Se compromete Osorio Chong con familiares de desaparecidos de Chilapa a iniciar su búsqueda con fuerzas federales

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se comprometió a que las fuerzas federales iniciarán la búsqueda de las personas desaparecidas en el municipio de Chilapa ya a que investigará porqué la búsqueda no se hizo desde que los familiares denunciaron las desapariciones, en mayo de 2015
Ayer, la asociación civil Siempre Vivos –que ha documentado 57 casos de personas que desaparecieron en esta cabecera y que son originarios de éste y otros municipios vecinos– se reunió con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y con el gobernador Héctor Astudillo Flores.
Al salir del encuentro, Siempre Vivos informó que el secretario de Gobernación se comprometió a que las fuerzas federales iniciarán de inmediato un operativo de búsqueda para dar con el paradero de las personas desaparecidas.
La prioridad, dijeron, serán los 16 casos registrados del 9 al 14 de mayo, durante la ocupación de la ciudad por civiles armados, pobladores y autoridades de las comunidades del sur del municipio que exigieron un alto a la inseguridad y que llegaron en busca de presuntos integrantes de un grupo delictivo.
Añadieron que el funcionario federal también se comprometió a investigar porqué las corporaciones policiacas federales y estatales no iniciaron la investigación y la búsqueda de esas personas antes, desde que los familiares denunciaron su desaparición.
Por la mañana, el gobernador Héctor Astudillo Flores y el fiscal Xavier Olea Peláez tuvieron un breve encuentro con los familiares de desaparecidos de Chilapa, a quienes entregaron, según informaron los familiares, apoyo económico para seis familias.
También, dijeron, les anunció que el lunes el gobierno del estado y los familiares firmarán un convenio para la creación de un grupo multidisciplinario para la búsqueda de las 57 personas desaparecidas.
En la conferencia de prensa, al finalizar la sesión del gabinete de seguridad, Osorio Chong dijo que la reunión con los familiares es para mostrarles todo el respaldo del gobierno federal y que investigarán qué fue lo que sucedió con las personas desaparecidas, sobre todo con los casos registrados en mayo pasado.

Operan en el estado 50 grupos de la delincuencia organizada, dice el fiscal

El fiscal general del Estado, Xavier Olea Peláez informó que son, por lo menos, 50 grupos delictivos los que operan en las diferentes regiones de la entidad y que son responsables del problema de inseguridad y violencia que priva en Guerrero.
También dijo que solicitó a representantes de la embajada de Estados Unidos que ayuden al gobierno del estado a combatir el tráfico de drogas, luego de que el cónsul Hugo Rodríguez manifestó a las autoridades locales, el miércoles en Acapulco, su preocupación por el tráfico de heroína al país norteamericano.
Del secuestro de dos estudiantes del CBTA de Corral Falso, en Ajuchitlán, explicó que se trató de un autosecuestro, en el que los jóvenes obtuvieron, al parecer, cien mil pesos de sus familiares, por lo que se procederá a su detención.
El fiscal asistió este jueves al arranque oficial del programa Escuelas al Cien, que encabezó el gobernador Héctor Astudillo Flores en las instalaciones del el Conalep de Chilapa, municipio donde más tarde se celebró la sesión del gabinete de seguridad nacional encabezada por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Consultado antes de que iniciara el programa, el fiscal insistió en que el problema de violencia e inseguridad que priva en Tierra Caliente es producto de la disputa entre los grupos criminales que encabezan El Tequilero y El Pez.
Indicó que, así como sucede en aquella región, pasa lo mismo en Chilapa, donde la inseguridad es producto de la pugna que existe entre Los Rojos y Los Ardillos.
Informó que por lo menos son 50 grupos delictivos los que operan en las diferentes regiones del estado, pero aclaró que la mayoría son “pequeñas células” conformadas por cinco o seis delincuentes.
“Son muchos, pero evidentemente no hay un grupo grande, entonces se pelean por el control de la droga en esta zona de la Montaña baja y en Tierra Caliente, principalmente por la heroína, la goma de opio que posteriormente se convierte en heroína”.
Olea Peláez indicó que en el Grupo de Coordinación Guerrero le apostará a las labores de inteligencia para combatir a los grupos criminales y lograr la aprehensión de todos sus líderes.
Explicó que en la reunión del gobernador Héctor Astudillo con el cónsul de Estados Unidos Hugo Rodríguez el miércoles en Acapulco, el embajador les externó su preocupación por el tráfico de heroína, droga que termina en territorio estadunidense.
“Están preocupados y nosotros les dijimos ‘pues ayúdennos’. Yo soy una gente muy cristalina y les dije ‘ayúdenme, para que ustedes nos ayuden en la investigación’”.
–¿Ayuda en qué materia se pidió al gobierno de Estados Unidos? –preguntó un reportero.
–Pues en materia económica, en materia de seguridad, en materia de inteligencia, etcétera, respondió.
Indicó que la Secretaría de Gobernación entregará herramientas sofisticadas la próxima semana al área antisecuestros de la Fiscalía General del Estado (FGE).
De la Comisión Especial para investigar las desapariciones en el municipio de Chilapa, explicó que el próximo lunes se emitirá el decreto correspondiente, es decir, ya no se presentará la iniciativa ante el Congreso local como se había planteado en un principio.
Anunció también que la próxima semana desayunará con empresarios de la capital para escuchar sus planteamientos en materia de seguridad pública.
Consultado por segunda ocasión, al concluir el acto en el Conalep, Xavier Olea dio a conocer que fue un autosecuestro el de los dos estudiantes del CBTA de Corral Falso, en Ajuchitlán del Progreso, “quisieron bajarle un dinero a su mamá”, señaló.
Explicó que los jóvenes solicitaron un rescate de 300 mil pesos, pero sólo obtuvieron cien mil pesos, por lo que se procederá a la detención de los estudiantes, y aseguró que los tres jóvenes detenidos el miércoles en una motoneta y que llevaban consigo más de 27 mil pesos eran sus cómplices.

