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Chichihualco es un foco rojo y requiere un seguimiento puntual, dice Florencio Salazar

 

El secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, enfatizó que para el gobierno del estado el municipio de Chichihualco es un foco rojo, que requiere un seguimiento puntual.
“Nos preocupa que la acción legítima del Estado, a través de la Policía Federal, pueda ser obstaculizada por grupos de personas armadas”, enfatizó.
Entrevistado en su oficina del edifico Norte, del Palacio de Gobierno, el funcionario señaló que la actual administración ha visto de “buena manera” la presencia de las policías comunitarias, pero las que están fundadas en la ley 701.
“Las que responden realmente al sistema tradicional de impartición de justicia y jurisdicciones concretas, que son mandatadas por comunidades indígenas y pueblos originarios”, agregó.
Señaló que cuando se conforman grupos que se oponen a la presencia policial, el gobierno del estado considera que deben ser disuadidos a través del diálogo, como aseguró que se está haciendo en el caso de Chichihualco.
“Para que la policía pueda cumplir con su tarea constitucional, en el caso de la policía federal, se debe de recordar que ahí fueron atacados y murió uno de sus efectivos”, agregó.
Insistió que existe el interés correspondiente de la Policía Federal para realizar las indagatorias correspondientes del ataque que sufrieron y donde resultaron heridos y muerto un agente federal.
Salazar Adame puntualizó que lo que no se puede pedir es que salga la policía, cuando se requiere de más presencia de organizaciones que permitan cumplir con los temas de seguridad.
Dijo que para evitar la confrontación, se han estado teniendo reuniones con el alcalde panista, Alfredo Alarcón Rodríguez, y con la policía, junto con las personas que instalaron los retenes, para disuadirlos .
“No podemos dejar que sean grupos armados los que se confronten con las policías si hubiera alguna acusación concreta contra algún policía se debe presentar la queja”, comentó.
Recodó que después de la reunión de trabajo celebrada en Casa Guerrero, en la que participó el gobernador Héctor Astudillo Flores, se propuso que la Secretaría General de Gobierno estaría al tanto del problema.
Por lo que aseguró que se ha enviado de manera constante a representantes de su secretaría para que estén al pendiente de los sucesos.
El funcionario estatal aseguró que hasta el momento no se ha presentado alguna queja formal en contra de la Policía Federal, sobre los abusos que supuestamente cometieron en contra de la población de Chichihualco.

Alerta de Género

Sobre la búsqueda del dinero para continuar con la Alerta de Género, Florencio Salazar anunció que el lunes se realizará una reunión interinstitucional en la que se revisará la metodología para aplicar las políticas de salud, seguridad, educación y fiscalía.
“De qué manera podrán destinar dinero de su presupuesto aparte de lo que designará la Secretaría de Finanzas, como lo ordenó el gobernador, para estar en condiciones de entregar en 30 días establecidos, cuáles son las acciones concretas en que tiempo y con qué soporte presupuestal”, concluyó.

Declara Héctor Astudillo la alerta de género en ocho municipios; no espera el dictamen de Segob

