En Iguala participaron unos 40 funcionarios del Ejército y policías que pueden ser identificados: Anabel Hernández

 

La periodista Anabel Hernández presentó en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzianapa su libro La verdadera noche de Iguala, donde destaca la participación del Ejército, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Ministerial, en los ataques a los normalistas el 26 y 27 de septiembre del 2014, cuando desaparecieron 43 estudiantes.
En este crimen participaron unos 40 funcionarios del gobierno que pueden ser claramente identificados y sometidos a procesos, incluso pocas horas después de los hechos, ante los dictámenes periciales de balística, videos, bitácoras del C-4 y testimonios de los sobrevinientes y de ciudadanos que presenciaron los hechos.
De esto dijo que se trata de autoridades de la 35 Zona Militar, del 27 Batallón de Infantería, la PGR, la SSP y la Policía Ministerial del estado, así como policías municipales de Iguala.
La periodista dijo que, durante los dos años que investigó para este libro no encontró ningún indicio de que los estudiantes estuvieran involucrados con el crimen organizado, como quiso mostrar el gobierno.
Anabel Hernández contó que a finales de 2014 inició su investigación, luego de que la PGR integró una averiguación manipulada, porque la intención de la autoridad desde un principio fue esconder la verdad, ocultar las pruebas periciales, forenses, las pruebas de balística que eran fundamentales, para encontrar incluso que soldados del 27 Batallón de Infantería del Ejército dispararon a los autobuses donde se transportaban los normalistas.
Comentó que el ejemplo de amor de los padres que emprendieron esta lucha fue el que la hizo desde el exilio involuntario en el que se encontraba, y al que la obligó el gobierno de México, regresar al país a investigar lo que realmente pasó la noche de ese 26 de septiembre.
Resaltó que durante este tiempo, el mismo gobierno ha querido dividir a la sociedad mexicana, y que entre algunos sectores lo ha logrado, y aunque localizar a los 43 normalistas es asunto de verdad y justicia, lo hace parecer solamente como un asunto ideológico y político.
“Para mí, que he hecho esta investigación durante más de dos años, y que llevo más de 23 siendo periodista de investigación –que he hecho muchas, muchas investigaciones muy complejas–, he dedicado los últimos 11 años de mi vida a investigar el crimen organizado en este país, cómo funciona, cuáles son los botones que lo detonan; les puedo decir que veo con absoluta claridad que el tema de los 43 estudiantes desaparecidos no es sólo un tema de 43 personas o de sus padres o de sus compañeros, es un tema que condena, que sintetiza lo que hoy es México, y nos involucra a todos”, dijo Anabel Hernández.
La periodista les leyó a los padres de los normalistas una reflexión que preparó para ellos, donde expuso que lo único que los normalistas buscaban era la transformación del país a través de la cultura y la democracia, y que, sin embargo, el Estado mexicano intentó criminalizar la protesta y dividió a la sociedad, haciendo ver las exigencias de los estudiantes como un tema de lucha ideológica y no de justicia social.
“Pareciera que el sistema político mexicano prefiere jóvenes sin educación, sin empleo, ni futuro, que engrosen las filas de la miseria y del crimen organizado, a que haya jóvenes educados como ustedes, que luchen por sus derechos y transformen a este país en una verdadera democracia”, leyó.
Agregó que “para comprender lo que pasó en Iguala y la impunidad de los crímenes había que entender que para el gobierno de México los estudiantes de esta escuela eran más peligrosos que los propios carteles de la droga, quizá porque con los carteles de la droga, el Estado mexicano siempre ha encontrado la maneras de convivir y encontrar intereses en común”.
Explicó que los hechos antes, durante y después de esa noche representan dos crímenes deleznables que pusieron a prueba al sistema político y de justicia de México.
El primero, dijo, fue el de los ataques perpetrados en la noche del 26 y 27 de septiembre, del que resultaron muertos seis civiles, entre ellos tres estudiante, 16 normalistas lesionados de armas de fuego y 43 desaparecidos.
El segundo crimen fue el que comenzó en el instante que inició la investigación de las autoridades para encontrar a los 43 y castigar a los responsables.
En este crimen y en su encubrimiento, las instituciones responsables de procurar justicia fabricaron culpables mediante torturas, manipulación y desaparición de pruebas, ejemplificó. Indicó que participaron funcionarios del más alto nivel en México, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la Secretaría de Gobernación, la PGR, el Cisen e incluso la Presidencia de la República.
“A todos, periodistas, organizaciones sociales de derechos humanos y a la sociedad en general, nos corresponde que esta tragedia en México no sea una más, que los responsables de los hechos de esa noche y que quienes los han encubierto durante dos años y tres meses sean sometidos a juicio, no sólo por un derecho de los familiares de quienes fueron asesinados, desaparecidos, sino de toda la sociedad mexicana”, subrayó la periodista.
Añadió que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto debería ser el primero en estar presente y honrar a los jóvenes de Ayotzinapa, haciendo que las instituciones encuentren y provean justicia, pero que no ha estado y ni estará.
Anabel Hernández subrayó que, “si el jefe del Ejecutivo no encuentra las condiciones para hallar a los estudiantes desaparecidos, dar verdad y justicia a la sociedad mexicana en este caso, debemos ayudarle y solicitar que se conforme un tribunal internacional especial en este caso que sancione a todos los responsables”.
Ahondó que, como periodista de investigación ha tratado de hacer su contribución, la búsqueda de verdad y justicia. Y que pudo separar la mentira histórica fabricada por el Estado de los hechos reales y que dio visibilidad a las víctimas y a los victimarios en esta historia.
“Hoy, entrego a ustedes el resultado de esta modesta colaboración, esperando sea útil y dé un poco de luz a los hechos que el gobierno de México pretendía ocultar en la obscuridad de la fabricación de la llamada verdad histórica”, dijo.

