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Dedican una misa en Costa Azul a las mujeres desaparecidas y a las madres de las víctimas

Sentada frente al altar de la iglesia de Costa Azul ella reza, cierra los ojos, y recuerda a su hijo que no ve desde hace cuatro años. Tampoco sabe si vive o está muerto.
Mónica Vega Lagunas es una de la mamás que ayer añoró el abrazo de su hijo, quien fue levantado junto a otros dos amigos.
La misa de las 18:15 de ayer fue distinta a otras en la iglesia de Costa Azul. Fue dedicada a las mujeres desaparecidas y a las madres de los desaparecidos. Los asistentes oraron para que pronto aparezcan, y el padre Bulmaro Hernández Morales pidió protección para las familias.
Ante los feligreses de clase media que viven en la zona, el sacerdote afirmó que Guerrero vive una crisis humanitaria por la violencia y la inseguridad. Estas dos últimas colocaron al estado en los primeros lugares de desapariciones y fosas clandestinas en el país, afirmó el párroco.
Pidió a los asistentes rezar por la víctimas y solidaridad con sus familias. A las madres les dijo que no están solas y que la iglesia los acompaña.
En la misa la señora Mónica dijo que no ve a su hijo desde hace cuatro años, un maestro que no cobró los tres meses que trabajó dando clases de historia en la Secundaria Federal 1 de Acapulco, ubicada a metros de la glorieta de la Diana Cazadora.
Los integrantes del colectivo Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos se apostaron frente al sacerdote, inclinaron la cabeza y un baño de gotas benditas los abrazó en señal de protección. “Unidos por el mismo dolor” las letras inscritas en dos playeras blancas que portaron los integrantes del colectivo y que acaparó las miradas.
Al final de la misa las diez familias con desaparecidos entregaron volantes en las tres salidas de la Iglesia. Ahí la señora Mónica y su esposo el maestro jubilado Ciro Fuentes Urióstegui denunciaron que la Fiscalía General del Estado (FGE) hace poco por investigar el paradero de su hijo, el maestro de 25 años de edad, Héctor Alonzo Fuentes Vega.

El maestro que no cobró su primera quincena

El 12 de abril de 2013 Héctor asistió a una boda al poblado El Cayaco, donde fue levantado con dos de sus amigos antes de llegar a la fiesta. Su mamá dice que una vez que les avisaron acudió al lugar de los hechos, donde se enteró que los tres jóvenes fueron subidos en dos camionetas.
Tres días después acudieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) a denunciar el hecho, pero ayer no había resultados y lo que hay en las investigaciones es lo que han aportado.
La señora Mónica reprochó que solos no pudieron hacer mucho ante las autoridades que los acusaron de ser los responsables de la desaparición de su hijo. Además de incriminarlos y vincularlos con grupos delincuenciales.
Los dos jóvenes que fueron levantados con el hijo de la señora Mónica aparecieron muertos en el poblado de Tunxingo, cinco meses después, “pero el de mi hijo no”. Ella cree que su hijo fue liberado porque él no era del poblado El Cayaco.
El joven que ahora tiene 29 años estudió sociología y estaba cursando una maestría en la Universidad Hipócrates. Heredó la plaza de su papá quien dio clases en la secundaria federal 1.
Su mamá pidió a las personas que tengan al joven que se toquen el corazón y que lo devuelvan, “no saben el sufrimiento que nos hacen pasar”.
Llamó a no ser apáticos ante la violencia que se vive, “para nosotros ya no hay un día de madres, ni una Navidad ni un año nuevo. Está un cuarto vacío a donde llegamos y tenemos la esperanza de que algún día va estar ocupado”.

Exigen aprobar la Ley de Ausencia de Personas

El papá de Héctor Alonzo demandó a los diputados locales aprobar la Ley de Declaración de Ausencia de Personas que los diputados del PRI no han querido discutir, y que permitiría que los desaparecidos no pierdan sus derechos.
La ley permitiría a los familiares acceder a seguros de vida y otros beneficios. Dijo que algunos de los desaparecidos dejan a hijos desamparados con sus abuelos, y sin las condiciones para poder cubrir las necesidades de alimentación, y gastos de escuela.
El maestro jubilado también reclamó la mala actuación de la Fiscalía en el envío de cuerpos a las fosas comunes del panteón de El Palmar, donde el 9 y 10 de marzo fueron exhumados 19 cuerpos, sin embargo hay mil restos que no pueden ser identificados por el inadecuado proceso de entierro.
“Muchos de los desparecidos que estamos buscando pueden estar ahí”, expresó.

Cierran los padres de los 43 la PGR; exigen una reunión con el procurador y con Osorio Chong

