Nueve diputados de Morena suscribieron un posicionamiento en contra del trato que la administración del Congreso local que encabeza la morenista Yoloczin Domínguez Serna da al nuevo sindicato de trabajadores Sentimientos de la Nación, porque que es contrario a los principios de ese partido político; demandaron respeto a los derechos laborales de los agremiados y los tres despedidos.
Este lunes el sindicato dio a conocer un documento firmado por las diputadas Leticia Castro Ortiz, Nora Velázquez Martínez, María Flores Maldonado y los diputados Masedonio Mendoza Basurto, Osbaldo Ríos Marique, Fortunato Hernández Carbajal, Alfredo Sánchez Esquivel, Antonio Helguera Jiménez, y Marco Tulio Sánchez Alarcón, fechado el 14 de marzo pasado, es decir hace dos semanas.
En el escrito firmado por nueve de los 22 diputados de Morena se apunta que es “con el ánimo de contribuir a la solución del conflicto” generado por la separación de su trabajo del líder del sindicato de trabajadores Fernando Martínez Román, y dos integrantes de esta organización, Ramón Núñez Campos y Alondra Reza Arzola.
Los diputados firmantes plantearon una “propuesta de solución para resolver de manera imparcial, reflexiva y democrática, respetando los principios de legalidad”.
Y posteriormente señalan: “coincidimos en que habiendo rebasado la línea de los acuerdos llevados a cabo por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), y teniendo presente que ya es del dominio público, ocasionando con esto que la capacidad de solución política de la fracción mayoritaria que recae en Morena quede expuesta a que la opinión pública califique como insensible y falta de observación a la legalidad laboral que nos rige”.
En seguida se apunta que los diputados firmantes acordaron llevar el tema a discusión al interior del grupo parlamentario “la solución colectiva de este conflicto y de la problemática que representa la creación del nuevo sindicato, por tal motivo hacemos un llamado respetuoso para que de manera inmediata y efectiva sean reinstalados a sus actividades laborales y evitar que sus derechos laborales sean trastocados”.
En un último párrafo, los diputados exigen “respeto a la base trabajadora, como lo ha demostrado el Poder Ejecutivo representado por la Gobernadora Evelyn Cecia Salgado Pineda. Por tal motivo manifestamos que nos deslindamos del trato que se ha dado al nuevo Sindicato por ser contrario a los principios de nuestro partido político”.
El dirigente sindical había denunciado la semana pasada que se incumplieron los acuerdos que el sindicato llegó con el senador Félix Salgado Macedonio quien se comprometió a ser el interlocutor para que se reinstalaran en sus trabajos en las oficinas de los diputados de Morena Joaquín Badillo Escamilla y Jacinto González Varona lo cual no ocurrió a pesar de que desde el 3 de marzo levantaron el plantón que tenían por los tres despidos.
El diputado del PRD Bernardo Ortega Jiménez en su intervención en tribuna; al fondo la diputada de Morena María Flores Maldonado muestra una pancarta con la leyenda “El Plan B ¡Va!” Foto: Jessica Torres Barrera
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
Diputados del PRD, Morena y del PRI debatieron por más de una hora sobre la reforma electoral, denominada Plan B. La oposición afirmó que se regresará a los años ochenta, cuando el gobierno federal organizaba las elecciones, mientras que los morenistas reprocharon que se defiendan los privilegios de los consejeros electorales.
Fue el perredista Bernardo Ortega Jiménez quien llevó el tema a tribuna, y a pesar de que dijo que su participación “no pretende confrontar ni politizar” sobre el Plan B, dijo que es ilegal e inconstitucional.
El perredista señaló que contra la reforma se han unido los partidos de oposición, y reclamó que para ésta no se hayan buscado los consensos.
Ortega Jiménez reiteró que la reforma electoral es frágil, por lo que se espera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la declare inconstitucional, y que la respuesta de Morena y sus aliados serán “nuevamente las descalificaciones a las autoridades judiciales”.
Después pidió la palabra la priista Julieta Fernández Márquez. Afirmó que el INE tiene una razón de ser, y se refirió a los tiempos en los que precisamente gobernaba su partido político, el PRI, y que en México se están regresando a esas prácticas.
Recordó que cuando el gobierno federal tenía el control de las elecciones, a “Manuel Bartlett se le cayó el sistema” cuando era secretario de Gobernación en el gobierno de Miguel de la Madrid (del PRI): “eran tiempos similares como ahora que se quería concentrar el poder”.
La priista destacó que fueron precisamente los partidos de oposición, así como la sociedad civil, los que lograron la creación del entonces IFE, y que, a partir de ahí, según dijo, no se ha cometido ningún “fraude como el que vivimos hace 35 años”. Pero con el Plan B, aseguró que se pone “en duda la credibilidad, legitimidad y certeza del proceso electoral”.
Con esta reforma, la priista señaló que no se garantizan elecciones libres e imparciales, “esta manipulación jurídica busca despedazar al INE… el partido en el poder quiere quitar el 85 por ciento de los empleados y consejeros, con 15 años de experiencia y con servicio profesional de carrera y poner perfiles a modo”.