Hay documentos en los que se considera a los normalistas un problema de seguridad nacional, dice

Anabel Hernández contó que, en esta investigación tuvo acceso a un documento secreto del gobierno mexicano en el que considera a los normalista de Ayotzinapa un problema de seguridad nacional.
De los documentos a los que accedió y que dijo que han incomodado al gobierno, detalló que son investigaciones internas que hizo la Visitaduría General de la PGR. Una focalizada en el antiguo jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR Tomás Zerón de Lucio, en la que indica que con dolo sembró pruebas de que los estudiantes fueron asesinados e incinerados, y sus restos tirados al río San Juan.
El otro documento es de una auditoría que se hizo a los cientos de tomos que conforman la averiguación previa de lo que pasó en Iguala, un documento de más de mil páginas.
Dijo que uno de los documentos, de 177 fojas, ya está disponible en la página de internet www.laverdaderanochedeiguala.com, y que hará público el segundo documento en enero.

Los ataques pudieron ser para recuperar los autobuses que llevaban droga, indica

Durante la ronda de preguntas de los asistentes, el padre de uno de los normalistas preguntó si los dos autobuses de la Estrella de Oro que fueron atacados realmente llevaban heroína.
Anabel Hernández respondió que, de acuerdo con documentos que consultó en la investigación, entre ellos la denuncia penal que hizo la empresa tras la toma de los dos autobuses, está la hipótesis que el 22 de septiembre, cuando los normalistas tomaron al azar estos autobuses no se percataron del contenido, y se los llevaron a Iguala el 26 de septiembre; en el trayecto fueron monitoreados por el C-4, y sucede el ataque de soldados y policías para, supuestamente, recuperar los camiones.
Los padres agradecieron a la periodista su investigación y aportación en la búsqueda de la verdad y para poder dar con el paradero de sus hijos.
La editorial Grijalbo donó 43 libros para cada uno de los padres, que fueron dedicados por la periodista, que se comprometió a regresar si los padres se lo piden, después de leer el libro, para seguirle planteando sus dudas.

Desechar la versión del basurero, pide en primera visita al país el mecanismo del caso Ayotzinapa

El Mecanismo Especial de Seguimiento al caso Ayotzinapa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo ayer su primera visita al país, y presentó su plan de trabajo para atender las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
El presidente de la CIDH, James Cavallaro llamó al gobierno de Enrique Peña Nieto a desechar de una vez por todas la hipótesis de que los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, e insistió en que se entreviste al Ejército, en particular a los soldados del 27 Batallón de Infantería que estuvieron activos la noche de los ataques a los normalistas en Iguala.
Durante la presentación el comisionado Enrique Gil Botero, relator para México y coordinador del mecanismo, advirtió que existen recomendaciones técnicas específicas emitidas por el GIEI que aún están pendientes de ser cumplimentadas.
“Esperamos total colaboración de parte de las autoridades mexicanas para alcanzar el objetivo común de establecer la verdad y que se haga justicia”, dijo.
James Cavallaro agregó que precisamente llegar a la verdad sobre lo sucedido la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, es la principal deuda del Estado mexicano con los estudiantes, sus familiares y la sociedad en su conjunto.
“El trabajo del GIEI demostró que los cuerpos de los estudiantes no fueron cremados en el basurero de Cocula”, mencionó.

