Etiqueta: Militares

No disparen, soy el casero, estoy con mi familia, suplicó Eduardo Catarino al policía que lo mató, dice su esposa

Antes de que recibiera el balazo que lo hirió y después le quitó la vida, el abogado y líder de Morena, Eduardo Catarino Dircio pidió piedad bocabajo tirado en el piso: “No disparen, soy el casero, estoy con mi familia”, pero un policía ignoró su súplica y ordenó, “¡Mátenlo al hijo de su puta madre!”.
La mañana de este lunes en conferencia de prensa afuera de su casa en Tixtla, la viuda de Catarino Dircio, Hilda Vázquez Cipriano contó que su esposo todavía tardó varios minutos vivo pidiendo ayuda, pero los policías no la dejaron acercarse para auxiliarlo, “si te acercas disparamos”, le advirtió uno.
Dijo que afuera, en la calle Insurgentes, militares y policías estatales impidieron el paso de una ambulancia para que los paramédicos lo atendieran.
Explicó que luego de que murió su esposo, uno de los policías le dijo que su suegra la llamaba en la planta baja de la casa, fue a ver qué quería y cuando regresó, vio cuando le estaban tomando fotografías a Eduardo ya con un arma larga en las piernas, ella intentó quitársela, pero la amenazaron.
Eduardo Catarino vivía en el número 61 de la transitada avenida Insurgentes, entrada principal de la cabecera municipal de Tixtla, y salida a la carretera hacia Chilpancingo.
La casa de Eduardo es de dos niveles, la planta baja está construida de tabique y concreto, la planta alta es de hojas de triplay y techo de lámina galvanizada. A 1:30 de la tarde del domingo entró a esta casa uno de los delincuentes que era perseguido por la Policía Estatal desde Chilpancingo.
Los sicarios quienes se dispersaron en varias casas vecinas entraron violentamente impactando la camioneta Ford Ranger azul en la que escapaban en el portón de la iglesia La Luz del Mundo, ubicada en la calle Alejandro Sánchez Castro, del patio de este terreno uno de ellos saltó una barda, atravesó un terreno baldío y luego brincó una malla para entrar a la casa de Eduardo. Hasta allí lo siguieron los policías, algunos entraron por la misma ruta del delincuente y otros derribaron su portón en la avenida Insurgentes con una patrulla.
A esa hora Eduardo Catarino cortaba la maleza de su patio en la parte posterior de su casa, su esposa Hilda Vázquez estaba en la planta alta donde viven, pues en la planta baja habita la mamá de Eduardo, una mujer de la tercera edad que se mueve en silla de ruedas.
Hilda contó que estaba con su hija de 11 años y un sobrino de 12, apenas habían terminado de almorzar. Su hija y su sobrino veían una película en la computadora en una habitación contigua y ella se colocó un gorro para ayudar a su esposo cuando oyó los primeros disparos y decidió quedarse en la cocina con su hija y su sobrino.
–Son cohetes–, trató de calmarla su sobrino.
–No, son balazos– respondió ella.
Narró que los primeros balazos se escucharon en la calle y mientras pasaban los minutos se oían cada vez más cercanos.
Hilda corrió con su hija y su sobrino a refugiarse a un cuarto ante el temor de ser heridos por las balas.
Dijo que al poco rato Eduardo subió al segundo piso donde estaban ella, su hija y su sobrino, y cuando los vio les dijo, “allí estense porque hay una balacera”. Después le dijo a su mujer, “acaba de entrar un hombre, se metió a la sala donde está mi mamá, es uno de los malos”, luego cerró la puerta del cuarto donde estaban para protegerlos.
Hilda observó la desesperación de Eduardo porque su madre estaba en la planta baja, dijo que cuando intentó bajar a verla le suplicó, “por favor no salgas”, pero el insistió que su madre estaba sola y temerosa, a pesar de que ella le volvió a suplicar que se metiera.
Manifestó que desde la habitación donde se encontraban oían los destrozos en la planta baja y la balacera que se intensificaba en la calle. Hilda, su hija y su sobrino rezaron, mientras después de unos minutos se dejaron de escuchar los balazos y ella se asomó en una ventana, desde allí vio que la casa vecina estaba llena de policías, estaban en el patio y apuntaban en todas direcciones.
Asustada jaló a su esposo hacia la habitación y se tiró al piso con su hija y su sobrino, encima se echaron un colchón, “pero mi mamá, mi mamá, Hilda”, le decía Eduardo, pero ella le insistió, “si, pero por favor, no salgas”. Entonces oyeron el tropel de los policías en el patio, luego en la planta baja de la casa.
Vázquez Cipriano aseguró que no sabe por dónde entraron los policías a su casa, si por el patio o por la puerta principal, sólo escuchó el alboroto y la irrupción violenta cuando los agentes se metieron al baño y destrozaron todo, después oyeron balazos adentro de la casa, y luego gritos, “allí está tírenle”.
Escuchó que los policías gritaban que saliera y supone que le hablaban al sicario que había entrado a su casa, al final, no supo cómo se escapó entre los policías y militares, “yo no sé cómo se les pudo escapar de sus narices”.
Vázquez Cipriano consideró que como a los policías se les escapó el delincuente tenían que justificar su trabajo, “tenían que matar a alguien para presentarlo como el maloso”.
Hilda oyó que un policía gritó, “allá está una puerta, allá va a estar escondido” y escuchó los pasos de los policías que subían a la planta alta hacia donde estaban por las escaleras de metal gritando, “abran, abran esa puerta hijos de su puta madre”. Vio que Eduardo iba a abrir la puerta, aunque ella le pidió que no lo hiciera, pero los policías seguían gritando, “abran si no vamos a balacearla”.
