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Entregan vecinos al Ejército sólo 34 armas durante la campaña de canje en Tierra Colorada

Vecinos del municipio de Juan R. Escudero (Tierra Colorada), entregaron 34 armas de fuego durante la campaña de canje y destrucción que culminó este viernes en esa localidad, y que se hizo en coordinación entre el Ejército y el Ayuntamiento perredista.
Durante el primer día de la actividad, encabezada por el coronel de infantería, Carlos Alberto Guerrero Curiel, y el alcalde Leonel Leyva Muñoz, sólo fueron entregadas tres armas, dos rifles calibre .22 y una pistola .38.
Al culminar la actividad este viernes, militares del 68 batallón de infantería de Pie de la Cuesta informaron que fueron entregadas 25 armas largas, todas calibre .22, y nueve pistolas calibre .38.
A pesar de que la campaña se trataba de canjear las armas por dinero en efectivo, fueron donadas otras tres armas, una pistola y dos rifles.
La campaña duró una semana; el módulo del Ejército se colocó en la cancha municipal diariamente de las 8 de la mañana a la 1 de la tarde.
En este municipio operan dos grupos de autodefensa, el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG). (Anarsis Pacheco Pólito / Chilpancingo).

 

Se han quemado 656 hectáreas; la mayor superficie de los últimos 5 años, informa la Conafor

En dos días se incendiaron 100 hectáreas en la entidad, que se suman a las 554 que se habían quemado hasta el miércoles pasado, es decir 656.87 hectáreas. De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), ayer aún había dos incendios activos, uno en Cochoapa El Grande y otro en Eduardo Neri.
Según estadísticas difundidas la tarde de ayer por la Conafor, se han registrado 30 incendios forestales que suman 656.87 hectáreas conflagradas, de las cuales 227.46 fueron hojarasca, 240.5 arbustos y matorrales, 187.91 de matorrales y una hectárea de árboles de renuevo.
El municipio en el que más incendios han ocurrido es Chilpancingo, que lleva 11; le sigue Acapulco con siete, Ajuchitlán del Progreso con tres; Copanatoyac y Juan R. Escudero con dos cada uno; y Mochitlán, Coyuca de Benítez, San Marcos, Atenango del Río y Eduardo Neri, con un incendio en cada municipio.
Chilpancingo también encabeza el listado de municipios con mayor superficie afectada, al registrar 172.11, le siguen Acapulco y Ajuchitlán del Progreso, con 139.21 y 103.5 hectáreas conflagradas.
Según la estadística el número de incendios como de hectáreas afectadas superan las cifras de 2013, cuando hubo 21 conflagraciones con una afectación de 340.5 hectáreas. En 2014 hubo cinco incendios, con 73.85 quemadas; en 2015 siete, con 115.29; y en 2016 hubo nueve incendios, con 106.06 hectáreas afectadas. (Karla Galarce Sosa).

Deja 15 casas destruidas un incendio en Tierra Colorada; eran para los damnificados por Manuel en 2013

 

Ayer, 15 casas que fueron construidas por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para damnificados por la tormenta tropical Manuel en 2013, fueron destruidas totalmente por un incendio forestal, cerca de los ejidos Plan de Lima y Papagayo, en el municipio de Juan R. Escudero (Tierra Colorada).
Fuentes de la Secretaría de Protección Civil estatal informaron que a las 4:10 de la tarde recibieron un reporte de que en la comunidad de Papagayo había un incendio en las casas para damnificados por la tormenta Manuel.
Brigadistas de la dependencia y vecinos hicieron los trabajos para sofocar el fuego, que dejó 14 viviendas con daño total, una parcial y otra que fue destruida por los brigadistas como técnica para sofocar el incendio.
Las fuentes dijeron que en el predio cerca de la comunidad de Papagayo, había 29 casas construidas por parte de la Sedatu y que serían entregadas a los damnificados.
Más tarde, fuentes de Sedatu informaron que “ese predio está en desuso, (porque) la (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) Profepa, lo calificó como no apto para edificar viviendas, por ello, sumando al error en el método constructivo, el fraccionamiento habrá de edificarse en una nueva ubicación”.

