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Respaldan víctimas, damnificados, ONG y la ONU a Tlachinollan en su 23 aniversario en Tlapa

En la presentación del informe del 23 aniversario del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan, Guerrero: Mar de luchas, montaña de ilusiones se refrendó el apoyo a los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos.
En esta ciudad el representante de la oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Jan Jarab dijo que el trabajo de los defensores es un riesgo y parecen una amenaza al gobierno, por lo que expresó su apoyo y admiración a Tlachinollan en sus 23 años.
Dijo que el informe resumía el trabajo valiente ante los peligros, su trabajo profesional al mostrar varios casos de impunidad, violencia y en defensa de los derechos al agua y la vivienda, e informa de manera sistemática lo que ocurre en la región y el estado.
Miguel Nieva del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), quien participó en el peritaje en el basurero de Cocula que desacreditó científicamente la versión del gobierno federal de que los jóvenes fueron incinerados ahí, agradeció a los padres de los 43 estudiantes por darles la confianza para que ellos trabajaran en el caso.
El director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández presentó el informe a los asistentes y dijo que la organización no se concebía sin la lucha de los 43, a los padres les afirmó que no eran nada sin ellos, ante el deseo de justicia a sus hijos, y que denunciaba las tropelías de un gobierno mentiroso.
Expuso que los padres del surco enviaron a sus hijos a las aulas para que fueran profesores, y volvieran a las comunidades a escribir en el pizarrón justicia y verdad, “que trajeran igualdad y respeto a los derechos”.
Agregó que no llegaban profesores a La Montaña porque el gobierno los desaparecía y los mataba, como a los 43 en 2014 y a los dos la Autopista del Sol en Chilpancingo en 2011.
Agregó que los padres y madres querían hijos profesores, pero ellos se convirtieron en los profesores que enseñaban el ABC de la justicia y los derechos humanos con el emblema en el pecho de sus hijos, encarando al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y a la Procuraduría General de la República, y hasta en la búsqueda de asistencia internacional para que llegara a México.
Dijo que el gobierno “inventó verdades para que se vea que hay un caos, persigue a los inocentes y a la delincuencia la protege porque son los mismos”, y que se tiene que romper la telaraña delincuencial.
El informe contiene memorias de lucha y dignidad, reclamos de los pueblos “donde hay historias grandes, luminosas, que se deben enseñar en las escuelas al ser La Montaña donde se forjan la esperanza y las ilusiones”.
Mencionó las luchas de San Miguel el Progreso, municipio de Malinaltepec, contra las mineras y el gobierno depredador.
Mencinó a los niños y padres na savi de la comunidad El Coyul del municipio de Cochoapa por la falta de profesores, donde la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del estado emitió una recomendación para que llegaran, sin que les cumplan.
Habló en náhuatl la madre de un estudiante de Ayotzinapa, Cristina Bautista Salvador quien, lloró al recordar que llevan años esperando que sus hijos regresen vivos, y dijo que continuarán en la lucha por conocer la verdad.
Un padre se quejó de la falta de apoyo y respuesta del gobierno estatal respecto de la desaparición de los 43 estudiantes desaparecidos.
La me’phaa Inés Fernández Ortega quien fue violada por soldados del Ejército, dijo que sigue en pie de lucha porque la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se cumpla por el gobierno federal.
Se declaró en apoyo a los padres y madres de los 43 desaparecidos porque “yo sufro como ustedes, a mi familia, a mis hijos nos amenazaron para callarnos, por eso no crean en el gobierno que intenta dividir buscando comprar”.
El presidente del comisariado de Bienes Comunales de San Miguel el Progreso, Valerio Mauro Amado Solano habló de la lucha que emprendieron para ampararse contra las empresas mineras que pretenden explotar su territorio, y que han defendido mediante la integración del Consejo de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio.
El poeta me’phaa Hubert Matiúwáa leyó poemas sobre los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Antonio Vivar y la amenaza de las mineras.
Estuvieron representaciones de organizaciones como el Frente Popular de Tlapa (FPT), el Consejo de Comunidades Damnificadas, el Consejo de Jornaleros Indígenas, la Organización de Pueblos Indígenas de Guerrero (OPIG, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), los padres y madres de los 43 jóvenes de Ayotzinapa desaparecidos así como estudiantes de esa Normal Rural.
La actividad fue en el salón Marisol donde llegaron más de 700 personas a escuchar el informe.

