Unos 30 hombres armados irrumpieron la noche de este lunes en la agencia del Ministerio Público de Arcelia y se llevaron violentamente a tres hombres, presuntamente integrantes del grupo delictivo Los Tequileros que opera en San Miguel Totolapan y está a cargo de Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero.
Los hechos fueron reportados alrededor de las 11:30 de la noche después de que la Policía Ministerial y el Ejército detuvieron a tres hombres por su probable participación en hechos delictivos, a quienes dejaron en el Ministerio Público como presentados.
Solamente iban a declarar y se retirarían, para lo cual la agencia tenía un plazo máximo de 48 horas para mantenerlos bajo custodia.
El vocero de Seguridad, Roberto Álvarez Heredia, confirmó la versión, y dijo que los detenidos son probables integrantes del grupo delictivo conocido Los Tequileros y podrían estar vinculados, según diversas investigaciones, en delitos de homicidio y secuestro.
El vocero dijo que “en el momento en que ocurrió la incursión del grupo delictivo, aproximadamente a las 22 horas, la agencia del Ministerio Público estaba resguardada solamente por seis agentes ministeriales, los cuales fueron sometidos por el mayor número de delincuentes, quienes fueron por los tres detenidos”.
Álvarez Heredia indicó que la Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación como consecuencia de los hechos.
En Arcelia desde la medianoche hubo mucho movimiento del Ejército, pero no se informó de ninguna detención.
Los nombres de los tres son David de 26 años, de Anenecuilco del Estado de Morelos, Luis Fernando de 19 años, de Ajuchitlán del Progreso y Luis Ángel de 18 años, originario de Ajuchitlán del Progreso.
Los tres fueron detenidos en el municipio de San Miguel Totolapan, formaban parte sólo de una investigación y no iban a ser procesados.
Arcelia no cuenta con policías, hay algunos recorridos de militares que en ocasiones ingresan desde su base que está a 7 kilómetros, en la comunidad de Palos Altos sobre la salida a Iguala. Los policías estatales cubren todos los llamados de emergencia y operan con cerca de 100 agentes para atender los nueve municipios de la región Tierra Caliente.
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No hablará más del caso de la amapola en un pueblo de Tlacoachistlahuaca, dice el alcalde
El alcalde del PT de Tlacoachistlahuaca, Javier Carmona Villavicencio afirmó que “ya no le echará más leña al fuego” y no hablará del caso de la comunidad de Juquila Yucucani, donde el 16 de marzo fue destruido un plantío de amapola por el Ejército y un helicóptero militar fue atacado.
Expresó que buscará alternativas para mejorar las condiciones de las comunidades de la zona alta del municipio, donde los habitantes de na savi viven en la pobreza extrema.
Carmona Villavicencio dijo que está buscando ayuda al gobierno del estado, y de la federación para las comunidades ubicadas en los límites con el estado de Oaxaca.
Se buscó ayer al alcalde por teléfono para conocer su postura luego de que el segundo comisario de Juquila Yucucani, Francisco López Aguilar y otros dos vecinos señalaron que es falso que solicitaran al alcalde un millón y medio de pesos como indemnización por la destrucción de la siembra de amapola, y advirtieron que con sus declaraciones ponen en riesgo a la población.
El comisario indicó que el dinero que pidieron al alcalde luego de que fue retenido en la comisaría, sería para la construcción de un albergue que ocuparán como comisaría, mismo que desde el 2015 han solicitado al presidente municipal a quien también le recriminaron que haya construido un albergue en la comunidad vecina de Santa Cruz Yucucani.
Mientras la diputada local del PRD del distrito 16, Rosa Coral Mendoza Falcón, reconoció que los problemas de las comunidades indígenas de esa zona no se han podido atender.
Dijo que a los pobladores no se les puede culpar de la siembra de enervantes, pero que se tienen que buscar alternativas de siembra de cultivos como el maíz, el frijol. “Que los gobiernos de los tres niveles, y no sólo al municipal se le quede la responsabilidad. Que exista una coordinación para generar opciones para la gente y buscar salvaguardar la salud y educación de los ciudadanos”.
En consulta por teléfono opinó que el tema de la legalización medicinal de los enervantes como la amapola es una situación “compleja” que se tiene que estudiar, en el impacto local, nacional e internacional, además de que se tendrían que regular nuevas normas de salud, que no se salga de control su uso, y se tiene que demostrar que es un beneficio para la salud.
Falso, que pidieran dinero por la amapola destruida, dicen vecinos de Juquila Yucucani
El segundo comisario de la comunidad de Juquila Yucucani, Francisco López Aguilar y los vecinos Benito Zeferino Sánchez y Clemente Santiago de Jesús negaron que hayan exigido un millón y medio de pesos como indemnización al alcalde del PT de Tlacoachistlahuaca, Javier Carmona Villavicencio, por el plantío de amapola que el Ejército destruyó y que ese dinero sería para la construcción de la comisaría.
El señor López Aguilar con ayuda de su traductor expresó que si el presidente municipal de Tlacoachistlahuaca sabe que hay sembradíos de amapola en la comunidad, que denuncie en la Procuraduría General de la República (PGR) de lo contrario se vuelve cómplice.