Padres y familiares de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, cerraron la Procuraduría General de la República (PGR) en la Ciudad de México, para exigir una mesa de diálogo con el procurador Raúl Cervantes Andrade y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
El abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra dijo que desde las 7:15 de la mañana los padres y manifestantes que desde hace 19 días mantienen un plantón frente a la PGR, cerraron los accesos y clausuraron de manera simbólica las instalaciones, para exigir que las autoridades le den seguimiento a las líneas de investigación que recomendó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En los pasados días de protesta fue cerrada la entrada principal, pero los funcionarios de la PGR podían ingresar a trabajar por accesos aledaños, este lunes sólo se veían guardias al interior del inmueble.
En declaraciones telefónicas, Rosales Sierra dijo que la PGR continuará cerrada hasta que las autoridades respondan a las demandas de los manifestantes.
A las 7:30 de la noche el gobierno federal propuso que la reunión fuera con el fiscal especial del caso Iguala, Alfredo Higuera Bernal y el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián, pero no se llegó a un acuerdo.
En conferencia de prensa a las 10 de la mañana, la madre del normalista desaparecido César González Hernández, Hilda Hernández Rivera exigió que el gobierno federal investigue el trasiego de drogas de Iguala a Chicago, la participación del Ejército, de la Policía Federal y de la Policía Municipal de Huitzuco en los ataques, además de la actividad de los teléfonos celulares de los estudiantes y de los detenidos por el caso.
Rosales Sierra dijo que tras la conferencia de prensa los padres marcharon acompañados de unos 300 manifestantes desde el plantón frente a la PGR al antimonumento a los 43 ubicado en la avenida Reforma, donde se llevó a cabo un mitin para exigir que las autoridades resuelvan el caso, pues no puede quedar impune.
En su plantón, los padres tienen costales y cajas de papas, cebollas, nopales, hierbas de olor y demás verduras.
También tienen leña para hacer fogatas y usan la reja de la PGR como tendedero de ropa.
Duermen en casas de campaña o en colchonetas sobre un templete de madera en la carpa principal, y cuentan con más de 10 sanitarios móviles.
El bloqueo lo mantienen en las tres entradas del edificio: la principal, sobre Reforma; la del estacionamiento en Río Guadiana, y la de un acceso lateral en Río Neva.
Cientos de empleados no han podido entrar a las instalaciones, por lo que esperan en las inmediaciones a espera de órdenes de sus superiores.

Denuncian agresión a un padre

En la página oficial en Facebook Padres y madres de Ayotzinapa, se denunció que durante el bloqueo de los accesos a la PGR, cerca de las 3 de la tarde un presunto trabajador del gobierno federal intentó entrar por la fuerza a las instalaciones y agredió a Bernardo Campos Santos, padre del normalista desaparecido José Ángel Campos Cantor, quien es diabético y resultó lesionado en la rodilla izquierda.
“En repetidas ocasiones hemos afirmado que nos han quitado tanto que hasta el miedo nos lo han arrebatado. Uno de nosotros fue objeto de una agresión el día de hoy. Una persona (probable representante de la Ley) intentó entrar por la fuerza al edificio de la PGR y en su violenta intentona jalonea a Don Bernardo Campos, padre de José Ángel Campos Cantor, ¡este padre es diabético! Nos faltan 43”, fue el mensaje con el que difundieron fotografías de la lesión de José Ángel Campos.

Tiene un cronograma; en noviembre tendrá resultados de la investigación, dice la PGR

La PGR informó que existe un cronograma elaborado para tener resultados de la investigación en seis meses, es decir, hasta noviembre.
Ordenó realizar vuelos de rastreo con tecnología de última generación en una superficie de 60 kilómetros cuadrados en la zona de Iguala, en busca de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
La subprocuradora de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías, y el fiscal especial del Caso Iguala, Alfredo Higuera Bernal, dieron a conocer que estos vuelos continuarán con el uso de tecnología LiDar, un radar que obtiene imágenes tridimensionales y térmicas.
“En esta ocasión los propios padres pidieron que el área de aplicación del LiDar sea ahora mucho más extensa en una zona de aproximadamente 60 kilómetros cuadrados. Esto, con independencia de los costos que pudiera tener, el señor procurador lo aprobó de inmediato”, dijo Higuera.
Comentó en conferencia de prensa que desde que la PGR comenzó a utilizar esta tecnología se ha sobrevolado un área de un kilómetro cuadrado, en la que cual encontraron 100 lugares que debían ser sujetos a una revisión de campo.
Después de una inspección del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y los representantes de los padres de los normalistas, dijo, no se localizó ningún dato relevante para las investigaciones ministeriales.
Herrerías informó que a más tardar en noviembre próximo la PGR dará cumplimiento a nueve puntos y recomendaciones de líneas de investigación solicitados por organismos internacionales y los padres de los estudiantes.
Se trata de los puntos recomendados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
En un mensaje leído a la prensa, Sara Irene Herrerías informó que el 20 de abril se realizó una reunión con representantes de los padres, el Centro Prodh, Tlachinollan, Serapaz y el procurador Raúl Cervantes, en la que les ofrecieron seguir con “todas las líneas de investigación” y presentar un cronograma sobre los puntos que el mecanismo de la CIDH planteó como prioritarios.
La funcionaria agregó que al día siguiente, la dependencia presentó a la CIDH un cronograma con nueve puntos para ir cumpliendo de ahora hasta noviembre.
No obstante recordó que a esa reunión no asistieron los padres de los 43 “por lo que había pasado en la audiencia entre la CIDH, en donde ellos lo consideraron como un rompimiento y nosotros reiteramos en que como PGR teníamos abiertas todas las líneas de investigación”.
Por otra parte, informó que aún faltan por detener a siete personas más relacionadas directamente con la desaparición de los estudiantes normalistas el 26 y 27 de septiembre de 2014.
“Sabemos, comprendemos y tenemos empatía y lo sabemos el dolor de los padres y queremos darle una respuesta a ellos. En este sentido sabemos que lo más importante es la investigación y nos hemos concentrado en eso en este tiempo”, argumentó.
Luego aseguró que el titular de la PGR, Raúl Cervantes, “está en la mejor disposición de reunirse con ellos dentro de este marco de la Comisión Interamericana, que sería a finales del mes de mayo, cuando toca la siguiente reunión”.

Descarta que la tortura tenga como consecuencia la libertad de los acusados

Para verificar si hubo tortura el fiscal Alfredo Higuera dijo que la PGR ha practicado el Protocolo de Estambul a todos los detenidos por la desaparición de los 43 normalistas, con o sin denuncia de por medio, y hasta ahora sólo ha habido conclusiones en ocho casos.
De ellos, en seis los resultados fueron negativos y en dos hubo datos de tortura contra los detenidos, y en esos casos, los procesados decidieron no continuar la denuncia ante la PGR.
Descartó que la tortura tenga como consecuencia la libertad de los acusados o el desechamiento del expediente en los tribunales, ya que en caso de comprobarse sólo se anulan las declaraciones de quienes sufrieron los malos tratos.
“Todo eso tendrá las implicaciones y derivaciones que en cada caso concreto corresponda, la consecuencia natural de una declaración obtenida bajo tortura es la nulidad de esa declaración, no necesariamente que deje sin efecto el conjunto de actuaciones o elementos de prueba que haya en un caso”, aseveró.

