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Dice diputado que no acompañó a niña víctima de abuso que no puede incidir en decisiones judiciales

El diputado local perredista, Jonathan Moisés Ensaldo Muñoz, secretario de la Comisión de Derechos Humanos, dijo que como integrantes del Poder Legislativo no tienen la facultad de incidir en la decisión de los magistrados, como se le solicitó en el caso de la niña abusada sexualmente, en el que el Poder Judicial de Guerrero absolvió al violador.
El diputado fue consultado por el caso del abuso sexual a una niña de 2 años y 8 meses, en el que la familia y defensa de la víctima pidieron su respaldo, pero se negó el acompañamiento.
Se trata del caso en el que tres magistrados y una jueza desecharon el testimonio de la niña de 2 años y 8 meses, que detalló el abuso sexual que sufrió por parte de la pareja de su mamá, y como consecuencia, el violador fue absuelto por la justicia local, aunque la federal dio un revés y ordenó tomar como prueba la declaración, el diputado comentó que la integrante de la organización Renacer, que trabaja en defensa, orientación y apoyo para las niñas y los niños que han sido víctimas de abuso sexual, Yolanda Domínguez Flores, lo buscó después de que la jueza a cargo del caso, Rosalinda Sáenz Rodríguez absolvió al abusador y la defensa de la víctima apeló la resolución y el caso pasó a la primer sala penal del Poder Judicial del estado.
El perredista dijo que los diputados no pueden intervenir en el análisis de los casos que resuelve el Poder Judicial, porque “son un poder independiente”.
Justificó con el argumento de que los legisladores no deben incidir “de manera directa para que los magistrados resuelvan de una u otra manera, porque entonces tendríamos responsabilidad para bien o para mal”.
Ensaldo Muñoz comentó que sí recibieron la petición de Yolanda Domínguez para intervenir en el caso, y que se comprometió a intervenir “en medida de nuestras posibilidades y en lo que la ley nos lo permite, para que se resuelva de manera justa, ni a favor ni en contra, porque a nosotros no nos corresponde”.
Dijo que en ese caso, como en cualquier otro que esté en manos del Poder Judicial, no pueden intervenir los diputados, porque a los magistrados “no los mandamos, ni les pedimos favores de ese tipo, porque tenemos que ser respetuosos”.
El diputado dijo que le da gusto que la justicia federal haya atendido el caso conforme a derecho y que finalmente la defensa haya acudido a instancias federales hasta lograr justicia.
Se le preguntó por el anuncio de la defensa de la víctima en el sentido de que presentarían una denuncia penal contra los tres magistrados por conducta delictuosa, que da origen a un juicio de procedencia ante el Congreso local para que sean cesados y consignados ante un juez, y respondió que si hay sanción legal contra los magistrados y el tema llega al Poder Legislativo, posiblemente se tenga que excusar de ser parte de la Comisión de Derechos Humanos de la que es secretario, por conocer el tema “desde el ángulo de la defensa de la víctima”. (Rosalba Ramírez García / Chilpancingo).

E

Se unen dos organizaciones de prepas populares; se movilizarán para la solicitud de más presupuesto

Integrantes del Comité Ejecutivo General y el Frente Estatal, ambas organizaciones integradas por preparatorias populares, anunciaron su unión para iniciar una serie de movilizaciones y exigir al gobierno del estado mayor presupuesto, de 34 millones de pesos que recibieron este año a por lo menos 160 millones de pesos para 2018, que se usaría para mejorar las condiciones educativas y laborales, porque han estado marginadas.
Mientras que directivos de las preparatorias populares de la región Costa Grande, ubicadas en la zona serrana de Atoyac, en la comunidades El Quemado, San Juan de Las Flores, Santo Domingo y Río Santiago, reforzaron la postura del comité y del frente, para que el gobierno del estado dé a conocer el prepuesto para el siguiente año, con el que operarán estos centros educativos pertenecientes a la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG).