 

Siguen las protestas de padres de familia por falta de maestros; van 26 en el año

Recuento de maestros Del 29 de enero al 4 de febrero

En la quinta semana de 2017, del 29 de enero al 4 de febrero, ocurrieron seis protestas de padres y maestros de escuelas para exigir profesores.
En lo que va del año en Guerrero después del regreso a clases, en 28 días se han contado 26 protestas para exigir maestros que faltan en escuelas de los municipios de Pungarabato, Taxco, Acapulco, San Luis Acatlán, Juan R. Escudero (Tierra Colorada), Chilpancingo, Acatepec, Iguala, Taxco, Acapulco, José Joaquín de Herrera, Atenango del Río, Chilapa, Zihuatanejo, Tlapa, Zitlala, Tixtla, Zapotitlán Tablas y Ahuacuotzingo, indica la información publicada en El Sur.
La primera protesta ocurrió el 10 de enero en Taxco, padres de la primaria Ignacio Manuel Altamirano bloquearon una calle y cerraron la escuela apra exigir dos maestros. Además el lunes 23, padres y madres, profesores, damnificados y autoridades de varias comunidades del municipio de Acatepec bloquearon la carretera federal Tlapa-Chilapa para exigir nueve profesores e infraestrucutra para dos secundarias técnicas.
Entre las manifestaciones más relevantes de la quinta semana está el caso de unos 300 padres de familia, estudiantes y maestros de telesecundarias que atienden a 11 pueblos del municipio de Juan R. Escudero, que el jueves 2 de febrero bloquearon durante una hora y media un carril de la Autopista del Sol, en el crucero de Tierra Colorada, para exigir la reposición de siete maestros que se jubilaron.
El lunes 30 de enero, padres de familia de la primaria Niños Héroes, de la colonia Lázaro Cárdenas en Ciudad Altamirano tomaron las instalaciones para exigir tres maestros, hasta el miércoles 1 de febrero cotinuaba cerrada la escuela, y los padres advirtieron que seguirían hasta terner una respuesta de las autoridades.
El martes 31 de enero, padres de la primaria Adolfo López Mateos, de la comunidad de Tlamacazapa en Taxco, tomaron la escuela para exigir dos maestros, hasta el jueves mantenían cerradas las instalaciones.
El jueves 2 de febrero, padres de la primaria Mariano Bernal, del barrio de Guadalupe, en la cabecera municipal de Taxco, tomaron las instalaciones por tiempo indefinido y cerraron una calle para exigir la reposición de cinco maestros.

Denuncian vecinos la imposición del comisario y cierran la entrada a Palo Gordo, Juan R. Escudero

 

Vecinos de la comunidad de Palo Gordo en el municipio de Juan R. Escudero (Tierra Colorada), bloquearon de manera intermitente la entrada a la localidad, porque denunciaron que el presidente municipal Leonel Leyva Muñoz, pretende imponer como comisario a Samuel Domínguez Radilla, quien intenta realizar una feria de manera irregular.
En una llamada telefónica a la redacción de El Sur, el comisario de la comunidad de Palo Gordo, José Leonor Peñaloza Villa, comentó que a las 11 de la mañana un grupo de unos 50 pobladores se congregaron en la entrada de la comunidad y realizaron un bloqueo intermitente para impedir la entrada de juegos mecánicos y puestos de comida, pues dijo que Domínguez Radilla pretende realizar una feria como parte de las festividades religiosas de la virgen María.
Comentó que esta feria se realizó del 10 al 13 de este mes, y que “el comisario Samuel Domínguez Radilla impuesto por el alcalde perredista, se está adjudicando el cargo que no le corresponde, porque gané las elecciones de comisario, él no puede hacer ninguna actividad en el pueblo”.
Peñaloza Villa explicó que el 28 de julio del año pasado, fueron las elecciones  para comisario en dicha comunidad y agregó que en la contienda electoral ganó por cinco votos.
El comisario de Palo Gordo acusó al alcalde de Juan R. Escudero, Leonel Leyva Muñoz, de imponer como comisario a Samuel Domínguez Radilla, “quien no ganó las elecciones” y fungió en el cargo durante seis meses.
“No han intervenido las autoridades en este problema, pareciera que hay dos comisarios en Palo Gordo, lo cual es irregular, por eso exigimos al presidente municipal que intervenga en este conflicto para evitar una confrontación entre los pobladores”, expresó Peñaloza Villa.
Hasta las 6:30 de la tarde los inconformes continuaron con el bloqueo intermitente en la entrada de la comunidad.

