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La Segob no puede decidir si no hay más prórrogas para los expertos, responde el abogado de los padres

El mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que brinda asistencia técnica en el caso de la desaparición forzada de 43 alumnos de Ayotzinapa, “será de seis meses y puede extenderse por el tiempo necesario para el cumplimiento de su objetivo”, dice el acuerdo firmado por el Estado mexicano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los beneficiarios de medidas cautelares brindadas por el organismo internacional a víctimas de los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
Por lo tanto la declaración del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de que no habrá otra prórroga para los expertos es una posición política y unilateral que vulnera la responsabilidad que México aceptó ante organismos internacionales, denunció el abogado de los padres de los 43 desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra.
En consulta telefónica concedió que el funcionario de la Secretaría de Gobernación (Segob) puede decir que ya no quieren la asistencia técnica del GIEI, pero no puede tomar esa decisión sin un análisis, diálogo y consenso entre las partes que firmaron el acuerdo.
El martes el secretario de Gobernación declaró en radio Fórmula que el periodo del GIEI concluye su mandato el 30 de abril y que no habrá prórroga. Hoy se espera que la Procuraduría General de la República (PGR) entregue los resultados del cuarto peritaje de fuego que realizó en el basurero de Cocula, con el cual va a concluir en definitiva la tesis oficial sobre el destino de los desaparecidos.
Dicha versión, descartada por científicos de la UNAM, el GIEI y el Equipo Argentino de Antropología Forense en estudios independientes, pero sostenida por la PGR, dice que todos los estudiantes fueron cremados en un basurero a cielo abierto y sus cenizas lanzadas a un río.

Medidas cautelares por los heridos y los 43

Rosales Sierra estimó que a Osorio Chong le faltó un análisis del Acuerdo de Asistencia Técnica desde la perspectiva de Derechos Humanos en la Investigación de la Desaparición Forzada de los 43 Estudiantes de la Normal Rural, antes de fijar una posición pública.
El acuerdo depende de las medidas cautelares MC 409/2014 que emitió la CIDH en favor de los 43 alumnos desparecidos y los heridos de los ataques de policías a estudiantes y civiles en Iguala, que México está obligado a cumplir porque firmó la Convención Americana de Derechos Humanos.
Precisó que en este procedimiento México no está siendo prejuzgado de alguna responsabilidad en los hechos de Iguala, pero el organismo consideró que sí hubo violaciones a los derechos humanos y que está en riesgo la vida de 43 estudiantes. Por lo tanto el Estado debe tomar medidas para salvaguardar esas vidas.
A partir de las medidas cautelares, México debe informar qué hizo para dar con los desaparecidos, la investigación para esclarecer los hechos y a dar asistencia médica y sicológica a los afectados.
En este marco las víctimas solicitaron asistencia técnica internacional y un requisito es que el gobierno mexicano hiciera la solicitud a la CIDH.
Después de las pláticas el 12 de noviembre de 2014 se estableció la creación del GIEI, sus objetivos y su primer periodo de mandato, que se prorrogó seis meses el 19 de octubre de 2015.
En estricto, consideró que debe haber una valoración técnica sobre el cumplimiento de las medidas cautelares, y revisión del acuerdo entre las partes, antes de fijar una posición.
Sin embargo indicó que la declaración no es casual, se da en un contexto de descalificación de agresión a los cinco integrantes del GIEI, y una serie de obstáculos para que desarrollen su labor.
Con anticipación los padres y abogados han considerado que la intención de las autoridades es delegar su responsabilidad de investigar y esclarecer en hechos en los expertos independientes, y acusarlos de la falta de resultados.

Osorio prometió la permanencia del GIEI, que ahora rechaza: padres

El señor Mario González, papá del normalista desparecido Mario César González Hernández, recordó que en la última reunión que sostuvieron el año pasado en Acapulco con el secretario de Gobernación, éste les prometió que el GIEI permanecería hasta esclarecer los hechos.
“Ayer (martes) lo supimos, en realidad ellos dicen sus cosas pero que recuerde lo que prometió en Acapulco, que no veía ningún problema si se acababa el tiempo de los expertos, (dijo) que daba la vida por saber la verdad, que la permanencia del Grupo se podía extender el tiempo necesario y no había necesidad de que él lo consultara con el presidente, porque era el segundo y tenía autoridad”, relató.
Insistió en que la verdad se va a saber cuando permitan que declaren los militares y los policías federales implicados en los hechos, bajo la supervisión de los expertos, “sabemos quién participó y a quiénes están protegiendo, pero la verdad de lo que aconteció todavía no la sabemos, mientras no declaren los tipos que tienen los videos”, dijo en relación a los soldados que observaron y documentaron algunos ataques.
Consideró que tal vez el gobierno quiere utilizar el último peritaje del basurero para encubrir a las corporaciones policiacas y militares, pero advirtió que los padres no se van a dejar engañar.

