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No sabe Leyva Mena cuántas cámaras de vigilancia hay en el municipio porque no le informan, dice

 

El alcalde priista de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena dijo que el Ayuntamiento desconoce cuántas cámaras de seguridad hay en el municipio, porque el Centro de Control, Comando y Cómputo (C4) no le informa nada “al presidente municipal ni le mandan imágenes ni sabe cuántas cámaras tiene”.
En conferencia de prensa, adelantó también que, si no llegan a acuerdos con los comerciantes ambulantes que obstruyen entradas al mercado central capitalino, los van a desalojar con “la fuerza pública”.
Un reportero preguntó sobre el manejo del C4, recordó que hubo un convenio entre el Ejército y las autoridades civiles para que los agentes que operaban el mando fueran capacitados, y que el proceso ya se concluyó.
El alcalde aprovechó para sugerir que se les proporcione a los gobiernos municipales o a los ciudadanos, “un informe mensual, quincenal”, para que se sientan más seguros con los avances tecnológicos para la seguridad en la ciudad, dijo.
A preguntas de reporteros, Leyva Mena dijo desconocer cuántas cámaras hay en Chilpancingo, “es un tema que tienen los que tienen a su cargo el C4 y el sistema estatal de seguridad pública, pero al presidente municipal ni le mandan imágenes ni sabe cuántas cámaras tiene”.
Consideró que es parte del monopolio que deben tener el gobierno del estado y el federal, de lo que dijo es respetuoso de la ley.
El alcalde priista, se solidarizó con el presidente municipal de Zihuatanejo “por el diagnóstico que se tiene de su policía municipal”, que fue infiltrada por un grupo delincuencial y que incluso un líder criminal asumió las funciones de director y llevó a su gente a trabajar como policía.
Leyva Mena dijo que lo ocurrido en el municipio de la Costa Grande, “denota lo complejo y difícil que es manejar estos temas”, y reiteró la necesidad de certificar a los policías.
Consideró también que la declaración del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de que no es necesario un comisionado de seguridad para Guerrero, debe ser respaldado “con el trabajo y resultado” de los alcaldes.
De los pactos que han propuesto dirigentes de partidos, alcaldes y el propio gobernador, en torno a la inseguridad en el estado, el alcalde de Chilpancingo, dijo que los presidentes municipales que no cumplen con la certificación de sus policías están “faltando a ese pacto”.
Pese a las cifras que muestran que el primer cuatrimestre de 2017 fue el más violento de los últimos 10 años en el estado, el alcalde capitalino dijo que en Chilpancingo en ese periodo ocurrieron 81 asesinatos, 26 en enero, en febrero 25, en marzo 17 y en abril 13, y festejó que en la capital haya una reducción de este tipo de crímenes.
El alcalde exhortó al delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) Rigoberto Villegas Montoya, para que valore una solicitud que ya hizo por escrito, “que un área federal nos la destine para generar una base operativa municipal de seguridad”.
Explicó que piden una área para la base operativa para “el resguardo de la ciudad”, dijo que sabe de comentarios de que el delegado “se está negando no lo quiere hacer, yo le pediría con mucho respeto, porque este ayuntamiento está tratando de que todas las salidas y entradas de Chilpancingo estén vigiladas y ese terreno es el adecuado”.
Comentó que hizo la solicitud desde hace tres meses, pero aún no hay una respuesta positiva, el predio que solicita el ayuntamiento está en el triángulo que está antes de entrar a Chilpancingo viniendo de Zumpango.

Sí hay un acuerdo con el dueño de predio usado como tiradero, responde

De los 60 mil pesos mensuales que el dueño del predio donde se deposita la basura recolectada en la capital denunció que no le están pagando, el alcalde comentó que no es esa cantidad, “es mucho menos”, pero no precisó cuánto acordaron pagarle.
Leyva Mena comentó que tenían considerado conseguir ese dinero de la cuota que darían los recolectores de la basura que depositan los residuos en el lugar, pero ellos no quieren pagar; sin embargo, dijo que, “si no tuviéramos un acuerdo básico con el dueño del predio, créeme que cerrarían el lugar”.
Del espacio acéfalo que hay en la Secretaría General del Ayuntamiento, después de la renuncia de Gustavo Adolfo Morlet Berdejo, comentó que aún no hay un remplazo, aunque consideró que están trabajando normalmente.
En la conferencia, el alcalde informó que se están limpiando coladeras y alcantarillas que están saturadas de basura, pero también están cambiando algunas que estaban dañadas.
Reiteró que los bares que fueron clausurados en la avenida Lázaro Cárdenas no cumplieron con los acuerdos de modificaciones que se harían a los establecimientos.
Asimismo, informó que desde el inicio de su gobierno han recuperado 160 áreas verdes que no estaban escrituradas, pero advirtió que los casos de predios que eran áreas verdes; “fueron vendidas por malos funcionarios que lo hicieron en administraciones pasadas”.

Desalojará a más de mil ambulantes del mercado central si no llegan a acuerdos, adelanta

De la denuncia de locatarios del mercado central Baltazar R. Leyva Mancilla que se quejan de los comerciantes ambulantes que obstruyen las salidas y que piden que sean regularizados, Leyva Mena informó que podría desalojar a los más de mil ambulantes.
Explicó que hay diálogo con los comerciantes, pero adelantó que de no llegar a acuerdos, se “empleará la fuerza pública… creo que es necesario que todos tengamos orden, sobre todo en el mercado, y yo creo que todo mundo tiene derecho a ganarse la vida, pero también tiene derecho a respetar las vialidades de tránsito”.
Comentó que están dialogando con los comerciantes ambulantes para que paguen impuestos. Comentó que el municipio recauda del cobro a los comerciantes ambulantes entre mil y tres mil pesos diarios, que consideró que es muy poco, comparado con los gastos que se generan.
Explicó que están gestionando la construcción de un nuevo mercado, al sur de la ciudad, rumbo a la comunidad de Petaquillas.