El sistema de seguridad de la UPOEG fue infiltrado por la delincuencia organizada, reconoce Bruno Plácido

A cuatro años de que se fundó el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC) en Ayutla, auspiciado por la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), el dirigente de la agrupación Bruno Plácido Valerio reconoció que ha sufrido la infiltración de la delincuencia organizada, que el proyecto no se está cumpliendo como fue planeado y denunció la intervención de la Secretaría de Gobernación (Segob) para dividir a la organización.
El SSJC surgió el 5 de enero de 2013 en Ayutla, ahora tiene presencia en 600 pueblos de municipios de las regiones Costa Chica, Centro, Acapulco y en la sierra. Cuenta con 5 mil 552 policías ciudadanos.
Ayer el dirigente y promotor Bruno Plácido hizo un recuento de lo que ha pasado en los cuatro años desde que se creó ese sistema, como una alternativa al problema de inseguridad y violencia en el estado.
Fue entrevistado en un restaurante de esta ciudad previo a la asamblea estatal programada para este 4 y 5 de enero en Cruz Grande, con motivo de los cuatro años de que se creó el SSJC.
Dijo que la creación de ese sistema significó una tranquilidad del 80 por ciento en los pueblos donde ahora opera.
Denunció que los conflictos que ha tenido con el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), en Tierra Colorada (cabecera de Juan R. Escudero) y en el valle de El Ocotito fue porque “se metió” Gobernación federal para confrontar “y vendió la idea de que había un pleito por el territorio”.
“Nosotros no traemos ningún pleito por el territorio, venimos consolidando un proyecto de los pueblos donde la ciudadanía día a día toma decisiones que nunca ha tomado”, dijo.
Explicó que el otro 20 por ciento que le falta por trabajar en materia de seguridad a la UPOEG en los pueblos, es en cuanto al empoderamiento de la gente, para que tome sus propias decisiones, “que decida más, que tengan un concepto de forma de reunirse para tomar una decisión colectiva”.
–¿Cómo vivían los pueblos hace cuatro años, concretamente en Ayutla, donde surgió la Policía Ciudadana, qué motivó la creación de esta policía?,– se preguntó al promotor.
–Vivía una población sometida, a cualquier ciudadano de un pueblo lo humillaban, los extorsionaban. Llegaban hasta los aboneros o empleados de la CFE (Comisión Federal de Electricidad) y abusaban de la población y hoy ya no, porque a un pueblo que tiene seguridad ya no tan fácil lo someten o lo humillan.
“Yo creo que sí ha habido cambios. También ha habido errores porque no se puede cambiar tan fácil en cuatro años, pero esos errores los hemos estado cambiando entre todos. No podemos decir que todo es maravilla”, reflexionó.
–¿Hubo algún hecho que derramó el vaso de agua dentro de toda la violencia e inseguridad que se vivía, para que se constituyera la Policía Ciudadana?, porque existe la versión de que se conformó por divisiones con la CRAC (Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias).
–Nosotros nunca hemos tratado de dividir a la gente, en 1995 cuando se formó la CRAC su objetivo fue la seguridad y la justicia, pero después entre todos analizamos que era necesario crear un organismo de pluralidad, que no necesariamente fuera indígena para ejercer el desarrollo de los pueblos en la cuestión de carreteras, luz, reordenamiento de los pueblos. Y cuando llegamos a Ayutla les pedimos a los de la CRAC que vinieran a conformar la policía pero por celos de un grupo radical que quería utilizar a la Policía Comunitaria para confrontar al Ejército y al gobierno, no se pudo. El objetivo nuestro no era confrontar, sino ejercer el poder que le pertenece a cada pueblo.
“Esa fue la ruptura, pero no fue para la división, sino que nuestra separación fue por el radicalismo, y porque buscamos la estabilidad de las comunidades sin distinción de raza. Fue así que el 4 y 5 de enero surgimos, quisimos llamarnos Policía Comunitaria pero ellos emitieron un pronunciamiento en el que nos desconocieron y dijeron que la Policía Comunitaria no actuaba como nosotros. Era lógico porque cuando fundamos la CRAC eran otros momentos, y hace cuatro años la delincuencia era más sanguinaria y más cruel, por eso teníamos que romperlos de otra forma”, afirmó el también ex consejero de la CRAC.
–¿Estás satisfecho, era esto lo que querías que fuera en materia de seguridad y justicia, se está cumpliendo lo que se pensó que fuera?
–No se está cumpliendo, nos hacen falta muchas cosas. Lo que queríamos era fortalecer cada uno de los pueblos, para que ejercieran su libertad de decisiones sin temor a nada. Creo que el proyecto de la UPOEG no se está cumpliendo porque hemos tenido muchos obstáculos desde que se inició este proceso.
“Solamente se instituyó un sistema de seguridad y se están constituyendo los consejos municipales en cada uno de los municipios, pero aún así nos hace falta que encuentre tranquilidad la gente a un 100 por ciento”, agregó.
–¿Es el proyecto original?
–Sí, porque fue garantizar la seguridad de la población, hay abusos de algunos compañeros pero estamos purificando. También en algún momento algunos delincuentes se infiltraron para escuchar y ver qué hacíamos, pero también en eso se está trabajando para seguir en una segunda etapa. No podemos negar, hay infiltración de otros intereses.
–¿Fue lo que pasó en el valle de El Ocotito?
–Fue lo que pasó en el valle y en algunos otros lugares.
–Pero también hay acusaciones del FUSDEG en el sentido de que ustedes le sirven al cártel de la Sierra del Sur.
–Hay acusaciones pero una cosa es acusar y otra es probar lo que uno dice. Hay gente que acusa por celos, hay gente que acusa por salvar sus intereses, pero si ellos cumplieran el objetivo de sus asamblea nosotros no tuviéramos ningún conflicto con ellos. Si el método es la asamblea nosotros no tenemos ninguna discusión con ninguna otra organización, porque facilita el caminar de los pueblos, pero surgen organizaciones para confrontar a los pueblos, son grupos de choque para obstaculizar a otros.
“En este caso el gobierno federal tuvo que meter la mano para justificar que el proyecto comunitario no sirve, evidenciando que entre nosotros mismos nos estamos matando. Ese fue el objetivo de fondo. Lo que pasó en Michoacán quisieron aplicarlo en Guerrero, aquí no se pudo porque se viven otras condiciones”, dijo Plácido Valerio.
–Tu también has declarado que el ex subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava apoyó la constitución del FUSDEG, ¿tu si tienes pruebas?
–Ellos (el Gobierno federal) quedaron muy resentidos conmigo cuando retuvimos a los militares en El Pericón (municipio de Tecoanapa, en agosto del 2013) y desde allí se dedicaron a perseguirme, buscaban detenerme o matarme. Rompieron el diálogo con nosotros, sin embargo a ellos (a los del FUSDEG) les dieron toda la lana para controlar a la organización. Nosotros siempre cuidamos las formas y las seguiremos cuidando.
“El gobierno federal utilizó a compañeros a quienes los hicieron crecer, lo mismo hicieron con Eliseo Villar (ex coordinador de la CRAC) a quien utilizaron con dinero para que nos obstaculizara. Fue utilizado por Gobernación federal para la detención de Nestora y para romper a la CRAC, y credencializar a la Policía Comunitaria.
–¿El FUSDEG es una organización domesticada por el gobierno federal?
–Inicialmente se separaron (de la UPOEG) como una inconformidad interna, pero después los capitalizó Gobernación para justificar la confrontación.