Condena la CIDH la campaña de desprestigio contra Álvarez Icaza y los expertos independientes

De manera “categórica” la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la campaña que se lleva a cabo en México para desprestigiar a su secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza, y contra los integrantes del Grupo Interdisciplina-rio de Expertos Independientes (GIEI), que coadyuva en las investigaciones sobre los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre de 2014 en Iguala.

En un comunicado el organismo consideró inadmisible la denuncia contra Álvarez Icaza que interpuso el presidente del Consejo Ciudadano, José Antonio Ortega, fechada el 15 de marzo, por fraude al gobierno federal y los contribuyentes por un millón 250 mil pesos, que el Estado mexicano aportó para gastos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el marco de un acuerdo de asistencia técnica internacional que México solicitó a la CIDH.
El secretario técnico firmó el acuerdo internacional en representación de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), precisa.
La denuncia fue interpuesta por el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la justicia Penal AC, pero el tema fue llevado a debate por la presidenta de la organización Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace hace seis meses, cuando terminó el primer periodo de mandato del GIEI. Entonces la empresaria dijo que Álvarez Icaza cayó en un conflicto de intereses en un caso del que debió excusarse por su nacionalidad.
En el escrito fechado en Washington, DC, la CIDH (órgano autónomo de la OEA) expresa su consternación y considera inadmisible la apertura de una averiguación previa sobre esta base, “porque no constituye ningún delito, (la denuncia) resulta temeraria e infundada”.
Explica que Icaza Longoria firmó el convenio de cooperación con México en su carácter de secretario ejecutivo de la CIDH, a través de la figura de “delegación de firma”.
Conforme a las reglas de la OEA, la contribución financiera voluntaria del Estado mexicano para la instrumentación del acuerdo fue depositada directamente a las cuentas de la Secretaría General de la OEA, por medio de su Secretaría de Administración y Finanzas. Por lo tanto, la CIDH no administró los recursos ni lo hizo el secretario Ejecutivo.
Para aclarar el caso el organismo cita el argumento que usó en la querella para desacreditar la labor de los expertos y del funcionario de la CIDH: que Álvarez Icaza “incorporó a un grupo de expertos en distintas materias criminalísticas, con la promesa de que cumplirían los más altos estándares internacionales y las mejores prácticas regionales, y que tendrían carácter de independientes”.
Sin embargo los quejosos señalaron que Álvarez Icaza “engañó al Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos pues en lugar de ello convocó a participar, con pleno conocimiento de los antecedentes de cada uno de ellos, a personas que en sus anteriores trabajos y funciones desempeñadas y mandatos gubernamentales faltaron a la verdad, a la probidad legal y violaron distintas leyes en sus países respectivos”.
Antes de esta denuncia hubo una campaña dirigida a cada integrante del GIEI para poner en duda su calidad moral y su trabajo en el ámbito de la justicia y los derechos humanos en diferentes partes del mundo, y en especial en América Latina. Los expertos son Claudia Paz y Paz, Ángela Buitrago, Alejandro Valencia, Carlos Beristáin y Francisco Cox.
La CIDH precisó que las partes que firmaron el acuerdo de asistencia técnica internacional (los representantes de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, el Estado mexicano representado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República), estuvieron de acuerdo en la selección de los expertos y expertas.
Recordó que se integró el grupo de trabajo a partir de la solicitud del Estado y de los representantes de los estudiantes, en cumplimiento de los objetivos de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a raíz de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, para hacer una verificación técnica de las acciones de las autoridades y en su caso recomendar las mejores prácticas para una investigación más eficiente.
Durante un periodo de seis meses analizarían las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales, y harían un análisis técnico del Plan de Atención Integral a las Víctimas de los hechos del 26 y 27 de septiembre. Tras el primer informe de trabajo, el 6 de septiembre de 2015, se renovó su mandato por un periodo adicional de seis meses, que vence el 30 de abril.
Del primer informe y conclusiones del GIEI, la CIDH destacó las irregularidades, inconsistencias y ausencias en la investigación de los hechos, de las autoridades estatales.
En particular los cuestionamientos a la tesis oficial “la versión histórica” de los hechos de Iguala que dio a conocer el anterior procurador de la República, Jesús Murillo Karam, de que los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula (desacreditada científicamente por expertos independientes), y la apertura de nuevas líneas de investigación para llegar a la verdad de los hechos.
La Comisión reiteró su respaldo al trabajo del GIEI en todos sus aspectos y acompaña los informes y las recomendaciones que presenta, asimismo, al secretario Ejecutivo de la CIDH, “que en todo momento actuó de acuerdo a las decisiones e instrucciones de los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

No inició la reparación del daño de los ataques a los normalistas en Iguala, precisa la Segob