Eduardo le dijo a su esposa que abriría porque si no matarían a toda su familia, Hilda vio cómo se tiró al piso para salir del cuarto donde estaban y abrió la puerta de la sala contigua, mientras anunció a los policías, “yo soy el casero, por favor, está aquí mi familia. Voy abrir la puerta, pero soy el casero”.
Catarino Dircio se enderezó para abrir la puerta, pero luego se volvió a tirar al piso bocabajo para que no le dispararan, pero los policías entraron gritando, “¡mátenlo al hijo de su puta madre!”.
Hilda vio todo desde las rendijas de la habitación donde estaba, dijo que subieron muchos policías y que los tres primeros no le dispararon, incluso dijeron, “él es el casero, no disparen”. Sin embargo, atrás subían más agentes gritando, “denle al hijo de su puta madre”, entre éstos iba el policía que le disparó, “fue un despiadado, un desgraciado”, acusó con rabia la mujer.
En la pequeña sala, su marido seguía implorando bocabajo, pidiendo piedad, “aquí está mi familia, yo soy el casero”, “pero el maldito policía lo mató a sangre fría. Yo lo vi, cómo le disparó cuando él estaba pidiendo piedad, tirado bocabajo, le disparó cruelmente ese maldito”, narró Vázquez Cipriano.
Contó que el dirigente municipal de Morena estaba vivo y ella se hincó mirando desde la puerta de la habitación contigua suplicándoles, “yo soy la esposa, acaban de matar a un hombre inocente”, cuando la vieron, los policías entraron a la otra habitación apuntándole con sus armas, revisaron todo, abrieron un ropero, mientras uno gritaba, “vamos a darles a estos hijos de su puta madre”, otro policía, vio el colchón y les ordenó, “levanten ese colchón allí está el hijo de la chingada”, pero era la hija y el sobrino de Hilda, la hija de Eduardo suplicó, “somos unos niños, no nos maten por piedad”.
Hilda Vázquez comentó que cuando los policías dejaron a los niños, todavía hincada les pidió que le permitieran ver a su esposo quien pedía ayuda, “movía la mano, pidiendo ayuda, pero los policías no me dejaron, nos apuntaron y nos dijeron, ‘no se muevan de aquí porque les vamos a disparar’”.
Manifestó que pidió varias veces que llamaran una ambulancia para que Eduardo fuera trasladado a un hospital, pero los policías la ignoraron, “sólo bajaban a la planta baja y volvían a subir para revisar todo”.
Detalló que vía telefónica pidió a sus hermanos y cuñados que mandaran una ambulancia, la cual llegó minutos después, pero los policías y militares tenían un cerco en la calle Insurgentes y no le permitieron pasar, sólo dieron paso a trabajadores de Protección Civil quienes no llevaban nada para auxiliarlo.
Hilda reconoció a Félix, un vecino, quien acompañó a los trabajadores de Protección Civil, sintió alivio y valor, y salió corriendo de la habitación para abrazar a su esposo quien ya había muerto.
“Murió sin que yo pudiera si quiera ir a tocarle la mano. Murió tirado cerca de la puerta bocabajo. ¡Malditos policías!, me lo mataron en un ratito”, reprochó con coraje.
Manifestó que un policía que subió de la planta baja le preguntó, “¿qué es para usted la señora que está allá abajo?”, es mi suegra respondió, y el agente le ordenó que fuera a verla porque le estaba llamando, ella no quería bajar porque dejaría solos a su hija y a su sobrino quienes lloraban, pero el policía le insistió, “baje, yo los voy a ver”.
Contó que bajó sólo para avisarle a su suegra que habían matado a su hijo y cuando regresó, los policías ya habían puesto un arma larga encima de las piernas de Eduardo y otro le tomaba fotografías, ella les reclamó por qué le pusieron el arma, “son unos cobardes, vinieron a matar a un hombre inocente a su casa”.
Hilda Vázquez les exigió que le quitaran el arma, pero le dijeron que nadie la había puesto, y otro de los agentes le dijo que tenían que mandar un reporte. La viuda agregó que cuando cubrió el cuerpo con una sábana intentó quitarle el rifle, pero un policía le apuntó y le ordenó, “no la mueva porque le voy a disparar”, y ella sólo lo cubrió.
Dijo que cuando los policías se bajaron, uno de ellos se quedó cuidando el cadáver, a quien le pidió que por piedad le quitara el arma porque cuando le dispararon no la tenía, pero se negó con el argumento de que él no la había puesto.
“Fue uno de ellos, yo lo vi con mis propios ojos”, acusó Hilda, indicó que cuando subieron los trabajadores de Protección Civil y su vecino Félix vieron que no tenía ninguna arma.
“Mi esposo estaba limpio, mi esposo es inocente, quiero justicia para que ya no se siga repitiendo esto. Ya no le hagan más daño a gente inocente. Ya no. Quiero justicia, por favor”, suplicó frente a los reporteros.
La viuda del abogado Eduardo Catarino Dircio consideró a quienes dicen que su esposo era un sicario unos sinvergüenzas e ignorantes, porque insistió que quieren culpar a gente inocente.
Exigió al gobernador Héctor Astudillo Flores que haga bien su trabajo, “que ya no forme parte de esa delincuencia”, para que ya no haya gente inocente muerta y si no puede que renuncie.
Al inicio de la conferencia, Hilda Vázquez explicó que decidió hablar a pesar de las condiciones en las que se encuentra, porque ya no quiere que se cometan más injusticias, que ya no se haga daño a más gente inocente.
Exigió que se limpie el nombre de su esposo, quien fue señalado en un boletín de prensa de sicario por el vocero en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia.

