“Sí nos golpeó, y nos dio duro, pero no nos destruyó”, dijo desde el penal de Chilpancingo el promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Gonzalo Molina González, sobre la emboscada a policías comunitarios de la Casa de Justicia La Patria Es Primero, donde cuatro de ellos fueron asesinados por sicarios.
Denunció que la agresión fue ordenada por el Estado para detener el avance de la organización, representa una declaración de Guerra contra el pueblo. Llamó a las comunidades a no votar en la elección extraordinaria de este domingo y a continuar el proceso para constituir un Concejo Popular Municipal como alternativa de gobierno.
El luchador social, detenido desde noviembre de 2013, confirmó que entre los asesinados en la emboscada en el barrio de El Fortín, sede la institución, están dos comandantes, figuras visibles de las operaciones de seguridad, pero la estructura que constituye la Asamblea, órgano de decisión y coordinación, continúa intacta.
Añadió que, por esa razón los nombres de los consejeros y comandantes regionales se manejan con discreción, para evitar que sean golpeados por el Estado.
Molina González recordó que en 2013, en la Casa de Justicia de El Paraíso, en Ayutla de los Libres, personas sometidas a procesos de educación por vínculos con la delincuencia organizada, revelaron la relación con autoridades de gobierno.
Cuando hacía detenciones la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), creada ese mismo año, los policías ministeriales o soldados se los llevaban para liberarlos, “esas denuncias nos costaron la libertad”, dijo en referencia a las detenciones de los líderes más visibles de El Paraíso, Nestora Salgado García, Arturo Campos Herrera y Bernardino García Francisco, entre otros policías comunitarios.
El contubernio entre gobierno y delincuencia organizada quedó evidenciado en los crímenes del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, en la violencia en el ejido de Carrizalillo y los eventos de este jueves en El fortín, aseguró.
Insistió en que la muerte es una estrategia para golpear a los sectores organizados, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG), que suma dos muertos este año, la Normal Rural de Ayotzinapa, agredida en Iguala, y la CRAC.
“Vemos una guerra declarada contra el pueblo de Guerrero y de México, antes lo hacían (las agresiones) a través de los cuerpos de seguridad”, dijo y como muestra señaló las masacres de Aguas Blancas en Coyuca de Benitez, y de El Charco en Ayutla; “ahora utilizan a la delincuencia organizada para agredir”, precisó.
Debido al retiro de un retén policiaco permanente en Tixtla antes de la elección ordinaria del 7 de junio, previo a la agresión, denunció que si el gobierno del estado hubiera querido evitar o detener a los perpetradores lo habría hecho, “estaba en sus posibilidades intervenir y no hizo nada”.
Estimó que no fue casual que la agresión a la CRAC, con sede en Tixtla, haya ocurrido exactamente a 14 meses de la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa, “el Estado pretende crear terror entre la población para desmovilizar a nuestro pueblo”.
Convocó a la CRAC a seguir adelante y a seguir el ejemplo del general Vicente Guerrero Saldaña, que nunca claudicó en su lucha, aunque a veces parecía quedar solo. También llamó a los ciudadanos a que apoyen de alguna manera el proyecto comunitario en todas sus vertientes, producción, salud, educación, y apoyar a los grupos de seguridad.
A los familiares de las víctimas asesinadas en el cumplimiento de su deber, expresó su respeto por esta adversidad, señaló que “la sangre derramada servirá de alimento a otros corazones”.