Se enfrentan marinos y civiles en Cuauhlotitlán, Tlalchapa; hay un muerto y tres desaparecidos

Un muerto y tres desaparecidos fue el saldo de un enfrentamiento de la Marina con civiles armados cerca de la comunidad de Cuauhlotitlán, municipio de Tlalchapa, en Tierra Caliente.
Según el reporte oficial los hechos ocurrieron alrededor de las 4:30 de la mañana sobre la carretera que va de Arcelia a Tlalchapa, que pasa por varias comunidades.
La Marina reportó que en el trayecto se enfrentó balazos con hombres armados que iban a bordo dos camionetas, y que en el enfrentamiento falleció un hombre de aproximadamente 25 años, además decomisaron dos fusiles de grueso calibre y las dos camionetas.
El reporte oficial dice que el resto de los civiles armados se dieron a la fuga entre los matorrales, pero vecinos de la localidad informaron que dentro de las patrullas de la Marina llevaban al menos a tres detenidos que no fueron puestos a disposición del Ministerio Público (MP) en Tierra Caliente. Los tres se encuentran desaparecidos.
La última vez que la Marina hizo detenciones en esa carretera fue en enero, fueron presentados como sicarios detenidos en Tlatlaya, Estado de México, lo que provocó movilizaciones y bloqueos de carreteras, y una reunión de los familiares con el gobernador Héctor Astudillo Flores.
Desde la madrugada la carretera quedó cerrada a la circulación y cerca de las 10 de la mañana informaron al Ministerio Público para que se trasladará lugar a tomar conocimiento de los hechos.
La Marina estuvo en el lugar del enfrentamiento durante cinco horas con la escena exclusivamente para ellos antes de que llegara el agente del Ministerio Público a hacer las investigaciones.
El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del MP en Coyuca de Catalán, a donde acudieron familiares de la comunidad de colonia Cuauhtémoc de donde al parecer era originario.
La gente del lugar se inconformó por el cierre de la carretera y se quejaron de insultos y amenazas de soldados de la Marina, quienes trataron de indagar del paradero del grupo con el que tuvieron el enfrentamiento.
El lugar donde ocurrió se ubica apróximamente a 15 minutos de Arcelia y es una ruta de acceso rápido entre Arcelia y Tlalchapa.
Este miércoles hubo otro incidente de marinos con presuntos delincuentes en Tierra Caliente, que dejó un muerto y dos detenidos en la comunidad de Tamácuaro, municipio de Cutzamala de Pinzón, donde fueron decomisadas armas y vehículos.
Ese día se informó que durante más de una hora la Marina impidió el ingreso del personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) a la casa y a la zona donde ocurrió el enfrentamiento. Los marinos trabajaron durante 5 horas en el lugar donde estaba la víctima, aseguraron el material, revisaron todo y después permitieron que el personal de la FGE ingresara. Algunos familiares reclamaron el retraso de las diligencias y señalaron que podría tratarse de un acomodo de la escena del crimen previo a la llegada del Ministerio Público.

Reportan a un campesino muerto atropellado por la Marina

En la comunidad de Cuauhlotitlán reportaron un segundo muerto del cual se informó que era un campesino que fue atropellado por soldados de la Marina cuando iba en su caballo, en la madrugada previo a la balacera con civiles.
De este caso las autoridades no han tomado conocimiento de manera oficial y se espera que este domingo visiten la localidad, para confirmar la versión.

Denuncian en Iguala el hostigamiento a estudiantes de Ayotzinapa y padres de los 43

A 31 meses de los ataques y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en esta ciudad, normalistas e integrantes de las organizaciones sociales que los acompañan colocaron ofrendas florales en memoria de los tres estudiantes asesinados, y denunciaron hostigamiento y persecución del gobierno federal en contra de jóvenes de la Normal Rural y los padres de los 43 desaparecidos.
En la mañana ante la versión de que padres de los normalistas, estudiantes de Ayotzinapa y organizaciones que los acompañan iban a protestar en esta ciudad, los retenes militares que son permanentes en las entradas a la ciudad fueron retirados, la vigilancia y la seguridad en el 27 Batallón de Infantería se reforzó con la colocación de vallas metálicas y la sede del Ayuntamiento fue vigilada por agentes armados de la Policía Federal.
Una hora después de la hora convocada, a las 6 de la tarde inició la primera actividad en la estela colocada a los normalistas asesinados Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo, en la esquina de la calle Juan Álvarez y periférico Norte, sitio al que llegaron cuatro normalistas de Ayotzinapa en un autobús de la estrella de oro, en representación de los padres.
Tras la colocación de una corona de flores de dos estudiantes en el sitio en el que ocurrieron los primeros ataques a los estudiantes, un joven reclamó la falta de atención de las autoridades federales a los padres de los 43 desaparecidos, a quienes los recibieron con policías antimotines y gases lacrimógenos cuando pedían una mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación.
Denunció que han recibido amenazas, hostigamiento y persecución de autoridades del gobierno federal como forma de presión para dejar el movimiento.
Crítico que a 31 meses de los hechos el gobierno federal les cierra las puertas y hace caso omiso a sus peticiones, con la finalidad de dar por cerrado el caso y sostener la “mentira histórica”, como se refirió a la versión de que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula, lo que el gobierno federal llama la “verdad histórica”.
Un representante del Bloque Democrático de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala, reclamó que no haya personas sentenciadas por asesinato y desaparición forzada, y demandó justicia para los asesinados, la presentación con vida de los 43 alumnos de la Normal Rural y castigo para los culpables.
“Ya estamos hartos de que nos estén diciendo mentiras, y si a nosotros como ciudadanos nos duele y nos afecta esta situación, entendemos y justificamos los actos que realizan los padres de familia por la ausencia de sus hijos luego de 31 meses”.
El primer mitin concluyó a las 6:35 y los cerca de 50 activistas del Bloque de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala y la comitiva de normalistas, se trasladaron en vehículos a la estela de Julio César Mondragón Fontes, para colocar también una ofrenda floral y hacer un segundo mitin en el que reiteraron la exigencia de justicia y presentación con vida de los 43 normalistas.
Un maestro de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG) que tomó la palabra en el segundo acto donde fue hallado torturado y desollado del rostro el normalista Julio César Mondragón, calificó ese hecho como “una muestra de la podredumbre del PRI-gobierno”, dijo que van a seguir luchando para que sean castigados los involucrados en los ataques y la desaparición de los normalistas.
Advirtió que seguirán al lado de los padres y los normalistas para exigir justicia y no descartó la posibilidad de que una comisión se sume al plantón en la Procuraduría General de la República (PGR).
Después de las 7 de la noche la comisión de normalistas salió hacia Chilpancingo y los miembros de las organizaciones se trasladaron a la explanada municipal, donde hicieron un acto cívico-cultural como lo han hecho cada mes desde la desaparición de los jóvenes.

