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Urgen PRD, MC y Morena al PRI que dictamine la reforma en materia de derechos indígenas

El presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, el perredista Ociel García Trujillo, pidió en tribuna a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos dictamine la iniciativa de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) que presentaron el PRD, MC y Morena y que reforma los artículos 8 y 14, que conservan y amplían los derechos de los pueblos originarios.
En la sesión, el diputado perredista Ociel García Trujillo dijo en tribuna que ha enviado tres exhortos para que se dictaminen las reformas constitucionales en materia indígena.
En el Poder Legislativo, las fracciones del PRI y PVEM pretenden que primero sea dictaminada y aprobada la reforma constitucional a los artículos 8 y 14 enviadas por el gobernador, y después se realice la armonización de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas y la ley federal a la Constitución local.
La iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 14 constitucional enviado por el gobernador al Congreso local elimina las palabras “Policía Comunitaria o Rural” y se elimina el reconocimiento y garantiza las acciones de seguridad pública prevención del delito de su sistema de faltas, sujetas a su reglamento interno, que implementen los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas a través de su Policía Comunitaria. En tanto, circunscribe su accionar a la Constitución federal. Mientras que la propuesta de la CRAC presentada por PRD, MC y Morena, conserva y amplia los derechos de los pueblos originarios y reconoce a las policías comunitarias.
El diputado perredista pidió a la comisione de Asuntos Constitucionales y Jurídicos que presiden los priista Cuauhtémoc Salgado Romero, para que “ya dictamine” las iniciativas de las fracciones de MC, PRD y Morena así como la que envió el gobernador Héctor Astudillo Flores.
Ahí recordó que la Comisión de Asuntos Indígenas, Justicia y de Estudios Constitucionales acordaron que antes de realizar la homologación de la Ley 701, esperarían la reforma constitucional del artículo 14.
Sin embargo, adelantó que “si continúa la demora, el rezago, como comisión realizaremos las adecuaciones pertinentes que nos tocan y de una vez dictaminar lo consecuente, lo que apelamos es que caminemos en una ruta de buenas voluntades, donde ponderemos sean los derechos reales y específicos de la gente que más lo necesita”.
El perredista lamentó que los partidos políticos utilicen a la población indígena como generadores de votos “pero ya para hacerles justicia en este recinto legislativo, son los mas olvidados”.
En el mismo tema, la diputada de Morena María de Jesús Cisneros reprochó que se mantenga en “la congeladora” la reforma constitucional en materia de derechos indígenas, a los artículos del 8 al 14.
Lamentó que en el Congreso local se insista en no dictaminar la iniciativa que de manera conjunta presentaron las fracciones del PRD, MC y la representación de Morena, que fue exactamente la que les presentó la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
“Le han puesto hielo al resultado de un esfuerzo extraordinario de pueblos de la Costa Chica y Montaña, que buscan la legalidad para no continuar en estado de indefensión y dejar de ser presa de arbitrariedades y persecuciones derivadas del vacío e incertidumbre jurídica”, dijo María de Jesús Cisneros.
Afirmó que en ese tema, el gobierno de Guerrero y esta Legislatura “se han convertido en un estorbo para las legítimas aspiraciones de los pueblos indígenas, por su actuar discriminatorio y fascista”.
A los priistas les dijo que aún están a tiempo de rectificar y realizar las reformas constitucionales que los pueblos originarios del estado han planteado al Congreso local.

“Para liquidar la deuda histórica con nuestros hermanos y estar a la altura de lo que mandata el artículo segundo de la Carta Magna y también reconocer que ante la falta de gobiernos eficientes, solo el pueblo puede salvar al pueblo”.
Por su parte el coordinador de la bancada de MC Ricardo Mejía Berdeja le dijo al presidente de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos Cuauhtémoc Salgado romero que “ya no hay tiempo que perder, hacemos una respetuosa excitativa a la comisión para desahogar de inmediato este tema”.
En el mismo tema intervino la diputada del PVEM Carmen Iliana Castillo Ávila y también condenó los hechos ocurridos ayer el municipio de Juan R. Escudero y pidió a la Fiscalía General del Estado que a la brevedad inicie las investigaciones y se castigue a los responsables. Además hizo un llamado a los tres niveles de gobierno para que “a través del diálogo se busque una solución al problema”.

La sesión

En la sesión se presentó una iniciativa para crear una Fiscalía Especializada para Prevenir e Investigar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como establecer medidas específicas de atención, asistencia y protección integral de las víctimas de estos delitos.
La iniciativa de reforma al Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado fue presentada la diputada priista Isabel Rodríguez Córdoba.
Explicó que La Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado prevé la creación de Fiscalías Especializadas o Unidades Administrativas que se encarguen de prevenir y sancionar temas particulares de interés general, ya sea por iniciativa social, por mandamiento constitucional o legal.
Al pleno se le informó del acuerdo tomado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprobó la designación de Citlali Díaz Fuentes, Edmar León García y Vicenta Molina Revuelta como nuevos consejeros del IEPC.
El alcalde de Alcozauca Nicolás Diego Herrera solicitó al Congreso local que le autoricen al municipio una partida presupuestal especial para el pago de laudos laborales.
También se informó de que comisarios auxiliares y comisariado de bienes comunales de la zona indígena de Temalacatzingo en Olinalá, por el que exhortan a “diversos ciudadanos a efecto de que se abstengan de inmiscuirse en asuntos que no son de su competencia”, además de que rechazan cualquier gestión que no tenga el consenso y el respaldo de la totalidad de comunidades del área náhuatl.
También comerciantes del mercado de Ayutla de los Libres solicitaron la intervención del Congreso para solucionar “la problemática” en la entrega del nuevo mercado así como un dictamen que avale el cien por ciento la seguridad estructural o en su defecto la ejecución de algunas obras complementarias.