El plan de trabajo

El plan de trabajo del mecanismo de seguimiento contempla visitas oficiales a México de los comisionados de la CIDH en abril, junio y noviembre del próximo año.
Adicionalmente, en el mismo lapso, el equipo técnico que trabajará en el caso realizará otras cuatro visitas al País, además de que se realizarán sesiones públicas en el marco de los periodos de sesiones de la CIDH.
Durante cada visita a México, tanto el quipo técnico como los comisionados tendrán la facultad de reunirse con los padres de los normalistas y sus representantes, así como con otras organizaciones internacionales y de la sociedad civil.
También podrán sostener reuniones de alto nivel con representantes del Estado, y acceder al expediente del caso o cualquier otra fuente de información.
El Mecanismo Especial de Seguimiento se regirá por cuatro objetivos específicos: monitorear el avance de la investigación, asesorar y apoyar el proceso de búsqueda de los desaparecidos, asegurar la atención integral a las víctimas y familiares, e impulsar las medidas estructurales para evitar la repetición de hechos similares.
El mecanismo seguirá las recomendaciones del GIEI que más obstáculos han enfrentado del gobierno federal.
James Cavallaro destacó “la necesidad de unificar las investigaciones, de no seguir con la fragmentación y de investigar de forma integral”, dijo.
“Hay que seguir y conseguir las declaraciones testimoniales pendientes, hay muchos integrantes, por ejemplo, del Batallón 27 (del Ejército), hay que seguir buscando esas declaraciones”, demandó.
Resaltó la necesidad de continuar indagando los celulares de los normalistas que siguieron activos después del 26 de septiembre de 2014 y abundar en la línea de investigación del quinto autobús, relacionada con el tráfico de heroína a Estados Unidos.
La tortura que pudieron haber sufrido al menos 60 detenidos que mostraron lesiones corporales y el patrimonio de los presuntos responsables, fueron otros temas mencionados por Cavallaro.
“Hay que seguir investigando sobre la obstrucción de las investigaciones, el tema de qué pasó el día 28 de octubre de 2014, un día antes de que descubrieran los restos de uno de los normalistas”.
“¿Qué estaban haciendo agentes de la PGR (Procuraduría General de la República) un día antes sin registrar el hecho?, ¿qué está haciendo Tomás Zerón con un detenido que tenía varias lesiones corporales? Hay que investigar, tiene que haber consecuencias para ese tipo de actuación, ese es un tema que vamos a seguir?, adelantó.
El secretario ejecutivo de la CIDH, Pablo Abrao informó que para garantizar el funcionamiento del mecanismo, proyectado para operar hasta noviembre del próximo año, el Estado mexicano aportó 565 mil 236 dólares, recursos con los que se podrá contratar peritos especializados de acuerdo con las sugerencias del equipo técnico, que estará integrado de cinco personas adscritas a la Secretaría Ejecutiva del organismo.
El funcionario de la CIDH destacó que tras una revisión del expediente, la próxima semana “se estará enviando a las autoridades mexicanas las primeras observaciones de diligencias que se requieren hacer, y el Estado mexicano estará obligado a dar una respuesta sobre la realización de esas acciones”.
También destacó que entre las solicitudes de información que el Mecanismo de Seguimiento enviará al Estado mexicano se encuentra “por qué no hay una determinación oficial de la investigación que se abrió a Tomás Zerón”.
Abrao presentó un cronograma de actividades que iniciaron este jueves con el encuentro con las autoridades y la prensa, para continuar este viernes 11 con una visita a la Escuela Normal de Ayotzinapa, donde presentarán el plan de trabajo a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos.

“¿Habrá habido intereses que hubiesen llevado a que dieran declaraciones falsas?”, pregunta Cavallaro de los detenidos

El comisionado presidente de la CIDH consideró fundamental cambiar la narrativa oficial y dejar de buscar formas de reforzar la versión de que los 43 estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula.
“No hay que seguir hablando de diversas líneas de investigación, hay que hablar de líneas factibles, esa no es factible”, expuso.
“Lo que entendemos nosotros es que no se ha, en todos los espacios del Estado, descartado de forma definitiva esta hipótesis, y nuestra posición es la posición del GIEI, una posición basada en estudios científicos que demuestra la imposibilidad (de la incineración de los jóvenes en el basurero)”.
De no descartar esta teoría, dijo que se reduce la urgencia de investigar por qué seis detenidos, quienes además presentaban signos de tortura, declararon algo falso.
“Si eso no pasó corresponde la pregunta ¿por qué seis personas dieron declaraciones en ese sentido?, ¿qué habrá pasado? Bueno, varias de esas personas sufrieron lesiones corporales, graves en algunos casos.
“¿Por qué?, ¿habrá habido presiones?, ¿habrá habido intereses que hubiesen llevado a que dieran declaraciones falsas?, ¿y si se siguieran esas líneas de investigación se pudiera llegar a la posible obstrucción de justicia y a nuevas teorías de por qué habría interés en no seguir ciertas líneas?”, planteó.
Enrique Gil Botero quien coordinará el mecanismo de seguimiento destacó que entre los puntos mencionados por Cavallaro se concentran más de 200 líneas de investigación pendientes de explorar.
“O sea que hay mucho material probatorio en ciernes o que abre hipótesis probatorias que no se han explorado”, explicó.