Detiene el Ejército a 62 policías de Zihuatanejo; se infiltró la delincuencia, dice el vocero

Policías estatales apoyados por militares del 75 Batallón de Infantería ocuparon durante 9 horas la Dirección municipal de Seguridad Pública de Zihuatanejo, donde detuvieron a 62 policías municipales, corporación que según el vocero Roberto Álvarez Heredia está infiltrada por criminales.
Poco después de la una y media de la tarde Álvarez Heredia dijo que “derivado de la infiltración y usurpación de funciones de individuos vinculados a la delincuencia en el cuerpo de la Policía Municipal de Zihuatanejo, el gabinete de seguridad federal del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto tomó la determinación de efectuar el desarme de los elementos de dicha corporación”.
Dijo que “en una acción conjunta de la Policía Estatal, Ejército Mexicano, Marina Armada de México, Policía Federal, Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía General del Estado, a partir de las 7 horas del día de hoy (ayer), se logró la detención de tres presuntos delincuentes que están siendo trasladados fuera del municipio para someterlos a proceso”.
“Dichos individuos desde hace días tenían la operación de la Policía Municipal del municipio de Zihuatanejo de Azueta, y están vinculados con grupos delictivos”, afirmó.
Añadió que fueron detenidos también “otros 42 individuos que sin estar debidamente acreditados como elementos policiales fueron sorprendidos dentro de las instalaciones portando armas, uniformes e insignias oficiales, por otro lado fueron detenidos otros 15 miembros de la corporación que habiendo reprobado sus exámenes de control de confianza, portaban armamento de la licencia oficial colectiva número 110 autorizada por la Secretaría de la Defensa Nacional” y que los detenidos serán puestos a disposición de las autoridades.
La Dirección de Seguridad Pública está en la avenida Bicentenario frente a los campos de fútbol de la unidad deportiva, y a un costado del penal de esta ciudad.
Poco antes de las 8 de la mañana, una hora antes de que concluyera el turno, más de 28 patrullas de la Policía Estatal y de militares se estacionaron a lo largo de la avenida. Sus ocupantes ingresaron a las instalaciones de la dependencia donde durante nueve horas tuvieron a los policías formados en la explanada, mientras que a los trabajadores administrativos los mantuvieron en sus áreas de trabajo vigilados.
Según la información que se dio en el transcurso de las horas, los policías estatales revisarían el armamento de los municipales, declaró a su llegada casi a las 9 de la mañana el director de Seguridad Pública, David Nogueda Salmerón, quien visiblemente desencajado dijo que se trataba de una revisión de rutina y que estaba ahí “para dar la cara”.
Sin embargo conforme pasaba el tiempo se observó que sacaron a tres policías municipales y a dos trabajadores administrativos y los subieron a las patrullas con dirección al centro de la ciudad, un rato después regresaron con ellos a las instalaciones.
Después entró el comandante de la Policía Ministerial de Zihuatanejo acompañado de dos agentes ministeriales y uno del Ministerio Público del fuero común, quienes llevaban documentos en las manos.
Poco después de las 11 de la mañana los policías estatales sacaron de uno por uno a tres uniformados, el primero fue el comandante Víctor Manuel, a quien durante la revisión que los militares y policías estatales hicieron al armamento de la corporación municipal el 10 de abril, le encontraron un fusil Galil y una pistola escuadra calibre 9 milímetros sin licencia. El segundo policía fue identificado como el comandante Martiniano S.R. y el tercero como Javier C.S., ex director municipal de Seguridad Pública de Petatlán, quien de acuerdo a las fuentes policiacas tenía dos semanas de haber llegado a esa corporación a ocupar el cargo de coordinador operativo.
A estos tres agentes los subieron en una patrulla y junto a ellos los policías estatales subieron una mochila en la que iban armas cortas y un radio portátil. La patrulla enfiló hacia la zona oriente de la ciudad y aunque se dijo que habían sido llevados a la subdelegación de la PGR, se conoció que de inmediato fueron trasladados al penal del puerto de Acapulco. No se conoció el motivo de la triple detención.
Poco a poco llegaron más policías municipales llevados por los estatales, algunos estaban resguardando instalaciones públicas y otros de descanso pero fueron llamados a presentarse de manera inmediata.

Nos tienen secuestrados, grita uno los municipales

Afuera se escuchaba cómo algunos policías preventivos decían que no tenían la culpa de no contar con la credencial que los incluye en la licencia colectiva 110 que les permite portar armas, pues no se las habían renovado, así como tampoco eran responsables de acreditar los exámenes de control de confianza, ya que los trabajadores administrativos y el director no llevan un registro de las fechas en que los policías deben de presentarse ante las dependencias porque no les quieren apoyar con viáticos pese a que es dinero que envía el gobierno federal para tal fin.
Un policía preventivo que se identificó como Marco Antonio Pérez Peralta subió a una de las torres de vigilancia que dan a la avenida Bicentenario en donde estaban los reporteros, gritó que los agentes estatales y soldados “nos tienen secuestrados” y que no les permitían comer, tomar agua ni ir al baño”, y que tampoco sabían a qué hora los dejarían salir, “no nos están golpeando pero se ponen agresivos, revisan hasta las bolsas, eso va contra la ley”.
Después de las 2 de la tarde llegaron unos 200 militares más, así como dos camionetas con marinos del Sector Naval a apoyar el traslado de, primero de 17 policías y posteriormente de 42, entre estos tres hombres vestidos de civil, según los mismos policías preventivos que no fueron detenidos.
Además de llevarse el armamento de la corporación municipal, los policías estatales sacaron en una cubeta de plástico varios radios de comunicación portátiles.
Poco antes de las 2 de la tarde llegaron esposas, madres e hijas y familiares de los policías a preguntar por los que tenían que regresar a sus casas el martes en la mañana, y se encontraron con la operación conjunta.
Cuando se dieron cuenta de la situación al ver el traslado de los primeros 17 uniformados, hombres y mujeres rompieron en llanto abierto y a gritos decían que sus familiares eran inocentes. Exigieron que el director también fuera detenido “porque él es el principal responsable de que no tengan sus credenciales de policías”.
Para cuando se dio el traslado de los 42 policías, varias de las esposas, madres e hijas se plantaron frente al portón con la intención de impedir que se los llevaran, pero fueron superadas en número y fuerza por los militares y policías estatales que a empujones las quitaron del camino para que pasaran las patrullas.
Los uniformados fueron llevados en un autobús a la unidad deportiva de la cabecera municipal de Petatlán, donde los esperaban dos helicópteros de la Policía Federal. Una versión indicó que serían llevados a la PGR en Acapulco y otra que los llevarían a la PGR en la Ciudad de México.