La autoridad de la comunidad afirmó que “el que caiga, caiga por su propio delito que se está cometiendo”, detalló el periódico regional Diario Alternativo a donde los vecinos acudieron a demandar su derecho de réplica, luego de que el alcalde petista dijo que fue liberado el lunes pasado luego de firmar un documento donde se comprometía dar un millón y medio a los inconformes por los sembradíos de amapola que el Ejército destruyó.
Aclaró que no pidieron una indemnización por la destrucción de sembradíos de amapola que hizo el Ejército, sino que el dinero es para construir la comisaría, porque llevan dos años sin que el alcalde invierta en obra pública en su comunidad.
Según el medo citado le fueron entregadas copias de las solicitudes hechas de los habitantes al alcalde desde el 15 de diciembre de 2015, cuando tenía dos meses de haber asumido la alcaldía, para que les construya un albergue de 30 por 15 metros, que usarían como comisaría del pueblo.
Otro escrito del 14 de enero de 2016 fue entregado al alcalde quien respondió que no haría la comisaría porque no estaba en el presupuesto de 2016, “ni por el gobierno del estado de Guerrero”, sin embargo en la comunidad vecina de Santa Cruz Yucucani fue construido el albergue.
De la retención del secretario de seguridad, así como del secretario general del Ayuntamiento y dos ingenieros, dijo que fue porque llegaron a medir una casa que utilizan como comisaría y realizaron el comentario de que “si es que sale el proyecto hoy, o si no hasta próximos años”.
Afirmó que el alcalde fue retenido por el incumplimiento a las peticiones de obras. De la camioneta fue retenida para presionar al alcalde a invertir en obra pública.
“El compromiso que… estamos pidiéndole al alcalde de Tlacoachistlahuaca, el doctor Juan Javier Carmona Villavicencio, es que cumpla el compromiso de las obras que hizo en su tiempo de campaña, y es lo único que estamos pidiendo. Hemos entregado peticiones en tiempo y forma”, informó.
Agregó que en “el momento que él regrese nos entregue el recurso, el compromiso que se quedó, y ya, se termina el problema”.
Además dijo que al secretario de seguridad se le retuvo el arma porque al momento de la retención la sacó, y por eso quedó en resguardo en la comisaría.
López Aguilar dijo que “en el pueblo se dedican a sembrar frijol, maíz, algunos señores se dedican también a sembrar lo que es jitomate de cáscara, de ese verde, de los criollo, se dedican a sembrarlo. Ese es el trabajo que realizan, pero del conocimiento de lo que se está diciendo que se está diciendo sobre el enervante, no es trabajo de ser humano, eso sí desconocemos nosotros las autoridades”.
El segundo comisario dijo que después de las declaraciones del alcalde a los medios de comunicación ahora temen que las autoridades federales lleguen y los detengan.
Indicó que en un próxima asamblea la población analizará qué procederá con el acuerdo firmado por el alcalde y donde fue testigo el comisario de la localidad, Juan Perfecto Aguilar.
Piden indígenas indemnización porque el Ejército les destruyó plantíos de amapola, precisa el alcalde de Tlacoachistlahuaca
El presidente municipal de Tlacoacahistlahuaca, Javier Carmona Villavicencio, dijo que son cuatro las personas que encabezan a un grupo de 25 pobladores de Juquila Yucucani que exigen indemnización de un millón y medio de pesos por la amapola destruida por el Ejército.
El alcalde del PT precisó que fue retenido durante una hora en la comunidad el lunes pasado, a donde acudió, porque un día antes había sido retenido el secretario general del Ayuntamiento, Arturo Mejía Cristóbal, el secretario de Seguridad Pública, Jesús Grandeño López, y dos ingenieros de la Dirección de Obras Públicas del municipio, que fueron liberados el lunes.
Consultado por teléfono dijo que la comunicación con los 25 indígenas que lo encerraron en la cárcel de la Comisaría fue complicada debido a que hablaban en lengua tu’un savi. “Ellos no quieren obras 2017, ellos quieren un millón y medio de pesos, por la destrucción de la siembra de amapola que se realizó” el pasado 16 de marzo y que provocó que el Ejército entrara a tierras triquis del estado de Oaxaca.
Dijo que fue liberado luego de que prometió por presión de los inconformes la intervención del gobierno estatal, pero que reiteró a los habitantes que no está en sus manos negociar.
Indicó que presentó una demanda en el Ministerio Público por el robo de una camioneta y de una pistola que fue decomisada al secretario de Seguridad y que los inconformes se los quedaron como garantía.
“Hay cuatro personas pidiendo dinero en efectivo, Benito y Salvador, con sus esposas, son quienes lideran”, dijo el alcalde, y agregó que el comisario de la localidad no intervino en los hechos.
Precisó que la autoridad del poblado de 308 habitantes indígenas na savi, que colinda con el estado de Oaxaca, fue la única de las 38 comunidades que no fue a la instalación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Coplademun) y esa era otra de las razones por las que los trabajadores del municipio subieron.
El alcalde indicó que sabe que la zona está rodeada de militares y que los inconformes “quieren que yo intervenga con la Zona Militar para que se retiren”, pero reiteró que en ese aspecto no intervendrá, “el acuerdo fue que iba a negociar, pero que no estaba en mis manos y porque no está permitido”.
