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Hay ocho órdenes de aprehensión contra miembros de la Dirección Colectiva que tomaron Prospera, informan

La Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero, informó que son ocho las órdenes de aprehensión que hay en contra de integrantes que participaron en la toma de las instalaciones de Prospera el año pasado, y no están amparados, luego de la detención del dirigente Nicolás Chávez Adame el lunes, que fue puesto en libertad ese mismo día.
En conferencia de prensa en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), en Chilpancingo, profesores de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, damnificados de El Mirador, trabajadoras despedidas de Prospera, jubilados y pensionados, y miembros del Sindicato de Telefonistas, acompañaron al dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, para darle su respaldo.
Chávez Adame repudió, junto con sus compañeros, su detención en el barrio de Santa Cruz, cuando le llevó comida a su mamá, que está enferma.
Dijo que fue detenido por hombres vestidos de civil que dijeron que tenía una orden de aprehensión, pero nunca se la mostraron, por lo que pensó que se trataba de un levantón.
Contó que le indicaron que lo llevarían a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR), y que se subió al carro en el que venían porque los vio armados, luego lo trasladaron a Acapulco a un juzgado federal.
“Se hizo un juicio oral con las leyes que rige a estos procesos penitenciarios, ya los compañeros de Tlachinollan llegaron un poco más tarde; sin embargo, el abogado de oficio fue el que llevó la defensa y logró que yo quedara bajo caución. Yo voy a firmar a partir del 1 de junio en un juzgado aquí, en Chilpancingo, federal, también se me sanciona hacer un trabajo a servicio de la comunidad en una dependencia donde se me puedan requerir mis servicios”, relató.
Dijo que quería dejarle claro a los tres niveles de gobierno que no deben tratar a los luchadores sociales como si fueran delincuentes, porque no lo son, no han robado ni asesinado a nadie.
Contó que los agentes de la PGR le comentaron que ya tenían días siguiéndolo, que lo iban a detener el domingo, cuando fue a cenar con su familia al Festival del Pozole y el Mezcal, pero que, como iba con sus familiares, lo evitaron, aunque recordó que el 23 de marzo de 2017, cuando fue detenido por la Fiscalía General del Estado (FGE) acusado de motín, sí estaba con su familia.
En la rueda de prensa, el dirigente responsabilizó a los gobiernos de lo que le pudiera pasar a su familia y a sus compañeros de lucha, y reprochó que es más fácil que capturen a un dirigente social que a un integrante de la delincuencia organizada.
Abundó que Guerrero se sigue tiñendo de sangre, el país igual, y a quienes se les hace más fácil aprehender es a los que protestan, y a los periodistas.
Dijo que con estos hechos, “el Estado queda más evidenciado, porque hay una deuda de justicia en Guerrero, que es la aparición con vida de los 43 normalista”.
Recordó que desde la administración de Zeferino Torreblanca Galindo le arrebataron su plaza de docente.
Informó que el día de su detención pudo comunicarse con el gobernador, Héctor Astudillo Flores, con quien acordó una mesa de trabajo para buscar dar una solución definitiva a su problema laboral.
Además, afirmo que las organizaciones respetan la vía electoral y a los que creen que es una vía de cambio, pero creen que la lucha social se mantiene firme y no puede ni debe tener un candidato en esa trinchera.
“Hacemos el llamado al gobernador del estado… a que nos ayude a resolver en una mesa de trabajo conflictos y se abstengan, los tres niveles de gobierno, en este caso la federación, a empecinarse a tomar presos a los compañeros de Prospera que fueron despedidos de manera injustificada”.
Indicó que el delito del que los acusan es de obstrucción de una obra y detener el servicio público. Sin embargo, reclamó que el programa Prospera se ha ocupado durante mucho tiempo para desviar recursos a las campañas.
Recordó que por la toma de las instalaciones de la dependencia federal solicitaron un amparo colectivo, pero no fue avalado porque en ese momento no había delito que perseguir.
La primera detenida de la PGR por este hecho fue a la trabajadora despedida, Roselia Francisco Tranquilino, el 15 de noviembre, que fue liberada esa misma noche, sin saber que Chávez Adame ya tenía la orden de aprehensión.
Advirtió que se tiene que agotar el proceso porque continúan en riesgo de ser detenidos sus compañeros, “somos ocho compañero, son puros trabajadores de Prospera, y obviamente su servidor”, manifestó.
En su intervención Francisco Tranquilino dijo que su condena también fue hacer trabajo a favor de la comunidad por seis meses y que está por terminar.
Reveló que en su última audiencia le condicionaron que se alejara de sus compañeros de la Dirección Colectiva, de lo contrario le quitarían esa condena porque además no está firmando en ningún juzgado, además de que su abogado fue amenazado de que si no deja el caso lo van a despedir de donde labora.
Reclamó que no es justo lo que están enfrentado, porque además fueron despedidos 27 compañeros sin ser indemnizados.
Finalmente, dijo que con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan definirán qué proceso jurídico van a seguir.