Chilpancingo

El integrante del Comité Ejecutivo de Preparatorias Populares, Emiliano Carreto Moreno, informó que han hecho peticiones al gobierno del estado y a los diputados locales, sobre el incremento al presupuesto de todas las escuelas de este tipo que hay en Guerrero, porque ya llevan casi dos meses pidiendo audiencias y no ha sido posible.
Indicó que se han reunido con diputados locales y solicitado reunión con el gobernador del estado. De este último los ha atendido sólo su personal, pero sin darles respuesta clara sobre el ejercicio fiscal del siguiente año.
“Este año que está concluyendo, el presupuesto que tenemos ha sido el mismo del año pasado, de 2016; entonces, creemos que es injusto que a la educación media superior y más a las preparatorias populares, que son la parte más marginada en el estado de Guerrero, sector al cual no se le ha destinado suficientes recursos, pues hoy estamos en conjunto con todas las preparatorias populares, las organizaciones que hay en el estado de Guerrero, para unirnos hacia una misma causa, una misma lucha y exigir con todo al gobierno del estado a que destine recursos suficientes”, señaló.
Abundó que estos recursos económicos servirán para fortalecer la infraestructura, el pago a los profesores, la actualización y formación docente, y sobre todo ayudar a los padres de familia que aportan una cooperación mensual.
Indicó que saben que el gobernador Héctor Astudillo Flores menciona que hoy a Guerrero le ha ido mejor con el presupuesto, que la educación la tiene contemplada dentro de su administración,  según como parte fundamental o prioritaria, que entonces quieren que esto se vea reflejado en las preparatorias populares.
Resaltó que necesitan un presupuesto mínimo de 160 millones de pesos, para iniciar y tratar de cubrir y mejorar un poco los rubros que necesitan, porque hasta ahora sólo reciben 34 millones de pesos, para 52 planteles y escuelas que son extensiones de éstas, que en total son cerca de 90.
“Hemos agotado el diálogo, hemos agotado las peticiones, la solicitud de audiencia con el gobernador del estado, con los diputados y hoy anunciamos una movilización, que a partir del día de mañana se va a estar llevando a cabo en las diferentes regiones del estado y el día jueves, por igual, una movilización masiva en la capital del estado”.
El integrante del Frente Estatal de Preparatorias, Simón Ramos Aburto, externó que “hemos acordado hacer una misma movilización, precisamente por esta negativa de resultados sobre la petición que hemos hecho, creo que nosotros le hemos apostado al diálogo, el estado de Guerrero es un estado que está convulsionando y nosotros no le apostamos a eso, pero es la última herramienta que el gobierno nos está dando”.
Además, señaló que la inseguridad no se va a resolver con más policías, que se va a resolver invirtiendo en todos los sectores, como en el educativo.
Por su parte, el profesor Arturo Guerrero Caballero dijo que además tienen otro planteamiento social, como el de no permitir el gasolinazo, tampoco van aceptar un incremento al presupuesto de las preparatorias populares de 5 millones de pesos, que tiene que ser de acuerdo con las necesidades educativas.
Además dijo que exigen la presentación con vida de los 43 estudiantes normalistas y la libertad a los presos políticos.
Recalcó que la lucha social es en defensa del pueblo y que esa es la tarea fundamental de las preparatorias populares defender las condiciones sociales económicas del pueblo, y que por lo tanto responsabilizan a los gobiernos municipales, estatal y federal de las movilizaciones que realizarán.
Además, dijo que hay jóvenes que no están estudiando, porque no hay condiciones como en el nivel primaria y secundaria, que es parte de sus preocupaciones que por eso van a abrir el sistema educativo abierto, porque tienen que resolver el problema de la educación.

Atoyac

En conferencia de prensa en Atoyac, en el kiosco del zócalo de Atoyac, la directora de la preparatoria de El Quemado, Juany Guzmán Reyna; de San Juan de las Flores, Alma Irene Vázquez, y de Río Santiago, Noemi Uriuostegui Albarrán, se dijeron preocupados de que el pasado 15 de octubre el gobierno del estado entrego el paquete fiscal 2018 al legislativo local y no se contempla ningún presupuesto para las preparatorias populares de la entidad.
Guzmán Reyna dijo que este año que culmina operaron con un techo financiero de 25 millones de pesos, que no hubo incremento en comparación al año pasado.
Abundó que son atendidas por cerca de cien profesores en la zonas más pobres del estado, quienes reciben 2 mil pesos quincenales, sin ningún tipo de prestaciones adicionales, como vacaciones, aguinaldo, becas o jubilaciones.
Confiaron en que el incremento sea de un 6 por ciento nacional, que en la entidad sea igual o mayor y es sólo para 52 preparatorias populares, las demás subsisten con aportaciones de los padres de familias.
Aclararon que el recurso es sólo para las cuestiones operativas, ya que lo que respecta a la infraestructura educativa, esta corresponde a gestiones particulares que hacen en los respectivos municipios con los Ayuntamientos.
Reseñaron que la mayoría de las preparatorias populares de la entidad tienen más de 20 años laborando, que fue hace tres años cuando se les incluyó en el presupuesto estatal.
Cuestionaron que al no ser atendidos tienen programado un plan de acción, que incluye brigadas informativas en las comunidades donde operan.
Sostuvieron que de no obtener respuesta favorable, realizarán un boicot a las campañas políticas de todos los partidos, en los pueblos y comunidades donde tienen presencia, “porque sólo cuando quieren el voto nos buscan y nos visitan, el resto del tiempo se olvidan de apoyar, sobre todo la educacion”.

Cancela el Congreso una reunión con prepas populares sobre una audiencia con Astudillo

El presidente del comité ejecutivo general de las Preparatorias Populares, Emiliano Carreto Moreno, informó que el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local, Eusebio González Rodríguez, canceló la reunión en la que se informaría de la fecha en que podrían reunirse con el gobernador Héctor Astudillo Flores, para discutir el incremento al presupuesto de las escuelas.
El 23 de noviembre pasado, una comisión del comité ejecutivo general de las Preparatorias Populares se reunió con González Rodríguez y el presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Congreso local, Víctor Martínez Toledo, a quienes les plantearon un incremento del presupuesto, de 35 a 160 millones de pesos. En esa reunión se acordó que los diputados dialogarían con Astudillo Flores y solicitarían una audiencia; la respuesta del gobernador se informaría a los maestros el 30 de noviembre, pero no hubo ninguna.
Vía telefónica, Carreto Moreno recordó que el aumento del presupuesto para las Preparatorias Populares, que están incorporadas a la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), es una solicitud que se hace a los diputados en turno año con año. Para el ejercicio fiscal 2017 el Congreso local aprobó 35 millones de pesos a las 90 escuelas, que cuentan con unos 800 maestros y 14 mil estudiantes; sin embargo, espera que para 2018 el aumento sea mayor.
Precisó que el presupuesto se invertirá en infraestructura, salarios, capacitación y actualización de maestros. (Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo).