Encaran familiares al director de Seguridad

Pocos minutos después de las 4 de la tarde todos los policías estatales y los soldados se retiraron, entonces los familiares de los uniformados detenidos entraron a las instalaciones en busca de director David Nogueda, a quien encararon y responsabilizaron de haber permitido que sus familiares fueran detenidos.
El funcionario les mostró un documento firmado por el jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, Francisco Montesinos Baños, con fecha del 15 de mayo, dirigido al alcalde perredista Gustavo García Bello, en el que le informa entre otras cosas que se haría una revisión extraordinaria al armamento de la corporación.
Agregó que él se sorprendió por lo que sucedió y que estaba en desacuerdo en que se los hayan llevado, aunque sostuvo que le informaron que sólo iban como presentados y no de detenidos. Aseguró que mediante la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento y del grupo de abogados de la corporación, se trasladaría a Acapulco a ofrecer las pruebas de que sí son policías municipales.

Sus policías tomaron armamento tras el asesinato de sus compañeros, dice el alcalde

Para el presidente municipal perredista de Zihuatanejo, Gustavo García Bello, la detención de los 62 policías preventivos municipales “no fue algo extraordinario”.
Afirmó que aunque no tenían permiso tomaron el armamento para buscar a los responsables materiales del asesinato de tres de sus compañeros ocurrido en el módulo de vigilancia en la zona comercial de Ixtapa el 25 de abril, pero que ahí él no pudo hacer nada para impedirlo.
Ayer a las 8 de la noche García Bello ofreció una conferencia de prensa en la sala de Cabildo, para hablar de la detención de los policías hecha por policías estatales apoyados por militares y marinos. García Bello aseguró que fueron 48 policías los que se llevaron detenidos.
Dijo que ya había instruido al jefe jurídico del Ayuntamiento y a los abogados que emprendan la defensa legal de los policías, “todos son policías, por ahí creo que se decía que algunos habían sido detenidos sin acreditar ser elementos, pero todos son policías preventivos y ya estarán los abogados por ahí para ver su situación legal y llevar en este caso los documentos para aclarar su situación jurídica”.
De la versión del vocero del Grupo de Coordinación Guerrero en el sentido de que tres de los detenidos son presuntos delincuentes, el alcalde respondió, “yo no desmiento a nadie, son órdenes de gobierno que debemos que respetar, en este caso la revisión del armamento le compete al gobierno federal a través de la Sedena y si hubiera alguno de los elementos involucrados en algún delito, eso es ya una cuestión que tiene que ver con el armamento, aquí no estamos desmintiendo a nadie, pero si hay alguna investigación en contra de alguno de los elementos que están ahorita detenidos pues la va a haber, ahí no podemos meter nosotros la mano, cada quien es responsable de sus hechos”.
Luego de que se fueron los policías estatales y los militares de las instalaciones de Seguridad Pública, el director David Nogueda Salmerón, informó que sólo se llevaron a 50 policías “en calidad de presentados, no de detenidos”.
Los policías estatales traían una lista de los agentes que no cuentan con una identificación como policía “cosa que es mentira”, dijo.

Cierran la autodefensa de Totolapan y vecinos el paso de soldados y policías a La Gavia

Debido a una serie de confrontaciones entre militares y policías y la autodefensa de San Miguel Totolapan se mantiene tenso el ambiente en la zona ante un posible choque, porque las autodefensas cerraron las entradas a la cabecera municipal, pues no quieren permitir el ingreso de más efectivos con el argumento de que ayudan al líder criminal Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, y se mantienen cerca del puente de la entrada unos 300 uniformados en espera de órdenes para ingresar a la zona que controla el Movimiento por la Paz.
Desde las 4 y media de la madrugada, llegaron policías ministeriales, estatales y peritos con militares de la base de San Miguel Totolapan, intentaban acudir al pueblo de La Gavia, para hacer las diligencias a los ocho muertos, que según el gobierno del estado dejó un enfrentamiento entre la banda de Los Tequileros y de La Familia Michoacana el miércoles.
Integrantes de la autodefensa Movimiento por la Paz y vecinos bloquearon el paso más de cuatro horas a soldados, policías ministeriales, estatales y peritos del MP que se dirigían La Gavia.
Fuentes del pueblo informaron que el hecho ocurrió porque la autodefensa acusa al Ejército de que ayer, cuando resguardaba la población de La Gavia tras el enfrentamiento, dio servicio médico y trasladó a dos heridos del grupo delincuencial que encabeza Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, a una clínica fuera de Totolapan.
Cuando llegaron los policías comenzó el bloqueo en las entradas con unidades del transporte público. Policías y personal que iba a la diligencia comentó que “entendieron eso como un encierro y que no los dejarían salir”, pero además esperaban un acuerdo para que les autorizaran entrar a La Gavia.
A las 9 de la mañana líderes de la autodefensa se dieron cuenta que los ministeriales se decían “retenidos”, y acudieron a decirles que se podían salir cuando quisieran, y acordaron que para evitar confusiones el convoy saldría del municipio.

Se reagrupan más de 300 soldados y policías

Más de 300 agentes entre militares, policías estatales y ministeriales se reagruparon en la tarde, se instalaron en el poblado de Santana del Águila, municipio de Ajuchitlán, a 2 kilómetros del puente de entrada a San Miguel Totolapan en espera de órdenes de ingresar, y al anochecer se mantenían en sus puestos.
Los militares encabezan el grupo más grande, con más de 200 efectivos, siguen cerca de 10 patrullas del estado con unos 50 elementos y 5 patrullas más de la Policía Ministerial con otros 50.
Los integrantes del Movimiento por la Paz al enterarse del grupo que intentaba ingresar reunió a cerca de 100 personas en el puente, entre mujeres y hombres, con intenciones de impedir el ingreso del convoy.
Había vehículos particulares, tractores y del transporte público listos para cerrar el paso. Solamente permitían el paso a particulares y vecinos de la localidad.
Vecinos y choferes del transporte público se sumaron al movimiento luego de que les pidieron apoyo, y bloquearon la carretera estatal en el poblado de Poliutla del municipio de Tlapehuala, a un kilómetro de la carretera federal.
El bloqueo comenzó antes de las 2:30 de la tarde en la carretera estatal, luego de que los pobladores se enteraron de que en el poblado de Santa Ana del Águila, entre Totolapan y Tlapehuala, hay unos 300 soldados y policías estatales y ministeriales.
En Poliutla se observaron unas 30 combis del transporte público de la ruta Tlapehuala-Arcelia bloqueando la carretera.
Cerca de las 5 de la tarde llegó otro grupo de 30 taxistas de Arcelia y bloqueó la entrada al pueblo del Escondido, en Santo Niño municipio de Tlapehuala, que es una localidad entre Altamirano y Arcelia, a 3 kilómetros de este último municipio. Esta es otra entrada de camino rural que tiene acceso a rutas que llevan a Santana del Águila.
La intención de los bloqueos es impedir que lleguen refuerzos a los militares y grupos policiacos en la zona.
Cerca de las 5 y media de la tarde llegaron al crucero de Poliutla tres patrullas cargadas con escudos y equipo antimotines, que al parecer intentaban llevar a Santana del Águila, pero no alcanzaron a cruzar.