Y así controlar al órgano electoral “desde Gobernación como en los años setenta”. En tribuna señaló: “no podemos regresar al dedazo, a cooptar elecciones y a un sistema de partido hegemónico que no funciona y que México ya lo superó”.
Y cuestionó los motivos del “partido en el gobierno” para hacer estas reformas al INE: “será que ya se les acabó, que el clientelismo ya no funciona más, será que quieren allanarse la elección”.
Sí hay observaciones de inconstitucionalidad, reconoce diputada de Morena
Después la morenista Leticia Castro Ortiz inició su participación con la frase: “Salve distinguidos tribunos”, lo que generó risas de diputados y asistentes a la sesión, y mostró una cartulina con el mensaje: “La reforma electoral va”, la cual no mantuvo extendida porque dijo que al igual que Bernardo Ortega, no pretendía generar confrontación.
“Como bien lo dijo el diputado Bernardo, el Plan B tiene observaciones que tal vez puedan considerarse de inconstitucionalidad”, y destacó que su intervención sería objetiva.
Leticia Castro contó que tras la revisión que realizó al Plan B encontró 21 observaciones que podrían “no ser adecuadas al marco constitucional”.
Sin embargo, Castro Ortiz dijo que esa reforma también tenía bondades y no debe ser satanizada.
De Morena, la diputada María Flores Maldonado cuestionó a la oposición si en realidad el INE es imparcial y ciudadano. En tribuna, afirmó que el Plan B no afecta ningún derecho de los ciudadanos.
“El INE sí se toca para bien y hay algo que se debe conservar que sea bueno para el pueblo, que se conserve”.
Otro morenista que subió a tribuna fue Antonio Helguera Jiménez. Le respondió a Bernardo Ortega, quien había dicho que Morena no ha logró consensos para la aprobación de la reforma electoral, porque antes el presidente para que le aprobaran una ley “les soltaba la mano a los diputados y ahora eso no lo hay”.
Helguera Jiménez aseguró que en próximo gobierno se aprobará la reforma eléctrica y la electoral “porque ustedes no están es cuchando a sus adversarios, ustedes están reaccionando con el hígado, están pretendiendo impedir que México avance y eso el pueblo se los está calificando, ustedes pronto no van a tener ni los votos para continuar como partido y eso va hacer su mayor castigo, un castigo merecido”.
Ya en un tono más alto, subió a tribuna por segunda ocasión el perredista Bernardo Ortega. Les dijo a los morenistas que “les debería dar vergüenza” tener a Manuel Bartlett como funcionario de primer nivel.
Ortega afirmó que el PRD no defiende a los consejeros o sus sueldos sino al INE como institución y a la Suprema Corte. En ese momento desde sus curules, los morenistas le pidieron que no gritara. “¡No grito, así hablo compañeros, discúlpenme pues!”, les respondió.
Recordó que el PRD acompañó en su lucha contra el fraude electoral a Andrés Manuel en 2006 y que además durante “muchos años” le hizo campaña. “No nos pueden decir que no le ayudamos a Andrés Manuel, qué bueno que ganó al final de cuentas”. Lo dicho generó aplausos de los morenistas.
Bernardo Ortega dijo en tribuna: “el PRD es el papá de Morena, Helguera… si no fuera por AMLO, muchos de nosotros, o de ustedes no serían diputados, ni fueran presidentes municipales, ni gobernadores”, y aplaudió como la mayoría de los diputados: “aplaudo a AMLO por su persistencia, aclaro”.
Después de Bernardo Ortega, la presidenta de la Mesa Directiva Yanelly Hernández Martínez preguntó al pleno si el tema ya estaba suficientemente discutido, pero la mayoría dijo que no por lo que continuaron las participaciones.
A tribuna también subió el diputado Jacinto González Varona, quien dijo que la derecha es “mentirosa e hipócrita”, y mencionó diferentes fraudes y escándalos en los que tuvieron que ver partidos y el INE.
Los aspirantes a titulares de los órganos de control interno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero (Itaigro); de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum); de la Fiscalía General del Estado (FGE); del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA); y del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) iniciaron comparecencias ante diputados locales en el desahogo del proceso de elección y designación.
Después de que el pleno del Congreso local dejara sin efectos los procesos de selección y designación de titulares de los órganos internos de control, iniciados en la pasada legislatura, y que emitieron nuevas convocatorias, finalmente ayer iniciaron las comparecencias de los aspirantes.
En la sala de José Francisco Ruíz Massieu, a puerta cerrada, diputados integrantes de la Comisión de Transparencia, y Anticorrupción, así como de la Junta de Coordinación Política escucharon a 23 de los 73 aspirantes a los órganos de control interno de los cinco organismos con autonomía técnica.
Se espera que este jueves comparezcan los 50 aspirantes restantes. Se desconocen detalles de quiénes acudieron a estas entrevistas porque incluso no se permitió que fotógrafos pasarán a hacer su trabajo.
