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Beristain: falta voluntad política para investigar las irregularidades de la PGR en el caso Ayotzinapa

El integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Carlos Martín Beristain, lamentó la “falta de voluntad política” para atender las investigaciones internas de la PGR sobre las irregularidades cometidas por Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y otros funcionarios, en las indagatoria sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Dijo que a la fecha, no se han atendido 60 por ciento de las recomendaciones que dejaron los expertos para esclarecer el caso.
Al señalar que las resoluciones de las investigaciones sobre la actuación de los funcionarios y sobre la averiguación previa son coincidentes con algunas de las observaciones del GIEI, Beristain consideró que “es importante es que se tomen decisiones con base en ese informe que muestra esas irregularidades, falencias y problemas en la investigación, y eso contribuiría a generar esos puentes de confianza también con los familiares”.
Entrevistado al término de la presentación de su libro El tiempo de Ayotzinapa (Ediciones Akal en su colección Foca, 2017), el experto español insistió en la urgencia en reconstruir el diálogo entre los familiares de los jóvenes desaparecidos y la PGR, roto a partir de la negativa de la dependencia a sancionar a los funcionarios que incurrieron en graves irregularidades.
Tras señalar que “sin un diálogo y confianza con las víctimas no va a haber investigación adecuada”, Beristain lamentó que al “ejercicio honesto” de la Visitaduría General de la PGR de evidenciar las fallas, “no haya pasos consecuentes, eso muestra falta de voluntad sobre la respuesta a esas cuestiones, no se puede actuar como si eso (la investigación interna) no existiera”.
Beristain, uno de los cinco expertos independientes seleccionados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar apoyo técnico a México, puntualizó que será el Mecanismo de Seguimiento para el caso Ayotzinapa el que determinará el avance de las líneas de investigación que plasmó el GIEI en sus dos informes.
Durante la presentación de El tiempo de Ayotzinapa, Beristain expuso que se trata de un “un mosaico de historias” sobre el camino recorrido por los cinco integrantes del GIEI en busca de contribuir al esclarecimiento del caso.
Beristain, quien para la redacción de su texto regresó a sitios donde se desarrollaron algunas de las experiencias narradas, sostuvo que su libro aborda también “cómo se cerró un camino en un momento, cómo se trató de desviar la investigación, y esas no fueron dificultades propias de una investigación, que las hay en todas las investigaciones, sino que estaban motivadas por el miedo a la verdad”.
Ante algunos de los padres de los jóvenes desaparecidos, el médico español reconoció que como en otros países en los que ha colaborado en la atención de víctimas de graves violaciones a derechos humanos, han sido las familias de los normalistas quienes “empujan” para llegar a la verdad.
Beristain retomó la frase que los padres y madres de los estudiantes han repetido infinidad de veces para tratar de sensibilizar a funcionarios de la PGR para que atiendan el caso, “póngase en mi lugar”, lo que para él significa tener empatía con las víctimas, condición indispensable para avanzar.
“Esa empatía es la energía transformadora, sin ella no hay transformación, no hay política frente a la problemática de los desaparecidos y no hay solución para ese círculo de violencia-impunidad-corrupción que desgraciadamente atenaza la experiencia de este país, México”, sostuvo.
El experto en la atención psicosocial a las víctimas estimó que su texto podría contribuir no sólo a la lucha de los familiares de los 43, sino también los de otros desaparecidos, para “que puedan verse identificados (…) o que les pueda representar al menos un espejo de dignidad”.
Carlos Martín Beristain informó que en el segundo periodo que participó como coadyuvante del caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, se encontraron obstáculos motivados “por el miedo a la verdad”.
Ante algunos de los padres de los jóvenes desaparecidos, el médico español aseguró que la verdad siempre emerge si se le empuja “y son los familiares quienes la empujan, esa verdad tendrá más impacto del que pensamos”.
La presentación se trasmitió en Internet desde el museo de la Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México. Allí el doctor en sicología, veterano investigador de violaciones a los derechos humanos, dedicó la publicación a los 43 normalistas y a las familias de los miles de desaparecidos en el país, 26 mil 274 hasta octubre de 2016, según el dato que aportó la politóloga Denise Dresser en su intervención.
También se refirió a los jóvenes del equipo de fútbol Los Avispones. Precisó que “esta historia no es la de El Chuky, La Rana, ni de Abarca”, algunos de los inculpados en quienes la Procuraduría General de la República (PGR) sustentó su principal versión de los hechos, que dice que los jóvenes fueron incinerados en un basurero en Cocula, pero fue descartada científicamente por el GIEI y otros investigadores independientes.
Afirmó que el libro es de los familiares, de Los Avispones, de los normalistas, con quienes tuvo empatía desde la primera visita a Guerrero cuando los cinco extranjeros del grupo llegaron al país.
Mencionó que en la escuela Normal Rural de Ayotzinapa los padres les pidieron “no se vendan”, y con el paso del tiempo entendió que había varias formas de neutralizar su labor, y cobró sentido la petición de los familiares.
Escribir este libro de vivencias fue otra forma de procesar una historia insólita, dura, que no se podía contar a través de los informes que redactaron, particularmente en su segundo de mandato cuando se trató de desviar la investigación, reveló.
Recordó que a pesar de que no lograron desentrañar dónde están los 43 estudiantes desaparecidos, en la presentación del informe final en Ayotzinapa los padres de familia estaban sonrientes, agradecidos, y uno ellos explicó, “estamos más sonrientes porque se nos ha quitado el peso de la mentira”.
“No sé cuánto pesa la mentira, pero sé que la verdad es sanadora y sé que viene otra comisión a tratar de esclarecer el hecho”, expuso.
Martín Beristain cuestionó el traslado de funcionarios como Tomás Zerón de Lucio a otra institución de gobierno, la negación de que se trataba de un caso de desaparición forzada, peritajes de ínfima calidad, “que describe cómo el gobierno ignora una y otra vez la hipótesis del quinto autobús y la multimillonaria industria de la heroína en la región”.
Dijo que esas actuaciones contadas en el libro, evidencian que en la PGR nadie quiere tomar como línea de investigación el negocio de la droga, el negocio del crimen, y la sociedad sigue esperando una versión creíble “tan ausente como los 43”.
La única respuesta que explique lo anterior, dijo, “es una estrategia de comprar tiempo, para que se olvide por el gasolinazo, por Trump o con la siguiente elección”.
Denunció que Ayotzinapa revela un patrón que ya ocurrió y sigue ocurriendo, “perverso de desapariciones forzadas que nadie investiga, autoridades que no proveen justicia ni reparación del daño”.
Citó, “curiosa la forma en que representantes institucionales le dicen a la gente cómo debe afrontar su pérdida, mientras no le dice lo que necesita: la verdad”.
Recordó que al retirarse de la investigación, los miembros del GIEI dijeron que ojalá pudieran ser una clase de vacuna para que Ayotzinapa no se repitiera en México, que la PGR no siguiera fabricando culpables, para que hubiera una ley de desaparición forzada, sin embargo, “parece que se fueron pidiendo lo imposible, que el Estado se reforme asimismo cuando le ha convenido no hacerlo”.
A la fecha, aseguró que no se han atendido 60 por ciento de las recomendaciones que dejaron los expertos para esclarecer el caso.
En la presentación participaron el periodista Luis Hernández Navarro, responsable de la sección editorial del diario La Jornada, la politóloga y colaboradora de Proceso, Denise Dresser, y el escritor Juan Villoro.