Piden prepas populares al Congreso más presupuesto; es para salarios, obras y capacitación, dicen

El Comité Ejecutivo de las preparatorias populares acudió al Congreso local a una reunión con diputados locales, para pedir una ampliación presupuestal de 35 a 160 millones de pesos, que requieren para infraestructura, salarios, capacitación y actualización docente.
El presidente del Comité Ejecutivo General de las Preparatorias Populares, Emiliano Carreto Moreno, comentó que desde hace un mes buscan reunirse con la presidenta de la Junta de Coordinación Política, la priista Flor Añorve Ocampo, pero no los ha recibido.
Este jueves pudieron reunirse con los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación, Eusebio González Rodríguez y Víctor Martínez Toledo, respectivamente, a quienes les plantearon un incremento presupuestal, solicitud que año con año tienen que realizar a los diputados en turno.
Recordó que el año pasado, para el ejercicio fiscal 2017, el Congreso aprobó 35 millones de pesos, pero esperan que para 2018 realicen “un incremento considerable”.
Dijo que para el ciclo escolar requieren por lo menos 140 millones de pesos, pero por los incrementos a los precios derivados del alto costo de la gasolina, las necesidades  suben a 160 millones.
“Que va a solventar un poco la parte de la infraestructura, el pago a los profesores, también capacitación y actualización de los docentes”, comentó el presidente.
La respuesta Eusebio González y Víctor Martínez a la petición de incremento del presupuesto fue “que lo están platicando y que llevarán la propuesta al resto de los diputados”.
Los maestros que asistieron a la reunión privada con los diputados, les pidieron que fueran intermediarios para conseguir una reunión con el gobernador Héctor Astudillo Flores, para plantearle la misma solicitud de recursos, porque este año recibieron lo mismo que en 2015.
Carreto Moreno recordó que reciben solo 35 millones de pesos para 90 preparatorias populares, con 800 maestros que atienden a unos 14 mil estudiantes Dijo que mínimamente requieren 70 millones de pesos para poder funcionar, pero si pudieran recibir los 160 mejorarían las condiciones en las que los maestros tienen que dar clases.
Los diputados y maestros acordaron una próxima reunión para el jueves 30 de noviembre en el Congreso local, en la que tendrían que darles una respuesta de cuándo podrían reunirse con el gobernador “y de ser posible ya tener un avance de la propuesta de incremento”. (Rosalba Ramírez García / Chilpancingo).

Marchan la UPOEG y comisarios; exigen que se regulen los grupos de seguridad ciudadana

Unos 400 integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y del Consejo de Comisarios de Costa Chica, marcharon para exigir en el Congreso la regularización de los grupos armados de seguridad ciudadana y una interlocución para abrir mesas de trabajo con los gobiernos estatal y federal.
Los manifestantes esperaban ser recibidos por una comisión de diputados de las Comisiones de Justicia, Seguridad y Asuntos Indígenas, como se acordó una semana antes con la presidenta de la Junta de Coordinación Política, la priista Flor Añorve Adame.
Sin embargo, y después de que se le insistió, sólo fueron recibidos por la diputada del PRI, Beatriz Alarcón Hernández, quien atendió a una comisión en la sala José Francisco Ruiz Massieu, y adujo la tardanza de los manifestantes para justificar la ausencia del resto de los diputados.
En la reunión se estableció otra cita el miércoles, sólo para las demandas de la UPOEG. El Consejo de Comisarios de la Costa Chica, anunció que continuará su agenda por separado.
De manera extraoficial, se denunció que la UPOEG relegó los asuntos de los comisarios, para centrar la reunión en el problema de Tierra Colorada, donde tienen una pugna con el FUSDEG.
Por separado, el representante del Consejo de Comisionarios, Feciliano Santana Alonso, explicó vía telefónica que los representantes de los pueblos de Costa Chica llegaron a Chilpancingo a participar en una marcha por la dignidad en un frente común con la UPOEG, para hacer presión en el Congreso por atención a sus demandas.
Aclaró que son movimientos independientes con peticiones comunes, salvo en el tema de seguridad ciudadana, por lo que su gestión continuará por separado. De la reunión, sólo declaró que esperan la mediación de la diputada Añorve para tener comunicación directa con los secretarios y delegados de Gobierno en la gestión de servicios y beneficios de programas sociales.
Entregaron peticiones de sue-ro antialacrán y medicamentos para comunidades de Ometepec, Xochistlahuaca y Tlacoachistla- huaca y ambulancias para Igualapa y Llano Largo. Confió en que la diputada Beatriz Alarcón los llame para dar seguimiento a sus planteamientos.
El “error” de la protesta

