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La presentación de los 43 y que se investigue al Ejército, piden en Iguala a 30 meses de los ataques

Alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, profesores de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG), integrantes de organizaciones sociales y familiares de víctimas de desaparición forzada marcharon la tarde de ayer, colocaron ofrendas e hicieron un mitin a 30 meses de los ataques y la desaparición de los 43 normalistas en esta ciudad.
Los activistas reiteraron su exigencia de justicia, presentación con vida de los desaparecidos, castigo a los culpables materiales e intelectuales y una investigación a los soldados del Ejército que participaron en los ataques de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Minutos después de las 4 de la tarde unos 150 normalistas, profesores y miembros de las organizaciones que los acompañan como el Bloque Democrático de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala, la Unión Campesina Emiliano Zapata-Arturo Hernández Cardona y el integrante del comité de buscadores de fosas clandestinas y familiar de un desaparecido, Mario Vergara Hernández, marcharon de la explanada de Las Tres Garantías por la calle Juan Álvarez al periférico Norte.
En la estela a los normalistas asesinados Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo se colocó una ofrenda floral y hubo un mitin, en el que se demandó justicia para los asesinados.
En su participación un normalista de Ayotzinapa denunció que el Ejército no tiene nada que hacer en las calles, y dijo que quedó evidenciada su participación en la desaparición de los normalistas y todas las instituciones del gobierno.
“Estamos hartos de que salimos a las calles y que los malditos policías nos están hostigando, supuestamente dicen que nos están cuidando pero sabemos que en realidad nos están vigilando”, dijo el normalista ante la presencia de policías federales y municipales que los siguieron en todo momento de las actividades.
En ese mitin un grupo de policías federales armados tomaba fotografías a los normalistas y a los maestros, uno se metió entre los manifestantes para tomar fotografías con su teléfono celular.
En el segundo mitin en la Ciudad Industrial donde el contingente llegó marchando y gritando consignas de justicia y en apoyo a la normal de Ayotzinapa, un grupo de profesores de la CETEG y de normalistas bloqueó el paso a la patrulla 17195 en la que iban cinco agentes armados de la Policía Federal, quienes seguían desde un inicio las acciones de los normalistas. Les pidieron que se retiraran del lugar pues consideraron su presencia un acto de provocación.
Un policía que al parecer iba al frente del grupo pero que no se identificó y tomaba fotografías, dijo que daban seguridad a los manifestantes.
Los profesores y alumnos insistieron que se retiraran del lugar, lo cual hicieron pero se mantuvieron cerca de la zona, al igual que los policías municipales.
En la estela del normalista Julio César Mondragón Fontes, que fue torturado y desollado del rostro, un miembro del Bloque de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala denunció la represión y el hostigamiento del gobierno estatal y federal en contra de líderes y luchadores sociales, y recriminó los asesinatos contra periodistas, como Cecilio Pineda de Tierra Caliente.
Denunció que las fosas clandestinas de las que se han sacado más de 150 cuerpos en Iguala, “es la evidencia de la corrupción, de la violencia y la inseguridad que se vive en Iguala y en varios municipios del estado de Guerrero”.
Dijo que seguirán exigiendo la presentación con vida de los 43 normalistas y justicia para todos los desaparecidos, secuestrados y levantados.
Exigió al gobierno estatal que dé seguridad y justicia ante la ola de violencia y de ejecuciones que tienen al estado convulsionado.
El mitin concluyó a las 5:40 de la tarde. A las 6:15 de la tarde los normalistas salieron de Iguala hacia la Normal de Ayotzinapa sin incidentes.

Toman padres por tercera ocasión las oficinas de Finanzas en Iguala; insisten en que se nombren dos directores

Maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), padres de familia y alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa marcharon y tomaron las oficinas de la Secretaría de Finanzas, con sede en esta ciudad, para insistir en la entrega de nombramientos a dos directores.
Minutos después de las 12 de la tarde, unos cien normalistas, maestros de la CETEG y padres de familia de escuelas, marcharon de las instalaciones de la delegación regional de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), ubicadas en la calle Galeana, al sur de la ciudad, y que están tomadas desde el martes de la semana anterior, pasaron por el Zócalo de la ciudad y llegaron a las oficinas de la Administración Fiscal, de las que desalojaron al personal, tomaron las oficinas y cerraron la calle Francisco I. Madero.
Los normalistas de Ayotzinapa habían llegado a Iguala en dos autobuses para realizar una marcha, colocar ofrendas florales y realizar mítines en las estelas colocadas por los normalistas asesinados en los hechos de los días 26 y 27 de septiembre de 2014, para conmemorar 30 meses de los ataques y la desaparición de sus compañeros.
En la marcha, mostraron cuadros con las fotografías de sus 43 compañeros desaparecidos hace dos años y medio, y que más tarde expusieron en la explanada de las Tres Garantías. Por su parte, los padres de familia mostraban cartulinas para exigir solución a los conflictos laborales en la escuela primaria Juan Álvarez, de la colonia El Capire, y del kínder Niños Héroes, de Teloloapan, donde piden que se nombre a sus directores.
El martes pasado, los maestros de la CETEG, miembros del Bloque Democrático de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala y padres de familia, tomaron la delegación de la SEG. El miércoles y jueves tomaron las oficinas de la administración fiscal de Finanzas y el viernes tomaron por cuatro horas la calle Galeana, afuera de la delegación, ante el incumplimiento de las autoridades educativas y de gobierno de la zona Norte para atender su pliego de peticiones, en el que se incluye también la reubicación de centros de trabajo para unos 20 profesores en la zona de Teloloapan.
La toma de la administración fiscal, que fue la tercera ocasión, concluyó cerca de las 2 de la tarde, sin que nuevamente se les diera respuesta a su demanda a los padres y maestros de la CETEG.

Eran de Chilapa dos de las víctimas halladas en las fosas de Zitlala, según el cotejo del ADN

 
Tras el cotejo de los resultados de los estudios del ADN a familiares de desaparecidos, dos cuerpos que se encontraban en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo fueron identificados y entregados.
Se trata de Genaro Moctezuma González, quien al momento en que desapareció tenía 44 años, y de acuerdo al folio de registro 120736 de la Fiscalía General del Estado (FGE), desapareció en  Tepoxcuautla, Chilapa, el 10 de noviembre de 2016.
Sus restos fueron encontrados el 16 de noviembre en fosas de Zitlala. Según la carpeta de investigación 12021610100068161116 fueron hallados en la fosa 4 y en la bolsa 3.
En el registro dice que Moctezuma González tiene como señas particulares una cicatriz en el pecho, una en el pie y que su dentadura se encuentra completa, lo que también habría servido para la identificación de los restos por sus familiares, a quien lo entregaron la tarde del domingo.
La segunda víctima es Santiago González Moctezuma, quien al momento de su desaparición tenía 34 años y según el folio de la FGE 119700, desapareció en Chilapa el 9 de octubre de 2016. De acuerdo a la carpeta de investigación 12040190200163301016 relacionada con la carpeta 196/2016, los restos de Santiago fueron encontrados a finales de noviembre de 2016 en las fosas de Zitlala. Sus restos fueron hallados en la fosa 15 y de acuerdo a la cadena de custodia estaba identificado como el cadáver C.
El presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), José Luis Gallegos Peralta informó que la tarde de ayer esperaban a los familiares para entregarles los restos.
Los dos cuerpos son de los 34 que fueron encontrados del 22 al 24 de noviembre del año pasado cerca del cerro de Tenanchitla, municipio de Zitlala, en 20 fosas clandestinas.
Consultado vía telefónica el presidente del colectivo de familiares de desaparecidos Siempre Vivos de Chilapa, José Díaz Navarro informó que los cuerpos que ya fueron identificados no se encuentran dentro de los desaparecidos que reclama ese colectivo. Díaz Navarro tiene documentados más de 100 casos de desaparecidos de los municipios de Chilapa y Zitlala.
También fue consultado el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, e igual rechazó que los identificados sean los que busca ese organismo. El Centro Morelos tiene documentados 97 casos de personas desaparecidas de los municipios de Chilapa, Zitlala y José Joaquín de Herrera (Hueycantenango).
Mientras tanto la FGE tiene registradas en su página de Internet 258 víctimas de desaparición forzada en 2016, entre éstas fueron localizados los registros de Santiago González Moctezuma y Genaro Moctezuma González.
Consultado vía telefónica el presidente del CEAV informó que en el caso de Genaro Moctezuma González, el cuerpo ya fue reclamado por sus familiares al quedar satisfechos con los resultados de la confronta de los estudios del ADN.
Mientras tanto en el caso de Santiago González Moctezuma, estaban por llegar sus familiares la tarde de ayer para entregarles los restos.
Declaró que aunado al dolor de las víctimas al identificar a sus familiares desaparecidos entre los muertos, se agrega un problema más, la falta de recursos económicos para el traslado a sus comunidades, además de los gastos para los funerales.
Aseguró que la CEAV los apoya con el ataúd, el servicio funerario y el traslado, “porque la verdad es todo un drama para los familiares”, dijo Gallegos Peralta.
Informó que en los últimos meses la CEAV ha estado trabajando de manera coordinada con la Fiscalía, sobre todo en la aplicación de los estudios de ADN y que es así que han podido localizar varios cuerpos por la confronta de los resultados del examen aplicado a los familiares y a los cuerpos depositados en el Semefo, o en el Cementerio Estatal Ministerial.
“La verdad que el proceso es un drama terrible, pero nosotros hacemos lo que podemos y les apoyamos no sólo en la asesoría jurídica para que les entreguen los cuerpos, sino también con los apoyos necesarios para que a esa frustración de los familiares, le restemos cuando menos el problema de buscar dinero, porque cuando no lo tienen regularmente no recogen el cuerpo inmediatamente, regresan a sus comunidades a pedir prestado o a veces ya no regresan”, dijo el presidente de la CEAV.