Ante el reclamo de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa que rechazaron el anuncio del gobierno sobre la reparación del daño a casi 18 meses de la desaparición de los jóvenes, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián aclaró que ese proceso no ha iniciado.
En un comunicado explicó en siete puntos de qué manera se llevarán a cabo las tareas de reparación del daño a las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos por sicarios y policías el 26 de septiembre de 2014.
En el documento aclara que lo que inició fue el Diagnóstico de Impacto Psicosocial en las Víctimas de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, que recomendó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que hará un equipo de profesionales independientes “y el gobierno se compromete a aceptarlo”.
El diagnóstico, agrega, incluye a los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, a los familiares de los estudiantes asesinados y a los estudiantes heridos y a sus familias.
El inicio de los trabajos se refiere al Diagnóstico Psicosocial y con base en este, “el Estado elaborará un Plan de Atención y Reparación Integral que será consultado con las víctimas y sus representantes”.
Señala que por mandato de ley el Estado tiene la obligación de garantizar la atención, asistencia, ayuda, protección y reparación integral a las víctimas directas e indirectas.
En su quinto punto refiere que la reparación prevista en la ley debe ser “integral, adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño o menoscabo que han sufrido en sus derechos como consecuencia de violaciones a derechos humanos y por los daños que esas violaciones les causaron”.
Afirm que la reparación integral del daño “es mucho más que el pago de una compensación, debe incluir medidas concretas de restitución, rehabilitación, satisfacción y, especialmente, medidas de no repetición”.
Explica que no se ha acordado en este momento ninguna medida de reparación con las víctimas y sus representantes, porque éstas se determinarán a partir del diagnóstico mencionado.
“Tampoco se ha hablado del pago de ninguna indemnización a las víctimas directas e indirectas de los hechos”, al tiempo que destaca que los avances en materia de atención a las víctimas ha sido posible por el trabajo del GIEI.
Tras el anuncio de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Segob de que en próximos días se firmaría un convenio para iniciar los trabajos de reparación a los familiares de los 43 estudiantes, padres de los jóvenes expresaron su rechazo total y calificaron el convenio como “una falta de respeto a los padres de familia”, pues lo que exigen es la presentación con vida de sus hijos, justicia y castigo a los responsables de la desaparición.

Quieren saber de sus hijos, no la reparación del daño, responden padres de los 43

Los padres de los 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos no tienen información del convenio de reparación del daño del que habló el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián en medios nacionales hace dos días, denunció el vocero Felipe de la Cruz.
Vía telefónica recriminó que el funcionario hable de temas que no se han discutido con ellos, porque uno de los acuerdos con los padres es reservar la información para evitar más agravios a las víctimas.
Campa Cifrián aseguró que la firma del convenio para iniciar el proceso de reparación del año con las familias de los 43 alumnos desaparecidos era cuestión de días.
Felipe de la Cruz consideró que el funcionario ventiló la información de manera intencional, en el marco de la estrategia de desprestigio contra los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), para decir que están concluyendo los temas pendientes antes de que termine el periodo de mandado de los enviados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que concluye el 30 de abril.
Dijo que los padres sostienen que no les interesa hablar de la reparación del daño en tanto no sepan dónde están sus hijos y qué pasó la noche de los ataques, “la única forma de reparar el daño es saber qué pasó en alguna medida, es saber qué pasó en el menor tiempo posible, que sepamos qué pasó ese día”.
Denunció que siempre ha habido intentos de las autoridades federales de distraerlos con la reparación del daño, que envían a sus agentes a casa de los padres, y también lo hicieron los primeros días los funcionarios del gobierno estatal.
Consideró que el gobierno federal está fraguando la salida de los expertos de México, es decir, que no se ratifique un tercer periodo para que sigan coadyuvando en las investigaciones de la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa, con el argumento de que ya no hay más avances ni resultados, al mismo tiempo que termina la campaña contra los integrantes del GIEI.
Aclaró que lo que los padres exigen es un diálogo con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong para hablar de la continuidad del GIEI en México.
Informó que la próxima reunión de seguimiento del caso Ayotzinapa está programada para el 18 de abril en el puerto de Acapulco, pero los padres han insistido en que se haga en Chilpancingo.
Agregó que los expertos han visitado Iguala y otras partes del estado para hacer inspecciones en los sitios donde se han realizado búsquedas sin vida, en fosas clandestinas.