El gobernador Héctor Astudillo Flores anunció que el gobierno del estado determinó declarar la alerta de género en ocho municipios, independientemente del dictamen que esperan que emita la Secretaría de Gobernación sobre el tema.
Este miércoles, en un acto realizado en el vestíbulo del edificio Centro del Palacio de Gobierno, Astudillo Flores informó que de 2009 a 2016 se registraron 744 casos de homicidios dolosos de mujeres y niñas, en las siete regiones del estado; y desde diciembre de 2010, a partir de la tipificación del delito de feminicidio, se han registrado 142 casos de este tipo en Guerrero.
Por ello se determinó declarar la alerta de género para los municipios de Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Zihuatanejo, Coyuca de Catalán, Ometepec, Tlapa y Ayutla.
En declaraciones a los reporteros, sostuvo que se realizó en los últimos días un análisis en torno a la declaratoria, debido al clima de inseguridad que se vive en todo el país, por lo que se debían de fortalecer las medidas para ayudar a prevenir la violencia de género.
“Bueno, lo que he hecho es aceptar como gobernador algo que está sucediendo en el país y que no es propio de Guerrero, y que es necesario fortalecer una serie de medidas para atender este tema”, agregó.
–¿Por qué hasta ahora y no antes, cuando se estaba solicitando?
–Bueno, lo importante es que lo estamos haciendo.
El gobernador señaló que ante este panorama, su gobierno considera importante “fortalecer las acciones que se han venido implementado para detener y eliminar los tipos de violencia”.
“Independiente del proceso federal, que en su momento concluirá la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, de cuyos resultados seremos respetuosos”, agregó.
En su discurso, argumentó que los feminicidios se han convertido en un problema de “carácter nacional”, por lo que la declaratoria de alerta se ha decretado en siete estados, mientras que en otros 24 está en proceso de dictaminación.
El gobierno del estado puntualiza siete aspectos a atender, la principal se enfoca en fortalecer la Fiscalía Especializada para la Investigación de Feminicidios.
Después se atenderá la consolidación del funcionamiento del Centro de Justicia para Mujeres de la Fiscalía General del Estado, así como asegurar el funcionamiento del Banco Estatal de Datos, que permita el registro de la incidencia de la violencia contra las mujeres, con el propósito de generar estadísticas, a fin de realizar acciones efectivas de prevención y erradicación.
También se incluye el establecer acciones preventivas, de seguridad y justicia para enfrentar y abatir la violencia feminicida, además de reasignar recursos presupuestales para hacer frente a la contingencia de violencia de género y feminicida.
Por último, se aborda la implementación de medidas para dar cumplimiento a la reparación del daño a las víctimas y consolidar los instrumentos que hagan efectivo el cumplimiento de las leyes para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y de igualdad entre mujeres y hombres.
En su discurso, Astudillo narró que desde principios de su administración había señalado su interés y voluntad política para atender las demandas presentadas por diversas organizaciones, a fin de atender los problemas de violencia de género y feminicida que prevalece.
Sostuvo que por eso se inició un proceso incluyente para “escuchar al movimiento amplio de mujeres que estaban solicitando la declaración de alerta de violencia de género”.
“La posición enfática del gobernador fue impulsar acciones integrales para atender estos reclamos, con sensibilidad y respeto de los procedimientos” de ley, agregó.
Recordó que el 23 de junio de 2016, la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres AC presentó al Instituto Nacional de la Mujeres (Inmujeres), en calidad de Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, una solicitud de declaratoria de alerta de violencia contra las mujeres.
Dijo que para el 28 de junio del mismo año, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) emitió el acuerdo de admisibilidad de la solicitud y la remitió a la Secretaría Ejecutiva, desde donde informaron al gobierno estatal sobre la solicitud.
Para el 12 de septiembre, el gobierno del estado recibió el informe, que contenía 10 conclusiones y 52 indicadores que debieron cumplirse en seis meses, por lo que entregaron en la prorroga autorizada hasta el 14 de marzo de 2017.
Astudillo dijo que al emitir esta Alerta de Violencia de Género, el gobierno reconoce el ineludible deber de establecer medidas emergentes para detener la violencia de género y la violencia feminicida.
Solicitó al Poder Legislativo avanzar en la armonización de las leyes que protegen los derechos humanos de las mujeres, así como pidió al Poder Judicial que garantice el acceso a la justicia y la sanción efectiva a quienes cometan agravios en contra de las mujeres.
Pidió que en la procuración de justicia se garantice la atención “sensible” a las mujeres víctimas de la violencia y la aplicación de protocolos de actuación en la investigación de los delitos que dañan a las mujeres guerrerenses.
También hizo un llamado a los ayuntamientos a cumplir con sus deberes legales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Al anuncio asistieron el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame; la secretaria de la Mujer, Rosa Inés de la O García; el de Salud, Carlos de la Peña Pintos, el p residente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno; y la presidenta de la Comisión de Equidad de Género del Congreso, la perredista Yuridia Melchor Sánchez.

