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Suspenderá labores el Poder Judicial en zona Norte y Tierra Caliente ante protestas por los 43

Zacarías Cervantes y Redacción

Chilpancingo

El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado, declaró días inhábiles el 26 y 27 de septiembre para los trabajadores del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que laboran en la Zona Norte y Tierra Caliente, en previsión de las protestas anunciadas por los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa con motivo del noveno aniversario de los crímenes de Iguala.
En esta ciudad también se suspenderán clases en escuelas de nivel básico y algunas preparatorias “por indicaciones” de la Secretaría de Educación de Guerrero.
En Iguala desde hace tres semanas se colocan protecciones en las ventanas del Palacio de Justicia. reforzaron los accesos e hicieron una zanja frente a las instalaciones supuestamente para la introducción de drenaje y agua potable, afectando la línea principal que dejó por un par de días sin agua al 80 por ciento de los igualtecos.

Cierre de juzgados, salas
y unidades administrativas

“Este pleno del Consejo de la Judicatura Estatal determina declarar inhábiles los días 26 y 27 de septiembre”, se lee en la circular 41/2023.
La medida aplica para todos los trabajadores de los distritos de Aldama (Apaxtla, Cuetzala, General Canuto A. Neri, Pedro Ascencio de Alquisiras y Teloloa-pan), así como el de Cuauhtémoc (Ajuchitlán, Arcelia, San Miguel Totolapan y Tlapehuala).
Asimismo, el distrito de Hidalgo, que incluye los municipios de Atenango del Río, Bue-navista de Cuéllar, Cocula, Copa-lillo, Huitzuco, Iguala y Tepecoa-cuilco. Además el de Mina, que incluye Coyuca de Catalán, Cutzamala de Pinzón, Tlalchapa, Pungarabato, y Zirándaro.

Prevén “actos vandálicos”

La circular va dirigida a todos los titulares de los órganos jurisdiccionales (juzgados y salas) y unidades administrativas situados en el Palacio de Justicia de Iguala.
“Ante la eventualidad de que el inmueble denominado Palacio de Justicia Iguala sea objeto de actos vandálicos derivado de diversas protestas que diversas organizaciones sociales llevarán a cabo en esta localidad los días 26 y 27 de septiembre con motivo del noveno aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y que ello pueda traducirse en riesgos a la integridad física de los empleados y usuarios del servicio de justicia, este pleno determina decretar inhábiles los días 26 y 27 de septiembre”, refiere el acuerdo.
El documento agrega que, por tanto, estos días no correrán términos y plazos en materia civil, familiar y laboral, a excepción de la materia penal en donde se realizarán guardias, “ya que las concernientes actuaciones pueden practicarse a toda hora aún en los días feriados en virtud de la improrrogabilidad de términos”.
El acuerdo lo firma el secretario general del Consejo de la Judicatura, Celso Ubaldo de la Sancha.
La Ciudad Judicial ha sido objeto de diversas manifestaciones por parte de los estudiantes debido a que un video grabado por cámaras de vigilancia de circuito cerrado sobre el ataque fue borrado por órdenes de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Lambertina Galeana Marín, quien declaró que el material fue destruido por cuestiones técnicas, lo que ha generado molestia e inconformidad de los padres de familia y estudiantes.

Escuelas

En tanto, directivos de jardines de niños, primaria, secundarias y algunas preparatorias del municipio de Iguala, suspenderán clases los días martes y miércoles cómo medida preventiva por las actividades programadas que realizarán en la conmemoración del noveno aniversario del ataque y desaparición de los 43 normalistas
A través de sus páginas oficiales de redes sociales y en grupos de WhatsApp comunicaron: “por indicaciones de la Secretaría de Educación, se suspenden las labores escolares los días martes y miércoles, reanudando el jueves 28 de septiembre”.
El centro de Atención Infantil 6, la primaria Andrés Figueroa y las secundarias Jaime Torres Bodet, Jesús Reyes Heroles, la secundaria técnica 213, “Bandera Nacional”, el Benemérito de las Américas.
Así como el CBTIS 56 y la preparatoria 32, esta última supuestamente por la toma del rector de la universidad qué será el miércoles 27 de septiembre del año en curso.

