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Toman los forenses argentinos muestras de ADN a familiares de seis desaparecidos de Chilapa

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) comenzó este martes los estudios a los familiares de desaparecidos en los municipios de Chilapa y Zitlala, para la confronta de su ADN con el de los cadáveres encontrados cerca del cerro de Tenanchitla, municipio de Zitlala en noviembre del año pasado, y a los cuerpos y restos depositados en gavetas del Cementerio Estatal Forense hace un mes.
Ayer fueron seis de 37 familias de desaparecidos que pueden acudir en los próximos siete días a practicarse el estudio correspondiente.
Los familiares que acudirán en esta primera etapa son solamente del colectivo Siempre Vivos de Chilapa, que reciben el acompañamiento del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón.
Las seis familias se concentraron desde las 10 de la mañana en un aula del Centro Estatal de Capacitación de la Fiscalía General del Estado (FGE), en donde los peritos argentinos les aplicaron un cuestionario para conocer las circunstancias en que desapareció su familiar y conocer las señas particulares. Después les tomaron las muestras de ADN.
Circunstancialmente el fiscal Javier Olea Peláez recorrió en la mañana algunas áreas del edificio donde se hacían los estudios, en la explanada presenció las prácticas de entrenamiento de un grupo de agentes ministeriales.
Consultado respecto del trabajo de los peritos argentinos rechazó que sea por desconfianza a la labor de la Fiscalía, como lo denunciaron el lunes en Chilapa el presidente del Colectivo Siempre Vivos, José Díaz Navarro y el presidente del Centro Morelos, Manuel Olivares Hernández.
Dijo que, por el contrario, con los resultados de su peritaje van a comprobar la certeza de los estudios que la Fiscalía ha hecho a los cadáveres que se encuentran en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) y los que han sido trasladados al Cementerio Estatal Forense.
El lunes en Chilapa fue la primera reunión de los integrantes del EAAF con los familiares de desaparecidos agrupados en el colectivo Siempre Vivos de Chilapa, y allí acordaron iniciar los estudios este martes en las instalaciones de la Fiscalía.
En los próximos siete días se van a tomar entre 10 y 12 muestras diarias a tres familiares por cada desaparecido, éstos pueden ser la madre, el padre y un hermano o un hijo del desaparecido si lo tuviera. Aunque en algunos casos únicamente podrían ser dos personas a las que se les practique el estudio.
Los familiares que acudieron ayer son de seis desaparecidos durante la incursión de civiles armados del grupo denominado Paz y Justicia, del 9 al 14 de mayo de 2015 en Chilapa.
El presidente del Centro Morelos de Chilapa, Manuel Olivares Hernández declaró que el trabajo del EAAF es importante para dar certeza a los familiares y a los ciudadanos en general, pues dijo que no tienen confianza en las autoridades estatales y federales en cuanto a los peritajes se refiere.
“La ciudadanía tiene mucha desconfianza de los resultados que a veces se ofrecen por parte de los gobiernos federal y estatal, a pesar de que digan que hay muchos avances en la forma de hacer su trabajo, pero para mayor certeza y seguridad de los familiares es necesario que se haga este tipo de trabajo por parte de peritos independientes, porque sólo así se estaría aceptando un resultado que fuera positivo por parte de los servicios periciales de la Fiscalía, si éste concuerda con el del EAAF”, explicó.
El Centro Morelos ha venido acompañando a familiares de 97 desaparecidos, algunos desde el 2013, pero Olivares Hernández explicó que no todos han presentado denuncias y no existe averiguación previa o carpeta de investigación.
Informó que de estas 97 personas desaparecidas solamente presentaron denuncias 37, por lo que serían las únicas que podrían presentarse en los próximos siete días a practicarse los estudios.
Aunque Olivares Hernández aclaró que hay algunos familiares de estos 37 desaparecidos que mantienen la esperanza de encontrarlos con vida, y no han aceptado la toma de muestras porque no esperan encontrarlos muertos, “muchos prefieren mantener la esperanza de que su familiar va a aparecer con vida”.
Explicó que hasta la mañana de ayer habían confirmado familiares de 27 de los 37 desaparecidos con averiguación previa o carpeta de investigación que están de acuerdo en practicarse los estudios, pero insistió en que en esta primera etapa podría aplicarse la prueba a familiares de las 37 víctimas.
Servicios periciales de la FGE aprovechó la presencia de los familiares de los desaparecidos para practicar sus propios estudios, y al respecto Olivares Hernández criticó que “eso es un indicativo de que no hicieron su tarea en su momento”, y que no se habían realizado los estudios a los familiares de los desaparecidos por la falta de confianza a las autoridades estatales. Olivares informó que los resultados de las muestras podrían estar listos aproximadamente en dos o tres meses, y anunció que en marzo se tomarán las muestras a los 43 cadáveres y a las nueve cabezas que fueron encontrados en el cerro de Tenanchitla, del municipio de Zitlala, para la confronta.
Informó que también se aplicarán los estudios a los 11 cuerpos que se encontraron en el crucero de Ayahualulco en octubre del año pasado, por lo que consideró que serán alrededor de 50 cuerpos hallados en los últimos meses a los que se les van a practicar los estudios.