Buscan el gobierno estatal, el Congreso y la Fiscalía derogar la Ley 701: Gonzalo Molina

 

El promotor de la policía comunitaria en Tixtla, Gonzalo Molina González, rechazó los foros de consulta regional para la armonizar la Ley 701, pues dijo que lo que pretende el gobierno es derogarla.
Esto en un audio difundido por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, donde Molina González, preso en el penal de la capital, envió un comunicado.
Este martes se realizaron cinco de los seis foros regionales de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, en las que hubo poca participación, y que
fueron convocados por el gobierno del estado, el Congreso local y el Ayuntamiento de Olinalá para dar cumplimiento a la recomendación 9/2016, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Al respecto en el audio el preso político expuso: “Quiero hacer un llamado urgente a todos ustedes, para que apoyen y fijen postura ante la situación que estamos viviendo. Hoy el gobierno de Guerrero pretende a través de unos foros que está impulsando junto con algunos presidentes municipales, junto con algunas organizaciones que se están prestando a este juego, como es la UPOEG (Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero)”.
Agregó que la Ley 701 de reconocimiento de derecho y cultura de los pueblos indígenas no está a discusión, porque es ley secundaria del artículo 2 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, y que además hay convenios internacionales que avalan a los pueblos y comunidades indígenas para dar seguridad y justicia.
Abundó “Por lo tanto esta maniobra que está haciendo el gobierno seguramente para derogar la Ley 701, así como lo está haciendo hoy lo pretendieron hacer con la introducción de las mineras allá con la región de La Montaña, pretendían hacer consultas con los pueblos y eso no está a discusión”.
Molina González sostuvo que sí se deben hacer foros en las diferentes regiones del estado, con los pueblos originarios, con las comunidades indígenas para ponerse de acuerdo y buscar el camino para su desarrollo.
Indicó que le preocupa la UAG se esté prestando a “esta maniobra sucia”, y por lo tanto hizo un llamado a los profesores para no se presten a esa situación.

Critican grupos feministas a la Fiscalía por evadir decretar la alerta de género

 

Integrantes de organizaciones feministas reprocharon que la Fiscalía evada la emisión de la Alerta de género bajo el argumento de que las mujeres asesinadas tuvieron vínculos con el crimen organizado.
En conferencia de prensa para anunciar la Primera Reunión Preparatoria Rumbo al Encuentro Nacional Feminista que se realizará en el Centro Internacional Acapulco (CIA), este sábado, la presidenta de la organización Mujeres y Hombres Avanzando Juntos, María de Jesús Martínez Hernández, denunció que el 5 por ciento de las prerrogativas de los partidos políticos no son aplicadas para la capacitación de sus miembros sobre la perspectiva de género.
Criticó también que el gobierno del estado “gaste los recursos convocando a conciertos y diciendo que así es como se empodera a las mujeres. El gobierno del estado invita a Margarita la Diosa de la Cumbia a un concierto y el testimonio de su vida no empodera a las mujeres”.
Respecto a las declaraciones del fiscal Javier Olea, quien dice que las mujeres asesinadas están involucradas en actividades del crimen organizado, la activista señaló que no hay una investigación real de la Fiscalía.
“No investigan bajo qué circunstancias están (las mujeres en esas actividades), porque muchas veces ellas son amenazadas para permanecer allí, son raptadas, secuestradas y las fuerzan a trabajar. Hombres y mujeres pienso yo, no están trabajando en eso por gusto”, dijo Martínez Hernández.
Señaló que cuando las organizaciones feministas buscan dar seguimiento a los casos, se encuentran con expedientes en los cuales, los nombres de las víctimas parecen como “reservado”.
“El procurador dice que las mujeres están dentro del crimen organizado, las llevan sus propias parejas y terminan siendo ultimadas con sus parejas sentimentales, pero no investigan, no hay carpetas abiertas. Solamente tenemos cifras y al parecer no le importan a nadie, las mujeres son números que allí se quedan, y a las investigaciones aparecen como nombre reservado cuando nosotros hacemos una investigación como organización”, señaló.
Dijo que la atención a la línea telefónica de atención a emergencias 911, carece de atención a víctimas de violencia de género.
“Son militares los que están atendiendo el 911 y a las mujeres no les garantiza nada, están apareciendo mujeres muertas a golpes, y otras que son parte de la organización a quienes hemos tenido que acompañar al Ministerio Público porque el 911 no llegó”, denunció.
Durante la conferencia señaló que la resistencia detiene la generación de políticas públicas para mujeres: “¿se niegan a trabajar para las mujeres?, ¿se niegan a reconocer los derechos de las mujeres? Tenemos dos casos tratados como feminicidio, y hasta noviembre del año pasado teníamos 77 feminicidios”, expresó.
La organización que preside atiende diez casos de mujeres violadas.
En la conferencia también estuvieron la integrante de la organización Renovación con Valores, Anabel Martínez Miranda, y la activista Alma Rosa Salgado, quien también forma parte de la organización Mujeres y Hombres Avanzando Juntos.
El objetivo de la reunión, que se llevará a cabo este sábado, es con miras a integrar una agenda nacional que aborde temas sobre la discriminación, el aborto y el gasolinazo principalmente, mismo que se discutirá en Encuentro Nacional que se realizará en Puebla en septiembre, a la que acudirán 130 activistas de Guerrero.