Para la exposición de sus planes de trabajo, los aspirantes tuvieron solamente un tiempo de 15 minutos y sólo les asignaron tres minutos para las preguntas y respuestas.
Sin embargo, algunos de los aspirantes a su salida comentaron que los diputados locales no realizaron preguntas a los participantes.
Otros, comentaron que durante su comparecencia que debería ser ante diputados, sólo estuvieron secretarios técnicos de la Comisión de Transparencia, y Anticorrupción y de la Jucopo.
Funcionarios públicos, legisladores y dirigentes de Morena aportan recursos y organizan “vaquitas” para financiar el traslado de contingentes del interior del país al Zócalo de la Ciudad de México.
En Guerrero, alcaldes y alcaldesas, diputados locales, síndicos y regidores, aportarán un mes de salario para pagar los autobuses que trasladarán a miles de morenistas que asistirán al mitin de mañana, por el aniversario de la expropiación petrolera, al que convocó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Ya están en la lista, once mil de nuestros compañeros que van a ir a la Ciudad de México, unos desde el viernes en la noche y otros en la madrugada del sábado”, informó el líder estatal de Morena, Jacinto González Varona.
“Los diputados ganamos 39 mil pesos al mes, y es lo que vamos aportar cada uno de los 23 que integramos la fracción de Morena en el Congreso”, mencionó el también legislador.
Según González Varona, los estatutos de su partido señalan que un militante que sea funcionario o legislador debe aportar recursos para actividades partidistas.
“Aquél que no quiera cooperar, se tomará en cuenta en procesos internos para candidatos a un cargo de representación popular en las elecciones venideras”, advirtió González Varona.
Pese a que será día de descanso, funcionarios de diversas dependencias del gobierno federal están solicitando a los trabajadores que asistan a la concentración en la Ciudad de México.
Según empleados, sus jefes les han informado que ya se contrataron los autobuses para que salgan de Chilpancingo a la una de la madrugada de este sábado 18.
También les prometieron viáticos para la comida.
“Vamos a llegar a la Ciudad de México a las 4 o 5 de la mañana, y ahí estaremos hasta que el autobús nos traslade al sitio donde iniciará la movilización”, contó una empleada.
Diputados del Congreso del estado votan a favor del dictamen por el que se autoriza a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda dar en donación pura, gratuita y simple el inmueble denominado La Cinca, propiedad del gobierno del estado, en favor del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado Foto: Jessica Torres Barrera
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
En un segundo periodo extraordinario de sesiones del pleno del Poder Legislativo, los diputados aprobaron por unanimidad la donación de terrenos en favor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Guardia Nacional, en Iguala y Pilcaya, y uno más en Chilpancingo para la construcción de oficinas del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).
Se trata de un dictamen para autorizar la cesión de derechos de propiedad de una fracción del predio rústico en la comunidad de Llano de la Concepción de Pilcaya, a favor de la Sedena, para la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional.
Con el otro dictamen se autorizó la donación de un bien inmueble, propiedad del Ayuntamiento de Iguala de la Independencia, en favor del gobierno federal, también con destino a la Sedena, además de autorizar el cambio de uso de suelo del predio “para el desarrollo de actividades castrenses”.
Finalmente en un tercer dictamen, se autorizó a la gobernadora Evelyn Cecia Salgado Pineda dar en donación pura, gratuita y simple el inmueble propiedad del estado denominado La Cinca, en Chilpancingo, en favor del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), el cual ya ocupa.
Los dictámenes fueron fundamentados por los integrantes de la Comisión de Hacienda, el presidente Bernardo Ortega Jiménez, Alicia Zamora Villalva y Beatriz Mojica Morga.
Ayer al concluir el segundo periodo extraordinario de sesiones del Poder Legislativo -para el cual se convoca a todos los integrantes de la legislatura-, se realizó una segunda sesión de la Comisión Permanente integrada solo por 12 de los 46 diputados para clausurar el Periodo de Receso.
También se convocó a sesión pública y solemne el miércoles en la plaza pública de Ayutla de los Libres, para conmemorar el 169 Aniversario de la Proclamación del Plan de Ayutla, y a partir de la próxima semana se instalará el periodo ordinario de sesiones.
Por la tarde a través de un vídeo cuatro diputadas realizaron un posicionamiento por la desaparición de la joven de 15 años Almareli López Tapía, hecho que ocurrió en Azoyú en la Costa Chica este domingo 26. Demandaron a la gobernadora Evelyn Salgado y a la fiscal estatal Sandra Luz Valdovinos Salmerón acciones para que la encuentren con vida.
Se pronunciaron las diputadas Marben de la Cruz Santiago, Beatriz Mojica Morga y Claudia Sierra Pérez, las tres de Morena; también la panista Ana Lenis Reséndiz Javier.
Por la noche se informó, por parte del gobierno estatal, que la menor fue localizada.