Una burla al Congreso y a la familia, el informe del fiscal del caso Chavarría: MC

El coordinador de los diputados del partido Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Mejía Berdeja, reprochó en tribuna que el fiscal general del estado Javier Olea Peláez se burló de la familia del ex presidente del Congreso local Armando Chavarría Barrera y del Congreso local, al enviar un “informe” sin información relevante: “es la misma gata nada más que revolcada”.
En una breve sesión de la Comisión Permanente del Congreso local, Mejía Berdeja participó para hablar del tema. En tribuna reiteró que el fiscal no procura justicia sino impunidad.
Lo acusó también de burlarse de las víctimas y sus familias “del pueblo de Guerrero y de este Congreso del estado”, en referencia al informe que envió.
Mejía Berdeja recordó textualmente lo que el fiscal dijo en el Congreso el 26 de junio durante su comparecencia, cuando recordó que en los pasados gobiernos estatales no se avanzó en la investigación del crimen de Chavarría, y anunció que en dos semanas o máximo tres “sabrá esta legislatura, quienes son los responsables de dicho homicidio”.
Después de la llegada del “informe” al Congreso local que oficialmente se dio a conocer el 16 de agosto “mañosamente el fiscal lo fecha con el día 31 de julio”.
Recordó que el informe tiene solamente tres cuartillas y un párrafo en el que en las primeras dos cuartillas “se la pasa desacreditando a sus antecesores”, para eludir su responsabilidad.
Criticó, que sin ninguna prueba el fiscal informó que participó en 14 mil 700 fojas, en 28 tomas y diez etapas de la investigación.
De las solicitudes de orden de aprehensión que supuestamente el fiscal solicitó al juez, en contra de varios sujetos que supuestamente fueron los autores materiales en el asesinato, dijo que eso no cumple la promesa de que la legislatura conocería quiénes son los responsables del homicidio.
“Se hizo mucho ruido, para que no diga nada, y es una tomadura de pelo para esta legislatura, es una burla. Porque él dijo que iba a informar quiénes son. Nadie le impuso un plazo perentorio, nadie le dijo que dijera quiénes eran los responsables, pero en una más de sus balandronadas para sembrar una cortina de humo ante la creciente impunidad que hay en el estado, pues ofreció estos resultados”, reprochó el diputado.
Mejía Berdeja dijo que parte de la burla del fiscal, consistía en que sólo reprodujo las líneas de investigación que se han manejado: la afectiva, la política, la delincuencia organizada y  los grupos subversivos. Ahí dijo que los diputados de MC conocen que el fiscal pretende continuar con la línea de que los que planearon y ejecutaron el homicidio fueron integrantes de la guerrilla.
“Digamos que es la misma gata nada más que revolcada”. Consideró que el informe del fiscal es una burla para la familia del ex diputado local.
Consideró que lo que el fiscal pretende es que el paso del tiempo “borre todo, a que el escandalo nuevo o el crimen nuevo sepulte al de ayer, al de antier, de la semana pasada, de hace un año”.
Aprovechó para recordar que presentó una solicitud de juicio político que ya está en la Comisión de Examen Previo a la que pidieron “que se analice con mucho detalle, no puede este Congreso ser tapadera de nadie”.

La breve sesión

Durante la sesión de la Comisión permanente del Congreso local en la sala José Francisco Ruiz Masseu también se informó de la llegada de un oficio de la presidenta municipal de Florencio Villarreal, Emisel Liosol Molina González, por el que solicita al Congreso local que le apruebe una partida presupuestal especial para el pago de laudos a trabajadores despedidos.
También se informó al pleno del oficio que envió el presidente municipal de Pilcaya, Ellery Guadalupe Figueroa Macedo, y la síndica procuradora Giovana Lizeth Mejía Díaz, que también solicitaron la asignación y autorización de recursos extraordinarios para cumplir con el pago de un laudo laboral.
En ambos casos no se precisó en el pleno cuáles son los montos de las partidas presupuestales que solicitan los ediles.

Exigen representantes de PRD, Morena y MC la remoción de los siete consejeros del IEPC