 

“Por el Poder Judicial nadie votó”, y no tienen compromiso con el pueblo, dice Félix

Juan Luis Altamirano Uruñuela

El senador guerrerense Félix Salgado Macedonio, calificó que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo son un poder primario que se integran con el voto de los electores, contrario a lo que sucede con el Poder Judicial.
“Este es un poder primario compañero, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo es un poder primario; nosotros venimos electos en urnas, por nosotros votó el pueblo y por el Poder Judicial nadie votó”, dijo el senador de Morena.
Y señaló que debido a que los integrantes del Poder Judicial no reciben su cargo tras una elección popular, no tienen compromiso alguno con la ciudadanía. “No, no votó el pueblo por ellos y por eso no tienen un compromiso con el pueblo, por eso hacen lo que hacen, nos ningunean incluso”, resaltó.
De igual forma, recordó que en la Ley Federal de Salarios Máximos, ningún funcionario puede tener una remuneración superior a la que recibe el presidente de la República, condición que no cumplen los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).
“¿Y qué hicieron estos bribones ministros, qué hicieron? Se ampararon, están amparados, los obligados a cumplir con la ley y con la Constitución no la cumplen, se ampararon y ganan lo que quieren y de ahí empezaron a amparar a sus cuatitos del Tribunal Federal Electoral, del INE, por eso hacen lo que quieren, liberan a quien quieren y no se les puede hacer nada porque es omnipotente el Poder Judicial”, declaró el morenista.
En la discusión por el que se proponía al Pleno el nombramiento de un integrante del Consejo de la Judicatura Federal, Félix Salgado pidió a los senadores que votaran por la morenista Celia Maya García.
“Nosotros en el grupo parlamentario ya se tomó una determinación, votar por la compañera Celia Maya García, que es una extraordinaria compañera, honesta y es garantía de que haya un equilibrio aquí en la Judicatura del Poder Judicial Federal y es una decisión tomada por el grupo parlamentario de Morena y como tal, como grupo debemos acatar esa determinación”, subrayó.
Añadió que invitaban a otros grupos parlamentarios para apoyar la propuesta y se sumaran a la decisión mayoritaria, debido a que considera que así debe tratarse la democracia.
“No es la democracia nada más cuando a mí me gusta, cuando salen las cosas como yo quiero, la democracia es que vamos a respetar la decisión que se haya tomado en el grupo. Así que ese es nuestro planteamiento” indicó.
Al terminar su participación, la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, y el senador del Grupo Plural, Germán Martínez querían responder a Salgado, pero éste se retiró de la Tribuna antes.
Al final, con 70 votos a favor, 31 en contra y dos abstenciones el Senado designó Consejera de la Judicatura Federal, a Celia Maya, quien fue candidata de Morena a la gubernatura de Querétaro, a quien se le tomó protesta inmediatamente.

 

Se construirá en Coyuca un nuevo edificio para los juicios orales en Tierra Caliente

Israel Flores

Ciudad Altamirano

En Coyuca de Catalán se construirá el edificio de justicia que incluye la nueva sala para los juicios orales y un espacio para la convivencia familiar asistida, tras un acuerdo entre el Poder Judicial y el Ayuntamiento de este municipio.
Este jueves se realizó el acto de entrega de la documentación oficial para la donación del terreno en donde actualmente se encontraban las oficinas de tránsito municipal y el parque vehicular. Anteriormente este espacio estaba destinado para la policía motorizada hasta 2005 cuando la recién formada Secretaría de Seguridad Pública adquirió sus propias instalaciones.
El alcalde perredista, Eusebio Echeverria Tavares dijo que el interés del municipio es que las oficinas de gobierno no se vayan y que cuenten con las garantías para realizar su trabajo y por ello dialogaron con el cabildo para lograr un acuerdo en la donación de este terreno.
Acudió como representante del Tribunal Superior de Justicia, la magistrada Antonia Casarrubias García y en su intervención dijo que se trata de una acción que viene a dignificar el trabajo de justicia en la Tierra Caliente debido a que a la fecha después de más de 10 años de que entró en vigor el nuevo sistema de justicia penal, todavía no cuentan con instalaciones propias.
Actualmente la sala de juicios orales está ubicada a espaldas de las oficinas regionales de la Fiscalía General del Estado, dentro de su mismo predio. Sin embargo, Antonia Casarrubias confirmó que ese espacio no cuenta con baños de tal forma que es una muestra de las condiciones limitadas del edificio que se construyó como emergente.
El nuevo edificio contará con un espacio de atención de víctimas familiares y de convivencia familiar asistida.
La titular del DIF de Coyuca de Catalán, Esbeydi Echeverria reconoció que este nuevo inmueble responderá a una de las grandes necesidades para resolver los casos familiares que hacen falta.