El alcalde corrigió los datos publicados ayer en este diario, donde se dijo que los indígenas de Jicayán Yucucani exigieron al alcalde una indemnización de 2 millones de pesos por la destrucción que hizo el Ejército de sus siembras de maíz, en labores de erradicación de amapola, el año pasado, cuando se habían quedado sin cosechas.
Sin respeto a los derechos humanos no puede haber seguridad, dice la ONU en foro sobre militarización
Sin el pleno respeto a los derechos humanos no puede haber seguridad, afirmó el representante adjunto de la oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México, Jesús Peña Palacios, sobre la actuación de militares en funciones de seguridad pública, tras escuchar a víctimas y deudos de una violación, de casos desaparición forzada y de un asesinato cometidos por militares en Guerrero.
Ayer en el foro Seguridad o derechos humanos: una falsa dicotomía, organizaciones civiles y víctimas rechazaron la iniciativa de la Ley de Seguridad Interior que se encuentran en el Senado y la Cámara de Diputados, para legalizar y ampliar las facultades de las fuerzas armadas en las calles, propiciando un estado de excepción donde el Ejército no rinda cuentas de sus acciones, no obstante las denuncias de violaciones graves a los derechos humanos que pesan contra estas corporaciones.
El representante de la ONU señaló que si bien el tema debe de ser analizado en el Congreso de la Unión, no se deben inhibir espacios de diálogo y es pertinente (dado los antecedentes), que se discuta en Guerrero.
Inauguraron la actividad los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos, denunciaron que soldados del 27 Batallón de Infantería y policías de los tres niveles de gobierno intervinieron en los ataques, asesinatos y desaparición forzada del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, y es su exigencia al gobierno federal que los devuelva con vida.
Compartieron su testimonio Tita Radilla, hija del líder campesino de Atoyac Rosendo Radilla Pacheco, quien fue detenido desaparecido en un retén militar en 1974, en la época llamada de la guerra sucia cuando el Ejército sitió gran parte de ese municipio.
También Valentina Rosendo Cantú, quien fue violada sexualmente por militares a los 17 años, ambos casos llegaron a sentencias contra el Estado mexicano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Además el sobreviviente de la masacre de El Charco ejecutada por soldados que asesinaron a 11 indígenas, Bernardino García Francisco, y el hermano de José Rubio Villegas, muerto en un ataque a balazos de militares a un autobús del servicio público, luego de cruzar un retén en el crucero de Huamuxtitlán.
Que las fuerzas armadas no participen en la investigación del delito, y el regreso gradual a sus tareas, propone la CNDH
En su intervención el coordinador de asesores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Guillermo Silva, señaló el uso de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública “no fue la decisión más apropiada”.
Señaló que los militares se apartaron de una debida conducta de servidor público y hace diez años, que se incluyeron en la política para contrarrestar al narcotráfico, las violaciones cometidas por sus efectivos se incrementaron. Señaló que antes de 2006, el promedio de las denuncias contra la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina en la CNDH era de dos cada año por cada institución, ahora es de 12 cada una.
Propuso, opuesto a la que plantean el PAN y el PRI en las cámaras, entre otros puntos, que se deseche la posibilidad de que las fuerzas armadas participen en la prevención e investigación del delito, y que estas funciones no sean incluidas en su esquema de atribuciones.
Además, establecer su regreso gradual y verificable “a las tareas que le sean propias”, y prevenir que se afecte en cualquier forma el ejercicio de la libre manifestación de la sociedad civil.
Defensores rechazan la exención y primacía para los militares que se plantea en la Ley de Seguridad Interior
Del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Edgar Cortés Morales habló del marco jurídico que justifica la presencia de los militares en materia de seguridad pública para coadyuvar con las autoridades civiles, y denunció que en los hechos la intervención militar en los estados ha tenido primacía.
Recordó que en 2008 cuando el problema de la delincuencia organizada incrementó su complejidad se creó la Policía Federal con una base de militares, a partir de 2006, comenzó el uso intensivo de las fuerzas armadas en temas de seguridad y desde 2011 se planteó por primera vez la intención de dar un marco legal a los soldados en materia de seguridad pública, en la Ley de Seguridad Interior.
Añadió que la movilización de organismos civiles y gubernamentales de derechos humanos evitó que se incluyera este capítulo en la legislación, llamó a la sociedad a estar alerta para que la iniciativa no se apruebe a espaldas de la población a finales del actual periodo de sesiones que concluye en abril.
El abogado, Jesús Robles Malof señaló que en los estados democráticos las leyes se crean para establecer límites y controles en el ejercicio de la función pública, y el problema de la Ley de Seguridad Interior es que comienza por construir excepciones para militares, “en el mundo del revés, donde las excepciones se convierten en regla”.
Por ejemplo, señaló que una iniciativa plantea que en cuestiones de inteligencia militar las fuerzas armadas pueden hacer uso de cualquier método para lograr su objetivo, y cualquier autoridad debe colaborar en esta tarea. Dijo que hasta organismos autónomos como la CNDH estarían obligados a colaborar con los militares cuando señalen problemas de seguridad interior.
También los exenta de acatar las leyes creadas, como la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, dirigida a los funcionarios públicos en caso de faltas, irregularidades o abusos.