Detiene la PGR nueve horas a Chávez Adame por la toma de Prospera en 2017, informan

El dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame fue detenido por la Procuraduría General de la República (PGR) este lunes, y trasladado a un juzgado federal en Acapulco, por haber participado en la toma de las instalaciones de Prospera en enero del año pasado, ante el despido injustificado de trabajadores de esa dependencia.
Fue detenido a las 10:30 de la mañana y liberado a las 7:40 de la noche en el juzgado de Acapulco.
A las instalaciones de la PGR llegaron familiares y un compañero del también dirigente de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero, para saber la situación jurídica de Chávez Adame.
En consulta telefónica, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra contó que, luego de que le informaron de la detención del dirigente se comunicó a la delegación de la PGR, donde le dijeron que la orden de aprehensión fue por obstrucción de realización de obras, y que un compañero abogado estaría en la audiencia de Chávez Adame.
Consultado fuera del edificio de la dependencia federal, el integrante de la APPG, Raúl Nájera Nájera contó que alrededor de las 10:30 de la mañana fue detenido el dirigente en el barrio de la Santa Cruz, después de visitar a su madre.
Expuso que el motivo por el que lo detuvieron fue la toma de las instalaciones de Prospera en apoyo a despidos injustificados de trabajadores, el 24 de enero del año pasado.
Recordó que el dirigente tenía un amparo, junto con otros trabajadores a los que también se les abrió carpeta de investigación, para evitar ser detenido.
Recordó que el 15 de noviembre pasado fue la primera detención que hizo la PGR por este hecho, de la trabajadora despedida Roselia Francisco Tranquilino, que fue liberada esa misma noche.
Dijo que le informaron que Nicolás Chávez sería trasladado a un juzgado federal en Acapulco, a donde se trasladaría junto con su familia.
Nájera Nájera pidió a la prensa estar pendiente de la detención, porque no fue un delito grave el que cometió Chávez Adame, pues defendió los derechos laborales de los despedidos. Dijo que desconocía las condiciones en las que fue detenido.
El 24 de enero, integrantes de la Dirección Colectiva desalojaron a los trabajadores de las oficinas de Prospera, contra el despido injustificado de sus compañeros; tomaron las instalaciones durante 15 días y finalmente fueron desalojados por policías antimotines.
El 23 de marzo siguiente, después de la toma de las instalaciones, el dirigente fue detenido por primera vez, pero no por la toma de Prospera, sino por una orden de aprehensión del 2014, acusado de motín, con el pretexto de que no había pago 3 mil pesos para hacer efectivo el amparo. Luego dio a conocer que le informaron que había siete órdenes de aprehensión contra él y sus compañeros, pero ahora por la toma de Prospera.

 

Intensificarán la demanda de que se investigue a Aguirre Rivero, Iñaky Blanco y Lambertina, dicen padres de los 43

 

Integrantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero se reunieron con padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa para refrendarles su apoyo, y se comprometieron a ayudarlos con brigadas informativas en todo el estado para la jornada de lucha a 43 meses de la desaparición de los estudiantes en Iguala.
Los padres de los 43 informaron que intensificarán la demanda de que se abra la línea de investigación contra funcionarios de Guerrero, especialmente del gobernador Ángel Aguirre Rivero, el procurador Iñaky Blanco Cabrera, y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana Marín, pues ninguno ha declaro por los ataques en Iguala.
A la reunión fue uno de los sobrevivientes del ataque del 26 y 27 de septiembre en Iguala y dirigente del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach), Alfredo Ramírez García, el de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez.
Los padres manifestaron que continuarán exigiendo que se sigan las cuatro líneas de investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) antes de que termine el periodo del presidente de la República Enrique Peña Nieto, afirmaron que el gobierno quiere cansarlos para que no sigan la lucha.
El vocero de los padres, Melitón Ortega manifestó que la finalidad de la reunión fue dar a conocer algunas resoluciones de la Asamblea Nacional Popular (ANP), y la jornada del 16 al 27 de abril por la presentación con vida de los estudiantes.
Destacó que este mes es simbólico para los padres porque es el número 43, “es un mes de resistencia por el simbolismo, por lo que se continuará con la demanda de la presentación con vida”.
El padre del normalista desaparecido José Ángel Navarrete, Emiliano Navarrete dijo que el apoyo del gobierno estatal y federal “no existe”, al contrario “quieren aplastarnos”.
Manifestó que al gobierno no le importa el sufrimiento de los padres y madres, “tal vez no saben que lastima y duele no saber el paradero de nuestros hijos”, dijo que son personas pobres y que el gobierno quiere pisotearlos, “somos seres humanos y tenemos nuestros derechos”.
El padre expresó que lo único que piden es que se investigue y que respeten sus derechos como mexicanos para saber la verdad del paradero de sus hijos, “no tan sólo han privado de la libertad a nuestros hijos, ya se cumplirán 43 meses de su ausencia”.
En marzo se dio a conocer el Informe sobre Violaciones a los Derechos Humanos en la Investigación del caso Ayotzinapa de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), que registra que de los 129 imputados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa al menos 34 fueron torturados.
Recriminó que las autoridades continúan con la versión de que los jóvenes fueron incinerados y sus restos arrojados al río de Cocula, pese a que la ONU informó que los detenidos por el caso fueron torturados para que declararan eso, “no lo dicen los padres lo dice un organismo defensor de derechos humanos, con personas especialistas en la materia”.
Se preguntó “qué tipo de personas están en las instituciones de gobierno, que no tienen sentimientos, son fríos y juegan con el pueblo”.
Dijo que el gobierno lo que pretende es cansar a los padres y madres para que no continúen la lucha por la presentación de los normalistas, “porque al gobierno no le importa la vida de los mexicanos”.
Aseguró que los padres continuarán la búsqueda de sus hijos, “a nosotros nos duele pensar qué les estarán haciendo o que les hicieron, ya pasó mucho tiempo, el gobierno les pudo haber hecho muchas cosas y tiene forma de hacerles más, y eso duele pensar, te preguntas como padre y madre por qué se ensañan a hacerle males a estas personas inocentes. No lo podemos entender”.
Emiliano Navarrete destacó que si no exigen justicia, “qué pasará el día de mañana” cuando desaparezcan a otras personas, no habrá justicia y los seguirán engañando.
Nicolás Chávez y Alfredo Ramírez coincidieron en que la Dirección Colectiva apoyará a los padres y madres de los 43 normalistas hasta que encuentren con vida a los jóvenes.
El dirigente de la APPG informó que la Dirección Colectiva impulsa el foro El proceso electoral y su impacto en la lucha social en el país, donde han mantenido que el eje central es que aparezcan con vida los 43 y castigo a los culpables.
Chávez Adame expresó que se hará una máxima convocatoria para que las organizaciones vayan a la Ciudad de México a la marcha por la jornada 43 por 43, porque es un caso que ha dejado en evidencia al gobierno mexicano y su contubernio con la delincuencia organizada.
Informó que con los acuerdos de la Asamblea Nacional se harán brigadeos informativos en todo el estado para dar a conocer las acciones de la jornada, para que la sociedad se integre, apoye a los padres y fortalecer al movimiento.

Deberá declarar el ex gobernador Ángel Aguirre por los hechos de Iguala

Consultado al finalizar la reunión, el representante de los padres, Melitón Ortega dijo que los padres de los 43 intensificarán la demanda de otra línea de investigación contra funcionarios de Guerrero, especialmente contra Ángel Aguirre, Iñaky Blanco y Lambertina Galeana, ya que ninguno ha declarado al respecto.
Destacó que, “esa es otra línea que el GIEI ha señalado, que hay una línea para investigar a los funcionarios de Guerrero, especialmente a Ángel Aguirre porque él es uno de los responsables, Iñaky Blanco es el actor intelectual de haber escondido la información y Lambertina Galeana, es algo que sigue vigente y deben de ser investigados”.
Al finalizar la reunión las organizaciones corearon, “porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”.

