El alcalde de Teloloapan, el perredista Robell Urióstegui Patiño informó que el gobierno del estado le pide a la Policía Comunitaria Tecampanera que deje las armas para que la seguridad esté a cargo de las corporaciones policiacas, luego de que esa organización pidió a las fuerzas federales que brinden seguridad en el municipio.
La mañana de este jueves el perredista se reunió con el gobernador Héctor Astudillo Flores en Casa Guerrero donde se planteó la instalación de tres Bases de Operaciones Mixtas (BOM) integradas por policías estatales y militares, para atender el problema de inseguridad.
“El compromiso es mandar tres bases operativas, estamos hablando de más de 150 elementos que estarían en Teloloapan, aparte de los que ya hay para garantizar la seguridad”, detalló.
Consultado en la inauguración de la feria empresarial de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), dijo que el gobierno del estado solicitó a las “fuerzas federales” brindar mayor seguridad.
“Hemos tenido una constante comunicación (con el gobernador) para resolver este tema de Teloloapan, espero que hoy por la tarde se tenga un diálogo con el secretario general de Gobierno y se pueda resolver el problema”, agregó.
Sostuvo que no hay una parálisis total en ese municipio a pesar de que confirmó que estaban cerradas las sucursales bancarias, tiendas de autoservicio, los juzgados y la agencia del Ministerio Público.
“Yo quiero clarificar que Teloloapan no está paralizado, porque las instituciones educativas, el transporte público está funcionando, sí existe temor y sicosis”, agregó.
Insistió en que ante la situación debe ser franco, que hay temor de la población sobre lo que pueda pasar, porque la ciudadanía “no está acostumbrada a ver gente armada caminando” por la ciudad.
“No pretendemos acostumbrarnos, por eso pedimos que la federación se haga ya cargo de brindar mayor seguridad a la ciudadanía, que se haga un compromiso concreto de que sí habrá seguridad para la ciudadanía tecampanera”, enfatizó.
Insistió en que su municipio ha sido “fuertemente golpeado” por la delincuencia organizada, y lo que pide la Comunitaria Tecampanera es seguridad para sus pobladores.
De las acusaciones de que tiene vínculos con el grupo del crimen organizado Guerreros Unidos, el perredista lo negó y se puso a disposición de las autoridades para que lo investiguen.
En videos difundidos en redes sociales presuntos integrantes del grupo criminal La Familia Michoacana dicen que financiaron su campaña electoral pero no cumplió los acuerdos pactados.
“Que sean las autoridades competentes las que hagan el esclarecimiento de lo que se está imputando, yo nuevamente muestro mi rechazo a esas acusaciones, por lo que quien me acuse tendrá que comprobarlo”, enfatizó.
Insistió en que el objetivo de difundir el video es “manchar” a su gobierno, aunque desconocía de quién eran las intenciones y bajo qué encomienda.
Recordó que Teloloapan sólo hay cinco policías certificados de 20, los cuales deben de cuidar a una población de 54 mil habitantes. Su gobierno enfrenta además la falta de interés en formar parte de la corporación, a pesar de las convocatorias para unirse a la Policía Municipal.
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Recriminan padres de los 43 a diputados que no exijan su búsqueda y castigo a los culpables
Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos recriminaron a diputados federales de distintos partidos políticos que no hacen uso de sus facultades, para exigir al gobierno federal que localice a los jóvenes y castigue a los responsables.
Al hacer uso de la tribuna del Salón Legisladores de San Lázaro, demandaron a la Cámara de Diputados que reconozca la legitimidad de su lucha, y que exhorte a la Procuraduría General de la República (PGR) a que cumpla todas las recomendaciones emitidas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso Ayotzinapa.
“Ustedes están puestos por el pueblo y deben de ayudar al pueblo, pero desgraciadamente son personas que al llegar al poder pensamos que todo lo tenemos, y lo peor de todo es que se amparan en el fuero federal, que se creen intocables por tener ese fuero”, reprochó Mario César González Contreras.
“Ojalá y como me gustaría que la mayoría de ustedes tuviera conciencia que ese fuero les hace daño, porque tienen mucha hambre de poder, mucha hambre de dinero, pero para nosotros los 43 padres de familia, el hambre es encontrar a nuestro hijos”, expuso.
Cristina Bautista Salvador indicó que las familias de los normalistas desaparecidos no han recibido ningún gesto de apoyo de los legisladores y que por el contrario, algunos diputados han puesto en duda la legitimidad de su movimiento.
“Jamás recibimos de ustedes ninguna palabra de apoyo durante todo el tiempo que han sido diputados no han movido ni un dedo para ayudarnos a exigir justicia, mientras nosotros hemos marchado por todo el país para denunciar la impunidad de los desaparecidos, miles y miles que están desaparecidos en nuestro país”, señaló.
El sobreviviente de los ataques en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014 cuando la Policía Municipal disparó contra los jóvenes y se llevó a 43 de ellos, Ernesto Guerrero Cano exigió que los diputados actúen para que el caso sea resuelto.
“Cada uno desde sus respectivas atribuciones aporte algo, lo que pueda, lo que esté en sus manos para el esclarecimiento de lo sucedido en Iguala. No queremos más mentiras, no queremos que a los padres de familia se les intente comprar, se les intente callar de una u otra forma”, dijo.
Los padres entregaron a los diputados los dos tomos con las recomendaciones del GIEI.
En la reunión en la que los padres colocaron mantas con las fotografías de sus hijos desaparecidos estuvieron integrantes de las comisiones de Justicia, Derechos Humanos, Gobernación y la Especial para el caso Ayotzinapa.
La sesión fue difundida en el canal del Congreso por televisión de paga e Internet. Por los 43 desparecidos subieron a estrado madres y padres, un sobreviviente de Ayotzinapa y el abogado Vidulfo Rosales Sierra en una primera intervención.
Continuó la participación de los representantes de ocho parlamentarias y un diputado independiente y concluyó la sesión con dos padres del movimiento y los familiares del normalista herido de bala en la cabeza el 26 de septiembre, Aldo Gutiérrez Solano, que se mantiene en estado vegetativo. Todas las participaciones fueron escuchadas en silencio, y al final los activistas gritaron la consigna de lucha: “¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.
“Venimos a emplazar a que hagan algo”
La señora Cristina Bautista Salvador, madre del normalista desaparecido Benjamín Ascencio Salvador saludó en náhua, su lengua materna, y recriminó que no haya habido una palabra de apoyo de la Cámara de Diputados para exigir justicia por los 43, salvo en los tiempos de campañas electorales.
Aclaró que los padres que continuarán exigieron presentación con vida de los estudiantes como la de todos los desaparecidos en todo el país, y a modo de pregunta demandó:
El señor Emiliano Navarrete, papá de José Ángel Navarrete González ratificó que los estudiantes “fueron privados de su libertad por el gobierno de México”, que envió policías con “armitas de grueso calibre para demostrar cobardía… Me duele lo que le hicieron a mi hijo y a sus compañeros, no tiene perdón ni olvido”.
Ayer solicitó el apoyo de los diputados para que la PGR siga las recomendaciones que dejó el GIEI: “no queremos que salgan a hacer investigaciones, sino que vigilen que todo eso se cumpla, que exhorten a la PGR a seguir todas las líneas de investigación, que identifiquen quién es El Caminante y quién es El Patrón, a la fecha la PGR no da respuesta ni tiene a todos los policías federales que dijeron que se llevaban a los estudiantes al Patrón”.