Cerraron el paso a las autoridades

En un primer momento la tarde de este jueves la autodefensa consideraba permitir el ingreso de los policías estatales y ministeriales, pero no del Ejército, a quienes señalaron de estar coludido con El Tequilero, pero luego de la visita del vocero a La Gavia por aire, y ante la falta de diálogo con el movimiento de autodefensa acordaron que no permitirían la entrada a ningún grupo policiaco.
En la tarde se mantuvo en el poblado de Santana el grupo militar y policiaco pero tampoco se movieron los bloqueos, lo que dejó prácticamente cercadas las salidas para ellos.
Las autodefensas pidieron la salida del grupo militar que se ubica en la cabecera municipal, al considerar que no combatió a El Tequilero, sino que incluso le prestó auxilio a su gente para escapar.

Denuncian en Iguala el hostigamiento a estudiantes de Ayotzinapa y padres de los 43

A 31 meses de los ataques y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en esta ciudad, normalistas e integrantes de las organizaciones sociales que los acompañan colocaron ofrendas florales en memoria de los tres estudiantes asesinados, y denunciaron hostigamiento y persecución del gobierno federal en contra de jóvenes de la Normal Rural y los padres de los 43 desaparecidos.
En la mañana ante la versión de que padres de los normalistas, estudiantes de Ayotzinapa y organizaciones que los acompañan iban a protestar en esta ciudad, los retenes militares que son permanentes en las entradas a la ciudad fueron retirados, la vigilancia y la seguridad en el 27 Batallón de Infantería se reforzó con la colocación de vallas metálicas y la sede del Ayuntamiento fue vigilada por agentes armados de la Policía Federal.
Una hora después de la hora convocada, a las 6 de la tarde inició la primera actividad en la estela colocada a los normalistas asesinados Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo, en la esquina de la calle Juan Álvarez y periférico Norte, sitio al que llegaron cuatro normalistas de Ayotzinapa en un autobús de la estrella de oro, en representación de los padres.
Tras la colocación de una corona de flores de dos estudiantes en el sitio en el que ocurrieron los primeros ataques a los estudiantes, un joven reclamó la falta de atención de las autoridades federales a los padres de los 43 desaparecidos, a quienes los recibieron con policías antimotines y gases lacrimógenos cuando pedían una mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación.
Denunció que han recibido amenazas, hostigamiento y persecución de autoridades del gobierno federal como forma de presión para dejar el movimiento.
Crítico que a 31 meses de los hechos el gobierno federal les cierra las puertas y hace caso omiso a sus peticiones, con la finalidad de dar por cerrado el caso y sostener la “mentira histórica”, como se refirió a la versión de que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula, lo que el gobierno federal llama la “verdad histórica”.
Un representante del Bloque Democrático de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala, reclamó que no haya personas sentenciadas por asesinato y desaparición forzada, y demandó justicia para los asesinados, la presentación con vida de los 43 alumnos de la Normal Rural y castigo para los culpables.
“Ya estamos hartos de que nos estén diciendo mentiras, y si a nosotros como ciudadanos nos duele y nos afecta esta situación, entendemos y justificamos los actos que realizan los padres de familia por la ausencia de sus hijos luego de 31 meses”.
El primer mitin concluyó a las 6:35 y los cerca de 50 activistas del Bloque de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala y la comitiva de normalistas, se trasladaron en vehículos a la estela de Julio César Mondragón Fontes, para colocar también una ofrenda floral y hacer un segundo mitin en el que reiteraron la exigencia de justicia y presentación con vida de los 43 normalistas.
Un maestro de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG) que tomó la palabra en el segundo acto donde fue hallado torturado y desollado del rostro el normalista Julio César Mondragón, calificó ese hecho como “una muestra de la podredumbre del PRI-gobierno”, dijo que van a seguir luchando para que sean castigados los involucrados en los ataques y la desaparición de los normalistas.
Advirtió que seguirán al lado de los padres y los normalistas para exigir justicia y no descartó la posibilidad de que una comisión se sume al plantón en la Procuraduría General de la República (PGR).
Después de las 7 de la noche la comisión de normalistas salió hacia Chilpancingo y los miembros de las organizaciones se trasladaron a la explanada municipal, donde hicieron un acto cívico-cultural como lo han hecho cada mes desde la desaparición de los jóvenes.