 

Piden profesionalización y conocimientos en candidatos del Ejecutivo al Poder Judicial

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

En una sesión de trámite que realizó el pleno del Congreso local, se presentó una iniciativa que plantea que para la designación de magistrados del Poder Judicial del Estado se tomen en cuenta la profesionalización y conocimientos en las propuestas que envía al Poder Legislativo el Ejecutivo estatal.
El diputado perredista Bernardo Ortega Jiménez propuso reformas a la Constitución Política del Estado de Guerrero para establecer un mecanismo de designación de los magistrados que garantice la imparcialidad, profesionalización y conocimientos de las personas propuestas para desempeñar los cargos.
La propuesta plantea que la gobernadora o gobernador del Estado remita una terna al Congreso del Estado, tres meses antes de que fenezca el nombramiento de la persona que ostente una magistratura en el Poder Judicial, para que comparezcan y sean aprobados con el voto de dos terceras partes del total de los integrantes del pleno.
Pero también plantea que si el Congreso no resuelve sobre la terna en el término establecido, la persona titular del Poder Ejecutivo nombrará de entre la terna a quien deba asumir el cargo de magistratura, o en caso de ser rechazadas las propuestas o no alcance la votación requerida, se notificará al Ejecutivo.
Y se fija el requisito para obtener el nombramiento, ser jurista “de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional o en activo en la función jurisdiccional o carrera judicial”.
Entre las iniciativas presentadas en la sesión ordinaria estuvo la del morenista Osbaldo Ríos Manrique, planteó una reforma a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado para que los cabildos puedan autorizar a los integrantes de los ayuntamientos el desempeño paralelo como servidores públicos federales, estatales o municipales, siempre que sea en las áreas de la docencia, salud, investigación o beneficencia pública, sin que esto afecte sus responsabilidades edilicias.
Mientras que la perredista Jennyfer García Lucena presentó una iniciativa a la Ley de Salud del Estado, para establecer que las instituciones de salud particulares presten sus servicios de manera gratuita, en al menos un cinco por ciento de su capacidad, en favor de personas de escasos recursos económicos.
De Morena, Antonio Helguera Jiménez presentó una iniciativa de adición y reforma a la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado para que las empresas constructoras establecidas en Guerrero estén debidamente constituidas, “al corriente con sus obligaciones fiscales y tengan capacidad técnica y financiera suficientes para potenciar el desarrollo económico y social de la entidad” para inhibir las prácticas “perniciosas” en este sector.
Helguera Jiménez propuso exhortar al director en jefe del Registro Agrario Nacional para que, a través de su representación en Guerrero, realice en este año una jornada pública e itinerante del servicio de Depósito de Lista de Sucesión o Testamento Agrario en cada una de las regiones del estado, para dar certeza jurídica sobre sus parcelas a campesinas y campesinos.
El priista Héctor Apreza Patrón presentó una iniciativa de reforma a la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Guerrero, en la que planteó que la Unidad de Género de cada ente público contribuya a la difusión, promoción y protección de los derechos de la mujer en el ámbito familiar, laboral y comunitario, así como acciones encaminadas al empoderamiento de las servidoras públicas en un contexto de igualdad.
Mientras que el morenista Carlos Cruz López propuso adicionar la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero para que los diputados que se declaren sin partido tengan la obligación de presentar individualmente su agenda legislativa en un periodo de 30 días después de su renuncia al partido por el que llegaron a una curul.
En tribuna el morenista Joaquín Badillo Escamilla intervino sobre el tema de la basyra en Acapulco. Señaló que las altas cantidades de basura se generan por los centros de producción y las cadenas de comercialización, situación de la cual las empresas no se hacen responsables, ya que son excluidas del pago de impuestos para el mantenimiento de los basureros y rellenos sanitarios, dejando la responsabilidad al Ayuntamiento para que atienda el problema con bajo presupuesto.

Pide la ASF al TSJ aclarar gastos por 54 millones de pesos del presupuesto de 2021