Aseguró que sólo con presión se podrá conocer la identidad de estos personajes, de quienes hay testimonios y evidencia de su intervinieron en la desaparición de los 43 estudiantes
Abiertamente el señor Mario César González, papá de César Manuel González, señaló la desatención que algunos diputados frente a las primeras participaciones, “desgraciadamente veo que no les interesa, que en las intervenciones están volteando a otro lado”.
Lamentó que algunos diputados participaron en la campaña de desprestigio contra el GIEI que terminó en su salida del país. Un caso es el del priista Víctor Manuel Silva que desestimó la intervención de los expertos internacionales para resolver el caso, así como el rechazo a puntos de acuerdo para pedir que los expertos independientes entrevistaran a los militares sobre los hechos de Iguala y la permanencia del GIEI en México.
No obstante subrayó que el único interés de los padres es que por ética y profesionalismo los diputados den todo el apoyo al nuevo mecanismo de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sin desprestigiar su labor, ni al movimiento de los padres.
Muy enojado espetó que los diputados no representan a la izquierda, a la derecha ni al centro “son puros chapulines que brincan a los partidos que les convienen, y tampoco van a llegar a la verdad a través de comisiones especiales, queremos que dejen de jugar al investigador, si sabemos perfectamente bien que no los van investigar (a los culpables), queremos que le digan a la PGR que siga las recomendaciones del GIEI”.
Luego recriminó que toleren nombramientos como el de Omar Hamid García Harfuch en la Dirección de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, a quien se señala de posibles vínculos con los narcotraficantes de Guerreros Unidos, que sólo se explica por la complicidad entre políticos, y que hayan premiado a Tomás Zeron de Lucio con otro cargo federal, después de diseñar la verdad histórica.
Al bajar de la tribuna en el salón Verde, dejó en la mesa los dos informes del GIEI, “lo único que nunca pudieron desprestigiar fueron estos dos libros, espero que los lean porque es importantísimo para el caso Ayotzinapa”.
El abogado de los padres, Rosales Sierra señaló que a dos años de los ataques no hay indicios del paradero de los 43 estudiantes desaparecidos, a pesar de los 200 tomos de la investigación y más de 130 personas en prisión. Lo que hay son irregularidades y versiones falsas que han dado dolor adicional a los padres.
Aclaró que la investigación de PGR era un caos antes de la intervención del GIEI, que estableció todos escenarios de los ataques, la intervención coordinada de todas las corporaciones y distintas rutas sobre la desaparición forzada que llevan a Huitzuco, a la comunidad de Tijerillas y a una casa blanca en la cabecera municipal que señalaron los propios detenidos y choferes de los autobuses del servicio público donde iban los estudiantes.
Pero la PGR mantuvo vigente la versión de que los 43 fueron incinerados en el basurero de Cocula, “una mentira total que lo único que provoca es la revictimización. Aún así muchas voces que piden a los padres que regresen a sus casas, que dejen de movilizarse, que no hagan marchas, pero ¿cómo van a regresar si la premisa fundamental que es la verdad no está establecida?, lo único que tenemos son nubarrones en las investigaciones”.
Subrayó que la versión del basurero de Cocula, aunque ofrece un buen debate político, fue desechada con pruebas científicas, por eso exigen el cambio de la narrativa de los hechos en la investigación.
“Nadie quiere decir la verdad, porque estos hechos van a evidenciar una realidad que se ha preferido negar”, dice el diputado Manuel Clouthier
El diputado independiente Manuel Jesús Clouthier Carrillo destacó dos temas que dan cuenta del caso Ayotzinapa: que la verdad oficial no coincide con la realidad porque algo se trata de ocultar, y da cuenta de la violación sistemática a los derechos humanos que se viven en el país.
Coincidió con la diputada de Morena en que tales hechos evidencian la transgresión a los derechos humanos de las policías municipales, estatales, federales y de las fuerzas armadas, “por eso nadie quiere decir la verdad, porque estos hechos van a evidenciar una realidad que se ha preferido negar. El Estado mexicano tiene que dar respuesta veraz a estos padres de familia y tienen que hacerlo las autoridades con un criterio fundamental de justicia”.
De Encuentro Social, José Alfredo Ferreriro Velazco, se dijo indignado por los hechos de Iguala y señaló sólo la posible responsabilidad del gobierno estatal, que fue descartada al comienzo de la investigación. Aclaró que este conflicto no es un tema de partidos, sino de justicia, y nadie estará conforme hasta conocer la verdad y aparezcan los desaparecidos.
Siguieron en turno dos diputados de Morena, y la presentante del Partido Verde Ecologista, Sofía González Torres que dijo que admira la lucha de los padres y señaló la responsabilidad de los hechos de Iguala en las policías de Iguala y Cocula.
Del PAN, la diputada Karina Padilla Ávila reconoció que la PGR no ha ofrecido una respuesta creíble, “solo infiere que el narcotráfico destapó la violencia esa madrugada” y es necesario que se agoten todas las líneas de investigación, en forma particular los vínculos del crimen organizado y actores estatales.
Concluyó la ronda de los partidos el representante del PRI, que destacó las acciones del Estado señaladas en 288 tomos.
Se retrasa hasta tres meses la atención al normalista en coma, denuncian en la Cámara
Familiares del normalista Aldo Gutiérrez Solano, quien está en coma debido a que recibió un balazo en la cabeza durante los ataques en Iguala, denunciaron en la Cámara de Diputados el retraso de dos y hasta tres meses de atención al estudiante internado en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, en la Ciudad de México.
Revelaron que la instrucción de los médicos es que se lo lleven a su casa, y eso implicaría desahuciarlo.
En la comparecencia de padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos Ulises Gutiérrez Solano, hermano del estudiante herido en el primer ataque en la avenida Juan Álvarez de Iguala, subió al estrado del salón Verde, contiguo a la sala de sesiones de la Cámara de Diputados, con una joven.
Se presentaron como familiares del normalista y mostraron dos pancartas con fotografías del joven de la Normal Rural, con una sonrisa y el uniforme de fin se cursos de bachillerato, y otra del mismo joven inconsciente, cubierto hasta la cintura con sábanas blancas y entubado.
Fue la última participación en la comparecencia de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos con diputados federales, donde también las fracciones parlamentarias fijaron una postura sobre el caso, que se trasmitió por el Canal del Congreso.
El joven recordó el entusiasmo de su hermano cuando ingresó a la Normal Rural de Ayotzinapa y la agresión del 26 de septiembre de 2014, cuando intentaban salir de Iguala rumbo a Tixtla y una patrulla de la Policía Municipal les obstruyó el paso. “En el primer ataque (a balazos) hieren a mi hermano Aldo”.
Informó que día y noche durante dos años, un mes y días han estado en el hospital de la Ciudad de México, y tolera esta forma de vida “por amor y por exigir justicia y verdad”.
Expuso que para los jóvenes que fueron asesinados el daño es irreparable, así como para su familia. Mostrando la fotografía en el hospital añadió “es su estado actual, es un estado vegetativo, los médicos dicen que lo podemos llevar a casa, llevarlo es desahuciarlo, él ahí está con vida”.
Insistió en que las instituciones de salud sean responsables de la atención que necesita ahora y en el futuro, así como para el normalista Edgar Andrés Vargas, que recibió un balazo en la cara que le destrozó la boca en el segundo ataque de la avenida Álvarez.
Exigió que cesen los trámites burocráticos que retrasan la atención médica de dos a tres meses.
Como los padres, demandó el esclarecimiento de los hechos “sabemos que participaron los policías municipales, estatales, queremos verdad y justicia”.