Termina foro sobre desaparición forzada; acuerdan impulsar una agenda común

A pesar de que viven en contextos distintos y tienen diferentes procesos de lucha, familiares de personas desaparecidas de varios estados de la República establecieron acuerdos para empujar una agenda común, ayer en el segundo día del foro sobre desaparición forzada Contra el dolor y el odio, un grito de esperanza, organizado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan.
Luego de participar en tres mesas temáticas en la Casa Diocesana Villa Lucerna, los representantes de organizaciones de Guerrero, Coahuila, Sinaloa, Michoacán y Querétaro coincidieron en que los familiares deben buscar prioritariamente vivos a los desaparecidos, sin dejar la búsqueda en fosas o a través de las instituciones como cárceles, servicios médicos forenses o centros de rehabilitación.
Además ser la punta de lanza para presionar a las autoridades a darles resultados, y tomar en cuenta que existe el terrorismo de Estado, por lo tanto los buscadores deben cuidarse y respetar los códigos de seguridad en su vida cotidiana, “nos guste o no”.
De las búsquedas, los de mayor experiencia recomendaron entender el contexto de los distintos escenarios, pues no son las mismas condiciones en la costa, la montaña o el desierto, y para la articulación de los movimientos del norte, el centro y el sur del país, considerar todas las medidas al alcance que puedan aprovechar.
Concluyeron que es necesario conocer las leyes y sus derechos como familiares para hacerlos valer y dar acompañamiento, ser conscientes de los derechos no es el fin sino una herramienta, y no permitir más discriminación, que no ha sido es exclusiva de las familias indígenas y de la montaña, aclaró una activista de Sinaloa.
De las características de cada entidad, identificaron que hay un trato diferente de algunas autoridades en estados del norte con los movimientos de desaparecidos, respecto a los del centro y el sur del país.
Señalaron que mientras en el norte los movimientos han tenido más apoyo, asesoría de las instituciones “tal vez por su lucha”, en el sur los colectivos están relegados, hay negligencia de atención jurídicas y de servicio social, no hay respeto a su dolor.
Propusieron seguir organizándose para intercambiar información y crear redes de apoyo, como ocurrió en este foro, para compartir y cubrir espacios donde sus brazos y sus pies no alcanzan, incursionar en redes sociales para mantener la comunicación, para que la población se dé cuenta que están trabajando y de las dificultades que enfrentan.
Del Centro Diocesano para lo Derechos Humanos Fray Juan Larios de Coahuila, Blanca Martínez, precisó que si en su estado lograron sentar al gobernador con el movimiento de personas desaparecidos, se debió a la presión que ejercieron los familiares, pero mañana nada les garantiza que sigan en la misma mesa.
Otra de las activistas agregó que recibir apoyo del Estado no implica que van a dejar la movilización, al contrario, siguen haciendo plantones en el Palacio de Gobierno y en la Fiscalía cuando es necesario.
Del colectivo de Chilpancingo, Padres y madres de desaparecidos asesinados y secuestrados de Guerrero y del país, se insistió en analizar que los apoyos no sean compromisos con las autoridades.
En general insistieron en la necesidad de priorizar siempre la búsqueda en vida, en que las autoridades tienen responsabilidad de dar con el paradero de las víctimas y que los familiares deben comprender los contextos de cada estado, incluso de los grupos del crimen organizado.
Una mujer guerrerense opinó que las autoridades en todos los estados de la República son apáticas, pero aquí “la violencia se va haciendo tan normal que a nosotros los guerrerenses no nos importa si nos avientan un muerto ahí, somos indiferentes en el sur, y el gobierno no mete las manos por nadie, y cuando el gobierno habla con los líderes los centavea”.
Una adulta mayor del colectivo Siempre Vivos de Chilapa señaló que “es tiempo de armarnos de valor y ponerle interés al trabajo y a la lucha, tenemos que ir dando los pasitos. Nos tenemos que ir organizando y ver que todos somos importantes en el colectivo. No tenemos los avances que en el norte, pero creo que podemos hacerlo”.
Enseguida, el director del Centro Tlachinollan, Abel Barrera mencionó que en esta búsqueda de familiares desaparecidos “el piso es disparejo, y en este piso ¿cómo podemos tener una plataforma común de lucha desde nuestros diferentes espacios, rincones?, y ¿cómo enlazarnos en la medida que dan nuestras fuerzas?”.
Otro activista confirmó que hay muchas diferencias entre el norte y el sur, “la ventaja que tenemos (en Coahuila) es que es el único estado en que nos apoya el gobernador, por eso hemos abierto muchísimas puertas, recomiendo a las colectivos que recurran a organismos de la ONU y al señor que se prestó a venir ayer de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (el presidente Luis Raúl Gonzalez), ellos pueden tener influencia con senadores y diputados, y todas aquellas autoridades que pudieran ayudar a que se vea la gran cantidad de personas desaparecidas”.

¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!

La consigna que dio aliento a las participaciones del foro fue retomada por la madre de uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, María de Jesús en su mensaje.
Dijo que las autoridades primero dijeron que sus hijos estaban en una fosa, luego que el grupo de narcotraficantes Guerreros Unidos los había matado y quemado en un basurero, y cuando la versión del basurero fue desechada por expertos independientes, en las calles, muchas personas les dijeron “sus hijos ya están muertos, por qué los andan buscando, ustedes ya recibieron dinero del gobierno, ¿quieren más?”.
Aclaró que no recibieron nada y seguirán buscando a sus hijos con vida, porque desde el principio saben que “policías del narcogobierno” los agredieron y se los llevaron.
“Nos dimos cuenta cómo fueron perseguidos, balaceados cobardemente, supimos cómo les echaron gas lacrimógenos a los que iban en el autobús 1531 frente al Palacio de Justicia, cómo los bajaron, cómo los golpearon. De 15 a 20 jóvenes que tenían bocabajo sin playera porque los estaban golpeando, ¿y todavía el gobierno criminaliza a nuestros hijos?”.
Al menos este grupo fue llevado rumbo a Huitzuco con El Patrón, un personaje que no ha sido identificado en tres años de investigación, porque el Estado no tiene voluntad de esclarecerlo, mencionó.
“Cuando gritamos la consigna donde quiera que vamos es un grito de indignación, de preocupación, para que todo el mundo escuche y nuestros hijos sepan que seguimos en pie de lucha”, expuso.
Una joven mujer del colectivo Siempre Vivos de familias nahuas de Chilapa y Zitlala tomó el micrófono para decir que sí tienen miedo, porque en la zona donde viven hay grupos delictivos operando, “y sí sabemos quienes son”.
Dijo que de inicio pensó que el gobierno los iba a ayudar, y al tiempo comprendió que son las organizaciones las que empujan la demanda de presentación y búsqueda de los desaparecidos, “no debemos andar solitos, lo vamos a lograr en colectivo, me lo llevo muy claro, y me llevo (el ejemplo) de las compañeras de Coahuila que están buscando en fosas clandestinas. Desconocía (ese tipo de búsqueda), tengo una esperanza de que los vamos a buscar vivos, primordialmente, pero en México están apareciendo muchas fosas y podría estar del otro lado también”.
“Sé que hay muchas familias que piden justicia, que queremos a nuestros desaparecidos vivos. ¡Vivos se los llevaron y vivos los queremos!”.