Hubo diálogo con Ángel Aguirre, pero no fue su palero, asegura

–También se dice que la UPOEG fue apoyada en sus inicios por el ex gobernador Ángel Aguirre, es público que Bruno es amigo de Ángel Aguirre.
–No es tanto por la amistad, todos los conflictos sociales terminan buscando a un diputado, a un presidente municipal o a algún gobierno para resolver la inconformidad. Cuando nosotros surgimos el gobernador se vio obligado a dialogar con nosotros para la liberación de los 57 detenidos, cuando queríamos formar un tribunal popular para sancionarlos, fue por eso que él entabló el diálogo con nosotros pero eso no significa que hayamos sido paleros de Ángel Aguirre.
“Nos buscó porque si no, se venía la destitución de Aguirre antes de la desaparición de los 43 (normalistas de Ayotzinapa), porque hubo una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que pedía el desafuero del gobernador si no atendía el caso de los 57 detenidos (por la Policía Ciudadana).
–Ahora el gobernador Héctor Astudillo dice que lo que surgió como una solución para la seguridad de los pueblos, se ha convertido en un problema, en referencia a la UPOEG y al FUSDEG, por los enfrentamientos que tienen, ¿la UPOEG asume esta responsabilidad?
–Nosotros no, porque seguimos con el objetivo original de cuidar a la población. Él no puede irse con una sola versión de lo que se diga en un lado. Un gobierno debe analizar a profundidad qué dice la población, no lo que se dice en el Faccebook. Yo creo que ahorita la zona de Petaquillas y del valle de El Ocotito ya está resuelto, solamente hay un diálogo por Tierra Colorada.
–¿Está mal informado el gobernador?
–No mal informado, se fue con una apreciación en un primer momento.
Para Plácido Valerio el proyecto del SSJC no se ha desviado, “lo desviaron otros para justificar la confrontación, a nosotros nos queda bien claro el proyecto”.
Aseguró que los conflictos con el FUSDEG solamente quedan en Tierra Colorada, “de allí para allá todo está resuelto, estamos dialogando”.
Explicó que en Tierra Colorada solamente se está dialogando en la mesa con el gobierno del estado para destrabar el conflicto mediante asambleas, en las que la gente decida en las comunidades.
Informó que cuatro años después de su constitución la Policía Ciudadana del SSJC cuenta con 5 mil 552 hombres armados en 600 pueblos de la sierra del municipio de Chilpancingo y de San Miguel Totolapan. Así como en comunidades de Chilpancingo y Juan R. Escudero, de la zona Centro, además en la zona rural de Acapulco.
Mientras que en la Costa Chica mantiene su presencia en los municipios de San Marcos, Tecoanapa, Ayutla, Cruz Grande, Cuautepec, Copala, Marquelia, Cuajinicuilapa y Ometepec.
Este miércoles y jueves la UPOEG hará su asamblea para celebrar el cuarto aniversario de la fundación del SSJC en Cruz Grande, cabecera del municipio de Florencio Villarreal, en donde la agenda será la toma de decisiones en cuanto al incremento al precio de la gasolina, las elecciones por usos y costumbres en los municipios con población indígena y las candidaturas independientes, informó Plácido Valerio.