Fueron cinco los calcinados en Chilapa y ayer tres hombres ejecutados en una base de transporte

Tres hombres, uno de ellos de 20 años, fueron ejecutados a balazos en una base de Combis del transporte público en la colonia El Jaboncillo, ubicada en la parte alta de la cabecera municipal de Chilapa. En el ataque otro joven y una muchacha de 20 años resultaron gravemente heridos.
Además, fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) informaron que los cuerpos calcinados la noche del domingo en un taxi en Chilapa son cinco desmembrados y que el vehículo del transporte público era del sitio Atenas del Sur de esta cabecera municipal.
El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia informó en un boletín de prensa que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado envió cien policías estatales “para contener e inhibir la violencia en Chilapa”.
En lo que va del año suman 48 ejecutados en el municipio de Chilapa atribuidos a la delincuencia organizada, indica un recuento de las notas publicadas en El Sur.
Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal informaron que a las 12:58 del día recibieron un reporte al número de emergencia al 911, del asesinato de tres hombres en la calle Emperador Cuauhtémoc en este asentamiento.
Testigos informaron que un grupo de personas estaban platicando en la parada de Combis, después llegaron hombres armados al lugar y los atacaron a balazos.
Las víctimas son un joven de 20 años, un hombre de 36 y otro de 45, que quedaron tendidos de lado en la banqueta, a un costado estaban dos vehículos del transporte público estacionados y fueron localizado 10 casquillos percutidos calibre 45 y .9 milímetros.
El joven de 20 años vestía playera negra, pantalón de mezclilla azul fuerte y botas blancas; el hombre de 36 portaba playera negra, pantalón de mezclilla café y tenis negros, la tercera víctima vestía playera rosa, pantalón de mezclilla azul y tenis azules.
Los dos heridos fueron identificados como Miriam de 20 años, quien fue trasladada al hospital general, y Jaime de 28 años.
Al lugar acudieron militares, policías estatales, municipales y ministeriales que acordonaron la zona, peritos de la FGE hicieron las diligencias correspondientes.
Los cuerpos de las tres víctimas fueron levantadas por sus familiares.

Calcinados la noche del domingo

Fuentes de la Fiscalía General del Estado informaron que los restos humanos calcinados hallados la noche del domingo en un taxi en Chilapa, corresponden a cinco personas desmembradas, y que el vehículo de transporte público pertenecía al sitio Atenas del Sur, de la cabecera municipal.
En primer reporte la Secretaría de Seguridad Pública estatal informaron que había al menos tres cuerpos en el taxi Tsuru calcinado hallado a unos 300 metros del retén militar y de la Policía Estatal, ubicado en los arcos de entrada a la ciudad.
Sin embargo la mañana ayer, la FGE informó que son cinco víctimas, que fueron trasladadas al Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo para las pruebas de genética y para determinar su género.
La FGE abrió la carpeta de investigación 12040190100102120317 en contra de quien resulte responsable.
El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia informó en un comunicado que por instrucciones del gobernador Héctor Astudillo Flores, la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y la SSP intensificaron las acciones para detener el repunte de violencia en este municipio.
Comentó que la Sedena mantiene en Chilapa 500 militares sin descuidar otras regiones y agregó que existen operaciones de seguridad permanentes en Acapulco y Chilpancingo.
Agregó que en Chilpancingo, Chilapa, Tixtla y Zitlala se intensificaron los patrullajes para inhibir los hechos de violencia, además se realiza la revisión de vehículos, motocicletas y personas sospechosas.
“La zona comprendida entre los municipios de Eduardo Neri, Chilpancingo, Tixtla, Zitlala y Chilapa está considerada como prioritaria por el enfrentamiento que existe entre las bandas delictivas por el control de ese territorio”, concluye el comunicado.
Entre el sábado y el domingo, dos mujeres, una de ellas embarazada, y tres hombres fueron asesinados a balazos en distintos hechos de violencia en Chilapa. Además, una joven resultó herida en uno de los ataques.
La noche del miércoles una camioneta calcinada con cinco cuerpos fue hallada entre la colonia Jacarandas y el fraccionamiento Los Reyes, rumbo a la comunidad Ajacayán. La mañana del martes fueron hallados seis hombres desmembrados depositados en 13 bolsas de plástico, en la carretera de terracería que comunica a la cabecera municipal con la comunidad Xulchuchuio.

Se reúnen jefes de la SSP y militares en Chilapa; se enviaron 100 policías más, informa el vocero

Después de un violento domingo que dejó 10 muertos, cinco de ellos calcinados, en distintos hechos en el municipio de Chilapa, el gobernador Héctor Astudillo Flores envió 100 policías más para contener e inhibir la violencia de la región.
El miércoles en la tarde en Acapulco el gobernador Héctor Astudillo Flores encabezó la reunión del Grupo Coordinación Guerrero, para abordar principalmente el repunte de la violencia en Chilapa, luego de que cinco personas fueron encontradas calcinadas en un automóvil en un camino de terracería que conduce a la comunidad de Ajacayán.
El sábado en un boletín de prensa se dio a conocer que se intensificaría la presencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en los municipios de Chilapa y Chilpancingo. El documento se difundió un día después de que el presidente de la organización de familiares de desaparecidos Siempre Vivos de Chilapa, José Díaz Navarro reveló que los integrantes del grupo criminal Los Ardillos tienen una ruta en la que se trasladan desde Chilapa a Chilpancingo “de Chilapa a Atzacoaloya, San Ángel y Xiloxuchican. Después enfilan a Juxtlahuaca y Colotlipa, municipio de Quechultenango, pasan por la cabecera municipal y siguen hacia Mochitlán, para después llegar a Petaquillas que ya tienen como bastión y de allí entran a Chilpancingo”.
Ese día Díaz Navarro dijo que las actividades de ese grupo criminal cuentan con la complicidad del gobierno, “porque todo les acepta y permite a ese grupo”.
Pese a la “intensificación” de las acciones de las dos corporaciones, la noche de este domingo se encontró otro carro calcinado con cinco personas en el interior, el hecho violento se registró en la colonia Miguel Hidalgo, en esta ocasión fueron quemados en un taxi y ese día hubo otros cinco ejecutados en distintos hechos en Chilapa.
El vocero en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia subrayó que la determinación de enviar a 100 policías estatales más fue una decisión que tomó únicamente el gobernador, para sumarlos a los 30 que ya están activos en aquel municipio.
Reconoció que desde la semana pasada antes de la calcinación de los primero cuerpos se tenían indicios de que la violencia estaba resurgiendo, ya que el numero de homicidios dolosos de Chilapa iba en aumento.
La zona comprendida entre los municipios de Eduardo Neri, Chilpancingo, Tixtla, Zitlala y Chilapa está considerada como prioritaria por el enfrentamiento que existe entre las bandas delictivas por el control de ese territorio, agregó en un comunicado.
Dijo que del primero de enero al 12 de marzo iban 35 homicidios dolosos, aunque en un recuento de lo que se ha publicado en El Sur de los crímenes en los que al parecer estuvo involucrada la delincuencia organizada, suman 45 en ese periodo, más otros tres ejecutados ayer en una base del transporte público.