Vamos a aprender de los peritos, reconoce el fiscal

Cuando los peritos del EAAF hacían su trabajo en una aula del Centro Estatal de Capacitación, llegó al edificio el fiscal Olea Peláez quien recorría las áreas aledañas. Consultado respecto al trabajo de los peritos argentinos, informó que su intervención fue a petición del presidente del colectivo Siempre Vivos de Chilapa, José Díaz Navarro, y del Centro Morelos, “y nosotros no tuvimos ningún inconveniente porque pueden mejorar los estudios que nosotros tenemos hechos”.
El lunes el presidente de Siempre Vivos José Díaz, y el presidente del Centro Morelos Manuel Olivares declararon en Chilapa que solicitaron la intervención de los peritos del EAAF porque hay desconfianza en el trabajo de la Fiscalía General del Estado.
Consultado al respecto el fiscal rechazó que haya desconfianza, “ellos (los antropólogos argentinos) se darán cuenta que los estudios periciales que hemos hecho a los cuerpos encontrados en fosas son los idóneos”, consideró.
Dijo que el hecho de que los peritos argentinos estén aquí, para la Fiscalía es importante para que “renueven lo que hemos avanzado y enseñen a nuestros peritos más circunstancias”.
Olea Peláez declaró que la coordinación de periciales de Guerrero está muy avanzada, y que por eso la FGE no tuvo inconveniente en que los peritos argentinos hicieran los peritajes, “porque no nos perjudica, al contrario, nos pueden enseñar”.
Agregó: “el aprender más no empobrece, nos pueden enseñar muchas cosas para ser más rápidos y ser más precisos, por eso, adelante, que bueno que están aquí”.

En las caravanas norte y sur, padres de Ayotzinapa exigirán avances en las investigaciones: Vidulfo

Con la nueva caravana por el norte y sur del país, los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa buscan construir un mecanismo de supervisión que exija avances en las investigaciones de los crímenes del 26 y 27 de septiembre en Iguala, informó el abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra,
En consulta telefónica sobre la gira que comenzó el sábado en Chiapas y ayer pasó por Oaxaca, en el sur del país; y en la ruta del norte, comenzó ayer en Querétaro, explicó que el mecanismo especial de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un “motor” importante en la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR), sin embargo, no tiene el mismo peso que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que podía “meterle el hombro a la investigación”.
Ahora, indicó que toca a los padres impulsar la investigación ante los mínimos resultados de la PGR, desde la salida de los expertos en abril de 2016.
Aclaró que por medio de los abogados coadyuvantes y con el acompañamiento de las organizaciones, van a construir un mecanismo de supervisión en las mesas de seguimiento mensual que se retomaron el 9 de febrero con la PGR y la Secretaría de Gobernación.
Recordó que en la mesa la PGR y Segob se comprometieron a consignar a los policías federales y municipales de Huitzuco involucrados en la detención de un grupo de los 43 desaparecidos “en un plazo breve”; a continuar la búsqueda de los estudiantes sin escatimar recursos, a fortalecer la oficina de investigación para impulsar el análisis de la telefonía celular e investigaciones en campo, y a continuar las reuniones de información mensuales.
Desde Querétaro, en el mitin que se realizó en el jardín de la Corregidora, explicó que en esta caravana van a recorrer sólo los puntos donde hay colectivos muy activos que mantienen la demanda de presentación con vida de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, cada mes, desde el 26 de septiembre de 2014.
Explicó que en los mítines y reuniones los padres van a actualizar la información que recibieron de la investigación, y a invitarlos a la quinta convención que realizarán en la ciudad de México el 25 y 26 de septiembre para discutir la situación actual de los movimientos, y la manera de cómo seguirán construyendo referente nacional de lucha de los padres de los estudiantes de Ayotzinapa.
Consideró que la información del caso, a veces por la distancia, llega difusa a los estados, y los padres llevan los líneas de investigación que no ha abordado la PGR, los obstáculos para avanzar en las mismas y los obstáculos sobre las investigaciones internas a los funcionarios que ha impedido tener resultados.
Antes, dijo que esperaban que en la mesa de seguimiento con funcionarios de PGR y Gobernación, el 9 de febrero, acudiera algún integrante del Mecanismo Especial de Seguimiento de la CIDH, pero ayer aclaró que no fue posible. No obstante, el equipo operativo técnico del mecanismo tiene prevista una visita este mes y otra a fines de marzo o principios de abril con el relator para México, Enrique Gil Botero.
Adelantó que en las sesiones de marzo de la CIDH, habrá una audiencia del caso Ayotzinapa en la sede de la CIDH, para que México, como Estado, informe sobre el cumplimiento de las medidas cautelares para los 43 normalistas desaparecidos, la atención de los heridos y demás víctimas de los ataques a balazos en Iguala, Guerrero, ocurridos hace 28 meses.
La caravana que va en la ruta norte, estará en San Luis Potosí, seguido de Guadalajara, hará paradas en Irapuato, Guanajuato, y terminará en el 17 en Tiripetío y Morelia, Michoacán.
El vocero Felipe de la Cruz, que viaja en la ruta sur, informó que en Chiapas fueron recibidos en la sede del sindicato de maestros de la sección 7, en Oaxaca, por la sección 22; en los dos estados tuvieron reuniones y mitines. Hoy llegarán a Puebla, continúan en Tlaxcala y terminan el 17 en Hidalgo.