Oculta el ISSSTE en Acapulco resultados de análisis de cólera a una vecina de Tierra Colorada, se queja

En el hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Acapulco, ocultaron los resultados del análisis de un probable caso de cólera, denunció la paciente Valeria Tapia de la Santos de 74 años de edad.
Aunque conocer su expediente clínico y diagnóstico es un derecho de la paciente, declaró que cuando los médicos la dieron de alta no le explicaron cuál fue su padecimiento, pero que al recibirla en el hospital se activaron los protocolos para una enfermedad de alto contagio.
Acompañada de sus familiares, en el patio de su casa opinó que, por los síntomas (evacuaciones acuosas, intensas y constantes durante cinco días, tres de forma incontrolable), pudo tratarse del virus Vibrio cholerae.
Dos familiares que la frecuentan, más jóvenes, indicaron que esa semana también padecieron diarreas incontrolables, pero se restablecieron luego de unos días, sólo una buscó atención médica privada.
Valeria Tapia detalló que, el miércoles en la madrugada acudió a un médico privado en la cabecera municipal, que la internó el día entero, la hidrató constantemente y le recetó medicamento para gastroenteritis. Ahí se percató de que vecinos de las localidades de Dos Arroyos y El Potrero, también llegaron con diarreas y vómitos intensos.
De vuelta a su domicilio, los síntomas no se redujeron, al contrario, se agravaron, y el sábado por la mañana fue llevada por sus familiares al hospital de Acapulco, donde la internaron de inmediato ante la grave deshidratación y la llevaron a un área de aislamiento. Tanto los médicos como los familiares usaron tapabocas, batas y gorros en la visita, para evitar un posible contagio.
El diagnóstico previo indicado en la etiquetas del medicamento (constatado en fotografías) decía: gastroenteritis, junto a otra indicación: “descartar cólera”. Para eso, le tomaron dos muestras de sangre, y el domingo por la tarde fue dada de alta sin más explicación.
A la fecha, desconoce la causa de la infección que padeció, y recordó que dos semanas antes sobrevoló su colonia una avioneta que lanzó polvos o insecticidas sobre las casas y la población, al parecer, del programa de fumigación contra enfermedades transmitidas por vectores del sector salud, tampoco descartaron que el contagio haya sido por el consumo de agua que se abastecen de un manantial cercano a su casa.
Con sus familiares, solicitó a la Secretaría de Salud un estudio epidemiológico en la zona para identificar la causa de la infección.
Por separado, el médico de la localidad, José Valencia Zarate confirmó que ha atendido muchos cuadros diarreicos –no tan intensos como el cólera–, acompañados de fiebre, que indican infecciones gastrointestinales, y ha solicitado análisis que confirman enfermedades parasitarias, fiebre tifoidea o salmonelosis.
Señaló que en la región son frecuentes las infecciones gastrointestinales porque los abastecimientos de agua son directamente de los ríos, no hay un sistema de agua potable ni de drenaje, y hay quienes que llegan a tomar agua directamente de los arroyos.
Recordó que hace más de 15 años, en Tierra Colorada hubo “un brote tremendo de cólera”, y ahora si existiera un solo caso, la Secretaría de Salud está obligada a emitir una circular para que los médicos de la región, ante cualquier sospecha, canalicen a los pacientes a un hospital público.