Los legisladores responden a la exigencia de la Sedena, dice el Centro Prodh
El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Santiago Aguirre señaló que las iniciativas de ley son la respuesta de varios legisladores en el Senado y la Cámara de Diputados a la exigencia de las fuerzas armadas de legalizar sus acciones en el campo, a pesar de que la estrategia de seguridad con soldados no ha dado resultados.
Denunció que la violencia se incrementó y eso debe de ser tomado en cuenta en el análisis en el Congreso, pero en lugar de que los legisladores llamen a los mandos militares, los generales los citaron en las instalaciones militares para exponer “no sus peticiones sino sus exigencias”.
Señaló que, entre otras, la recomendación de los organismos internacionales para México es que se fortalezcan las capacidades de las corporaciones policiacas, particularmente en investigación en macrocriminalidad, y se retire de forma paulatina a las fuerzas armadas de las tareas de seguridad.
El director del Centro Morelos, Manuel Olivares Hernández denunció que el Ejército acabó de forma brutal con los movimientos subversivos de la década de 1970 y no regresó a los cuarteles, se quedó en las calles.
Después de la guerrilla, los militares llevaron semilla de amapola y mariguana a las regiones apartadas del estado, primero se pensó que le daban una oportunidad a las familias de atender demandas y necesidades, ahora, saben que fue el pretexto para justificar su intervención en las comunidades.
Opinó que el nivel sanguinario a que han llegado los pleitos por las plazas entre narcotraficantes no serían posibles si la maquinaria institucional no estuviera engrasada por la corrupción.
“Insistimos en que hay de alguna manera complicidad muy fuerte con la delincuencia organizada, si no, no entendemos como en enero del año pasado en Chilapa se anunció un fuerte operativo conjunto (militar y policiaco), y hoy se mantiene la alta criminalidad”, expuso.
Finalmente el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández precisó que la Ley de Seguridad Interior no está dirigida a las elites económicas ni a las transnacionales, sino a los que se organizan, a los que demandan y exigen justicia y respeto a los derechos humanos.
Exigió que en el centro de la discusión de la legislación se coloque a las víctimas, sus historias cruentas y sus luchas, “queremos una ley para fortalecer el paradigma de los derechos humanos, no el paradigma de la militarización”.
Señaló que Guerrero es el lugar más inseguro y violento, Acapulco es el centro económico más importante y está desmantelado por la delincuencia, Chilpancingo es el centro político y de la criminalidad, Iguala después de los ataques del 26 de septiembre de 2014 evidenció la complicidad de autoridades y narcotraficantes, y siguen siendo un municipio violento.
Urgió a los diputados a legislar para las víctimas una Ley General de Tortura y la Ley General de Desaparición Forzada, en lugar de obedecer a los militares con la Ley de Seguridad Interior.
El Ejército viola los derechos humanos, testifican víctimas en Chilpancingo
Las víctimas y deudos de casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos por militares, evidenciaron que el Ejército viola todos los derechos humanos, la subordinación que ha existido de policías ante los soldados y la protección del Estado a las fuerzas armadas, en el foro Seguridad o derechos humanos: una falsa dicotomía.
En Atoyac hubo un sitio de excepción donde incluso policías de Tránsito hicieron detenciones de personas que entregaron a los militares, “la población indefensa sólo fue víctima”, denunció la hija del líder campesino desaparecido el 25 de agosto de 1974, Rosendo Radilla Pacheco, Tita Radilla Martínez ante la nueva propuesta de Ley de Seguridad Interior, para legalizar la actuación sin límites de las fuerzas castrenses en seguridad pública.
En el auditorio abarrotado de estudiantes en la maestría en Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), señaló que hubo más de 400 desaparecidos y los que sobrevivieron contaron que fueron sometidos a tortura, muchas mujeres violadas a principios de la década de 1970, y dijo que es muy grave la intención de los legisladores para otorgar amplias facultades a las fuerzas armadas.
Después de que los militares asesinaron al maestro Lucio Cabañas en 1974, líder de la guerrilla rural, las desapariciones continuaron hasta 1979, “y el Ejército (hoy) sigue ahí, en las calles, con el arma lista para disparar”.
Inauguraron el foro los padres de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos hace dos años y medio, y la activista señaló que ellos no deben esperar tanto para encontrar justicia, que la sociedad debe actuar porque se esclarezcan estos hechos y para que los militares regresen a sus cuarteles.
Maltrato e inseguridad reciben del Ejercito: Valentina Rosendo
Después de que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Coidh) la reconoció como víctima de violencia sexual y emitió una sentencia contra el Estado mexicano, Valentina Rosendo Cantú, indígena me’phaa, relató ayer que la violación por soldados a los 17 años fue una pena muy grande y no quería contarla a nadie, “porque es una vergüenza para mí y para las mujeres de mi pueblo”.
Recordó que otras mujeres que también fueron violadas tenían miedo y le pidieron que callara, pero le preguntaron después de dónde sacó la fuerza para llegar tan lejos, “y yo sigo enfrente de la lucha”.
Para presentar la denuncia dijo que caminó 11 horas a una agencia del Ministerio Público, no hablaba español y las autoridades no le creyeron. Mediante organizaciones de derechos humanos llevó su caso a la Coidh, donde el Estado negó dos veces la agresión.
En su pueblo los militares intentaron sobornarla, y después de una audiencia en la Coidh hubo un intento de secuestro a su hija, por eso asegura que los soldados propician la violencia y la inseguridad.