Reanudan hoy el diálogo con la PGR, informan los padres de los 43 normalistas

 

A seis meses de que se rompió el diálogo, hoy los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos reanudarán la comunicación con la Procuraduría General de la República (PGR) y el gobierno federal, para conocer los avances de la investigación de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, así como las irregularidades en el proceso señaladas por expertos independientes.
En consulta telefónica el vocero Felipe de la Cruz informó que en esta reunión esperan a integrantes del mecanismo especial de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong en las instalaciones de la PGR en la Ciudad de México.
Antes el abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra informó que para esta mesa exigieron los resultados de la investigación interna sobre el ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, ahora secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, no obstante la investigación que lleva a cuestas por obstrucción de la justicia en el caso Ayotzinapa.
Dijo que solicitaron información de la consignación pendiente de los policías de Huitzuco que detuvieron a un grupo de los 43 normalistas desaparecidos frente al Tribunal Superior de Justicia, así como de dos policías federales identificados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que estuvieron en el lugar y permitieron las atrocidades cometidas contra los estudiantes.
Además las acciones de búsqueda de los normalistas, como las líneas de investigación relacionadas al trasiego de droga en Iguala y del quinto camión, probablemente cargado de droga o dinero, según la tesis del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que permitiría entender el nivel de violencia y coordinación de distintas corporaciones policiacas con la delincuencia organizada en la agresión a los normalistas y otros ciudadanos.
El 18 de agosto de 2016 los padres de los estudiantes desaparecidos abandonaron la mesa con la PGR, porque los funcionarios estaban dando largas a la presentación de resultados de la investigación interna contra Zerón de Lucio por la manipulación de evidencia que reveló el GIEI desde finales de abril, del mismo año.
En su informe final como coadyuvante de la investigación, el GIEI mostró una videograbación extraoficial tomada en el río San Juan el 28 de octubre de 2014, donde se observa a Zerón con peritos de la PGR recogiendo materiales muy parecidos a la evidencia que presentaron al siguiente día con fragmentos de huesos humanos, que permitieron la identificación positiva de Alexander Mora Venancio, uno de los 43 desaparecidos.
Sin embargo Zerón sólo documentó la operación del 29 de octubre que también realizó a espaldas de los expertos y peritos independientes, representantes de los familiares. A la fecha no hay certeza del lugar del que se sacaron esos restos humanos.
Felipe de la Cruz informó que después de la reunión en la PGR, el sábado 11 de febrero los padres de familia comenzarán otra caravana en dos rutas, al norte y al sur del país para convocar a la Asamblea Nacional de los Indignados, que será el 25 y 26 de febrero en la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México.
Al norte tendrán actividades en Querétaro, San Luis Potosí, Guadalajara y Michoacán, y en el sur en Tuxtla Gutiérrez, Puebla, Oaxaca, Huamantla (población) y Tlaxcala (capital) así como en Cuernavaca y Amilcingo, Morelos, del 13 al 17 de febrero.

Marchan activistas y padres de los 43 en la capital en memoria del guerrillero Genaro Vázquez

La presentación con vida de los 43 alumnos de Ayotzinapa desaparecidos, la libertad de los presos políticos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y la no reelección de rector en la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), fueron las demandas de la marcha para recordar al líder guerrillero Genaro Vázquez Rojas, en su 45 aniversario luctuoso.
La marcha de unos 600 manifestantes fue encabezada por los padres de los 43 estudiantes detenidos-desaparecidos hace 28 meses, seguidos de alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa e integrantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones del Estado. Salió a las 12 del día del monumento a Vicente Guerrero.
El Movimiento Popular Guerrerense (MPG) se separó con unos 80 integrantes de la corriente de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG) que encabeza Antonia Morales Vélez, debido a un desacuerdo en la organización de los contingentes.
Mientras la protesta del MPG concluyó con la conmemoración en el Zócalo de Chilpancingo, los padres de Ayotzinapa hicieron una parada en las oficinas del programa federal Prospera, en respaldo a los trabajadores despedidos que ayer sumaron diez días en plantón.
En la alameda los padres de Ayotzinapa y organizaciones fueron recibidos por el movimiento independiente de los caídos del 60, el Colectivo Insurgencia Universitaria Guerrerense que montó una exposición de fotos del ataque del 30 de diciembre en ese lugar, de militares armados contra civiles hace 56 años. Ahí estaban también alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN).
El acto político fue convocado por estudiantes de Ayotzinapa en memoria del maestro egresado de la Normal Rural y fundador de la Asociación Cívica Guerrerense, ahí ratificaron que continuarán movilizados mientras sus compañeros no sean presentados por las autoridades.
La activista del movimiento de los caídos del 60, Roberta Campos Adame recordó que Genaro Vázquez era unos de los dirigentes del movimiento estudiantil y popular de 1960 que devino en la creación de la UAG, como integrante de la coalición de organizaciones sociales.
Del rumbo que tomó la Universidad en los últimos años advirtió que, “están equivocados aquellos que piensan que postrando a la UAG a los pies del Estado vamos a tener mejores condiciones”.
Trabajadores despedidos injustificadamente del programa Prospera aseguraron que van “a defender con uñas y dientes” su fuente de trabajo, y no obstante la represión y el hostigamiento permanecen en plantón día y noche.
En el acto político frente al monumento a los caídos de la plaza Granados Maldonado, la mamá del policía comunitario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria preso en Chilpancingo, Samuel Ramírez Gálvez, Beatriz Gálvez aseguró que su hijo ya habría cumplido la condena por el delito que le imputaron si tuviera una sentencia. En octubre cumplió tres años privado de su libertad.
Con ella estuvieron las esposas de los integrantes de la CRAC, Gonzalo Molina Gonzalez, y de Arturo Campos Herrera que también están en prisión desde el 2013.
Un normalista aseguró que continuarán movilizados hasta que las autoridades acepten que la versión del basurero de Cocula es una mentira.