Solicitan ONG a la CIDH que admita el caso del indígena nahua asesinado por militares en Huamuxtitlán en 2009

 

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, el Centro Regional José María Morelos y Pavón, acompañados del Centro Robert F. Kennedy para la justicia y los derechos humanos solicitaron la admisión del caso del náhuatl Bonfilio Rubio Villegas asesinado por soldados en un retén en Huamuxtitlán en junio de 2009, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
La petición se da ahora que se discute la Ley de seguridad interior en el Congreso de la Unión que busca darle un marco jurídico a los militares para estar fuera de sus cuarteles, y en la militarización de Guerrero.
En conferencia de prensa transmitida en línea desde la Ciudad de México, el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández mencionó que el único militar acusado de homicidio culposo en este caso fue exonerado “porque los jueces le tienen miedo a los militares”, así como ahora los diputados “se doblegan ante la línea dura del poder” y preparan una ley para regular la impunidad que gozan las fuerzas castrenses.
Aseguró que el Ejército se erige por encima de la autoridad civil, toma el control del territorio y no hay quién le ponga un alto, como ocurrió en la agresión a balazos contra el autobús del servicio público donde viajaba Bonfilio, y el agente del Ministerio Público se supeditó a las decisiones de los militares.
El subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Santiago Aguirre acusó a los jueces de actuar de forma tendenciosa cuando los inculpados son militares y no civiles, ya que los asesinatos de civiles por soldados son juzgados sólo como homicidio doloso y no culposo.
dijo que debe considerarse como agravante que funcionarios públicos capacitados para el uso de armas de fuego y de la fuerza letal atenten contra la vida, “si un militar disparó indiscriminadamente contra un autobús lleno de pasajeros debió saber que puede privar de la vida a alguien, así como ocurre en otros países”.
En la conferencia en el Centro Prodh también estuvo el hermano de Bonfilio, José Rubio Villegas para informar que su familia decidió llevar el caso a la CIDH porque no es el único homicidio que han cometido los militares en Guerrero.
También náhua de la comunidad de Tlatzala, municipio de Tlapa de Comonfort, relató que durante siete años han exigido castigo para el soldado que disparó a Bonfilio, y a quien dio la orden de que disparara.
“Un soldado no hace nada solo, recibe órdenes para la acción, el Ejército ha hecho cosas que no debe hacer, hace investigaciones pero todo a su favor, cuando a nosotros como víctimas no nos dan esa facultad de presentar pruebas de cómo fue el caso, sino que ellos hacen, plantan enervantes en el autobús donde iba mi hermano, lo que no encontraron antes en una revisión lo encuentran cuando mi hermano ya está muerto”.

Soldados del 93 Batallón de Infantería dispararon al camión, mataron a Bonfilio y después sembraron droga

En una reseña del caso Santiago Aguirre relató que en junio de 2009 Bonfilio Rubio Villegas, originario de Tlatzala abordó el autobús de la línea Sur lleno de pasajeros de Tlapa, y cerca de Huamuxtitlán el camión fue detenido por soldados del 93 Batallón de Infantería que tenían ahí un retén.
Luego de un escrutinio ilegal a los pasajeros y que el chofer reinició la marcha sin que lo autorizaran los soldados, éstos dispararon de manera indiscriminada y desproporcionada contra el camión. Dos balazos pegaron al medallón del vehículo, en el cuello y el cráneo de Bonfilio.
En ese momento el Ejército tomó control de la escena del crimen, manipuló la evidencia al extremo de sembrar enervantes para acusar de los sucesos al chofer del autobús.
Santiago Aguirre dijo que las primeras diligencias recayeron en el Ministerio Público (MP) militar, y tras una larga lucha jurídica el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en una sentencia histórica en agosto de 2012, declaró inconstitucional el fuero militar y ordenó sacar la causa penal por homicidio del juzgado militar y que de ella tomara conocimiento un juzgado de distrito.
Hasta entonces la familia y sus abogados constataron las deficiencias de la actuación militar, no fue posible remontar esas “enormes deficiencias por actuación parcial y tendenciosa”, y el juzgado de Distrito exoneró al único militar acusado de los hechos.

El juez séptimo de Distrito avaló todas las actuaciones del MP militar

De las irregularidades, Abel Barrera indicó que el Ejército tomó el control de la escena y sembró droga, ·estaba armando la investigación para proteger a los perpetradores”.
El MP militar hizo la reconstrucción de los hechos, pidió a los cuatro soldados que dieron positivo en el uso de arma de fuego que se colocaran en la posición en que dispararon, y así determinaron que Valentín Alejo Hilario fue el que mató a Bonfilio.
En lo civil el juez séptimo de Distrito avaló todas las actuaciones del MP militar, pero consideró que las pruebas de balística basadas en declaraciones no eran suficientes para establecer la responsabilidad penal, y exoneró al inculpado.
En ese sentido José Rubio dijo que la injusticia “nos duele como familia y nos da esa fuerza para buscar justicia, la verdadera justicia, se agotaron las instancias con lo militar, ganamos que el caso de mi hermano fuera a un juez civil, desgraciadamente no se pudo lograr nada, la persona que estaba detenida ahora está absuelta, vemos tristemente que no tenemos otra opción más que dar un paso a otra instancia. Tenemos derecho que el gobierno reconozca el delito del Ejército en contra de la sociedad. Espero que este testimonio sirva para que otros levanten la voz. Rechazamos la militarización del país”.