Antes, el sobreviviente Ernesto Guerrero Cano, denunció la saña con que fueron atacados los estudiantes la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, no obstante que la Policía Federal y el Ejército sabían que los normalistas llegaron a Iguala a tomar camiones no a generar problemas al Ayuntamiento ni a la esposa del alcalde que rindió por la tarde su informe como presidenta del DIF.
“El compañero Aldo de un balazo cayó a nuestro lado, por más que queríamos ayudar a los caídos eran más las balas que las personas que nos encontrábamos ahí. La petición (a los diputados) es que en cada uno de aporte algo, lo que pueda para el esclarecimiento de lo sucedido en Iguala, ya no queremos más mentiras”, llamó.
El saldo de los ataques fue de seis asesinados, 15 heridos de bala y 43 normalistas desaparecidos de los que aún no hay indicios de su paradero.
Son nueve, no ocho los desmembrados en Tixtla precisa Álvarez Heredia; ninguno tenía cabeza
El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia informó que son nueve y no ocho los hombres descuartizados, quienes no han sido identificados, que fueron encontrados la noche del domingo en un paraje que lleva de Tixtla al poblado de Atliaca.
En un recorrido en esta cabecera municipal no se observó vigilancia de las policías Municipal, Estatal, Federal ni Ministerial, de militares o algún retén cerca de la zona donde encontraron a los nueve cuerpos, en la orilla del puente del distribuidor vial a Atliaca, Mártir de Cuilapan (Apango), Chilapa y Chilpancingo ubicado a 10 minutos del centro de Tixtla.
El lugar está en las inmediaciones de la colonia San Miguelito y el hotel Rancho Tixtla al sur de la cabecera municipal, ahí sólo había restos de cintas amarillas que ocupan los peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) para acordonar la escena del crimen.
Los vecinos fueron herméticos y caminaban tranquilamente en las principales calles, el mercado municipal Antonia Nava de Catalán en el centro de Tixtla abrió de manera normal, los negocios como tiendas de abarrotes, ropa, calzado, odontología y fondas de comida ofrecieron sus servicios, los locales que no laboraron fue debido al puente del 20 de noviembre, el Día de la Revolución Mexicana.
En la calle frente a la iglesia de San Martín de Tours se observó una patrulla de la Policía Municipal. El servicio de transporte público hacia Atliaca, Apango, Chilapa y Chilpancingo operó normalmente.
El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia informó en un comunicado de prensa que al recibir el reporte, agentes de la Fiscalía se trasladaron a ese paraje, donde encontraron cuatro cuerpos atados de pies y manos y cinco bolsas de plástico negras que contenían los restos de cinco personas más.
Ante estos hechos la FGE inició la carpeta de investigación 12010200200187201116 para dar con los responsables del asesinato de los nueve hombres, además de las diligencias necesarias para identificar los cuerpos.
En declaraciones telefónicas el funcionario mencionó que llama la atención que en los asesinatos se usó “extrema violencia” e indicó que las primeras investigaciones indican que podría tratarse de “pugnas entre grupos de la delincuencia organizada”.
Álvarez Heredia precisó que todos los cuerpos son de hombres, que todavía no se sabe qué fue lo que pasó, pero recordó que el caso ocurrió en una zona en donde existe una fuerte disputa de dos bandas del crimen organizado (Los Rojos y Los Ardillos).
“Todavía es muy temprano para tener una idea de lo que pasó allí, pero para el Grupo de Coordinación Guerrero todo ese territorio está siendo utilizado para el uso de la violencia extrema por el control del territorio entre dos grupos y esta es una situación que alerta a las dependencias estatales y federales para poder tomar decisiones al respecto”, advirtió el vocero.
No encontraron las cabezas en el lugar, informan fuentes de la Fiscalía FGE
Fuentes de la Fiscalía General del Estado informaron que los nueve cuerpos de las víctimas fueron decapitados, que uno no tenía brazos ni piernas, y que en la zona no encontraron las cabezas.
La fuente comentó que las víctimas fueron asesinadas entre el viernes en la noche y el sábado en la madrugada porque estaban en estado de descomposición, además no se pudieron precisar las edades.
Por otro lado fuentes del Servicio Médico Forense (Semefo) señalaron que hasta las 7 de la noche no habían sido identificados los nueve muertos, pero han acudido familiares de personas desaparecidas para reconocerlos.
Una trabajadora comentó que para reconocer a las nueve víctimas se les aplicará la prueba de ADN debido a las condiciones que se encuentran los cuerpos.
La fuente informó que el mensaje hallado junto a los cadáveres era, “Ahí te va tu basura pinche bola de secuestradores, a la berga le pelan la riata ja ja ja ja Jr”.
“Tu y tu mallate el fantasmita me la maman junto con los de Tepos, a ver si le topan, no es lo mismo andar matando gente q no la debe, conmigo se la pelan hijos de perra, tengo gente lista digan donde y cuando nos topamos Ate la Mera Riata”, concluye el narcomensaje.
En un primer momento se informó que la noche del domingo los cuerpos de ocho hombres desmembrados y con huellas de tortura fueron encontrados en la orilla del puente del distribuidor vial de las carreteras a Atliaca, Chilapa y Chilpancingo, en las inmediaciones de la cabecera municipal de Tixtla pero ayer el vocero precisó que fueron nueve las víctimas.
Almazán: la Familia Michoacana emboscó a los policías comunitarios tecampaneros
El secretario de Seguridad Pública estatal, el general brigadier Pedro Almazán Cervantes informó que los integrantes de la Policía Comunitaria Tecampanera de Teloloapan fueron emboscados por presuntos integrantes del grupo criminal La Familia Michoacana, afirmó que hubo ocho heridos pero no corroboró la versión de que hubo dos muertos, porque pudieron ser recogidos por sus compañeros.
En conferencia de prensa en el vestíbulo del edificio Centro de Palacio de Gobierno, Almazán Cervantes confirmó que el motivo de que los comunitarios ingresarían a Arcelia para liberar a tres herreros de Teloloapan levantados por ese grupo criminal.
Agregó que desconoce si hay personas privadas de su libertad porque no hay denuncias ante el Ministerio Público, para hacer las investigaciones correspondientes y detener a los responsables.
Al mediodía del lunes 10 policías comunitarios de la Tecampanera resultaron heridos en una emboscada cuando iban de Teloloapan al Zócalo de Arcelia, para protestar y exigir la presentación con vida de tres herreros desaparecidos, pero un grupo de sicarios los atacó cerca de Almoloya.
El general brigadier precisó que esta emboscada dejó ocho comunitarios heridos, mismos que fueron trasladados al hospital comunitario de Teloloapan, en el diagnóstico médico reporta que encuentran estables, mientras que en el reporte de dos muertos, “la información aún no se ha corroborado, ya que se presume que el grupo armado se llevó los cuerpos asesinados a balazos”.
Ante estos hechos de violencia en Arcelia en la región Tierra Caliente dijo que la Policía Estatal y militares recorren vía aérea y por tierra la carretera federal Arcelia-Teloloapan y que instalaron un filtro de revisión cerca de la comunidad de Palo Blanco para evitar otro enfrentamiento armado y el ingreso de los comunitarios de la Tecampanera a esta zona.
“Estos operativos de seguridad en la región de Tierra Caliente y principalmente en los municipios de Arcelia y Teloloapan, serán de manera permanente para garantizar la paz y la tranquilidad de toda la ciudadanía”, indicó.
Almazán Cervantes leyó un comunicado en el que dijo que la corporación recibió el reporte de que a las 4 de la mañana del lunes comunitarios de Teloloapan se trasladarían a la cabecera municipal de Arcelia, para exigir la liberación de tres presuntos secuestrados.