Toman normalistas la caseta de Palo Blanco; piden dinero para ir a la CDMX a una marcha por los 43

Unos 30 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa tomaron la caseta de Palo Blanco de la Autopista del Sol durante una hora para pedir recursos y trasladarse hoy a la Ciudad de México, donde será la marcha nacional a 30 meses de los ataques en Iguala en los que desaparecieron 43 de sus compañeros.
Cerca de las 3:40 de la tarde los estudiantes de cuarto año de la Normal Rural llegaron a la caseta de Palo Blanco a bordo de dos autobuses de la línea Estrella de Oro. La mayoría de los jóvenes tenía el rostro cubierto.
Tras descender de los autobuses los normalistas se apoderaron de las cabinas de cobro y pidieron a los automovilistas una cooperación voluntaria, dinero que dijeron que usarán para acudir hoy a la Ciudad de México en respaldo a los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos.
Unos cien policías federales antimotines y el subsecretario de Asuntos Políticos del gobierno estatal, José Martín Maldonado del Moral llegaron al lugar. El funcionario ofreció a los normalistas proporcionarles cuatro autobuses más para que pudieran asistir a la manifestación en la Ciudad de México, al concluir el diálogo los jóvenes se retiraron.
No hubo incidentes durante la toma de la caseta de Palo Blanco.
La marcha será del antimonumento al hemiciclo a Juárez

Hoy se cumplen 30 meses de los ataques a los normalistas de Ayotzinapa en Iguala, al respecto Felipe de la Cruz dijo que a las 4 de la tarde en la Ciudad de México se llevará a cabo una marcha, del antimonumento a los 43 al hemiciclo a Juárez, para exigir el esclarecimiento de los hechos y la presentación con vida de los jóvenes.
Mencionó que el diálogo con el gobierno federal después de la sesión en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, Estados Unidos, está suspendido y no se han vuelto a retomar las mesas de trabajo, pero eso no significa que los padres dejarán de exigir justicia y el esclarecimiento de los hechos.
Informó que en junio próximo se llevará a cabo la Caravana Peninsular 43 Esperanzas por Ayotzinapa, durante la cual visitarán Campeche, Yucatán y Quintana Roo para seguir informando a la sociedad sobre el caso Iguala, y llevar a todo el país su demanda por la presentación con vida de los normalistas.

Defraudó el Estado a los padres de los 43; reunirse con autoridades será improductivo, dice Abel Barrera

 