Deben diputados retirar inmunidad a Beltrán para que responda ante la Fiscalía: MC

 
El coordinador de los diputados locales del partido Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, llamó a la Comisión Instructora del Congreso local a no dar protección política ni extralimitarse en sus funciones con un “mini proceso”, en el caso de la solicitud de desafuero del priista Saúl Beltrán Orozco.
En conferencia de prensa en la sala José Bajos Valverde del Congreso local, a nombre de los diputados de MC, Mejía Berdeja afirmó que el proceso de desafuero del diputado priista debe ser independiente del proceso penal que el diputado tiene en los tribunales.
Lamentó que la comisión dictaminadora pretenda hacer de la solicitud de juicio de desafuero “un mini proceso penal” en el Congreso.
Por lo que dijo que esperan que la comisión no se extralimite y que “no haya protección política” para el diputado del PRI acusado por la Fiscalía de homicidio calificado, además de que se le vincula con el grupo criminal Los Tequileros.
Recordó que la solicitud de la Fiscalía para iniciar el Juicio de procedencia, fue entregada acompañada de elementos necesarios para comprobar la responsabilidad penal del diputado priista. Sin embargo se supo que la Comisión Instructora requirió a la Fiscalía más información.
Y esos elementos deben ser suficientes para que la Comisión Instructora dictamine, dijo el coordinador de MC en el Congreso, además de que Saúl Beltrán ya tuvo su derecho de audiencia.
El diputado insistió en que el proceso de desafuero contra Saúl Beltrán es independiente del proceso penal o judicial que enfrente el priista, “porque la comisión sólo va a resolver si le despoja de esta inmunidad, de esta protección legal que tiene el legislador, para poder ser objeto de las acusaciones penales y poder por su cuenta defenderse”.
Además de que precisó que la Comisión Instructora no tiene por qué estar revisando toda la parte procesal que se lleva en los juzgados como es el caso de la solicitud de amparo, “porque el proceso de desafuero no juzga o prejuzga sobre la culpabilidad. No es un mini proceso penal”.
Mejía Berdeja insistió en que la Comisión solo debe señalar si se puede verificar que hay una probable responsabilidad, a partir de los elementos que entregó la Fiscalía.
Recordó que hay un homicidio calificado según el Ministerio Público encargado de la investigación, de la que señala también la presunta responsabilidad del diputado, por lo que consideró que la Comisión Instructora no puede negar el desafuero por la solicitud de amparo que realizó el diputado.
Dijo que la postura de la fracción de MC es que el proceso de desafuero es autónomo del proceso judicial en el que está involucrado Saúl Beltrán, “porque lo único que van a hacer es despojarle de la inmunidad”.
Advirtió que el Congreso no puede estarse metiendo a la parte procesal penal entre el acusado y la Fiscalía “eso es harina de otro costal. Sería un exceso, la Comisión Instructora debe dictaminar con lo que la Fiscalía le puso a la vista”.