Agregó que la Policía Estatal y el Ejército instalaron un retén en la carretera federal Arcelia-Teloloapan en Palos Altos, para evitar el ingreso de los comunitarios.
Dijo que a las 8 de la mañana la Presidencia Municipal de Arcelia movilizó a 300 transportistas con camiones de volteo, camionetas y vehículos del transporte público, quienes bloquearon la carretera un kilómetro adelante del retén de las autoridades, “a partir de la 9:30 de la mañana obligó a los agentes estatales a desplazarse hasta el bloqueo con la finalidad de disuadirlos y evitar una confrontación directa con los comunitarios”.
Agregó que a las 10 de la mañana recibieron un reporte de que 500 comunitarios de Teloloapan, Cuetzala y Apaxtla, se dirigían hacia a Arcelia a bordo de 29 camionetas, dos camiones Torton y un camión cisterna, con la intención de ingresar a la cabecera municipal.
Después de 4 horas los comunitarios fueron emboscados en el crucero de Almoloya, “hubo ocho lesionados de ellos, fueron trasladados en vehículos particulares para recibir atención médica al Hospital Comunitario de Teloloapan, asimismo se supo que dos de los heridos por la gravedad de sus lesiones fueron llevados a Chilpancingo, su estado de salud está estable”.
Sin embargo se supo que del grupo criminal La Familia Michoacana hubo dos bajas “desconociéndose si son muertos o heridos, por haber sido levantados inmediatamente y llevados por sus propios compañeros”.
El general brigadier informó que después de la emboscada la corporación recorrió la carretera Almoloya-Arcelia, rescató a dos hombres golpeados y retenidos por los comunitarios de Teloloapan, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades para las investigaciones.
Militares encontraron dos camionetas, ropa militar y droga
El general brigadier informó que cerca de donde ocurrió el enfrentamiento los militares encontraron dos camionetas tipo Pick-Up, adentro había camisolas y pantalones tipo militar, casquillos percutidos calibre 7.62, .380, 38 especial y de escopetas calibre 12, 16 y 20 milímetros, además de 150 gramos de mariguana en una bolsa de plástico.
Dijo que la Fiscalía General del Estado (FGE) investiga para la detención de quienes emboscaron a la Policía Comunitaria Tecampanera de Teloloapan, Cuetzala y Apaxtla de Castrejón.
Ya saben las autoridades quiénes son los que mataron a los dos militares, informa el fiscal
El fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez, declaró este martes que “aparentemente” ya se sabe quiénes son los responsables del asesinato de dos militares en Acapulco, aunque no quiso abundar más en cuanto a la identidad del grupo criminal y de los motivos que tuvieron para levantarlos y después asesinarlos, pues insistió en que no prestaban ningún servicio en la entidad.
A su vez, el vocero en materia de seguridad del gobierno del estado, Roberto Álvarez Heredia, destacó que los militares fueron levantados en una zona donde hay presencia de grupos delictivos, “y una acción permanente y directa de las corporaciones federales y estatales para quitarle a los criminales el control de ese territorio”, por lo que dijo que pudiera ser esa la causa, pero tampoco quiso identificar al grupo responsable que opera en esa zona.
Consultado por teléfono, el fiscal se quejó de que se “tergiversaron” sus declaraciones, en referencia al noticiero nocturno de Radio Fórmula a cargo de Carlos Loret de Mola, en el que se difundió la versión de que ya había detenidos sobre el caso.
“Tergiversaron todo. No hay detenidos. Eso es una mentira. Yo no dije eso. Yo dije que se está investigando y que aparentemente sabemos quiénes son, pero no hay nada”, subrayó el fiscal.
-¿Ese aparentemente qué implica concretamente, fiscal?
-Que no los tengo.
-¿Cómo van las investigaciones, entonces?
-Muy adelantadas, por eso dije aparentemente.
-¿Si aparentemente se sabe quiénes son los responsables, se conoce también cuáles fueron los móviles y a qué banda criminal pertenecen?
-Las investigaciones están en el sigilo correspondiente, y punto. Por eso te digo: se abren comillas, aparentemente -dijo prolongando la pronunciación de la palabra “aparentemente”.
-De acuerdo con ese “aparentemente”, ¿el asunto se va a resolver pronto?
-Siempre he tratado de resolver los asuntos rápido. Algunos se resuelven rápido y otros desafortunadamente no, pero los asuntos se resuelven conforme a derecho. Yo no he dicho absolutamente que ya tenemos detenidos.
-¿Fueron levantados y después asesinados como consecuencia del servicio que prestan?
-Los militares vinieron a hacer un curso a Pie de la Cuesta, no eran gentes que estuvieran asignados a alguna región de Guerrero.
-¿Fue circunstancial su muerte, entonces?
-Fue totalmente circunstancial.
El vocero en materia de seguridad del gobierno del estado, Roberto Álvarez Heredia, declaró que también a él, el fiscal le confirmó que no hay detenidos y que las investigaciones siguen su curso, “y hasta el momento se tienen identificados quienes pudieran ser los responsables de los homicidios, pero por el sigilo que requiere esta investigación se tiene que mantener en absoluta discreción”.
El funcionario añadió que a él no le corresponde señalar qué grupo pudiera estar detrás de los homicidios, “lo que te puedo decir es que no hay todavía detenidos por estos casos, la investigación va avanzando y se tiene una coordinación e intercambio de información e inteligencia con la Procuraduría General de la República (PGR)”.
Aclaró que el caso está bajo la responsabilidad de la Fiscalía del estado, dado que la PGR todavía no ha tomado la decisión de ejercer su facultad de atracción, “entonces hasta este momento las investigaciones corren bajo el mando de la Fiscalía del estado, pero con la coordinación y el intercambio de información que se tiene con la PGR”.
El vocero dijo que tienen conocimiento que en el asesinato de los dos militares “hubo extrema violencia en contra de los efectivos militares, no te puedo abundar sobre los detalles pero sí que en este caso tan lamentable se usó una violencia extrema”.
-¿Qué indica eso, qué mensaje se interpreta con eso? –se le preguntó al vocero.
-Más que dar una opinión en relación a esto, yo diría que el contexto en el que se llevaron a cabo estos hechos tan condenables, fue en una zona como la colonia Progreso, el mercado Central, el Tianguis Campesino, en donde hay presencia de grupos delictivos y ha habido una acción permanente y directa de las corporaciones, sobre todo federales, Ejército nacional, Marina, Policía Federal, Policía del Estado y Ministerial, y todos ellos han trabajado intensamente, palmo a palmo, para quitarle a los criminales el control de este territorio. Probablemente eso puede explicar lo que ocurrió cuando grupos criminales identificaron o se dieron cuenta de la presencia de estas personas y tomaron la decisión de privarlos de su libertad y después las consecuencias que todos ya sabemos.
-Esto implica que se trata de la misma banda delictiva que ha venido cometiendo ilícitos y que según versiones controla la zona del mercado?
-A mí no me corresponde señalar qué grupo pudiera estar detrás de estos homicidios, lo que te puedo decir es que todavía no hay detenidos por estos casos. La investigación va avanzando y se tiene una coordinación e intercambio de inteligencia con la PGR.
-Hay versiones que aseguran que los cuerpos de los militares fueron encontrados uniformados, ¿cómo aseguran ustedes que no estaban en servicio y que era su día de asueto?