 

Urgen familiares al gobierno estatal a crear la comisión sobre los desaparecidos en Chilapa

La organización civil Siempre Vivos urgió al gobierno del estado la creación y el inicio de operaciones de la comisión especial para investigar los casos de sus familiares desaparecidos en Chilapa.
Informó que, a ocho meses de que se organizaron no tienen información de 57 casos registrados entre 2014 y 2015.
Asimismo, integrantes de la organización exigieron al gobernador, Héctor Astudillo Flores, implementar un operativo de búsqueda en esta región similar al de Tierra Caliente para localizar a los vecinos de Arcelia y Ajuchitlán secuestrados y levantados la semana pasada.
Ayer, el grupo de familiares que desde mayo de 2015 inició la búsqueda de sus parientes y el registro de otros casos, informó que tras una evaluación, siguen como iniciaron, en la incertidumbre, sin que las autoridades ministeriales del estado y la federación les hayan informado algún avance en las investigaciones.
La organización tiene documentados los casos de 57 vecinos  de la cabecera municipal de Chilapa desaparecidos des

de abril de 2014; el último es del 25 de noviembre de 2015.
Sus registros con denuncia ministerial indican que 16 casos ocurrieron del 9 al 14 de mayo, cuando unos 300 habitantes, comisarios y civiles armados de localidades del sur del municipio tomaron el control de las calles de Chilapa en busca de líderes de la delincuencia. De estos, 14 fueron denunciados ante el Ministerio Público federal.
Los integrantes de Siempre Vivos demandaron al gobernador Héctor Astudillo un operativo como el que implementaron en La Tierra Caliente con 500 policías, ahora para dar con sus familiares en Chilapa.
Recordaron que hicieron esa petición desde mayo al entonces gobernador, Rogelio Ortega Martínez y al comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos.
Asimismo, dijeron desconocer cuál es el avance de la creación de la comisión especial para la atención de los casos de desaparecidos en Chilapa que anunciaron el mandatario estatal, Héctor Astudillo, y el fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez. Mientras no se instale, indicaron, no hay certeza de que estén investigando.