El Estado defraudó a los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos y a la comunidad internacional al reactivar la versión de que los jóvenes fueron incinerados en el basurero de Cocula, en la sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aseguró el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, quien acompaña legalmente a los familiares de las víctimas.
En el cierre del periodo de sesiones de la CIDH en Washington los comisionados se refirieron al caso Ayotzinapa que se abordó en la sesión del 17 de marzo, y confirmaron que hubo una ruptura entre los familiares de las víctimas y el Estado mexicano, a la que siguió una reunión de trabajo “bastante difícil” donde hubo diálogo, dijo la comisionada Esmeralda Arosamena Troitiño.
Ayer en consulta telefónica, Barrera Hernández informó que en este momento no se van a reunir con las autoridades porque “será improductivo”, los padres van a esperar la mesa de trabajo con los comisionados de la CIDH en México, prevista para abril.
Denunció que la postura del Estado, que dio el subsecretario de Gobernación Roberto Campa Cifrián de considerar válida la tesis del basurero de Cocula, “fue abiertamente a la defensiva” y desconcertó a las mismas instancias internacionales que, en la sede de la Comisión, se haya desacreditado el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que con pruebas científicas descartó la tesis oficial del Estado.
Barrera Hernández añadió que hay 130 detenidos, y de ellos no más de 16 están vinculados con los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, y no están acusadas de desaparición forzada, sino de delincuencia organizada a pesar de que hay videos y testimonios de que estuvieron involucrados policías y militares.
Además de las irregularidades en el proceso de investigación, donde se presumen actos de tortura, detenciones que no están relacionadas con este caso, el gobierno sigue sosteniendo que es la versión más consolidada.
En el informe del Estado también se informó que se había atendido el 94 por ciento de las recomendaciones del GIEI, y el defensor aseguró que también es una falacia, porque no han entregado resultados.
Las autoridades “le apostaron a dar un informe, dieron datos vacuos para sobrellevar 20 minutos que le tocaban y el último minuto para reivindicar su postura dura del caso Ayotzinapa, para seguir administrando el caso políticamente, y es lo más perverso”.
Aclaró que lo que las víctimas pelean a las autoridades encargadas de la investigación de delitos, es que las actuaciones estuvieron viciadas para fabricar culpables.
“Hay una postura política que ha defraudado a los padres y ha defraudado a la comunidad internacional, cuando en la sesión pública vuelve reivindicar la hipótesis del basurero de Cocula como la más consolidada. Tiran todo el trabajo riguroso, científico, de alto profesionalismo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), y desautorizan la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes”.
Para el gobierno, por encima de todo ese trabajo está su versión que construyó desde diferentes instancias de la Procuraduría General de la República (PGR) con el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, denunció.
Ahora queda esperar la reunión con la CIDH y el mecanismo de seguimiento del caso Ayotzinapa en la Ciudad de México, con integrantes del equipo técnico.
De esta visita precisó que va más allá de que el gobierno declare que tiene disposición a seguir las líneas de investigación propuestas por el GIEI, sino que exprese apertura y voluntad, en la vía de los hechos, con resultados.
Mencionó que en la CIDH los padres y representantes hicieron solicitudes concretas: saber en qué fechas van a proceder contra los policías de Huitzuco y los policías federales implicados en los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, cuándo van a enviar los citatorios a los militares, en qué tiempo van a tener los resultados del análisis de la telefonía celular de los estudiantes desaparecidos y de los implicados, así como de la identificación de El Patrón y de El Caminante señalados en la investigación del GIEI, y todo lo que tiene que ver con la búsqueda de los normalistas.
“Más allá de decir ‘sí queremos avanzar’, de manera concreta deben decir en qué tiempo habrá resultados en estos puntos”. Después, que se renueve el compromiso del gobierno de que hay una decisión firme del gobierno de llegar a la verdad.
Mientras tanto, dijo que los padres y madres están recibiendo información más completa de lo que significa la posición política que asumió el subsecretario de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, para tener una valoración objetiva y al mismo tiempo puedan tener entrevistas y reuniones que serán en abril.
“El punto de la crisis está precisamente en que la PGR ha perdido credibilidad por estos manoseos, formas de investigar más centradas en el manejo faccioso de la escena de los hechos, creo que ese es el punto de discusión de fondo, y la importancia de que este mecanismo internacional ayude a desmantelar estos vicios de las investigaciones”, agregó.
“La ayuda internacional radica en que se obligue a las autoridades a corregir las inconsistencias, la falta de voluntad, porque sigue anclado a su verdad histórica, porque es la que más le acomoda a un gobierno que no quiere desarraigar la corrupción y los vicios de proteger a los responsables”, explicó.

 

Denuncian la desaparición de dos hombres de 23 y 31 años en Iguala la semana pasada

En hechos distintos fue denunciada la desaparición de dos jóvenes en las colonias Candelaria y Tamarindos, en la cabecera municipal de Iguala, llevan más de una semana sin ser localizados.
Apenas la semana pasada fueron reportadas las desapariciones de dos adolescentes de 13 y 15 años, así como el plagio de una joven de 21 años por hombres armados que se la llevaron a la fuerza en una motocicleta cerca del Periférico Oriente.
De acuerdo con información de fuentes policiacas de seguridad pública del estado, el miércoles de la semana pasada desapareció el joven Alejandro Quintero, de 23 años, vecino de la colonia Candelaria, ubicada al sur de la cabecera municipal.
Los familiares sólo dieron a conocer a las autoridades que la última vez que vieron al joven fue el miércoles pasado a las 2 de la tarde, pero desde ese día no regresó a su casa, ni han podido localizarlo.
En un segundo hecho, también se reportó la desaparición desde el lunes de la semana pasada de Pedro Ramírez Demetrio, de 31 años, vecino de la colonia Tamarindos, ubicada al noroeste de la ciudad, a unas seis cuadras del Zócalo.
Se informó que sus familiares lo han buscado en clínicas, hospitales, con parientes y amigos, así como en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) sin que hasta ayer haya sido localizado ni han tenido comunicación con él u otras personas que pidan algún tipo de rescate por su libertad.
Los dos casos fueron denunciados ante la agencia del Ministerio Público de esta ciudad, hasta ayer se desconocía su paradero.