Las Rastreadoras del Fuerte, Sinaloa

Una activista de colectivo Rastreadores del Fuerte y zona norte de Mochis, Sinaloa, informó que tienen una oficina de gestoría, y acaban de concluir una campaña para recopilar muestras de ADN de familiares de personas desaparecidas, “muchos padres no se acercan a dar el ADN por miedo a amenazas”.
Aclaró que ellos tienen camionetas de resguardo y el acompañamiento de la prensa, “me da pena escuchar que ellos no tienen apoyo por acá, son sentimientos encontrados, pero ahí estamos para compartir cómo nos podemos apoyar”.
Una joven de Querétaro señaló que el dolor es el mismo, y en su estado de los de menor incidencia delictiva están desapareciendo personas.
Destacó que “los padres de los 43 alumnos desaparecidos lograron que a nivel internacional se reconociera la desaparición forzada en México”, lo que les dio ánimo para comenzar su propio camino.
Ahora todas las familias buscan de todas las formas, en vida, en fosas, en papeles, “y las instituciones no deben quedarse fuera, eso hizo el norte, reconciliarse con los gobernantes en el trabajo. No somos amigos, pero tenemos que ser colaboradores para la búsqueda”.
En un pronunciamiento final firmado por 25 organizaciones y colectivos exigieron la aprobación de la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición de Particulares, pues reconocen en ella las contribuciones de los familiares, sienta las bases para alcanzar la justicia, para dar con el paradero de sus seres queridos, develar la verdad, obtener reparación integral y evitar más desapariciones.
Pese al dolor refrendaron “la voluntad firme de vencer el muro de la impunidad, transformar el momento trágico que enfrenta el país, hacer posible la construcción de un México en que nadie padezca el sufrimiento que hoy nos aqueja y conservar viva la llama de la esperanza”.

 

Acuerdan padres de los 43 marchas en 12 estados con activistas y exigen resultados a la PGR

Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y activistas se reunieron en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos para discutir las acciones en el país con marchas en 12 estados, en una jornada de lucha que comenzó hace una semana y concluirá el 26 de septiembre al cumplirse tres años de la desaparición de los estudiantes.
La reunión en el auditorio comenzó a las 2:15 de la tarde con la participación de integrantes de organizaciones sociales, estudiantiles, magisteriales y sindicalizados, quienes emplazaron a la Procuraduría General de la República (PGR) a que en agosto dé resultados de la investigación del caso.
Entre las demandas de la jornada de lucha se encuentran el cumplimiento de avances en las líneas de investigación que propuso el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), sobre la posible participación del Ejército, la telefonía celular de los desaparecidos, el trasiego de droga de Iguala a Chicago, y la intervención de policías municipales de Iguala y Huitzuco en los ataques.
Consultado en el lugar el vocero de los padres, Melitón Ortega informó que este sábado en la reunión el planteamiento general es la jornada de lucha que inició el 15 de julio.
Indicó que la reunión es para generar condiciones de lucha y que haya compromisos de las organizaciones sociales para hacer diversas manifestaciones.
El vocero manifestó que este sábado la reunión fue con organizaciones de Guerrero para plantearles que participen todos los sectores rumbo al tercer año de la desaparición de los normalistas.
Melitón Ortega dijo que los padres exigen al Estado el cumplimiento con el avance en la investigación, por lo que hay un emplazamiento a la PGR para que en agosto responda sobre las mencionadas líneas de investigación.
Recriminó que los padres no tienen avances, no saben qué es lo que está haciendo la PGR y la demanda central es la presentación con vida de los 43 normalistas.
En el encuentro de ayer estuvieron maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), integrantes del Frente Popular Francisco Villa, familiares de presos políticos, la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) y la Dirección Colectiva de Organización Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del estado de Guerrero.
“Los padres pedimos mantener viva la lucha, mientras no haya respuesta por parte de las autoridades la lucha debe de seguir”, resaltó Melitón Ortega.
Los padres agradecieron que a lo largo de más de 2 años y medio las organizaciones sociales participan y los apoyan.
El vocero de los padres dijo que en la semana harán jornadas que se irán programando, y Guerrero está considerado como uno de los estados en donde habrá movilizaciones y estarán los padres de los 43.
Además se comisionaron a padres y alumnos de Ayotzinapa para que el 26 de julio haya marchas en la Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Tlaxcala.
Melitón Ortega enfatizó que la lucha de los padres es pedir la presentación con vida de sus hijos, “no hay intereses políticos, sólo tener de regreso en nuestras casas a nuestros hijos”.
En la reunión llamaron a las organizaciones para que sigan apoyando no sólo por los normalistas desaparecidos, sino por todos los problemas que hay en Guerrero y en país.

Celebra Siempre Vivos la entrada del Ejército a Zitlala que llegó “después de tantos asesinatos”

El presidente del colectivo de familiares de desaparecidos de Chilapa y Zitlala, Siempre Vivos, José Díaz Navarro reprochó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que a pesar de dos quejas para que se investigue por qué las autoridades no han investigado los 140 asesinatos cometidos en lo que va del año y más de 110 desaparecidos en esos dos municipios, no haya intervenido.
Por otra parte celebró que el Ejército y la Policía Estatal hayan tomado el control de la seguridad en Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, en donde opera el grupo armado Paz y Justicia, aunque se tardaron más de dos años y cuestionó que hayan llegado “después de tantos asesinatos y desapariciones”.
Díaz Navarro urgió a las fuerzas federales y estatales a que también tomen el control de la seguridad en la ruta del sur de Chilapa desde Atzacoaloya hasta los municipios de Quechultenango y Mochitlán en donde opera, dijo, el grupo Paz y Justicia con el grupo criminal Los Ardillos.
Vía telefónica informó que la organización Siempre Vivos presentó una queja en contra de la autonombrada policía comunitaria del grupo Paz y Justicia desde la desaparición de 30 personas, durante su irrupción del 9 al 14 de mayo de 2015 a la cabecera municipal de Chilapa.
Dijo que después, (sin precisar la fecha) presentó una queja más concretamente en contra de este mismo grupo que tiene el control en Tlaltempanapa, pero que el organismo no ha hecho ningún pronunciamiento, en general, en contra de toda la violencia que se vive en Chilapa y Zitlala que ha dejado 140 asesinatos de enero a lo que va de julio, según sus registros.
“Que curioso que la CNDH se convirtió en agencia de investigación criminal para investigar las muertes del socavón en Cuernavaca, de los 28 muertos del penal de Acapulco, del espionaje de Pegasus, pero de los 140 homicidios en Chilapa en los últimos seis meses, no se han enterado”, reprochó Díaz Navarro.
Denunció que en Chilapa y Zitlala han asesinado a niños, a mujeres embarazadas, a mujeres madres de familia, a mujeres de la tercera edad a jóvenes estudiantes, a indígenas, a minusválidos y a padres de familia, “¿y la CNDH dónde ha estado todo este tiempo?, ¿por qué no investiga?”, cuestionó.