“Seguimos exigiendo, como desde el primer momento, la búsqueda y localización de los desaparecidos y que empiece a operar la comisión especial”, insistieron. Dijeron que tampoco tienen fecha para reunirse con el fiscal estatal.
Al término de una evaluación de resultados a ocho meses de búsqueda, los familiares concluyeron que están igual que como iniciaron, con nada.
“No hay información ni buena ni mala, no hemos sabido nada por parte de las autoridades. Los 57 casos están en ceros”, lamentaron.
A ocho meses, agregaron, no hay ni un solo familiar localizado, ni siquiera alguno de los vehículos en los que viajaban al momento de ser llevados por la fuerza.
En cuanto a la atención a las familias de las víctimas, informaron que han recibido 30 becas alimentarias de 2 mil pesos mensuales de los gobiernos municipal y estatal.
Además, dijeron, de la ayuda alimentaria

para otras familias, de mil a mil 500 pesos, de la Secretaria de Gobernación; mientras que representantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), según familiares de las víctimas, tienen más de un mes que no se han presentado y no han aportado los gastos de transporte.
La organización Siempre Vivos ya sufrió el asesinato de uno de sus activistas. Apenas el 22 de diciembre, Bernardo Carreto González, padre de tres hijos desaparecidos y hermano del ex director de la Policía de Chilapa, fue asesinado cuando regresaba a su comunidad, Ahuihuiyuco.

Niega el gobierno del estado medidas cautelares para defensoras de Iguala; no hay dinero, dice

 

El gobierno del estado de Guerrero, encabezado por Héctor Astudillo Flores, no tiene dinero para proveer de medidas cautelares a las defensoras de derechos humanos de Iguala Evelia Bahena García y Diana Carolina Brito, quienes dejaron sus hogares tras ser amenazadas de muerte.
“No hay esperanza de volver pronto, no hay esperanza de mejorar la calidad de vida de nuestros hijos, no hay esperanza de seguir luchando por los derechos humanos”, enfatizó Bahena García.
La mañana de este miércoles, las dos luchadoras sociales se reunieron en la Secretaría General de Gobierno con el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, David Augusto Sotelo Rosas, quien no les dio una respuesta sobre las atenciones a las medidas cautelares dictadas en su caso.
“Uno de los puntos para poder regresar es que el gobierno ayude a mejorar la calidad de vida”, agregó Bahena García.
La reunión tuvo lugar en el despacho del subsecretario, quien únicamente recibió las propuestas de las activistas para atender su caso, sin darles una solución o fecha para darles una respuesta.
Al concluir la reunión, Bahena García explicó que el gobierno del estado únicamente recibió sus propuestas, y justificó que no puede darles ayuda porque no hay dinero.
“Nos dijo tajantemente que no hay recursos, que ellos no manejan dinero, que este gobierno entró sin dinero y que el otro gobierno los dejó endeudados”, señaló.
La activista cuestionó que el gobierno del estado siempre tenga apoyo para gestores que lucran y se aprovechan de otra gente, pero no abonan ni trabajan para mejorar las condiciones de los defensores de derechos humanos.
Bahena García detalló que la propuesta entregada al gobierno del estado para poder regresar a Iguala es que mejore sus condiciones de vida, ya que la casa en la que vive una de ellas es de cartón y no cuenta con los servicios básicos.
Agregó que se solicitó alumbrado público para su colonia, aunque reconoce que no es suficiente garantía de seguridad, “por lo menos para correr y salvar la vida”.
Recordó que el beneficio no es sólo para ellas sino para las familias que viven en la colonia Tlachinollan, de Iguala, así como la ayuda a la regularización de los predios.
Las activistas Evelia Bahena García y Diana Carolina Brito huyeron de la ciudad porque recibieron amenazas de muerte.
Evelia y Diana han recibido agresiones, amenazas, hostigamiento y difamación por su trabajo en ese asentamiento, que se incrementaron a mediados de 2015.
El 30 de julio 2015, Evelia Bahena recibió una llamada telefónica a las 7:16 de la tarde: “¡Ah!, contigo quería hablar, tu eres la que se siente líder chingona y que todos te la pelan, te aviso que te tienes que largar de aquí, tú, el licenciado Félix Rodríguez y Diana Carolina, porque se los va a cargar la verga”, señaló.
Luego de la llamada, la defensora recibió un mensaje de texto del mismo celular que reiteraban la amenaza de muerte.
Las amenazas obligaron a ambas defensoras y sus familias a desplazarse de Iguala, y solicitar su incorporación al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación.