En defensa de Lenin Ocampo y la libertad de expresión

EDITORIAL

La Fiscalía General de Jalisco informó ayer que su policía cibernética encontró en Guerrero el origen de una comunicación atribuida al Cártel Jalisco Nueva Genera-ción, en la que anuncia que ante la especulación causada por el alza en los precios quemará gasolinerías en apoyo “a la clase trabajadora” .
Concluye, en consecuencia, que la comunicación resultó “ser falsa”, pues su autor no fue ese grupo delictivo y advirtió que ejercerá acción penal contra el responsable al que buscará fincarle el cargo de apología del delito.
El boletín oficial de la Fiscalía de Jalisco subraya que su acusado “constantemente hace publicaciones amenazantes, supuestamente relacionadas a grupos armados o delictivos”, y aunque no menciona ningún nombre, su titular Eduardo Almaguer Rodríguez dijo a reporteros que lo entrevistaron que el mensaje amenazante se originó en la cuenta de Facebook del fotógrafo de El Sur, Lenin Ocampo Torres, a quien identificó como “un sujeto de tendencias anarquistas”.
Se trata de una acusación insostenible, pero al mismo tiempo muy grave y preocupante. En carta que se publica en esta página, Lenin Ocampo ha negado “categóricamente” que de su cuenta haya salido la condenable comunicación en la que se anuncia que un grupo delictivo quemará gasolinerías en Jalisco, y subraya que todo lo que él hace en su labor profesional y lo que allí escribe es público.
Si bien la denominación de Sup Pancho Membrillo es un seudónimo, allí mismo ubicado entre paréntesis aparece el nombre de Lenin Ocampo, de modo que está claro quién es el responsable de ese muro como se dice en el argot de las redes sociales.
A Lenin Ocampo, como al resto de los reporteros de este periódico, se les dan diariamente órdenes de trabajo en las que se detallan los asuntos y actividades que tienen que cubrir, sin que eso impida que emprendan trabajos de su iniciativa.
Y Lenin Ocampo se ha destacado en El Sur como un fotógrafo responsable, siempre dispuesto a ir a donde se le indique y con una sensibilidad que le permite captar imágenes acordes a la línea editorial de El Sur, que se resume en proporcionar al lector una información objetiva de la realidad que haga visibles los problemas que aquejan a la sociedad.
Y aquí reivindicamos su trabajo como un ejercicio profesional, apegado a la ética periodística y ajeno a prácticas de militancia política.
Lo que escribe, y las formas en que presenta sus textos en su cuenta de Facebook, es algo de su entera responsabilidad y parte de un ejercicio de libertad de expresión que ninguna autoridad puede coartar, y mucho menos si se trata de comunicaciones que son públicas y de las que se hace responsable con su nombre real.
Por eso decimos que se trata de una acusación insostenible, y en ese sentido no es gratuito que el vocero del Grupo Coordinación Guerrero haya distribuido una comunicación pública en la que califica de “volada” la acusación contra Lenin Ocampo, niega que la Fiscalía de Jalisco haya solicitado la colaboración de la de Guerrero y expresa su respeto al trabajo del fotoreportero y de todos los trabajadores de este periódico.
Ésta parece ser una maniobra mediática del fiscal de Jalisco para salir al paso de la preocupación de los ciudadanos de aquel estado por la comunicación amenazante. Ojalá no sea el inicio de una campaña planeada en los organismos de seguridad del Estado mexicano, pero es ya un ataque a Lenin Ocampo pues se criminaliza su trabajo periodístico.
En Jalisco ya se han anunciado movilizaciones contra la impopular alza del precio de las gasolinas, y tal vez el propósito de la acusación a nuestro compañero sea desprestigiar las protestas que ya se organizan en distintas entidades del país, incluido Guerrero.
Mezclar de manera perversa y sin pruebas al narcotráfico con la movilización social es un expediente al que ya se ha acudido en otros momentos críticos y con funestas consecuencias, como lo demuestra el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala.
El Sur exige un total apego a la Constitución y las leyes de la Fiscalía de Jalisco; que no fabrique chivos expiatorios ni cortinas de humo para inhibir la protesta social. Y anuncia que defenderá con la denuncia pública y todos los medios legales al reportero gráfico Lenin Ocampo Torres.