El coordinador parlamentario del PRI, Héctor Apreza Patrón, informó que el ex presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Alfredo Sánchez Esquivel, nunca les respondió respecto a las criticadas compras que autorizó de tinacos, despensas, zapatos, cemento, pintura y otros insumos y que entregó a diputados.
También adelantó que la actual presidenta de la Jucopo, Yoloczin Domínguez Serna les entregaría un informe sobre cómo recibió la administración para que no haya dudas respecto a su ejercicio.
En declaraciones en el Congreso, Apreza Patrón dijo que los diputados del PRI no aceptaron el 100 por ciento de estos insumos; algunos sólo una parte, y esperaban una respuesta del entonces presidente de la Jucopo, pero no se dio.
En su momento, la ex presidenta de la Mesa Directiva Flor Añorve Ocampo informó que la bancada priista había solicitado a Sánchez información precisa sobre cómo se generaron las compras de estos insumos, bajo qué criterios, costos y otros detalles importantes para descartar el mal uso de los recursos, pero el morenista no respondió.
Las compras se realizaron en julio del año pasado y eran presuntamente para que los diputados atendieran solicitudes en sus distritos.
Apreza Patrón aseguró que en dos ocasiones hicieron la solicitud de información y que no fueron atendidas. Señaló que ahora están en una nueva etapa de “recuperar el tiempo perdido” y que la Jucopo está trabajando para desahogar muchos pendientes, y “en esa tónica vamos ya en estos momentos”.
A la pregunta de si al tema se le daría “carpetazo”, el coordinador priista señaló que “fijamos nuestra postura, está por escrito, en ese sentido no vamos a estar deteniéndonos en ese punto, finalmente hay órganos de fiscalización, cada quien será responsable de lo que hizo”.
Se le recordó que el Poder Legislativo es precisamente el encargado de fiscalizar, a través de la auditoría como su órgano técnico, y revisar que se ejerzan de manera correcta los recursos públicos. Respondió entonces, que Yoloczin Domínguez “ha mostrado su disposición a presentar un informe a la Junta”, para que a su vez los coordinadores informen a sus grupos sobre la situación en la que se recibió la administración del Congreso.
Respecto a la falta de presupuesto y trabajadores en la Fiscalía General del Estado que informó la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón, Apreza Patrón dijo que tras la aprobación del presupuesto cualquier solicitud de ampliación “ya es responsabilidad del Eje-cutivo”, porque es el facultado para reasignar los recursos.
El tirular de la Auditoría Superior del Estado, Marcos Cesar París Peralta Hidalgo en la entrevista con El Sur en su oficina Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
El titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Marco César Paris Peralta Hidalgo, informó que hay procedimientos legales por autoliquidaciones elevadas que se realizaron ex funcionarios que estaban al frente de este órgano fiscalizador en el periodo de más de un año en el que no hubo titular designado por el pleno del Congreso local.
En entrevista en la ASE, a pregunta hecha sobre la versión de autoliquidaciones elevadas que realizaron los ex funcionarios que estuvieron a cargo del órgano fiscalizador, el auditor informó que sí hay procesos iniciados ante el Tribunal de Justicia Administrativa y ante la Fiscalía Especializada Anticorrupción.
“Sí existen procedimientos” ante las instancias mencionadas, dijo el auditor. Sin embargo, precisó que “la ley me obliga a guardar la discrecionalidad por el debido proceso en cuanto a montos, pero a la pregunta expresa, sí existen procedimientos de carácter legal en torno a ello”.
El auditor omitió mencionar por su nombre a los ex funcionarios en contra de quienes se iniciaron estos procedimientos, pero son precisamente de quien estuvo al frente de la ASE, Natividad Pérez Guinto, así como los cuatro auditores especiales.
Al auditor se le preguntó sobre lo que en su momento advirtieron diputados en torno a que los entes fiscalizables podrían tratar de eludir sus responsabilidades de rendición de cuentas a partir del periodo de más de un año en el que este órgano fiscalizador estuvo sin titular designado por el pleno del Congreso local, y si existen este tipo de procedimientos de los entes.
Al respecto, Marco César Paris Peralta se limitó a responder que estos procedimientos se presentan ante el Tribunal de Justicia Administrativa “no tengo el dato de esa parte, sé que hay entes que estaban buscando una circunstancia de ese tipo, pero no tengo la certeza dado que la responsabilidad está en el tribunal, ahí es donde pueden acudir para poner su inconformidad con la fiscalización que hubo en el periodo anterior”.
No hay privilegio para nadie
A Peralta Hidalgo se le preguntó también sobre el señalamiento que en agosto pasado realizó el diputado local Jacinto González en torno a que en la revisión de la Cuenta Pública 2021, de 12 municipios gobernados por el PRI y PRD detectó que se utilizaron criterios más flexibles para la fiscalización a pesar de que “no comprobaron una muy buena cantidad de recursos”, pero apuntó que no revisaron ese tema porque por el exceso de trabajo que encontraron por el rezago se concentraron en concluir las revisiones que estaban pendientes.