Toman estudiantes y padres de Ayotzinapa una gasolinería en la CDMX por los 43 desaparecidos

Estudiantes normalistas de Ayotzinapa ocuparon las instalaciones de una gasolinería Hidrosina en las avenidas Insurgentes y Reforma de la Ciudad de México, para exigir la presentación con vida de los 43 jóvenes desaparecidos en Iguala.
Como parte de sus protestas de esta semana los manifestantes bloquearon el acceso al sitio y permitieron que algunos automóviles cargaran combustible de forma gratuita.
Además saquearon los estantes que contenían aceites y productos para vehículos.
Con los rostros ocultos con playeras, pintaron el lugar y sostuvieron mantas con la leyenda “Ayotzinapa en pie de lucha”.
Fueron rodeados por personal de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) capitalina. Tras la protesta se retiraron a su campamento.
Además, este sábado debido al Día Internacional de la Mujer, madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre en Iguala, estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y organizaciones sociales hicieron un mitin en el monumento a la Madre, ahí reconocieron la lucha histórica de la mujeres, y condenaron la opresión y la violencia contra ellas.
Consultado vía telefónica el abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra informó que a las 11 de la mañana más de 500 activistas de diferentes organizaciones sociales acudieron al monumento a la Madre.
Agregó que en el mitin participaron madres y padres de los 43 normalistas quienes reconocieron la lucha histórica de las mujeres.
Además se reconoció el valor inclaudicable de las madres de familia por buscar a sus hijos desaparecidos, “es por eso que se realizó el mitin con presencia de organizaciones sociales y estudiantiles de la Ciudad de México”.
El abogado dijo que también se habló de la carestía de la vida, de la reforma energética, y el incremento al precio de las gasolinas, el gasolinazo.
Precisó que este sábado se tomó simbólicamente la gasolinería que está ubicada a un costado del Monumento a la Madre.
Las organizaciones que acudieron al mitin fueron la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el Frente de Defensa Popular de la Ciudad de México, y estudiantes de diferentes universidades, entre otras.

Protestan padres de los 43 en juzgado de CDMX; exigen la admisión de un amparo contra la PGR

Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos protestaron en el juzgado Tercero de Distrito Administrativo, en la Ciudad de México (CDMX), para exigir la admisión de un amparo contra la resolución de la Visitaduría General de Procuraduría General de la República (PGR), que diluye la responsabilidad del ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio en las graves irregularidades que cometió en la investigación del caso.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) encontró que Zerón de Lucio hizo diligencias de las que no notificó ni están en los expedientes del proceso de investigación de los ataques, homicidios y desaparición forzada de estudiantes y otros civiles en Iguala.
Ayer acompañados de activistas los padres hicieron un mitin de 3 horas afuera de las oficinas del Poder Judicial en la colonia Tláhuac de la delegación Álvaro Obregón, mientras conseguían una entrevista con el juez Martín Adolfo Santos Pérez, en quien recayó la revisión de la solicitud de amparo bajo el folio 195/2017.
En consulta telefónica el abogado Vidulfo Rosales Sierra explicó que el amparo se entregó hace dos semanas, y señala que la resolución de la Visitaduría de la PGR viola el derecho de los padres al conocimiento de la verdad sobre los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014, entre otros perjuicios.
Pidieron que el juez admita la queja y en el estudio de fondo revise la legalidad de la resolución que emitió la PGR, que revise todas las irregularidades en que incurrió el actual secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional cuando estuvo al frente de la investigación, y que se restablezca la legalidad quebrantada por él.
Informó que los padres hicieron énfasis en que han recorrido todas las instancias de gobierno en busca de respuestas, y todas las instituciones se aliaron para mantener una versión oficial sobre el destino de sus hijos, descartada en siete ocasiones por expertos independientes mediante pruebas científicas.
Ayer solicitaron al juez que no le tiemblen las manos, si Zerón de Lucio violentó la ley que se le aplique una sanción acorde con el agravio y los delitos que generen sus acciones.
Abundó que hay una crisis en las instituciones y sus órganos de control interno, en los mecanismos anticorrupción y las contralorías que deben regular la función pública y velar por el respeto al Estado de derecho en las estructuras de gobierno, ya que no están dando resultados.
Demandó al juez que no acepte la política federal de solapar por consigna a los funcionarios que incurren en irregularidades y actos de corrupción.
Mencionó que esperan que en este proceso sí se tomen en cuenta todas las irregularidades cometidas la investigación, que llevaron a la tesis del procurador Jesús Murillo Karam que establece que los 43 desaparecidos fueron asesinados e incinerados por un grupo criminal, la cual llamó “verdad histórica”.
Precisó que a la par de este procedimiento la investigación sigue su curso mediante la oficina de investigación del caso Ayotzinapa en la PGR, que también avanza muy lento.
Denunció que los funcionarios de la PGR no quieren profundizar ni perfeccionar las líneas de investigación que recomendó el GIEI en abril, hace un año, sobre la participación de policías de Huitzuco en los ataques y la desaparición forzada de los estudiantes, y dos policías federales que tuvieron conocimiento del momento en que se los llevaron detenidos.
A la fecha, aseguró que no hay ni siquiera una consignación para detener a los policías de esas corporaciones que están plenamente identificados, y puede dar lugar a que evadan la justicia.
Agregó que los funcionarios de la PGR argumentan que no hay suficientes elementos para consignarlos, sin embargo, más allá de que jurídicamente no haya elementos, aseguró que políticamente no se quiere dar un paso en esa dirección porque implica abandonar la tesis oficial.
“Esa es la molestia, el hartazgo de los padres de familia, nosotros vemos que no hay interés ni voluntad de agilizar, de profundizar en tales líneas, la última detención que tenemos fue en esa ruta (de la verdad histórica), y hay otras 15 o 20 personas con orden de aprehensión ligadas a esa versión”, explicó.
Sin avances importantes, confirmó que no tenía caso acudir a la reunión de ayer en la PGR, que cancelaron con anticipación.
Los temas que quedaron pendientes de respuesta en la anterior sesión, el 9 de febrero, serán discutidos en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que ahí el gobierno mexicano haga compromisos con el organismo internacional.
Concretamente los temas pendientes son: la consignación de los policías municipales de Huitzuco, de los policías federales, la utilización de todos los recursos de búsqueda en vida o muerte sin escatimar la utilización de tecnología laser, el análisis rápido y exhaustivo de la telefonía celular, “de los que hemos monitoreado hay pocos avances, así la reunión no tiene razón”.
Del mecanismo especial de seguimiento del caso Ayotzinapa de la CIDH, que tenía programada una visita a México este mes, informó que se pospuso pero hace un seguimiento a distancia, y participará en la audiencia dentro del periodo ordinario de sesiones, en Washington DC.