No se garantizó el derecho a la vida, a la integridad personal ni a las garantías judiciales

Vía telefónica desde Washington, Angelita Baeyens del Centro Robert F. Kennedy explicó que en la solicitud de admisión de caso en la CIDH se exponen las violaciones cometidas por el Estado mexicano al no garantizar el derecho a la vida de Bonfilio Rubio Villegas y a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial de sus familiares pactados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Dijo que la militarización de la entidad en el marco de la guerra contra el narcotráfico lejos de redundar en un mejoramiento a la situación de inseguridad y violencia, genera un ambiente propicio para la impunidad ante graves violaciones a derechos humanos.
Consideró que la revisión del proceso por la CIDH va a dejar un precedente que ayude a que no vuelvan a ocurrir casos como el de Bonfilio, y a evitar que la impunidad siga reinando en estas situaciones.
Del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Manuel Olivares habló de los riesgos de que el Ejército patrulle las calles, como hace en Guerrero desde la época de la guerra sucia, que dejó a más de 500 ciudadanos desaparecidos. Aunque en muchos casos estuvo involucrada la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), sólo el caso del líder campesino Rosendo Radilla Pacheco fue documentado y concluyó con una sentencia contra México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Desde entonces los militares están en las calles y no han significado mayor seguridad, por el contrario, la violencia se ha incrementado”, expuso, y mencionó que en Chilapa en marzo de 2015 la cabecera municipal estuvo resguardada por militares y aún así 30 vecinos fueron privados de su libertad, y siguen desaparecidos.
Además se ha documentado que el Ejército participó en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala.

Hace 10 años irrumpió en Tierra Caliente el grupo delictivo La Familia Michoacana

 

Desde finales de 2005 en la región Tierra Caliente irrumpen cárteles de la droga que intentan controlar esta zona y sus colindancias con el estado de Michoacán, antes controlada por el cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
Es una zona geográfica en la que colindan el Estado de México, Michoacán y Guerrero y donde convergen carreteras que cruzan desde la costa a la sierra y sus rutas de salida hacia el norte de la República.
La lucha por el área comenzó a inicios del 2006 y una célula de los Zetas a finales del año se presentó con el nombre La Familia Michoacana. Así quedó asentado en los primeros narcomensajes que aparecieron en Altamirano, municipio de Pungarabato.
Para finales de 2007 el control de ese grupo delincuencial era mayor.
Una división interna entre el grupo de narcotraficantes de los Beltrán Leyva provocó que los líderes de las células que estaban en la Tierra Caliente pactaran con La Familia Michoacana, y así se posicionaron más rápido de esta región.
Según fuentes militares, para 2008 La Familia Michoacana tenía el control de la mayor parte de Michoacán, además de los 14 municipios de la Tierra Caliente en Guerrero.
En Guerrero controlaban Zirándaro, Pungarabato, Cutzamala de Pinzón, Arcelia, Tlapehuala, Ajuchitlán, San Miguel Totolapan, Tlalchapa y Coyuca de Catalán.
Algunas células que quedaron de los Beltrán Leyva intentaron recuperar los territorios en varios momentos y con apoyo del capo Édgar Valdez Villareal, La Barbie, pero sin éxito.
En marzo del 2011 unas mantas colocadas en Pungarabato y Coyuca de Catalán dijeron que había una división interna en La Familia Michoacana, la separación era en la región de Tierra Caliente entre Los Caballeros Templarios y La Familia Michoacana.
Esa división permitió la entrada de otras células criminales a esta región, como el cártel Guerreros Unidos o el Jalisco Nueva Generación que en diferentes momentos han incursionado en los municipios de Coyuca de Catalán, Zirándaro, San Miguel Totolapan, pero sobre todo en la parte de la sierra de Tierra Caliente.
Fuentes militares informaron del crecimiento de La Familia Michoacana en Tierra Caliente del Estado de México, bajo el liderazgo de José María Chávez Magaña, El Pony.
En julio de 2014 el comisionado nacional de Seguridad Pública, Monte Alejandro Rubido informó que fue detenido uno de los más importantes líderes del cártel de La Familia Michoacana, Chávez Magaña.
El Pony fue considerado uno los hombres más fuertes del cártel y protector del capo Jhony Hurtado Olascoaga, El Pez, quien se ha atrincherado en el municipio de Arcelia desde donde mantiene el control de una ruta de trasiego de drogas que iba de los municipios de Apaxtla y Cuetzala hasta el sur del Estado de México, como Tlataya.