Sin embargo, aseguró que en la actual administración de la ASE “de ninguna manera aplicamos de manera distinta la ley, hacemos uso de la ley parejo para todos, aquí no actuamos por consigna ni actuamos por consigna ni actuamos con privilegios para nadie”, y aseguró que en la ASE, “vamos a sancionar a quien tengamos que sancionar sin privilegio alguno”.
Respecto al planteamiento del presidente de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la ASE, el diputado Jacinto González Varona, de perfeccionar la ley 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado la cual calificó como “muy laxa”, el auditor reconoció que es necesaria y que incluso ya han tenido pláticas encaminadas a “tener una ley más acorde y más firme”.
Ejemplificó, que existen casos en los que los gobiernos municipales no entregan completa la cuenta pública del ejercicio fiscal -del año de cambio de administración- y que la ley no contempla sanciones para los alcaldes entrantes por no entregar esta información “hay varios problemas que tenemos de ese tipo, que no entregan la cuenta pública de su antecesor” y que muchos de estos casos son por diferencias políticas.
A la ASE se le etiquetaron para el actual ejercicio fiscal 159 millones 468 mil pesos, que son casi 12 millones más de los recibidos en 2022, se le preguntó para que se utilizará y qué de extraordinario realizará el órgano fiscalizador en 2023 que justifiquen este incremento.
El titular de la auditoría señaló que son principalmente para capacitación, porque lo que se pretende es “acercar los servicios de la ASE a los municipios” para que los servidores públicos tengan mejores conocimientos del ejercicio del gasto público; también dijo que se pretende invertir en tecnologías.
También informó que realizarán auditorías de desempeño para revisar si se están cumpliendo con las metas con el uso del recurso público.
Marco César Paris Peralta destacó también, que a partir de que fue designado en el cargo “nos hemos abocado a transparentar todo lo que aquí hacemos”, y que a partir de eso el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública “nos ha calificado con 98 por ciento de transparencia en la última evaluación que hemos tenido”.
El presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, salió a la defensa de la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) Yoloczin Domínguez Serna, quien dijo tiene todo el apoyo y respaldo; también advirtió que la denuncia intrapartidaria por violencia de género contra el morenista Alfredo Sánchez Esquivel puede derivar en su expulsión del partido.
Y destacó que “nuestra compañera Yoloczin como coordinadora del grupo parlamentario y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda cuentan con todo el apoyo de nuestro partido para que sigan adelante”.
El lunes pasado se dio a conocer en estas páginas sobre la queja que 353 mujeres militantes de Morena presentaron en contra del también ex presidente de la Jucopo ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ). Posteriormente el miércoles se dio la toma del Congreso local por parte de un sindicato de trabajadores formado durante el periodo de Alfredo Sánchez, quienes denunciaron hostigamiento por parte de Yoloczin Domínguez.
Sin embargo, la actual administración reveló que hay procedimientos en contra del secretario general del sindicato Sentimientos de la Nación de trabajadores del Congreso local, Fernando Martínez Román, y no contra todos los agremiados, la toma de la sede del Poder Legislativo continúa y ayer finalmente intervino el dirigente nacional para defender a Yoloczin Domínguez de Alfredo Sánchez.
En declaraciones telefónicas, Delgado Carrillo, señaló que ya tiene conocimiento sobre el actuar del diputado Alfredo Sánchez quien “va en contra de la agenda que tiene nuestra gobernadora y ha decidido tener una postura de confrontación y de división al interior del grupo parlamentario, y por supuesto que nosotros no compartimos esta postura”.
Señaló que los diputados locales de Morena como primera minoría en el Congreso local “debería de apoyar la agenda que tiene la gobernadora que va en línea con la agenda de nuestro presidente”. El dirigente no precisó a qué agenda se refería, pero señaló que Sánchez Esquivel ha ido en contra de varias propuestas de la jefa del ejecutivo además de que durante su periodo al frente de la Jucopo no se avanzó en temas importantes.
Señaló que el partido está en contra de que una vez que los militantes sean representantes populares, los diputados tomen una posición individualista, de chantaje y de división a nuestro movimiento “y que detenga el proyecto de la gobernadora”.
El caso más grave de violencia
Mario Delgado se refirió también a la queja que presentaron 353 mujeres militantes de Morena ante la CNHJ en contra de Alfredo Sánchez, a quien acusan de violencia política de género cometida contra Yoloczin Domínguez.
“Es una queja que está siendo investigada y te diría que es el caso más grave que tenemos en todo el país de violencia de género”. El líder nacional advirtió que este proceso “puede llevar a la expulsión de Morena del diputado Alfredo”.
Será la comisión intrapartidaria la que investigue y en su momento determine sobre la responsabilidad y las sanciones por la presunta violencia de género, pero Mario Delgado insistió en precisar que este caso es “el más grave de violencia política en contra de las mujeres que hemos tenido en mucho tiempo, y que tuviera el soporte de tantas y tantas mujeres. Es indignante para nosotros, y puede concluir en la expulsión del diputado Alfredo”.