La marcha de hombres y mujeres campesinos comenzó después de la 1 de la tarde, en el crucero de la Autopista del Sol con la carretera federal Mexico-Acapulco, al sur de la ciudad, avanzó por la calle lateral del bulevar Vicente Guerrero y la avenida Lázaro Cárdenas. En el Congreso ya se había colocado una carpa para recibir a los manifestantes.
Llegaron a las 2 de la tarde, un retraso de dos horas para la cita con diputados, debido a la demora de los grupos de Costa Chica, el contingente más amplio.
Ya no había diputados, y el oficial mayor, en acuerdo con el dirigente de la UPOEG Bruno Plácido Valerio, salió a la explanada a recibir el documento dirigido al Congreso sobre la regulación de los grupos ciudadanos de seguridad.
Plácido explicó que los diputados ya no los atenderían porque llegaron tarde, y era necesario reconocer que cometieron un error.
El argumento no convenció a los promotores de la UPOEG ni al Consejo de Comisarios, que tomaron el micrófono para recriminar la desatención de los diputados: “Ese error de nosotros para ellos es terrible, y cuando ellos incumplen ¡no pasa nada!”, “los diputados piden a los pueblos que reconozcan su error, que llegamos tarde, cuando ellos estuvieron en los pueblos pidiendo el voto no les importaba si era mañana, tarde o noche”, “hemos venido de manera pacífica, no hemos alterado ninguna regla, cerramos nada. La tardanza se debe porque no venimos de aquí a la vuelta”, insistieron en quedarse en el lugar hasta ser atendidos por los legisladores.
Mientras esperaban respuesta, se anunció que llegaron representantes de colonias de Tierra Colorada, cabecera municipal de Juan R. Escudero, donde el día anterior hubo otro altercado entre grupos de seguridad ciudadana de la UPOEG y del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG). Plácido Valerio se apartó con ellos, antes de la reunión en la sala José Francisco Ruiz Massieu.

Acuerdan la CRAC y diputados presentar una sola propuesta de reformas en materia indígena


Durante la asamblea general de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), las autoridades comunitarias acordaron con diputados del PRD, MC y Morena ir en un solo frente para presentar una propuesta conjunta a las reformas en materia indígena, y la Ley 701 de Reconocimiento, Derecho y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas.
A la reunión, que inició a las 11 de la mañana y terminó a las 3 de la tarde, asistieron unas 400 autoridades comunitarias, así como los diputados del PRD el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, Ociel García Trujillo; de Movimiento Ciudadano y vocal de la Comisión de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Mejía Berdeja, y la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros. También diputados de los partidos que han presentado propuestas de reforma al artículo 14 y la Ley 701.
También fueron invitados pero no asistieron los diputados del PRI y PVEM, el presidente de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, Cuauhtémoc Salgado Romero, y el presidente de la Comisión de Justicia, Héctor Vicario Castrejón. Además del gobierno del estado, que de acuerdo con los integrantes de la CRAC será en otro momento cuando acudan.
En su intervención, el alcalde de San Luis Acatlán, Javier Vázquez, llamó a los diputados de izquierda a unificar las iniciativas en beneficio de los pueblos y la policía comunitaria, en un “gran frente de izquierda”. Sostuvo que él seguirá respaldando a la organización que ha garantizado la seguridad en el municipio e incluso llamó a que las adecuaciones se extiendan a otras partes del estado.
El consejero de la CRAC, Valentín Hernández, reconoció el valor de los diputados de acudir a comparecer a la asamblea general de la CRAC, que integra 180 comunidades indígenas de 22 municipios del estado, y dijo que habrá una relación de trabajo y coordinación, más no de subordinación.
Después dio lectura a seis propuestas que fueron respaldadas por la Policía Comunitaria, el Consejo de Damnificados de la Montaña, el Frente Popular de Tlapa y el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota, donde convocaron a construir “con nosotros” una reforma constitucional local, así como una ley reglamentaria en materia de derechos indígenas y afromexicanos.
Que sean integradas en una sola redacción y propuesta las iniciativas de reforma en materia indígena que ya fueron hechas por los diputados, que los legisladores “la promuevan en todo el proceso legislativo, hasta su publicación, sin distingo partidista”, y después construir una propuesta común para la Ley 701.
Que en 15 días la CRAC y las organizaciones interesadas presentarán una propuesta en 15 días, que será la base para que se integren todas las demás ya presentadas en materia indígena, y de ahí sacar un solo documento.
Las organizaciones llamaron a los diputados a que se “mantengan consecuentes con esta propuesta y no se vendan para aprobar una reforma constitucional, donde la ley secundaria en materia indígena sea contraria a los intereses legítimos de los pueblos indígenas y afromexicanos”.
Además sostienen que la propuesta es asegurar la vigencia de los derechos de los pueblos en la Constitución, “no queremos construir banderas electorales para los partidos”, donde plantean que el dictamen de la reforma constitucional y la ley secundaria en materia indígena sea en el menor término posible y en la actual legislatura.
Por último, las organizaciones señalaron que las propuestas estarán acompañadas por la movilización y la protesta social “necesarias”, para garantizar la vigencia de los derechos de los pueblos originarios. Una vez que la asamblea respaldó el documento, los diputados se manifestaron a favor y firmaron el acuerdo.