Otra reunión por la seguridad de Chilapa

El 28 de diciembre de 2016 con la presencia del secretario de la defensa, general Salvador Cienfuegos se hizo la evaluación de la región de Chilapa y Zitlala para reforzar la seguridad.
En ese mismo año pero el 21 de enero fue la reunión de seguridad en el restaurante Casa Pilla, ahí estuvo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y se determinó la construcción de un cuartel militar en Chilapa.
Ayer el comandante de la 35 Zona Militar José Francisco Terán Valle, el secretario de Seguridad Pública del Estado Pedro Almazán Cervantes, así como el responsable de la Policía del estado con destacamento en Chilapa se reunieron en la tarde en Chilapa para supervisar las tareas de seguridad.
La presidencia municipal de Chilapa, en un boletín de prensa, indica que los mandos llegaron en la tarde a esta ciudad azotada por la violencia y la inseguridad.
En la reunión, agrega el documento, el general Almazán Cervantes dio a conocer que se enviaron 100 nuevos agentes de la Policía del Estado para contener e inhibir la violencia, el general Terán Valle confirmó que 500 soldados del Ejército resguardan el municipio.
Al encuentro asistieron el alcalde priista Jesús Parra García y el segundo síndico Esteban García García.
Según la presidencia municipal, Jesús Parra “reconoció” al presidente de la República, Enrique Peña Nieto y al gobernador Héctor Astudillo Flores por “el apoyo en materia de seguridad” y solicitó “una mayor atención a este municipio”.
Apenas el pasado jueves el alcalde evadió responder del recrudecimiento de los hechos delictivos en el municipio.
En otro comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública del estado dice que “los mandos policial y militar escucharon los planteamientos de las autoridades municipales con el objetivo de identificar sus necesidades en materia de seguridad, durante su estancia en Chilapa el secretario de Seguridad Pública y el Comandante de la 35 Zona Militar supervisaron también el despliegue de la Policía Estatal y militar, así como la instalación de puestos de vigilancia conjunta ubicados en puntos estratégicos de la cabecera municipal para prevenir e inhibir la comisión de delitos”.

En 20 años se ha agravado drásticamente la situación de los indígenas: Centro Morelos

 

A 20 años de su fundación, el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), destacó que la situación en que viven los pueblos indígenas con los que trabaja se ha agravado de manera drástica, debido a que además de la pobreza y la miseria que padecían en ese tiempo, ahora, además viven inmersos en un contexto de violencia y de violación a los derechos humanos.
En un comunicado, el Centro Morelos reconoce que, a pesar de su trabajo, el contexto se ha agravado de manera “drástica”, ahora las comunidades viven no sólo en un ambiente de inseguridad alimentaria, sino de inseguridad social, y denuncia que se les sigue negando los más elementales derechos.
“Hoy las comunidades enfrentan otros retos que tienen que ver con la inseguridad provocada por el accionar de los grupos de la delincuencia organizada, que han roto el tejido social hasta en los lugares más apartados contando con la complicidad de las autoridades de todos los niveles”, denuncia el Centro Morelos, en el documento.
Menciona que en ese contexto, 20 años después, dos temas son los que ocupan su agenda, el desplazamiento forzado de las familias víctimas de la violencia y la desaparición forzada de personas por esa misma causa.
El Centro Morelos comenzó sus actividades en 1997, después de varios meses de pláticas informales con vecinos de diferentes comunidades, con quienes los promotores comenzaron a hablar del quehacer de cada uno en la lucha social en el contexto nacional y regional, “de las inquietudes que despertaban las injusticias, la pobreza y marginación que se vivía en los pueblos indígenas”, detalla el organismo en su documento.

La militarización ante el surgimiento del EZLN y del EPR motivaron el interés en crear el organismo, recuerdan