Los que cometen delitos andan libres: sobreviviente de El Charco
El sobreviviente de la masacre de El Charco, municipio de Ayutla, Bernardino García Francisco también compartió su experiencia del ataque de militares a campesinos na savi el 7 de junio de 1988, que un día antes se reunieron en la localidad.
“No nos reunimos para pelear, el gobierno hace muchas cosas, por eso en ese momento estuvimos organizando de qué manera solicitar un apoyo, una obra o salud más que nada, por eso estuvimos allá en El Charco. Se hizo tarde, no alcancé a llegar a El Paraíso (su pueblo de origen y se quedó con otros a dormir en la escuela donde fueron agredidos).
“Cuando uno se dio cuenta ‘¡son los guachos!’, conforme van hablando de locos (los militares) muy mal, ahí fue como a las 2 de la mañana. Como son miedosos (los soldados no avanzaron) y ahí andamos sin miedo, a las 2:30 casi a las 3 metieron la granada, hubo una balacera y estuvimos boca abajo en la escuela”.
Señaló que al amanecer acordaron que los campesinos saldrían con las manos en alto y en ese momento les dispararon, quedaron unos ocho heridos, él entre ellos, con un herida en el pie. Al final 11 fueron ejecutados.
“Eso es lo malo que hace el gobierno, ¿qué hace con estudiantes, profesores indígenas?, agarra personas que no tienen delito, y los que tienen delito andan libres”.
Un calvario sin defensores
José, hermano de Bonfilio Rubio Villegas asesinado en un autobús del servicio público por soldados cuando el vehículo se alejaba de un retén militar, recordó que en la agencia del Ministerio Público en Tlapa lo trataron con desprecio antes de la intervención del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan.
Dijo que su familia supo dos días después de la agresión y se trasladó a Tlapa a pedir la entrega del cuerpo que estaba en Chilpancingo, “cuando escuché que le decían ‘jefe, jefe, ahí están allá afuera’, se trataba del personal de Tlachinollan”.
Recordó que estaban siendo interrogados cuando llegó Abel Barrera y saludó a su esposa, “qué haces aquí Verónica”, “es mi cuñado a quien mataron”, respondió.
“Dos horas antes para el juez no valíamos nada, cuando llegó Tlachinollan cambia toda la atención, ¡hasta donde llega la hipocresía del gobierno! El proceso es un calvario, más si hablas lengua indígena y no tienes quién te respalde, por eso dice Valentina hay pocas persona que levantan la voz y otros que se callan por temor a ser desaparecidos o ser torturados por el Ejército”.
Recordó que su hermano llevaba un celular y dinero, pero sólo les devolvieron unas moneditas, luego recibió una llamada a su casa -estimó que los soldados tomaron el número telefónico del celular de su hermano muerto-, y le ofrecieron 130 mil pesos para gastos funerarios, con la condición de que cerrara la boca y no denunciara.
“Váyanse a la… mi hermano no vale 130 ni 200 mil pesos, no es un animal, la dignidad de una mujer, de un hombre, no se vende”, relató ayer, exacerbado.
Agregó que en Guerrero hay suficientes pruebas de que el Ejército agrede, y que la estrategia de seguridad del presidente Enrique Peña Nieto “no sirve, que regrese a los militares a los cuarteles para que ya no maltraten a mi gente. Nos interesa de que está ley no pase, pero ellos le apuestan a sus intereses aunque el pueblo sufra”.
La presentación de los 43 y que se investigue al Ejército, piden en Iguala a 30 meses de los ataques
Alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, profesores de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG), integrantes de organizaciones sociales y familiares de víctimas de desaparición forzada marcharon la tarde de ayer, colocaron ofrendas e hicieron un mitin a 30 meses de los ataques y la desaparición de los 43 normalistas en esta ciudad.
Los activistas reiteraron su exigencia de justicia, presentación con vida de los desaparecidos, castigo a los culpables materiales e intelectuales y una investigación a los soldados del Ejército que participaron en los ataques de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Minutos después de las 4 de la tarde unos 150 normalistas, profesores y miembros de las organizaciones que los acompañan como el Bloque Democrático de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala, la Unión Campesina Emiliano Zapata-Arturo Hernández Cardona y el integrante del comité de buscadores de fosas clandestinas y familiar de un desaparecido, Mario Vergara Hernández, marcharon de la explanada de Las Tres Garantías por la calle Juan Álvarez al periférico Norte.
En la estela a los normalistas asesinados Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo se colocó una ofrenda floral y hubo un mitin, en el que se demandó justicia para los asesinados.
En su participación un normalista de Ayotzinapa denunció que el Ejército no tiene nada que hacer en las calles, y dijo que quedó evidenciada su participación en la desaparición de los normalistas y todas las instituciones del gobierno.
“Estamos hartos de que salimos a las calles y que los malditos policías nos están hostigando, supuestamente dicen que nos están cuidando pero sabemos que en realidad nos están vigilando”, dijo el normalista ante la presencia de policías federales y municipales que los siguieron en todo momento de las actividades.
En ese mitin un grupo de policías federales armados tomaba fotografías a los normalistas y a los maestros, uno se metió entre los manifestantes para tomar fotografías con su teléfono celular.