Eligen hoy a comisarios y delegados con voto directo en Tototepec, Tlapa, tras un año de conflictos

 

La elección del comisario de la comunidad na savi de Tototepec, municipio de Tlapa, será este domingo con voto directo, luego de que todo el año la comisaria se mantuvo cerrada ante la pugna de dos grupos.
El acuerdo se logró hace unos días, cuando las autoridades municipales se reunieron con los representantes de las demarcaciones donde surgieron comisarios o delegados paralelos, y para evitar complicaciones optaron porque ninguno ocupara los inmuebles en Tototepec, donde se tomó la comisaría, hubo agresiones a balazos y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) suspendió su funcionamiento en este poblado hasta la elección de un nuevo comisario.
Este domingo, la elección será en la escuela primaria desde las 9 de la mañana, cuando iniciará con la de delegados para no duplicar votantes, que será con voto directo con credencial de elector, y luego la de comisario, ya que se considera foco rojo.
Después de la elección se definirá si se abren las puertas de la comisaría que fueron soldadas para evitar que alguno entrara y las oficinas que funcionaban ahí como la Comisaria de Bienes Comunales fueron llevadas a otro sitio, por lo que aún hay incertidumbre.
En la reunión estuvieron el secretario general, Sergio Parra Villavicencio; el asesor jurídico, Julio César Naranjo Giménez; el delegado regional de Gobernación, Jorge Rodríguez Ponce; el coordinador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum), Celso Vivar Vázquez; y seis integrantes del grupo de Honorio Morales Bonilla, vinculado con el PRD y PT , y seis del grupo de Laurencio Gálvez Alarcón, cercano al PRI.
En esta población, las diferencias entre los grupos los han llevado a peleas internas por el control de los espacios.
Asimismo se abordó el caso de la colonia Lázaro Cárdenas, donde también hubo jaloneos el año pasado.
Sobre la elección de delegados y comisarios hubo algunos cuestionamientos, porque las convocatorias impresas no se hicieron públicas y sólo se divulgaron en internet, según comentaron vecinos de la colonia Loma Bonita.
El cambio de autoridades municipales se hace en la primera quincena de enero en los 19 municipios de la región, donde algunos son elegidos en otros momentos, de acuerdo con los usos y costumbres de las comunidades, y sólo acuden a la toma de protesta que les hace el presidente municipal.
En el caso de Tlapa, se renovaran más de 65 comisarías y sus anexos, y más de 40 delegaciones en las colonias de la cabecera municipal, donde buscan los espacios los integrantes de los grupos políticos como el PRI, el PRD y el PT, en su mayoría.

Se ampararán Los Otros Desaparecidos de Iguala; el Estado no les brinda medidas cautelares

Familiares de víctimas de desaparición forzada del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala informaron en la asamblea de ayer que interpondrán un amparo, ante la negativa del Estado mexicano, dos veces, de brindar medidas cautelares para 33 familiares que salen a buscar fosas clandestinas o que han recibido algún tipo de amenaza.
La petición de las medidas cautelares para los 33 familiares de víctimas de desaparición forzada al Estado mexicano se hace a través de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y fue una petición conjunta a este organismo internacional de las diferentes organizaciones nacionales de víctimas de desaparición forzada, como Idheas y Organización de Enlaces Nacionales, informó ayer uno de los familiares.
La fuente informó que, la Secretaría de Gobernación dijo que desde diciembre se estaban brindando las medidas cautelares a los familiares de desaparecidos, lo cual fue desmentido ayer en la asamblea.
Se informó también que, a través del Centro de derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) –al que el grupo de Los Otros Desaparecidos de Iguala tienen como asesor jurídico independiente– se elaborará un amparo para exigir al Estado mexicano el otorgamiento de las medidas cautelares para estas familias.
Denunció que a pesar de que había un acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Federal de que cada domingo una comisión de policías federales acompañaría al grupo de familiares durante la búsqueda de fosas clandestinas, ya en dos ocasiones, incluyendo este domingo, cuando la búsqueda se hizo en cerros de Cocula, la Policía Federal no dio seguridad a los familiares.