 

Acuerda la Dirección Colectiva respetar a sus integrantes que vayan a elecciones

La Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero acordó respetar a los integrantes de la organización que decidan participar en el próximo proceso electoral para contender por un cargo de elección popular. En el foro El proceso electoral y su impacto en la lucha social en el país, que se llevó a cabo en el auditorio de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en la capital, los dirigentes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame; del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach), Alfredo Ramírez García; el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Hegel Mariano Ramírez; representantes del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG) y de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG); promotores de Morena, y activistas, discutieron sobre el panorama del próximo proceso electoral. Los promotores de Morena asistieron para participar en la discusión, pero no pidieron el apoyo de los integrantes de las organizaciones sociales para el partido; los dirigentes consideraron que Morena se ha pronunciado para exigir justicia y el esclarecimiento de crímenes, coinciden en estar en contra de las reformas estructurales, y por ello se permitió su asistencia, además de que se trató de un foro público. Los representantes de las organizaciones sociales y magisteriales hicieron énfasis en que es necesaria la unidad de las luchas para evitar que los derechos laborales y humanos sean violentados por el Estado. Luego de la discusión, se acordó que se respetará la decisión de los integrantes de las organizaciones que deseen contender por un cargo de elección popular, y “respaldarlos” siempre y cuando se trata de una persona reconocida, que se haya distinguido por su participación en los movimientos sociales. La Dirección Colectiva se declaró apartidista, pero consciente de que sus integrantes pueden simpatizar o militar en algún partido político, por lo que también respetará esto mientras no se comprometa a las organizaciones que la integran. Los asistentes al foro se pronunciaron por la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, por el esclarecimiento de los hechos, exigieron la libertad de los presos políticos y respeto a sus derechos. También se acordó que habrá otro foro el próximo 21 de abril, para darle continuidad al tema.

Detienen a ex trabajadora de Prospera que protestó tras ser despedida del programa, denuncian

El líder de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero, Nicolás Chávez Adame denunció la detención de la ex trabajadora de Prospera, Roselia Francisco Tranquilino, el miércoles a mediodía, y luego liberada en la noche.
El líder recordó que la ex trabajadora participó en protestas y en la toma de las instalaciones de Prospera a principios de año para denunciar los despidos injustificados de ella y sus compañeros.
Asimismo, señaló que hay otras siete órdenes de aprehensión, incluyendo una contra él como dirigente, aunque ya inició un proceso jurídico para ampararse, indicó.
“Yo les avisé a los compañeros, nos trasladamos a la PGR; los hechos ocurrieron a las 12, 12:30 del mediodía, nosotros llegamos a la PGR como a la 1:45 de la tarde y luego solicitamos una audiencia con el delegado de la PGR, nos atendió; tuvimos un trato amable, respetuoso, y nos dijeron cuál era la situación”, contó.
Dijo que no recordaba el delito del que la acusan, pero que tiene que ver con las manifestaciones a inicios de año y la toma de la dependencia, lo que tuvo consecuencia jurídica.
Abundó que, había órdenes de aprehensión contra varios trabajadores despedidos que participaron en las protestas, y que el amparo que se había tramitado fue denegado, lo que hizo efectiva la orden de aprehensión.
Indicó que nadie sabía que el amparo no había procedido, y que ante esa circunstancia eran vulnerables los compañeros, incluyéndolo a él, pero que retomaron el proceso.
Los inculpados tuvieron una audiencia en Acapulco, adonde fue trasladada la ex trabajadora despedida el miércoles, al Tribunal federal, donde rindió su declaración, se le fijó una fianza y salió libre alrededor de las 9:45 de la noche.
Chávez Adame añadió que no se sabe si hay seis o siete órdenes de aprehensión más, pero que retomaron el proceso para buscar el amparo.

Se solidariza con Zacarías Cervantes, agredido la noche del miércoles

Por separado, Chávez Adame dijo que la Dirección Colectiva se solidariza con el reportero de El Sur, Zacarías Cervantes, quien fue intimado por siete hombres, al menos uno de ellos armado, la noche del miércoles, y exige el esclarecimiento de los hechos. (Beatriz García / Chilpancingo).