En el segundo mitin en la Ciudad Industrial donde el contingente llegó marchando y gritando consignas de justicia y en apoyo a la normal de Ayotzinapa, un grupo de profesores de la CETEG y de normalistas bloqueó el paso a la patrulla 17195 en la que iban cinco agentes armados de la Policía Federal, quienes seguían desde un inicio las acciones de los normalistas. Les pidieron que se retiraran del lugar pues consideraron su presencia un acto de provocación.
Un policía que al parecer iba al frente del grupo pero que no se identificó y tomaba fotografías, dijo que daban seguridad a los manifestantes.
Los profesores y alumnos insistieron que se retiraran del lugar, lo cual hicieron pero se mantuvieron cerca de la zona, al igual que los policías municipales.
En la estela del normalista Julio César Mondragón Fontes, que fue torturado y desollado del rostro, un miembro del Bloque de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala denunció la represión y el hostigamiento del gobierno estatal y federal en contra de líderes y luchadores sociales, y recriminó los asesinatos contra periodistas, como Cecilio Pineda de Tierra Caliente.
Denunció que las fosas clandestinas de las que se han sacado más de 150 cuerpos en Iguala, “es la evidencia de la corrupción, de la violencia y la inseguridad que se vive en Iguala y en varios municipios del estado de Guerrero”.
Dijo que seguirán exigiendo la presentación con vida de los 43 normalistas y justicia para todos los desaparecidos, secuestrados y levantados.
Exigió al gobierno estatal que dé seguridad y justicia ante la ola de violencia y de ejecuciones que tienen al estado convulsionado.
El mitin concluyó a las 5:40 de la tarde. A las 6:15 de la tarde los normalistas salieron de Iguala hacia la Normal de Ayotzinapa sin incidentes.
Toman padres por tercera ocasión las oficinas de Finanzas en Iguala; insisten en que se nombren dos directores
Maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), padres de familia y alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa marcharon y tomaron las oficinas de la Secretaría de Finanzas, con sede en esta ciudad, para insistir en la entrega de nombramientos a dos directores.
Minutos después de las 12 de la tarde, unos cien normalistas, maestros de la CETEG y padres de familia de escuelas, marcharon de las instalaciones de la delegación regional de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), ubicadas en la calle Galeana, al sur de la ciudad, y que están tomadas desde el martes de la semana anterior, pasaron por el Zócalo de la ciudad y llegaron a las oficinas de la Administración Fiscal, de las que desalojaron al personal, tomaron las oficinas y cerraron la calle Francisco I. Madero.
Los normalistas de Ayotzinapa habían llegado a Iguala en dos autobuses para realizar una marcha, colocar ofrendas florales y realizar mítines en las estelas colocadas por los normalistas asesinados en los hechos de los días 26 y 27 de septiembre de 2014, para conmemorar 30 meses de los ataques y la desaparición de sus compañeros.
En la marcha, mostraron cuadros con las fotografías de sus 43 compañeros desaparecidos hace dos años y medio, y que más tarde expusieron en la explanada de las Tres Garantías. Por su parte, los padres de familia mostraban cartulinas para exigir solución a los conflictos laborales en la escuela primaria Juan Álvarez, de la colonia El Capire, y del kínder Niños Héroes, de Teloloapan, donde piden que se nombre a sus directores.
El martes pasado, los maestros de la CETEG, miembros del Bloque Democrático de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala y padres de familia, tomaron la delegación de la SEG. El miércoles y jueves tomaron las oficinas de la administración fiscal de Finanzas y el viernes tomaron por cuatro horas la calle Galeana, afuera de la delegación, ante el incumplimiento de las autoridades educativas y de gobierno de la zona Norte para atender su pliego de peticiones, en el que se incluye también la reubicación de centros de trabajo para unos 20 profesores en la zona de Teloloapan.
La toma de la administración fiscal, que fue la tercera ocasión, concluyó cerca de las 2 de la tarde, sin que nuevamente se les diera respuesta a su demanda a los padres y maestros de la CETEG.
Ejecutan a un hombre en una unidad habitacional de Zihuatanejo
En la entrada de la unidad habitacional La Puerta fue encontrado un hombre con las manos atadas hacia atrás y ejecutado con armada fuego de grueso calibre, lo que provocó la movilización de los cuerpos de seguridad de Zihuatanejo.
Alrededor de las 11 de la mañana fue asesinado a balazos un hombre en el crucero que conecta la unidad habitacional con la carretera federal Zihuatanejo-Lázaro Cárdenas.
La Policía Municipal acordonó la zona en espera de que peritos de la Fiscalía General del Estado hicieran las diligencias correspondientes, mientras vigilaban la zona policías federales y soldados del Ejército.
Regresan a clases las escuelas en San Miguel Totolapan sólo con vigilancia de las autodefensas
En San Miguel Totolapan las escuelas regresaron a clases este lunes, con jornadas normales de trabajo, en las cuales los planteles fueron resguardados por elementos de las autodefensas, sin presencia de policías estatales ni del Ejército.
En la cabecera municipal, hay tres jardines de niños, tres primarias, dos secundarias y dos escuelas de nivel medio superior que retornaron a clases. Las 10 escuelas tenían afuera, en la zona de la puerta principal, uno o dos elementos de planta de las autodefensas, del Movimiento por la Paz.
Los elementos de las autodefensas van armados. Llevan rifles calibre 22 y escopetas de diferentes tipos.