Suman 174 asesinatos en Guerrero en el primer mes del gobierno de Héctor Astudillo

Al cumplir un mes de la administración del gobernador priista Héctor Astudillo Flores han ocurrido 174 asesinatos en el estado.
De acuerdo con un recuento del periódico El Sur, los municipios en los que han ocurrido más asesinatos son Acapulco, Chilapa, Chilpancingo, Iguala, Leonardo Bravo (Chichihualco), Cuajinicuilapa y Tixtla.
Asimismo, ha habido asesinatos en San Miguel Teloloapan, San Miguel Teloloapan, Ajuchitlán del Progreso, Atoyac de Álvarez, La Unión, Coyuca de Benítez, Zumpango, Tepecoacuilco, Atenango, Ayutla, Zitlala, Quechultenango, Coyuca de Catalán, Huitzuco, Copala y Pungarabato.
La violencia en Guerrero se ha recrudecido contra mujeres, niños y adolescentes, activistas y familiares de policías, abogados, choferes, maestros, estudiantes y ex policías, así como contra policías comunitarios.
Al iniciar la administración de Astudillo Flores, en conferencia de prensa en Acapulco, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong anunció una nueva estrategia de seguridad para Guerrero, que sería coordinada por el comandante de la Novena Región Militar, el general Alejandro Saavedra Hernández.
El 4 de noviembre, el comisario de Polixtepec, municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco), Joaquín Romero Ríos, y su secretario Víctor González Luna fueron emboscados y asesinados por hombres armados en el camino de terracería Puentecillas-Polixtepec.
Después, el viernes 6 de noviembre, en la comunidad de Polixtepec hubo una balacera de siete horas que dejó heridos a siete policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), y tres muertos del crimen organizado que opera en la zona.
El jueves 12 de noviembre, policías ciudadanos de la UPOEG se enfrentaron a balazos contra unos 500 sicarios que vestían uniformes tipo militar y armamento de grueso calibre en la comunidad de El Naranjo, en Leonardo Bravo. Tras esta acción, 15 policías ciudadanos estaban desaparecidos; después, uno de ellos fue hallado muerto; otro continúa desaparecido.
La medianoche del domingo, hombres armados irrumpieron en Polixtepec y asesinaron a cuatro vecinos: una mujer adulta y tres de sus hijos, entre estos una mujer. También incendiaron tres casas y se llevaron a dos hombres, uno de ellos era pareja y padre de las víctimas.
El 10 de noviembre, hombres armados asesinaron a 12 personas, entre ellas una mujer y dos menores de edad, y dejaron heridas a cinco en un ataque a balazos a un taller mecánico que fue habilitado para peleas de gallos clandestinas en Cuajinicuilapa.
Asimismo, ese día en la comunidad de Tetitlán de Limas, municipio de Chilapa, tres hombres, una niña, un niño y una mujer fueron asesinados en una incursión de civiles armados; cinco víctimas eran familiares del ex secretario de Seguridad Pública municipal, Silvestre Carreto González.
La madrugada del miércoles cuatro personas murieron y tres resultaron heridas en un ataque a balazos contra una Urvan del transporte público cerca de la comunidad de Atzacoaloya.
El jueves de esta semana, hombres fuertemente armados emboscaron y asesinaron a cuatro policías comunitarios de la Casa de Justicia La Patria Es Primero, del barrio de El Fortín, de Tixtla.
El martes, al asistir a la toma de posesión del nuevo presidente de las Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Chilpancingo, en su discurso, el gobernador Héctor Astudillo Flores subrayó que debe cambiar la situación de violencia que se vive en el estado y que incluso hablará, “con el propio presidente de la República (Enrique Peña Nieto), o con el secretario de Gobernación (Miguel Ángel Osorio Chong) para decirles lo delicado de la situación de Guerrero y lo importante y oportuna que debe ser su intervención nuevamente en Guerrero”.