 

Cierran los padres de los 43 la PGR; exigen una reunión con el procurador y con Osorio Chong

Padres y familiares de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, cerraron la Procuraduría General de la República (PGR) en la Ciudad de México, para exigir una mesa de diálogo con el procurador Raúl Cervantes Andrade y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
El abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra dijo que desde las 7:15 de la mañana los padres y manifestantes que desde hace 19 días mantienen un plantón frente a la PGR, cerraron los accesos y clausuraron de manera simbólica las instalaciones, para exigir que las autoridades le den seguimiento a las líneas de investigación que recomendó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En los pasados días de protesta fue cerrada la entrada principal, pero los funcionarios de la PGR podían ingresar a trabajar por accesos aledaños, este lunes sólo se veían guardias al interior del inmueble.
En declaraciones telefónicas, Rosales Sierra dijo que la PGR continuará cerrada hasta que las autoridades respondan a las demandas de los manifestantes.
A las 7:30 de la noche el gobierno federal propuso que la reunión fuera con el fiscal especial del caso Iguala, Alfredo Higuera Bernal y el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián, pero no se llegó a un acuerdo.
En conferencia de prensa a las 10 de la mañana, la madre del normalista desaparecido César González Hernández, Hilda Hernández Rivera exigió que el gobierno federal investigue el trasiego de drogas de Iguala a Chicago, la participación del Ejército, de la Policía Federal y de la Policía Municipal de Huitzuco en los ataques, además de la actividad de los teléfonos celulares de los estudiantes y de los detenidos por el caso.
Rosales Sierra dijo que tras la conferencia de prensa los padres marcharon acompañados de unos 300 manifestantes desde el plantón frente a la PGR al antimonumento a los 43 ubicado en la avenida Reforma, donde se llevó a cabo un mitin para exigir que las autoridades resuelvan el caso, pues no puede quedar impune.
En su plantón, los padres tienen costales y cajas de papas, cebollas, nopales, hierbas de olor y demás verduras.
También tienen leña para hacer fogatas y usan la reja de la PGR como tendedero de ropa.
Duermen en casas de campaña o en colchonetas sobre un templete de madera en la carpa principal, y cuentan con más de 10 sanitarios móviles.
El bloqueo lo mantienen en las tres entradas del edificio: la principal, sobre Reforma; la del estacionamiento en Río Guadiana, y la de un acceso lateral en Río Neva.
Cientos de empleados no han podido entrar a las instalaciones, por lo que esperan en las inmediaciones a espera de órdenes de sus superiores.

Denuncian agresión a un padre

En la página oficial en Facebook Padres y madres de Ayotzinapa, se denunció que durante el bloqueo de los accesos a la PGR, cerca de las 3 de la tarde un presunto trabajador del gobierno federal intentó entrar por la fuerza a las instalaciones y agredió a Bernardo Campos Santos, padre del normalista desaparecido José Ángel Campos Cantor, quien es diabético y resultó lesionado en la rodilla izquierda.
“En repetidas ocasiones hemos afirmado que nos han quitado tanto que hasta el miedo nos lo han arrebatado. Uno de nosotros fue objeto de una agresión el día de hoy. Una persona (probable representante de la Ley) intentó entrar por la fuerza al edificio de la PGR y en su violenta intentona jalonea a Don Bernardo Campos, padre de José Ángel Campos Cantor, ¡este padre es diabético! Nos faltan 43”, fue el mensaje con el que difundieron fotografías de la lesión de José Ángel Campos.

Tiene un cronograma; en noviembre tendrá resultados de la investigación, dice la PGR

La PGR informó que existe un cronograma elaborado para tener resultados de la investigación en seis meses, es decir, hasta noviembre.
Ordenó realizar vuelos de rastreo con tecnología de última generación en una superficie de 60 kilómetros cuadrados en la zona de Iguala, en busca de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
La subprocuradora de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías, y el fiscal especial del Caso Iguala, Alfredo Higuera Bernal, dieron a conocer que estos vuelos continuarán con el uso de tecnología LiDar, un radar que obtiene imágenes tridimensionales y térmicas.
“En esta ocasión los propios padres pidieron que el área de aplicación del LiDar sea ahora mucho más extensa en una zona de aproximadamente 60 kilómetros cuadrados. Esto, con independencia de los costos que pudiera tener, el señor procurador lo aprobó de inmediato”, dijo Higuera.
Comentó en conferencia de prensa que desde que la PGR comenzó a utilizar esta tecnología se ha sobrevolado un área de un kilómetro cuadrado, en la que cual encontraron 100 lugares que debían ser sujetos a una revisión de campo.
Después de una inspección del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y los representantes de los padres de los normalistas, dijo, no se localizó ningún dato relevante para las investigaciones ministeriales.
Herrerías informó que a más tardar en noviembre próximo la PGR dará cumplimiento a nueve puntos y recomendaciones de líneas de investigación solicitados por organismos internacionales y los padres de los estudiantes.
Se trata de los puntos recomendados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
En un mensaje leído a la prensa, Sara Irene Herrerías informó que el 20 de abril se realizó una reunión con representantes de los padres, el Centro Prodh, Tlachinollan, Serapaz y el procurador Raúl Cervantes, en la que les ofrecieron seguir con “todas las líneas de investigación” y presentar un cronograma sobre los puntos que el mecanismo de la CIDH planteó como prioritarios.
La funcionaria agregó que al día siguiente, la dependencia presentó a la CIDH un cronograma con nueve puntos para ir cumpliendo de ahora hasta noviembre.
No obstante recordó que a esa reunión no asistieron los padres de los 43 “por lo que había pasado en la audiencia entre la CIDH, en donde ellos lo consideraron como un rompimiento y nosotros reiteramos en que como PGR teníamos abiertas todas las líneas de investigación”.
Por otra parte, informó que aún faltan por detener a siete personas más relacionadas directamente con la desaparición de los estudiantes normalistas el 26 y 27 de septiembre de 2014.
“Sabemos, comprendemos y tenemos empatía y lo sabemos el dolor de los padres y queremos darle una respuesta a ellos. En este sentido sabemos que lo más importante es la investigación y nos hemos concentrado en eso en este tiempo”, argumentó.
Luego aseguró que el titular de la PGR, Raúl Cervantes, “está en la mejor disposición de reunirse con ellos dentro de este marco de la Comisión Interamericana, que sería a finales del mes de mayo, cuando toca la siguiente reunión”.