Tres camionetas, que se usan como patrullas, recorren las calles de San Miguel Totolapan y tienen como consigna pasar constantemente por las escuelas, para ver si hay alguna novedad. En algunos puntos se pararon a la hora de la salida de las escuelas. También dan vialidad para evitar atropellados.
Los jardines de niños salieron a las 12 del día, como es costumbre. En el centro se ubica una casa que usa el Ejército como base, a pocas cuadras de la zona escolar, pero al mediodía decidió mantenerse ahí.
Algunas unidades iban llegando de recorrido y otras salieron, pero no participaron en el resguardo de escuelas.
Tampoco la policía del estado, que cuenta en San Miguel Totolapan con cuatro patrullas, de las cuales dos de ellas están asignadas a las medidas cautelares del presidente municipal Juan Mendoza Acosta, y las otras dos mantienen recorridos.
En algunas primarias reportaron que alrededor de las 10 de la mañana pasaron algunas patrullas estatales, se detuvieron por minutos en el lugar, se tomaron fotografías y luego se retiraron.
Las escuelas primarias de San Miguel Totolapan son de tiempo completo, su horario de salida lo cumplieron a las 4 de la tarde, de forma regular, al igual que el resto de las instituciones.
Aun cuando en otros municipios no hubo clases, por el puente correspondiente al aniversario del natalicio de Benito Juárez, en San Miguel Totolapan los maestros aprobaron recuperar el tiempo perdido.
“Queríamos regresar a clases. Nosotros pensamos en los niños, porque ya era mucho tiempo. Y la verdad sí estamos tomando un riesgo, pero nos están apoyando mucho los de las autodefensas”, explicó una maestra de jardín de niños.
Uno de los miembros de las autodefensas, confirmó que están en espera de que el gobierno del estado cumpla su palabra de combatir al grupo de Los Tequileros, y dar una solución real a su petición de que avance el desafuero del diputado Saúl Beltrán Orozco.
“Estamos haciendo nuestra parte. Esperamos que el gobierno haga la suya. Hubo acuerdos. Y estamos en la etapa de avanzar”, dijo de forma corta.
Pero la localidad cuenta con más actividad económica. El transporte está operando de forma normal. Pero se mantiene la vigilancia en las entradas y salidas por parte de la autodefensa.
La violencia en Chilapa, por disputas entre Rojos, Ardillos y un tercer grupo, dice jefe del Ejército
En calma aparente se encuentra la cabecera municipal de Chilapa tras una semana intensa de homicidios y balaceras. Los locales comerciales se mantienen abiertos y las escuelas con clases, junto al despliegue de 500 soldados a cargo del comandante de la 35 Zona Militar, José Terán Valle.
Para explicar la última oleada de ataques el mando castrense reveló la posible existencia de un tercer grupo del narcotráfico disputando el control de Chilapa, donde están enfrentados Los Rojos y Los Ardillos desde hace más de dos años. Sin precisar cuál de los tres grupos delictivos está actuando contra la población, indicó que los agresores entran y salen por colonias de la periferia para amenazar principalmente a choferes del transporte público que creían tener bajo su control.
Por separado el vocero de seguridad, Roberto Álvarez Heredia confirmó que un grupo denominado Gente Nueva podría estar irrumpiendo en el municipio desde las últimas semanas, “tal vez meses”, estimó.
Del martes de la semana hasta ayer hubo 28 asesinatos, comenzando con el hallazgo de seis personas desmembradas, y el domingo hubo diez homicidios en Chilapa, de los cuales cinco fueron hallados en un taxi del transporte público incendiado y se preparaba su identificación mediante pruebas de genética.
La presencia militar y el reforzamiento con cien policías estatales no inhibió el delito.
Conflicto entre criminales: Terán
Consultado en el retén en el arco de entrada a Chilapa, el comandante Terán Valle informó que a través de las colonias de la periferia sigue llegando gente a amenazar a los pobladores, particularmente a los choferes de taxis y de combis, “contra los que creen que son de su gremio o de quienes tuvieron el control alguna vez”.
Agregó que los militares buscan en las colonias a los agresores que entran a pie o en motocicleta, que son conocidos de los vecinos “porque la misma población platica con ellos, al final salen en desacuerdo y surgen las disputas entre ellos”.
Estimó que el conflicto en Chilapa es “entre delincuentes queriendo hacer presión sobre la gente, sobre ciertas personas (taxistas y choferes), fuera de ahí está tranquilo, la gente sigue viniendo, hay comercio”.
De los hechos estimó que ocurren en la tarde y en la noche, aunque el lunes hubo una balacera a mediodía a poca distancia del punto de control militar, “alcanzamos a llegar rápidamente, alcanzamos a respaldar a dos personas, se les proporcionaron primeros auxilios, se les estableció y evacuó con personal de Protección Civil al hospital”.
Insistió en que los sicarios no se han metido con la población en general ni en la zona del mercado, tan es así que el domingo llegó la gente al tianguis regional, “ha sido como muy ubicado entre delincuentes, unos y otros pegándole a los que son taxistas, asociaciones de taxis”.
De los grupos que disputan el territorio declaró: “aquí tenemos Rojos y Ardillos alrededor, al parecer hay otro grupo ahí que no está bien ubicado, parece que hay uno ahí que quiere… ya ve que son de los mismos y se siguen fraccionando entre ellos”.