Reciben en Ayotzinapa padres de los 43 a damnificados de La Montaña que van en marcha hacia la capital

Padres de los 43 alumnos desaparecidos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa llamaron a los pueblos de la Montaña a no tener miedo de luchar por sus derechos, en la bienvenida a la caravana del Consejo de Comunidades Damnificadas por el huracán Ingrid y la tormenta Manuel en 2013, que emprendieron una segunda cruzada para demandar a los gobiernos estatal y federal la dotación de granos básicos, vivienda y obras públicas que acordaron en la contingencia.
La caravana llegó a Tixtla alrededor de las 2 de la tarde, en decenas de camionetas tipo Nissan de las que se utilizan en el servicio público entre comunidades; a las 3, marcharon al poniente de la ciudad sobre la carretera federal para pernoctar en la normal rural y protestar hoy en Chilpancingo.
En el arco que señala la entrada a la cabecera municipal, una comisión de padres de familia y normalistas recibió a cerca de 2 mil campesinos indígenas, hombres en su mayoría, delegados y comisarios particularmente, para marchar junto a la Normal Rural por un sendero de curvas sin pavimentar y concluir con un mitin en el casco de Ayotzinapa.
En el encuentro, padres y madres de los normalistas detenidos-desparecidos compartieron su experiencia de 14 meses de búsqueda de sus hijos, y los convocaron a no dejarse vencer frente al gobierno que miente de forma descarada. Insistieron en que el gobierno, como el Ejército, conoce el paradero de los estudiantes, y aunque quiera descargar la responsabilidad en el crimen organizado, la responsabilidad es del Estado.
Ahí, en la carretera, la mujer de origen nahua Cristina Bautista, madre de tres hijos, uno de ellos Benjamín Ascencio Bautista, detenido desaparecido el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, en voz alta dijo que es momento de levantar la voz, “les pido que se sumen a nuestra lucha, y si (Miguel Ángel) Osorio (Chong, secretario de Gobernación) dice que ya basta de echar la culpa al gobierno federal por el caso Ayotzinapa, yo le respondo: ya basta de tanta gente asesinada, de tanta desaparición forzada y de tanta impunidad”.
“La Montaña se levanta contra el hambre y la discriminación”, estaba escrito con letras rojas en la manta que usa como bandera el movimiento indígena. Por su parte, los normalistas de Ayotzinapa presentaron una manta con la leyenda: “Ayotzinapa se solidariza con los pueblos del mundo, explotados por los gobiernos burgueses. Alto a los ataques belicosos y militares del capital”.

El 11 de noviembre se repitió la pesadilla, dice la mamá de normalista desaparecido

En la Normal Rural, hablaron madres y padres de los desparecidos. La mamá de Miguel Ángel Hernández Martínez dijo que el 11 de noviembre se repitió la pesadilla de la desaparición forzada de Iguala, tras conocer la persecución de policías a normalistas en la carretera Tierras Prietas-Tixtla, incluso en los cerros, así como la detención de nueve, entre ellos otro de sus hijos, un normalista de cuarto grado.
Revivió la angustia en el relato, “están bien, me decían, están detenidos, (pero) no se da cuenta que los detuvieron, no ves que es lo mismo decir que los detuvieron, es como desaparecerlos”. Los estudiantes fueron liberados horas después en las instalaciones de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum).
Aclaró que los padres no pidieron estar en el movimiento, pero ahora que están aprendiendo a luchar no se van a dejar, porque tiene la convicción de que su hijo está vivo.
“Ya no hay que dejarnos, somos pobres, pero no pendejos. Lo que vivimos tal vez nos lo merecemos porque el gobierno llega y se lleva todo. Nosotros no nos metimos con el gobierno, el gobierno se metió con nosotros llevándose niños inocentes, y vamos a defenderlos porque ellos nos necesitan. No se rindan, sigan luchando, no nos vamos a vender”, declaró.
Un padre denunció que le ofrecieron 2.5 millones de pesos para dejar de buscar a su hijo, “pero, aceptarlo es como vender a nuestros hijos”, dijo. Añadió que las autoridades siempre han querido dividirlos, para que, como las masacres de Aguas Blancas y de El Charco, los crímenes queden impunes.
El papá de Mauricio Ortega, primero en me’phaa y luego en español recordó que, primero, el gobierno dijo que 18 estudiantes desaparecidos estaban en una fosa y fue desmentido por los peritos argentinos, luego que fueron quemados en Cocula, pero no había rastros de piedras ni de vegetación quemada alrededor, como campesino supieron desde un principio que mentían.
Ahora, tiene claro que fueron los policías municipales con el Ejército los que se llevaron a sus hijos, a pesar de los esfuerzos de decir que los responsables de la desaparición forzada fueron narcotraficantes. “Si ellos (el gobierno) son los mismos narcotraficantes. Nosotros en este país estamos vendidos”, señaló.
Reconoció el respaldo que han recibido del extranjero, donde les dijeron que los gobiernos que reprimen son los mismos que privatizan hasta el agua en sus países, como está pasando en México.
Insistió en que las autoridades se los devuelvan, “ellos saben dónde los tienen, una persona desaparecida es cuando no sabe donde está. Pero estos, se los llevaron los policías, y el gobierno sabe dónde los tiene”.
Por el Consejo de Damnificados, uno de los representantes agradeció la hospitalidad, a una de las regiones más golpeadas por las lluvias de 2013, y que dos años ha cargado con la negligencia del Estado en la reconstrucción de todas las obras y el abasto de los pueblos que perdieron sus cosechas. Precisaron que no piden más que lo que las autoridades se comprometieron a entregar.