Los representantes del PRD, Morena y Movimiento Ciudadano ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) demandaron al Instituto Nacional Electoral (INE) que se agilice la demanda que presentó en marzo pasado el representante de Morena para la remoción de los siete consejeros, por graves y reiteradas violaciones a la ley, omisión de sus responsabilidades, negligencia y opacidad en el manejo de los recursos asignados al organismo.
En conferencia de prensa en las oficinas de la delegación 17 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), a las 3 y media de la tarde de este miércoles, los representante del PRD, Nicanor Adame Serrano; de Morena, Sergio Montes Carrillo, y de Movimiento Ciudadano, Jesús Tapia Iturbide, también cuestionaron los altos sueldos que perciben, que, en el caso de la presidenta Maricela Reyes Reyes, alcanza los 287 mil 457 pesos y los consejeros 237 mil 564 mensuales.
“Son salarios que están por arriba de lo que establece el artículo 191 de la Constitución del estado de Guerrero, que establece que ningún servidor público debe ganar más que el gobernador”, dijo en su caso el perredista Adame Serrano.
El representante de Morena, Montes Carrillo, presentó el 2 de marzo pasado ante el INE, a través de su vocalía local, una demanda de remoción de los siete consejeros del IEPC, que se recibió con el número de queja 26/72 y una vez radicada en la unidad responsable del INE le asignaron el número de expediente 05/2017, por diversas violaciones a la ley, omisiones de la presidenta y los consejeros del organismo electoral.
Pero Montes Carrillo se quejó de que a más de cuatro meses de que presentó la denuncia no han tenido respuesta, y tampoco el INE ha realizado ninguna acción en contra de los consejeros, ni ha hecho ninguna petición o aclaración a él como promovente, a pesar de que aseguró que ha estado presentado las pruebas supervenientes necesarias para fortalecer el expediente.
Tapia Iturbide, de Movimiento Ciudadano, se sumó a la exigencia del representante de Morena, para que el INE “le dé respuesta ya” a su demanda y explicó que la denuncia que presentó el representante de Morena en contra de los consejeros fue por realizar una promoción ilegal de funcionarios electorales, explicó que personas que no contaban con el perfil y los lineamientos que establece el INE fueron promovidos a cargos y sueldos superiores.
Mencionó dos ejemplos: el de Margarito Cortés, quien de auxiliar lo ascendieron a titular de la oficialía electoral. Otro caso fue el de Norma Liliana Ramírez Eugenio, quien habiendo sido candidata suplente del PAN en 2012, fue nombrada titular de una unidad técnica del IEPC.
Al respecto, Montes Carrillo explicó que después de que se presentó la denuncia ante el INE, los dos funcionarios electorales que habían sido ascendidos fueron removidos y liquidados, lo que también fue presentado como pruebas supervenientes en el desarrollo del expediente.
Consideró que es importante que el INE resuelva ya la denuncia que presentó, “porque no podemos ir al proceso electoral de 2018 con consejeros señalados de omisiones en sus funciones”.
Asimismo, dijo que los consejeros nombraron a personas que no cumplen con los requisitos que señala el lineamiento del INE para ocupar un cargo de titular de una unidad técnica del IEPC, aunque de éstos no precisó a quienes.
Otra de las causales que planteó Morena en su demanda es la “notoria negligencia en el desempeño de sus funciones, con lo que violaron los principios rectores del organismo electoral”.
Explicó que en diversos órganos distritales en el proceso electoral de 2014-2015, como en los distritos 14, 16, 18 y 28 se cometieron una serie de irregularidades “que quedaron plenamente acreditadas en los expedientes donde se impugnaron las elecciones municipales o distritales”.
Dijo que ante esa situación el órgano electoral nunca hizo nada para sancionar a sus funcionarios, reprochó el representante de MC.
Añadió que esa negligencia está ocasionando que en el nuevo proceso de ratificación y nombramiento de consejeros distritales muchos de ellos se inscribieran, aunque al respecto los representantes de los partidos ya expresaron su oposición, concretamente en contra de algunas personas y los tres representantes partidistas advirtieron que impedirá que no pasen, por haber cometido irregularidades que violentaron la ley en el proceso electoral anterior.
“No podemos iniciar el nuevo proceso electoral con la incertidumbre de que algunos consejeros electorales del máximo órgano local tengan alguna imputación de haber cometido ilegalidades y que conserven el cargo para seguir desempeñando sus funciones”, dijo en su momento el representante de MC.
Exigió al INE que resuelva la denuncia que presentó Morena para iniciar un proceso electoral, “tal y como lo marca la ley, protegiendo siempre los principios rectores que establece la ley electoral”.
Por su parte, el representante del PRD, Adame Serrano, igual que el de Morena y de MC se sumó a la exigencia de que el INE remueva a los consejeros electorales, porque dijo que comparte las causales de remoción.
Pero además añadió que no se puede ir a un proceso electoral “con un órgano que constantemente está violando la legalidad”, como dijo que lo hace con los altos sueldos y prestaciones que perciben. Dijo que en el caso de la presidenta, Maricela Reyes Reyes, alcanza los 287 mil 457 y los consejeros 237 mil 564 mensuales, “son salarios que están por arriba de lo que establece el artículo 191 de la Constitución del estado de Guerrero”, cuestionó.
Agregó que también violentan el artículo 189 de la ley electoral local, que en su fracción séptima dice que las atribuciones de la consejera presidenta son proponer al Consejo General el nombramiento del secretario ejecutivo, de los directores ejecutivos, de los titulares de las unidades técnicas del IEPC; sin embargo, denunció que en las direcciones y unidades técnicas la presidenta ha nombrado a puros encargados, “porque no quiere que el consejo general se los cuestione”.
Acusó a la presidenta de que con ello está incurriendo en ilegalidad y clara violación a la ley electoral, porque ya dejó pasar mucho tiempo con puros encargados en las áreas del organismo.
Mencionó que otra violación es que asuntos que le competen al Consejo General, la presidenta los traslada a la Junta Estatal, en donde tiene a puros encargados y por consecuencia tiene el control, “por eso los lleva allí”.
Destacó que otra irregularidad es la opacidad en el manejo de los recursos, sobre todo, dijo, el relacionado con la nómina.
Por ejemplo, informó que en la nómina de honorarios para los trabajadores eventuales en el presupuesto de 2017, el Consejo General aprobó 18 millones 668 mil 535 pesos, que divididos entre 12 meses, resulta 1 millón 555 mil 711 pesos, “pero esa nómina no sabemos porqué no aparece en la página de Transparencia”. Lo que pasa, explicó, es que en esta nómina la presidenta y los consejeros meten a sus recomendados.
También denunció que los mandos directivos tienen un salario de 132 mil 989 pesos que son los más altos, pero que lo que aparece en la página del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, no coincide con el presupuesto que se aprobó en 2016, donde se asignan los salarios, prestaciones y honorarios.
“En lo que no estamos de acuerdo es que se diga que se bajaron el sueldo por un proceso de austeridad, cuando en el presupuesto de egresos de 2016 y 2017, la presidenta y los consejeros se aumentaron considerablemente sus prestaciones y sólo se bajaron el 10 por ciento en el salario base”, denunció.
Explicó: “Se bajaron el sueldo nominal, pero se lo aumentaron en prestaciones y ese es un engaño, porque al público le dicen que se bajaron sus sueldos, pero en los hechos se lo aumentaron, vía prestaciones para evadir impuestos”.
Agregó que los consejeros también incurrieron en la ilegalidad, porque en enero y febrero otorgaron financiamiento a los partidos Nueva Alianza y a Encuentro Social, a pesar de que en las elecciones de 2015 perdieron su registro. Recordó que la ley señala que los partidos que no alcanzan el 3 por ciento de la votación pierden el registro.
Además, acusó que la presidenta y los consejeros no presentaron el proyecto de dictamen de pérdida de registro de esos partidos, como lo establece la ley electoral, “entonces no sólo no presentaron el dictamen, sino que les dieron financiamiento en enero y febrero”, dijo e informó que el organismo electoral erogó por ese concepto 806 mil 581 pesos por los dos partidos en esos dos meses.
Informó que el organismo les suspendió el financiamiento hasta que los partidos políticos recurrieron a los organismos jurisdiccionales, para que se corrigiera esta ilegalidad.
El representante del PRD aseguró que todas las ilegalidades e irregularidades en que ha incurrido la presidenta las han denunciado en las sesiones, pero que no se corrigen los señalamientos.
“En conclusión, es muy grave que saque el proceso electoral este consejo, cuando su presidenta maneja el instituto como su empresa particular y los consejeros son sus cómplices por omisión”, se quejó.

No consolida a la izquierda la negativa de Morena de ir en alianza, dicen PRD y MC

 

Dirigentes estatales del PRD y Movimiento Ciudadano (MC) manifestaron que la negativa de la dirigencia nacional de Morena por ir a las elecciones presidenciales del 2018 en alianza, no consolidará la izquierda unida que promovieron.
En declaraciones telefónicas, el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, Celestino Cesáreo, consideró que podrían ir en candidaturas comunes en Guerrero. El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Luis Walton Aburto, reconoció que deseaban ir en coalición para la próxima contienda electoral federal y con Morena, la victoria estaba asegurada.
El domingo en el congreso nacional de Morena determinó que el partido podría ir en alianza para las presidenciales de 2018 con el PT. Su dirigente nacional, Andrés Manuel López Obrador, expuso que “por congruencia” no podían ir juntos el PRI, PAN, PRD, PVEM, MC, Encuentro Social y Nueva Alianza.
Este lunes, Celestino Cesáreo dijo que en el PRD se tomó con mesura y prudencia la determinación de Morena por ir sólo con el PT, para las elecciones presidenciales de 2018.
Reiteró que el PRD mantiene la creación de un frente opositor al PRI, “nosotros planteábamos que fuera con Morena, pero sin Morena igual el PRD va seguir impulsando un frente opositor con Movimiento Ciudadano y organizaciones sociales”.
La decisión del congreso nacional de Morena el domingo, en voz de su dirigente y virtual candidato para 2018, no les tomó por sorpresa, respondió Celestino Cesáreo.
Calificó como una estrategia de Morena cerrar la unión de las izquierdas y afirmó que la decisión del partido no les molesta y seguirán buscando aliarse con Movimiento Ciudadano, partidos de nueva creación, además de las organizaciones sociales.
El presidente del PRD en Guerrero reconoció que “la apuesta al 2018” incluía a Morena, sin embargo, el partido ya declaró que no tiene la voluntad. Reiteró que respetaba la decisión, pero “no es motivo de preocupación, nosotros construyendo el frente opositor que así lo desea”.
De las acusaciones por corrupto y cómplice del gobierno de Enrique Peña Nieto a la dirigencia del PRD, que hizo Andrés Manuel, Celestino Cesáreo respondió que “no acusamos recibo de ese señalamiento, será la dirigencia nacional quien le conteste, por nuestra parte vamos a abonarle a la unidad de la izquierda con los que quieran”.
Incluso con la negativa nacional de Morena, consideró que podría consolidarse una alianza con Morena en Guerrero, “si quisiera, podríamos ir juntos en candidaturas comunes municipales o distritales, pero eso depende de ellos. Nosotros, independientemente, vamos a promover las candidaturas comunes con los partidos de izquierda”.