Descarta que la tortura tenga como consecuencia la libertad de los acusados

Para verificar si hubo tortura el fiscal Alfredo Higuera dijo que la PGR ha practicado el Protocolo de Estambul a todos los detenidos por la desaparición de los 43 normalistas, con o sin denuncia de por medio, y hasta ahora sólo ha habido conclusiones en ocho casos.
De ellos, en seis los resultados fueron negativos y en dos hubo datos de tortura contra los detenidos, y en esos casos, los procesados decidieron no continuar la denuncia ante la PGR.
Descartó que la tortura tenga como consecuencia la libertad de los acusados o el desechamiento del expediente en los tribunales, ya que en caso de comprobarse sólo se anulan las declaraciones de quienes sufrieron los malos tratos.
“Todo eso tendrá las implicaciones y derivaciones que en cada caso concreto corresponda, la consecuencia natural de una declaración obtenida bajo tortura es la nulidad de esa declaración, no necesariamente que deje sin efecto el conjunto de actuaciones o elementos de prueba que haya en un caso”, aseveró.

Sigue la investigación y no se busca cerrar el caso Ayotzinapa, dice Campa Cifrián

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián dijo que las investigaciones sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa continúan y que se busca dar con todos los responsables y ponerlos a disposición de la justicia.
En entrevista con Ciro Gómez Leyva indicó que aunque existe la preocupación de los padres de que pudiera haber la intención de cerrar el caso, “yo puedo reiterar porque estuve presente en la reunión con el procurador la semana pasada, y también con el mecanismo de la Comisión Interamericana, que hay la mayor decisión de concluir este proceso cuando se haya dado con todos los responsables, se les haya puesto a disposición de la justicia”.
Destacó la detención, este martes, de uno de los líderes en Huitzuco del grupo criminal Guerreros Unidos, lo cual era una de las peticiones que tienen los padres, de profundizar la investigación.
Señaló que los caminos están abiertos para los padres de los normalistas puedan hablar con algún funcionario de la Segob, y que siempre ha habido apertura y plena disposición para ello.
Agregó que la noche de ayer habló con Vidulfo Rosales, uno de los representantes legales de los padres, a quien le indicó que las investigaciones continúan hasta dar con todos los responsables y someterlos a la justicia.
Roberto Campa agregó que con Rosales sostuvo una conversación en términos cordiales, de plena comunicación, “y reiteramos por este medio, cualquier interés en un encuentro con la Secretaría de Gobernación, con el titular o con quienes trabajamos ahí y tenemos relación con el caso, pues se puede resolver simplemente con una llamada telefónica, estamos siempre a la disposición”.
El funcionario reiteró que siempre que sea solicitada una reunión con el secretario de Gobernación estará atento a la petición que hagan para conciliar agendas, porque existe plena disposición con el titular de Segob siempre para reunirse con los padres de Ayotzinapa, pero no mencionó que el martes cuando fueron a pedir una audiencia con Osorio Chong, los padres de los estudiantes fueron atacados con gases lacrimógenos por policías federales, lo que dejó a cinco familiares lesionados, justo en las puertas de la Segob.

Se discute hoy en comisiones la Ley de Desaparición Forzada

De la Ley de Desaparición Forzada, Campa declaró que existen todas las condiciones para que se apruebe, que por ahora está en manos de Senado y las cuatro comisiones dictaminadoras se han puesto de acuerdo, se ha trabajado intensamente con ellos y con las organizaciones de la sociedad, con expertos.
Agregó que está programado que se discuta hoy en comisiones y se lleve al Pleno del Senado. Se espera que suceda porque hay muchas familias en México que están esperando que salga la ley.
La ley consta de dos partes, una es la penal y las sanciones, “de lo que se trata es de que tenga el mismo manejo en todo el país, y la segunda parte de la ley es todo el diseño de la política pública, de búsqueda y de investigación”.
“Si somos capaces de romper las cadenas de impunidad seremos capaces de revertir esta realidad que tenemos en materia de desapariciones”, dijo.
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Gasea la PF a padres de los 43 que pedían audiencia con Osorio Chong en la Segob; hay cinco lesionados