Una sola propuesta, piden autoridades comunitarias

Durante las intervenciones, las autoridades comunitarias y agrarias demandaron un solo frente y una sola propuesta a favor de la CRAC y la Policía Comunitaria, así también que antes de que se propongan se deben de consultar a las comunidades, que no se hagan sólo “desde el escritorio”, dijo Taurino Reyes, de Xalpatláhuac, y el comisario de Totepec, Tlapa, Honorio Morales.
Ambos manifestaron que se debe de presentar una iniciativa en defensa del territorio comunitario y no a favor del estado, porque la Policía Comunitaria sí estaba dando resultados en las comunidades, contrario a lo que ocurre en Chilpancingo y Acapulco, donde a diario hay muertos pese a la seguridad de las corporaciones del municipio, estado, federales y Ejército.
El secretario municipal de la comunidad de Colombia de Guadalupe, Marcelo Gómez, urgió también a regular a las autodefensas, quienes han entrado a zonas donde opera la CRAC, lo que fue retomado por el integrante de la Casa de Enlace de la CRAC de Cacahuatepec, Rodolfo Chávez quien recordó las palabras del gobernador, que tanto la UPOEG y el FUSDEG son grupos que están al margen de la ley y que son ilegales, “que no tienen reconocimiento, entonces que los saque de los bienes comunales”.
La representante de los pueblos amuzgos de Cochoapa, Kenia Hernández, llamó a no permitir que el gobierno corrupto someta a las comunidades indígenas, porque recordó que el poder reside en el pueblo y que el gobierno se le olvidó el artículo 39, donde se instituye.
Además, llamó al diputado del PRD, García Trujillo, a que sus compañeros “demuestren que son democráticos” y que no traicionaran a las comunidades en votar a favor de las iniciativas del gobernador y no las que se propongan por parte de la CRAC.
Mientras el integrante de la CRAC de Cochoapa, Guillermo Rosendo, denunció que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum) está a favor de los delincuentes, y señaló el caso de un joven detenido y en proceso de reeducación, que trató de asesinar a su mamá, y que ahora está siendo defendido por la institución.

Se debe de fortalecer a la CRAC: diputados

En sus intervenciones, los tres diputados asistentes presentaron sus iniciativas y se manifestaron a favor de fortalecer los derechos de los pueblos originarios y su Policía Comunitaria, a la que le reconocieron su labor en los bajos índices delictivos en la región donde opera, en comparación con el resto del estado.
Los diputados del PRD y MC coincidieron en que se deben de regularizar de forma independiente a los nuevos grupos armados que han surgido en Guerrero, ante la incapacidad del gobierno y falta de gobernabilidad.
El diputado de MC, Mejía Berdeja, expresó que gracias a la Policía Comunitaria “las cosas” no estaban como en otras partes del estado. “Así que se tiene que mantener, porque ha sido un sistema eficaz que está dando resultados” y que está mandatado por las comunidades.
Abundó que se debe fortalecer a las autenticas policías comunitarias, porque hay quienes se disfrazan de policías comunitarios, en referencia a las autodefensas, e incluso algunos tienen injerencia de grupos delincuenciales o defienden intereses de grupos, y utilizan armas no permitidas, “entiendo que detrás de los grupos hay causas legítimas” a las que se les tienen que crear un figura jurídica.
Dijo que dentro del Congreso local son necesarios 31 votos para que las reformas en materia indígena sean aprobadas en la Constitución, que entre los tres bloques del PRD, MC y Morena, juntan 20; mientras que el PRI, PVEM y PAN tienen 25.
La diputada de Morena, De Jesús Cisneros, afirmó que era una “aliada” de las comunidades indígenas y del sistema comunitario, que su partido ha impulsado reformas para mantener los derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas.
Informó que presentará un punto de acuerdo en la próxima sesión, para que sea elevada a rango constitucional a la CRAC, al considerar que “por los derechos declarativos que establece la Constitución en materia indígena no gozarán de autonomía, ni libre determinación, mientras no se reconozca a rango constitucional a la autoridad indígena que los haga valer, para garantizar que los derechos indígenas como la autonomía, la libre determinación, los usos y costumbres que consagra el artículo segundo de la Constitución sean una realidad”.
Pero que no se trataba de que la CRAC pasara a ser parte de los órganos autónomos del Estado, sino de conferirles reconocimiento y autoridad comunitaria, al ejercer no una autonomía declarativa sino una autonomía constitucional, que ya se reconoce en la Constitución.
El diputado del PRD, García Trujillo, dijo que la fracción presentó una contra reforma a la propuesta enviada por el gobernador Héctor Astudillo Flores, para una modificación al artículo 14, y así evitar que fuera aprobada.
“Tenemos que hacer un frente, porque no podemos dejar pasar lo que tiene contemplado el gobierno del estado en cuanto a la reforma constitucional al artículo 14”, y que es contrario a lo que el pueblo considera correcto y a sus derechos.
Después pasó el representante del Consejo de Damnificados de la Montaña, Abel Bruno, quien llamó a los diputados que no sea un show lo que prometieron y que realmente se tomará en cuenta al pueblo en el acuerdo, porque de las iniciativas presentadas fue la única que contó con más de 6 mil firmas y consultada a las comunidades.
Indicó que la iniciativa que proponen es integral y que va más allá de sólo el sistema de seguridad, sino que incluye educación, salud y el campo. Además de que proponen que las comunidades elijan a sus autoridades municipales y distritales en asambleas por usos y costumbres, que existan cuatro curules, una para cada lengua originaria del estado.
A la reunión también acudió el director general del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Abel Barrera, quien no participó. Además estuvieron presentes las autoridades de las casas de justicia de San Luis Acatlán, El Paraíso, Espino Blanco y los comités de enlace de Chilixtlahuaca, Huamuxtitlán-Olinalá, Cacahuatepec, y representantes de la zona amuzga.