Un pacto entre narcos para el cobro de cuotas

Fuentes militares dijeron que La Familia Michoacana mantuvo el control de la mayor parte del territorio colindante entre Guerrero y el Estado de México del lado de Arcelia, entre ellos Tlalchapa, Ajuchitlán, San Miguel Totolapan, y los municipios de Tlatlaya y San Pedro en el estado de México, debido a El Pez, en tanto que en Altamirano Rodolfo Maldonado Bustos, Don José, mantuvo el control de las colindancias entre Guerrero y Michoacán con Los Caballeros Templarios, como Altamirano, Cutzamala y Coyuca de Catalán. Además Huetamo, Michoacán y San Lucas.
Un pacto en 2011 evitó que estos grupos se confrontaran.
Los enfrentamientos y balaceras a plena luz del día y en zonas céntricas por la pelea de territorios se convirtieron en la tranquilidad comercial, pero bajo el cobro de cuota de los grupos criminales a todos los comerciantes de la región para permitirles trabajar.
Para 2013 en San Miguel Totolapan se vislumbraba un nuevo conflicto territorial tras una división de una célula de La Familia Michoacana controlada por Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero.
Desde marzo del 2014 hasta mayo del 2015 la Fiscalía General del Estado (FGE) registró ocho ejecuciones que aparecieron con narco mensajes en contra de la banda de El Tequilero. Estos homicidios fueron principalmente en las colindancias entre Ajuchitlán y San Miguel Totolapan. Todos los narcomensajes estaban firmados “FM” (Familia Michoacana).
Bajo el control de la Policía Municipal El Tequilero se empoderó en San Miguel Totolapan. Las últimas denuncias y órdenes de aprehensión en su contra muestran la relación de siete mandos policiacos de esta corporación vinculados a su grupo.
En marzo de este año según reportes policiacos, Arnulfo Pineda Pérez, El Boinas, fue detenido por policías estatales y encarcelado formalmente en Arcelia por homicidio calificado, en agravio de José Antonio Ceferino Gil. Fue detenido en un retén bajo la orden CUAU/SC/02/00050/2015.
Arnulfo Pineda fue el último comandante que tuvo la Policía Municipal de San Miguel Totolapan en el periodo de Saúl Beltrán Orozco. En la misma orden de aprehensión se incluyen a seis policías más, además de a El Tequilero.
Tres narcomensajes en 2014 anunciaron la aparición del “comando suicida tequileros”, peleando por San Miguel Totolapan y sus fronteras con Arcelia.
Bajo el lema de que San Miguel Totolapan debería de ser para los de San Miguel Totolapan y no para los de Arcelia, El Tequilero asumió el control de la mayor parte del municipio, sobre todo de las partes baja y rural.
“Esto le va a pasar a todos los que le pasen información al Pescado (Johnny Hurtado Olascoaga). Atentamente El Tequilero”, decía el mensaje sobre el cuerpo de la ex regidora panista del municipio de San Miguel Totolapan, María Félix Jaimes Álvarez, quien apareció ejecutada en junio del 2014.
En la sierra se conformaron desde 2015 autodefensas en Los Encinos, Linda Vista y Petlacala. La intención era parar a grupos criminales que subían y atacaban pueblos completos. Entre ellos incluyeron al grupo de El Tequilero como lo hicieron desde el 12 de diciembre vecinos de San Miguel Totolapan.
El Tequilero ya no entraba a la sierra debido a la organización de los pueblos y la entrada de otros grupos, tanto de la costa como del lado de Arcelia y de Apaxtla.
Ante la disminución del territorio, El Tequilero comenzó a secuestrar masivamente a vecinos de Tierra Caliente.
En el último año la Fiscalía de Guerrero le atribuyó más de 40 secuestros, por los cuales cobró rescates y a algunas de sus víctimas las ejecutó.

El relevo del jefe del 27 batallón busca proteger a quienes desaparecieron a los 43, denuncian los padres

El representante de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, Melitón Ortega declaró ayer en esta ciudad que la Procuraduría General de la República (PGR) no ha informado de la inspección de sus agentes en el paraje Las Parotas, al poniente de Iguala, donde se buscan posibles entierros clandestinos.
En declaraciones a reporteros al término de las actividades del segundo día de la Caravana por la Memoria y la Esperanza, consideró que el relevo de mandos en el Ejército es para “proteger” a los que participaron en los ataques y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, en referencia al cambio de mando en el 27 Batallón de Infantería.
De las exploraciones de posibles entierros clandestinos que iniciaron el martes peritos forenses, antropólogos y agentes de los ministerios públicos de la Procuraduría General de la República (PGR) en la zona de Las Parotas, cerca del lugar de hallazgo de fosas clandestinas, dijo que a los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos no se les está dando información de estas diligencias.
Informó que apenas se reunirán con sus abogados para saber qué es lo que está haciendo la PGR, porque “nosotros no tenemos conocimiento”.
Recordó que una de las exigencias de los padres es que la PGR tiene que avanzar en las investigaciones con la presencia de sus abogados, lo cual fue un acuerdo.
Sostuvo que “ya no hay confianza en la PGR, en el trabajo que realizan, ni en la investigación ni en la búsqueda”, aunque no descartó que en esa diligencia este alguno de los representantes legales de los padres.
Mencionó los cambios, rotaciones y ascensos en el Ejército y en particular el caso del 27 Batallón de Infantería de Iguala, señalado de operar los ataques contra los normalistas, en donde ya hubo dos cambios de jefe militar, uno fue el coronel José Rodríguez Pérez, quien a finales de julio de 2015 fue relevado en el cargo y ascendido a general brigadier, después de los ataques a los 43 normalistas.
El representante de los padres consideró que estos cambios y ascensos a mandos militares son parte de la “protección” para que nunca se investigue al general José Rodríguez ni a los soldados que tuvieron qué ver, “fue ascendido y lo están premiando, es una manera de proteger a este comandante para que nunca se le investigue y que esta investigación nunca se esclarezca”.
De la investigación de la periodista Anabel Hernández que revela que se usaron armas registradas en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que sólo portan sus soldados, y que fueron utilizadas en los ataques a los normalistas, Melitón Ortega exigió que el gobierno dé una explicación de por qué fueron hallados esos casquillos, “¿acaso las armas del Ejército tienen que estar en manos de otras organizaciones y de otras personas?, o ¿cuántas veces se les han perdido las armas o municiones a los soldados del Ejército, o en qué momento pasó”, fueron algunos de los cuestionamientos que hizo.
Una reportera le preguntó de su próxima reunión con el procurador de la República, Raúl Cervantes Andrade, y el representante de los padres indicó que en tanto no se les informe de la investigación en contra del ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, de la detención de dos policías federales y una línea en la que se investigue a los policías municipales de Huitzuco, “no tenemos nada a qué regresar, porque no hay nada qué platicar, queremos avances y resultados en las líneas de investigación”.