A pregunta hecha, respondió que no han tenido comunicación con el diputado Alfredo Sánchez y que sí con la diputada Yoloczin, “quien tiene todo nuestro respaldo y todo nuestro apoyo”.
Al dirigente nacional de Morena se le preguntó el motivo por el cual hasta ahora se pronuncia el partido sobre las actitudes de Sánchez Esquivel después de que durante casi dos años hubo señalamientos en su contra por la opacidad en el manejo de los recursos públicos en el Legislativo, el no realizar de manera correcta los nombramientos de funcionarios de este poder, la demolición de la biblioteca, incluso el evidente rompimiento con la jefa del Ejecutivo estatal Evelyn Salgado Pineda, y antes, el que haya ocupado una curul destinada a la población indígena, lo cual fue permitido por el partido.
En ese sentido respondió que el partido hasta “ahora recibió la queja que se presentó” y que antes, el órgano intrapartidario no realizó ningún procedimiento porque no había quejas en contra de Sánchez. Y del caso específico de la usurpación de la diputación indígena señaló “eso queda a la evaluación de las autoridades, de cómo se asignan esas candidaturas que son de acciones afirmativas”.
A pregunta hecha, Mario Delgado dijo que el partido tendrá que tomar medidas y establecer filtros para evitar la postulación de personajes como Alfredo Sánchez “investigar bien, verificar bien, no acusar a nadie si no hay pruebas, pero si hay pruebas y testimonios en contra de alguien entonces ser muy duros nosotros como partido y no permitir que algún violentador de mujeres sea representante”.
De la toma del Congreso local, dijo que como partido político no pueden intervenir, pero que es importante observar el que se trata de un sindicato “de muy reciente creación, y que se puede estar utilizando para dividir y detener los trabajos” en ese sentido recordó que Yoloczin Domínguez no tiene la responsabilidad de la decisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de no reconocer las bases que otorgó la administración de Sánchez Esquivel, aunque la principal denuncia del sindicato es por el presunto hostigamiento de la morenista y procedimientos en contra del líder Fernando Martínez.
Que nada nos divida
El dirigente afirmó también que el partido tiene un trabajo constante de organización en todo el estado y llamó a “anteponer la unidad” al interior del partido en este proceso de manifestaciones de apoyo a los aspirantes a la presidencia de la República.
Esto a partir de la estructura que están creando en todo el estado los morenistas y simpatizantes afines al canciller Marcelo Ebrard Casaubon, a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo y del secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernandez “se puede trabajar en favor de un perfil que sea el favorito cada quien puede tener su favorito o favorita, lo que no se vale es dividir, atacar entre compañeros, que nada nos divida, tenemos que ser entre compañeros muy fraternos”.
Cuando se le preguntó sobre la inseguridad en el estado y las principales ciudades de Guerrero, el dirigente respondió que el presidente dio las estadísticas y que los homicidios dolosos van a la baja en el país, y que en Guerrero como en otros estados el “gran reto” es precisamente la violencia.
Mientras que, del incremento al peaje de la Autopista del Sol, Mario Delgado señaló que el presidente dijo que se revisará el tema y en tanto eso ocurre, no pueden emitir una postura al respecto.
El secretario de Servicios Financieros y Administrativos del Congreso, Andrés Orozco Pintos y la subdirectora de Recursos Humanos Avilés Rodríguez, en conferencia de prensa la tarde de ayer para responder a señalamientos del sindicato que cerró las instalaciones Foto: Lenin Ocampo Torres
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
La Comisión Permanente del Congreso realizó su sesión ordinaria en el hotel Holiday Inn, tras que la sede fue tomada por trabajadores. Ésta fue de trámite y no fue transmitida por ninguno de los medios institucionales, a pesar de que las sesiones deben ser públicas, por lo que la información que se conoce es solamente por boletines.
En la sesión se habló de las irregularidades en el zoológico de Chilpancingo Zoochilpan. La Mesa Directiva dio lectura a un documento del diputado del PVEM Manuel Quiñónez Cortés, en el que pidió garantizar el respeto a la vida de las especies animales que están bajo el resguardo de este parque.
El Zoochilpan, dijo en su escrito, debería ser un santuario para la protección, el buen cuidado, manejo, conservación y reproducción de las especies animales, pero “por crudo que se escuche”, resultó ser un “matadero y negocio de personas sin ética profesional y sin conciencia”.
Finalmente exigió a las autoridades ambientales que el resultado de las investigaciones concluya con las denuncias “y que caiga todo el peso de la ley sobre los responsables”.
El diputado priista Rafael Navarrete Quezada intervino respecto al manejo inadecuado de animales, lo que constituye “no solamente faltas administrativas, sino también inobservancia y violaciones a las disposiciones del derecho positivo vigente y a las Leyes General de Vida Silvestre y de Bienestar Animal del Estado de Guerrero”.