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

La Auditoría Superior de la Federación (ASF), pidió al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Guerrero aclarar 54 millones 442 mil 920 pesos, debido a que no proporcionó evidencia documental sobre su destino y aplicación; es decir, del gasto de “servicios personales”, que comprende “las remuneraciones de los servidores públicos, el desglose de las percepciones ordinarias y extraordinarias”, y no corresponden esos recursos económicos adicionales a la estimación prevista en su Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021.
De acuerdo con la Tercera Entrega del Informe de Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 de la ASF, al revisar el cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Guerrero es uno de los nueve estados a los que les pidió aclarar a los poderes judiciales el incremento de recursos destinados a la asignación global de “servicios personales”.
En el caso de Guerrero, de acuerdo con los resultados de la auditoría 2021-E-12007-19-0963-2022, el Poder Judicial incurrió “en inobservancias”; es decir, falta de cumplimiento de la normativa, lo que generó una cuantificación monetaria de las observaciones por 54 millones 442 mil 920 pesos, mismos que “corresponden a recursos adicionales a la estimación prevista en su Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021, de los cuales no proporcionó evidencia documental sobre su destino y aplicación”.
Sostuvo que identificaron irregularidades administrativas consistentes en que el Poder Judicial no realizó ni incluyó las proyecciones de finanzas públicas (de ingresos y egresos) que integran los importes correspondientes a los cinco años en adición al ejercicio fiscal 2021 y los resultados de ingresos y egresos de sus finanzas públicas que abarcan un periodo de los cinco últimos años y el ejercicio fiscal 2020.
Mencionó que el TSJ de Guerrero “asignó recursos para el capítulo 1000 de Servicios Personales, cuyo monto no fue coincidente con el Presupuesto de Egresos del estado de Guerrero para el ejercicio fiscal 2021 debido a que en este último se presentó de manera global el presupuesto asignado al Poder Judicial y no hay una desagregación por capítulo de gasto”.
Expuso que el TSJ de Guerrero no incluyó en su proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2021 en una sección específica las “erogaciones correspondientes al gasto de servicios personales, la cual comprendiera las remuneraciones de los servidores públicos, el desglose de las percepciones ordinarias y extraordinarias, el cual incluyera las erogaciones por concepto de obligaciones de carácter fiscal y de seguridad social inherentes a dichas remuneraciones”.
Mencionó que el Poder Judicial del estado no informó de “las previsiones salariales y económicas para cubrir los incrementos salariales, la creación de plazas y otras medidas económicas de índole laboral”, además asignó “recursos para servicios personales, el cual incrementó durante el ejercicio fiscal 2021 y bajo el momento contable del pagado registró recursos los cuales no rebasan el monto aprobado”.
Precisó que el monto pendiente por aclarar por parte del Poder Judicial del estado es de 54 millones 442 mil 920 pesos, además, determinó 15 resultados, de los cuales, en 10 no se detectaron irregularidades y los cinco restantes generaron: una solicitud de aclaración y cuatro promociones de responsabilidad Administrativa Sancionatoria, de las que no dio más detalle.
La ASF en su dictamen indicó que “revisó el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del Poder Judicial del estado de Guerrero, así como la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública 2021, argumentó que la auditoría “se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable (el TSJ del estado)”.
Indicó que para el ejercicio 2021, la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Poder Judicial del estado de Guerrero, se elaboraron contrario a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que emitió el Consejo Nacional de Armonización Contable.
Sin embargo, señaló que el Poder Judicial del estado sí generó balances presupuestarios y de recursos disponibles sostenibles; no excedió el límite establecido por la normativa en la asignación de recursos para servicios personales; contó con un sistema de registro y control de erogaciones personales y un sistema de contabilidad gubernamental denominado Sistema Integral de Información y Pagos al Personal y Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental.
El 1 de diciembre de 2021, tomó protesta como presidente del Tribunal Superior de Justicia, el magistrado Raymundo Casarrubias Vázquez, quien fue elegido el 18 de noviembre en sesión pública por mayoría de votos. Antes de Casarrubias Vázquez, el magistrado presidente del TSJ del estado fue Alberto López Celis.

 

Amenaza la jueza del caso de Aurelia con imputar delitos a la defensa, denuncian activistas

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El Poder Judicial llamó a las abogadas de Aurelia, la joven indígena nahua originaria de Xochicalco acusada de homicidio en razón de parentesco debido a un aborto espontáneo, a una audiencia urgente para ayer a las 7 de la noche, pero la jueza Mariela Alfaro Zapata les negó la posibilidad de comparecer de manera virtual, informó la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres.
Lo más grave del caso, explicó la organización en un comunicado distribuido en redes sociales, es que se pretende señalar a las abogadas como responsables de violar el derecho de presunción de inocencia de su propia defendida, además de imputarles la comisión del delito contra la administración de justicia y lo que resulte.
Lo anterior debido a la difusión que ha tenido el juicio oral que se realiza en el Palacio de Justicia de Iguala, diferido en distintas fechas de noviembre y diciembre, donde las abogadas de la Red han destacado las irregularidades en el proceso.
A pesar de que solicitaron formalmente que se les permitiera la presencia virtual de las defensoras, porque se encuentran fuera de Guerrero, la jueza Mariela Alfaro Zapata se negó y advirtió que en caso de no estar presentes físicamente se tendrá por abandonada la defensa.
En este tenor, la tarde de ayer la Red solicitó que se revoque la determinación y se permita la asistencia virtual de ambas defensoras de Aurelia, asimismo que se garantice la no criminalización y la no intimidación a las abogadas.