Los Rojos fueron desplazados y Los Jefes son Los Ardillos, asegura

Explicó que tampoco se ha hecho nada por los desaparecidos de los que hubo muchos cuando operaba en Chilapa y Zitlala el grupo criminal Los Rojos, porque afirmó que ahora Los Rojos fueron desplazados “casi en su totalidad”, y el grupo criminal que opera es el de Los Jefes y según Díaz Navarro son los mismos que Los Ardillos. Dijo que con ellos ha disminuido en la zona el número de desapariciones pero que aumentaron los asesinatos.
Contó: “una autoridad municipal que no voy a decir quién es, les dice a los familiares que si su familiar está desaparecido que se esperen a más tardar ocho días porque va a aparecer su cuerpo, que aunque sea desmembrado pero que va a aparecer”.
El presidente del colectivo agregó que el razonamiento de esa autoridad municipal, “suena grotesco, pero es la verdad, así les dice”.
Se quejó que para encontrar a los desaparecidos son los familiares los que los buscan, aunque la mayoría de las veces los encuentran vivos, “y cuando la gente aparece muerta los familiares ya no le mueven, ya no piden justicia, ya no piden nada, se conforman que por lo menos tuvieron la oportunidad de darle sepultura al cuerpo y aunque se lo hayan entregado en pedazos”.
Explicó que por esta situación no tiene un número exacto de desaparecidos, y contó que él se quedó en 110 en lo que va del año, “pero yo mismo ya no di avance en el registro de los desaparecidos porque es muy difícil de llevarlo, como sí podría hacerlo la autoridad”.
Mencionó que él ya no vive en Chilapa, de donde salió desplazado por la violencia, pero que también muchas familias ya no denuncian a sus familiares desaparecidos.

La situación de violencia en Zitlala es similar a la de Chilapa

De la operación militar y policiaca que asumió el control en Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, después de dos enfrentamientos que tuvieron a golpes, a pedradas y a palazos el miércoles y el viernes con habitantes del grupo Paz y Justicia, Díaz Navarro declaró que “se tardaron más de 2 años” en ir a tomar el control de la seguridad, y que fue “después de tanta gente desaparecida y asesinada en Zitlala, en donde se vive una situación similar a la de Chilapa”.
El colectivo Siempre Vivos, ha venido denunciando a la auto llamada policía comunitaria de Paz y Justicia que mantiene el control en ese pueblo ubicado a 15 minutos al norte de Zitlala, de ser la responsable de los asesinatos y desapariciones en la zona. También ha denunciado que pertenece al grupo criminal Los Ardillos.
Sin embargo reconoció que la presencia del Ejército y la Policía Estatal es “excelente”, pero que en general, el Ejército y las policías ya deben de tomar la rectoría de la seguridad en todas las zonas en donde está a cargo de grupos ilegales y anticonstitucionales.
Concretamente pidió que el Ejército tome el control en las comunidades del lado sur de Chilapa, desde Atzacoaloya, El Jagüey, San Ángel, Xiluxuchicán y Ayahualulco, donde opera el grupo Paz y Justicia, y hasta Quechultenango y Mochitlán en donde dijo que operan Los Ardillos.
También pidió el control de la seguridad en las comunidades de Ahuihuiyuco, municipio de Chilapa y Tepoztlán, municipio de Ahuacuotzingo, en donde informó que opera un grupo criminal encabezada por un delincuente apodado La Culebra o El Talibán, “que está generando mucha violencia y el desplazamiento de familias”.
Los militares y policías “están para resguardar la integridad de los ciudadanos y salvaguardar nuestras vidas. No puede ser que un grupo de borrachos, drogadictos y delincuentes se hagan cargo de la seguridad sin que nadie los controle, nadie los regule, nadie sepa quiénes son ni cuántos son, y que hayan generado tantísima violencia a partir de que empezaron a operar”.
Anunció que cuando haya garantías y la seguridad de que el Ejército y la Policía Estatal retomaron la seguridad en la zona, el colectivo va a reiniciar con los familiares la búsqueda de los desaparecidos.
“Más adelante vamos a programar una búsqueda en Tlaltempanapa, en donde tenemos información de que hay muchos cuerpos tirados o sepultados clandestinamente. Es un dato curioso, cuántos desaparecidos y homicidios ha habido en ese pueblo y ni si quiera tienen un panteón”, dijo en referencia a que los habitantes de ese lugar tienen que ir a sepultar sus muertos a Zitlala, la cabecera municipal.

 

Jueces se negaron a recibir la petición de PGR para consignar a policías por la desaparición de los 43

Jueces del sistema penal tradicional y del sistema penal acusatorio se negaron a recibir la solicitud de la Procuraduría General de la República para consignar a policías implicados en la desaparición forzada de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, denunció el abogado Vidulfo Rosales Sierra.
En consulta telefónica, indicó que en una reunión privada de los padres y abogados de los estudiantes desaparecidos, con los funcionarios de la delegación mexicana en el marco de las sesiones públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Lima, Perú, sólo abordaron un tema: el avance en tres de nueve líneas de trabajo sobre los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, hasta el 30 de junio de 2017.
De vuelta al país, indicó que de acuerdo con el cronograma firmado con la CIDH, para esa fecha, el viernes, el gobierno iba a presentar resultados sobre la telefonía celular, sobre el quinto camión y sobre la consignación de los policías municipales de Huitzuco.