Marchan damnificados en Chilpancingo para exigir que se reubique la comunidad San Vicente

 

Integrantes de la Dirección Colectiva de Organización Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del estado de Guerrero marcharon al Ayuntamiento capitalino para exigir la reubicación de la comunidad de San Vicente, municipio de Chilpancingo.
Asimismo, acudieron a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum), para interponer una queja ante el incumplimiento de las autoridades de los tres órdenes de gobierno que no reubican a más de mil familias damnificadas de la tormenta Manuel y el huracán Ingrid, en septiembre de 2013.
A las 2 de la tarde, unas 40 inconformes salieron en marcha de la Alameda hacia el Ayuntamiento para exigir una reunión con el alcalde priista de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena.
Antes de la marcha, los integrantes de la Dirección Colectiva, principalmente habitantes de las comunidades de San Vicente y Coapango, se reunieron en el teatro hundido de la Alameda capitalina.
Ahí, el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame informó que acudirían al Ayuntamiento, para exigir la reubicación de más de mil familias, de las comunidades San Vicente, Coapango, El Aguejito y Huacalapa.
Indicó que acordó con las autoridades comunitarias de las localidades que ahora solicitarán que se haga un recorrido con el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en Guerrero, José Manuel Armenta Tello, para ver el lugar donde serán reubicadas las familias.
Ante el incumplimiento de los tres órdenes de gobierno a su demanda, acudieron a la Codehum a interponer una queja para que quede un antecedente, y para que se les exija a las autoridades el cumplimiento de las obras de reubicación, además de que se revise el caso de El Mirador, ubicado al sur de la ciudad, para que reconstruyan varias viviendas que ya presentan fracturas, y son un riesgo para las familias que las habitan.
Nicolás Chávez Adame informó que el presupuesto que estaba destinado para las comunidades de la sierra que fueron afectadas por la tormenta Manuel fue de 160 millones de pesos, “dinero que no se ejerció”.
Al finalizar la reunión con autoridades municipales, Nicolás Chávez Adame informó que se acordó un recorrido con Sedatu y el alcalde, para que vean las afectaciones de la tormenta Manuel y el huracán Ingrid, y gestionen el tramo carretero Chilpancingo-Amojileca, obras de aulas en Huacalapa y otras comunidades, la revisión de las casas de El Mirador, y la conclusión del puente, que se incluyeron en una minuta de acuerdos que fue firmada por las autoridades.
Después de la reunión acudieron a la Codehum a interponer la queja, ahí las autoridades pidieron que este jueves, a las 11 de la mañana se forme una comisión autorizada por los pueblos, comisarios y los damnificados de El Mirador, para que cada quien externen su inconformidad mediante otra queja.

Protestan organizaciones en el antimonumento de la capital a mil días de los ataques en Iguala

 

A mil días de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, integrantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado se reunieron en el antimonumento en esta ciudad.
A las 12:30 del día integrantes de la Coordinara Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), damnificados de El Mirador, integrantes del Frente Democrático de Trabajadores de Salud hicieron un mitin en el monumento a las banderas.
Las organizaciones sociales y estudiantiles se sumaron a la Acción Global por Ayotzinapa, y exigieron la presentación con vida de los normalistas y castigo a los culpables a 33 meses de la desaparición.
Dijeron que no hay información fidedigna de la desaparición de los normalistas a mil días, y exigieron a los tres órdenes de gobierno que investiguen para dar con los responsables.
Resaltaron que se debe de seguir revindicando la lucha y exigir la presentación con vida de los estudiantes de Ayotzinapa, y de todos los demás desaparecidos de Guerrero y del país.
El dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame nombró a cada uno de los 43 estudiantes desaparecidos y los presentes respondieron gritando “presentación con vida”.
Resaltó que “los cuerpos policiacos fueron los autores intelectuales y materiales de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y de la ejecución de vidas de civiles que pasaron ese día trágico, el 26 de septiembre de 2014 en Iguala”.
Manifestó que ahora le recriminan al gobierno federal que encabeza “el nefasto” Enrique Peña Nieto, y a los tres niveles de gobierno el hostigamiento y persecución de varios luchadores sociales.
Condenó la represión que sufrió la caravana que encabezan las madres y los padres de los 43 normalistas cuando iban a Cancún, “donde los policías les cortaron cartucho y los bajaron como si fueran delincuentes”, y la que sufrieron los estudiantes de la escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío, en Michoacán.
“¿Por qué el gobierno federal, estatal y municipal reprime al movimiento social y no detiene a los delincuentes de cuello blanco que se roban el erario público, y tampoco detienen a los delincuentes que cometen asesinatos?”, recriminó.
Dijo que todos los días se siguen cometiendo asesinatos a plena luz de día, y responsabilizó a Peña Nieto, al gobernador Héctor Astudillo Flores y a los presidentes municipales que han permitido que sigan las muertes y desapariciones en Guerrero.
“Refrendamos el apoyo incondicional a los padres de los 43 normalistas, pero también nos solidarizamos con el gremio periodista porque han sido reprimidos y por los múltiples asesinatos”, agregó.
Nicolás Chávez también condenó que todos los teléfonos de los luchadores sociales y de la prensa están intervenidos por el gobierno, “parece que no tenemos libertad”.