 

Llaman madres y padres de los 43 a Peña Nieto a que se acate la sentencia por el caso Ayotzinapa

 

Las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre de 2014 exigieron al presidente Enrique Peña Nieto que acate la instrucción del poder Judicial, y “sepulte” la “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República (PGR), con la creación de una comisión especial investigadora sobre el caso Ayotzinapa, como ordenó el Primer Tribunal Colegiado del Décimonoveno Circuito, con sede en Ciudad Reynosa, Tamaulipas.
En conferencia de prensa este jueves en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), los familiares expresaron que la sentencia del tribunal -la cual establece que en esa comisión tengan una participación preponderante los representantes de los padres y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)-, comprueba que “el actual gobierno les ha mentido y ocultado información”, y exhortaron al presidente a expresar públicamente la voluntad de su gobierno de acatar el fallo emitido el lunes.
A cuatro días de haber sido difundida la sentencia, Mario César González, padre de uno de los estudiantes desaparecidos, manifestó: “señor presidente Enrique Peña Nieto, le exigimos a usted que acate la resolución del Poder Judicial, ya que ustedes mismos nos decían que todas las resoluciones iban a ser cumplidas. Exigimos la voluntad de garantizar que se realice la comisión de investigación. Pedimos una declaración de voluntad política del presidente, el gobierno nos ha fallado una y otra vez”.
Acompañados del director del Centro Prodh, Mario Patrón, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan Vidulfo Rosales, y Humberto Guerrero de Fundar Centro de Análisis e Investigación, los familiares de los 43 normalistas hicieron “un reconocimiento a los valientes magistrados” por la sentencia que reconoce múltiples irregularidades e indicios de tortura contra algunos de los indiciados.
Las madres y padres también mencionaron el informe que presentó este miércoles la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que señala que la investigación tiene muchas deficiencias, además de refrendar la inviabilidad de la versión oficial que sostenía que los estudiantes fueron calcinados en el basurero de Cocula y sus cenizas vaciadas en el río San Juan. También demandaron que los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI) vuelvan al caso.

Es necesaria una expresión pública del presidente, dice el Centro Prodh

Mario Patrón resumió que “en más de tres años y medio los familiares de las víctimas ya no confían en el gobierno federal”, por lo que es necesaria “una expresión pública del mandatario de su voluntad de acatar la sentencia. El informe de la CIDH es devastador, nos dice claramente que hay que sepultar la teoría del basurero y cumplir la sentencia”.
Remarcó que la sentencia “es inédita y da la oportunidad para crear un mecanismo extraordinario de justicia y verdad. Estamos frente a un caso de graves violaciones a derechos humanos, habla de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias, y justo es alrededor de las condiciones de autonomía e independencia que deberían tener los órganos de Estado en este tipo de casos, en donde son las propias instituciones públicas las que están cuestionadas en la comisión de los hechos”.
Añadió que la CIDH “instó al Estado mexicano a acatar la resolución del primer tribunal, que ordenó que se reabra la investigación”, y que “es momento en que los candidatos presidenciales se pronuncien respecto al ordenamiento judicial, toda vez que buena parte de la ejecución de la sentencia le corresponderá implementarla al próximo gobierno”.
Hasta ahora, dijo, dos de los candidatos, Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador, “han hablado de mecanismos especiales para que se haga justicia en el caso Ayotzinapa, ahora, a la luz de la sentencia, sería importante que todos los candidatos se pronunciaran”.

“La justicia, lenta pero segura”

Vidulfo Rosales, representante legal de los padres, informó que están trabajando con los familiares las propuestas que se harán “para integrar la comisión que investigará nuevamente la desaparición de los normalistas”.
Indicó que cuando el tribunal notifique a las partes la sentencia, “el Ministerio Público tendrá 10 días hábiles para cumplir el ordenamiento de presentar peritajes independientes del Protocolo de Estambul de los inculpados que apelaron en principio a la orden de aprehensión, origen de la sentencia del tribunal colegiado.
“Lo que los magistrados piden, en el caso de los inculpados, es una investigación por las denuncias de tortura y una reposición de procedimiento acerca de un caso que fue construido sobre montajes, y una vez que ello ocurra se podrá dar lugar a la creación de la comisión en los siguientes 10 días”.
El vocero de los padres, Felipe de la Cruz insistió en que se trata de una sentencia que debe ser acatada.
“Hoy no estamos ante una recomendación de instituciones internacionales, como la CIDH o de la Organización de Naciones Unidas, hoy es una sentencia de un juez mexicano y tiene que acatarla”.
“Una vez más se confirma que nunca existió la ‘verdad histórica’ y que el resolutivo judicial confirma que la justicia es lenta pero llega”.
Los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos informaron su decisión de rechazar los 500 mil pesos que la sentencia plantea como indemnización, y advirtieron que si los inculpados salen libres por tortura será responsabilidad de la PGR.
Asimismo propusieron una mesa para crear la comisión de la verdad.
María Elena Guerrero, madre de uno de los estudiantes desaparecidos, dijo que la sentencia les da “otro motivo para estar de pie, para sepultar la verdad histórica y que se abran nuevas líneas de investigación”.
En opinión de Blanca Nava, otra de las madres, la formación de una comisión “es una oportunidad para que regresen los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes. Es lo que queremos, porque ellos descubrieron anomalías del gobierno y dejaron líneas de investigación que no se han cumplido”.
Los padres de familia exhortaron a los candidatos presidenciales a comprometerse a cumplir la sentencia del tribunal, que ordena establecer una comisión de la verdad en caso de que no pueda lograrse en lo que resta del año.