Debió buscarse la unidad: Luis Walton Aburto

El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Luis Walton Aburto, lamentó la decisión de la dirigencia nacional de Morena “la verdad, las cosas nosotros teníamos el deseo, yo lo había manifestado inclusive de ir o que fuéramos en coalición”.
Manifestó que “la unión hace la fuerza y yo considero que yendo unidas las izquierdas, hay todas las posibilidades de ganar”.
Indicó que de forma personal no se acercó con Andrés Manuel López Obrador y es la dirigencia nacional de MC la que tenía esa facultad, “eso no me toca a mí, eso le toca a la dirigencia nacional“.
Insistió que se debió buscar que no se dividiera la izquierda en México, “yo consideraría que no, que realmente creo que todos somos importantes y debería haberse buscado la unidad de las izquierdas, es mi opinión”.
Puntualizó que esperará la comunicación oficial de la dirigencia nacional, porque todavía en la tarde de ayer no se había enterado a través de su partido.

Morena en Guerrero descarta candidaturas comunes

El presidente estatal de Morena, Pablo Amílcar Sandoval, puntualizó que no fue una decisión personal, en referencia a Andrés Manuel López Obrador, “incluso hubo una votación dividida entorno al PT”. En cambio, la asamblea fue unánime en por ir en contra del PRD, “y los otros partidos del régimen, nosotros decimos que los otros partidos significan básicamente lo mismo”.
Expuso que la eventual alianza entre el PRD y PAN fue un factor determinante para marcar distancia con el partido. También señaló que en las elecciones en el Estado de México, el PRD favoreció al PRI porque durante la campaña a gobernador no hubo críticas al PRI ni respaldó el recuento de voto por voto.
Aunado a las declaraciones del gobernador de Morelos, Graco Ramírez, de crear un frente amplio a anti López Obrador y el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, que manifestó la posibilidad de una alianza con el PRI, llegaron a confirmar en ir sin el acompañamiento del PRD.
En el caso de candidaturas comunes para ayuntamientos en próximas elecciones, desechó la idea también de que en Guerrero se alíe el PRD con Morena, “se está recibiendo como una línea del partido, no desobedecer localmente”.
El dirigente estatal de Morena afirmó que la aprobación de ir en alianza con el PT es una opción y no una regla a seguir.

Acuerdan la CRAC y diputados presentar una sola propuesta de reformas en materia indígena


Durante la asamblea general de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), las autoridades comunitarias acordaron con diputados del PRD, MC y Morena ir en un solo frente para presentar una propuesta conjunta a las reformas en materia indígena, y la Ley 701 de Reconocimiento, Derecho y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas.
A la reunión, que inició a las 11 de la mañana y terminó a las 3 de la tarde, asistieron unas 400 autoridades comunitarias, así como los diputados del PRD el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, Ociel García Trujillo; de Movimiento Ciudadano y vocal de la Comisión de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Mejía Berdeja, y la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros. También diputados de los partidos que han presentado propuestas de reforma al artículo 14 y la Ley 701.
También fueron invitados pero no asistieron los diputados del PRI y PVEM, el presidente de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, Cuauhtémoc Salgado Romero, y el presidente de la Comisión de Justicia, Héctor Vicario Castrejón. Además del gobierno del estado, que de acuerdo con los integrantes de la CRAC será en otro momento cuando acudan.
En su intervención, el alcalde de San Luis Acatlán, Javier Vázquez, llamó a los diputados de izquierda a unificar las iniciativas en beneficio de los pueblos y la policía comunitaria, en un “gran frente de izquierda”. Sostuvo que él seguirá respaldando a la organización que ha garantizado la seguridad en el municipio e incluso llamó a que las adecuaciones se extiendan a otras partes del estado.
El consejero de la CRAC, Valentín Hernández, reconoció el valor de los diputados de acudir a comparecer a la asamblea general de la CRAC, que integra 180 comunidades indígenas de 22 municipios del estado, y dijo que habrá una relación de trabajo y coordinación, más no de subordinación.
Después dio lectura a seis propuestas que fueron respaldadas por la Policía Comunitaria, el Consejo de Damnificados de la Montaña, el Frente Popular de Tlapa y el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota, donde convocaron a construir “con nosotros” una reforma constitucional local, así como una ley reglamentaria en materia de derechos indígenas y afromexicanos.
Que sean integradas en una sola redacción y propuesta las iniciativas de reforma en materia indígena que ya fueron hechas por los diputados, que los legisladores “la promuevan en todo el proceso legislativo, hasta su publicación, sin distingo partidista”, y después construir una propuesta común para la Ley 701.
Que en 15 días la CRAC y las organizaciones interesadas presentarán una propuesta en 15 días, que será la base para que se integren todas las demás ya presentadas en materia indígena, y de ahí sacar un solo documento.
Las organizaciones llamaron a los diputados a que se “mantengan consecuentes con esta propuesta y no se vendan para aprobar una reforma constitucional, donde la ley secundaria en materia indígena sea contraria a los intereses legítimos de los pueblos indígenas y afromexicanos”.
Además sostienen que la propuesta es asegurar la vigencia de los derechos de los pueblos en la Constitución, “no queremos construir banderas electorales para los partidos”, donde plantean que el dictamen de la reforma constitucional y la ley secundaria en materia indígena sea en el menor término posible y en la actual legislatura.
Por último, las organizaciones señalaron que las propuestas estarán acompañadas por la movilización y la protesta social “necesarias”, para garantizar la vigencia de los derechos de los pueblos originarios. Una vez que la asamblea respaldó el documento, los diputados se manifestaron a favor y firmaron el acuerdo.