Acuden enviados de la Segob a Chilapa a recabar más datos de los desaparecidos; no hay resultados, señalan familiares

 

Como cada miércoles familiares de los desaparecidos de Chilapa se reunieron, y personal de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) acudió a la ciudad sólo a recabar más datos de los desaparecidos; sin embargo, los familiares siguen sin conocer el paradero de sus parientes.
Han transcurrido poco más de seis meses, desde que ingresaron civiles armados a la cabecera municipal de Chilapa, tras las acciones que dejaron 16 desaparecidos en ese lapso y familiares de los desaparecidos han hecho denuncias ante autoridades federales y estatales.
Este miércoles, funcionarios de la Segob acudieron a la cabecera municipal para recabar información y continuar con la investigación de 24 desaparecidos de los que está a cargo esta dependencia.
Sin embargo, los familiares señalaron que están como al principio, “sin nada” que les indique el paradero de sus parientes, si viven o no.
Por otra parte, el vocero de los familiares, José Díaz Navarro, informó que después de que denunciaron la negativa que presentó la Subprocuraduría Especializada para la Investigación de la Delincuencia Organizada (SEIDO), ante la solicitud que le hicieron para acudir a la ciudad a informarles sobre las investigaciones de 14 desaparecidos, del 9 al 14 de mayo, nuevamente esta dependencia está solicitando la presencia de los familiares en la Ciudad de México.
El vocero dijo que se niegan a acudir, pese a que el personal de la SEIDO les está ofreciendo pagar sus viáticos, pero los familiares acordaron no acudir por la ola de violencia en el municipio, y por su seguridad prefieren que el personal de la dependencia acuda a Chilapa.
El grupo de familiares tiene una lista de 55 desaparecidos con relatorías de cada uno, de los cuales sólo 38 casos se han denunciado en el Ministerio Público (MP) federal.
De estos 14 desaparecieron en mayo, 24 antes y después de este mes, y 17 casos no han presentado la denuncia en el Ministerio Público federal.
Díaz Navarro dijo que también están solicitando que nuevamente acuda a Chilapa el grupo interdisciplinario de la Procuraduría General de la República (PGR), que agrupa personal de Genética, Criminalística, Derechos Humanos y el Ministerio Público federal, para que familiares de los desaparecidos que no han interpuesto la denuncia, puedan hacerlo.
Acudió a Chilapa la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para brindar atención psicológica y apoyan a los familiares con 160 pesos para pagar el transporte público de sus comunidades, y 100 pesos a familiares que viven en la cabecera municipal.
Acudieron también funcionarios del DIF estatal y repartieron una “pequeña despensa”, y les aseguraron a los familiares que el próximo miércoles estará con ellos la presidenta del DIF estatal, Mercedes Calvo.