-Los soldados pertenecían a la brigada de paracaidistas. Estaban destacamentados en otra región militar, fuera de la entidad. Habían tomado un curso de actualización de la base aérea militar número 7 de Pie de la Cuesta y les habían dado su franquicia para hacer sus actividades de carácter personal. No estaban uniformados, no estaban armados, vestían de civil y fueron al mercado seguramente a comprar productos de carácter personal, incluso algunos recuerdos para sus familias. Bajo este contexto fue que se encontraban en ese lugar, en donde hay mucha venta de artesanías y se encontraban allí en calidad de francos.
-Si no prestaban su servicio en la región, no estaban uniformados y no tenían permanencia en Guerrero, ¿cómo es que fueron ubicados e identificados por los delincuentes que los levantaron y después los asesinaron con extrema violencia?
-Esa pregunta hay que hacérsela a los grupos criminales. Ellos tienen su sistema de vigilancia, los halcones, y probablemente detectaron la presencia de personas sospechosas, que no eran locales, les llamó la atención y tomaron la decisión de privarlos de su libertad y posteriormente cometer este ruin asesinato.
-¿Si ya se tienen identificados a los que cometieron el crimen, que indica, quiénes son?
-A mí no me corresponde decir quiénes pueden ser porque estaría yo violando la secrecía que se tiene que tener en estos delicados procesos de investigación. Lo que sí te puedo decir es que las investigaciones están a cargo de la Fiscalía del estado con la colaboración y el intercambio de información estratégica y de inteligencia de la PGR, y con la colaboración e intervención directa de todas las dependencia de carácter federal y estatal en materia de seguridad. Esto ha permitido que las investigaciones tengan un avance importante, que, obviamente, esperamos que se puedan completar con la detención de quienes pudieron ser los responsables.
Mil 818 asesinatos de enero a octubre, 358 más que en 2015; sube 24.5 por ciento
En los primeros 10 meses del año han ocurrido mil 818 asesinatos en el estado, en los que aparentemente participó el crimen organizado, 358 más que en el mismo periodo de 2015 lo que representa un 24.5 por ciento de incremento.
En octubre de este año se registraron 162 ejecuciones, 18 más que en septiembre que tuvo 144 homicidios según un recuento de lo publicado en El Sur, lo que representa un incremento de 12.5 por ciento ese mes.
El 24 de octubre hubo un enfrentamiento entre civiles armados del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero en Tlayolapa, municipio de Juan R. Escudero, que dejó siete muertos, pero esos no se consideran en este recuento porque no hay indicios de que participara el crimen organizado, como sí ocurre en los otros casos.
El 3 de octubre en una actividad en Tixtla el gobernador Héctor Astudillo Flores reiteró que el índice de homicidios dolosos en el estado disminuyó en septiembre en un 40 por ciento en Acapulco y 32 por ciento en el resto de la entidad.
El mes pasado en Acapulco aumentaron los asesinatos, sumaron 70, el 44 por ciento del total en el estado y fueron ocho más que en septiembre cuando hubo 62, es decir, en el último mes aumentaron un 11 por ciento.
En los 31 días de octubre de las 162 víctimas cinco fueron mujeres. Sin contar Acapulco en el conteo hubo 18 jóvenes entre 18 y 26 años, una niña de 14 que fue secuestrada y después hallada cerca de la comunidad de Iyotla en Leonardo Bravo (Chichihualco). Las edades de las demás víctimas oscilan entre 30 y 60 años.
La mayoría de los homicidios fueron a balazos, le siguen los asesinados con arma blanca, lapidados, a golpes y desmembrados. En algunos casos les dejaron narcomensajes.
Las regiones en las que se cometieron más ejecuciones son Acapulco, Centro, Costa Grande, Norte y la Montaña.
Los municipios en los que se cometieron más hechos de violencia fueron Chilpancingo con 25 muertes, Coyuca de Benítez con 11, Zihuatanejo con siete, Iguala y Atoyac de Álvarez con cinco, Chilapa de Álvarez con cuatro, Eduardo Neri (Zumpango) con tres, en San Marcos, Buenavista de Cuéllar, Atenango del Río, Ometepec, Tixtla, Petatlán, Huitzuco y Pilcaya se registraron dos, en Tecpan de Galeana, Leonardo Bravo, Marquelia, Telolopan, Cruz Grande, Zitlala, Metlatónoc, La Unión, San Luis Acatlán, Copala, Ayutla de los Libres, Cuetzala del Progreso, Tlapa, Tepecoacuilco y Tlacoapa hubo uno.
Entre las víctimas están un trabajador de una empresa de Tecpan, un campesino, el ex secretario particular del ex diputado PRD Miguel Cantorán, el director de asuntos indígenas de Chilapa Apolinar García Palatzin y el comisario Zizicazapa en Chilapa Bartolo García Tlalamolteco, el chofer del secretario de Finanzas de Chilapa Edgar Salmerón, un líder priista en Metlatónoc, la doctora del IMSS Adela Rivas Obé, dos presuntos asaltantes de Oxxos en Chilpancingo, y un policía ciudadano de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Además un ingeniero, un comandante del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) y chofer de Petaquillas, Julio Alarcón Astudillo, dos taxistas, un carnicero, el ex secretario particular del alcalde del PRI Javier Escobar, dos hermanos, dos choferes de la ruta a Chilapa, tres albañiles, un mecánico, un pasajero de un taxi, el director de Tránsito de Cocula Luis Alberto Bahena Mora, un trabajador del Ayuntamiento de Acapulco, un maestro de primaria, un comerciante, dos estudiantes de Telebachillerato en Ometepec y un indígena me’phaa.
La violencia en 30 municipios
El 1 de octubre un joven de 26 años fue asesinado a balazos cuando viajaba en una camioneta Urvan del transporte público en Tecpan. Al siguiente día dos hombres fueron asesinados a balazos dentro de un vehículo en Alto Ventura, municipio de San Marcos en la Costa Chica.
El 4 de octubre el ex secretario particular del ex diputado local perredista Miguel Cantorán Gatica, Manuel Pérez Lazca fue ejecutado a balazos a unas cuadras del Zócalo de Chilapa.
La tarde del mismo día los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Jonathan Morales Hernández y Filimón Tacuba Castro, y el trabajador del Instituto Estatal de Educación para Jóvenes y Adultos (IEEJAG), Juventino Carranca Tejacal fueron asesinados en el viejo libramiento a Tixtla en un supuesto asalto. Los presuntos asaltantes al huir asesinaron a balazos al chofer de la Urvan de la ruta Reforma-Mercado, Marco Antonio Organista Lorenzo en la colonia Ampliación Revolución en la capital. Los cinco delincuentes fueron detenidos por agentes de la Fiscalía General del Estado.
Dos días después el director de Asuntos Indígenas del Ayuntamiento de Chilapa, Apolinar García de 29 años y su tío el comisario de la comunidad de Zizicazapa, Bartolo García Tlalamolteco de 43 años fueron torturados y asesinados con arma punzocortante.
Los cadáveres fueron encontrados la mañana de este miércoles en la carretera de El Limón a Refugio en el lugar conocido como La Pila, en Chilapa. A un lado de los cuerpos había un narcomensaje.
El día 7 de ese mes el chofer del secretario de Finanzas de Chilapa, Israel Salmerón fue ejecutado y encontrado en la orilla del nuevo libramiento a Tixtla, a un kilómetro de la caseta de cobro.
El 11 de octubre el cuerpo de la doctora del IMSS Adela Rivas Obé, desaparecida el 22 de septiembre, fue encontrada en un barranco de la playa La Majahua en Zihuatanejo.