El cólera en Guerrero

El programa de acción específico de enfermedades diarreicas crónicas y cólera 2013-2018, del gobierno federal, habla de los brotes de cólera en Guerrero entre 1991 y 2001: “en las áreas rurales más pobres y en los estados costeros del sur, sobre todo Campeche, Yucatán, Tabasco, Chiapas, Guerrero y Oaxaca, asociados a fuentes de agua contaminados, principalmente”.
En el Norte, en Sinaloa, dice que la contaminación se asoció al consumo de alimentos posiblemente contaminados por el agua de presas de donde se obtiene pescado para consumo humano.
Como alternativa establece la prevención y control de la enfermedad, a partir de una adecuada disposición de excretas de la comunidad, a fomentar el lavado de manos después de ir al baño y antes de preparar alimentos, beber y utilizar agua hervida o desinfectada para la preparación de alimentos y consumir los alimentos bien lavados y desinfectados (frutas y verduras), así como bien cocidos o fritos (pescados y mariscos).
Sin embargo, se reconoce que México mantiene el riesgo de reaparición del cólera por los altos niveles de pobreza, baja educación, falta de servicios básicos, los efectos del cambio climático, deficiente saneamiento básico, sobre todo en los estados que históricamente han registrado casos. Entre los estados, con 13 municipios repetidores de casos de cólera registrados en el sistema oficial de salud de 1995 a 2012, está Guerrero.

Forman brigadas de vigilancia colonos de Tierra Colorada; no quieren al FUSDEG ni a la UPOEG

Vecinos de las colonias Lázaro Cárdenas y Ruffo Figueroa de Tierra Colorada, la cabecera municipal de Juan R. Escudero, conformaron brigadas de vigilancia vecinales tras la violencia provocada por grupos de autodefensa.
A las 7 de la noche en ambas colonias los vecinos se reunieron para acordar la instalación de puestos de vigilancia en las entradas principales de cada lugar.
En la Lázaro Cárdenas cerraron las calles que rodean la colonia para dejar sólo el acceso principal de la avenida Xochimilco, para tener una mejor vigilancia y evitar el ingreso de personas ajenas.
Un representante de la colonia informó que lo que buscan es crear seguridad, sin el respaldo de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) ni del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) que están en constantes enfrentamientos.
Mediante una llamada detalló que las brigadas conformadas en la noche de este jueves, se acordó que no se armarían, ya que no buscan una confrontación, sino de manera pacífica detener la violencia.
“Nosotros a partir de hoy vamos a tomar la seguridad de nuestra colonia, nosotros nos deslindamos de ambas organizaciones, no queremos ni UPOEG ni FUSDEG, lo que queremos es nuestra propia seguridad”, agregó.
Detalló que en la colonia Lázaro Cárdenas viven 150 personas, que es de familias de migrantes y la mayoría vive en los Estados Unidos.
“150 personas están abalando la conformación de las brigadas de seguridad para la colonia”, puntualizó.
Detalló que se acordó que en las noches se cerrarán las calles secundarias de las colonias, para que la única vía de circulación sea la calle principal en caso de una emergencia.
Recordó que la decisión de conformar estas brigadas surgió ante la violencia provocada por las dos organizaciones, y que están cansados de los enfrentamientos y las muertes.
“Aquí no queremos armamento, no somos personas armadas, queremos puros civiles, somos una sociedad civil, somos personas pacíficas”, dijo y agregó que la idea de este movimiento es la prevención de los delitos.
Mencionó que antes de conformar estas brigadas se le planteó a los representantes de la Policía Estatal, pero no estaban en la base a donde les iban a entregar el documento.
“Notificamos al Mando Único del gobierno estatal, les llevamos el documento pero no estaba el jefe en turno y no nos recibieron el documento, pero les avisamos que nos haríamos cargo de nuestra seguridad”, relató.
La colonia Ruffo Figueroa se ubica frente a la Lázaro Cárdenas y está dividida por la carretera federal México-Acapulco, en esta colonia también hay brigadas de vigilancia en la entrada y durante la noche.

La UPOEG no va a entrar con fuerza a Tierra Colorada; acordó una consulta, dice Bruno

 

El dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio rechazó que la Policía Ciudadana pretenda entrar mediante la fuerza a Tierra Colorada, y aseguró que en los acuerdos con el gobierno del estado la organización que encabeza pidió que se consulte a la gente.
Plácido Valerio denunció que quien dividió a la UPOEG fue el subsecretario de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luis Enrique Miranda Nava, para evitar que se expandiera a otros municipios después de la retención de militares en El Pericón, municipio de Tecoanapa, en 2013.
Ayer ofreció una conferencia de prensa en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), para responder a los diputados locales del PRD, Sebastián de la Rosa Peláez y Raymundo García Gutiérrez, quienes acusaron que la UPOEG pretende entrar por la fuerza a Tierra Colorada, cabecera del municipio de Juan R. Escudero.
Aseguró que la Policía Ciudadana no ha intentado entrar por la fuerza a esa cabecera municipal y que a los pueblos siempre entra con el consentimiento de los pueblos, mediante las asambleas comunitarias.
Declaró que la Policía Ciudadana y la UPOEG no pelean el corredor Petaquilas-Xaltianguis ni territorio alguno, y que el acuerdo en las reuniones con el gobierno del estado es que se respete el proyecto comunitario, y que las decisiones se tomen con el consentimiento de los ciudadanos mediante las asambleas.
En las intervenciones en la sesión del Congreso local del martes, el diputado del PRD Sebastián de la Rosa Peláez, llevó el tema a la tribuna. Ahí expresó su rechazo a la intención de la UPOEG de “querer imponer su fuerza” en comunidades donde hay presencia del Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), aunque esta organización ha denunciado el contubernio entre el perredista y el líder comunitario para apoderarse del corredor.
En respuesta Plácido Valerio contestó que no es la intención de la Policía Ciudadana entrar a Tierra Colorada ni a ningún pueblo, sino que se consense la opinión de los ciudadanos y que su propuesta llegue a acuerdos con el gobierno del estado.
El diputado García Gutiérrez dijo que es indígena y siempre estuvo en contra del proyecto comunitario desde que se fundó la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), así que dijo que carece de autoridad moral para hablar al respecto.
Por otra parte Plácido Valerio recordó que la UPOEG comenzó a tener problemas “cuando vino alguien a dividir” para evitar que se siguiera expandiendo a otros municipios a raíz del bloqueo al Ejército mexicano en El Pericón, municipio de Ayutla.
Ante la pregunta de ese “alguien” respondió que “ahí están los acuerdos a los que llegó” con el otro grupo, en referencia al ex secretario de Gobernación Luis Enrique Miranda Nava que fue el funcionario federal que se reunió y llegó a acuerdos con los dirigentes del FUSDEG (que es una escisión de la UPOEG), para que se establecieran en el corredor de el valle de El Ocotito, y luego a Petaquillas, de donde ya fueron desplazados por la vías de las armas por la UPOEG.

 

Acuerdan FUSDEG y UPOEG con el gobierno extender su tregua hasta el 15 de enero y arreglar el conflicto