 

Dice diputado que no acompañó a niña víctima de abuso que no puede incidir en decisiones judiciales

El diputado local perredista, Jonathan Moisés Ensaldo Muñoz, secretario de la Comisión de Derechos Humanos, dijo que como integrantes del Poder Legislativo no tienen la facultad de incidir en la decisión de los magistrados, como se le solicitó en el caso de la niña abusada sexualmente, en el que el Poder Judicial de Guerrero absolvió al violador.
El diputado fue consultado por el caso del abuso sexual a una niña de 2 años y 8 meses, en el que la familia y defensa de la víctima pidieron su respaldo, pero se negó el acompañamiento.
Se trata del caso en el que tres magistrados y una jueza desecharon el testimonio de la niña de 2 años y 8 meses, que detalló el abuso sexual que sufrió por parte de la pareja de su mamá, y como consecuencia, el violador fue absuelto por la justicia local, aunque la federal dio un revés y ordenó tomar como prueba la declaración, el diputado comentó que la integrante de la organización Renacer, que trabaja en defensa, orientación y apoyo para las niñas y los niños que han sido víctimas de abuso sexual, Yolanda Domínguez Flores, lo buscó después de que la jueza a cargo del caso, Rosalinda Sáenz Rodríguez absolvió al abusador y la defensa de la víctima apeló la resolución y el caso pasó a la primer sala penal del Poder Judicial del estado.
El perredista dijo que los diputados no pueden intervenir en el análisis de los casos que resuelve el Poder Judicial, porque “son un poder independiente”.
Justificó con el argumento de que los legisladores no deben incidir “de manera directa para que los magistrados resuelvan de una u otra manera, porque entonces tendríamos responsabilidad para bien o para mal”.
Ensaldo Muñoz comentó que sí recibieron la petición de Yolanda Domínguez para intervenir en el caso, y que se comprometió a intervenir “en medida de nuestras posibilidades y en lo que la ley nos lo permite, para que se resuelva de manera justa, ni a favor ni en contra, porque a nosotros no nos corresponde”.
Dijo que en ese caso, como en cualquier otro que esté en manos del Poder Judicial, no pueden intervenir los diputados, porque a los magistrados “no los mandamos, ni les pedimos favores de ese tipo, porque tenemos que ser respetuosos”.
El diputado dijo que le da gusto que la justicia federal haya atendido el caso conforme a derecho y que finalmente la defensa haya acudido a instancias federales hasta lograr justicia.
Se le preguntó por el anuncio de la defensa de la víctima en el sentido de que presentarían una denuncia penal contra los tres magistrados por conducta delictuosa, que da origen a un juicio de procedencia ante el Congreso local para que sean cesados y consignados ante un juez, y respondió que si hay sanción legal contra los magistrados y el tema llega al Poder Legislativo, posiblemente se tenga que excusar de ser parte de la Comisión de Derechos Humanos de la que es secretario, por conocer el tema “desde el ángulo de la defensa de la víctima”. (Rosalba Ramírez García / Chilpancingo).

E

Denunciará por conducta delictuosa a tres magistrados que absolvieron al violador de la niña, dice el abogado

 