La PGR ha cumplido 93% de las recomendaciones del GIEI, informa el gobierno federal

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián afirmó que hay plena disposición del gobierno federal para trabajar con el Mecanismo Especial de Seguimiento del Caso Ayotzinapa.
En la Segob el funcionario dijo que así se lo hicieron saber a Gil Botero y James Cavallaro.
Comentó que los objetivos específicos serán profundizar las labores de búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos, avanzar en la investigación ministerial y en las tareas de atención a las víctimas.
“Sabemos que es un elemento importante porque significa esperanza para los padres (de las víctimas) y por ello lo vemos con toda seriedad en el gobierno de México”, añadió.
En un comunicado conjunto de las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, así como de la PGR se señaló que en la primera reunión de trabajo entre el coordinador del mecanismo el comisionado Gil Botero, y representantes de “alto nivel”, se informó que “hasta el momento la Procuraduría ha dado cumplimiento a 93% de las recomendaciones que en su momento hiciera el GIEI, y que la indagatoria continúa siguiéndose en todas las líneas de investigación, sin excluir ninguna de ellas”.
Según la comunicación oficial, se notificó al relator de México sobre “el uso de tecnologías avanzadas para la realización de nuevos operativos de búsqueda, y las medidas tomadas hasta ahora para atender integralmente a las víctimas”.
Se indica que en el encuentro “se reafirmó la voluntad del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no sólo para continuar trabajando en la atención del presente caso, sino también en lo que se refiere al seguimiento a las recomendaciones de la CIDH que resultaron de su visita en 2015, así como a otros casos pendientes ante la Comisión, con miras a identificar aquellos susceptibles de solución en el mediano plazo, de conformidad con los estándares internacionales”.
Las dependencias sostuvieron en su comunicado que la primera visita del mecanismo de seguimiento “es una muestra no sólo del compromiso para fortalecer la cooperación con la Comisión y con el relator Gil Botero, sino también para atender de manera efectiva el caso Iguala, privilegiando la interlocución que el gobierno de la República ha establecido con los familiares de las víctimas y sus representantes”.

Piden 11 organizaciones internacionales a Peña Nieto cooperar con la CIDH

Once organizaciones internacionales demandaron al presidente Enrique Peña Nieto la cooperación plena del Estado mexicano con el Mecanismo Especial de Seguimiento al caso Ayotzinapa.
“Creemos que es de suma importancia que el mecanismo cuente con la plena cooperación del Estado mexicano para que no enfrente obstáculos en su trabajo como los que experimentó el GIEI durante su mandato”, dicen en la misiva.
“El mecanismo especial es una oportunidad más para que el gobierno mexicano demuestre su compromiso con la verdad y justicia en el caso”, afirmó Maureen Meyer, coordinadora del programa para México de WOLA.
“Mientras México no resuelva el caso Ayotzinapa a través de una investigación profesional, seria y confiable, la atención mundial seguirá puesta sobre la voluntad y capacidad del gobierno mexicano para encontrar a los estudiantes y sancionar a los responsables”, advirtió.
Las organizaciones entre las que se encuentran la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) y el Robert F. Kennedy Human Rights, demandaron que se investigue a fondo a funcionarios que pudieron participar en la obstrucción de justicia.

Liberan a un secuestrado en Altamirano; detienen a un presunto plagiario

Un grupo antisecuestros liberó la noche del martes a un distribuidor de cosméticos originario de Chilpancingo que estaba secuestrado en un hotel de paso en la carretera de Ciudad Altamirano a Coyuca de Catalán, y detuvo a un supuesto plagiario.
Desde las 9 de la noche del martes se observó a los agentes en las colonias Lomas del Valle y la Estación, de Ciudad Altamirano, y casi a la media noche llegaron a un hotel de paso ubicado en la carretera federal, a unos 100 metros de las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR).
Se informó que dentro del hotel tenían al hombre secuestrado, y que lo cuidaba un hombre que fue detenido y puesto a disposición ante el Ministerio Público en Coyuca de Catalán, donde continuaron este miércoles con la carpeta de investigación.
La víctima es un distribuidor de productos de catálogo Avon, quien viene diariamente a la Tierra Caliente a surtir pedidos de varios clientes de la zona, y que fue secuestrado el fin de semana. Se estima que había más delincuentes involucrados en este caso, por lo que quedó para ser integrado.
Se espera que en las siguientes horas se determine la situación jurídica del detenido, para conocer si llegará ante el juez.

Retiene la Policía Federal al líder de la APPG Chávez Adame cuando regresaba del aniversario de la CRAC, denuncia

El dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame denunció que la noche del sábado fue retenido, junto con dos compañeros, por policías federales durante dos horas en la caseta de La Venta, donde le dijeron que tenía siete órdenes de aprensión de 2004, y que no lo detuvieron porque dialogó por teléfono con un comandante para que le esclareciera la situación.