Llaman los padres de los 43 normalistas a “unir todas las luchas contra la impunidad”

A 29 meses sin saber de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, padres y madres de los estudiantes buscan “unir todas las luchas contra la impunidad” en el país en un solo movimiento social, sostuvo Mario González Contreras, padre de uno de los jóvenes desaparecidos.
Tras convocar a la quinta Convención Nacional para el viernes 25 y sábado 26, informó que en los recorridos por diversas ciudades del país los padres de los estudiantes encontraron “a otros padres y madres con hijos desaparecidos o familiares de personas que fueron asesinadas por autoridades federales y que no han tenido justicia”.
Vocero de las familias de los 43 desaparecidos, González Contreras mencionó que en las caravanas recogieron preocupaciones e inconformidades “contra el Estado represor”.
El objetivo del movimiento de los padres de los 43, agregó, “no sólo es mantener viva la exigencia para encontrar con vida a los muchachos, sino para cambiar el rumbo del país, junto con otros que como nosotros sufren y que juntos tenemos que encontrar la salida”.
La Convención Nacional es independiente de la reunión que sostendrán los padres y madres con el procurador General de la República, Raúl Cervantes, el próximo 9 de marzo, fecha en que los padres emplazaron al funcionario para informar de las acciones de búsqueda de sus hijos.
En la convocatoria lanzada por los familiares de los 43 a organizaciones de todo el país, se sostiene que en México han aumentado los casos de violaciones a derechos humanos, sobre todo “la proliferación de desapariciones forzadas, además del uso de la tortura y la persecución de líderes sociales y opositores régimen”.
Tal situación, agrega, “ratifica la vigencia de la lucha por la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y por la libertad de todos los presos por razones de conciencia”.
Entre los temas que se consideran de preocupación que unifican a organizaciones de todo el país, resaltan la “pérdida creciente de la soberanía alimentaria y energética”, la profundización de “la crisis de derechos humanos a causa de la militarización de regiones cada vez más amplias”, las secuelas que traerá para los mexicanos “el advenimiento de un gobierno racista, beligerante y ultraconservador en los Estados Unidos”, así como los incrementos de los precios de los hidrocarburos, que detonaron “una ola de protesta que dan cuenta de la notoria irritación social que tiene como antecedente los conflictos no resueltos” en todo el país.
De acuerdo con el programa de actividades, que se realizarán en las instalaciones de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), los próximos viernes y sábado, las organizaciones sociales participantes presentarán un panorama de la situación actual e se instalarán mesas de trabajo para el diseño de un “programa de lucha y construcción de un referente nacional”, así como un “plan de acción”.