 

Debe parar la impunidad en México o impactará en las nuevas generaciones, advierte Beristain

 

El especialista en víctimas de violencia y tortura del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Carlos Martín Beristain denunció que por más leyes que se elaboren en México, si no se implementan políticas con empatía hacia las víctimas, si no se quiebra el círculo vicioso de violencia-impunidad-corrupción, se impactará a las nuevas generaciones.
“Si vemos que nada se transforma puede ayudar a generar insensibilidad y falta de conciencia, y ese impacto va proseguir en México en las próximas generaciones, ese es el horizonte, no del próximo año, no del próximo sexenio, de las próximas generaciones”, advirtió preocupado.
Consultado por teléfono en el marco de su visita para presentar su libro El tiempo de Ayotzinapa sobre sus vivencias en el periodo en que cinco expertos extranjeros fueron coadyuvantes de la Procuraduría General de la República (PGR) en la investigación de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, dijo que si desde las instituciones siguen llamando levantado a un desaparecido, se le convierte en un subhumano que no genera empatía ni conciencia, como ejemplo del inadecuado tratamiento de las víctimas.
Aseguró que la peor receta para atender la desaparición de personas es mirar a otro lado, como ocurre en el país.
Carlos Beristain es el único de los especialistas extranjeros con labor previa en México del GIEI. Indicó que en 2012 trabajó con familias de desaparecidos en la atención psicosocial con talleres, espacios de dolor y de llanto, y habló entonces de la necesidad de una política de atención a víctimas ante la prensa.
Al volver a México con el GIEI para el caso Ayotzinapa no tenía un conocimiento profundo de la desaparición forzada ni del sistema judicial, lo que sabía era a partir de los relatos de los familiares que recurrían a diferentes leyes, y que mostraba que no era un problema aislado.
Cuando aquellas familias acudieron al Ministerio Público con un caso de desaparición siempre les decían que volvieran después, “y esas son prácticas de desprecio para la gente, es la peor práctica para la atención del problema”, dijo.
Al comenzar la coadyuvancia en el caso Ayotzinapa, cinco meses después del asesinato de seis personas y la desaparición forzada de 43 normalistas, todos los especialistas tenían claro que el caso implicaba una tarea inmensa, muy compleja, que les tocaba desentrañar cosas poco claras y enfrentar el aparato del Estado, relató.
Agregó que empezaron con la convicción de que era un enorme desafío que sí se podía resolver, y también comenzaron a enfrentar obstáculos para llegar a la verdad.
No obstante en el primer informe lograron reconstruir la historia que había sido contada de forma tergiversada o parcial, y las fuentes fundamentales fueron los sobrevivientes y los familiares de la Normal de Ayotzinapa y del equipo de fútbol Los Avispones.
Sin embargo en el segundo informe dependían del avance de la investigación de la PGR, “y no sé por qué no se hicieron (los peritajes y recomendaciones) y eso nos dejó frustrados”.
Recurrieron a otras fuentes, periodistas de Guerrero que hicieron aportaciones, pero los expertos no pudieron intervenir a más.
Insistió en que “sí se puede resolver el caso”, es decir, determinar el paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, sin embargo, “incomodamos a ciertos actores y el miedo a la verdad no es positivo para México, con tanto dolor”.
Desde su experiencia en diferentes países, aseguró que la única forma de sanar a las familias es que reciban respuestas desde la verdad, si no hay verdad no habrá paz, no sólo en Ayotzinapa, sino en todas las familias con seres queridos desaparecidos.
Dijo que en otros países los familiares, no los gobiernos, han permitido los movimientos amplios para buscar la verdad, “a pesar del enorme estrés que representa han convertido la lógica del afecto en una conciencia de derechos humanos más amplio”.
No sólo los impulsa el amor a sus hijos, sino la confianza que alcanzan con otros padres.
También es necesaria la atención nacional e internacional, el apoyo colectivo con otras víctimas y abrir la conciencia para moverse hacia una transformación.
En el libro narra su experiencia sin los tecnicismos del informe, cómo lograron avanzar ante los obstáculos y encontraron elementos insólitos que permitieron descubrir situaciones que se intentaron ocultar, como el quinto autobús y el trasiego de droga en el transporte público, que de acuerdo con la tesis de los expertos, pudo ser la razón del ataque indiscriminado y coordinado contra los estudiantes.
Reconoció que desde el primer informe se dieron cuenta que “había un punto de no retorno”, que las autoridades trataban de sostener la versión del basurero de Cocula, que dice que ahí fueron incinerados los desaparecidos, incluso cambiando un poco la historia para adecuarla a las circunstancias que se iban develando.
“Esa fue la peor solución”, pues los nuevos testimonios que se tomaron en el camino “eran como una manta que se tira de un lado y tapa una esquina y deja descubierta otra cosa”, no ajustaba con la realidad y se evidenciaban más irregularidades, como tortura a los inculpados.
Asimismo, la diligencia en el río San Juan donde funcionarios de la PGR sembraron evidencia para colocar el resto de uno de los 43 estudiantes desaparecidos, “la respuesta dada después por el gobierno es un mal síntoma, la peor receta para el caso y para el país y sólo alarga más una solución”.
En cuanto a si tiene confianza en que se conozca la verdad del caso Ayotzinapa y de los desaparecidos del país, dijo que la verdad siempre se empeña en salir si quien la empuja son los familiares, pero también refirió una frase de su compañera la experta colombiana Ángela Buitrago, “tiempo que pasa, verdad que se aleja”.
Recordó que en el segundo informe de trabajo señalaron los problemas estructurales en la investigación y dejaron en 22 puntos para mejorar el sistema de procuración de justicia.
Aseguró que si se atienden las recomendaciones como lo han visto en otros países, la situación va a cambiar.
“El círculo de violencia-corrupción-impunidad-violación de derechos humanos se quiebra en la impunidad. Si se mantiene la impunidad se mantienen los círculos de complicidades políticas, de corrupción y violencia. No hacerlo contribuiría a fomentar la violencia, lo único que se va a hacer es mirar a otro lado”.