En conferencia de prensa afuera de la Procuraduría General de la República (PGR), integrantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicatos de Guerrero, a la que también pertenece, manifestaron su solidaridad con el dirigente.
Ahí, Chávez Adame contó que el sábado a las 10:43 de la noche, cuando regresaba a la capital después de acudir a la celebración del 21 aniversario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), cerca de la caseta de La Venta los detuvieron policías federales.
Añadió que detuvieron con violencia la camioneta donde venía con dos integrantes de la comisión política del APPG, Alfonso Simón Tavira y Raúl Nájera.
Dijo que comenzaron a buscar información sobre ellos y le dijeron que tenía siete ordenes de aprensión vigentes de 2004, desde el periodo de Zeferino Torreblanca Galindo.
Les pidieron que no opusieran resistencia, y que se dieran la vuelta para esposarlos y subirlos a un camión de la PF, expuso.
“Como si fuéramos criminales o capos de la mafia, nosotros le dijimos que eso no podía quedar así que nos permitieran hacer una llamada… nos contestó el comandante Trejo, de la Policía Federal, con quien se logró llegar al acuerdo de liberarnos”, detalló, y lamentó que lo que los haya salvado de ser detenidos fuera una llamada a un comandante de la Policía Federal.
Chávez Adame comentó que, “yo recibí una llamada del gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, donde él decía que sentía preocupación por haberme detenido de esa forma. El día de ayer también se habló con el delegado de la PGR para ver nuestra situación. Decíamos nosotros que si es del 2004 cuando Zeferino Torreblanca nos toma presos, pues ya son 12 años… y la acción penal prescribe”.
Al salir de una reunión en la PGR, Chávez Adame contó que acordaron que se va a rastrear su situación jurídica y su expediente, en una reunión donde estarán presentes los jefes de operativos de la Policía Federal sector caminos, y después tomará la propuesta que le hizo el gobernador de reunirse para dialogar sobre su situación jurídica.

Critican las reformas estructurales en el desfile de la Independencia en Tototepec, Tlapa

En la comunidad na savi de Tototepec, del municipio de Tlapa, se llevó a cabo un desfile del Día de la Independencia crítico de las reformas estructurales del gobierno federal, que pidió la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa detenidos desaparecidos, la libertad de presos políticos y exigió la construcción de obras que necesita el pueblo.
El desfile de protesta fue encabezado por una escolta formada por autoridades municipales que portaban la bandera, el alcalde Abundio Campos, el presidente de bienes comunales y delegados de los anexos de este poblado.
Siguió el contingente de la Policía Comunitaria adscrita a la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, padres de familia y alumnos de preescolar, primaria, secundaria, del Colegio de Bachilleres y de educación a distancia, que portaban diversas pancartas en que pedían que muriera el mal gobierno, mejores servicios, apoyos a la educación y que ésta sea gratuita.
Al frente llevaban una lona en la que manifestaban que las instituciones educativas de Tototepec se sentían defraudadas y que no aceptarían imposiciones, y preguntaban si creían en la bondades de la reforma.
Otra lona fue la que llevaban niñas de primaria, en la que se preguntaba, “Por qué nos asesinan, si somos el futuro de México”.
Los participantes en el desfile repetían la consigna de “Tototepec unido jamás sería vencido”, pedían la renuncia del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y la presentación con vida de los 43 estudiantes, entre otras demandas.
Tras recorrer las principales calles de la ciudad, el contingente se reunió en la cancha del poblado, donde dijeron que el desfile fue de lucha contra las autoridades federales, estatales y locales, porque arrebataban y pisoteaban los derechos plasmados en la Constitución, por lo que no era un desfile más de alegría sino de protesta, para exigir que las autoridades volteen a ver a Tototepec, que tiene muchas carencias.
Al cierre del desfile habló el representante de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa detenidos desaparecidos, Melitón Ortega, para invitar a los vecinos a seguirse organizando para defenderse de las acciones del gobierno federal, y los llamó que se sumen a las actividades simultáneas del próximo 25 de septiembre, en la víspera del segundo aniversario de la desaparición y agresión a los estudiantes de la Normal en Iguala.
Invitó también a participar en la acción global del 26 de septiembre en la Ciudad de México, donde marcharán del Ángel de la Independencia al Zócalo, con diversas instituciones de educación, organizaciones sociales y la población en general.
Dijo que los padres de los 43 normalistas ven como una burla e impunidad la designación de Tomás Zerón de Lucio como nuevo secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad (CNS), por lo que no reanudarán el diálogo con la Procuraduría General de la República (PGR) si no se castiga al funcionario por ensuciar la investigación.