Gasea la PF a padres de los 43 que pedían audiencia con Osorio Chong en la Segob; hay cinco lesionados

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra reportó que tres padres y dos mamás de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos sufrieron lesiones provocadas por los gases lacrimógenos que les lanzaron policías federales en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Tras señalar que los actos de represión que se registraron este martes serán notificados al Mecanismo de Seguimiento del caso Ayotzinapa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Rosales consideró que la acción policiaca “evidencia la ruta y la posición que respecto al caso mantiene el gobierno federal” de generar “condiciones de debilitamiento y cierre del caso”.
La protesta en la Segob fue anunciada con anticipación como parte de la jornada de lucha que comenzó con un plantón indefinido de los padres frente a la PGR, para exigir que se investigue la responsabilidad de militares del 27 Batallón de Iguala, que se consigne a los policías federales y municipales involucrados en la desaparición forzada de los estudiantes, y se profundice en la línea de investigación de trasiego de droga de Iguala a Chicago, que está sin avances desde que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) fue expulsado del país.
En entrevista con la Agencia Proceso, el abogado de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos informó que los lesionados son: Hilda Legideño Vargas, Berta Nava, Mario César González, Hermenegildo Ortega Carlos y Bernabé Abraham, quienes sufren “complicaciones en los ojos y en el sistema digestivo” debido a los gases lacrimógenos.
Señaló que la represión policiaca ocurrió después de que los padres y madres solicitaran una audiencia con el titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, antes de un mitin como parte de la jornada de actividades a 31 meses de la desaparición de los estudiantes.
“En lugar de que reciban a la comisión agreden a los padres de esta manera, eso complica mucho más las cosas y orilla a los padres a no caminar en la ruta del diálogo ni en la ruta de la institucionalidad, sino más bien que sea la protesta donde ellos expresen su exigencia por la presentación con vida de sus hijos”, dijo.
Agregó que después de la agresión familiares de los normalistas desaparecidos y estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa bloquearon la avenida Reforma, en Bucareli, y agentes de la Dirección de Gobernación de la Ciudad de México se acercaron a buscar “un puente de diálogo con el gobierno federal”.
Los enviados dijeron que el subsecretario Roberto Campa Cifrián está dispuesto a recibir a una comisión de padres.
Al respecto, Vidulfo Rosales explicó: “rechazamos la oferta porque el subsecretario Campa ya no es interlocutor válido para los padres, porque ellos lo identifican como el que verbalizó la posición del gobierno en Washington. Estamos buscando hablar con Osorio Chong”.
En marzo en la audiencia en Washington en la sede de la CIDH, Campa llamó a los padres a considerar la “verdad histórica” de que sus hijos fueron calcinados en el basurero de Cocula, como una real posibilidad del destino final de los 43 estudiantes, expresiones con las que el funcionario federal intentó echar abajo las conclusiones de Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de que esa hipótesis es científicamente imposible.
Tras señalar que la protesta de los padres y madres en las inmediaciones de la Segob “no ameritaba este tipo de intervención de la policía”, Rosales Sierra llamó al gobierno federal a que “rectifique, porque no porque se les reprima van a dejar de exigir la presentación con vida de sus hijos, a menos que detengan a todos los padres, pero no sé si eso resuelve el problema”.
En cuanto a la reciente detención de Walter Alonso Deloya Tomás, El Walter o La Medusa, presunto integrante de Guerreros Unidos e implicado en la desaparición de los normalistas, precisó que “fue detenido por otras causas penales distintas y ajenas a los 43, no está directamente relacionado”.
Reconoció que en el expediente se menciona a La Medusa porque “pertenece a Guerreros Unidos y trabajaba para (Alejandro) El Cholo Palacios, pero no hay un vínculo directo, no hay acción penal emanada del caso de los 43”.
Lo que toca ahora a la Oficina Especial para el Caso Iguala, agregó, es buscar “entrevistar al detenido para obtener alguna información adicional, respetando sus derechos procesales”.
Reporta la PF a tres personas con lesiones leves