Homenajea el MPG al fallecido líder Benigno Guzmán en Acapulco; pide seguir su ejemplo

En la conmemoración del primer aniversario luctuoso del fundador de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Benigno Guzmán Martínez, integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) pidieron recordarlo siguiendo su ejemplo de lucha.
En declaraciones Oscar Guzmán Rivera de la OCSS, dijo que la organización sigue armando los expedientes de las personas desaparecidas en Coyuca de Benítez, de las que tiene 15 casos registrados.
Unos 50 activistas de diferentes organizaciones que están integradas al MPG se reunieron en la explanada del Palacio Municipal para homenajear con una actividad político-cultural al luchador social y ex preso político, de quien hoy es su aniversario luctuoso.
El primo de Benigno, Oscar Guzmán enfatizó que la violencia e inseguridad es la forma en la que las autoridades tienen controlada a la sociedad para que no se manifieste.
Convocó a los asistentes a sumarse a la lucha social porque “la memoria de los luchadores sociales se les honra haciendo el trabajo que ellos nos heredaron, cumpliendo la responsabilidad por la que ellos entregaron su vida”.
De Organización Social Democrática de Guerrero, Víctor Barrios Zarabia expuso que lo único que buscan los luchadores sociales es que la gente viva mejor, convocó a manifestarse para detener el aumento de los precios de productos y servicios porque, “si no paramos esto se va a sufrir de hambruna”.
Mario Martínez, hijo del fallecido líder del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG), Bertoldo Martínez, recalcó que la lucha siempre es en defensa de los pobres.
Elías Bernal Chapín, también del FODEG, recalcó que si no se organizan contra el sistema capitalista la situación económica será “peor”, que “todos nos convertiremos en esclavos modernos”.
Enfatizó que no se debe de ser apático para detener al imperialismo. Expuso que en Guerrero los proyectos que se proponen e impulsan es pensando en el neoliberalismo.
Recalcó que la violencia no es casual, sino que es la forma del gobierno para infundir miedo al pueblo para que proteste ni se manifieste.
Llamó a pensar en qué nación se quiere dejar a las próximas generaciones y crear conciencia partiendo de que los luchadores sociales como Benigno Guzmán que “dieron todo por todos”.
Dos estudiantes de la preparatoria Digna Ochoa de Tixtlancingo recitaron dos poesías, Papá granadero y A dónde van los soldados.

Registran 15 desaparecidos en Coyuca

Oscar Guzmán Rivera denunció que siguen las desapariciones en todo el estado y el país, “la famosa guerra sucia no fue un periodo que haya tenido un fin, anteriormente eran los militares o paramilitares los que desaparecían (a activistas), hoy se utiliza lo que llaman el crimen organizado para realizar el trabajo sucio del Estado”.
Indicó que tienen el reporte de 15 desaparecidos, que a algunos “los disfrazan de secuestro y el Estado no quiere reconocer que es la desaparición forzada por ser delito de lesa humanidad, que es lo que ha ocurrido con quienes se atrevieron a denunciar alguna injusticia”.
Agregó los hechos son “aparentemente aislados”, que están recabando datos y si no los han dado a conocer es para proteger a las familias, mientras que las autoridades no dan ningún avance de las denuncias, además de que se promueven “nuevas leyes de poder legal al Ejército, para hacer lo que ya viene haciendo ilegalmente”.