Investiga ya la PGR las amenazas a integrantes de Los Otros Desaparecidos de Iguala, informan

Familiares de víctimas de desaparición forzada del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala, informaron en la asamblea de este martes que la Procuraduría General de la República (PGR) ya investiga la supuesta amenaza a integrantes de este grupo, que se difundió a través de redes sociales y medios locales el martes de la semana pasada.
En la asamblea en el sótano de la parroquia de San Gerardo, como lo hacen cada martes, representantes del comité desmintieron que haya familiares que estén huyendo de la ciudad ante esta supuesta amenaza, y de acuerdo con la lista de asistencia de la reunión de ayer, hubo 130 familiares de desaparecidos, más que en reuniones anteriores a la difusión del mensaje.
El martes de la semana pasada, a través de una cuenta de Facebook se difundió un mensaje en el que se amenazaba a familiares de Los Otros Desaparecidos, principalmente a integrantes de la brigada de búsqueda, a quienes advertían que abandonaran la ciudad.
El supuesto mensaje, que fue retomado de unan página con nombre de usuario “Caballeros Rojos”, fue difundido en medios locales.
Ayer, en la asamblea no se habló del asunto, y se dio prioridad a la entrega de documentos que les pide a los familiares la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), para la entrega de recursos económicos del programa de alimentación.
Integrantes de la mesa directiva, de quienes se omite su nombre por su seguridad, informaron que tras la difusión del mensaje, representantes de la PGR dieron inicio a las investigaciones para determinar el origen de la supuesta amenaza, y negaron que las Familias estén huyendo a causa de este mensaje.
Ayer, como cada martes, tanto dentro como fuera de las instalaciones de la iglesia de San Gerardo se vio la vigilancia de policías federales fuertemente armados, aunque no llegaron a la reunión representantes de la PGR.
Una de las fuentes declaró que, desde que sus familiares fueron desaparecidos ellos viven con temor y han incrementado sus medidas de auto cuidado, que coincide con la violencia que se vive en el estado.
“Nosotros no buscamos culpables ni justicia por la desaparición de nuestro familiar, sólo buscamos recuperarlo para darle una sepultura digna”, dijo uno de los representantes del comité.

Definirán mañana el calendario para buscar a sus parientes en vida, anuncian

Por otro lado, una de las coordinadoras del grupo informó que será este jueves la reunión con la fiscal para la Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, para definir la calendarización del plan de búsqueda en vida de sus desaparecidos, que se hará de septiembre a diciembre próximos.
En éste, dijo la fuente, piden que se incluya la búsqueda en penales del estado y de otras entidades, en instalaciones forenses de Guerrero; asimismo, piden que se busquen restos humanos en las minas de Taxco y el pozo Meléndez.

Buscarán Los Otros Desaparecidos fosas aun sin seguridad; la PGR no la garantiza, denuncian

Integrantes del grupo de búsqueda de fosas clandestinas del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala informaron que hoy saldrán a buscar entierros clandestinos aun sin seguridad, ya que la Procuraduría General de la República (PGR) no respondió a su petición de otorgárselas.
Asimismo, se dio a conocer que hubo amenazas a los buscadores de expulsarlos del grupo y de quitarles los apoyos que reciben del gobierno si no atienden el acuerdo de la asamblea de suspender las búsquedas hasta diciembre.
De acuerdo con información dada a conocer ayer por la ex coordinadora y fundadora del comité, Xitlaly Miranda, el acuerdo y petición que se hizo en asamblea el martes a la PGR, es que las búsquedas de fosas clandestinas se suspendan hasta diciembre, acuerdo en el que no se tomó en cuenta a la brigada de búsqueda.
Informó que integrantes de la mesa directiva del comité que tomaron la decisión de suspender la búsqueda, amenazaron a los buscadores de fosas con que, si se presentan este domingo en la parroquia de San Gerardo para ir a buscar entierros clandestinos, les suspenderían la entrega de apoyos que da el gobierno y los expulsarían del comité.
A pregunta hecha, Xitlali Miranda declaró que hoy saldrán a los cerros a buscar entierros, aun sin seguridad, y responsabilizó al gobierno de lo que les pueda pasar a los familiares de desaparecidos que integran las brigadas de búsqueda.
Dijo que a los familiares les hicieron firmar el oficio del acuerdo de la suspensión de búsqueda de fosas durante los próximos cinco meses.
Señaló que le pidieron al párroco de San Gerardo, Oscar Mauricio Prudenciano, que les dé su bendición para este día antes de salir a buscar fosas, “no hay seguridad, sólo la bendición de Dios”, lamentó.