 

Buscarán la creación de una fiscalía internacional para hallar justicia, anuncian los padres de los 43

En el comienzo de la Caravana por la Memoria y la Esperanza, padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos informaron que buscarán la creación de una fiscalía internacional, porque “los que están en el poder no se van a castigar solos”.
Volvieron a responsabilizar al Ejército de la desaparición forzada de sus hijos, e insistieron en que falta voluntad del gobierno federal para encontrar la verdad desde el principio, a dos años y casi tres meses de la agresión de agentes del Estado contra estudiantes en Iguala.
En conferencia de prensa en el casco de la Normal Rural de Ayotzinapa informaron de las actividades de fin de año que incluyen la Acción Global por Ayotzinapa, el día 26, con una marcha-peregrinación a la basílica de Guadalupe y una misa celebrada por el arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias Merlos y el obispo activista de Saltillo, Raúl Vera López.
La mamá del normalista desaparecido Benjamín Ascencio Bautista, Cristina Bautista Salvador explicó que “van a ver a la virgen de Guadalupe, la reina de México, para que les siga dando fuerzas a nuestros hijos. Tenemos fe y esperanza de que van a regresar con vida”.
El papá del estudiante José Ángel Navarrete, Emiliano Navarrete Victoriano señaló la falta de voluntad de las autoridades para encontrar a los 43 estudiantes, a pesar de que todas las investigaciones independientes señalan a los agentes del gobierno, como las revelaciones de la periodista Anabel Hernández que hace tres días presentó en la escuela su libro La verdadera noche de Iguala.
Subrayó “estamos aquí para seguir adelante, pidiendo que sigan las recomendaciones de los expertos internacionales, por sí solo el gobierno no tiene voluntad, sí tiene facultades y capacidades pero desde un principio no ha querido dar respuestas”.
La caravana comenzó a las 11:30 de la mañana en la Normal Rural con una conferencia de prensa y una actividad cultural a las 5 de la tarde. Hoy se trasladarán a Iguala, donde fueron los ataques la noche del 26 de septiembre, a las 10 de la mañana y regresarán a la escuela para salir muy temprano el jueves a Taxco.
El padre reconoció la labor de los activistas, organizaciones sociales y medios de comunicación que dan cobertura a su demanda de presentación de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, para poder continuar esta lucha frente a la simulación de las autoridades responsables de investigar e impartir justicia.
“Este gobierno no tiene corazón, esa voluntad… señala que nuestros jóvenes estaban involucrados con el crimen organizado y no hay un elemento de prueba que incrimine a nuestros hijos”, al contrario, recordó que todas las pruebas de diferentes investigaciones señalan la relación de gobierno y la delincuencia, “es más, ellos (las autoridades) son la delincuencia”, afirmó.
El representante de los padres, tío del normalista desparecido Mauricio Ortega Carlos, Melitón Ortega se refirió a los golpes que desde el gobierno han propinado al movimiento.
“Después de la satanización aquí seguimos, en una alianza de unidad estudiantes, padres y organizaciones sociales para que la llama no se apague, y el próximo año seguir la lucha con una nueva estrategia”, adelantó.
Consideró que el gobierno federal intenta desviar la atención del caso Ayotzinapa y dividir a los actores que los apoyan porque sabe que la Policía Federal y la Ministerial intervinieron en los ataques en Iguala, así como los soldados en la desaparición forzada.

Exigen cárcel para Tomás Zerón y para Enrique Galindo

El vocero Felipe de la Cruz, papá de un alumno sobreviviente de los ataques, señaló que Guerrero está militarizado por una política de terrorismo de Estado para callar las voces de protesta con balas de policías y militares, e imponer las reformas del presidente Enrique Peña Nieto.
Aseguró que eso pasó con los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala y mediante documentos oficiales la periodista Anabel Hernández señala una lista nombres con apellidos de los perpetradores, como de los funcionarios que trataron de encubrir los hechos, creando la tesis conocida como “verdad histórica”.
“Definitivamente los que están en el poder no se van a castigar solos. Vamos a buscar los medios para crear una fiscalía internacional que pueda juzgar el caso desde fuera. Los militares no controlan la delincuencia, no frenan los crímenes, al contrario, con ellos en la calle se desata la violencia”.
Como ejemplo mencionó a Acapulco, sede de la Novena Región Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de una base naval de la Marina de la Armada de México, donde confluyen las autoridades policiacas municipales, estatales y federales, sin embargo se mantiene como un foco rojo de violencia en el país.
Reiteró la demanda de cárcel para el ex director de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR), Tomás Zerón De Lucio, ahora secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional, porque confabuló para crear la “verdad histórica”, que dice que los 43 normalistas fueron entregados por policías municipales al grupo de narcotraficantes Guerreros Unidos, y que ellos los asesinaron y quemaron hasta la cenizas en un basurero en menos de un día. Así como a Enrique Galindo, comisionado general de la Policía Federal separado del cargo el 28 de agosto, porque engañó a los padres simulando la búsqueda de los estudiantes.
Con los padres estuvo un representante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Gonzalo Martínez Villagrán de la sección 9 de la Ciudad de México, que acompaña la gira.

La bitácora de la caravana

La Caravana por la Memoria y la Esperanza estará el 23 de diciembre en Xoxocotla, Morelos, los integrantes ofrecerán una conferencia a los medios locales y sostendrán una reunión informativa con representantes de organizaciones sociales, y a las 4 de la tarde en Cuernavaca tendrán una marcha procesión de la glorieta Niño Artillero para concluir con un mitin en el Zócalo.
El 24 en Amilcingo, Morelos, habrá una conferencia de prensa y en Tepoztlán una reunión con organizaciones,
A las 10 de la mañana el 25 se prevé un acto de recepción para recibir a la caravana en la Ciudad de México. El día de la acción global de cada mes, el 26 de diciembre, a las 10 de la mañana la peregrinación será de Peralvillo a la basílica de Guadalupe. Cierran la jornada el 27 de este mes con una ofrenda floral en el lugar de los ataques, en Iguala.