El abogado de la niña de 2 años y 8 meses que fue abusada sexualmente, Pedro Ramírez Millán informó que la denuncia contra los tres magistrados que absolvieron del crimen al culpable será por conducta delictuosa, que da origen a un juicio de procedencia ante el Congreso local para que sean cesados y consignados ante un juez.
La denuncia penal ante la Fiscalía será sólo contra los tres magistrados, Vicente Rodríguez Martínez que en ese momento era el presidente de la Primera Sala Penal y ahora lo es de la sala civil, también a Miguel Ángel Barrero Bello y Alfonso Vélez Cabrera que eran integrantes de la sala que absolvió al violador.
No se presentará contra la jueza Rosalinda Sáenz Rodríguez que fue la primera en absolverlo, porque consideró que es mayor la falta de los magistrados por “su investidura”, además de que se trata de un órgano colegiado en el que los tres magistrados tuvieron que valorar las pruebas.
En declaraciones en su despacho, el abogado explicó que el proceso es presentar la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para que inicie una carpeta de investigación y determine si hay elementos para el juicio de procedencia, y se pueda realizar el cese de los funcionarios y el caso sea consignado a un juez.
No se trata de la solicitud de un juicio político, con lo que únicamente se consigue una inhabilitación, lo que se busca es que sean castigados penalmente, agregó.
La Fiscalía tendría que informar al Congreso si encontró elementos y pedir un juicio de procedencia para que los diputados destituyan a los tres magistrados y se ordene su consignación, de esa manera el paso inmediato sería que el caso sea revisado por un juez.
En caso de que ningún poder ni padrino político de los magistrados intervengan para que nuevamente se burle la ley, un juez tendría que librar la orden de aprehensión o de comparecencia según la gravedad del delito que determinen, comentó.
Independientemente de la gravedad de este caso, dijo que cualquier otro en el que los magistrados violen la ley, “es grave por la investidura, porque deben tener más cuidado, porque se supone que fueron insaculados entre muchos, y que ellos fueron los mejores y que ellos son unos profesionales excepcionales preparados para impartir justicia”.
Pero por desgracia, dijo, eso no ocurre en Guerrero porque para la designación de magistrados intervienen una serie de compadrazgos e intereses, por eso dijo que el tribunal “hay ignorantes y hay inmorales”.
El abogado mencionó que no se puede perder de vista que los magistrados incumplieron la responsabilidad que tienen encomendada a través del Estado, porque no sólo incumplieron las leyes local y federal, también el tratado internacional de los derechos de los niños y las niñas.
Llamó a la familia de la víctima a hacer un gran frente común con las organizaciones, ciudadanos y víctimas que se sumen a la demanda para que los magistrados sean sancionados.
“Me parece que no es sólo una falta, me parece que ya incursiona su delito dentro de los lineamientos penales, son ya sujetos de derecho penal porque responden a intereses bastardos entre los que está la inmoralidad, omitiendo la misión que tienen tan clara, diáfana que tienen de la justicia”.
Pedro Ramírez dijo que como abogados, están convencidos que hay delitos en el comportamiento de los magistrados, “no me queda duda de que la niña recibió esa afrenta”.
Dijo que los magistrados debieron tomar con mayor seriedad la investigación que el Ministerio Público entregó, porque no tenían elementos para considerar que no era legal y “la investigación es contundente” en la responsabilidad del acusado de abuso sexual.
Dijo que la responsabilidad de la juez y en su momento de los magistrados era atender el caso, “al valor de la investigación ministerial” y no elucubrar en que los familiares aleccionaron a la niña y afirmar que el abuso sexual no ocurrió.
La menor relató ante el Ministerio Público los detalles de cómo fue abusada por la pareja de su madre, pero los magistrados absolvieron al violador argumentando que la menor fue manipulada.
La justicia federal dio un revés a la decisión de los magistrados del estado, y les ordenó dar valor a la declaración de la niña y que se pronuncien por la responsabilidad penal del acusado, que finalmente fue condenado a 5 años de prisión el 18 de enero, a cinco años de los hechos.
El abogado afirmó que en los dictámenes psicológicos, los peritos establecen “clara y contundentemente que a esa edad a los niños no se les puede manipular”, entonces consideró que los magistrados no tenían elementos para que su dictamen fuera en el sentido de que algún adulto aleccionó a la niña.
Al abogado se le preguntó por qué procedería legalmente sólo contra los magistrados y no contra la jueza Rosalinda Sáenz Rodríguez, que después de tener durante tres años el caso su sentencia fue absolutoria.
Ramírez Millán dijo que se trata de un asunto de mayor responsabilidad cuando se refiere a la falta cometida por los magistrados, “por la investidura que representan”.
“Tienen responsabilidad la juez y los magistrados, pero es más grave la de los magistrados, se entiende que ellos son más cultos jurídicamente, sobre una juez que posiblemente se le barre alguna cuestión, pero sobre todo son tres (los integrantes de la sala) aquella es una”, argumentó el abogado.
Dijo que esta no sería la primer denuncia penal contra los tres magistrados, porque hay un caso de hace aproximadamente 5 años, pero la denunciante lo dejó por falta de tiempo y recursos.
Consideró que el seguir sosteniendo a ese tipo de funcionarios es “el infierno para los ciudadanos que no pueden acceder a la justicia”, aún en casos como el de abuso sexual contra una niña”.

En seis años el Poder Judicial sólo obtuvo 14 sentencias firmes, revela un diagnóstico de ONG