Después de tres días un ingeniero topógrafo de unos 30 años fue ejecutado a balazos en el negocio Pizza Bar La U en la plaza Las Palmas cerca del Congreso del Estado en Chilpancingo.
El domingo 17 de octubre vecinos e integrantes del FUSDEG de Petaquillas y El Ocotito, municipio de Chilpancingo, y de Tierra Colorada, cabecera municipal de Juan R. Escudero, bloquearon más de seis horas en estos tres sitios la carretera federal Chilpancingo-Acapulco para exigir el esclarecimiento del asesinato del comandante y chofer de Petaquillas Julio Alarcón Astudillo quien fue asesinado dentro de su Urvan en el estacionamiento del mercado San Francisco en la capital.
El 18 hombres armados ejecutaron a balazos a dos vecinos de la cabecera municipal de Huitzuco, y el cuerpo de un hombre con el tiro de gracia en la cabeza fue hallado en la entrada de la comunidad de San Vicente Palapa, municipio de Tepecoacuilco.
El 19 de octubre cuatro hombres fueron encontrados asesinados en dos hechos distintos. En las inmediaciones del poblado de Atoyaquillo en la sierra de Coyuca de Benítez hallaron a tres víctimas que habían sido levantadas en Aguas Blancas, entre ellas al ex secretario particular del alcalde priista Javier Escobar Parra, Gabino Ramos Flores.
Hace 12 días dos choferes del transporte público de la ruta Chilapa-Chilpancingo fueron ejecutados a balazos en la cabeza a un lado del parque Margarita Maza de Juárez en la capital.
En un enfrentamiento a balazos entre la Policía Estatal y civiles armados hace ocho días hubo tres hombres muertos y uno herido en la gasolinera cerca del entronque al aeropuerto de Zihuatanejo.
El 27 de octubre dos hermanos fueron ejecutados con el tiro de gracia y hallados en una brecha de terracería en la cabecera municipal de Atenango del Río.
Un día después hombres armados entraron, mataron a un estudiante e hirieron a dos más en el Telebachillerato Comunitario 82, de la comunidad Las Iguanas, Ometepec, luego murió uno de los heridos.
Hace cinco días el director de Tránsito Municipal de Cocula, Luis Alberto Bahena Mora de 40 años, fue hallado asesinado en la carretera Iguala-Cocula, en la comunidad de Mextitlán, Teloloapan, con huellas de tortura y un narcomensaje clavado en el pecho con un picahielos, en el que advirtieron al ex alcalde Ulises Ramírez Crespo que no asumiera el cargo.
El último día de octubre en Chilpancingo dos hombres fueron ejecutados a balazos en distintos hechos, uno era chofer de una Urvan de transporte público.
En Acapulco 70 asesinatos
En Acapulco en octubre ocurrieron 70 homicidios, ocho más que en septiembre cuando hubo 62, lo que es un aumento de 11 por ciento y en lo que va del año suman 844 en el municipio.
Según las notas publicadas en El Sur el mes pasado de las 71 muertes en las que presuntamente estuvo involucrada la delincuencia organizada, 10 fueron mujeres.
Entre las víctimas están tres tortilleros, un trabajador administrativo de una escuela, un teniente de corneta, una vendedora de jugos, cuatro taxistas, un jardinero, un cobrador de cuotas, un mecánico, un arquitecto, un abogado, un policía municipal, dos comerciantes, una trabajadora de pastelería y un estudiante de enfermería, un taquero, un carnicero, la dueña de un autolavado, una secretaria de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), un vendedor de chicles y dos militares.
En algunos de los casos fueron desmembrados y dejados con narcomensajes, degollados, torturados a golpes y otros ejecutados a balazos.
Las colonias donde ocurrieron los hechos de violencia son Alianza Popular, Clemencia Figueroa, Andrés de Urdaneta, Costa Azul, Renacimiento, Bella Vista, Unidos por Guerrero, Loma Bonita, Industrial, Ampliación Miguel de la Madrid, Zapata, Cumbres de Figueroa, Ampliación Villa Madero, Fraccionamiento Magallanes y Las Parotas.
El 6 de octubre tres personas fueron asesinadas a balazos en distintos hechos, entre ellas una vendedora de jugos en el fraccionamiento Costa Azul.
Después de cuatro días un taxista y su pasajero fueron asesinados a balazos en la colonia Unidos por Guerrero y esa noche otro hombre fue ejecutado en la calzada conocida como carretera federal Acapulco-México, en el punto conocido como la Y Griega.
El día 12 del mes pasado dos hombres fueron asesinados, otro fue desmembrado, y hubo un ataque a balazos contra la fachada de la Coordinación de la Policía Ministerial en la colonia La Laja.
Asimismo dos hombres fueron ejecutados a balazos la noche de ese día luego que fueron sacados de su casa en la colonia Industrial, cerca de Paso Limonero.
Hace 17 días tres cuerpos, una mujer y dos hombres, fueron exhumados de una fosa clandestina en la colonia Ampliación Miguel de la Madrid en la parte alta de Las Cruces. Además una cabeza y el brazo de una persona fueron hallados afuera de un negocio de comida en la avenida Ruiz Cortines en la colonia Quebradora, tenían un narcomensaje.
El 22 de octubre siete personas fueron asesinadas a balazos en distintos hechos en Acapulco, entre ellos un policía municipal acribillado frente a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y dos trabajadores de la pastelería Charlotte, en el fraccionamiento Magallanes, una era mujer estudiante de enfermería quien trabajaba para sostener sus estudios.
El domingo una pareja fue asesinada a balazos y se hallaron dos cuerpos envueltos en sábanas debajo del puente de la Vía Rápida.
Un joven fue asesinado a golpes dentro de su vivienda en el fraccionamiento Las Playas, mientras que otro, muerto a pedradas, quedó abajo del puente de la Vía Rápida. Mientras que los dos militares levantados el sábado en el Mercado Central fueron localizado el domingo envueltos en sabanas en Acapulco.
Llevarán los cuerpos de los militares a la Ciudad de México; la PGR atraería el caso, trasciende
Los cuerpos de los dos militares levantados el sábado por la tarde en el Mercado Central y hallados muertos el domingo por la noche en la Vía Rápida, fueron trasladados a la Ciudad de México luego de permanecer el lunes en el Servicio Médico Forense (Semefo), informaron fuentes militares.
Ayer el vocero de seguridad del gobierno del estado, el vocero Roberto Álvarez Heredia, escribió en su cuenta de Twitter: “el Grupo de Coordinación expresa sus condolencias a @SEDENAmx por los dos militares fallecidos y de actuar contra el crimen con tenacidad”.
Fuentes ministeriales adelantaron que el caso de los homicidios de los efectivos del Ejército podría atraerlo la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 20 en las competencias establecidas, y por tratarse de efectivos del Ejército, la PGR podría encargarse de continuar la investigación de los crímenes.
Ayer afuera de la Fiscalía Regional de Acapulco, donde se ubica el Semefo, ya no hubo resguardo del Ejército, como ocurrió el lunes cuando se encontraban allí los cuerpos de los militares.
Trascendió que los cadáveres fueron trasladados al Edificio Inteligente, donde opera el C4 controlado por el Ejército. Por la secrecía del caso en los asuntos castrenses, no se informó ni el nombre ni el lugar de origen de las víctimas.
Atrás del Edificio Inteligente, en la calle Vasco Núñez de Balboa, se observó un fuerte despliegue de militares. Asimismo había efectivos con una mochila puesta en la espalda, perteneciente a la brigada del grupo de paracaidistas.
También dos camionetas blancas, similares a las de las funerarias, donde supuestamente trasladaría los cuerpos a la Ciudad de México, a la Unidad de la Fuerza Aérea.