Aseguró que el Ejército trabaja de manera muy coordinada con la Policía Estatal, e incluso con la municipal para estar “al tanto de cualquier cosa rara y alerta”.
Añadió que el Ejército se retirará cuando se haya restablecido la tranquilidad en el municipio, lo que será posible cuando se detenga a las cabecillas de las bandas delictivas.
Dijo que la Fiscalía tiene que girar órdenes de aprehensión, con las que los militares pueden ir a las casas y a los lugares en donde se esconden los inculpados, “después de eso también es un trabajo de las fiscalías salir a investigar”.
Se le recordó que en la región también hay producción de drogas, y respondió que en lo que toca a los militares en la Montaña de Guerrero se han destruido 3 mil plantíos de droga en lo que va del año, y otros 3 mil en la sierra de Filo de Caballos.
El nuevo grupo, en la mayoría de los casos de últimos días: vocero
En consulta telefónica sobre el tercer grupo delictivo en Chilapa el vocero de seguridad, Roberto Álvarez Heredia confirmó que en los últimos días o tal vez semanas, ha habido una serie de homicidios en Chilapa, y en la mayoría de los casos se acompañan los cuerpos con mensajes de un grupo que se autodenomina Gente Nueva.
Agregó que según la Secretaría General del Estado podría tratarse de la introducción de un grupo que también estaría disputándose el municipio de Chilapa, y esta circunstancia atrajo la atención y preocupación del Grupo de Coordinación Guerrero que desplegó a 100 policías estatales.
Precisó que sólo puede hablar de la posibilidad de que exista “la inducción del tercer grupo” que disputa el territorio, y que aún no hay elementos para establecer su origen.
Según registros periodísticos, el grupo delincuencial Gente Nueva fue mencionado en tres narcomantas en Iguala el 24 de marzo 2016, pero se desconocía su actividad en Chilapa.
En un recorrido por la ciudad se observó al alcalde priista Jesús Parra García caminando en el pasillo frontal del Palacio Municipal, y al abordarlo reconoció que son “tiempos difíciles”, pero que el lunes llegaron a Chilapa el secretario de Seguridad Pública estatal, Pedro Almazán Cervantes, y el comandante de la 35 Zona Militar a reforzar la seguridad, como ya se informó en distintos medios.
Del Ayuntamiento dijo que le está apostando a la atención humanitaria para restablecer el tejido social, llevando obras, actividades culturales, deportivas y educativas a 148 comunidades, 90 colonias y barrios populares, porque la inseguridad le corresponde al gobierno federal y estatal que “ya lo está atendiendo”.
De la prevención del delito declaró que “la ciudadanía debe tomar sus propias prevenciones, medidas de seguridad, cuidarse mucho, debe de formar a sus hijos desde muy pequeños con principios y valores”.
Cuando se le preguntó sobre el ambiente en las noches pidió que los reporteros se quedarán a verificar la situación, que él daría garantías para hacer un recorrido con él, porque desde su perspectiva la población continuaba desarrollando su vida con normalidad, “obvio a las 10 de la noche siempre la gente aquí empieza ya a guardarse, a descansar por el trabajo intenso, como en todas partes, hay gente que todavía sale a cenar”.
Temor en escuelas y estudiantes
Testimonios de estudiantes de la preparatoria 32 de la Universidad Autónoma de Guerrero, dijeron que desde las 7 de la noche, o cuando comienza a oscurecer, sus familias ya no les permiten salir a las calles.
De la presencia militar aseguraron que no sirve de nada, porque aún con ellos continuaron los asesinatos, y recordaron el caso de la mujer embarazada asesinada el domingo y un joven de 14 años, estudiante de secundaria llevado por la fuerza que fue encontrado en Chilpancingo gravemente herido, junto al cadáver de un joven, quien después murió en el hospital.
Aseguraron que el turno vespertino de la preparatoria modificó sus horarios para salir más temprano de clases, que termina entre las 6 de la tarde y las 7:30 de la noche.
La directora del jardín de Niños Amado Nervo en el centro, Alberta Flores Jaimes aclaró que aún con temor la instrucción de la Supervisión Escolar es continuar las labores, y en el centro escolar los trabajadores tomaron algunas medidas para evitar más exposición en situación de riesgo.
Por ejemplo, la escuela se mantiene cerrada con candado y no se permite la entrada a extraños, en caso un hecho delictivo en los alrededores nadie saldrá hasta que se haya restablecido la tranquilidad.
Aclaró que los niños de preescolar comentan los eventos de violencia, que mataron a fulano y a zutano, sin embargo procuran que en el jardín los niños no se ocupen de estos temas, “ellos tienen que vivir su mundo, aquí no vamos a hacerles el ambiente pesado”.
El comandante de la 35 Zona Militar opinó que la población está contenta con la presencia del Ejército, que las balaceras y asesinatos han ocurrido en las afueras de la ciudad, y señaló la colonia Los Pinos, donde tenía su casa el líder de Los Rojos, Zenén Nava Sánchez, la colonia Primavera, los Lavaderos, Jamoncillos y atrás del hospital donde se han encontrado muertos.
Aunque los hechos causan temor, declaró que hacen todo lo posible para que la gente esté tranquila y desarrolle sus labores regularmente.