la Casa Matriz con sede en San Luis Acatlán, irá a cada una de las 16 comunidades de los municipios de Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca, Marquelia, Igualapa, Ometepec y Cuajinicuilpa, para hacer asambleas. Se informó que posiblemente para enero del próximo año se convoque a una nueva asamblea.
Entre los propios asistentes se indagó el nombre de quien podría estar provocando la división y fue señalado el ex integrante de la CRAC, David Bracamontes Chona quien fue expulsado en julio del 2014 y reeducado por seis meses, luego de haber sido culpado en asamblea de haber liberado a un preso que robó 250 mil pesos.
Se trató de entrevistar al coordinador Rolando Romero y también a Mejía Nicolás pero ambos manifestaron que sería en otra ocasión.
La Casa de Justicia fue creada en el 18 aniversario de la CRAC por el entonces coordinador regional, Eliseo Villar Castillo, actualmente preso en el penal de Chilpancingo acusado de privación ilegal de la libertad.
El 15 de diciembre de 2013, con una marcha de 3 mil policías comunitarios comenzó a operar la Casa de Justicia que actualmente no es reconocida por la Casa Matriz, y que de acuerdo a algunos integrantes mantienen pláticas. Sin embargo hay comunidades de Xochistlatahuaca como Guadalupe Victoria que están integradas a la Casa de San Luis Acatlán, y en desacuerdo con la Casa de Cochoapa.

 

Viven en casas sin techo indígenas de La Montaña por los vientos de hace 20 días, denuncian

 

Las comunidades me’phaa, na savi y nahuas de la Montaña continúan sin recibir apoyos de los gobiernos para hacer frente a las afectaciones que dejaron los vientos y la lluvia del 8, 9 y 10 de marzo en la región, cuando sus casas se quedaron sin techos.
El dirigente me’phaa del Frente de Comunidades en Defensa de los Derechos Colectivos (Frecoddec), Abel Bruno Arriaga, de la comunidad de la Unión de la Peras, informó que a las comunidades de Malinaltepec no ha llegado el apoyo para reparar los daños de las viviendas.
Dijo que no hay apoyo municipal ni estatal de autoridades de Protección Civil u otra instancia, y que las familias siguen en sus casas aunque no tienen techos.
Agregó que les pidieron llevar este martes a todos los pobladores a recibir al gobernador Héctor Astudillo Flores para que no se queden sin lámina y colchonetas, que les entregarán en la comunidad na savi de Alacatlatzala.
En la comunidad de San Miguel el Progreso tampoco han tenido respuestas, y las familias siguen viviendo al aire libre porque no cuentan con techos, y ni el municipio ni el estado se han acercado a ellos, según información proporcionada por la radiodifusora comunitaria Naxme.
Los integrantes del Consejo Regional de los Pueblos Me’phaa bathaa que exigieron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) restablecer el servicio de energía este lunes, comentaron que los apoyos no han llegado totalmente a las comunidades indígenas.
En la comunidad de El Rosario, municipio de Atlamajalcingo del Monte, las láminas tampoco han llegado a las casi 60 familias afectadas, según comentó uno de los pobladores en esta ciudad, que se quejó de que el gobernador sólo llevó cosas a los municipios de Cochoapa el Grande y Metlatónoc, hace unos días.
Otro vecino de la comunidad de Santa María Tonaya, municipio de Tlapa, reiteró que no han recibido ningún apoyo de las autoridades, que supieron que fue el gobernador, pero para ellos no dejaron nada.
El gobernador acudió el 13 de marzo a las comunidad na savi de San Lucas, de Cochoapa el Grande, y la me’phaa bathaa de Francisco I. Madero, municipio de Metlatónoc, donde de manera simbólica entregó láminas a las familias afectadas.
Se observaron paquetes de láminas para unas cinco, siete y hasta 15 familias por comunidad, cuando las afectaciones fueron mayores y ahí los dirigentes le pidieron que no cerrara las listas, porque aún no se terminan de cuantificar los daños.