Telefonía, trasiego de drogas y Huitzuco

Respecto a la telefonía, como se dijo en la sesión pública, el abogado indicó que los funcionarios sólo informaron de dos teléfonos nuevos integrados a la investigación, además de los siete que ya estaban en análisis, pero aún no hay nada de las conversaciones y mensajes de estas líneas, en el tiempo que se mantuvieron activos, después de la desaparición forzada de los normalistas.
Del quinto autobús, que en la tesis del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, (GIEI), pudo contener un cargamento ilegal, y que la probable intervención en el trasiego de droga motivó el ataque indiscriminado y violento contra los normalistas, las autoridades aseguraron que ya se hicieron los peritajes y se confirmó la autenticidad del vehículo (que los expertos estimaron que pudo ser cambiado), y que no encontraron compartimentos ocultos.
Otra cuestión fue la ruta del autobús, ya que el chofer, la empresa y los estudiantes señalaron trayectorias diferentes; la PGR determinó que la ruta correcta es la que declararon los alumnos de Ayotzinapa.
Rosales Sierra dijo que en este punto, los padres cuestionaron a los funcionarios por qué no han investigado la razón de que los representantes de la empresa y el chofer del quinto camión mintieron sobre la ruta del autobús, sin llegar a ningún avance.
Pero aclaró que el quinto autobús ya no representa mucho en el caso, porque hay otros elementos más sólidos para señalar que el trasiego de droga existe, y cualquiera de los autobuses que llevaban los estudiantes podía llevar un cargamento droga.
Sobre la consignación de los policías que se llevaron a un grupo de los 43 estudiantes hacia Huitzuco, según testimonios  “con el jefe”, Rosales explicó que el argumento es que ni juez del sistema penal tradicional ni el oral, los aceptan como parte de sus competencias, “ahí está detenido el proceso”.
Aclaró que los padres señalaron que ese es un problema que el Estado debe resolver, “nosotros queremos resultados ya”.
Relató que esta reunión fue más tirante y más específica que la que se tuvo en la sesión pública de la CIDH que se transmitió el viernes, pues de acuerdo con el programa de trabajo, el gobierno mexicano se comprometió a dar resultados sustanciales en estas tres líneas de trabajo.
En este escenario, confirmó que hay pocas expectativas para la reunión de seguimiento prevista en la Ciudad de México en agosto.
Anunció que la próxima visita del mecanismo de seguimiento de la CIDH será el 30, 31 de agosto y primero de septiembre

La Gavia

Confirmó que en esta reunión exigieron que se investigue una versión que trascendió en la prensa, de que un grupo de estudiantes fue entregado a la banda de Los Tequileros, y llevados a hacia La Gavia, municipio de San Miguel Totolapan, en la región Tierra Caliente.
Aclaró que dentro de las investigaciones nunca se mencionó ni a Los Tequileros ni a La Gavia, si embargo, hubo comentarios esporádicos los primeros días después de los ataques, de gente que nos decía que probablemente los sacaron por Tierra Caliente, pero así llegaron cientos de rumores, de que se los llevaron a Carrizalillo, a Taxco, o que los tenían trabajando en la Sierra de Tlacotepec.

Se cumplen “mil días de impunidad y corrupción”, denuncian padres de los 43 en marcha en la Cdmx