Una sola propuesta, piden autoridades comunitarias

Durante las intervenciones, las autoridades comunitarias y agrarias demandaron un solo frente y una sola propuesta a favor de la CRAC y la Policía Comunitaria, así también que antes de que se propongan se deben de consultar a las comunidades, que no se hagan sólo “desde el escritorio”, dijo Taurino Reyes, de Xalpatláhuac, y el comisario de Totepec, Tlapa, Honorio Morales.
Ambos manifestaron que se debe de presentar una iniciativa en defensa del territorio comunitario y no a favor del estado, porque la Policía Comunitaria sí estaba dando resultados en las comunidades, contrario a lo que ocurre en Chilpancingo y Acapulco, donde a diario hay muertos pese a la seguridad de las corporaciones del municipio, estado, federales y Ejército.
El secretario municipal de la comunidad de Colombia de Guadalupe, Marcelo Gómez, urgió también a regular a las autodefensas, quienes han entrado a zonas donde opera la CRAC, lo que fue retomado por el integrante de la Casa de Enlace de la CRAC de Cacahuatepec, Rodolfo Chávez quien recordó las palabras del gobernador, que tanto la UPOEG y el FUSDEG son grupos que están al margen de la ley y que son ilegales, “que no tienen reconocimiento, entonces que los saque de los bienes comunales”.
La representante de los pueblos amuzgos de Cochoapa, Kenia Hernández, llamó a no permitir que el gobierno corrupto someta a las comunidades indígenas, porque recordó que el poder reside en el pueblo y que el gobierno se le olvidó el artículo 39, donde se instituye.
Además, llamó al diputado del PRD, García Trujillo, a que sus compañeros “demuestren que son democráticos” y que no traicionaran a las comunidades en votar a favor de las iniciativas del gobernador y no las que se propongan por parte de la CRAC.
Mientras el integrante de la CRAC de Cochoapa, Guillermo Rosendo, denunció que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum) está a favor de los delincuentes, y señaló el caso de un joven detenido y en proceso de reeducación, que trató de asesinar a su mamá, y que ahora está siendo defendido por la institución.

Se debe de fortalecer a la CRAC: diputados

En sus intervenciones, los tres diputados asistentes presentaron sus iniciativas y se manifestaron a favor de fortalecer los derechos de los pueblos originarios y su Policía Comunitaria, a la que le reconocieron su labor en los bajos índices delictivos en la región donde opera, en comparación con el resto del estado.
Los diputados del PRD y MC coincidieron en que se deben de regularizar de forma independiente a los nuevos grupos armados que han surgido en Guerrero, ante la incapacidad del gobierno y falta de gobernabilidad.
El diputado de MC, Mejía Berdeja, expresó que gracias a la Policía Comunitaria “las cosas” no estaban como en otras partes del estado. “Así que se tiene que mantener, porque ha sido un sistema eficaz que está dando resultados” y que está mandatado por las comunidades.
Abundó que se debe fortalecer a las autenticas policías comunitarias, porque hay quienes se disfrazan de policías comunitarios, en referencia a las autodefensas, e incluso algunos tienen injerencia de grupos delincuenciales o defienden intereses de grupos, y utilizan armas no permitidas, “entiendo que detrás de los grupos hay causas legítimas” a las que se les tienen que crear un figura jurídica.
Dijo que dentro del Congreso local son necesarios 31 votos para que las reformas en materia indígena sean aprobadas en la Constitución, que entre los tres bloques del PRD, MC y Morena, juntan 20; mientras que el PRI, PVEM y PAN tienen 25.
La diputada de Morena, De Jesús Cisneros, afirmó que era una “aliada” de las comunidades indígenas y del sistema comunitario, que su partido ha impulsado reformas para mantener los derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas.
Informó que presentará un punto de acuerdo en la próxima sesión, para que sea elevada a rango constitucional a la CRAC, al considerar que “por los derechos declarativos que establece la Constitución en materia indígena no gozarán de autonomía, ni libre determinación, mientras no se reconozca a rango constitucional a la autoridad indígena que los haga valer, para garantizar que los derechos indígenas como la autonomía, la libre determinación, los usos y costumbres que consagra el artículo segundo de la Constitución sean una realidad”.
Pero que no se trataba de que la CRAC pasara a ser parte de los órganos autónomos del Estado, sino de conferirles reconocimiento y autoridad comunitaria, al ejercer no una autonomía declarativa sino una autonomía constitucional, que ya se reconoce en la Constitución.
El diputado del PRD, García Trujillo, dijo que la fracción presentó una contra reforma a la propuesta enviada por el gobernador Héctor Astudillo Flores, para una modificación al artículo 14, y así evitar que fuera aprobada.
“Tenemos que hacer un frente, porque no podemos dejar pasar lo que tiene contemplado el gobierno del estado en cuanto a la reforma constitucional al artículo 14”, y que es contrario a lo que el pueblo considera correcto y a sus derechos.
Después pasó el representante del Consejo de Damnificados de la Montaña, Abel Bruno, quien llamó a los diputados que no sea un show lo que prometieron y que realmente se tomará en cuenta al pueblo en el acuerdo, porque de las iniciativas presentadas fue la única que contó con más de 6 mil firmas y consultada a las comunidades.
Indicó que la iniciativa que proponen es integral y que va más allá de sólo el sistema de seguridad, sino que incluye educación, salud y el campo. Además de que proponen que las comunidades elijan a sus autoridades municipales y distritales en asambleas por usos y costumbres, que existan cuatro curules, una para cada lengua originaria del estado.
A la reunión también acudió el director general del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Abel Barrera, quien no participó. Además estuvieron presentes las autoridades de las casas de justicia de San Luis Acatlán, El Paraíso, Espino Blanco y los comités de enlace de Chilixtlahuaca, Huamuxtitlán-Olinalá, Cacahuatepec, y representantes de la zona amuzga.