 

Denuncia Nicolás Chávez en la Codehum que el gobierno lo sigue hostigando

Integrantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero, se reunieron con el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, quien les informó que pudo dialogar con el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, sobre el encarcelamiento de Patricio Margarito Rivera, preso tras la acusación de que invadió su terreno.
Además, el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame informó al ombudsman que le hicieron un requerimiento del Juzgado Séptimo de distrito para pedirle que informe sobre el trabajo comunitario que hizo en 2009.
A la reunión acudieron también damnificados de las tormentas tropicales Ingrid y Manuel reubicados en El Mirador, y con trabajadoras de Prospera que fueron despedidas injustificadamente.
En la reunión pública, Navarrete Magdaleno dijo que habló con el secretario general de Gobierno, que hay disposición de diálogo y que se van a buscar mecanismos para darle una solución fuera del ámbito judicial, además de que el diálogo quedó abierto. Sin embargo, dijo que no daría información, porque no era todavía prudente, pero aseguró que hay avances importantes.
El presidente de la Comisión señaló que también tratarán el asunto de la retención de salarios, desde diciembre, de Chávez Adame y de Simón Tavira, con el objetivo de que sigan siendo considerados como trabajadores de la Educación; advirtió que no es fácil, pero seguirán con el diálogo.
Sobre los nueve trabajadores despedidos de Prospera, acordaron que se buscará el diálogo con el coordinador en Guerrero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Hipólito Lugo Cortés, para conocer de los avances de la queja que interpusieron.
Del caso de damnificados de El Mirador, Navarrete Magdaleno dijo que buscará dialogar con autoridades de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), aunque no le compete porque es del ámbito federal, pero que lo hará para ver la forma en cómo darle cauce a los problemas que persisten en el fraccionamiento, luego de que los vecinos han denunciado cuarteaduras y filtraciones de agua en sus casas.
Chávez Adame comentó de un nuevo requerimiento que le han hecho, luego de que el 14 de febrero comunicó que le giraron orden de aprehensión acusándolo de motín.
“Está el hostigamiento hacia mi persona, ya que el día 22 de febrero se me hace un requerimiento del Juzgado Séptimo de distrito, que en ese entonces, según el (gobierno del) estado por un acto que yo cometí, que es perteneciente a la lucha social, mi sentencia fue proponerme hacer trabajos a la comunidad, precisamente en el año 2009, cuando el presidente municipal era Héctor Astudillo Flores, yo hice mi trabajo a la comunidad con un acuerdo, y ahora se me requiere que si yo no compruebo en tiempo y forma esto, seré juzgado nuevamente por el gobierno federal”, explicó.

Revisa Tlachinollan el caso del encarcelado por una denuncia del secretario de Gobierno