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra reportó que tres padres y dos mamás de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos sufrieron lesiones provocadas por los gases lacrimógenos que les lanzaron policías federales en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Tras señalar que los actos de represión que se registraron este martes serán notificados al Mecanismo de Seguimiento del caso Ayotzinapa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Rosales consideró que la acción policiaca “evidencia la ruta y la posición que respecto al caso mantiene el gobierno federal” de generar “condiciones de debilitamiento y cierre del caso”.
La protesta en la Segob fue anunciada con anticipación como parte de la jornada de lucha que comenzó con un plantón indefinido de los padres frente a la PGR, para exigir que se investigue la responsabilidad de militares del 27 Batallón de Iguala, que se consigne a los policías federales y municipales involucrados en la desaparición forzada de los estudiantes, y se profundice en la línea de investigación de trasiego de droga de Iguala a Chicago, que está sin avances desde que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) fue expulsado del país.
En entrevista con la Agencia Proceso, el abogado de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos informó que los lesionados son: Hilda Legideño Vargas, Berta Nava, Mario César González, Hermenegildo Ortega Carlos y Bernabé Abraham, quienes sufren “complicaciones en los ojos y en el sistema digestivo” debido a los gases lacrimógenos.
Señaló que la represión policiaca ocurrió después de que los padres y madres solicitaran una audiencia con el titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, antes de un mitin como parte de la jornada de actividades a 31 meses de la desaparición de los estudiantes.
“En lugar de que reciban a la comisión agreden a los padres de esta manera, eso complica mucho más las cosas y orilla a los padres a no caminar en la ruta del diálogo ni en la ruta de la institucionalidad, sino más bien que sea la protesta donde ellos expresen su exigencia por la presentación con vida de sus hijos”, dijo.
Agregó que después de la agresión familiares de los normalistas desaparecidos y estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa bloquearon la avenida Reforma, en Bucareli, y agentes de la Dirección de Gobernación de la Ciudad de México se acercaron a buscar “un puente de diálogo con el gobierno federal”.
Los enviados dijeron que el subsecretario Roberto Campa Cifrián está dispuesto a recibir a una comisión de padres.
Al respecto, Vidulfo Rosales explicó: “rechazamos la oferta porque el subsecretario Campa ya no es interlocutor válido para los padres, porque ellos lo identifican como el que verbalizó la posición del gobierno en Washington. Estamos buscando hablar con Osorio Chong”.
En marzo en la audiencia en Washington en la sede de la CIDH, Campa llamó a los padres a considerar la “verdad histórica” de que sus hijos fueron calcinados en el basurero de Cocula, como una real posibilidad del destino final de los 43 estudiantes, expresiones con las que el funcionario federal intentó echar abajo las conclusiones de Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de que esa hipótesis es científicamente imposible.
Tras señalar que la protesta de los padres y madres en las inmediaciones de la Segob “no ameritaba este tipo de intervención de la policía”, Rosales Sierra llamó al gobierno federal a que “rectifique, porque no porque se les reprima van a dejar de exigir la presentación con vida de sus hijos, a menos que detengan a todos los padres, pero no sé si eso resuelve el problema”.
En cuanto a la reciente detención de Walter Alonso Deloya Tomás, El Walter o La Medusa, presunto integrante de Guerreros Unidos e implicado en la desaparición de los normalistas, precisó que “fue detenido por otras causas penales distintas y ajenas a los 43, no está directamente relacionado”.
Reconoció que en el expediente se menciona a La Medusa porque “pertenece a Guerreros Unidos y trabajaba para (Alejandro) El Cholo Palacios, pero no hay un vínculo directo, no hay acción penal emanada del caso de los 43”.
Lo que toca ahora a la Oficina Especial para el Caso Iguala, agregó, es buscar “entrevistar al detenido para obtener alguna información adicional, respetando sus derechos procesales”.
Reporta la PF a tres personas con lesiones leves

La Policía Federal (PF) informó que tres personas sufrieron lesiones leves tras la agresión, con gases lacrimógenos, a los padres de los 43 normalistas desaparecidos que se encontraban en las inmediaciones de la Segob.
En una tarjeta informativa la dependencia federal aseguró que dos de sus agentes y un trabajador de la Unidad de Gobierno de la Segob presentaron golpes por objetos lanzados por los manifestantes en la protesta de ayer.
Señala a 40 personas ajenas a los familiares de los estudiantes desaparecidos en Iguala, como los responsables de arrojar petardos y piedras a los uniformados.
Ante esta acción dispersaron a los manifestantes con un par de bombas de gases lacrimógenos.
“El gobierno de la República a través de la Secretaría de Gobernación, reafirma su voluntad y compromiso de mantener, como siempre lo ha realizado, un diálogo constante y abierto con los ciudadanos”.
“Padres y madres de los estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa dijeron haber tomado la decisión, por el momento, de no solicitar una reunión con autoridades de la Secretaría de Gobernación debido a la presencia de grupos ajenos a su movimiento”, dice la PF.

Reprueba Amnistía Internacional el uso excesivo de la fuerza

Tania Reneaum, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México reprobó el uso excesivo de la fuerza utilizada por la Policía Federal para dispersar a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, mientras se manifestaban afuera de la Secretaría de Gobernación.
“El gobierno de México debe recordar que es ilícito usar formas de control que, como los gases y otras sustancias químicas irritantes, afecten a personas que no tienen que ver con la manifestación o que participando de ella no hacen uso de la violencia”, expuso.
De acuerdo con Reneaum, el uso de la fuerza es una clara violación de los estándares internacionales de derechos humanos y una afrenta más a las familias y compañeros de los estudiantes desaparecidos hace más de dos años.
El de los 43 estudiantes desaparecidos, mencionó, es un caso que no ha sido debidamente investigado por las autoridades mexicanas, y hasta ahora se desconoce la suerte o paradero de las víctimas debido a que no se han esclarecido los hechos.
El desalojo fue cuando un reducido grupo de familiares de los 43 normalistas desparecidos y estudiantes de la Normal Rural pretendían hacer un mitin frente a la Segob para pedir una reunión con Osorio Chong.
El grupo nunca alcanzó su objetivo: en Bucareli, a media cuadra del Reloj Chino se toparon con un muro de hierro y luego con bombas de gases lacrimógenos. En el ataque resultaron lesionados cinco padres de los estudiantes desaparecidos.