El priista también exigió una investigación a fondo que permita saber qué pasó y qué está pasando en el Zoochilpan “emplazándolas a cumplir su responsabilidad de proteger a los animales y sancionar de manera ejemplar a quienes vulneren sus derechos”.
La diputada priista Gabriela Bernal Reséndiz propuso incorporar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en el ámbito de la administración pública, para el libre ejercicio de la función, la toma de decisiones y el acceso a los recursos y prerrogativas de ley, en pie de igualdad con los hombres, estableciendo medidas para prevenir, atender y sancionar la violencia política en la administración pública del estado y sus municipios.
Y la morenista Jessica Alejo Rayo propuso una adición al artículo 170 Bis del Código Penal del estado para sancionar la elaboración y posesión de medicamentos clonados, alterados o caducados con fines de venta, comercialización y distribución de manera directa o en establecimientos no autorizados, con penas de 3 a 8 años de prisión.
De Morena, Angélica Espinoza García propuso reformas y adiciones al artículo 35 Bis de la Ley de Fomento Económico, Inversión y Desarrollo del Estado para incorporar a las artesanías guerrerenses dentro de los programas prioritarios de Fomento Económico, Inversión y Desarrollo, que propicie la atención integral de toda la cadena de producción que integra la difusión, promoción y salvaguarda de esta actividad representativa de Guerrero.
Otro morenista, Osbaldo Ríos Manrique, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado para incorporar entre los Premios Estatales a la Juventud una categoría referente a género y diversidad sexual, dirigida a personas jóvenes con liderazgo que promuevan la igualdad de derechos y combatan la discriminación de forma activa, las desigualdades y estigmatización de grupos vulnerables.
La Permanente desechó la iniciativa de ley que crea el Organismo Público Descentralizado denominado Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Coyuca de Benítez, por no estar debidamente justificada ni existir un diagnóstico que fundamente su creación.
Colectivos de Chilpancingo en conferencia de prensa urgieron al Congreso de Guerrero la aprobación de la ley estatal en materia de desaparición de personas que entregaron para su discusión y en su caso aprobación en noviembre pasado. En la imagen, Hidery Guadalupe Jorge, Olga Mondragón, Carlos David Molina, Gemma Antúnez, María del Pilar Carbajal, Elianetad Alonso y María Luisa Garfias Foto: Jessica Torres Barrera
Colectivos de familiares de desaparecidos de Chilpancingo, Acapulco e Iguala demandaron al Congreso local aprobar la Ley estatal en materia de desaparición de personas, cuya iniciativa entregaron para su discusión, y en su caso aprobación, en noviembre pasado.
En conferencia de prensa en la capital, la presidenta del Colectivo de Familiares en Búsqueda María Herrera, Gema Antúnez, denunció que han visto que de parte del Congreso local no hay interés por darle trámite a esa iniciativa, que trabajaron los diferentes colectivos del estado, y que de parte de la Secretaría de Gobierno no hay empatía con las víctimas.
Debe independizarse la Comisión Estatal de Búsqueda
Por otro lado, el representante del Colectivo Lupita Rodríguez, David Molina Rodríguez, se pronunció por la independencia de organismos como la Comisión Estatal de Búsqueda, para la que pidió recursos suficientes a fin de que pueda desempeñar su trabajo eficazmente.
Algunos familiares de desaparecidos que participaron en la conferencia de prensa, expresaron que la iniciativa de ley que está archivada en el Congreso local, en caso de aprobarse, será una herramienta fundamental para la localización e identificación de sus familiares desaparecidos, así como para recibir los apoyos que por ley les corresponden.
Gema Antúnez exigió a los diputados locales, con quienes trabajaron los colectivos la iniciativa de ley, “que le den la importancia real que tiene el proyecto porque nuestros desaparecidos tienen derecho a ser buscados y lograr esclarecer la verdad de su desaparición”.
Informó que todos los colectivos de víctimas y organizaciones sociales tienen un objetivo común: que se apruebe la ley de desaparición de personas, en la que participó la Cruz Roja Internacional y algunos diputados de la actual legislatura.
Sin embargo dijo que aun con el gran equipo de trabajo, los familiares “vemos con gran tristeza que en el Congreso no hay ese interés porque este proyecto tenga resultados positivos”.
Explicó que el interés de los colectivos es que con esta ley las instituciones encargadas de apoyar a los familiares de las victimas tengan un mejor y mayor presupuesto, personal capacitado y que se busquen las estrategias para tener un banco de datos forenses, así como un sistema tecnológico informático para la investigación de personas desaparecidas y que realmente estén en la vanguardia e integrar un órgano de consejo ciudadano que esté vigilando los procesos de investigación y se mantengan informadas a las familias”.
Opinó que con ello se logrará que “este mal que aqueja a nuestro estado con tantas personas desaparecidas tenga mejores resultados”.
Informó que actualmente, de acuerdo a la Comisión Nacional de Búsqueda, en los últimos cinco años hay tres mil 800 personas desaparecidas en el estado, pero la cifra solamente es de las personas que logran poner la denuncia, porque no hay una estadística real, pero hay muchas familias que no denuncian.