La Policía Federal (PF) informó que tres personas sufrieron lesiones leves tras la agresión, con gases lacrimógenos, a los padres de los 43 normalistas desaparecidos que se encontraban en las inmediaciones de la Segob.
En una tarjeta informativa la dependencia federal aseguró que dos de sus agentes y un trabajador de la Unidad de Gobierno de la Segob presentaron golpes por objetos lanzados por los manifestantes en la protesta de ayer.
Señala a 40 personas ajenas a los familiares de los estudiantes desaparecidos en Iguala, como los responsables de arrojar petardos y piedras a los uniformados.
Ante esta acción dispersaron a los manifestantes con un par de bombas de gases lacrimógenos.
“El gobierno de la República a través de la Secretaría de Gobernación, reafirma su voluntad y compromiso de mantener, como siempre lo ha realizado, un diálogo constante y abierto con los ciudadanos”.
“Padres y madres de los estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa dijeron haber tomado la decisión, por el momento, de no solicitar una reunión con autoridades de la Secretaría de Gobernación debido a la presencia de grupos ajenos a su movimiento”, dice la PF.

Reprueba Amnistía Internacional el uso excesivo de la fuerza

Tania Reneaum, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México reprobó el uso excesivo de la fuerza utilizada por la Policía Federal para dispersar a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, mientras se manifestaban afuera de la Secretaría de Gobernación.
“El gobierno de México debe recordar que es ilícito usar formas de control que, como los gases y otras sustancias químicas irritantes, afecten a personas que no tienen que ver con la manifestación o que participando de ella no hacen uso de la violencia”, expuso.
De acuerdo con Reneaum, el uso de la fuerza es una clara violación de los estándares internacionales de derechos humanos y una afrenta más a las familias y compañeros de los estudiantes desaparecidos hace más de dos años.
El de los 43 estudiantes desaparecidos, mencionó, es un caso que no ha sido debidamente investigado por las autoridades mexicanas, y hasta ahora se desconoce la suerte o paradero de las víctimas debido a que no se han esclarecido los hechos.
El desalojo fue cuando un reducido grupo de familiares de los 43 normalistas desparecidos y estudiantes de la Normal Rural pretendían hacer un mitin frente a la Segob para pedir una reunión con Osorio Chong.
El grupo nunca alcanzó su objetivo: en Bucareli, a media cuadra del Reloj Chino se toparon con un muro de hierro y luego con bombas de gases lacrimógenos. En el ataque resultaron lesionados cinco padres de los estudiantes desaparecidos.

Se plantan padres de los 43 en la PGR y se reúnen autoridades con el mecanismo del caso Ayotzinapa

Mientras padres de los 43 estudiantes desaparecidos hacían un mitin afuera de la Procuraduría General de la República (PGR), donde instalaron un plantón, en el edificio funcionarios de esta dependencia y de la Secretaría de Gobernación (Segob) recibieron a la relatora para México Esmeralda Arosemena de Troitiño (de Panamá) y al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão (de Brasil), en la segunda visita oficial del mecanismo especial de seguimiento para el caso Ayotzinapa.
Normalistas y padres de los 43 estudiantes desaparecidos montaron cuatro carpas afuera de las instalaciones en la Ciudad de México, donde permanecerán en plantón indefinido para exigir respuestas a sus demandas.
“Llevamos 31 meses en que no tenemos respuesta, en que no tenemos a nuestros hijos, por eso estamos aquí”, expresó Hilda Legideño, madre del joven Jorge Antonio Tizapa.
El representante de los padres de los estudiantes, Melitón Ortega explicó su ausencia en la reunión de seguimiento a la investigación de los ataques del 26 y 27 de septiembre en Iguala, y de las recomendaciones que dejó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para esclarecer estos hechos.
Los padres exigieron a las autoridades mexicanas consolidar las líneas de investigación sobre una presunta intervención del Ejército, el trasiego de drogas de Iguala a Chicago, la participación de la Policía Municipal de Huitzuco y el análisis de la telefonía celular de los normalistas.
Dijo que ya no pueden tolerar que los funcionarios se burlen de su angustia, “no estamos dispuestos a que el gobierno siga engañándonos con el mismo discurso, no estamos para seguir escuchando simulaciones, el último procurador general (de tres que han ocupado el cargo en los 31 meses de investigación) ha dicho que tienen interés, pero vemos que es discurso político”.
Demandó que la PGR fije una posición sobre la declaración del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, ahora secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional -un día antes de la llegada del mecanismo de la CIDH a México- sobre la tesis oficial del basurero de Cocula, para insistir en la veracidad de una versión que descartaron científicamente los expertos.
Consideró una falta de respeto que Zerón de Lucio, estando fuera de la PGR siga haciendo declaraciones sobre Ayotzinapa, y validando una investigación a su cargo donde se evidenciaron graves irregularidades, “es falta de respeto a los padres, y exigimos que la PGR aclare si es su vocero”.
De la reunión en la PGR aclaró que sólo sus representantes legales estuvieron en el encuentro de 2 a 4 de la tarde en el edificio, y al salir informaron que no hay avances en los planteamientos de los padres de familia, que son parte de las recomendaciones del GIEI.
Confirmó que en la noche los padres de familia se reunieron en privado con los funcionarios de la CIDH, en el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez.
En un boletín conjunto de la CIDH y de la PGR, se informó que el procurador Raúl Cervantes Andrade dio “un informe detallado sobre las acciones y actualizaciones en materia de investigación y búsqueda, y atención a las recomendaciones del GIEI y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como en lo que se refiere a la instrumentación de distintos acuerdos que resultaron de una reunión con los familiares de los estudiantes desaparecidos y sus representantes, celebrada en febrero pasado”.
Señala que estuvieron en el encuentro representantes de los familiares de las víctimas, y el procurador manifestó “disposición a continuar dando seguimiento a todas las líneas de investigación, lo que será el caso hasta agotarlas, a fin de esclarecer todo lo sucedido y determinar las responsabilidades que correspondan. En ese sentido subrayó la importancia del papel de la CIDH para tender puentes y fortalecer la interlocución con los padres y familiares de los estudiantes”.