Incendian normalistas de Ayotzinapa dos camiones y los persiguen policías en Chilpancingo y Tixtla

 

En respuesta a la agresión que sufrieron padres y otros familiares de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos, afuera de la Secretaría de Gobernación (Segob) en la Ciudad de México, estudiantes de esa escuela incendiaron dos camiones de la tienda departamental Coppel, ocuparon dos cabinas de radiodifusoras para expresar su condena a la agresión a los padres, y tuvieron un breve enfrentamiento con la Policía Estatal.
Un normalista fue lesionado por un impacto de bala de humo lanzado por policías estatales, y fue hospitalizado en Tixtla, informó la dirigencia estudiantil.
El incendio de uno de los dos camiones de Coppel ocurrió a la salida del libramiento de cuota, cerca de Tierras Prietas, al norte de la capital, cuando el contingente de unos 50 estudiantes se retiraba a la Normal después de haber tomado las dos cabinas de radio en la capital.
Después en su regreso a las instalaciones de la escuela y cerca del entronque del libramiento con la carretera Chilpancingo-Chilapa, en la salida de Tixtla, prendieron fuego a otro camión de la misma tienda departamental, y metros adelante en la estatua a Vicente Guerrero, cerca del internado Adolfo Cienfuegos y Camus, tuvieron un breve encuentro a pedradas con policías estatales que ya los perseguían, y con otros que los esperaban en el lugar.
Estos hechos que se derivaron del repliegue violento que sufrieron con gas lacrimógeno y toletes de granaderos los padres de los 43 estudiantes que se encontraban afuera de las instalaciones de la Segob, empañaron las actividades culturales en las instalaciones de la Normal de Ayotzinapa con motivo del 91 aniversario de la fundación de esa institución.
Los estudiantes se enteraron al mediodía de la agresión a los padres en la Ciudad de México y de inmediato convocaron a una concentración en la cancha techada de la escuela, a la una de la tarde.
Allí relataron que el plantón en la Ciudad de México comenzó el 20 de abril en la PGR para pedir “investigaciones claras” en los ataques de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, que se investigue a los militares del 27 Batallón de Infantería de Iguala que actuaron esa noche, la participación en esos hechos de la Policía Municipal de Huitzuco, que se dé seguimiento al rastreo de los celulares de los estudiantes que siguieron activos días después de los hechos, e investigar el tráfico de drogas a través de la línea Estrella de Oro que cubre la ruta Iguala-Chicago, debido a que según el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) habría sido la

 

Se plantan padres de los 43 en la PGR y se reúnen autoridades con el mecanismo del caso Ayotzinapa

Mientras padres de los 43 estudiantes desaparecidos hacían un mitin afuera de la Procuraduría General de la República (PGR), donde instalaron un plantón, en el edificio funcionarios de esta dependencia y de la Secretaría de Gobernación (Segob) recibieron a la relatora para México Esmeralda Arosemena de Troitiño (de Panamá) y al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão (de Brasil), en la segunda visita oficial del mecanismo especial de seguimiento para el caso Ayotzinapa.
Normalistas y padres de los 43 estudiantes desaparecidos montaron cuatro carpas afuera de las instalaciones en la Ciudad de México, donde permanecerán en plantón indefinido para exigir respuestas a sus demandas.
“Llevamos 31 meses en que no tenemos respuesta, en que no tenemos a nuestros hijos, por eso estamos aquí”, expresó Hilda Legideño, madre del joven Jorge Antonio Tizapa.
El representante de los padres de los estudiantes, Melitón Ortega explicó su ausencia en la reunión de seguimiento a la investigación de los ataques del 26 y 27 de septiembre en Iguala, y de las recomendaciones que dejó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para esclarecer estos hechos.
Los padres exigieron a las autoridades mexicanas consolidar las líneas de investigación sobre una presunta intervención del Ejército, el trasiego de drogas de Iguala a Chicago, la participación de la Policía Municipal de Huitzuco y el análisis de la telefonía celular de los normalistas.
Dijo que ya no pueden tolerar que los funcionarios se burlen de su angustia, “no estamos dispuestos a que el gobierno siga engañándonos con el mismo discurso, no estamos para seguir escuchando simulaciones, el último procurador general (de tres que han ocupado el cargo en los 31 meses de investigación) ha dicho que tienen interés, pero vemos que es discurso político”.
Demandó que la PGR fije una posición sobre la declaración del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, ahora secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional -un día antes de la llegada del mecanismo de la CIDH a México- sobre la tesis oficial del basurero de Cocula, para insistir en la veracidad de una versión que descartaron científicamente los expertos.
Consideró una falta de respeto que Zerón de Lucio, estando fuera de la PGR siga haciendo declaraciones sobre Ayotzinapa, y validando una investigación a su cargo donde se evidenciaron graves irregularidades, “es falta de respeto a los padres, y exigimos que la PGR aclare si es su vocero”.
De la reunión en la PGR aclaró que sólo sus representantes legales estuvieron en el encuentro de 2 a 4 de la tarde en el edificio, y al salir informaron que no hay avances en los planteamientos de los padres de familia, que son parte de las recomendaciones del GIEI.
Confirmó que en la noche los padres de familia se reunieron en privado con los funcionarios de la CIDH, en el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez.
En un boletín conjunto de la CIDH y de la PGR, se informó que el procurador Raúl Cervantes Andrade dio “un informe detallado sobre las acciones y actualizaciones en materia de investigación y búsqueda, y atención a las recomendaciones del GIEI y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como en lo que se refiere a la instrumentación de distintos acuerdos que resultaron de una reunión con los familiares de los estudiantes desaparecidos y sus representantes, celebrada en febrero pasado”.
Señala que estuvieron en el encuentro representantes de los familiares de las víctimas, y el procurador manifestó “disposición a continuar dando seguimiento a todas las líneas de investigación, lo que será el caso hasta agotarlas, a fin de esclarecer todo lo sucedido y determinar las responsabilidades que correspondan. En ese sentido subrayó la importancia del papel de la CIDH para tender puentes y fortalecer la interlocución con los padres y familiares de los estudiantes”.