El relevo del jefe del 27 batallón busca proteger a quienes desaparecieron a los 43, denuncian los padres

El representante de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, Melitón Ortega declaró ayer en esta ciudad que la Procuraduría General de la República (PGR) no ha informado de la inspección de sus agentes en el paraje Las Parotas, al poniente de Iguala, donde se buscan posibles entierros clandestinos.
En declaraciones a reporteros al término de las actividades del segundo día de la Caravana por la Memoria y la Esperanza, consideró que el relevo de mandos en el Ejército es para “proteger” a los que participaron en los ataques y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, en referencia al cambio de mando en el 27 Batallón de Infantería.
De las exploraciones de posibles entierros clandestinos que iniciaron el martes peritos forenses, antropólogos y agentes de los ministerios públicos de la Procuraduría General de la República (PGR) en la zona de Las Parotas, cerca del lugar de hallazgo de fosas clandestinas, dijo que a los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos no se les está dando información de estas diligencias.
Informó que apenas se reunirán con sus abogados para saber qué es lo que está haciendo la PGR, porque “nosotros no tenemos conocimiento”.
Recordó que una de las exigencias de los padres es que la PGR tiene que avanzar en las investigaciones con la presencia de sus abogados, lo cual fue un acuerdo.
Sostuvo que “ya no hay confianza en la PGR, en el trabajo que realizan, ni en la investigación ni en la búsqueda”, aunque no descartó que en esa diligencia este alguno de los representantes legales de los padres.
Mencionó los cambios, rotaciones y ascensos en el Ejército y en particular el caso del 27 Batallón de Infantería de Iguala, señalado de operar los ataques contra los normalistas, en donde ya hubo dos cambios de jefe militar, uno fue el coronel José Rodríguez Pérez, quien a finales de julio de 2015 fue relevado en el cargo y ascendido a general brigadier, después de los ataques a los 43 normalistas.
El representante de los padres consideró que estos cambios y ascensos a mandos militares son parte de la “protección” para que nunca se investigue al general José Rodríguez ni a los soldados que tuvieron qué ver, “fue ascendido y lo están premiando, es una manera de proteger a este comandante para que nunca se le investigue y que esta investigación nunca se esclarezca”.
De la investigación de la periodista Anabel Hernández que revela que se usaron armas registradas en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que sólo portan sus soldados, y que fueron utilizadas en los ataques a los normalistas, Melitón Ortega exigió que el gobierno dé una explicación de por qué fueron hallados esos casquillos, “¿acaso las armas del Ejército tienen que estar en manos de otras organizaciones y de otras personas?, o ¿cuántas veces se les han perdido las armas o municiones a los soldados del Ejército, o en qué momento pasó”, fueron algunos de los cuestionamientos que hizo.
Una reportera le preguntó de su próxima reunión con el procurador de la República, Raúl Cervantes Andrade, y el representante de los padres indicó que en tanto no se les informe de la investigación en contra del ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, de la detención de dos policías federales y una línea en la que se investigue a los policías municipales de Huitzuco, “no tenemos nada a qué regresar, porque no hay nada qué platicar, queremos avances y resultados en las líneas de investigación”.

 

Buscarán la creación de una fiscalía internacional para hallar justicia, anuncian los padres de los 43

En el comienzo de la Caravana por la Memoria y la Esperanza, padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos informaron que buscarán la creación de una fiscalía internacional, porque “los que están en el poder no se van a castigar solos”.
Volvieron a responsabilizar al Ejército de la desaparición forzada de sus hijos, e insistieron en que falta voluntad del gobierno federal para encontrar la verdad desde el principio, a dos años y casi tres meses de la agresión de agentes del Estado contra estudiantes en Iguala.
En conferencia de prensa en el casco de la Normal Rural de Ayotzinapa informaron de las actividades de fin de año que incluyen la Acción Global por Ayotzinapa, el día 26, con una marcha-peregrinación a la basílica de Guadalupe y una misa celebrada por el arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias Merlos y el obispo activista de Saltillo, Raúl Vera López.
La mamá del normalista desaparecido Benjamín Ascencio Bautista, Cristina Bautista Salvador explicó que “van a ver a la virgen de Guadalupe, la reina de México, para que les siga dando fuerzas a nuestros hijos. Tenemos fe y esperanza de que van a regresar con vida”.
El papá del estudiante José Ángel Navarrete, Emiliano Navarrete Victoriano señaló la falta de voluntad de las autoridades para encontrar a los 43 estudiantes, a pesar de que todas las investigaciones independientes señalan a los agentes del gobierno, como las revelaciones de la periodista Anabel Hernández que hace tres días presentó en la escuela su libro La verdadera noche de Iguala.
Subrayó “estamos aquí para seguir adelante, pidiendo que sigan las recomendaciones de los expertos internacionales, por sí solo el gobierno no tiene voluntad, sí tiene facultades y capacidades pero desde un principio no ha querido dar respuestas”.
La caravana comenzó a las 11:30 de la mañana en la Normal Rural con una conferencia de prensa y una actividad cultural a las 5 de la tarde. Hoy se trasladarán a Iguala, donde fueron los ataques la noche del 26 de septiembre, a las 10 de la mañana y regresarán a la escuela para salir muy temprano el jueves a Taxco.
El padre reconoció la labor de los activistas, organizaciones sociales y medios de comunicación que dan cobertura a su demanda de presentación de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, para poder continuar esta lucha frente a la simulación de las autoridades responsables de investigar e impartir justicia.
“Este gobierno no tiene corazón, esa voluntad… señala que nuestros jóvenes estaban involucrados con el crimen organizado y no hay un elemento de prueba que incrimine a nuestros hijos”, al contrario, recordó que todas las pruebas de diferentes investigaciones señalan la relación de gobierno y la delincuencia, “es más, ellos (las autoridades) son la delincuencia”, afirmó.
El representante de los padres, tío del normalista desparecido Mauricio Ortega Carlos, Melitón Ortega se refirió a los golpes que desde el gobierno han propinado al movimiento.
“Después de la satanización aquí seguimos, en una alianza de unidad estudiantes, padres y organizaciones sociales para que la llama no se apague, y el próximo año seguir la lucha con una nueva estrategia”, adelantó.
Consideró que el gobierno federal intenta desviar la atención del caso Ayotzinapa y dividir a los actores que los apoyan porque sabe que la Policía Federal y la Ministerial intervinieron en los ataques en Iguala, así como los soldados en la desaparición forzada.