“Se agotan los caminos institucionales”, dice Vidulfo Rosales

El abogado de los padres y madres de lo 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace casi 31 meses, Vidulfo Rosales Sierra dijo que “se agotan los caminos institucionales” para dar respuesta a las demandas de verdad y justicia de los familiares de las víctimas.
Al término de la reunión en la que también estuvieron los subsecretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores, Roberto Campa Cifrián y Miguel Ruiz Cabañas, puntualizó que hay “nulos avances” en las investigaciones del caso, además de que, desde abril del año pasado “no ha habido mayores diligencias”.
Señaló que ante “estas omisiones y dilaciones, la institucionalidad se va a agotando” y advirtió que no les están dejando otro camino que la movilización de los padres “adquiera mayor protagonismo”.
Rosales Sierra confirmó que el plantón frente a la PGR continuará hasta que los abogados sean llamados por funcionarios de la dependencia para reportar avances sobre la consignación y detención de policías de Huitzuco y federales, el inicio de líneas de investigación hacia los militares del 27 Batallón de Infantería, el exgobernador Ángel Aguirre y el exfiscal Iñaky Blanco, así como un reporte de avances del análisis de más de mil teléfonos celulares.
Dijo, la actitud de omisiones y dilaciones en la investigación “está acotando el papel de la coadyuvancia a revisar el expediente y recibir las notificaciones correspondientes”.
Aseguró que durante el encuentro de este jueves ninguna autoridad pudo dar alguna “explicación jurídica o política” del retraso en las actuaciones.
Peor aún, el procurador Raúl Cervantes se mostró “ambiguo” ante la exigencia de fijar una postura pública de reconocimiento a las conclusiones del GIEI, de que hay líneas de investigación abiertas y que “ningún funcionario de la República puede salir a hablar de verdades establecidas”, ante la posición del gobierno mexicano que llevó el subsecretario Roberto Campa a la CIDH, de reconocer como válida la “verdad histórica”.
Vidulfo Rosales lamentó que el titular de la PGR se haya resistido a pronunciarse en torno a las declaraciones de Tomás Zerón, quien insistió en avalar la versión de que los jóvenes fueron incinerados en el basurero de Cocula y señalar que “la investigación va a seguir exactamente igual”.
Cervantes Andrade se limitó a decir que “no puede coartar la derecho libertad de expresión”, según dijo Rosales, quien consideró que los dichos de Zerón no reflejan más que “se trata de una posición de Estado” y que el exfuncionario de la PGR está confiado en que no será castigado por las irregularidades cometidas en el caso.

Padres en Plantón

Al tenso panorama entre padres y madres de los 43 y las autoridades federales, se suma la intención del gobierno de Miguel Ángel Mancera para que desalojen el plantón instalado sobre la lateral del Paseo de la Reforma, justo a las puertas de la PGR.
Antes del mitin Melitón Ortega informó que, conforme a los acuerdos de la Asamblea Nacional Popular, activistas y organizaciones se concentraron en el antimonumento de los 43 instalado en el Paseo de Reforma para marchar a la PGR.
Señaló que la participación fue nutrida con representaciones de 20 organizaciones sociales y sindicales, organizados por turnos para tener presencia las 24 hora del día.
Funcionarios de la Dirección de Gobierno de la Ciudad de México expusieron a Vidulfo Rosales la indicación de trasladar la movilización de los padres al camellón que está frente a la dependencia federal “para no obstruir el tránsito”, lo que fue rechazado por el abogado.
Ante los medios de comunicación, el abogado emplazó al jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera a demostrar que su gobierno “no responde a los intereses del gobierno federal”, que pretende imponer la “verdad histórica” y “echar por tierra” las conclusiones del GIEI.
De no solidarizarse con los padres e insistir en el desalojo, dijo, “interpretaremos que el gobierno de Mancera se une a las voces del gobierno en contra de los padres de familia”.
“No es posible que todas las autoridades estén cerrando las puertas y les den las espalda a los padres de familia, si quieren venir a desalojar, ellos sabrán lo que hacen”, expuso.
Insistió: “creemos que la protesta es legítima, hay 43 estudiantes que hoy en día no sabemos dónde están, en un hecho que ha conmocionado al país, abrió grietas, abrió dolores que hoy permanecen abiertos y toda autoridad tiene la obligación para que esto se sepa, para que la verdad y la justicia lleguen a los padres”.
Las movilizaciones por el caso de los 43 desaparecidos continuará mañana viernes con un volanteo en el área cercana al plantón. Para el sábado habrá actividades artísticas y el domingo los padres volverán a tomar las calles para marchar del Ángel de la Independencia al antimonumento a los 43.
El lunes 24 los familiares de los desaparecidos y organizaciones que los apoyan participarán en un plantón en el Juzgado Tercero de Distrito, donde se desahoga el amparo contra la resolución que exculpó a Tomás Zerón de cargos penales.
El martes siguiente llevarán las protestas a la Secretaría de Gobernación y el miércoles 26 tomarán las calles de Reforma para marchar a los 31 meses de desaparición de los estudiantes.