En la segunda reunión con el gobierno del estado, el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) acordaron extender su tregua hasta el 15 de enero, la integración de una comisión paritaria para arreglar el conflicto y la búsqueda de dos desaparecidos.
La mañana de este lunes hubo una reunión de 7 horas en Casa Guerrero encabezada por el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, en la que se abordaron tres temas y se acordó una segunda reunión para el próximo viernes en la que se fijaran las bases para determinar qué grupo de seguridad operará en el municipio de Juan R. Escudero, cuya cabecera es Tierra Colorada.
En un boletín de prensa el gobierno del Estado dice que como parte de la tregua se advirtió a las dos organizaciones que si sus militantes son sorprendidos portando armas, la Policía Estatal los desarmará.
El jueves pasado los dos grupos se enfrentaron a balazos en la comunidad de Plan de Lima, Tierra Colorada, ante la intención de la UPOEG de entrar a la cabecera municipal.
El FUSDEG y la UPOEG se disputan desde octubre el corredor de Chilpancingo a Acapulco en Petaquillas, El Ocotito, Tierra Colorada y Xaltianguis, lo que ha provocado movilizaciones y enfrentamientos armados, como el ocurrido el 24 de octubre en Tlayolapa, municipio de Juan R. Escudero, que dejó siete muertos.
El FUSDEG ya fue desplazado de Petaquillas y El Ocotito pero tiene presencia en Tierra Colorada, a donde el jueves intentó entrar la UPOEG con armas de grueso calibre.
El sábado el FUSDEG se declaró en alerta máxima ante la amenaza de la irrupción de la Policía Ciudadana de la UPOEG.
Ayer en la reunión también participaron el alcalde perredista de Juan R. Escudero, Leonel Leyva Muñoz, el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) Ramón Navarrete Magdaleno, el subsecretario de Asuntos Políticos de la Secretaría General de Gobierno, José Martín Maldonado del Moral, y el subsecretario de Gobierno para Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, David Augusto Sotelo Rosas.
A las 10:35 de la mañana ingresó el líder de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio a quien le notificó media hora antes el cambio de la sede de la reunión, por lo que se traslado del Auditorio Sentimientos de la Nación a Casa Guerrero.
Media hora después ingresaron por la puerta tres de la residencia oficial 20 delegados y el comisario del municipio de Tierra Colorada.
Para las 11:50 de la mañana llegó a la misma puerta el integrante del FUSDEG, Salvador Catalán Barragán a quien le impidieron el paso 20 minutos, lo que provocó su enojo y advirtió que se retiraría del lugar provocando que se rompiera el diálogo.
Tras varias llamadas salió el subsecretario de Asuntos Políticos, quien reconoció a los integrantes del FUSDEG y autorizó el ingreso.
Tras 5 horas de reunión salió el vocero en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia quien informó sobre la minuta de acuerdos entre los dos grupos.
Dijo que uno de los acuerdos es que la tregua entre los dos grupos se extiende hasta el 15 de enero debido a las fiestas decembrinas, así como la integración de la comisión para estudiar la inseguridad en la zona y evitar la confrontación.
Se habló de la desaparición de Inocencio Sánchez Ramírez de 60 años originario de Tlayolapa, quien no oye y no ve bien, y del policía comunitario Jesús Eloíso Contreras quien resultó herido de bala en el enfrentamiento armado el jueves, y se encuentra desaparecido.
Después de 7 horas el líder de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio dijo que no habrá ningún roce porque tiene “una disciplina del respeto” y que espera que el FUSDEG cumpla.
Insistió en que su organización no tiene intenciones de desplazar al FUSDEG, y subrayó que hay un conflicto en el que se perdió la esencia comunitaria, y que se cometieron abusos.
“Hay que revisar de ambos lados y el principio comunitario tiene que ver con asambleas municipales, por eso uno de los puntos de hoy es que se tiene que ir con el consenso de asamblea comunitaria de cada una de las comunidades, para que las policías tengan legitimidad y el consenso de los pueblos, no es un pleito al que nos aferremos, hay gente desde hace dos años en Tierra Colorada que quieren ingresar a sus comunidades y no se les permite”, describió.
Mencionó que se le ha señalado como jefe del grupo criminal Cártel del Sur, pidió que se le investigue y que se reconozca que desde hace años el gobierno federal generó esos conflictos, por lo que hoy hay comunidades que están pagando las consecuencias.
“En su momento tendrán que comparecer para aclarar esa situación, son muchos los desplazados qué hay de San Juan el Reparo, Chacalapa, esa parte. Como promotores de este proyecto comunitario desde hace veinte años tenemos bien claro el objetivo que es trabajar mediante asambleas con las comunidades, lógico que al caminar se encuentra uno con muchos intereses tanto políticos como de delincuentes, entonces empezamos a afectar y se nos empieza a señalar”, dijo.
Agregó que él no puede decir si es bueno o malo, ya que eso le corresponde a las autoridades investigar, ya que es “fácil acusarnos de estar metidos en la maña”, pero tiene derecho a ser investigado.
“He recibido bastantes amenazas, pero lo que buscamos es que si tenemos vínculos con la delincuencia que nos investiguen y no permitamos que llegue otra delincuencia, estoy abierto a que se me investigue”, insistió.
Por su parte la integrante del FUSDEG, Ruth Delgado Bahena explicó que se integró una comisión de cinco personas por cada grupo, las cuales estarán encargadas de establecer las bases para una consulta que defina qué método de seguridad se aplicará en Juan R. Escudero, se planteó que la reunión se celebrará el próximo viernes.
“Que se someta a escrutinio a nuestra organización para ver si tenemos el respaldo de la población”, pidió.
Indicó que la comisión definirá si se hace una consulta o no, ya que enfatizó que se trata de saber qué sistema de seguridad es el adecuado para el municipio, para salvaguardar la integridad de la población.
Comentó que el punto que abrió la mesa de diálogo fue la solicitud con vida de sus dos compañeros desaparecidos, así que la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Codehum le darán seguimiento al tema.
“Ellos lo niegan rotundamente, dicen que no los tienen y además la Fiscalía dice que no tiene ningún dato, que han hecho investigaciones y que no tienen ningún dato de la desaparición”, relató.
Insistió en que a pesar de establecer una tregua la organización no se siente segura, ya que el conflicto no se acaba hasta que se concluya la mesa de diálogo.
“Tenemos que platicar, resolver nuestras diferencias y tengamos claro que la prioridad es el bienestar de la comunidad, no de una u otra organización”, detalló.
Agregó que en esta segunda reunión los integrantes de la UPOEG se mostraron más mesurados, aunque la realidad demuestra que esa organización tiene rodeado al municipio.
Detalló que en la reunión se hablo también sobre la incursión de un grupo de la UPOEG durante el sábado por la tarde lo que provocó la alerta por parte de los pobladores del FUSDEG, “negaron que ellos hayan querido incursionar en Tierra Colorada”.
En un boletín de prensa el gobierno del estado confirmó los acuerdos revelados por los integrantes de las dos organizaciones, además de la permanencia de los filtros de la Policía Estatal en el crucero de Tierra Colorada, Los Arcos, el crucero de Michapa y Plan de los Vela en la localidad de La Palma.