Antes, en 1994 había salido a la luz pública el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), y en 1996 en Guerrero surgió el Ejército Popular Revolucionario (EPR).
Los dos hechos motivaron el incremento de la militarización y la violación a los derechos humanos que se traducían en torturas, extorsiones y detenciones extrajudiciales, y fue lo que motivó el interés de crear un organismo de esta naturaleza.
Cuando los promotores lograron consolidar un grupo con un interés común, donde participaban sacerdotes, docentes, trabajadores de la salud, campesinos y estudiantes, pasaron a la siguiente etapa, en la que el párroco de La Villa de Chilapa, Bernardo Sánchez Cruz tuvo un papel fundamental. “Él, con el conocimiento de las injusticias que sufrían en las comunidades, abrazó la propuesta con mucho optimismo y así, después de varios meses de reuniones, decidimos constituirnos en un organismo de promoción y defensa de los derechos humanos, haciendo su presentación pública el 25 de enero de 1997, y posteriormente hicimos los trámites legales”, recuerdan en el comunicado.
El organismo destaca que, a 20 años, el Centro Morelos “es un organismo de la sociedad civil que llegó para quedarse”.
En los primeros casos que atendió comprobó que no había equivocación en el análisis de la violencia que los militares ejercían hacia la población que sitiaba comunidades indígenas, deteniendo, torturando, desapareciendo temporalmente a varios campesinos y violando a mujeres indígenas.
“Entonces, nos dimos cuenta de que no bastaban los buenos deseos ni las buenas intenciones, sino que, para poder cumplir con nuestra misión, teníamos que buscar incorporar licenciados en derecho con vocación, mística, convicción y, desde luego, buscar recursos económicos para cubrir los gastos”.
Las actividades del organismo durante los primeros 12 años giraron en torno a la promoción de los derechos humanos, organizando alrededor de 20 talleres, reuniones y recorridos permanentes en comunidades de los municipios de Ahuacuotzingo, Atlixtac, Zitlala y Chilapa.
En 2001, el Centro Morelos comenzó a acompañar a víctimas de desaparición forzada, como Faustino Jiménez Álvarez, caso que llegó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En 2007 realizó una campaña para promover la formación de la Policía Comunitaria en la región, organizando reuniones en varias comunidades, “pero no se tuvo eco porque la gente lo primero que preguntaba: ¿Cuánto van a pagar? y ¿las armas las va a dar el gobierno?”. El Centro Morelos menciona que por eso extraña que en la actualidad surjan tantos supuestos policías comunitarios.
Para 2010, el organismo publicó el diagnóstico, La situación de los derechos humanos de las mujeres indígenas y la violencia contra ellas en la región de la Montaña baja del estado de Guerrero, en el que se habla de la doble violencia ejercida sobre las mujeres indígenas.
Actualmente las comunidades enfrentan otros retos, “que tienen que ver con la inseguridad provocada por el accionar de los grupos de la delincuencia organizada que han roto el tejido social hasta en los lugares más apartados contando con la complicidad de las autoridades de todos los niveles, sufriendo una mayor vulnerabilidad cientos de jóvenes que, impulsados por la miseria, se involucran en los grupos delincuenciales”.
En estas condiciones, menciona que dos temas ocupan su agenda, el desplazamiento forzado y la desaparición forzada de personas.
Desde 2011, el Centro Morelos acompañó a 32 familias de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, víctimas de desplazamiento forzado ante la delincuencia organizada.
En enero del 2016, comenzó a dar acompañamiento a 34 familias desplazadas de la comunidad indígena de Quetzalcoatlán de las Palmas, municipio de Zitlala, víctimas de hombres armados que irrumpieron en sus casas, dejando a seis vecinos muertos.
También ha acompañado a las madres y padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Asimismo, después de la irrupción de civiles armados en Chilapa, en mayo del 2015, que dejó por lo menos 16 desaparecidos, “hemos caminado de la mano con el colectivo Siempre Vivos, conformado hasta ahora por familiares de más de 100 personas desaparecidos en el que se encuentran personas de comunidades de Chilapa y Zitlala”.
“Ppese a este panorama” el organismo se encuentra consolidado, “con una mayor experiencia” y se ha convertido en un “referente” en los temas de desplazamiento y desaparición, menciona.

 

La Ley de Seguridad busca legalizar las torturas del Ejército, denuncia la Afadem en Atoyac

La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem) conmemoró el 103 aniversario del natalicio del líder atoyaquense Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido por militares en 1974.
La ceremonia fue presidida por el secretario ejecutivo de esa organización, Julio Mata Montiel, en el Zócalo de Atoyac frente a la placa del perdón que el gobierno federal colocó en disculpa a los familiares de Radilla Pacheco. Ahí denunció que se quieren legalizar los asesinatos y torturas del Ejército.
Esa placa se colocó sin la presencia de los familiares de Rosendo Radilla y de otros desaparecidos de la guerra sucia, y no se invitó a la actividad a las organizaciones que demandan justicia.
En la colocación de la ofrenda floral los familiares y miembros de la organización explicaron que la vicepresidenta de la organización, Tita Radilla Martínez no pudo asistir porque estaba en un foro en la Ciudad de México.
Mata Montiel destacó que la defensora de derechos humanos fue para inconformarse por la propuesta de Ley de Seguridad Interior que pretende oficializar mecanismos de desaparición y tortura del Ejército, “son asesinos, han desaparecido personas, torturado y ahora se quiere legalizar que el Ejército torture y desaparezca a la gente como lo hizo con Rosendo Radilla hace 42 años, con dos días que se llevó al cuartel que había en Atoyac”.
El secretario ejecutivo de la Afadem dijo que este es un día importante para la organización, porque el caso Rosendo Radilla ayudó a modificar las leyes mexicanas después de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sentenció al Estado mexicano.
A 103 tres años de su nacimiento dijo que los familiares y la organización exigen la presentación con vida de Rosendo Radilla y de más de 500 desparecidos de Atoyac en la época de terrorismo de Estado en la década del 70, cuando miles de militares sitiaron el municipio y desaparecieron a más de 300 ciudadanos.
La bisnieta del desaparecido, Cintia Martínez Nogueda destacó que en tres generaciones de su familia no han visto investigaciones serias en el caso.
Criticó que en las excavaciones que ordenó la Comisión Interamericana de los Derechos Humano (CIDH) para localizar los cuerpos, se van posponiendo porque las autoridades dicen que no hay dinero y que esperen.
Destacó que su abuela Tita Radilla ha persistido y luchado pese a muchas adversidades, lo que les da ánimo y fuerza a las nuevas generaciones para exigir justicia.

Se quedará el campamento militar en la entrada de Petaquillas, advirtió el jefe del Ejército

 

El comandante de la Novena Región Militar, general Germán Javier Jiménez Mendoza, dijo que el campamento en Chilpancingo se mantendrá, pese a las protestas de vecinos y policías rurales de Petaquillas que denunciaron que fueron intimidados por los soldados.
Consultado al finalizar la sesión del Grupo Aca afirmó que la Ley de Seguridad Interior sobre el papel del Ejército en tareas de seguridad, se debe aprobar en el Congreso porque “es para bien de todos”.
Del marino asesinado en la colonia Emiliano Zapata por hombres armados informó que se comunicó con la Secretaría de Marina “por esa pérdida tan importante. Y es gente que está trabajando para Acapulco y está perdiendo”.
Consideró que independientemente del ataque ocurrido el martes, hay coordinación entre las entidades encargadas de la seguridad.
De Ley de Seguridad Interior, Jiménez Mendoza expuso que se requiere que se emita para delimitar sus acciones “para bien de todos surja esta ley, para que nos marque las responsabilidades que tendrá cada una de las autoridades responsables de proporcionar la seguridad a toda la sociedad, no es una seguridad para las fuerzas armadas, es para todo el país”.
Mencionó que ahí se define cómo participará el Ejército, “en qué momento, en qué área, bajo qué esquemas y cuál sería la responsabilidad de cada ente que tiene que participar para dar ese ambiente de seguridad”.