Legislar para que los soldados hagan labores de seguridad es militarizar al país: Tlachinollan

 

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra denunció que si se regula la actuación de los soldados en funciones de seguridad pública, “entraremos en un régimen militarizado”.
Reconoció que la ola de violencia en Guerrero y otras entidades del país tiene a la población desesperada, al gobierno, e incluso diputados de izquierda quieren mantener a los militares en labores de investigación y seguridad pública, porque las corporaciones policiacas y los gobiernos municipales están infiltrados por las bandas del narcotráfico.
Mencionó que en Costa Grande la Familia Michoacana, en la zona Centro Los Ardillos y Los Rojos ponen alcaldes y diputados.
En este escenario, dijo que “nadie confía en los policías y piensan que los únicos que pueden salvarlos en esta desesperación son los militares, pero se comete un error”.
Vía telefónica aclaró que el negocio de las drogas no se limita a los policías, están implicados políticos, empresarios que limpian el dinero sucio, y el modelo económico favorece al crimen organizado.
En tanto esa situación prevalezca, “se le estará dando un cheque en blanco a los militares para el autoritarismo, la mano dura, para que se cancelen los derechos fundamentales de los ciudadanos”, advirtió.
Recordó que los instrumentos internacionales dicen que en sociedades democráticas la seguridad pública no puede estar en manos de los ejércitos, pues esa es una tarea de la policía, y la formación de los soldados es eliminar al enemigo, matar.
Así los soldados no caben en la seguridad pública, donde tienen que interactuar con la población civil, aplicar ciertos protocolos en proporción y racionalidad con las leyes, que no observan los militares.
Indicó que la experiencia de golpes en América Latina, los gobiernos militares representan lo más oscuro de la historia: se formaron las dictaduras, hubo miles de desaparecidos, asesinados, encarcelados, principalmente disidentes políticos.
En Guerrero, en la década de 1960 y 70, el Ejército salió a encargase de la seguridad y se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, en la llamada guerra sucia.
De casos recientes señaló el homicidio de Bonfilio Rubio Villegas, transeúnte del servicio público, asesinado por soldados después de una revisión en un retén de Huamuxtitlán en 2009, “porque en el autobús iba una persona con bota militar, eso ocasionó una discusión y después de que el camión se retiró, a menos de 50 metros de distancia los militares descargaron sus armas”.
Como ese, aseguró que hay muchos casos en el país, además de los ataques directos contra grupos de civiles desarmados, como en Tlatlaya en el Estado de México, y del 26 y 27 de septiembre en Iguala contra estudiantes de Ayotzinapa.
Recordó las recomendaciones del relator contra la tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de los Grupos de Trabajo sobre desapariciones forzadas, libertad de expresión, detención arbitraria, desplazamiento forzados que llaman al gobierno de México a cesar la actividad militar en seguridad pública, a capacitar a las fuerzas policiales y regresar a los soldados a su función original. Pero en lugar de que regrese a los cuarteles, ahora piden facultades legales para estar en las calles, contradiciendo la propia constitución, se quejó.
Aclaró que hoy el Ejercito es un gobierno paralelo a los poderes formales en el país, “nadie se imagina a un agente del Ministerio Público llamando a comparecer a los soldados o a un policía obligando a militares a comparecer, o implementar una orden contra alto mando de las fuerzas armadas”.
“Es ahí donde el Ejército fija una posición política, a no ser sometido a una investigación, a no rendir cuentas, es la institución más hermética, no está abierto al escrutinio público, sólo ellos saben lo que pasa en las fueras armadas, carece de controles civiles”, explicó.
A pesar de que hay muchos militares en los mandos de seguridad pública en los tres órdenes de gobierno, opinó que no están exentos de infiltración y cooptación del crimen organizado.
“Aún estamos en un régimen civil, porque es ilegal que un militar entre a una casa a hacer un cateo, a detener a una persona, pero si se aprueba un marco legal los ciudadanos no tendrán forma de defenderse de las arbitrariedades, con facultades legales se va convirtiendo en un régimen militarista”, insistió.
Consideró que los foros a los que llaman diputados locales para discutir una ley que regule la actuación de militares en funciones de seguridad pública, tendría que ser para “arreglar toda esa cloaca en las instituciones, en las policías, qué pasa con los ayuntamientos que se convirtieron en promotores de la droga, precisamente donde la violencia está desbordada”.

Cierran normalistas la Autopista del Sol y lanzan petardos a la 35 Zona Militar en Chilpancingo

Padres de los 43 alumnos de Ayotzinapa desaparecidos y normalistas tomaron una hora la caseta de Pablo Blanco en la Autopista del Sol, donde confrontaron y corrieron a empujones a un funcionario estatal, y de regreso a la escuela lanzaron piedras y petardos contra la 35 Zona Militar que se encuentra de paso sobre el bulevar Vicente Guerrero de esta ciudad.
La protesta frente a las instalaciones militares duró unos tres minutos y los manifestantes embozados colocaron la leyenda “Saavedra Hernández asesino”, en alusión al ex comandante de la 35 Zona Militar en Chilpancingo, ascendido a comandante de la Novena Región con sede en Acapulco después de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, y hace 15 días nombrado inspector y contralor general del Ejército.
Según recientes investigaciones periodísticas ese militar fue de los primeros mandos en conocer de los ataques a los estudiantes de Ayotzinapa, y en saber qué pasó con los desaparecidos porque en ese periodo tenía bajo su responsabilidad al 27 Batallón de Infantería de Iguala.
La protesta de los padres comenzó alrededor de la una de la tarde en la caseta de cobro de Palo Blanco, al sur de la capital, sin obstruir por completo el tránsito, mientras una patrulla de la Policía Federal en el entronque anterior desviaba la circulación para que los automovilistas evitaran la manifestación pacífica.
Al lugar llegaron seis camiones con policías antimotines y ocho patrullas de la Policía Federal, que guardaron unos 500 metros de distancia de la protesta, donde ya se habían colocado lonas en demanda de justicia para los normalistas Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, asesinados el 12 de diciembre de 2011 en un desalojo a balazos perpetrado por policías federales, estatales y ministeriales, y leyendas contra los militares.
Representando a la Secretaría General de Gobierno, Jorge Miranda Huesca llegó a la carretera y se acercó a los manifestantes para conocer sus planteamientos, y en el calor de la protesta fue rodeado de inconformes que le lanzaron reclamos.
En ese momento lanzó el brazo hacia atrás y golpeó a la señora Macedonia Torres Romero, mamá del normalista desaparecido José Luis Luna, de Amilcingo Morelos.
Entonces, los reclamos subieron a empujones y manotazos al grado de que el funcionario salió de prisa y en la salida cayó al suelo. En ese momento el abogado de los padres de familia, Vidulfo Rosales Sierra intervino y lo ayudó a levantarse.
En declaraciones posteriores, Rosales Sierra señaló que hay exacerbación en el movimiento social, que lleva a padres y estudiantes a “tomar posturas duras” por la falta de respuesta, pero consideró que la policía también debe implementar protocolos adecuados para tratar distintas situaciones.