Suspende la Profepa la tala ilegal de árboles en comunidades de Alpoyeca, Malinaltepec y Atlixtac

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), suspendió la tala de árboles en tres comunidades de La Montaña guerrerense, que carecían de autorización de aprovechamiento forestal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
En un boletín publicado en su portal, la dependencia federal indica que las inspecciones se dieron ante tres denuncias ciudadanas que señalaron que los terrenos serían usados para fraccionar los terrenos o destinarlos al cultivo. Indica que denunciará ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el desmonte que afectó mil 648.5 metros cúbicos de árboles de diversas especies y selva baja caducifolia.
El texto indica que los pobladores de Alpoyeca afectaron mil 642.5 metros cúbicos de arboleda de selva baja caducifolia, en la zona de bienes comunales de la Barranca Pajarito.
“Durante una visita de inspección se constataron cortes con herramientas manuales al arbolado de especies como cuajilotes, pochote, palo dulce, copal, cactus, nopal, rabo de iguana y cacahuananche, asimismo se apreció el trazo de calles y avenidas dentro de la zona”, dice el texto oficial.
Añade que las autoridades de los Bienes Comunales de Alpoyeca señalaron que la tala fue para fraccionar una superficie de uso común de 75 hectáreas, con la intención de lotificar 2 mil 200 terrenos de 120 metros cuadrados cada uno.
Asimismo, habitantes de Cuatzoquitenco, municipio de Malinaltepec, talaron encinos en la comunidad de Yucucuilco, en los límites de los municipios de Atlamajalcingo del Monte y Malinaltepec, para el aprovechamiento de los recursos forestales.
“Mediante orden de inspección, se acudió a los lugares denunciados, con quienes se recorrió un área de 1.5 hectáreas afectadas por el derribo y corte de arbolado forestal sin autorización”, detalla el boletín.
Agrega que en el lugar conocido como El León, en la localidad de Ixmatla, anexo a los Bienes Comunales de Atlixtac, municipio de Atlixtac, fueron afectados con 6 metros cúbicos de árboles en rollo y derribo de encinos.
Se informa que fue impuesta la suspensión de acuerdo al artículo 161, fracción III de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable debido a que los inspeccionados carecían de la autorización correspondiente en los tres sitios.
Se advierte que la ley establece que “quien ilícitamente desmonte o destruya la vegetación natural; corte, arranque, derribe o tale algún o algunos árboles, o cambie el uso del suelo forestal, podrá ser sancionados con pena de seis meses a nueve años de prisión y por equivalente de cien a tres mil días de multa, siempre que dichas actividades no se realicen en zonas urbanas”.

 

Detienen federales a El Tilo, implicado en el caso Ayotzinapa; era el último prófugo de Los Peques

Policías federales y soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detuvieron este jueves en un hospital de la colonia Vista Hermosa, de Cuernavaca, Morelos, a Víctor Hugo Benítez Palacios El Tilo, jefe de la célula delictiva Los Tilos o Los Peques, que operaba para la organización delictiva Guerreros Unidos, a los que se vincula con los ataques y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa la noche y la madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
Víctor Hugo Benítez de 37 años era el último de Los Tilos que aún seguía prófugo; la célula delictiva que confirmó al mando con sus hermanos Osiel, Reynaldo, Salvador, Mateo y Orbelín, que ya habían sido capturados en relación con el caso Ayotzinapa.
La detención de El Tilo se dio alrededor del mediodía de ayer por policías federales y soldados del ejército tras varios meses de seguimiento y de investigación en un hospital de la colonia Vista Hermosa, de Cuernavaca, Morelos, donde se atendía un malestar intestinal, según dieron a conocer fuentes federales, mediante un comunicado de prensa.
El gobierno federal señala a la banda de Los Tilos como brazo armado de la organización Guerreros Unidos, que operaba en Iguala y municipios colindantes de la zona Norte de Guerrero y el sur de Morelos, y los relaciona con los ataques y la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en septiembre de 2014.
Víctor Hugo Benítez tiene dos órdenes de aprehensión, “fue detenido gracias a un seguimiento de inteligencia por varios meses, en el cual se detectó que disminuiría su círculo de seguridad, para internarse en un hospital en la colonia Vista Hermosa, de la capital del estado de Morelos, donde se trataría un malestar intestinal”.
Se informó que en su detención y aseguramiento no hubo disparos, fue detenido al ser dado de alta, y luego trasladado a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR).
“Con esta captura se completa la desarticulación del circulo de mando de los seis hermanos de apellidos Benítez Palacios: Osiel, Reynaldo, Salvador, Mateo, Orbelín y ahora Víctor Hugo, los cuales todos ya fueron detenidos y de quienes se presume controlaban al grupo de Los Tilos, a quienes se vincula con el trasiego de droga, extorsiones, y secuestros en los municipios de Iguala y Cocula”, cierra el comunicado.