En una marcha que partió de la columna del Ángel de la Independencia, padres y defensores de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, denunciaron que llevan “mil días de impunidad y corrupción” en las instituciones y el gobierno mexicano.
Con pancartas y consignas que exigían justicia, unos mil manifestantes protestaron con sus rostros cada vez más graves y cerrados, gritando los lemas de siempre: “¡Ni perdón ni olvido!”, “¡26 de septiembre no se olvida!”, “¡Ayotzinapa vive!”.
Los acompañaron miembros del Frente del Pueblo, del Frente Nacional de Movimientos y Organizaciones Populares (Fnamop) y de otras varias agrupaciones.
“Mil días representan un largo caminar de dolor y de incertidumbre para nosotros”, dijo la madre de un normalista desaparecido al arrancar la marcha.
“Mil días demuestran también la evidencia de la impunidad y la corrupción que hay en México, que las instituciones no funcionan, que el gobierno no cumple su compromiso de respetar los derechos”, comentó Vidulfo Rosales Sierra, abogado de las familias de las víctimas.
En mayo emplazaron a la Procuraduría General de la República (PGR) a que diera a conocer resultados concretos sobre las cuatro líneas de investigación del caso que propuso el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), a más tardar en la segunda semana de agosto.
Las líneas son la posible participación del Estado en los hechos, la cooperación de la policía de Huitzuco, el análisis de la telefonía celular de los normalistas y el trasiego de drogas de Iguala a Chicago, en Estados Unidos.
“Es impresionante cómo a mil días la gente ayuda de manera espontánea. Los padres viven de la solidaridad y eso les da ánimo”, añadió Vidulfo Rosales.
Advirtió que “si no hay avances (en agosto), nos movilizaremos de nuevo. Es vital resolver este asunto antes de octubre. Después, la elección presidencial va a ocupar la agenda nacional y ya no se va a hablar de nosotros”, aseguró el abogado al terminar la marcha en el hemiciclo a Juárez.
En la marcha se vio a normalistas de distintas escuelas rurales del país, integrantes de sindicatos, organizaciones defensoras de derechos humanos y magisteriales, partieron a las 5 de la tarde del Ángel de la Independencia, hicieron una parada en la Procuraduría General de la República (PGR) y otra en el antimonumento a los 43 sobre la avenida Reforma.
Pese a la lluvia continuaron su camino, en la calle 2 de abril adyacente al monumento, había al menos seis patrullas y policías auxiliares de la Ciudad de México esperando la movilización, del lado del Palacio de Bellas Artes un grupo de unos 200 policías antimotines vigilaba el inmueble.
Durante el mitin el vocero del movimiento, Melitón Ortega explicó que la exigencia a las autoridades es que se investigue al Ejército, den información de las búsquedas en los celulares de los implicados esa noche, que se detenga a los policías federales y de Huitzuco -municipio vecino a Iguala-, que de acuerdo a las investigaciones del GIEI detuvieron a 25 jóvenes.
Vidulfo Rosales agregó que “todo se mueve en torno a las cuatro líneas. Nos llevarán indefectiblemente al paradero de los 43, el tema de Huitzuco, además de detener a los policías hay que verificar a dónde fueron llevados los 25 estudiantes”.
Otro requerimiento dijo, son los juicios políticos contra el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero a quien responsabilizó de la desaparición y asesinato de tres normalistas y otros tres civiles en Iguala hace casi tres años, y el del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles quien reprimió a normalistas en ese estado.
A casi tres años de los ataques contra los estudiantes en Iguala, a nivel internacional hay medidas cautelares de la CIDH, lo que permitió la investigación del GIEI y el Mecanismo de Seguimiento, “el tema está en el Comité de Desaparición Forzada de la ONU, hay una acción, hay un procedimiento ante el Comité de Tortura, ante el Comité de Detenciones Arbitraria, el Foro Permanente de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, casi todos los mecanismos, las relatorías de todos los temas tienen un caso abierto”.
Sin embargo, Vidulfo Rosales lamentó que la exigencia no puede avanzar a nivel internacional si el Estado no entrega resultados para el 15 de agosto, y sigue retrasando las respuestas como hasta ahora.
“Lo que nosotros estamos exigiendo es que haya una jornada de lucha del 15 de septiembre al 26 de septiembre, particularmente en ocho estados: Chiapas, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala, Morelos, Querétaro, Guadalajara, San Luis Potosí, Guerrero y la Ciudad de México, habría un conjunto de movilizaciones coordinadas”, informó.
La actividad fue encabezada por padres de los normalistas, quienes pidieron paciencia a la sociedad y comprensión porque han dejado todo por su búsqueda. Iban al frente con las fotografías de José Ángel Campos, Jorge Álvarez, Benjamín Ascencio, César Manuel González, Martín Sánchez, la mamá de Benjamín, Cristina Bautista dijo que a casi 3 años de no ver a su hijo seguirá hasta encontrarlo.
Participaron en el mitin la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM. Denunciaron la irrupción de policías para disolver una protesta de alumnas de la Normal Rural Justo Sierra Mández de Can?ada Honda, en Aguascalientes, y que “elementos de la Policía de Michoacán se metieron a la Normal de Tiripetío mientras estudiantes brigadeaban e hirieron a un compañero en la cara, que está postrado en el hospital”.
Los padres anunciaron que los próximos 6 y 7 de julio una comisión asistirá a Lima, Perú, a audiencias extraordinarias de la CIDH, y convocaron a la creación de carteles de los tres años de la desaparición de los 43, para que con la reproducción de los mismos recaben fondos.
Fueron a la protesta la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el Sindicato de Telefonistas, integrantes de La Sexta, del Frente Popular Revolucionario y Brigadas de Paz Marabunta.
Un periodista independiente vestido de árbol acompañado de dos activistas exigieron la presentación con vida de los 43, y justicia para los periodistas asesinados en el país, ya que sólo en este año van siete. Cargaron una calavera de cartón y los nombres de los periodistas de La Jornada asesinados este año: Miroslava Breach y Javier Valdez.

Se reúnen familiares de desaparecidos con Álvarez Icaza; le piden apoyo y asesoría

 

Integrantes del Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados en el Estado y en el País, se reunieron el sábado con el ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, a quien le solicitaron asesoría para que avancen las denuncias que han presentado en la Procuraduría General de la República (PGR) y en la Fiscalía General del Estado (FGE).
La presidenta de este colectivo, Guadalupe Gutiérrez Narciso, informó que aprovecharon que el defensor de derechos humanos estuvo el viernes en Acapulco, para solicitarle una reunión con él en esta capital y solicitar su apoyo a los familiares de las víctimas de desapariciones y asesinatos que no han encontrado justicia. “Por la trayectoria que el señor tiene y el apoyo que ha dado a las víctimas, le pedimos su apoyo y afortunadamente fue receptivo”, dijo.
Informó que le solicitaron principalmente ayuda para que caminen unas 25 denuncias que han presentado ante la PGR y otras tantas en la FGE, por casos de desaparición de personas y asesinatos que no han sido esclarecidos y permanecen en la impunidad.
Aseguró que los familiares de las víctimas ni si quiera han recibido información de las dependencias.
“Le pedimos su asesoría y acompañamiento, porque las denuncias están estancadas, no hay investigación”, denunció y agregó que el ex secretario ejecutivo de la CIDH les respondió favorablemente y convinieron en la elaboración de una agenda de trabajo “sin formalidad porque fue un compromiso verbal”, dijo.
Los integrantes del colectivo se reunieron con Álvarez Icaza en un restaurante de esta capital durante casi dos horas la mañana del sábado, según informó este domingo la presidenta del colectivo. Y dijo que el también ex presidente de Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ofreció apoyarlos con la asociación civil que representa, debido a que el gobierno les retiró todos los apoyos y ya no tienen recursos para el registro que está en trámite en una notaría.
Dijo que el defensor de derechos humanos agilizará algunos casos que tienen ante la Comisión Interamericana. Explicó que en términos generales, Emilio Álvarez Iacaza será un asesor y que dará acompañamiento a las familias de víctimas que pertenecen a ese colectivo.
Gutiérrez Narciso explicó que la reunión con el ex secretario ejecutivo de la CIDH les renovó la fe y la esperanza a algunos de los familiares de las víctimas de la violencia, “porque muchos de ellos ya se están desanimando, han luchado mucho y se han topado con pared, no han encontrado ningún aliento por parte de las autoridades”.
Agregó que en ese colectivo están luchando contra viento y marea porque los gobiernos federal y estatal les retiraron los apoyos que venían recibiendo para sus reuniones y para el traslado a donde van a realizar sus trámites.
El viernes Álvarez Icaza estuvo en Acapulco, en donde habló de sus aspiraciones para 2018, también de las violaciones a los derechos humanos, de la violencia y de los agravios a periodistas. Mientras tanto, por la mañana del sábado se reunió en Chilpancingo con los integrantes del Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados en el Estado y en el País.