Protestan unos 100 me’phaa en la CFE de Tlapa para exigir que restablezcan la energía eléctrica

 

Comisarios, delegados y principales de comunidades me’phaa bathaa de los municipios de Tlapa, Metlatónoc, Atlamajalcingo del Monte y Cochoapa el Grande protestaron en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para exigir el restablecimiento de la energía eléctrica, revisión de líneas, cambio de postes, bajadas y contra las altas tarifas.
Se quejaron de que el gobernador, Héctor Astudillo Flores fue a sus comunidades el domingo 13 de marzo y les prometió que, a más tardar el miércoles, tendrían energía porque llegando a Chilpancingo lo reportaría, “lo malo es que nos confiamos y no preguntamos qué miércoles iba ser porque ya pasaron varios”, se quejaron.
Unos 100 vecinos me’phaa de la variante bathaa llegaron alrededor de las 10 de la mañana a la CFE, donde presionaron en la entrada unos 40 minutos, y luego fueron recibidos en la sala de reuniones.
Los usuarios inconformes explicaron que carecen del servicio de energía eléctrica desde las lluvias y fuertes vientos del 8 al 10 de marzo, que apenas el 27 la CFE lo restableció y media hora después volvieron a quedarse sin ella.
Además, dijeron que hay postes y transformadores caídos, algunos de hace unos días y otros desde la tormenta Manuel, de septiembre de 2013; asimismo, solicitaron más de 100 bajadas en las distintas comunidades, que se reubiquen algunos postes y otros sean cambiados, porque son de madera y ya están deteriorados, y que se vea si los árboles causan afectaciones, para podarlos.
Los representantes de la CFE, cuyo responsable es Iván Martínez Borja, se pusieron a la defensiva ante los reclamos, pues de inmediato los acusaron de colocar alambres en las líneas de conducción para restablecer la energía, y eso generaba cortos y afectaciones mayores en los equipos costosos de la CFE, de más de 20 mil pesos, porque ese alambre no permite cortar la energía, causando daños mayores.
La CFE se comprometió a podar los árboles que afectan el cableado, pero con la ayuda de los habitantes de las comunidades, como lo han hecho en otros lugares.
Los inconformes explicaron que no reportaban el corte del servicio porque los teléfonos funcionan con electricidad y se les complicaba ir a las oficinas de la CFE a dejar un oficio que luego ignoran.
Les dijeron que los comisionistas contratado por la comisión son propuestos por la comunidad y la CFE les da un sueldo.
Los representantes de la CFE justificaron su desatención con que hay más poblaciones que no tienen energía desde hace más de 20 días, mientras que los afectados les reprocharon que al presidente de Xochihuehuetlán, que tiene una gasolinera en Xalpatláhuac, le restablecieron la energía tras reportar el corte.
Las comunidades afectadas de los cuatro municipios sumaron 19 en el registro, la mayoría hablantes de me’phaa bathaa, aunque algunas son na savi, entre ellas Juanacatlán, Francisco I. Madero, San Juan Puerto Montaña, San Agustín y Agua Dulce.
Los participantes pertenecen al Consejo Regional de los Pueblos Me’phaa bathaa, quienes plantearon que las deficiencias en el servicio eléctrico son añejos, “desde que empezamos con el difunto Cándido Félix Santiago”, recordaron.
Como parte del Consejo estuvieron su presidente, Zaragoza Hurtado García; el vicepresidente, Zeferino Villanueva Galindo; el secretario, Marcos García Catalán; los vocales, Andrés Flores Candia y Nazario Félix Cano, y el contralor social, Joaquín Catalán Estrada.
La reunión terminó alrededor de la 1 de la tarde con la firma de la minuta con que la CFE se compromete a iniciar el restablecimiento de la energía a partir del 28 de marzo, cuando verificarán la línea principal y luego los ramales, los postes que se cayeron y el cambio de los que están en mal estado, y que la reubicación sería la parte que más llevaría tiempo porque tendrían que mover postes y llevar nuevos.