Que investiguen al Ejército y el trasiego de heroína juntos, demandan

De la protesta Rosales Sierra informó que exigen la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos, agilidad en las nuevas líneas de investigación que abrió la Procuraduría General de la República (PGR), como la consignación de los policías federales y de los municipales de Huitzuco, que planteó el Grupo Interdisciplinario Independiente (GIEI) antes de salir del país, en abril y una nueva línea de investigación a la estructura militar que participó de manera directa en los ataques según lo documentó la periodista Anabel Hernández.
Insistió en que la investigación implica de manera directa a militares en la desaparición forzada de los estudiantes.
Dijo que es fundamental profundizar en el trasiego de heroína en la zona, que está unido al Ejercito mexicano.
Sin avances, señaló que “la ira, el coraje, la rabia que los padres tienen es comprensible”, dada las irregularidades evidenciadas, la lentitud en la nueva etapa de investigación y la intención de ocultar la verdad de los hechos.

Bombas contra los militares

Antes de las 3 de la tarde los activistas subieron a los autobuses de regreso. En la puerta principal de la 35 Zona Militar hicieron una breve parada.
Los más jóvenes con el rostro cubierto con playeras y piedras en mano, algunas bombas motolov y otras hechizas, que lanzaron contra las instalaciones. La puerta alta verde aún nueva se encontraba abierta, y apenas fue cerrada al final del ataque.
Los impactos fueron en las paredes, en la copa de unos árboles al interior de las instalaciones y en el piso, así como en parabrisas de tres automóviles estacionados en el exterior.
No hubo respuesta de los militares que cerraron la puerta de unos cinco metros de alto que se colocó después de las protestas de los estudiantes por los ataques en Iguala.
Extraoficialmente se sabía que esta protesta sería en el 27 Batallón de Iguala, pero desde primera hora en aquellas instalaciones se prepararon para la embestida con barricadas de costales y alambre de púas.
Los manifestantes volvieron a la Normal en Tixtla en los mismos autobuses en que llegaron, seguidos por dos patrullas de la Policía Estatal y no se reportaron más incidentes.
La investigación periodística plasmada en el libro La verdadera noche de Iguala dice que los estudiantes habrían tomado sin saber al menos dos autobuses con un cargamento de heroína por un valor de 2 millones de dólares, y los militares recibieron la instrucción de recuperarlo. En este lapso algunos estudiantes se dieron cuenta del contenido del cargamento y por esa razón habrían sido desaparecidos.

Tiene la autodefensa de Totolapan a 18 retenidos; se armaron ante la violencia, justifica el alcalde

 

La recién formada autodefensa de San Miguel Totolapan mantuvo retenidas ayer a 18 personas incluyendo a la mamá del líder criminal Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, con la intención de intercambiarlas por el ingeniero secuestrado Isauro de Paz Duque, con vida, lo que se asentó como acuerdo en una mesa de negociación con representantes del gobierno del estado que acudieron al punto del conflicto para dialogar.
Ayer cerca de las 10 y media de la mañana llegaron agentes del gobierno del estado a San Miguel Totolapan para dialogar con el movimiento que se levantó en armas este lunes, y para pedirles la liberación de las 18 personas que mantienen retenidas.
Por otra parte según un informe oficial, la noche del lunes, los integrantes de las autodefensas soltaron a seis personas de las 24 que mantenían retenidas en la comandancia, a quienes acusan de nexos con la delincuencia organizada y de trabajar para el grupo criminal Los Tequileros.
Entre los retenidos acusados de vínculos con criminales está la regidora priista María del Carmen Barrera Navarro y la madre de Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, la señora Félix de Almonte.

Los acuerdos

La mesa de negociación se canceló casi al mediodía y se retiró el grupo del gobierno una vez que escuchó las inconformidades.
La postura de la autodefensa fue clara desde el principio: no liberar a ningún otro retenido hasta que estuviera libre el ingeniero.
Cerca de las 4 de la tarde se reanudó la mesa de negociación y las demandas de la autodefensa quedaron como acuerdos: Primero que se hará el intercambio de la señora Félix de Almonte, madre de El Tequilero a cambio de la vida del ingeniero Isauro de Paz.
El resto de los retenidos serán puestos en manos del agente del Ministerio Público de Arcelia para su investigación una vez que se haga el intercambio, se respetará la integridad de cada uno y se mantendrá la policía en el lugar como refuerzo a la seguridad.
En la reunión estuvieron Jesús Vargas Vargas director general de Gobernación del Estado, Alejandro Santos González vicefiscal de Prevención, Violeta Carolina Parra Reyna primera visitadora general de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos del Estado, además de una comitiva de siete vecinos de San Miguel Totolapan.
La autodefensa se mantuvo armada, en la tarde hubo reportes de camionetas con civiles armados de El Tequilero muy cerca del centro y eso puso en alerta a todo el grupo que resguarda dos cuadras a la redonda de la comandancia de la policía, donde están los retenidos, pero no hubo ningún enfrentamiento.
Ayer en la reunión hubo versiones de que hay negociaciones con El Tequilero para el intercambio.

“Dónde está mi marido”; se suman al movimiento familiares de víctimas de secuestrados

La presencia militar y policiaca en la cabecera municipal es intermitente, los agentes salen y entran. El argumento es que están buscando al ingeniero en recorridos foráneos.
San Miguel Totolapan está desierto, todos los negocios están cerrados, las casas cerradas, casi no se ve gente en las calles sólo patrullajes de las autodefensas. Algunas viviendas lucen banderas blancas del mismo grupo.
A la zona están llegando personas a sumarse desde muy temprano al movimiento.
Sonia es una mujer de 30 años de edad aproximadamente, acudió con familiares a sumarse al movimiento y expresó, “quiero que me digan dónde está mi marido, lo secuestró El Tequilero”.
Informó que recientemente secuestraron a su esposo, pagó 40 mil pesos por él cuando le pedían 200 mil.
“Estoy embarazada y me hicieron subir una loma para dejar el dinero y a la fecha no sé nada de mi marido, quiero que me lo entreguen por eso estoy aquí, porque quiero que ellos me ayuden a encontrar a mi marido”, dijo la mujer mientras lloraba.