Se disputaba la plaza de Iguala con Nicolás Nájera Salgado El May, detenido el 25 de abril

De acuerdo con fuentes policiacas consultadas, Víctor Hugo Benítez El Tilo era el encargado de la administración financiera de la organización Guerreros Unidos, al mando de Gildardo López Astudillo El Cabo Gil, y uno de sus centros de operaciones era el autolavado El Peque, presuntamente propiedad de Víctor Hugo, negocio que fue clausurado por la PGR el 8 de abril tras varios ataques de gente armada.
En una semana, a finales de junio, afuera de ese negocio fueron arrojados los cuerpos de cuatro hombres decapitados y una mujer con el tiro de gracia, crímenes que se adjudicó el grupo La Gente Nueva.
Tras la detención de El Cabo Gil, el 17 de septiembre de 2015 en el municipio de Taxco, Víctor Hugo Benítez El Tilo asumió el mando de la organización Guerreros Unidos, pero en poco tiempo fue relevado por Nicolás Nájera Salgado, El May o El Tío.
El relevo de Víctor Hugo desató una diputa por el mando de la plaza entre Los Tilos y el grupo de El May, que dejó la ejecución de cerca de 100 personas, entre finales de 2015 y el primer semestre de 2016.
El 25 de abril, Nicolás Nájera Salgado, quien era jefe de la organización Guerreros Unidos, fue detenido por fuerzas federales, acusado de participar en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014.
Su detención se logró en las inmediaciones de la localidad de Coajomulco, en el municipio de Huitzilac, Morelos, donde soldados y policías federales cumplieron una orden de aprehensión girada en su contra por el delito de delincuencia organizada, y puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la federación adscrito a la SEIDO.
Nájera Salgado El May o El Tío, también está presuntamente relacionado con la producción y tráfico de drogas hacia Estados Unidos, bajo las órdenes de Ángel Casarrubias Salgado, también detenido.

Intenta el Estado retrasar el mecanismo de seguimiento del caso Ayotzinapa, denuncian padres de los 43

A dos meses de estar exigiendo una reunión con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el vocero de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Melitón Ortega denunció que el gobierno federal está retrasando la conformación del mecanismo internacional de seguimiento en la investigación de los crímenes de Iguala.
Ortega recordó que sucedió lo mismo con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa, que comenzó su mandato cinco meses después de que se acordó su integración con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como parte de las medidas cautelares ante la desaparición forzada de los estudiantes, y a seis meses de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014.
En consulta telefónica, Melitón Ortega informó que los padres esperan que la reunión con Osorio se concrete el próximo miércoles o el jueves, y que en la reunión mensual con la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez González, el 12 de junio, les deben informar los avances de la investigación del caso.
En tanto, insisten en la conformación del mecanismo que sustituirá al GIEI, que fue separado de la investigación hace dos meses, y en la destitución del director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio.
Subrayó que el funcionario obstruyó la labor del GIEI y quiso desviar la investigación hacia el basurero de Cocula, sembrando evidencias en distintos escenarios.
En cuanto al mecanismo, recordó que las características ya fueron definidas, y en las mesas de trabajo el Estado mexicano ha planteado a la CIDH que su duración sea de seis meses y hasta un año, tiempo suficiente para esclarecer los crímenes.
Sin embargo, indicó que el GIEI permaneció en la investigación un año, durante dos mandatos, y estuvo en la ruta para encontrar la verdad, pero su labor fue obstruida por funcionarios de la misma Procuraduría.
En ese sentido, los padres de familia consideran que el gobierno federal querrá gastar el tiempo del nuevo mecanismo, que se agoten los plazos, para decir al mundo que aceptó el escrutinio internacional. Desconfían de buena voluntad que expresa el gobierno federal.
Asimismo, Melitón Ortega habló de la violencia institucional contra el movimiento magisterial, particularmente en Oaxaca, donde fueron asesinadas nueve personas durante un desalojo a balazos, y la violencia común, que todos los días está sumando homicidios cruentos (decapitados, desmembrados).
Por otra parte, indicó que los padres han recibido amenazados para dejar la lucha; la semana pasada fueron atacados de manera directa por desconocidos que lanzaron piedras al autobús en que se trasladaban a la ciudad de México, en Cuernavaca, Morelos, a pesar de que las medidas cautelares de la CIDH se extienden a los familiares y alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Denunció que la respuesta del gobierno a toda expresión de protesta, “es el garrote, el hostigamiento y el asesinato. De esa manera quiere acallar las voces… no puede seguir así esas agresiones de las fuerzas policiacas hacia el sector magisterial, cuando organismos internacionales y movimientos nacionales, religiosos han hecho pronunciamientos en favor de los maestros”.
De la violencia diaria, los crímenes sin control, opinó que son parte de una descomposición social, de la que son responsables las mismas autoridades “coludidas con la delincuencia”.
Estos temas se abordan en las reuniones de trabajo entre los padres de familia, para definir cómo seguir presionando a las autoridades para que les entreguen a sus hijos.
“Para nosotros, eso significa que las policías de los tres niveles no funcionan para garantizar la seguridad en Guerrero y en todo el país, su política de seguridad pública tiene que ser modificada”, opinó.
No obstante, añadió que el interés de los gobiernos en turno está por la clase empresarial, mientras al pueblo permanece en el abandono total.