Exigen cárcel para Tomás Zerón y para Enrique Galindo

El vocero Felipe de la Cruz, papá de un alumno sobreviviente de los ataques, señaló que Guerrero está militarizado por una política de terrorismo de Estado para callar las voces de protesta con balas de policías y militares, e imponer las reformas del presidente Enrique Peña Nieto.
Aseguró que eso pasó con los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala y mediante documentos oficiales la periodista Anabel Hernández señala una lista nombres con apellidos de los perpetradores, como de los funcionarios que trataron de encubrir los hechos, creando la tesis conocida como “verdad histórica”.
“Definitivamente los que están en el poder no se van a castigar solos. Vamos a buscar los medios para crear una fiscalía internacional que pueda juzgar el caso desde fuera. Los militares no controlan la delincuencia, no frenan los crímenes, al contrario, con ellos en la calle se desata la violencia”.
Como ejemplo mencionó a Acapulco, sede de la Novena Región Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de una base naval de la Marina de la Armada de México, donde confluyen las autoridades policiacas municipales, estatales y federales, sin embargo se mantiene como un foco rojo de violencia en el país.
Reiteró la demanda de cárcel para el ex director de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR), Tomás Zerón De Lucio, ahora secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional, porque confabuló para crear la “verdad histórica”, que dice que los 43 normalistas fueron entregados por policías municipales al grupo de narcotraficantes Guerreros Unidos, y que ellos los asesinaron y quemaron hasta la cenizas en un basurero en menos de un día. Así como a Enrique Galindo, comisionado general de la Policía Federal separado del cargo el 28 de agosto, porque engañó a los padres simulando la búsqueda de los estudiantes.
Con los padres estuvo un representante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Gonzalo Martínez Villagrán de la sección 9 de la Ciudad de México, que acompaña la gira.

La bitácora de la caravana

La Caravana por la Memoria y la Esperanza estará el 23 de diciembre en Xoxocotla, Morelos, los integrantes ofrecerán una conferencia a los medios locales y sostendrán una reunión informativa con representantes de organizaciones sociales, y a las 4 de la tarde en Cuernavaca tendrán una marcha procesión de la glorieta Niño Artillero para concluir con un mitin en el Zócalo.
El 24 en Amilcingo, Morelos, habrá una conferencia de prensa y en Tepoztlán una reunión con organizaciones,
A las 10 de la mañana el 25 se prevé un acto de recepción para recibir a la caravana en la Ciudad de México. El día de la acción global de cada mes, el 26 de diciembre, a las 10 de la mañana la peregrinación será de Peralvillo a la basílica de Guadalupe. Cierran la jornada el 27 de este mes con una ofrenda floral en el lugar de los ataques, en Iguala.

Cierran normalistas la Autopista del Sol y lanzan petardos a la 35 Zona Militar en Chilpancingo

Padres de los 43 alumnos de Ayotzinapa desaparecidos y normalistas tomaron una hora la caseta de Pablo Blanco en la Autopista del Sol, donde confrontaron y corrieron a empujones a un funcionario estatal, y de regreso a la escuela lanzaron piedras y petardos contra la 35 Zona Militar que se encuentra de paso sobre el bulevar Vicente Guerrero de esta ciudad.
La protesta frente a las instalaciones militares duró unos tres minutos y los manifestantes embozados colocaron la leyenda “Saavedra Hernández asesino”, en alusión al ex comandante de la 35 Zona Militar en Chilpancingo, ascendido a comandante de la Novena Región con sede en Acapulco después de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, y hace 15 días nombrado inspector y contralor general del Ejército.
Según recientes investigaciones periodísticas ese militar fue de los primeros mandos en conocer de los ataques a los estudiantes de Ayotzinapa, y en saber qué pasó con los desaparecidos porque en ese periodo tenía bajo su responsabilidad al 27 Batallón de Infantería de Iguala.
La protesta de los padres comenzó alrededor de la una de la tarde en la caseta de cobro de Palo Blanco, al sur de la capital, sin obstruir por completo el tránsito, mientras una patrulla de la Policía Federal en el entronque anterior desviaba la circulación para que los automovilistas evitaran la manifestación pacífica.
Al lugar llegaron seis camiones con policías antimotines y ocho patrullas de la Policía Federal, que guardaron unos 500 metros de distancia de la protesta, donde ya se habían colocado lonas en demanda de justicia para los normalistas Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, asesinados el 12 de diciembre de 2011 en un desalojo a balazos perpetrado por policías federales, estatales y ministeriales, y leyendas contra los militares.
Representando a la Secretaría General de Gobierno, Jorge Miranda Huesca llegó a la carretera y se acercó a los manifestantes para conocer sus planteamientos, y en el calor de la protesta fue rodeado de inconformes que le lanzaron reclamos.
En ese momento lanzó el brazo hacia atrás y golpeó a la señora Macedonia Torres Romero, mamá del normalista desaparecido José Luis Luna, de Amilcingo Morelos.
Entonces, los reclamos subieron a empujones y manotazos al grado de que el funcionario salió de prisa y en la salida cayó al suelo. En ese momento el abogado de los padres de familia, Vidulfo Rosales Sierra intervino y lo ayudó a levantarse.
En declaraciones posteriores, Rosales Sierra señaló que hay exacerbación en el movimiento social, que lleva a padres y estudiantes a “tomar posturas duras” por la falta de respuesta, pero consideró que la policía también debe implementar protocolos adecuados para tratar distintas situaciones.