Si el gobernador no atiende San Miguel habrá un enfrentamiento, advierte el alcalde

El presidente municipal Juan Mendoza Acosta, de extracción perredista, dijo a la prensa nacional y estatal que acudió al lugar que si el gobernador Héctor Astudillo Flores no atiende San Miguel Totolapan podría haber un enfrentamiento.
“El pueblo está haciendo su deber, el pueblo se está levantando porque la gente está cansada, mi postura es que lleguemos a un diálogo y que reine la paz, a un término bueno pero que al pueblo se le haga justicia”, dijo.
También expresó que “el tema es la inseguridad, quieren paz, quieren tranquilidad, si el gobierno les garantiza eso desistirán pero además que los tequileros se entreguen”.
“Yo no me he acercado al movimiento pero la situación es así hace 15 días que se levantaron a dos contadoras de aquí, (empleadas municipales), hace ocho días mataron a un tránsito municipal, el domingo se levantan a un ingeniero, eso derramó la gota, la gente se levantó”, relató.
“Yo le pido al gobernador que mire a San Miguel Totolapan porque puede haber un enfrentamiento”.

 

Acuerdan el alcalde y el Grupo de Coordinación recorridos de la Policía Federal en la capital

El alcalde de Chilpancingo, el priista Marco Antonio Leyva Mena informó que este viernes se reunió con el gobernador Héctor Astudillo Flores y mandos militares para hacer una evaluación de la estrategia de seguridad.
En declaraciones a reporteros, luego de la entrega de certificados de bachillerato en la sala de juntas del Ayuntamiento, explicó que el acuerdo fue mantener las operaciones de revisión a automovilistas y motociclistas, así como los recorridos que de la Policía Federal.
Además dijo que las bases de operaciones del gobierno municipal que se encuentran en Petaquillas y Amojileca, ya no serán “estáticas” y se van a desplegar en diferentes puntos de Chilpancingo.
Para reforzar la seguridad en Chilpancingo, donde han ocurrido 226 asesinatos en lo que va del año, expuso que las autoridades municipales seguirán impulsando el programa de Vecino Vigilante.
Agregó que ha logrado la integración de 122 comités de Vecino Vigilante y que el objetivo en 2017 será incrementar la cifra a 200, además de que se contratará más personal para la policía de proximidad, dando prioridad a jóvenes que hayan realizado recientemente su servicio militar.
Informó que Chilpancingo cuenta con 112 policías municipales evaluados y certificados, y 24 reprobados que serán dados de baja, pero aclaró que esto no afectará las finanzas del Ayuntamiento.
De la postura del Comité Ejecutivo Municipal (CEM) del PRD y algunos regidores que le pidieron que hable del problema de violencia en la ciudad para que el gobierno estatal y federal lo atiendan, y aseguraron que la capital enfrenta una situación grave de inseguridad, dijo que comprendía su postura porque son oposición.
En cuanto a la declaración del secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda quien el jueves manifestó que se necesita legislar para generar un marco jurídico que defina el papel del Ejército en las labores de seguridad pública, y que los soldados no estudiaron para perseguir a delincuentes, Leyva Mena se limitó a decir que sí es necesario legislar para ofrecerle a esa institución certeza en su labor.
“El Estado mexicano le ha pedido la colaboración a una institución como el Ejército para enfrentar temas de inseguridad, temas en los que el marco legal no es el apropiado para las funciones de la Secretaría (de la Defensa) y él dice que no pueden dar los resultados que se quieren sin el marco jurídico legal, por eso se requiere la intervención del (poder) Legislativo”.
En cuanto a los trabajos de rehabilitación de la avenida Miguel Alemán aseguró que han concluido, y sólo falta terminar las banquetas, pero aclaró que esto se debe a que las empresas de Izzi y Telmex no han resuelto el cableado, pero aseguró que todo estará listo para el 18 de diciembre, cuando se celebrará el tradicional paseo del Pendón.

Los gobiernos federal y estatal son omisos con las víctimas de la masacre de El Charco, dice el relator de la CIDH

 

El relator para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Enrique Gil Botero, señaló que los gobiernos de México y de Guerrero son omisos e invisibilizan la injusticia, las ejecuciones extrajudiciales y torturas contra las víctimas de la masacre de El Charco, municipio de Ayutla.
Ayer en un diálogo con representantes de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, durante las audiencias del organismo en Panamá, la organización civil que solicitó la apertura del caso ante el organismo internacional, informó del acercamiento con el comisionado en el 159 periodo de sesiones públicas de la CIDH, mediante un breve comunicado.
En este diálogo la sobreviviente de la masacre, Ericka Zamora Pardo habló de la tortura a la que fue sometida por el Ejército, luego del ataque de militares a una escuela en donde ejecutaron a 10 indígenas na savi y al estudiante Ricardo Zavala, el 7 de junio de 1988.
Recordó que hay una petición de justicia ante la CIDH que interpusieron los sobrevivientes, y el señor Gil Botero reconoció la importancia de que el caso “tenga un informe de fondo, ya que han pasado más de 16 años de los hechos y los sobrevivientes de la masacre se encuentran en total desprotección y con las secuelas de la tortura que sufrieron”.
Agregó que “tanto el gobierno del estado de Guerrero como el gobierno federal son omisos a esta masacre, e invisibilizan la injusticia, las ejecuciones extrajudiciales y torturas de las que fueron víctimas la y los sobrevivientes de esta masacre”.
Los abogados de los sobrevivientes, Ernesto Rodríguez y Magdalena López, denunciaron que la impunidad ante las violaciones de los derechos humanos, el acoso a las y los activistas y las ejecuciones son continuas.
Aseguraron que la admisibilidad de este caso en la CIDH será un precedente que frenará la violencia que se vive día a día, porque es necesario frenar ya las ejecuciones.
Antes, la Red informó que había vencido el plazo para que el gobierno mexicano respondiera ante la CIDH sobre lo ocurrido el 7 de junio de 1988 en El Charco, Ayutla.
En otras comunicaciones reveló algunos aspectos de la respuesta de los militares, que no reconocen los 11 asesinatos, a pesar de que las víctimas tenían tres y hasta 10 tiros de bala, y justifica la matanza porque al final de la agresión encontraron cuatro armas largas, cartuchos de diferentes calibres, cobertores, vestimentas verdes y libros insurgentes.