Planta Florencio Salazar a familiares de desaparecidos de Acapulco; denuncian falta de interés del gobierno

El secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame dejó plantados a integrantes del colectivo Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos a pesar de que el funcionario estatal iba encabezar una mesa de trabajo.
Por la mañana de este martes los familiares de desaparecidos fueron recibidos en el edificio norte del Palacio de Gobierno tras denunciar irregularidades en la inhumación de cuerpos de personas no identificadas por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).
El encuentro se había pactado con el secretario general de Gobierno y éste no participó y delegó la responsabilidad en la directora general de Seguimiento, Control y Evaluación de Asuntos de Derechos Humanos, Rigoberta Román Orea.
Al salir del encuentro los familiares lamentaron que no se haya presentado Salazar Adame y que se haya decidido delegar la responsabilidad en funcionarios de medio nivel.
Se quejaron en que la funcionaria designada para atenderlos no tenía conocimiento del tema ni la capacidad de dar una respuesta pronta y oportuna para las familias que asistieron.
Criticaron el poco interés por parte del gobierno del estado para atender la demanda de justicia que han solicitado los acapulqueños, por lo que señalaron que es cansado estar dando vueltas sin obtener una clara respuesta.
“Pero vamos a seguir luchando para encontrar a nuestros familiares desaparecidos”, sostuvo uno de los miembros del colectivo.
En la reunión se planteó la posibilidad de acceder a proyectos productivos, proyectos sociales y la apertura de una oficina en Acapulco que ayude a facilitar la atención a las personas que cuenten con un familiar desaparecido.
También se solicitó el apoyo para que en el caso de dos maestros de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) y uno de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) que fueron desaparecidos, las plazas que dejaron vacantes se les entregue a sus familias.
Insistieron en que no sirvió de nada que la funcionaria estuviera encabezando la reunión porque no tenía conocimiento sobre los hechos, como el pasado 9 y 10 de marzo en el Palmar donde fueron violados los procedimientos de exhumación.
Pidieron que se haga una mesa de trabajo multidisciplinaria para que cada dependencia cumpla con su responsabilidad y se hagan los estudios de genética ya que es la prioridad para identificar 13 restos humanos que han sido mesclados.
Los familiares pidieron al gobierno del estado “poner orden” en este tema ante el aumento de personas desaparecidas, ya que se requiere de certeza si se están haciendo los perfiles genéticos.
Uno de los integrantes que por seguridad no quiso dar su nombre expresó que en la reunión no se dio ninguna respuesta por parte del gobierno del estado en relación a sus demandas, por lo que el encuentro sólo fue para recordar la entrega del pliego petitorio en octubre del año pasado.
Recordaron que la demanda de justicia y apoyo para encontrar a sus familiares se le ha planteado al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ya que las autoridades locales se han negado a reconocer que hay fosas clandestinas en Acapulco, con el objetivo de evitar afectar al turismo. (Anarsis Pacheco Pólito / Chilpancingo).

Buscan, sin hallazgos, a desaparecidos en una caverna en Taxco; terminan las diligencias de la PGR

Alejandro Guerrero

Iguala

Ayer se exploró la caverna Sótano Ibarra que está a 1 kilómetro de distancia del pozo Meléndez en la comunidad de Puente Campuzano, municipio de Taxco, como parte de la diligencia de tres días de antropólogos y peritos de la Procuraduría General de la Repúblico (PGR) a petición de integrantes del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala quienes buscan a sus familiares desaparecidos.
En declaraciones vía telefónica a las 6 de la tarde la secretaria del colectivo, Adriana Bahena Cruz informó que media hora antes habían concluido la diligencia en el respiradero de 80 metros de profundidad de Sótano Ibarra cerca del pozo Meléndez, donde hicieron una inspección el martes pero no hallaron restos humanos.
“No hubo nada y créeme que yo fui la más extrañada en esto porque por el lugar en el que está el sótano que está escondido, hay un caminito muy marcado en el que se ve que hay gente que va para ese rumbo y el pozo está muy descubierto, es decir, como que todo indicaba que sí se iba a encontrar algo allí, pero desafortunadamente no”, detalló.
Mencionó que un perito descendió a los 80 metros que tiene de profundidad la caverna y tomó video “pero nos dice que no hubo nada”.
Dijo que la diligencia para el descenso a esta cavidad fue más tardada que en el pozo Meléndez ya que las condiciones en el Sótano Ibarra son más agrestes y es más complicado, por lo que tuvieron que anclar para hacer el descenso.
Informó que para este día se reunirán con los antropólogos y peritos de la PGR para analizar la diligencia hecha durante tres días y les mostrarán las grabaciones que se hicieron en los dos respiraderos para que ellos como colectivo los valoren, y posteriormente poder mostrarlos ante el resto de los integrantes del grupo.
Agregó que a finales de este mes se reunirán con los mandos de la PGR y la Fiscalía de Búsqueda de Personas Desaparecidas para programar las próximas diligencias en las que se incluyen las minas de Taxco en la comunidad de San Francisco Cuadra, además de otros respiraderos que testigos anónimos les informaron “y que apunta que puede haber algo positivo”, y de los que no detalló para no alertar.
Recordó que el acuerdo con la PGR es que se van a hacer dos búsquedas por mes, como parte del plan de búsqueda de sus desaparecidos.
Este martes Bahena Cruz dio a conocer a reporteros que cuentan con un padrón de 500 desaparecidos que están buscando, y que de los 150 cuerpos humanos que lograron recuperar en más de dos años de fosas clandestinas la PGR ha identificado y entregado sólo 20 cuerpos, y en próximos días entregarán otros 20 más que también ya fueron identificados.