Acusa la Fiscalía de Jalisco a un fotorreportero de El Sur de amenazar con incendiar gasolinerías

Luego de la difusión en redes sociales de un presunto comunicado del grupo delictivo Cártel Jalisco Nueva Generación en el que amenaza con quemar gasolinerías, la Fiscalía General del Estado de Jalisco informó que la amenaza resultó ser “falsa” y que el origen del texto se localizó en Guerrero, lo que ya investiga para dar con el responsable “y acreditar su presunta responsabilidad por apología del delito”.
Según información que la Fiscalía dio a periodistas, a quien se investiga es al fotógrafo de El Sur Lenin Ocampo Torres, a quien las autoridades pretenden vincular con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
La Fiscalía dice en un comunicado que después de enterarse del mensaje inició la investigación con apoyo de la Dirección General del Centro de Inteligencia y Comunicaciones para la Seguridad, que estableció que el origen del mensaje corresponde a una persona que radica en Guerrero, “y que constantemente hace publicaciones amenazantes, supuestamente relacionadas a grupos armados o delictivos”.
Dijo que la institución tiene comunicación y coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero para que esta persona pueda ser detenida por las autoridades ministeriales e investigadoras de Jalisco.
El fiscal general, Eduardo Almaguer Ramírez, dijo que fue la Policía Cibernética de Jalisco la que rastreó el origen de este mensaje, y advirtió que “quienes pretendan, de la delincuencia organizada o común, alterar el orden en el estado, van a tener una respuesta muy contundente”.
Periodistas que entrevistaron al fiscal Almaguer Ramírez informaron a El Sur que éste reveló que a quien se señala es al reportero gráfico Lenin Ocampo Torres, quien tiene su cuenta de Facebook como Sup Pancho Membrillo, y a quien el funcionario calificó como “un sujeto de tendencias anarquistas”.
Asimismo en grupos de whatsapp de periodistas se difundió el mensaje que involucra al trabajador de El Sur, y tres fotografías de él que usa en su cuenta de Facebook.
El mensaje dice: “El comunicado que supuestamente hace el Cártel de Jalisco Nueva Generación en apoyo a la clase trabajadora… logramos rastrear su origen… éste se derivó de la páginahttp://www.narcotraficoenmexico.com, y el mensaje fue subido por un sujeto de nombre Lenin Ocampo Torres, con una cuenta de FB: Sup Pancho Membrillo, el cual labora para el periódico El Sur mismo que se imprime en el estado de Guerrero”.
Después sigue: “Este sujeto tiene perfil de anarquista. Sólo que está en Guerrero de acuerdo a su dato en cuenta de FB”. En el mensaje se incluyen tres fotos personales de su cuenta Facebook.

La Fiscalía no investiga a ningún periodista ante las presuntas amenazas: vocero

El vocero de seguridad del Grupo de Coordinación Guerrero (GCG), Roberto Álvarez Heredia, afirmó que la Fiscalía General del Estado (FGE) no investiga a ningún periodista, y calificó de “una volada” que desde Guerrero se haya generado una amenaza contra expendios de gasolina en Jalisco.
En un boletín de prensa asegura que la Fiscalía no ha recibido una solicitud de colaboración de su par de Jalisco para investigar el asunto en la entidad.
Expresó que “las instituciones federales y locales de seguridad y justicia se encuentran combatiendo a los delincuentes, no a los periodistas” a quienes reconoció su labor.
Expuso su respeto al periodista Lenin Ocampo y a todos los colaboradores y trabajadores de El Sur.
Ayer la Fiscalía General del Estado de Jalisco informó que se difundió un mensaje que amenaza con incendiar estaciones de servicio de combustible en ese estado, y que el origen del texto se localizó en Guerrero.
Periodistas que entrevistaron al fiscal Eduardo Almaguer Ramírez informaron a El Sur, que dijo que quien difundió esa información es Lenin Ocampo Torres, reportero gráfico de este medio, “que es un trabajador de El Sur periódico que se imprime en Guerrero, que es un sujeto de tendencias anarquistas.  (Luis Blancas / Chilpancingo).

Investiga la Fiscalía a otros cinco líderes del grupo contrario a la alcaldesa

 