Mientras que las autoridades policiacas manejaron el caso de los militares con mucho hermetismo. Incluso en Semefo tiene prohibido dar más datos de los cuerpos estudiados.
Los dos efectivos del Ejército formaban parte de un grupo de paracaidistas que entrena en la Base Aérea Militar número 7, ubicada en Pie de la Cuesta, y fueron reportados como levantados el sábado por la tarde y hallados muertos el domingo por la noche.
Ese día las víctimas compraban artículos personales en el Mercado Central, luego de permitírselos el mando a su cargo tras el curso de capacitación.
El lunes, Álvarez Heredia confirmó que sí eran militares los dos hombres levantados el sábado afuera del Mercado Central, y que los dos cuerpos hallados el domingo en la noche debajo del puente de la Vía Rápida eran ellos.
Añadió que las víctimas se encontraban en su tiempo libre y que iban vestidos de civil, además de que no formaban parte de algún dispositivo de seguridad para Acapulco ni se encontraban realizando actividades de coadyuvancia con las autoridades civiles.
El sábado, hombres armados levantaron a los dos militares en el Tianguis Campesino, en las inmediaciones del Mercado Central, cerca del Centro de Operaciones Estratégicas (COE) que coordina la PGR.
El reporte policiaco de ese día afirma que un cabo del Ejército contactó a la Gendarmería para reportar el hecho, y solicitó apoyo porque dos “personal de la Sedena” fueron levantados por personas desconocidas.
El 25 de noviembre, en la colonia Progreso, donde se ubica el Mercado Central se instaló una Base de Operaciones Mixtas (BOM) y se colocaron mantas con números telefónicos para denunciar delitos, principalmente el de extorsión.
Ese mismo día el alcalde Evodio Velázquez; el comandante de la 27 Zona Militar, Adelfo Castillo, y el coordinador de la Gendarmería, Gustavo Reyes, entregaron volantes a los locatarios del mercado de la Progreso y del Tianguis Campesino para promover la denuncia contra las extorsiones de la delincuencia organizada.
De los dos militares, los cuerpos hallados en la Vía Rápida, confirma el gobierno
Luego de un día de desinformación oficial y de declaraciones que cuestionaban la veracidad del hecho, el vocero de seguridad del gobierno del estado confirmó que sí eran militares los dos hombres levantados el sábado afuera del Mercado Central de Acapulco, y que los dos cuerpos hallados el domingo en la noche debajo del puente de la Vía Rápida pertenecen a ellos.
En un boletín de prensa emitido a las 12:30 del día, el vocero Roberto Álvarez Heredia, dijo que los dos militares asesinados se encontraban en su tiempo libre y que iban vestidos de civil, y aseguró que las víctimas no formaban parte de algún dispositivo de seguridad para Acapulco, ni se encontraban realizando actividades de coadyuvancia con las autoridades civiles.
Antes de esta postura oficial, Álvarez había sido consultado por teléfono y entonces dijo que los militares sí se encontraban en activo en el momento de que fueron privados de su libertad, lo que corrigió después.
Asimismo, en la tarde de ayer tres narcomensajes fueron encontrados en distintos puntos del puerto, en relación con la ejecución de los militares, similares a los que fueron colocados afuera del Maxitúnel el domingo.
Ayer a la 1:30 de la madrugada, los dos cuerpos hallados en la calle Diego Hurtado de Mendoza, abajo del puente de la Vía Rápida, el domingo por la noche, fueron identificados por militares en las instalaciones del Semefo.
Datos proporcionados por fuentes oficiales indican que los dos militares asesinados formaban parte de un grupo de paracaidistas que entrena en la Base Área Militar número 7, ubicada en Pie de la Cuesta.
Los militares asesinados venían de las unidades de la Fuerza Área, y el sábado el mando a su cargo dejó salir a los efectivos un momento a comprar artículos personales en el centro de abasto.
Fuentes del Semefo informaron que los militares fueron asesinados a golpes y tenían huellas de tortura; además, los cuerpos estaban cubiertos de tierra. Uno ellos tenía puesta una bermuda tipo militar, de acuerdo con una fotografía mostrada a los reporteros.
Los peritos informaron que los soldados fueron asesinados después de ser privados de libertad el sábado, porque los cuerpos estaban en estado de descomposición, e incluso estimaron que fueron enterrados, porque estaban cubiertos de tierra.
Ayer en la mañana se observó un fuerte despliegue militar afuera de la Fiscalía Regional de Acapulco, donde están ubicadas las instalaciones del Semefo; dos patrullas y 18 soldados quedaron de manera permanente en resguardo todo el día.
Los militares al principio impidieron que los reporteros y fotógrafos realizaran tomas del lugar desde afuera de la Fiscalía Regional de Acapulco, y después se dispersaron en cada esquina.
Por la tarde, dos narcomensajes dejados junto a una bolsa de basura fueron encontrados arriba del parabrisas de un automóvil, en el fraccionamiento Marroquín.
De acuerdo con el reporte policiaco, el hallazgo de los narcomensajes y la bolsa negra fue a las 2 de la tarde en la calle Rotarios; las pancartas estuvieron arriba de un automóvil azul tipo Tsuru 2.
Las pancartas naranja y rosa contenían un mensaje similar a los dos narcomensajes hallados el domingo en la noche en la salida del Maxitúnel, al mismo tiempo que aparecieron los dos cuerpos.
Las autoridades policiacas dieron a conocer el mensaje en el que se podía leer: “Gendarmería, Ejército estas personas son los responsables de haber levantado a los dos militares en el Mercado Campesino, Tete Galeana ‘Tete’, pichi Galeana, Memo el ‘Vary’, José Ángel Galeana, alias el ‘Capuchino’, apoyados por el penal de las Cruces, zona de operación de esta basura, Progreso, Caleta, Caletilla, La Mira, Costa Azul, Chinameca y zona Centro”.
El otro narcomensaje, también junto a una bolsa llena de basura, fue encontrado en la colonia Icacos.
El reporte policiaco indica que el hallazgo ocurrió a las 5:45 de la tarde entre la Calle 11 y Río Grande.
El texto fue proporcionado por las autoridades policiacas, y decía: “Señores del Ejército, Marina y Policía Federal culpamos directamente a Tete Galeana, pichi Galeana y su sobrino Ángel Galeana, Capuchino por el secuestro y muerte de los 2 elementos de infantería del ejército mexicano, atentamente todo el puerto de Acapulco”.
El sábado, hombres armados levantaron a los dos militares en el Tianguis Campesino, en las inmediaciones del Mercado Central, cerca del Centro de Operaciones Estratégicas (COE) que coordina la Procuraduría General de la República.
Fuentes de Seguridad Pública indicaron que ese día dos de cuatro militares uniformados que llevaban a cabo un recorrido de vigilancia, fueron interceptados a las 2:30 de la tarde por hombres armados que los subieron a un automóvil, cuyas características se desconocen.
El reporte policiaco de ese día afirma que un cabo del Ejército contactó a la Gendarmería para reportar y solicitó apoyo porque dos “personal de la Sedena” fueron levantados por personas desconocidas.
El pasado martes se instaló una Base de Operaciones Mixtas (BOM) en la colonia Progreso, y se colocaron mantas con números telefónicos para denunciar delitos, principalmente el de extorsión.
Ese mismo día el alcalde Evodio Velázquez, el comandante de la 27 Zona Militar, Adelfo Castillo, y el coordinador de la Gen-darmería, Gustavo Reyes, entregaron volantes a los locatarios del mercado de la Progreso y en el Tianguis Campesino vecino del Mercado Central, para promover la denuncia contra las extorsiones de la delincuencia organizada.