De 2011 a 2016 el poder Judicial de Guerrero obtuvo sólo 14 sentencias firmes (concluidas hasta el último fallo de tribunal que puede entender de la causa), en homicidios, robo y lesiones. En homicidios sólo cerraron tres casos, uno por cada año de 2013 a 2015.
Los datos son parte del diagnóstico sobre el impacto y la implementación de las reformas constitucionales en materia de derechos humanos (2011) y penal (2008), que elaboraron el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México.
Una de las investigadoras del Centro Prodh, Sofía de Robina Castro aclaró que los expedientes que sirvieron de base para elaborar el informe Del papel a la práctica de la aplicación de las reformas constitucionales en el sistema de justicia penal 2011-2016, no fueron obtenidos de la fuente oficial, sino de asociaciones civiles de derechos humanos del estado.
El informe se presentó ayer en el auditorio del Tribunal Superior de Justicia, en el centro de Chilpancingo ante estudiantes de derecho, con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, y el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón de Chilapa (Centro Morelos).
Del caso de Guerrero señalaron que a pesar de que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado dispone que el poder Judicial, “deberá poner a disposición del público y actualizar la lista de acuerdos, las sentencias con sus respectivos votos particulares si los hubiera, y las versiones públicas que sean de interés público”, el contenido de la mayoría de las sentencias fue insuficiente para los objetivos de su monitoreo.
Mediante una solicitud de información de todas sentencias efectuadas desde 2011, sólo pudieron obtener tres resoluciones que resultaron ilegibles.
Informó que para el diagnóstico se analizaron 100 resoluciones de sentencias de Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Estado de México y Ciudad de México, algunas del ámbito federal en cuatro grandes rubros: comparación con lo dispuesto en la Convención Americana de Derechos Humanos, igualdad ante la ley, presunción de inocencia y valoración de pruebas, y exclusión de pruebas obtenidas violando derechos humanos.
En lo general indicó que se obtuvieron patrones comunes en las cinco entidades, como el uso retórico de los tratados internacionales, la tortura, la destrucción de la presunción de inocencia sin argumentos, y que los jueces no toman en cuenta de la misma manera los medios de prueba, “le dan más valor a la prueba que aporta la policía”.
En particular señaló que en Guerrero y Oaxaca preocupa que dada la cantidad de población indígena, no se refleje en las sentencias una perspectiva de etnicidad, en la mayoría de los casos ni siquiera se menciona que alguna de las partes pertenece a un pueblo originario.
Estimó que sería un dato que saltaría en los expedientes de las dos entidades, pero “falta mucho más que se refleje ese principio de igualdad”.
Aclaró que los patrones hallados no indican una situación homogénea del país. Trata de señalar los puntos rojos que se deben observar en la formación y aplicación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP).
En el documento hay una serie de recomendaciones al poder Judicial, la Defensoría de Oficio, congresos, institutos de transparencia, medios de comunicación, sociedad civil, incluso a la academia, para entender las reformas de manera integral y en conjunto.
Entre estas se encuentra reforzar el acceso a las versiones públicas de sentencias judiciales y otros datos que permitan el escrutinio público en asuntos de justicia.

Predomina el uso de la fuerza sobre las normas: Tlachinollan

El director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández destacó que entre los actos de tortura y detenciones arbitrarias prevalece la falta de preparación de los administradores de justicia, sobre el uso adecuado de las normas internacionales de derechos humanos, “Guerrero está en pañales, el uso de la fuerza está por encima de las normas”.
Opinó que como sociedad se pensó que la reformas serían en alguna medida la solución de la crisis de violencia e inseguridad, pero el poder Judicial de Guerrero, “ha sido demasiado politizado, demasiado manoseado, sabemos que quienes están dentro de estos tribunales no todos tienen carrera, este perfil profesional para aplicar adecuadamente estas normas”.
Eso derivó en el desprestigio del poder Judicial, mientras las personas que se han atrevido a denunciar, que se organizaron para exigir justicia, no tienen garantías de seguridad ni confianza en el sistema de justicia.
Denunció que en la Montaña el tema de justicia pasa necesariamente por la mercantilización, “por el precio de la libertad o el encarcelamiento de la personas indígenas”.
Señaló el trato discriminatorio en general y de maltrato a las mujeres, “si eres mujer indígena con mayor razón. No sólo se descarga en ellas la responsabilidad de las pruebas, también las usan contra ellas y las convierten en víctimas del escarnio, de la burla. Cargan el estigma que provoca más dolor, más sufrimiento a las víctimas para hacerlas parecer como personas que están en la barbarie, como para hacerlas responsables de su propia violencia”.
El director del Centro Morelos, Manuel Olivares Hernández consideró grave el resultado del análisis, pero estimó que en Guerrero hay asuntos más “urgentes, angustiantes”, como el acceso a la justicia.
Sólo en Chilapa señaló que en un lustro hay más de 100 desaparecidos, y al revisar los expedientes iniciados en el sistema tradicional y del NSJP, prácticamente no hay investigación. Lo que contiene son las solicitudes de información a la Cruz Roja, a las prisiones y hospitales. Con este esquema enfatizó que no hay garantías de acceder a la justicia. Cuestionó “¿qué hacen las autoridades ante más de 200 homicidios (que se registraron sólo en octubre pasado)?, ¿qué está haciendo la autoridad para procurar justicia a los familiares, de estos asesinados, de estos desaparecidos?”. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).