“Se agotan los caminos institucionales”, dice Vidulfo Rosales

El abogado de los padres y madres de lo 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace casi 31 meses, Vidulfo Rosales Sierra dijo que “se agotan los caminos institucionales” para dar respuesta a las demandas de verdad y justicia de los familiares de las víctimas.
Al término de la reunión en la que también estuvieron los subsecretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores, Roberto Campa Cifrián y Miguel Ruiz Cabañas, puntualizó que hay “nulos avances” en las investigaciones del caso, además de que, desde abril del año pasado “no ha habido mayores diligencias”.
Señaló que ante “estas omisiones y dilaciones, la institucionalidad se va a agotando” y advirtió que no les están dejando otro camino que la movilización de los padres “adquiera mayor protagonismo”.
Rosales Sierra confirmó que el plantón frente a la PGR continuará hasta que los abogados sean llamados por funcionarios de la dependencia para reportar avances sobre la consignación y detención de policías de Huitzuco y federales, el inicio de líneas de investigación hacia los militares del 27 Batallón de Infantería, el exgobernador Ángel Aguirre y el exfiscal Iñaky Blanco, así como un reporte de avances del análisis de más de mil teléfonos celulares.
Dijo, la actitud de omisiones y dilaciones en la investigación “está acotando el papel de la coadyuvancia a revisar el expediente y recibir las notificaciones correspondientes”.
Aseguró que durante el encuentro de este jueves ninguna autoridad pudo dar alguna “explicación jurídica o política” del retraso en las actuaciones.
Peor aún, el procurador Raúl Cervantes se mostró “ambiguo” ante la exigencia de fijar una postura pública de reconocimiento a las conclusiones del GIEI, de que hay líneas de investigación abiertas y que “ningún funcionario de la República puede salir a hablar de verdades establecidas”, ante la posición del gobierno mexicano que llevó el subsecretario Roberto Campa a la CIDH, de reconocer como válida la “verdad histórica”.
Vidulfo Rosales lamentó que el titular de la PGR se haya resistido a pronunciarse en torno a las declaraciones de Tomás Zerón, quien insistió en avalar la versión de que los jóvenes fueron incinerados en el basurero de Cocula y señalar que “la investigación va a seguir exactamente igual”.
Cervantes Andrade se limitó a decir que “no puede coartar la derecho libertad de expresión”, según dijo Rosales, quien consideró que los dichos de Zerón no reflejan más que “se trata de una posición de Estado” y que el exfuncionario de la PGR está confiado en que no será castigado por las irregularidades cometidas en el caso.

Padres en Plantón

Al tenso panorama entre padres y madres de los 43 y las autoridades federales, se suma la intención del gobierno de Miguel Ángel Mancera para que desalojen el plantón instalado sobre la lateral del Paseo de la Reforma, justo a las puertas de la PGR.
Antes del mitin Melitón Ortega informó que, conforme a los acuerdos de la Asamblea Nacional Popular, activistas y organizaciones se concentraron en el antimonumento de los 43 instalado en el Paseo de Reforma para marchar a la PGR.
Señaló que la participación fue nutrida con representaciones de 20 organizaciones sociales y sindicales, organizados por turnos para tener presencia las 24 hora del día.
Funcionarios de la Dirección de Gobierno de la Ciudad de México expusieron a Vidulfo Rosales la indicación de trasladar la movilización de los padres al camellón que está frente a la dependencia federal “para no obstruir el tránsito”, lo que fue rechazado por el abogado.
Ante los medios de comunicación, el abogado emplazó al jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera a demostrar que su gobierno “no responde a los intereses del gobierno federal”, que pretende imponer la “verdad histórica” y “echar por tierra” las conclusiones del GIEI.
De no solidarizarse con los padres e insistir en el desalojo, dijo, “interpretaremos que el gobierno de Mancera se une a las voces del gobierno en contra de los padres de familia”.
“No es posible que todas las autoridades estén cerrando las puertas y les den las espalda a los padres de familia, si quieren venir a desalojar, ellos sabrán lo que hacen”, expuso.
Insistió: “creemos que la protesta es legítima, hay 43 estudiantes que hoy en día no sabemos dónde están, en un hecho que ha conmocionado al país, abrió grietas, abrió dolores que hoy permanecen abiertos y toda autoridad tiene la obligación para que esto se sepa, para que la verdad y la justicia lleguen a los padres”.
Las movilizaciones por el caso de los 43 desaparecidos continuará mañana viernes con un volanteo en el área cercana al plantón. Para el sábado habrá actividades artísticas y el domingo los padres volverán a tomar las calles para marchar del Ángel de la Independencia al antimonumento a los 43.
El lunes 24 los familiares de los desaparecidos y organizaciones que los apoyan participarán en un plantón en el Juzgado Tercero de Distrito, donde se desahoga el amparo contra la resolución que exculpó a Tomás Zerón de cargos penales.
El martes siguiente llevarán las protestas a la Secretaría de Gobernación y el miércoles 26 tomarán las calles de Reforma para marchar a los 31 meses de desaparición de los estudiantes.