Dijo que, en concreto, quieren una atención jurídica especializada de personal con capacitación y con habilidades y destrezas para la búsqueda de personas, “y lograr la localización de nuestros familiares, así como un mayor presupuesto para la eficaz operación de estas áreas y un mejor control de los datos forenses”.
Denunció que actualmente hay saturación de cuerpos que ya tienen muchos años y que no han podido ser identificados por la carencia de presupuesto.
Por ello exigió que realmente el Congreso tome en serio el proyecto de ley para que se garanticen recursos para estos organismos.
David Molina, del Colectivo Lupita Rodríguez, dijo que desde el 2018 que entró en vigor la ley federal en materia de desaparición forzada, el Congreso de Guerrero no ha legislado en la materia, a pesar de que desde el 4 de noviembre los colectivos, con el acompañamiento de algunos diputados locales, presentaron la iniciativa.
Urgió que dicha iniciativa de ley se apruebe, pues en ella se establece la independencia de los organismos que apoyan a los familiares de los desaparecidos, como la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB), así como la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEEAV) y el Servicio Médico Forense que actualmente dependen de diversas secretarías.
Se quejó que la Secretaría de Gobierno no ha tenido la empatía con los familiares de las víctimas “y no destina los recursos necesarios para la búsqueda efectiva, eficaz y con personal capacitado”.
Además denunció que hay una crisis forense a nivel nacional y que Guerrero no es la excepción, agregó que en el estado, mientras el Semefo dependa de la Secretaría de Salud y no tenga los recursos necesarios, no va a agilizar la identificación humana.
Opinó que para agilizar el trabajo esta instancia debe depender de la Secretaría de Gobierno, como en otros estados, donde estas instancias dependen de la Secretaria de Gobierno “o son realmente independientes”.
Llaman a Evelyn a entender la magnitud del problema
Por separado, integrantes del Colectivo Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos, se quejaron que a cinco años de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda no ha sido aprobada la ley local por parte de los diputados.
En conferencia de prensa en el atrio de la catedral de Cristo Rey, ubicada en avenida Universidad en Acapulco, la presidenta del colectivo, Emma Mora Liberato, dijo que es urgente una audiencia con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para hacerle saber la magnitud del tema, y ejemplificó que la noche del martes para amanecer miércoles tres mujeres desaparecieron. “En ocasiones hay desapariciones de manera conjunta, es decir, que no solo desaparece una persona en ese momento sino hasta cinco”.
Indicó que en el grupo de respuesta inmediata, que se conformó el 24 de mayo del 2022, se hizo un corte de mayo al 9 de enero de este año donde se tienen registradas 209 personas desaparecidas en todo el estado, de las cuales fueron 149 localizadas vivas, dos muertos y donde el 80 por ciento de esa relación son mujeres entre los 19 y 25 años de edad.
Sobre la ley dijo que han hablado con los diputados, han hecho trabajo, los han hecho participe de lo que necesitan como familiares de personas desaparecidas “y que se necesita ser solventadas”.
Mora Liberato dijo que el dolor y sufrimiento de las familias en Guerrero “queremos ya un alto, que al menos tengamos ya otro dolor, de al menos saber dónde están. Uno de los temas que vienen dentro de la ley es saber y conocer quiénes son esas personas que están sin identidad en el panteón ministerial forense, en los semefos de Acapulco, Chilpancingo, Iguala, los de las fosas comunes, los que ha sido exhumados de las fosas clandestinas por diferentes colectivos y autoridades”.
La directora general del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, Adriana Bahena Cruz, criticó la “insensibilidad humana” y el desinterés de los diputados locales para legislar en materia de desaparición, luego de que en el periodo ordinario del Congreso local que concluyó este 15 de enero, no fue contemplada la iniciativa que fue elaborada por las organizaciones, y a cinco años de que a nivel nacional entró en vigor la Ley General de Desapariciones.
“A cinco años de la entrada en vigor de la Ley General, tristemente en Guerrero aún no se ha legislado en materia de desaparición, se cerró el periodo ordinario del Congreso y seguimos en el limbo”, dijo en declaraciones por teléfono la también vocera del colectivo en Iguala que aglutina a más de 500 familias de la región Norte que han sido víctimas de este delito
“Me duele ver la insensibilidad humana de las personas en el Congreso (diputados) que se supone están para impulsar iniciativas y que el pueblo sea favorecido y escuchado, y que se haga algo a favor del pueblo, pero tristemente volvemos a ver que nos dicen ‘pues no entró’”, declaró la directora de Los Otros Desaparecidos.
Destacó que como familiares de víctimas de desaparición les agobia y preocupa que nadie quiera darse cuenta de la situación que vive Guerrero, siendo uno de los estados más violentos, uno de los estados más pobres y uno en el que se han incrementado los casos de desaparición de personas (Karina Contreras, Zacarías Cervantes y Alejandro Guerrero).