Exhumará hoy restos humanos que un campesino sepultó en Huitzuco, informa la PGR

 

Agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) exhumarán hoy los restos de una o más personas del panteón municipal de Huitzuco, los cuales fueron hallados entre 2013 y 2014 por un campesino en un terreno de cultivo donde se construyeron casas, y que al no ser levantados por la Fiscalía los sepultó en el cementerio.
En declaraciones la tarde de ayer vía telefónica, el buscador de fosas clandestinas expulsado del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, Mario Vergara Hernández informó que como parte del proceso de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) por el caso del secuestro y desaparición de su hermano Tomás Hernández, se le informó de esta diligencia que se hará en el panteón municipal.
Su hermano fue secuestrado y desaparecido el 5 de julio de 2012 en Huitzuco, él contactó a un testigo anónimo que le informó del hallazgo de restos humanos en fosas clandestinas en un terreno de cultivo de la cabecera municipal, mismo en el que se inició la construcción de una unidad habitacional pero la obra quedó abandonada.
Informó que en el patio de una de las casas abandonadas, que al parecer fue usada como casa sicarios de la delincuencia organizada localizó el cuerpo de una mujer.
Su fuente denunció el hallazgo a las autoridades pero éstas le indicaron que se “deshiciera” del cuerpo para que no tuviera problemas, lo cual hizo y la abandonó en el respiradero de una mina abandonada de una zona cercana. Ese cuerpo no ha sido recuperado.
Agregó que tiempo después, entre 2013 y 2014 el mismo hombre localizó en esa zona bolsas de plástico con restos de cuerpos humanos desmembrados, sin saber cuántos ya que no tenían las cabezas.
Dijo que al igual como pasó con el cuerpo de la mujer reportó a las autoridades ministeriales pero nunca fueron a recoger los restos, por lo que les arrojó agua bendita y los sepultó de manera clandestina en un predio junto al panteón municipal de Huitzuco, en el que con los años se hizo una extensión del camposanto.
El familiar de uno de los más de 350 desaparecidos que llegaron al colectivo de Iguala, informó que hoy participará en la diligencia que harán peritos y agentes del Ministerio Público de la PGR, para conocer las condiciones de los restos humanos y que éstos se incluyan en las investigaciones para que puedan ser identificados y entregados a sus parientes.

 

Endurecerán su estrategia por la presentación de los 43 normalistas, advierten los padres en Puebla

Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos advirtieron en Puebla que en los próximos días endurecerán la estrategia para exigir al gobierno federal el esclarecimiento sobre el paradero de sus hijos.
Mientras que la caravana que fue a Guadalajara, Jalisco, se reunieron con organizaciones urbanas que insistieron en la necesidad de unir diferentes luchas para exigir soluciones reales a las autoridades.
“Es momento de cambiar estrategia… que sepa el gobierno de (Enrique) Peña Nieto que si no nos entregan a los 43 normalistas vamos a empezar a actuar de manera diferente en la estrategia de lucha. Ya fuimos pacíficos dos años cuatro meses y días, pero hoy tenemos la necesidad más grande”, expuso en Puebla el portavoz de los familiares, Felipe de la Cruz Sandoval.
En rueda de prensa en el mercado Hidalgo, acompañados por dirigentes de la organización de vendedores ambulantes 28 de Octubre, Cruz Sandoval dijo que al paso del tiempo el gobierno de Peña Nieto cree que va ganando terreno y que la lucha por los 43 se diluirá.
Consideró que el gasolinazo decretado en enero pasado es una forma de distraer la atención sobre la desaparición de los estudiantes.
“Se le olvida que también somos mexicanos. El aumento de la gasolina es un doble golpe para nosotros, no están nuestros hijos y nos quiere hundir en la pobreza”, manifestó.
Reiteró que no habrá negociación alguna hasta encontrar a los jóvenes desaparecidos y castigar a los responsables, porque “no tenemos nada qué negociar porque los hijos no se negocian. Estamos seguros que si nosotros encontramos a los jóvenes y castigamos a los culpables, todas las reformas aplicadas por Peña Nieto se caen”.
Mario César González Contreras, otro de los voceros del movimiento, mencionó que recientemente tuvieron una reunión con funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) en la que se les pidió que tuvieran confianza.
“Tanto fue el cinismo de pedirnos confianza”, reclamó, al indicar que en esa reunión los representantes de la dependencia los quisieron engañar al reducir los señalamientos contra Tomás Zerón de Lucio, el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
“De 18 faltas penales que se le habían encontrado, nos quisieron asegurar ahora que sólo son siete faltas y administrativas, no penales”, denunció.
El vocero dijo que del gobierno federal siempre han encontrado el ocultamiento de información y protección para los funcionarios públicos.
Tal es el caso de la libreta negra que fue decomisada al presunto líder del grupo criminal Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado, donde aparecen los nombres de Leonardo Vázquez y Omar Hamid García Harfuch, el primero funcionario de la Fiscalía General del Estado de Guerrero y el segundo ex jefe de la Policía Federal en Iguala y ahora director de la Agencia de Investigación Criminal en sustitución de Zerón de Lucio.
Los inconformes indicaron que esa información se ocultó al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigaba el caso, igual que el principal jefe de Guerreros Unidos fue detenido en Puebla con un camión con drogas y dólares.
González Contreras lamentó que ellos y el resto de los mexicanos no hayan sabido defender al grupo de expertos que fueron corridos del país cuando avanzaban en las investigaciones y pudieron haber resuelto el caso, lo que no ha ocurrido con los crímenes de Estado cometidos en este país desde 1968.
“Estos 43 padres ya están decididos a todo, no sabemos hasta dónde podamos llegar, hasta dónde tengamos la capacidad de llegar, pero lo que sí pueden estar seguros es que vamos a seguir luchando por esos 43 hijos”, advirtió.
Vía telefónica Felipe de la Cruz informó que en Puebla un grupo visitó al líder de la organización de ambulantes 28 de Octubre, Rubén Sarabia Sánchez, Simitrio, en el hospital general donde está con vigilancia policiaca porque está privado de su libertad desde 2001.
Indicó que el luchador social agradeció la visita y conminó a continuar. En la tarde se trasladaron a Tlaxcala para pernoctar en la Normal Rural Benito Juárez, en Panotla y hoy muy temprano encabezarán un mitin en Huamantla, de donde es originario el normalista desaparecido César Manuel González Hernández. A las 2 de la tarde, se prevé una conferencia de prensa en la capital y una reunión con las organizaciones de aquel estado.