La PGR y la Segob han buscado a los padres de los 43 tras la ruptura en la CIDH, dice Vidulfo Rosales

 

Tras la ruptura en la sesión pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde el Estado sostuvo la tesis oficial del basurero de Cocula como la más sólida de la investigación de los ataques del 26 y 27 de septiembre en Iguala, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Procuraduría General de la República (PGR) han intentado acercarse a los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos, reveló el abogado Vidulfo Rosales Sierra.
Aclaró que antes de la visita de los comisionados de la CIDH que forman el mecanismo especial del seguimiento de la investigación, del 19 al 22 de abril, será difícil cualquier diálogo con las autoridades.
Sin embargo añadió que mediante la coadyuvancia de los representantes legales están al tanto de cualquier avance en la investigación, y no han recibido ninguna información que indique un adelanto para esclarecer los hechos o determinar el paradero de los normalistas.
Precisó que los abogados en el momento en que lo consideren pueden consultar el expediente en la PGR, y si hay adelantos significativos las autoridades están obligadas a informar antes que a nadie a las víctimas.
Recordó que la última posición de las autoridades, es que todas las líneas de investigación están abiertas, después de que se interpeló la posición en favor de la llamada “verdad histórica”.
De la tesis aseguró que sólo seis personas de 180 en prisión están relacionadas con el basurero de Cocula, el resto fueron detenidos por portación de armas, por pertenecer al grupo criminal Guerreros Unidos, por obtener dinero de manera ilícita, por acción y omisión en la responsabilidad y la desaparición forzada de los estudiantes.
De esos seis la mayoría denunció que fue coaccionado para incriminarse mediante tortura, y dos casos fueron debidamente comprobados mediante la aplicación del protocolo de Estambul.
De la visita de los comisionados, indicó que Esmeralda Arosamena de Troitiño llega con otro comisionado y los integrantes del equipo técnico operativo, que se quedarán más tiempo en el país.
En la visita 19 al 22 al país adelantó que habrá actividades públicas, en la que están planteando una reunión en la Normal Rural de Ayotzinapa.
En otro tema opinó sobre los ataques a los periodistas, tema de las reuniones con los padres de familia.
Consideró que la violencia generalizada en el país vuelve turbio el ambiente, genera resquebrajamiento del tejido social, desestabilidad en los ciudadanos que se acostumbran a la muerte reseñada en los diarios todos los días, como a una estadística.
En este mar de violencia e impunidad, se vuelven vulnerables principalmente aquellas personas que promueven o ejercen un derecho y luchan por un cambio en un país.
“Preocupa a los padres esta situación, porque los que salen perdiendo en este clima de violencia al que nos acostumbra el régimen son los defensores y los periodistas, y la muerte de Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada es un ataque directo a la libertad de expresión, un ataque artero”.
Mencionó que para que un Estado democrático funcione debe dar garantías a todos los periodistas para ejercer sus derechos, a los defensores, a los que luchan.
Sin embargo señaló que los funcionarios lo pierden de vista y en reuniones ha escuchado expresiones, incluso del secretario de Gobernación, de que no pueden poner policías a cada defensor, porque somos millones los ciudadanos en el país, y reflejan la insensibilidad, falta de visión y de compromiso con los derechos humanos.

Aumentan los asesinatos en Acapulco de 44 en enero a 64 en febrero y en la capital de 15 a 25

 

En un febrero se registraron 64 asesinatos en Acapulco, 25 en Chilpancingo, 10 en Iguala y Taxco, 8 en Chilapa, cuatro en Zitlala, y tres en Zihuatanejo y Cuajinicuilapa, según los datos de la incidencia delictiva del fuero común del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Juntos son el 70.1 por ciento de 204 homicidios dolosos cometidos por arma de fuego (175), armas blancas y “otros” no especificado en la estadística oficial, al margen de los homicidios culposos.
El municipio porteño sigue en los de más homicidios dolosos en el país, sólo después de Tijuana, Baja California, que sumó 92 asesinatos en febrero, y Ciudad Juárez, Chihuahua, con 65.
Acapulco se ubica en el tercer sitio, antes de Culiacán, Sinaloa, que contabilizó 37 homicidios dolosos. Chilpancingo está entre los primeros diez sitios con 25 asesinatos.
En Tecpan de Galeana, Tlacoachistlahuaca y La Unión Montes de Oca se reportaron dos asesinatos dolosos y en otros 22 municipios uno. Estos crímenes en el estado se incrementaron 19 por ciento en un mes, respecto a enero, que tuvo 165 casos.
En Acapulco los homicidios dolosos se incrementaron 31 por ciento, de 44 pasaron a 64 casos documentados por el Sistema Nacional. En Chilpancingo de 15 a 25 en febrero.
En relación con el año anterior la cifra se mantiene en el rango de los dos primeros meses del año pasado. En 2016 se reportaron 343 homicidios dolosos hasta febrero, y 340 en el mismo periodo de este año.
En el registro de 2016 hay un alto número de asesinatos culposos en este periodo: 109 casos donde no se especifica el origen, 16 cometidos con arma de fuego y uno con arma blanca.
En 2017 van 80 sin una causa señalada, uno por arma blanca y ocho por arma de fuego. Este tipo de delito implica el atenuante de que en los hechos no hubo intención de llegar al crimen, o que se cometió en defensa propia. No obstante todos los hechos se encuentran en investigación.
Entre otros delitos hay 19 denuncias por violaciones sexuales en febrero, sumadas a las de enero dan 36 casos en dos meses, de las cuales 26 corresponden a Acapulco. Hubo una en Iguala, una en Zihuatanejo y una en Ometepec.
Asimismo, Iguala, Zihuatanejo, Ometepec y Pedro Ascencio Alquisiras (Ixcapuzalco) tuvieron una denuncia de secuestro por municipio en febrero. Taxco lleva dos denuncias, una por mes.
El mayor número de denuncias por amenazas se reportó en Acapulco, 61 en enero y 51 febrero; en Chilpancingo 16 en cada mes y en Iguala se redujo de 10 a cinco casos en un mes;?hubo tres denuncias en Tetipac.
En Acapulco se reportaron en un mes dos robos a bancos, uno con violencia, y un asalto a una Casa de Cambio así como 326 robos a casas habitación, y transeúntes de vehículos entre otros, de los cuales 209 ocurrieron con violencia.
Es el municipio con más denuncias de lesiones, 133 en un mes, cinco por arma de fuego y 18 casos clasificados como delito culposo. En homicidio suma 49 cometidos a balazos, y en 15 no se precisa la causa de la muerte.