Llama Beatriz Mojica a militantes del PRD a cerrar filas y analizar posibles alianzas para 2018

 

Durante un encuentro con los Comités Ejecutivos Municipales (CEM), la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD, Beatriz Mojica Morga llamó a los militantes a cerrar filas y a analizar de manera consciente las posibles alianzas para las elecciones de 2018, ya que “la decisión que tome el PRD va a ser la decisión que lleve al presidente de la República al poder”.
Mojica Morga, el presidente del CEN, Ángel Ávila Romero; el presidente del CEE, Celestino Cesáreo Guzmán; el secretario general del CEE, Alberto Catalán Bastida; el secretario de Formación Política del CEE, Miguel Flores Morales, y militantes del PRD se reunieron en el restaurante Rancho Los Cedros, donde se impartió una capacitación, y la conferencia La izquierda y los escenarios políticos actuales, que expuso el doctor Ernesto Ortiz Diego.
En su intervención, Mojica Morga pidió ante los casi 100 asistentes, “hoy, más que nunca el PRD requiere que cerremos filas”, ante la posible alianza de izquierdas para las elecciones de 2018, en la que podrían unirse el PRD, MC y Morena.
Señaló que “cualquier alianza” que haga el PRD requiere que el partido esté firme, aunque todavía no son tiempos de decidir lo que sucederá en 2018, pues actualmente hay un proceso interno.
“Ninguna posibilidad está cerrada, queremos construir una alianza ganadora, la decisión que tome el PRD va a ser la decisión que lleve al presidente de la República al poder, pero tenemos que esperar los tiempos, tenemos que cerrar filas y tenemos que prepararnos”, recalcó.
Dijo que el PRD tiene que defender los derechos humanos y a los marginados, pues el partido “existe para mejorar las condiciones de vida de la gente, y el PRD de Guerrero ha puesto siempre la sangre, apenas nos acaban de matar a nuestro compañero Demetrio Saldívar”, tras recordar al ex secretario general del CEE, pidió un minuto de aplausos en su honor.
Por su parte, Ávila Romero dijo que, a nivel nacional se está fortaleciendo al PRD, construyendo una ruta en la que tenga su propio candidato a la presidencia en 2018, pero para ello es necesario que los militantes estén unidos.
Reiteró que el PRD puede definir quién será el próximo presidente, para lo que también requiere de “una gran alianza” en la que se escuchen las propuestas del partido, como que el 50 por ciento de los cargos públicos sean para mujeres, como aplicó de manera interna.
“Guerrero tiene además una característica de que es un PRD de lucha que ha costado y sigue costando cambiar la vida política de este estado con vidas, es un ejemplo para otros estados donde a lo mejor la situación no está tan complicada como aquí, pero aquí hacer política cuesta y lo hemos visto hace unos días, cuesta y cuesta mucho”, expresó.

Exige seguridad el Grupo ACA tras 10 años de violencia; se reúne con MC en el Congreso

En una reunión entre diputados locales del partido Movimiento Ciudadano (MC) y los integrantes del Grupo ACA, la presidenta Adelaida Alarcón Domínguez dijo que después de más de 10 años de violencia en Acapulco ya no piden, sino que exigen seguridad y que los gobiernos estatal y municipal cumplan la certificación, evaluación y profesionalización de las policías.

Alarcón Domínguez también dijo a los diputados locales que tienen la obligación de legislar, por lo que les pidió que no dejen que las iniciativas importantes “se enfríen”, en respuesta cuando se le preguntó por las iniciativas contra el halconeo (vigilancia de grupos criminales) y la extorsión.
La reunión entre los diputados de MC, Ricardo Mejía Berdeja, Magdalena Camacho Díaz y Silvano Blanco de Aquino con los integrantes del Grupo ACA fue en la sala José Bajos Valverde del Congreso del Estado, al principio el encuentro fue cerrado pero casi al final se permitió el acceso a reporteros.
Los de la asociación pidieron que “la sociedad civil tengamos figura jurídica para tener voz y voto”. Aleida Alarcón Domínguez comentó que pretenden intervenir para que en los municipios no se creen consejos o comités ciudadanos en materia de seguridad a modo.
Reiteró que los ciudadanos, y se refirió a los acapulqueños, no confían en sus instituciones, “mucho menos en sus corporaciones (policiacas) y de impartición de justicia”.
Denunció que las extorsiones y el cobro de “cuota” de grupos del crimen organizado son los principales problemas en Acapulco, y que están “ahogando” la economía.
Lamentó que las autoridades pretendan ocultar la realidad en seguridad, “la violencia ya no se puede tapar con un dedo, no está funcionando lo que están haciendo”.
La presidenta también manifestó la preocupación del Grupo ACA por las policías ciudadanas y comunitarias, porque afirmó que no todas son de los pueblos originarios y que algunas responden a intereses de cada región del estado.
“No queremos que en las principales ciudades donde se desarrolla la economía del estado, existan y se gesten estas figuras de autoridades comunitarias”, sin embargo reconoció que el motivo de los movimientos de autodefensa es precisamente porque las policías constituidas y el gobierno “ya no responden”.
Los principales sectores de desarrollo económico fueron afectados por la violencia en Acapulco, principalmente el de la construcción y prestadores de servicios turísticos, quienes pagan cuota o tienen que cerrar si no lo hacen, comentó.
Dijo que aún no concluyen un diagnóstico de cierre de negocios víctimas de extorsión, pero comentó que en la periferia del puerto el problema es mayor, sobre todo en las colonias Zapata, La Venta, Pie de la Cuesta, Coloso, pero también en asentamientos céntricos como La Progreso.
De la propuesta de MC para eliminar el fuero en Guerrero dijo que plantearon a la fracción que informe cuáles serían los alcances de la desaparición de la figura, “porque necesitamos saber si las minorías se van a volver entonces los acosados o las mayorías… es lo que no entendemos”.

Deben diputados retirar inmunidad a Beltrán para que responda ante la Fiscalía: MC

 
El coordinador de los diputados locales del partido Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, llamó a la Comisión Instructora del Congreso local a no dar protección política ni extralimitarse en sus funciones con un “mini proceso”, en el caso de la solicitud de desafuero del priista Saúl Beltrán Orozco.
En conferencia de prensa en la sala José Bajos Valverde del Congreso local, a nombre de los diputados de MC, Mejía Berdeja afirmó que el proceso de desafuero del diputado priista debe ser independiente del proceso penal que el diputado tiene en los tribunales.
Lamentó que la comisión dictaminadora pretenda hacer de la solicitud de juicio de desafuero “un mini proceso penal” en el Congreso.
Por lo que dijo que esperan que la comisión no se extralimite y que “no haya protección política” para el diputado del PRI acusado por la Fiscalía de homicidio calificado, además de que se le vincula con el grupo criminal Los Tequileros.
Recordó que la solicitud de la Fiscalía para iniciar el Juicio de procedencia, fue entregada acompañada de elementos necesarios para comprobar la responsabilidad penal del diputado priista. Sin embargo se supo que la Comisión Instructora requirió a la Fiscalía más información.
Y esos elementos deben ser suficientes para que la Comisión Instructora dictamine, dijo el coordinador de MC en el Congreso, además de que Saúl Beltrán ya tuvo su derecho de audiencia.
El diputado insistió en que el proceso de desafuero contra Saúl Beltrán es independiente del proceso penal o judicial que enfrente el priista, “porque la comisión sólo va a resolver si le despoja de esta inmunidad, de esta protección legal que tiene el legislador, para poder ser objeto de las acusaciones penales y poder por su cuenta defenderse”.
Además de que precisó que la Comisión Instructora no tiene por qué estar revisando toda la parte procesal que se lleva en los juzgados como es el caso de la solicitud de amparo, “porque el proceso de desafuero no juzga o prejuzga sobre la culpabilidad. No es un mini proceso penal”.
Mejía Berdeja insistió en que la Comisión solo debe señalar si se puede verificar que hay una probable responsabilidad, a partir de los elementos que entregó la Fiscalía.
Recordó que hay un homicidio calificado según el Ministerio Público encargado de la investigación, de la que señala también la presunta responsabilidad del diputado, por lo que consideró que la Comisión Instructora no puede negar el desafuero por la solicitud de amparo que realizó el diputado.
Dijo que la postura de la fracción de MC es que el proceso de desafuero es autónomo del proceso judicial en el que está involucrado Saúl Beltrán, “porque lo único que van a hacer es despojarle de la inmunidad”.
Advirtió que el Congreso no puede estarse metiendo a la parte procesal penal entre el acusado y la Fiscalía “eso es harina de otro costal. Sería un exceso, la Comisión Instructora debe dictaminar con lo que la Fiscalía le puso a la vista”.