Gestionará Tlachinollan fondos para reconstruir casas dañadas en la Montaña en 2013, anuncia

 

El director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández informó que buscarán gestionar los recursos para atender el problema de las casas dañadas en 2013 en la región, porque no hay presupuesto asignado para atenderlas, a más de dos años de las afectaciones de la tormenta Manuel.
Barrera Hernández, en entrevista telefónica dijo que el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello reconoció que los datos del padrón que le entregó el Consejo de Damnificados de La Montaña es real en un 80 por ciento, ya que lo confirmaron en los recorridos que hicieron en las comunidades, de agosto a diciembre de 2015.
“Ahora ya está claro que hay un sub registro y que en su momento no se programó el presupuesto correcto porque desde el Fonden se hizo otro registro, y más de dos años y medio se ha complicado la entrega”, explicó Barrera Hernández.
Barrera Hernández precisó que se reunió con Armenta Tello en las instalaciones de Tlachinollan, este miércoles 23 de marzo, en lo que llamó una reunión ejecutiva para darle seguimiento a la vivienda que no han podido resolver porque no hay avances claros y porque se retrasó el cambio de delegados en la Sedesol y la Sedatu.
Agregó que la Sedatu ya tiene resultados del padrón de viviendas que el Consejo les presentó y que las autoridades no aceptaban, “pero ya hicieron los recorridos y ahora saben que la información que presentó el Consejo es veraz (…) aunque no sea al 100 (por ciento)”.
Dijo que 896 casas se tienen que construir en las comunidades; 287 se tienen que reubicar, es decir, conseguir el terreno y construirlas; 392 viviendas tienen daños parciales, y mil 134 daños menores, en los 12 municipios que se deben atender; “pero no hay fondos”, lamentó.
Barrera Hernández dijo que era bueno que la Sedatu reconociera el sub registro, aunque ahora viene el desafío de, “como conseguir esos recursos, y que son aproximadamente 185 millones de pesos” según valoraciones.
Agregó que se tendrán que buscar en el gobierno federal, en instituciones como el Consejo Nacional de Población (Conapo); “el consejo tendrá que gestionar y tocar puertas para resarcir esos daños”, explicó Barrera Hernández.
Dijo que buscarán reunirse con el subsecretario de Asuntos Políticos, Luis Enrique Miranda, para que los atienda como lo hizo en diciembre, cuando se habló del programa Que llueva maíz en La Montaña, que se entregaría en seis meses, pero se entregó más de un año después.
Agregó que volverán a plantear la necesidad del suministro de maíz, ante la crisis del precio del café, la plaga de roya en los cafetales, los fuertes vientos y las lluvias que siguen afectando las tierras de los indígenas.
Manifestó que era un compromiso político y social la dotación de granos básicos para las 185 comunidades afectadas, que ahora son más de 200.
Remarcó que la tarea será la búsqueda de fondos, las reuniones de alto nivel para que les resuelvan, ya que no hay un presupuesto asignado para construir viviendas rezagadas en los municipios de Acatapec, Malinaltepec, Copanatoyac, Atlixtac, Zapotitlán Tablas, Metlatónoc, San Luis Acatlán y Cochoapa el Grande, entre otros.

Destruye la PGR tres sembradíos de amapola en Tierra Blanca, Cochoapa el Grande

Agentes de la Procuraduría General de la República (PGR), por medio de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), destruyeron tres sembradíos de amapola en el municipio de Cochoapa El Grande.
Según un boletín de prensa de la dependencia, los investigadores de la AIC en un recorrido en la comunidad de Tierra Blanca de este municipio hallaron tres plantíos de amapola.
Se informó que en el lugar hallaron tres sembradíos de la droga de 50 por 50 metros cuadrados, con plantas de una altura de 80 a 100 centímetros.
“Luego de recabar muestras de las plantas y puestas a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, se procedió a la destrucción e incineración de la droga”, concluye el boletín.