Confirman autoridades
En un comunicado de prensa. el vocero de seguridad del gobierno del estado, Roberto Álvarez Heredia, informó al mediodía que los dos cuerpos encontrados el domingo por la noche en Acapulco “tenían personalidad militar”.
El funcionario explicó que los dos militares asesinados estaban en un curso en la Base Aérea Militar número 7, ubicada en la población de Pie de la Cuesta.
Álvarez Heredia indicó que desde que se conoció la desaparición la Novena Región Militar realizó acciones de búsqueda y localización, además de verificar que se trataba de elementos de la institución castrense.
Expuso que “autoridades de la Novena Región Militar informaron que dichos elementos están destacamentados en otra entidad federativa y que la Fiscalía General del Estado investiga el caso para deslindar las responsabilidades respectivas”.
A nombre del gobierno del estado y del Grupo de Coordinación Guerrero, expresó sus más sentidas condolencias a los familiares de los fallecidos.
Buscan policías, militares y el grupo Paz y Justicia en Tlaltempanapa a la familia desaparecida
Militares, policías ministeriales y estatales entraron este lunes a Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, en busca de los seis integrantes de la familia García Feliciano que desaparecieron el 18 de octubre cuando regresaban de Tlalcozotitlán, municipio de Copalillo, a Ixcatla, en Zitlala, de donde son originarios.
Tlaltempanapa es una comunidad nahua de unos mil habitantes ubicada a unos 20 minutos al norte de Zitlala, la cabecera municipal, que se encuentra bajo el resguardo de civiles armados del grupo autollamado Paz y Justicia, cuyos integrantes irrumpieron del 9 al 14 de mayo del 2015 a Chilapa, cuando según el colectivo de familiares de desaparecidos Siempre Vivos fueron levantados 16 vecinos en esa cabecera municipal, y a quienes relacionan con el grupo criminal Los Ardillos.
La búsqueda fue acompañada por el asesor de la Secretaría de Gobierno Jorge Miranda Huesca, el visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Hipólito Lugo Cortés, y el visitador de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum), Adelaido Memije.
El grupo de civiles armados que opera en esta comunidad puso como condición para permitir la búsqueda en el pueblo y alrededores, que no asistiera el presidente de la asociación de familiares de desaparecidos Siempre Vivos, José Díaz Navarro, quien aguardó en Zitlala hasta que terminó la búsqueda, sin resultados.
Marino García Capistrán y su esposa María Feliciano Diego, así como la madre del primero, Florencia Capistrán Tecolapa y los hermanos Félix, Santa y Marco Antonio García Feliciano, hijos de la pareja, desaparecieron el 18 de octubre cuando regresaban de Tlalcozotitlán a su pueblo Ixcatla.
Díaz Navarro ha insistido en que la familia fue levantada en una zona cercana a Tlaltempanapa, y que la deben de tener en un lugar cercano a esta localidad.
Debido a las acusaciones directas las autoridades locales del pueblo se opusieron a que Díaz Navarro formara parte de la búsqueda, en la que sólo participaron el grupo de la Policía Ministerial que se encarga de las investigaciones, la Policía Estatal así como los visitadores de la CNDH y de la Codehum. El equipo fue resguardado por soldados que se desplazaron en seis unidades.
El convoy entró a la comunidad aproximadamente a las 11 de la mañana cuando cientos de vecinos se encontraban concentrados en la cancha techada del centro.
Los responsables de la operación se reunieron en la Comisaría con una comisión de autoridades del pueblo encabezadas por el comisario municipal, Luciano Colotzin Tlalcomatlán y el comandante de la autollamada policía comunitaria, Felipe Dámaso.
El asesor de la Secretaría de Gobierno, Miranda Huesca explicó los motivos de la acción y dijo que era una búsqueda en todos los pueblos para localizar a los seis integrantes de la familia desaparecida.
El comandante del grupo civil armado del pueblo, un joven que siempre mantuvo su supremacía con relación al comisario, que era de mayor edad, dijo a los visitantes que también ellos “están preocupados por estas personas desaparecidas, porque los han ido a culpar a su propio pueblo de su desaparición cuando no es así”, dijo.
Agregó que aquí la policía que se encarga de la seguridad del pueblo, “estamos trabajando bien no para robar ni secuestrar a alguien” y agregó que se organizaron para integrar su propia policía para defenderse de los delincuentes “y porque eran los mismos militares y policías federales los que venían a molestarnos, por aquí en las orillas a cualquiera le daban su chinga”.
Felipe Dámaso ofreció la colaboración de la Policía Comunitaria del pueblo para buscar a los desaparecidos y con el comandante de la Policía Ministerial a cargo de las investigaciones, acordaron las rutas de búsqueda. Primero recorrieron el pueblo y posteriormente se trasladaron a la comunidad de Tezayuca, a unos 5 kilómetros al poniente de Tlatempanapa. Se trata de una localidad fantasma, de casas abandonadas, versiones policiacas señalan que fue un campamento de un grupo del crimen organizado por donde tenían salida a pie para llegar a La Esperanza, municipio de Mártir de Cuilapan.
Posteriormente anduvieron por la carretera que comunica con Tlalcozotitlán hasta el puente de Tlapehualapa, en donde hay un tramo de la carretera accidentado y acudieron para confirmar si la familia desaparecida no tuvo algún percance automovilístico en esa zona. Los miembros de la caravana caminaron por las márgenes de una barranca ante la posibilidad de que la camioneta donde viajaba la familia hubiera volcado.
Al finalizar sin éxito la jornada de búsqueda, el visitador de la CNDH, Hipólito Lugo Cortés declaró que para el organismo nacional es preocupante que se den casos como éste en donde hay toda una familia desaparecida, y agregó que la intervención de la Comisión Nacional obedece a la petición de los familiares y la asociación civil Siempre Vivos de Chilapa.
Dijo que se abriga la esperanza de que los seis integrantes de la familia estén con vida a pesar de que llevan dos semanas desaparecidos.
Agregó que ojalá las instituciones cumplan sus funciones de investigar y localizar a los seis.
Subrayó que existe una carpeta de investigación en la Fiscalía General del Estado (FGE) y una orden girada a la Policía Ministerial, “en este caso corresponde a ellos realizar las investigaciones de manera eficiente, oportuna e imparcial, pero sobre todo con resultados lo más pronto posible, tomando en cuenta que entre más tiempo pase se corre el riesgo de que se atente contra la vida y la integridad de estas personas”.
Mientras tanto el presidente de la asociación Siempre Vivos, Díaz Navarro se mostró insatisfecho porque no se le permitió entrar al pueblo y participar en le búsqueda para proponer los lugares y sitios a los que se debería de dar prioridad.
Insistió en que el grupo civil armado que opera en este pueblo debe saber dónde están los integrantes de la familia que desapareció en este punto de la carretera Tlalcozotitlán-Zitlala, esa tarde del 18 de octubre.
Denunció que cerca de la comunidad de Tlaltempanapa hay un cerro que se llama Tepechpan en donde hay rumores de la existencia de fosas clandestinas, y no descartó que allí se encuentren algunos de los 30 cuerpos de desaparecidos que tiene registrados esa asociación de enero a octubre de este año.
El activista advirtió que de su parte no va a cesar en la búsqueda ni dejar de acompañar a los familiares de los desaparecidos en todas las acciones para encontrar a las seis personas, “tienen que aparecer, no pueden desaparecer así nomás”.