Las acciones por la Ley 701 tendrán el respaldo del Ayuntamiento, dice el alcalde de San Luis Acatlán

También las comunidades de la región de la Costa Chica se movilizarán en defensa de los derechos de los pueblos originarios y para que se amplíen, no sólo por la vigencia de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, declaró este lunes en Chilpancingo el presidente municipal de San Luis Acatlán, Javier Vázquez García.
El alcalde que llegó a la presidencia municipal con las siglas del Movimiento Ciudadano (MC), adelantó que sería un riesgo si esa ley pierde su vigencia, como lo hará el 1 de abril si no se ratifica, porque dejaría en el desamparo legal a los policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), que han dado buenos resultados en contra de la inseguridad en la región de la Costa Chica-Montaña.
Dijo que la actuación de la Policía Comunitaria ha frenado el ingreso de las mineras en la zona, y denunció que en su municipio se ha visto nuevamente la presencia de extranjeros, sobre todo canadienses, y vehículos de la minera Media Luna, pero que los pueblos no les van a permitir sus trabajos de exploración.
El domingo se reunieron en Tapayoltepec, municipio de Malinaltepec, los integrantes del Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña y el Frente de Comunidades por la Defensa de los Derechos Colectivos, y acordaron movilizarse la primera semana de marzo para defender la iniciativa popular de ley integral sobre los derechos de los pueblos indígenas y afro mexicanos, entregada al Congreso local como una alternativa ante la posibilidad de que la Ley 701 sea derogada.
El alcalde Vázquez García, en cuya cabecera municipal está la Casa Matriz de la CRAC, fue consultado este lunes en Casa Guerrero, a donde acudió a recibir una de las siete unidades médicas y cuatro ambulancias del régimen ordinario del Programa IMSS-Prospera, que se entregaron además a los alcaldes de Cualac, Tlacoapa, Alcozauza, Ometepec, Tlacoachistlahuaca y Ayutla de los Libres.
Declaró que seguramente los diputados del Congreso del Estado y los funcionarios del gobierno estatal están pensando en que esa ley pierda su vigencia, como está previsto, “y de esta forma afectar a los indígenas, pero no se va a permitir, al menos en San Luis Acatlán la gente está organizada y va a salir a defender su ley”.
El también abogado agregó que lo menos que puede hacerse es ampliar los derechos de los pueblos indígenas en esta ley.
Informó que como en la Montaña, en San Luis Acatlán también hubo una reunión de la Policía Comunitaria el sábado, en donde trataron la Ley 701 y acordaron la postura que va a asumir la CRAC hasta la fecha límite que tiene el Congreso para la aprobación de una nueva ley.
Adelantó que las acciones de los pueblos indígenas tendrán el respaldo del Ayuntamiento, “porque en materia de seguridad a nosotros sí nos ha funcionado la Policía Comunitaria en nuestro municipio, y la vamos a defender dentro del marco de la legalidad”.
Reconoció que detrás de la postura de dejar al margen de la legalidad a la Policía Comunitaria pudiera estar la pretensión de abrirle las puertas a las mineras extranjeras que ya están al menos en su municipio, en donde existen concesiones autorizadas por el gobierno federal.
El alcalde declaró que hay un rechazo total por unanimidad de las comunidades, aunque reconoció que hay líderes de la misma región que llevan el mensaje de que estas minas traerían beneficios y que eso es lo preocupante, “que utilicen a nuestra propia gente para permitir el acceso de estas minas” aunque insistió en que la idea general de las comunidades es el rechazo a la introducción de las empresas mineras.
Adelantó que frente a este problema el Ayuntamiento que preside va a respaldar la postura mayoritaria, “siempre y cuando estén dentro del marco de la ley”.
Destacó que las tierras son de los campesinos y que estarán en su derecho de defender hasta sus últimas consecuencias su patrimonio.
Vázquez García dijo que no tiene el dato de cuántas concesiones están autorizadas en el municipio de San Luis Acatlán, pero que es público que las mineras están interesadas en una mina ubicada en Pazcala del Oro, otra cerca de Mixtecapa, el Tlaxcalistlahuaca y Yoloxóchitl.
Denunció que a estos lugares han ido representantes de empresas disfrazadas de investigar qué tipo de minerales pueden extraer en la región.
Reconoció que no se han reanudado los sobrevuelos que se denunciaron en 2010 y 2011, pero que les pareció extraño encontrar a un canadiense que hace aproximadamente un mes se accidentó en una motocicleta, en un tramo del camino de Arroyo Mixtecolapa y Pazcala del Oro. Recordó que nunca se aclaró qué andaba haciendo en esa zona, y que el caso sólo se conoció porque sufrió un accidente en su motocicleta.
“Los campesinos dicen que es de la gente que andaba realizando trabajos de exploración de las minas de la región”, afirmó el alcalde.
Denunció que los campesinos también han visto vehículos con el logotipo de la minera Media Luna, “pero los campesinos están pendientes, no van a permitir ningún estudio en la región. Yo tengo permanente comunicación con ellos y sin duda alguna van a tener el respaldo nuestro, siempre y cuando marchemos dentro de la legalidad”.