Registra Siempre Vivos 58 homicidios en tres meses en Chilapa; falló la seguridad, afirma

Los 58 homicidios registrados en los primeros tres meses de 2017 en Chilapa son una situación alarmante, y muestran que la estrategia de seguridad del gobernador Héctor Astudillo Flores ha fallado, consideró el colectivo Siempre Vivos.
“Los desaparecidos han quedado en el olvido porque la Fiscalía General del Estado y la Policía Ministerial se hacen a un lado y dejan a las familias solas”, indicó la agrupación de familiares de desaparecidos en la parte baja de la región Montaña.
Ayer integrantes del colectivo de familiares de víctimas de desaparición de Chilapa, Zitlala y otros municipios de la Montaña sostuvieron una reunión en el centro de esta ciudad, donde acordaron aplazar la búsqueda de fosas clandestinas hasta el 12 y 13 de mayo próximos, como parte de las actividades para recordar la desaparición de al menos 16 personas en la irrupción de integrantes del grupo criminal Los Ardillos en 2015.
En la reunión a la que asistieron unos 30 familiares y representantes del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), también se programó una conferencia de prensa el 9 de mayo en la capital del estado, a la que se invitará al obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, y el 11 de mayo un foro sobre la iniciativa de ley en materia de desaparición forzada.
Consultado al final el coordinador de Siempre Vivos, José Díaz Navarro dijo que en enero, febrero y marzo del presente año se han contabilizado 58 homicidios, y que si esa tendencia continúa al finalizar el año tendrían unos 240 homicidios en este municipio.
“Chilapa tendría 225 homicidios por cada 100 mil habitantes, quiere decir que estaríamos dentro de las ciudades más violentas”, informó.
Consideró que la situación ya es alarmante para la población, no así para el gobernador del estado, “a Héctor Astudillo yo creo que no le dicen nada (las cifras de homicidios), la estrategia que han implementado está fallando porque aparecieron (otros) dos cuerpos de Chilapa (el lunes en el nuevo libramiento de Chilpancingo a Tixtla), hoy (martes) otros dos (cuerpos envueltos en bolsas negras cerca de la Fiscalía en Chilpancingo), por eso no creo que sea descabellada la cifra (de asesinatos) que se tendrá al final de año”, dijo.
De los resultados de la investigación y búsqueda de los seis integrantes de la familia García Feliciano, originaria de Ixcatla del municipio de Zitlala que desaparecieron en octubre pasado entre las comunidades de Tlaltempanapa y Tlalcozotitlán, Díaz Navarro dijo que no se tienen resultados y que como colectivo siguen investigando dentro de sus posibilidades.
“Desafortunadamente los desaparecidos han quedado en el olvido porque la Fiscalía (General del Estado) y la Policía Ministerial se hacen a un lado y dejan a las familias solas, que ellas hagan la búsqueda, no nada más de la familia García Feliciano sino de más de 300 desaparecidos que ha habido del 2012 a la fecha”, reprochó.
En tanto, personal del Centro Morelos informó que aún no tiene noticias de los resultados de las muestras tomadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense, y que podría tardar algunos meses.

La PGR y la Segob han buscado a los padres de los 43 tras la ruptura en la CIDH, dice Vidulfo Rosales

 

Tras la ruptura en la sesión pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde el Estado sostuvo la tesis oficial del basurero de Cocula como la más sólida de la investigación de los ataques del 26 y 27 de septiembre en Iguala, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Procuraduría General de la República (PGR) han intentado acercarse a los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos, reveló el abogado Vidulfo Rosales Sierra.
Aclaró que antes de la visita de los comisionados de la CIDH que forman el mecanismo especial del seguimiento de la investigación, del 19 al 22 de abril, será difícil cualquier diálogo con las autoridades.
Sin embargo añadió que mediante la coadyuvancia de los representantes legales están al tanto de cualquier avance en la investigación, y no han recibido ninguna información que indique un adelanto para esclarecer los hechos o determinar el paradero de los normalistas.
Precisó que los abogados en el momento en que lo consideren pueden consultar el expediente en la PGR, y si hay adelantos significativos las autoridades están obligadas a informar antes que a nadie a las víctimas.
Recordó que la última posición de las autoridades, es que todas las líneas de investigación están abiertas, después de que se interpeló la posición en favor de la llamada “verdad histórica”.
De la tesis aseguró que sólo seis personas de 180 en prisión están relacionadas con el basurero de Cocula, el resto fueron detenidos por portación de armas, por pertenecer al grupo criminal Guerreros Unidos, por obtener dinero de manera ilícita, por acción y omisión en la responsabilidad y la desaparición forzada de los estudiantes.
De esos seis la mayoría denunció que fue coaccionado para incriminarse mediante tortura, y dos casos fueron debidamente comprobados mediante la aplicación del protocolo de Estambul.
De la visita de los comisionados, indicó que Esmeralda Arosamena de Troitiño llega con otro comisionado y los integrantes del equipo técnico operativo, que se quedarán más tiempo en el país.
En la visita 19 al 22 al país adelantó que habrá actividades públicas, en la que están planteando una reunión en la Normal Rural de Ayotzinapa.
En otro tema opinó sobre los ataques a los periodistas, tema de las reuniones con los padres de familia.
Consideró que la violencia generalizada en el país vuelve turbio el ambiente, genera resquebrajamiento del tejido social, desestabilidad en los ciudadanos que se acostumbran a la muerte reseñada en los diarios todos los días, como a una estadística.
En este mar de violencia e impunidad, se vuelven vulnerables principalmente aquellas personas que promueven o ejercen un derecho y luchan por un cambio en un país.
“Preocupa a los padres esta situación, porque los que salen perdiendo en este clima de violencia al que nos acostumbra el régimen son los defensores y los periodistas, y la muerte de Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada es un ataque directo a la libertad de expresión, un ataque artero”.
Mencionó que para que un Estado democrático funcione debe dar garantías a todos los periodistas para ejercer sus derechos, a los defensores, a los que luchan.
Sin embargo señaló que los funcionarios lo pierden de vista y en reuniones ha escuchado expresiones, incluso del secretario de Gobernación, de que no pueden poner policías a cada defensor, porque somos millones los ciudadanos en el país, y reflejan la insensibilidad, falta de visión y de compromiso con los derechos humanos.