Que investiguen al Ejército y el trasiego de heroína juntos, demandan

De la protesta Rosales Sierra informó que exigen la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos, agilidad en las nuevas líneas de investigación que abrió la Procuraduría General de la República (PGR), como la consignación de los policías federales y de los municipales de Huitzuco, que planteó el Grupo Interdisciplinario Independiente (GIEI) antes de salir del país, en abril y una nueva línea de investigación a la estructura militar que participó de manera directa en los ataques según lo documentó la periodista Anabel Hernández.
Insistió en que la investigación implica de manera directa a militares en la desaparición forzada de los estudiantes.
Dijo que es fundamental profundizar en el trasiego de heroína en la zona, que está unido al Ejercito mexicano.
Sin avances, señaló que “la ira, el coraje, la rabia que los padres tienen es comprensible”, dada las irregularidades evidenciadas, la lentitud en la nueva etapa de investigación y la intención de ocultar la verdad de los hechos.

Bombas contra los militares

Antes de las 3 de la tarde los activistas subieron a los autobuses de regreso. En la puerta principal de la 35 Zona Militar hicieron una breve parada.
Los más jóvenes con el rostro cubierto con playeras y piedras en mano, algunas bombas motolov y otras hechizas, que lanzaron contra las instalaciones. La puerta alta verde aún nueva se encontraba abierta, y apenas fue cerrada al final del ataque.
Los impactos fueron en las paredes, en la copa de unos árboles al interior de las instalaciones y en el piso, así como en parabrisas de tres automóviles estacionados en el exterior.
No hubo respuesta de los militares que cerraron la puerta de unos cinco metros de alto que se colocó después de las protestas de los estudiantes por los ataques en Iguala.
Extraoficialmente se sabía que esta protesta sería en el 27 Batallón de Iguala, pero desde primera hora en aquellas instalaciones se prepararon para la embestida con barricadas de costales y alambre de púas.
Los manifestantes volvieron a la Normal en Tixtla en los mismos autobuses en que llegaron, seguidos por dos patrullas de la Policía Estatal y no se reportaron más incidentes.
La investigación periodística plasmada en el libro La verdadera noche de Iguala dice que los estudiantes habrían tomado sin saber al menos dos autobuses con un cargamento de heroína por un valor de 2 millones de dólares, y los militares recibieron la instrucción de recuperarlo. En este lapso algunos estudiantes se dieron cuenta del contenido del cargamento y por esa razón habrían sido desaparecidos.

Quitan soldados sus retenes en Iguala ante la versión de que habría protestas por Ayotzinapa

Soldados del Ejército quitaron los retenes de las entradas a la ciudad, y la seguridad en los accesos al 27 y 41 batallones de infantería fue reforzada ante la versión de que normalistas y padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa protestarían en este lugar.
Antes de las 9 de la mañana de ayer policías militares que mantienen la vigilancia permanente en los retenes de Loma de Coyotes, en la salida a Teloloapan, El Tomatal en la salida a Chilpancingo y El Naranjo en la salida a Taxco abandonaron los puestos y fueron concentrados en el 27 Batallón de Infantería.
En la entrada principal del cuartel militar del 27 Batallón en el periférico oriente, la seguridad fue reforzada con la colocación de vallas metálicas con alambre de púas, además fue cerrado el portón que se colocó después de las protestas de padres de os 43 normalistas desaparecidos y estudiantes, y el acceso a vehículos no oficiales se suspendió.
En el perímetro frente al batallón y en el estacionamiento de la plaza Galerías Tamarindos, propiedad del ex alcalde detenido el perredista José Luis Abarca Velásquez, vinculado con el caso de los ataques y la desaparición de los normalistas, se vio la vigilancia de policías estatales y federales.
En el acceso al 41 batallón en la carretera Iguala-Taxco, ubicado atrás del 27 batallón, la seguridad implementada fue menor, pero también se levantaron vallas metálicas.
Desde la mañana surgió la versión de que normalistas y padres de los 43 desaparecidos vendrían a Iguala a una protesta, lo cual no sucedió pero alertó a las diferentes corporaciones policiacas y militares, a quienes también se les vio en recorridos de vigilancia en distintos puntos de la ciudad.
Después de la 1 de la tarde fuentes del Ayuntamiento informaron que ante la versión de que vendrían normalistas y padres de los desaparecidos, personal de la Secretaría de Finanzas de las áreas de ingresos y egresos sacaron cajas de papelería, las cuales estaban subiendo a una camioneta de alquiler, presuntamente como parte del desalojo y resguardo de material ante una posible protesta.
Más tarde otras versiones indicaron que la papelería extraída del edificio de gobierno municipal es parte del informe de ingresos y egresos del ejercicio 2016, el cual trasladaron a un lugar que no se informó.