Disminuirán sus sueldos en 20 por ciento, anuncian diputados del PRD, MC y PT

Los 19 diputados que integran las fracciones parlamentarias del PRD, Movimiento Ciudadano y la representación del PT en el Congreso local dieron a conocer que disminuirán su sueldo en un 20 por ciento, 14 mil pesos de los 70 mil que perciben mensualmente, como parte de sus acciones para exigir la derogación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en el precio de las gasolinas y en solidaridad con los sectores inconformes por el gasolinazo.
Los legisladores informaron también que mientras los grupos parlamentarios del PRI y el PVEM, que son mayoría, se opongan a impulsar una iniciativa en ese sentido ante la Cámara de Diputados, como lo propuso ya Movimiento Ciudadano, no están dispuestos a ir juntos en el plan de austeridad que anunció la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Flor Añorve Ocampo.
En cuanto a las 20 medidas de austeridad que anunció el gobierno del estado el domingo, expresaron que no están de acuerdo en que se haya incluido en la reducción salarial a funcionarios de nivel medio, y consideraron que tampoco resuelven el tema de fondo que es el incremento en el precio de las gasolinas.
Indicaron que propondrán la comparecencia ante el Congreso del secretario de Finanzas, Héctor Apreza Patrón, para que informe en qué invertirá el gobierno estatal el dinero que se ahorre con esas medidas, pues advirtieron la posibilidad de que se le dé un “uso clientelar” para el proceso electoral de 2018.
La mañana de ayer la coordinadora de la fracción del PRD, Erika Alcaraz Sosa, y sus compañeros de bancada Sebastián de la Rosa Peláez, Ernesto Fidel González Pérez, Silvia Romero Suárez y Ociel Hugar García Trujillo, se reunieron en privado con el coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, la diputada Magdalena Camacho Díaz y el diputado del PT, Freddy García Guevara.
En el encuentro, que se extendió por una hora y que se celebró en la sala legislativa del PRD, llegaron a acuerdos para exigir desde el Congreso que se revierta el gasolinazo.
En conferencia de prensa al concluir la reunión, Ricardo Mejía explicó que el primer acuerdo es que los diputados del PRD, Movimiento Ciudadano y el PT no se sumarán al plan de austeridad que anunció Flor Añorve, y del que no se conocen aún acciones específicas, si el Congreso no se pronuncia en contra del gasolinazo y las fracciones del PRI y el PVEM insisten en bloquear la iniciativa que presentó MC para que el Legislativo local impulse en la Cámara de Diputados la derogación del IEPS.
“Es un error garrafal (el gasolinazo) del gobierno federal en el que no tenemos por qué ceder, los gobernadores tampoco pueden estar arrodillados ante la federación porque les quita o les da recursos en función del centralismo fiscal”, expresó.
En su oportunidad, Erika Alcaraz indicó que el segundo acuerdo es reducir el sueldo de los diputados locales 20 por ciento, por lo que de los 70 mil que perciben mensualmente por gastos de representación y dieta, ahora cobrarán 56 mil.
Explicó que no se oponen al plan de austeridad anunciado por el gobierno del estado, sin embargo dijo que se desconoce en qué se invertirá o qué uso se le dará al recurso que se ahorre.
“¿Ese dinero quién lo va a manejar? ¿A dónde irá destinado? ¿De qué manera ese dinero, de quienes reduzcan su salario, bajará los costos de los productos de la canasta básica? ¿En qué porcentaje bajará el costo del pasaje y de la gasolina? No hemos tenido una respuesta a esas interrogantes”, expresó.
Por ello explicó que el dinero correspondiente a la reducción de su sueldo se destinará a proyectos económicos y sociales en educación, salud, campo y grupos vulnerables. En tanto, Freddy García indicó que plantearán que comparezca ante el Congreso el secretario de Finanzas, Héctor Apreza, para que aclare todas esas dudas y explique cuál será el destino de la bolsa que se recaude por las medidas de austeridad.
En una segunda ronda de intervenciones, Mejía Berdeja expresó que no están de acuerdo en que el recorte salarial que anunció el gobierno del estado incluya también a mandos medios, y advirtió que esa medida podría ser “un pasaporte a la corrupción”.
De la posible comparecencia de Apreza indicó que la intención es conocer a qué estarán dirigidos los recursos que resulte de los recortes anunciados, pues el riesgo es que haya “clientelismo político”.
“Sería muy grave que por un lado el gobierno federal decreta el gasolinazo para afectar la economía y por otro lado se crean bolsas para estar haciendo clientelismo electoral, y nosotros sí vamos a pedirle al secretario de Finanzas que explique y clarifique”, dijo.
–¿Entonces cada fracción determinará las medidas que van a asumir, no habrá un acuerdo conjunto con el PRI y el PVEM?
–Si el PRI acepta pronunciarse en contra del gasolinazo y presentar una iniciativa al Congreso de la Unión para que se modifique el IEPS y se le dé reversa, podríamos salir juntos, pero si sigue bloqueando hemos decidido que vamos a aportar el 20 por ciento de nuestro sueldo y vamos a pedirle al Comité de Adminis-tración, que es el órgano competente del Congreso, que hagamos un plan pero con transparencia, no unilateral.
En la conferencia se les preguntó si se limitarían sólo a reducir su salario en un 20 por ciento, o si renunciarían también a viáticos y costearán el servicio de telefonía celular, pero los legisladores explicaron que no perciben ningún apoyo de ese tipo y que todos los gastos que se generan cuando trabajan los absorben ellos con sus propios recursos.
El coordinador de Movimien-to Ciudadano expresó que las 20 medidas del gobierno no resuelven de fondo el problema del gasolinazo, pues recordó que el argumento de la federación es que se requieren 200 mil millones de pesos para seguir subsidiando los combustibles, mientras que el ahorro que logrará el Ejecutivo estatal con su plan de austeridad será de apenas “300 millones”.
“Lo que necesitamos es revertir el gasolinazo, yo quiero decirles ¿qué va a pasar el 4 de febrero si el gobierno federal decreta un nuevo gasolinazo? ¿Se van a volver a bajar los sueldos? ¿Y el 11 de febrero otra vez? Tenemos que construir un nuevo federalismo, no podemos estar arrodillados mientras la federación está haciendo tonterías”.

PRD: plan de austeridad es bueno

En la conferencia, la coordinadora de los diputados del PRD expresó que el plan de austeridad del gobierno estatal “es bueno” porque demuestra que sí hay capacidad de ahorro que permitirá ampliar la cobertura de los programas sociales.
“No descalificamos el plan de austeridad del gobernador, al contrario, lo felicitamos por hacer estas economías y estas medidas que van a ayudar, pero no compartimos la reducción de los salarios de los mandos medios, no es justo que se les tenga que reducir o que ellos tengan que pagar las consecuencias de un mal gobierno”.
Los diputados informaron que aún no se hace el planteamiento formal a las fracciones del PRI y del PVEM pero lo harán en la próxima reunión de la Junta de Coordinación Política que preside Flor Añorve, y será entonces cuando se conozca si hay o no condiciones para que el Congreso vaya unido.