Diputados pasan ahora para después de Semana Santa el dictamen sobre el desafuero de su colega Saúl Beltrán

 

La Comisión Instructora encargada del juicio de procedencia al diputado acusado de homicidio, el priista Saúl Beltrán Orozco, dará un plazo de cinco días hábiles para que éste revise la información entregada por la Fiscalía y en su caso aporte más pruebas en su defensa, y esperan dictaminar “después de Semana Santa”.
La reunión de la Comisión Instructora que el presidente el diputado panista Iván Pachuca Domínguez dijo a El Sur que sería el martes, en realidad fue este miércoles. En ese encuentro sus integrantes acordaron notificar a Saúl Beltrán que la Fiscalía General del Estado (FGE) ya entregó la información para que éste pueda revisarla y en su caso entregar más pruebas a su favor.
Después de que la comisión dictaminadora concluyera que el juicio de procedencia que establece la Ley de Responsabili-dades de los Servidores Públicos “está mal” porque tiene lagunas y no garantiza el derecho de audiencia del enjuiciado, no se está acogiendo a ningún plazo y se está autorizando sus propios tiempos y prórrogas.
Desde el pasado 1 de febrero, la Fiscalía solicitó al Congreso iniciar el juicio de procedencia contra Beltrán, 23 días después de que una jueza liberara una orden de aprehensión en su contra. Así, al final sus compañeros legisladores habrán demorado casi tres meses una decisión que debieron tomar en 10 días a partir de la demanda formal de la Fiscalía, de acuerdo con la ley y los reglamentos del Congreso.
La fuente consultada por El Sur comentó, en jerga de abogados, que en la reunión de ayer el presidente Iván Pachuca les confirmó la llegada de las “documentales y testimoniales” que le requirieron a la Fiscalía.
Según Pachuca Domínguez, desde el jueves llegó al Congreso la información que le requirieron a la Fiscalía. Con eso la Comisión Instructora ya tendría todo lo necesario para revisar el caso y poder dictaminar si le quita o le mantiene la inmunidad constitucional al diputado priista.
Iván Pachuca dijo también que el diputado Beltrán ya no tendrá derecho a réplica en la Comisión, a menos que los integrantes decidieran lo contrario.
Sin embargo la fuente consultada precisó que hoy la presidencia de la Comisión “notificará al diputado (Beltrán) para que él revise el expediente, porque tiene cinco días hábiles para completar lo que a su juicio crea que sea importante”.
Con eso confirmó que la Comisión Instructora está ampliando aún más el plazo para dictaminar, y ahora está otorgando al diputado acusado de homicidio calificado cinco días hábiles para que pueda entregar información en su defensa. Si se notifica hoy a Beltrán, el plazo correrá a partir del viernes y concluirá hasta el próximo jueves.
Pero después de los cinco días hábiles “la Comisión va a pedir a la Fiscalía y al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) los testimoniales de la policía y del papá de la víctima”, en referencia a la agente detenida, Perla García Navarro, quien acusó a Beltrán de ordenar el homicidio  del trabajador del ayuntamiento de San Miguel Totopalan José Antonio Ceferino Gil.
La Fiscalía entregó a la Comisión Instructora más de 2 mil fojas, en las que se supone que deberían de estar las declaraciones ministeriales de la policía municipal y las del padre de José Antonio Ceferino, porque en un comunicado la Comisión Instructora anunció que el requerimiento que hicieron a la Fiscalía fue de copias certificadas de todo el expediente de la averiguación previa contra el diputado .
La fuente comentó que la comisión previó que el dictamen podría estar para abril; “seguramente después de las vacaciones de Semana Santa”. El calendario oficial de las vacaciones marca que inician el lunes 10 de abril y concluye el viernes 21, pero las actividades se reanudan hasta el lunes 24 de abril.

Analizan diputados sanciones contra el fiscal por el caso Beltrán

 
El secretario de la Comisión Instructora a cargo del juicio de desafuero contra el diputado priista Saúl Beltrán Orozco, el perredista Ernesto González Pérez, informó que analizan las sanciones contra la Fiscalía general por el retraso en la entrega de pruebas solicitadas.
En declaraciones, adelantó que la Comisión se reunirá para analizar qué medidas o sanciones pueden aplicar por las omisiones cometidas, porque afirmó que eso es lo que ha retrasado el dictamen.
Se le preguntó a qué atribuye el retraso de la Fiscalía para entregar la información que le solicitaron y dijo “es lo que nos preocupa que quiera utilizar la Fiscalía alguna protección… o no sabemos, es lo que nos preocupa, ¿por qué no han llegado? (las copias certificadas)”.
Explicó que las sanciones contra el fiscal Javier Olea pueden ser administrativas, por desacato, e incluso la destitución de su cargo. “Estamos analizando llamarlo a comparecer y ver medidas de apremio y sanciones porque ya son dos ocasiones que pide prórroga, son ya 20 días que no ha podido entregar esta documentación y si no tenemos la documentación no podemos elaborar un dictamen”.