 

Convocan padres y normalistas a que participe la UAG en las protestas por los tres años de Iguala

 

En la tercera jornada de protesta por el estudiante detenido organizada por el Colectivo Revueltas, padres de los 43 alumnos desaparecidos de Ayotzinapa y dirigentes de la escuela normal convocaron a estudiantes y académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) a participar en las acciones de protesta por los tres años de los ataques y desaparición forzada de sus compañeros el 26 de septiembre.
El día del Estudiante Detenido-Desaparecido coincide con la semana internacional de la Desaparición Forzada y se conmemora cada año, por el grupo jóvenes, desde la agresión a los estudiantes de Ayotzinapa en 2014, de manera independiente a Rectoría y a la dirección escolar, en la Unidad Académica de Filosofía y Letras, siempre con el acompañamiento de los padres y representantes estudiantiles de la normal rural.
El representante de los padres, Melitón Ortega, habló de la lucha de la presentación de los normalistas y de las irregularidades en el proceso, cometidas por autoridades para criminalizar a los jóvenes desaparecidos, a fin de deslindar la responsabilidad a los agentes de la fuerza pública de los tres órdenes de gobierno involucrados.
Denunció que la entonces Procuraduría del estado dijo que 17 jóvenes estaban enterrados en fosas, un duro golpe para los padres, y fue descartado con el análisis de ADN del Equipo Argentino de Antropología Forense, “ahí comenzaron las inconsistencias, comenzaron a mentir y la campaña de descalificaciones” contra los estudiantes.
Añadió que cuando la Procuraduría General de la República (PGR) atrajo la investigación, los padres recibían mucha información en la escuela del posible paradero de los estudiantes y pidieron que la Policía Federal fuera con ellos buscar a los estudiantes en casas abandonadas, barrancas, cerros y colonias. Ahí, “mandaban por delante a los papás, para que ellos (los padres) les dijeran a los policías por dónde ir, ¡fue pura simulación!”, recriminó.
Destacó que la intervención del mecanismo internacional de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, permitió descartar la tesis oficial del basurero de Cocula, que daba por muertos y quemados hasta las cenizas a los 43. Lamentó que el gobierno insista en mantener esa versión en la investigación, para proteger a los perpetradores y a quienes elaboran “la falsedad de la verdad histórica”.
Un dirigente estudiantil denunció que las agresiones a la normal de Ayotzinapa reflejan el odio contra una institución que abre las puertas a los jóvenes más pobres, cuyas opciones son el narcotráfico, las corporaciones policiacas o la normal rural. Por esta misma razón, los estudiantes hacen una defensa entrañable de la escuela, al grado que los cuerpos policiacos acosan cada acción de los normalistas, mientras en el estado están ocurriendo tantos asesinatos en las regiones.
Convocó a los universitarios, estudiantes y académicos, a acudir a las acciones que preparan a tres años de los hechos de Iguala.
En la jornada participaron académicos y reporteros. Hoy se espera al representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, Alan García Campos, entre otros invitados.

 

Guerrero es un territorio de dolor por las desapariciones, dice representante de la ONU en foro en el Congreso

Durante el foro Las víctimas de un Estado fallido, el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH), Alan García calificó a Guerrero como “un territorio de dolor” debido a las ejecuciones, desapariciones y la “violación masiva a los derechos humanos” y dijo que lo que se vivió en Chilapa del 9 al 14 de mayo del 2015 durante la irrupción de civiles armados, así como los ataques a los normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014, son apenas la punta del iceberg que dan una idea de dónde y con quién estuvo el Estado en esos hechos.
El director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Mario Patrón Sánchez dijo que en la entidad la macro criminalidad se conjuga por la intervención de la delincuencia organizada y el Estado quienes han colocado a Guerrero como la primera entidad en desaparecidos y fosas clandestinas del país.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández dijo que en Guerrero se vive una “escena dantesca” y que el Ejército tiene permiso para matar desde la década de la guerra sucia (1970), lo que se agravaría si se aprueba la Ley de Seguridad Interior, en tanto que el presidente del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Raymundo Díaz Taboada denunció que quienes practican la violencia y violan los derechos humanos son los grupos de poder fácticos tolerados por las autoridades.
El foro Las Víctimas de un Estado Fallido; desaparecidos, ejecutados y desplazados, fue organizado por el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón de Chilapa (Centro Morelos), con motivo de los dos años de la irrupción de civiles armados a la cabecera municipal de Chilapa, del 9 al 14 de mayo, días en los que 30 ciudadanos fueron desaparecidos y de los cuales existen 16 denuncias formales.
Fue en la biblioteca del Congreso local pero fue desdeñado por los diputados locales que no asistieron a escuchar a los familiares de las víctimas, ni de los representantes de los organismos de derechos humanos.
Al representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Alan García habló de la desaparición de personas pero comenzó con una condena ante el asesinato de Miriam Rodríguez del colectivo de desaparecidos de San Fernando, Tamaulipas, ejecutada la noche del miércoles, dijo que este crimen “sacude la conciencia de quienes abrazamos la causa de los derechos humanos”.
Calificó a Guerrero como “un territorio de dolor” pero también de muchísima resistencia ante las ejecuciones, desapariciones y la “violación masiva a los derechos humanos”.
Dijo que lo que se vivió en Chilapa del 9 al 14 de mayo de 2015 durante la irrupción de civiles armados, junto a los ataques a los normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre en Iguala, son apenas la punta del iceberg de un problema mucho más complejo en materia de desaparición de personas.
También los puso como ejemplo de violación masiva a los derechos humanos, “y uno se pregunta en dónde estuvo y con quién estuvo el Estado ese día”.
Para Alan García hablar de desaparición de personas, de desplazamientos y ejecuciones “es sin duda, hablar de tres de las violaciones más críticas a los derechos humanos”.
Destacó que la desaparición de personas ha tenido dos momentos, el de la guerra sucia que tuvo en Guerrero su epicentro, y el contexto actual de inseguridad y violencia.
Explicó que en la guerra sucia era un método de represión política instrumentado en contra de la disidencia de izquierda, y que es una asignatura que sigue vigente y aguarda una respuesta.