Beatriz García

Chilpancingo

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan está revisando el expediente del caso de Patricio Margarito Rivera, preso tras acusaciones de invadir un terreno propiedad del secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, para determinar si retoma el caso, pues antes dos abogados desistieron.
El lunes, integrantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero, se reunieron con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, para quejarse de la falta de solución a demandas de sus compañeros.
Ese día, la hija de Margarito Rivera, Josefina Margarito Rosendo expuso al ombudsman que el abogado que seguía el caso de su padre desistió, pues les dijo que no podía seguir a causa de intimidaciones de los abogados del secretario general. Recordó que, del primer abogado que tuvo su papá se supo que no hizo nada para defenderlo, y Navarrete Magdaleno le propuso que dialogara con Tlachinollan, para ver la posibilidad de que retomaran el caso.
Consultada telefónicamente, Josefina Margarito informó el abogado Vidulfo Rosales Sierra le dijo que revisarían el caso y que la próxima semana confirmarían si lo retomaban.
Josefina Margarito de 21 años de edad, originaria de Cuapala, municipio de Atlixtac, dejó de ir a la escuela desde el 1 de noviembre, cuando su padre fue detenido sin orden de aprehensión en su domicilio, en la colonia Temixco 2.
Ella era la mayor y la única de sus dos hermanos que estudiaba, iba en séptimo semestre de Ingeniería Civil, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), contó.
Desde la aprehensión de su padre no volvió a la escuela, pues su madre, Guadalupe Rosendo Sonora, y su hermana, Rosa Margarito Rosendo, con quienes vive, hablan poco el español, su lengua materna es el náhuatl. Josefina tuvo que ponerse al frente de la familia y seguir el proceso jurídico de su padre.

Denuncia Nicolás Chávez orden de aprehensión en su contra y acusa al gobernador de estar detrás de ella

 

El dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame denunció que le giraron orden de aprehensión tras los hechos ocurridos en febrero de 2014, en la administración del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, cuando irrumpió junto con sus compañeros en un almacén del DIF estatal donde se guardaban toneladas de despensas para damnificados de las tormentas Ingrid y Manuel que no fueron entregadas, y que serían utilizadas con fines proselitistas.
En las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), integrantes de organizaciones que conforman la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero, en ausencia de Chávez Adame informaron de la orden de aprehensión en su contra. Reiteraron su solidaridad al dirigente, porque lo único que ha hecho es apoyar a los más desprotegidos y ser solidario, dijeron.
Durante la actividad, el dirigente de la APPG se comunicó, vía telefónica, y a través de un altavoz expuso que, por seguridad y recomendación del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que va a llevar su caso, decidió resguardarse.
Informó que ya solicitó un amparo al Juzgado Primero de Primera Instancia del ramo penal, para protegerse de la orden de aprensión que, dijo, se libró por presiones del gobernador, Héctor Astudillo Flores, ante hechos ocurridos hace casi tres años.
Agregó que parecería que el gobernador está invirtiendo los papeles, porque persigue a luchadores sociales en lugar de perseguir a los delincuentes que sí están trabajando en la impunidad.
Chávez Adame contó que desde el viernes a las 2:40 de la tarde, cuando salió de su casa para ir a la escuela de su hija y acompañarla a su regreso, ya había una operación de la Policía Ministerial, pero la pudo evadir.
Dijo que el delito del que lo acusan, “en realidad lo cometieron ellos (las autoridades), la no entrega de las despensas que estaban dirigidas a los compañeros que habían sufrido la desgracia de Ingrid y Manuel, fue cuando se abrió el portón y se descubrió infraganti a la gente que estaba ocultando las despensas para (usarlas en) las campañas de los políticos… eso para ellos fue un delito, nosotros lo asumimos; pero creemos que la intención de ellos era agarrarme el viernes para tenerme incomunicado”.
Recordó que, antes ya había denunciado amenazas, incluso de muerte, el 13 de diciembre ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum). Después denunció la retención de su salario. Todo esto luego de que rompió el diálogo con Astudillo Flores en Casa Guerrero, cuando negociaban sus demandas; ese día, al gobernador le cuestionaron que en su gabinete estaba infiltrada la delincuencia organizada, lo que provocó el enojo del funcionario que rompió la mesa de diálogo.
Agregó que el presidente de la Codehum, Ramón Navarrete Magdaleno le informó que la Secretaría General de Gobierno, que encabeza Florencio Salazar Adame, le negó las medidas cautelares.
“El único delito fue decir la verdad que conoce el pueblo de Guerrero y de México, que hay un gobierno intolerante, que hay un gobierno coludido con la delincuencia organizada, y me parece que hoy esa línea de represión y hostigamiento la siguen dejando”, abundó el dirigente.
Al final de la actividad, sus compañeros gritaron consignas, “¡No estás solo, no estás solo, no estás solo”!, y “¡Ni un paso atrás, todos con Nicolás!”.