Se reúnen con organizaciones de México Despierto en Guadalajara

En Guadalajara, Jalisco, organizaciones urbanas aglutinadas en el frente México Despierto insistieron en la necesidad de reunir diferentes luchas para exigir soluciones reales a las autoridades, durante la caravana en estados del Bajío y el norte del país de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos.
En consulta telefónica el abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra informó que los padres fueron recibidos en Tonalá por movimientos campesinos y en la capital del estado por sindicatos y colectivos estudiantiles y populares, unidos en un frente de lucha durante las protestas contra el alza a los precios de los combustibles que denominaron México Despierto.
Indicó que el planteamiento de los padres es actualizar la información de la investigación de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala que tiene la Procuraduría General de la República (PGR), de las líneas de investigación que no han sido abordadas y la necesidad de impulsar con presión el trabajo de las autoridades.
Coincidieron con las organizaciones en que la movilización debe de ser palanca de presión para que la investigación avance, y no sólo en el caso Ayotzinapa, sino en la necesidad de hacer fuerza con otras luchas para resolver éste y otros problemas, “porque hay muchas demandas, muchos dolores, otros sufrimientos que es necesario aglutinar”.
Indicó que a las 10 de la mañana fueron recibidos en Tonalá por representantes de unas 15 organizaciones de movimientos en defensa de los bosques y contra proyectos de presas hidroeléctricas.
A las 2 de la tarde llegaron al Sindicato de Empleados Públicos del Sistema Intermunicipales de Alcantarillado y Agua (Sepsiapa), donde estuvieron representantes de 25 organizaciones.

La Convención aprobará el nuevo plan de acción

La quinta Convención Nacional Popular convocada por los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa para el 26 y 27 de febrero en la ciudad de México, se realizará bajo el formato de plenarias y mesas de trabajo, para aprobar el nuevo plan de acción de este año por distintas demandas sociales, incluidos los migrantes.
Según la convocatoria participarán los delegados debidamente acreditados por organizaciones participantes, en la sección novena de la CNTE ubicada en Belisario Domínguez 32 colonia Centro Histórico.
El primer tema será el diagnóstico de la situación de México: la pérdida creciente de la soberanía alimentaria y energética de la nación, el incremento exponencial de la deuda externa del país y la depreciación acerada del peso frente al dólar que llevó al drástico recorte del presupuesto gubernamental.
Asimismo la profunda crisis de derechos humanos a causa de la militarización de regiones cada vez más amplías del país, y que los casos de violaciones de derechos humanos se incrementan día con día con la proliferación de las desapariciones forzadas.
Lo que “ratifica la vigencia de la lucha por la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y por la libertad de todos los presos por razones de conciencia”.
Suman “el advenimiento de un gobierno racista, beligerante y ultraconservador en Estados Unidos cuyas políticas afectarán los derechos de los migrantes mexicanos y de millones de mexicanos que verán lesionados sus niveles de bienestar y sus derechos humanos”.