De 2007 a 2016 se registraron 29 mil 903 de desapariciones, informa la CNDH

Antes Ismael Eslava Pérez, primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), disertó sobre el contenido del informe que presentó ese organismo en abril sobre las desapariciones y las fosas clandestinas, que calificó como una problemática “compleja, dolorosa, lacerante e indignante para todos porque no hace distinciones de razas, credos, religiones y lo más grave, no ha sido erradicada”.
Destacó que las desapariciones constituyen una forma compleja de violaciones a derechos humanos que debe de ser encarada y comprendida de manera integral, “pues estamos ante una múltiple y continuada violación de distintos derechos reconocidos en los principales instrumentos internacionales”.
Las cifras de este informe establecen que de 2007 a octubre de 2016 se registraron 29 mil 903 de desapariciones. Del total 28 mil 937 corresponden al fuero común y 966 al fuero federal. El 82.7 por ciento del total se concentra en 11 entidades del país, entre ellas Guerrero, que reportó mil 155 casos de desaparición durante ese tiempo.
En cuanto a las fosas clandestinas, Ismael Eslava dijo que es preocupante también el hallazgo de “un número importante” de fosas clandestinas con cadáveres o restos humanos.
Agregó que la CNDH documentó que muchas ocasiones la búsqueda y localización de las fosas clandestinas es realizada por los familiares de las víctimas de desapariciones, “ante la falta de respuesta adecuada y oportuna de las autoridades de seguridad pública y de procuración de justica”.
Frente a casi un centenar de familiares de víctimas de desaparecidos, asesinados y desplazados el visitador de la CNDH reconoció que los familiares que se han convertido en verdaderos investigadores, “que sin ningún tipo de recursos han acudido por sus propios medios a los distintos lugares para buscar a sus seres queridos, y como consecuencia exponen su integridad, a pesar de que esta actividad le corresponde a la autoridad”.
En cuanto a las cifras informó que del 1 de enero del 2007 a septiembre del 2016 se localizaron 855 fosas clandestinas de las que se exhumaron mil 548 cadáveres, de los cuales 155 son mujeres y mil 53 hombres. En 343 casos no se proporcionó el género.
Asimismo 621 eran mayores de edad, 28 menores de 18 años y en 899 casos no se señala el indicador. De los mil 548 cadáveres exhumados al corte de la información para la elaboración del informe, se habían identificado 796 cadáveres.
Del total 195 fosas se localizaron en Guerrero de las que se exhumaron 326 cadáveres, con lo que se ubicó en la entidad con el mayor número de fosas clandestinas encontradas, reconoció el visitador de la CNDH.

Cisis humanitaria: Centro Prodh

El presidente del Centro Prodh, Mario Patrón disertó sobre macro criminalidad. Dijo que en 10 años en la denominada guerra contra el crimen organizado, en México la violencia ha provocado desaparecidos y muertos más que en cualquier conflicto bélico, lo que coloca al país en una crisis humanitaria con sus 60 mil personas desaparecidas y 160 mil asesinadas.
Añadió que las víctimas se siguen acumulando ya sea por la impunidad, la falta de capacidad de las autoridades o por la corrupción, la falta de instituciones sanas, además de los problemas estructurales. Añadió que todo eso provoca graves violaciones a los derechos humanos.
Explicó que la macro criminalidad se entiende como la que se comete por el crimen organizado con la suma de las instituciones públicas.
Citó como ejemplos de macro criminalidad los ataques a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014 donde murieron 6 personas, tres de ellos estudiantes, y desaparecieron 43 normalistas. También la irrupción de civiles armados en Chilapa del 9 al 14 de mayo de 2015, que dejó más de 30 desaparecidos.
Explicó que en ambos casos el crimen organizado contó con el contubernio de las autoridades federales, “esa es la macro criminalidad, la suma de las instituciones del poder público con el crimen organizado”.
Insistió que ambas acciones sólo pudieron suceder mediante la connivencia de las instituciones públicas con el crimen organizado, porque ¿dónde estaban las corporaciones federales, estatales y municipales cuando ocurrieron estos hechos?

 

BREVES

Asesinan a un empleado de una tienda en un asalto en Zihuatanejo

La noche de martes fue asesinado a balazos el empleado de la tienda de abarrotes con razón social Mayra, en la colonia Emiliano Zapata, en la cabecera municipal de Zihuatanejo.
Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal informaron que a las 10:50 de la noche recibieron un reporte de que adentro de una tienda un hombre había sido asesinado a balazos.
Testigos informaron que dos hombres intentaron asaltar la tienda, pero el trabajador del negocio se negó y fue baleado.
El trabajador de la tienda se llamaba Domingo y era vecino de la colonia Darío Galeana, en la misma ciudad. (Luis Blancas / Chilpancingo).

Alerta Ámber por dos niños

La Fiscalía General del Estado (FGE) activó la Alerta Ámber por la desaparición el pasado lunes en Chilpancingo de los hermanos Jose Ángel Eugenio de Jesús, de 7 años, y Dulce María, de 10.
El niño vestía pants azul marino, playera blanca y tenis verdes, como seña particular le faltan los dientes de enfrente. Además, tiene cabello corto lacio negro, tez blanca, ojos medianos y nariz chata.
De la niña portaba falda azul marino, blusa blanca, calcetas blancas y zapatos cafés con azul, tiene cabello largo lacio, tez morena, complexión delgada y nariz chata.