Deben diputados retirar inmunidad a Beltrán para que responda ante la Fiscalía: MC

 
El coordinador de los diputados locales del partido Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, llamó a la Comisión Instructora del Congreso local a no dar protección política ni extralimitarse en sus funciones con un “mini proceso”, en el caso de la solicitud de desafuero del priista Saúl Beltrán Orozco.
En conferencia de prensa en la sala José Bajos Valverde del Congreso local, a nombre de los diputados de MC, Mejía Berdeja afirmó que el proceso de desafuero del diputado priista debe ser independiente del proceso penal que el diputado tiene en los tribunales.
Lamentó que la comisión dictaminadora pretenda hacer de la solicitud de juicio de desafuero “un mini proceso penal” en el Congreso.
Por lo que dijo que esperan que la comisión no se extralimite y que “no haya protección política” para el diputado del PRI acusado por la Fiscalía de homicidio calificado, además de que se le vincula con el grupo criminal Los Tequileros.
Recordó que la solicitud de la Fiscalía para iniciar el Juicio de procedencia, fue entregada acompañada de elementos necesarios para comprobar la responsabilidad penal del diputado priista. Sin embargo se supo que la Comisión Instructora requirió a la Fiscalía más información.
Y esos elementos deben ser suficientes para que la Comisión Instructora dictamine, dijo el coordinador de MC en el Congreso, además de que Saúl Beltrán ya tuvo su derecho de audiencia.
El diputado insistió en que el proceso de desafuero contra Saúl Beltrán es independiente del proceso penal o judicial que enfrente el priista, “porque la comisión sólo va a resolver si le despoja de esta inmunidad, de esta protección legal que tiene el legislador, para poder ser objeto de las acusaciones penales y poder por su cuenta defenderse”.
Además de que precisó que la Comisión Instructora no tiene por qué estar revisando toda la parte procesal que se lleva en los juzgados como es el caso de la solicitud de amparo, “porque el proceso de desafuero no juzga o prejuzga sobre la culpabilidad. No es un mini proceso penal”.
Mejía Berdeja insistió en que la Comisión solo debe señalar si se puede verificar que hay una probable responsabilidad, a partir de los elementos que entregó la Fiscalía.
Recordó que hay un homicidio calificado según el Ministerio Público encargado de la investigación, de la que señala también la presunta responsabilidad del diputado, por lo que consideró que la Comisión Instructora no puede negar el desafuero por la solicitud de amparo que realizó el diputado.
Dijo que la postura de la fracción de MC es que el proceso de desafuero es autónomo del proceso judicial en el que está involucrado Saúl Beltrán, “porque lo único que van a hacer es despojarle de la inmunidad”.
Advirtió que el Congreso no puede estarse metiendo a la parte procesal penal entre el acusado y la Fiscalía “eso es harina de otro costal. Sería un exceso, la Comisión Instructora debe dictaminar con lo que la Fiscalía le puso a la vista”.