En febrero, Guerrero sigue en primer lugar en asesinatos con 175 casos; van 340 en dos meses

En los dos primeros meses del año, Guerrero se mantuvo con la mayor cantidad de homicidios dolosos denunciados en el país, con 175 casos, seguido del Estado de México que sumó 145, y Michoacán 112, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de la Secretaría de Gobernación (Segob), al 28 de febrero.
En la tasa de homicidios dolosos ocupa el segundo sitio nacional después de Colima, que tiene 13.7 homicidios por cada cien mil habitantes. Guerrero, tiene 9.4 asesinatos por cada cien mil habitantes. La tasa del Estado de México, que sigue a Guerrero en cantidad, es de 1.7 homicidios dolosos por cada cien mil.
Según la estadística hubo diez asesinatos más registrados en febrero de los reportados en enero, y cinco más respecto al mismo periodo de 2016. En total, 340 homicidios dolosos en lo que va de 2017.
En febrero la dependencia registró en el estado 206 homicidios, de los cuales 134 fueron por arma de fuego, tres por arma blanca y 38 no tienen causa específica -está entre los casos el de Xulchuchio, Chilapa donde el 7 de febrero se encontraron seis cuerpos desmembrados-, y 31 homicidios culposos.
En cuanto a secuestros se reportan cuatro denuncias -hubo siete en el mismo periodo de 2016-, y en el caso de delitos sexuales, 19 son violaciones, tres estupro y 10 de “otros abusos sexuales”. Acumulados en dos meses del año se han documentado oficialmente 51 violaciones.
Los robos con violencia se redujeron en cien casos en relación con el mes pasado, y en febrero ocurrieron los dos primeros asaltos bancarios del año, uno con violencia y otro sin violencia. Además de 11 robos a casas habitación, 32 a negocios, 205 robos de vehículos y 36 atracos a transeúntes, todos con violencia.
Además 534 robos sin violencia a casa habitación, a negocios, a transeúntes y de vehículos (153 casos), aunque en 311 eventos no se precisa la forma del delito.
En dos meses del año se acumularon tres denuncias de robo a camiones de carga sin violencia, y 234 por amenazas, 180 en enero y 122 en febrero.

El presupuesto de la SAICA no alcanza para las demandas de los paristas, dice Solano Arreaga

El titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas (SAICA), Gilberto Solano Arreaga declaró que su presupuesto de 30 millones de pesos se destina al pago de salarios y prestaciones, algunos programas de asistencia jurídica, becas, pago de traductores y gastos emergentes como traslados, ataúdes y compra de medicamento.
Confió en que la gestión de recursos adicionales en concurrencia con otras dependencias federales y estatales les permitirá atender las demandas de más traductores de los trabajadores de Tlapa de la Secretaría que llevan una semana en paro de labores.
Aceptó que los recursos son insuficientes y se vieron obligados a reducir el número de los traductores, de 17 a 12, que apoyan a las víctimas y presuntos responsables cuando los requieren en las agencias del Ministerio Público y hospitales. Dijo que probablemente se reduzca a ocho y añadió que van a tratar de atenderlos con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos (Cdi), para amortiguar el problema.
Recordó que el año pasado, se aplicaron más de 40 millones de pesos en las comunidades indígenas con recursos “transversales” de distintas dependencias, en apoyo y coordinación con la secretaría.
Sobre la demanda a la federación de granos básicos del Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña, afectados tras las tormentas de 2013, ante el problema del hambre en la región reconoció que a veces el presupuesto “es insuficiente”.
En una reunión de alcaldes y funcionarios estatales en Casa Guerrero, para la instalación del grupo de coordinación de la estrategia federal en favor de los migrantes repatriados, adelantó que hoy, miércoles, el gobernador Héctor Astudillo Flores va a reunirse con el Consejo para atender su demanda de granos.
Recordó que el interlocutor de la Secretaría de Gobernación con los pueblos era el ex subsecretario Luis Enrique Miranda Nava, ahora secretario de Desarrollo Social, y que sí se distribuyeron los granos en las comunidades de Tepeyac, Unión de las Peras, El Tejocote, Acatlatzala, y en los pueblos de los municipios de Zapotitlán y de Acatepec, que piden la continuidad del programa en 2017, y “a veces el dinero no alcanza para todos”.
Sobre los migrantes, aclaró que aún no han recibido información de indígenas repatriados de Estados Unidos, en la campaña de deportaciones del presidente Donald Trump..