El vicefiscal de Investigación, José Antonio Bonilla Uribe, explicó que la Fiscalía General del Estado (FGE) integra “cuatro o cinco” carpetas de investigación por los hechos del pasado domingo 7 de agosto en Apango.
Consultado al finalizar la reunión del comité rector del programa estatal de ética, transparencia y combate a la corrupción, que se realizó en la Casa Guerrero sin acceso a la prensa, Bonilla Uribe detalló que las carpetas que se integran son por los delitos de despojo, motín, lesión y sedición.
Agregó que en el caso del ex alcalde Crisóforo Nava Barrios, quien fue detenido la semana pasada, enfrenta los cargos de motín, despojo, lesión y sedición, pero sólo hay un proceso por parte del gobierno del estado y dos por un particular.
“Dos por los delitos de lesiones, despojo, motín; sólo un proceso en contra del estado y los otros dos en contra de particulares; aún está el desahogo del proceso, las preparatorias, una es reaprehensión y la otra es aprehensión y están en términos constitucionales”, señaló.
El pasado domingo 7 de agosto funcionarios y ciudadanos inconformes con la presidenta municipal de Mártir de Cuilapan, Felícitas Muñiz Gómez, marcharon en esta cabecera municipal, irrumpieron y saquearon otra de sus casas e incendiaron una camioneta de su propiedad.
A pregunta expresa sobre si existen otras órdenes de aprehensión contra más participantes del movimiento en contra de la alcaldesa, dijo que la Fiscalía integra otras carpetas en contra de otras personas.
“Existen otras investigaciones, otras carpetas que se están integrando en contra de cuatro o cinco personas que participaron”, agregó.
Detalló que el proceso legal consiste en la integración de las carpetas de investigación, y tras desahogarse las “diligencias” se solicitará la orden de aprehensión si así lo determina el juez de control.
“Una vez que se desahogan, entonces se hace el análisis jurídico y se determina la carpeta de la investigación”, dijo.
Agregó que no se trata de tiempo, sino de la prontitud en realizar “las diligencias” en la investigación, ya que las pruebas presentadas al juez determinarán las órdenes.
Este domingo los disidentes del cabildo de Apango denunciaron en conferencia de prensa que el fiscal general Xavier Olea Peláez está incumpliendo los acuerdos a los que llegaron con el gobernador Héctor Astudillo Flores el jueves de la semana pasada.
El vicefiscal se retiró sin dar más detalles sobre el caso del ex alcalde Crisóforo Nava Barrios ni sobre qué otros integrantes del movimiento son investigados por los hechos del pasado 7 de agosto.

Crisóforo Nava es acusado por la Fiscalía de cuatro delitos; el jueves se define su situación

 

El ex presidente municipal de Apango, Crisoforo Nava Barrios, está acusado de cuatro delitos en agravio del Ayuntamiento de Mártir de Cuilapan y se espera que el jueves se sepa su situación legal, informaron fuentes del Juzgado Cuarto de lo Penal.
Una fuente informó que los delitos de que se acusa al petista Nava Barrios, son rebelión, sabotaje, ataques a la paz pública y motín, que están integradas a la causa penal 45-2016.
Comentó que el sábado el también ex presidente municipal de Apango presentó su declaración preparatoria en el juzgado, en la que negó lo hechos que han ocurrido en ese municipio.
La fuente agregó que se corre el término constitucional hasta el jueves para saber su situación legal, si se le fijará el pago de una fianza para su liberación o si se le dictará auto de formal prisión, entre tanto permanece recluido en el penal de esta ciudad.
Por otra parte, fuentes del Segundo Juzgado de lo Penal, donde está acusado de despojo, informaron que la familia de Nava Barrios entregó una póliza de una empresa afianzadora para pagar la fianza, sin embargo hubo un error en el número del documento y se espera que hoy se resuelva su situación.
El viernes, familiares de Crisóforo Nava Barrios pagaron una fianza de 15 mil pesos, sin embargo, por el problema de la póliza aún no se ha realizado el pago.
El jueves, el fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez, informó que a las 6 de la tarde la dependencia presentó una denuncia contra Nava Barrios por los delitos de motín y sedición, por los hechos recientes ocurridos en Apango.
La madrugada del miércoles de la semana pasada agentes ministeriales irrumpieron en la casa del ex presidente municipal de Apango, a quien detuvieron por el presunto delito de despojo derivado de una denuncia que fue presentada hace más de ocho años.
La alcaldesa Felícitas Muñiz señala a Nava Barrios como el promotor del movimiento en su contra.
El domingo pasado, regidores y ciudadanos inconformes con la presidenta municipal de Mártir de Cuilapan, Felícitas Muñiz Gómez, marcharon en la cabecera municipal, irrumpieron y saquearon otra de sus casas e incendiaron una camioneta de su propiedad que, según los manifestantes, adquirió cuando gobernó de 2009 a 2012.