Disminuirán sus sueldos en 20 por ciento, anuncian diputados del PRD, MC y PT

Los 19 diputados que integran las fracciones parlamentarias del PRD, Movimiento Ciudadano y la representación del PT en el Congreso local dieron a conocer que disminuirán su sueldo en un 20 por ciento, 14 mil pesos de los 70 mil que perciben mensualmente, como parte de sus acciones para exigir la derogación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en el precio de las gasolinas y en solidaridad con los sectores inconformes por el gasolinazo.
Los legisladores informaron también que mientras los grupos parlamentarios del PRI y el PVEM, que son mayoría, se opongan a impulsar una iniciativa en ese sentido ante la Cámara de Diputados, como lo propuso ya Movimiento Ciudadano, no están dispuestos a ir juntos en el plan de austeridad que anunció la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Flor Añorve Ocampo.
En cuanto a las 20 medidas de austeridad que anunció el gobierno del estado el domingo, expresaron que no están de acuerdo en que se haya incluido en la reducción salarial a funcionarios de nivel medio, y consideraron que tampoco resuelven el tema de fondo que es el incremento en el precio de las gasolinas.
Indicaron que propondrán la comparecencia ante el Congreso del secretario de Finanzas, Héctor Apreza Patrón, para que informe en qué invertirá el gobierno estatal el dinero que se ahorre con esas medidas, pues advirtieron la posibilidad de que se le dé un “uso clientelar” para el proceso electoral de 2018.
La mañana de ayer la coordinadora de la fracción del PRD, Erika Alcaraz Sosa, y sus compañeros de bancada Sebastián de la Rosa Peláez, Ernesto Fidel González Pérez, Silvia Romero Suárez y Ociel Hugar García Trujillo, se reunieron en privado con el coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, la diputada Magdalena Camacho Díaz y el diputado del PT, Freddy García Guevara.
En el encuentro, que se extendió por una hora y que se celebró en la sala legislativa del PRD, llegaron a acuerdos para exigir desde el Congreso que se revierta el gasolinazo.
En conferencia de prensa al concluir la reunión, Ricardo Mejía explicó que el primer acuerdo es que los diputados del PRD, Movimiento Ciudadano y el PT no se sumarán al plan de austeridad que anunció Flor Añorve, y del que no se conocen aún acciones específicas, si el Congreso no se pronuncia en contra del gasolinazo y las fracciones del PRI y el PVEM insisten en bloquear la iniciativa que presentó MC para que el Legislativo local impulse en la Cámara de Diputados la derogación del IEPS.
“Es un error garrafal (el gasolinazo) del gobierno federal en el que no tenemos por qué ceder, los gobernadores tampoco pueden estar arrodillados ante la federación porque les quita o les da recursos en función del centralismo fiscal”, expresó.
En su oportunidad, Erika Alcaraz indicó que el segundo acuerdo es reducir el sueldo de los diputados locales 20 por ciento, por lo que de los 70 mil que perciben mensualmente por gastos de representación y dieta, ahora cobrarán 56 mil.
Explicó que no se oponen al plan de austeridad anunciado por el gobierno del estado, sin embargo dijo que se desconoce en qué se invertirá o qué uso se le dará al recurso que se ahorre.
“¿Ese dinero quién lo va a manejar? ¿A dónde irá destinado? ¿De qué manera ese dinero, de quienes reduzcan su salario, bajará los costos de los productos de la canasta básica? ¿En qué porcentaje bajará el costo del pasaje y de la gasolina? No hemos tenido una respuesta a esas interrogantes”, expresó.
Por ello explicó que el dinero correspondiente a la reducción de su sueldo se destinará a proyectos económicos y sociales en educación, salud, campo y grupos vulnerables. En tanto, Freddy García indicó que plantearán que comparezca ante el Congreso el secretario de Finanzas, Héctor Apreza, para que aclare todas esas dudas y explique cuál será el destino de la bolsa que se recaude por las medidas de austeridad.
En una segunda ronda de intervenciones, Mejía Berdeja expresó que no están de acuerdo en que el recorte salarial que anunció el gobierno del estado incluya también a mandos medios, y advirtió que esa medida podría ser “un pasaporte a la corrupción”.
De la posible comparecencia de Apreza indicó que la intención es conocer a qué estarán dirigidos los recursos que resulte de los recortes anunciados, pues el riesgo es que haya “clientelismo político”.
“Sería muy grave que por un lado el gobierno federal decreta el gasolinazo para afectar la economía y por otro lado se crean bolsas para estar haciendo clientelismo electoral, y nosotros sí vamos a pedirle al secretario de Finanzas que explique y clarifique”, dijo.
–¿Entonces cada fracción determinará las medidas que van a asumir, no habrá un acuerdo conjunto con el PRI y el PVEM?
–Si el PRI acepta pronunciarse en contra del gasolinazo y presentar una iniciativa al Congreso de la Unión para que se modifique el IEPS y se le dé reversa, podríamos salir juntos, pero si sigue bloqueando hemos decidido que vamos a aportar el 20 por ciento de nuestro sueldo y vamos a pedirle al Comité de Adminis-tración, que es el órgano competente del Congreso, que hagamos un plan pero con transparencia, no unilateral.
En la conferencia se les preguntó si se limitarían sólo a reducir su salario en un 20 por ciento, o si renunciarían también a viáticos y costearán el servicio de telefonía celular, pero los legisladores explicaron que no perciben ningún apoyo de ese tipo y que todos los gastos que se generan cuando trabajan los absorben ellos con sus propios recursos.
El coordinador de Movimien-to Ciudadano expresó que las 20 medidas del gobierno no resuelven de fondo el problema del gasolinazo, pues recordó que el argumento de la federación es que se requieren 200 mil millones de pesos para seguir subsidiando los combustibles, mientras que el ahorro que logrará el Ejecutivo estatal con su plan de austeridad será de apenas “300 millones”.
“Lo que necesitamos es revertir el gasolinazo, yo quiero decirles ¿qué va a pasar el 4 de febrero si el gobierno federal decreta un nuevo gasolinazo? ¿Se van a volver a bajar los sueldos? ¿Y el 11 de febrero otra vez? Tenemos que construir un nuevo federalismo, no podemos estar arrodillados mientras la federación está haciendo tonterías”.

PRD: plan de austeridad es bueno

En la conferencia, la coordinadora de los diputados del PRD expresó que el plan de austeridad del gobierno estatal “es bueno” porque demuestra que sí hay capacidad de ahorro que permitirá ampliar la cobertura de los programas sociales.
“No descalificamos el plan de austeridad del gobernador, al contrario, lo felicitamos por hacer estas economías y estas medidas que van a ayudar, pero no compartimos la reducción de los salarios de los mandos medios, no es justo que se les tenga que reducir o que ellos tengan que pagar las consecuencias de un mal gobierno”.
Los diputados informaron que aún no se hace el planteamiento formal a las fracciones del PRI y del PVEM pero lo harán en la próxima reunión de la Junta de Coordinación Política que preside Flor Añorve, y será entonces cuando se conozca si hay o no condiciones para que el Congreso vaya unido.