Reporta Segob 160 asesinatos en febrero en Guerrero; sigue como el estado más violento

En los 29 días de febrero de 2016 ocurrieron 160 homicidios dolosos, seis menos que en los 31 días de enero cuando hubo 166, con esa cifra Guerrero continúa como el estado con mayor número y tasa de asesinatos violentos en el país.
En promedio se cometieron 5.51 asesinatos diarios en Guerrero en el segundo mes del año, mientras que en enero ocurrieron 5.35 homicidios dolosos.
Según las estadísticas de la incidencia delictiva publicadas el domingo por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), en febrero de 2016 hubo 20 homicidios dolosos más que en el mismo mes de 2015 cuando se registraron 140.
De los 160 asesinatos que se cometieron en Guerrero el mes pasado 111 se ejecutaron con armas de fuego, 10 con arma blanca y 39 más aparecen como “otros”.
Con los 160 asesinatos violentos en febrero Guerrero continúa como el estado con mayor número de homicidios dolosos en todo el país, seguido por el Estado de México donde hubo 149.
Sin embargo en Guerrero la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes es de 9.09 mientras que en el Estado de México es de 1.92. En Guerrero radican unos 3.3 millones de personas y en el estado de México hay más de 15 millones.
En Acapulco ocurrieron 74 de los 160 homicidios en todo el estado en febrero, nueve violaciones sexuales y otros ocho delitos sexuales.
En el puerto también ocurrieron cinco extorsiones y un secuestro según los datos del SESNSP, obtenidos sólo de las denuncias presentadas ante agencias del Ministerio Público del estado.
En Chilpancingo ocurrieron 17 de los 160 asesinatos violentos y ocho delitos sexuales, entre ellos cuatro violaciones, un secuestro y una extorsión.
El delito que incrementó en un 33 por ciento de enero a febrero fueron las violaciones sexuales, en el primer mes del año hubo 18 y en el segundo fueron 26.
Además el registro de las estadísticas de la incidencia delictiva del SESNSP se apuntan “otros delitos sexuales” que no se especifican, de esos, en febrero se cometieron 18 además de las 26 violaciones.
Del secuestro, la información que la Fiscalía General del Estado (FGE) envió al SESNSP es de que en febrero se cometieron siete que quedaron asentados en denuncias ante el Ministerio Público, pero la Procuraduría General de la República (PGR) tiene en sus registros otros tres casos, por lo que suman 10 secuestros denunciados el mes pasado.
En enero pasado hubo también 10 secuestros denunciados ante la FGE, igual que en febrero de 2014.
Disminuyeron las extorsiones en el estado respecto al primer mes del año, bajó de 15 a 9, sin embargo el fiscal del estado Xavier Olea Peláez afirmó a principio de este mes que los asesinatos en Acapulco y ataques a taxistas son porque los ciudadanos se resisten a pagar cuotas de extorsión.
Los asesinatos en febrero repuntaron desde 2009 cuando hubo 124 asesinatos, en años anteriores las cifras iban desde 85 en 2001, 94 en 2002, 48 en 2003, 44 en 2004, 48 en 2005, 45 en 2006, 48 en 2007 y 56 en 2008.
A partir de 2009 las cifras se mantuvieron en más de 100 asesinatos mensuales. Para febrero en 2010 hubo 102, en 2011 158, en 2012 fueron 139, en 2013 llegaron a 177 y en 2014 se redujeron a 132.

Bloquean vecinos de Tierra Colorada la Autopista del Sol; apoyan a la Policía Comunitaria del FUSDEG

Unos 250 vecinos de Juan R. Escudero (Tierra Colorada) bloquearon la Autopista del Sol y protestaron casi cinco horas en distintos lugares del municipio en contra del alcalde perredista, Leonel Leyva Muñoz, quien se ha negado a dialogar sobre el apoyo y coordinación con la Policía Comunitaria del Frente Unido para la Seguridad y Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) que funciona en el municipio.
Los vecinos y el Consejo Coordinador del FUSDEG organizaron un mitin en la cancha de basquetbol de Tierra Colorada, que se encuentra a unos 20 metros del Ayuntamiento, donde por medio de bocinas convocaron a los vecinos a unirse a la protesta.
A las 11:40 de la tarde, unos 150 vecinos de la cabecera municipal marcharon al Ayuntamiento para exigir una audiencia con el alcalde. Al frente portaron una lona de unos tres metros de largo donde se leía: “Marcha ciudadana por la paz y la seguridad de nuestro municipio. En apoyo a la Policía Comunitaria de el FUSDEG, Frente Ciudadano de Juan R. Escudero”.
También llevaban pancartas con leyendas como, “Presidente municipal inepto”, “Porque la presidencia no quiere FUSDEG”, “El pueblo unido en pie de lucha” y “El FUSDEG en contra del crimen organizado”.
Al llegar al Palacio municipal, se encontraron con unos 10 policías preventivos resguardando la entrada.
El consejero del FUSDEG, Salvador Catalán Barragán dijo con ayuda del aparato de sonido que desde que Leonel Leyva inició su administración están solicitando una audiencia con él, y que se ha negado a atenderlos, además de que saben que quieren quitar a la Policía Comunitaria.
Detalló que querían reunirse con él para dialogar sobre el trabajo de la Policía Comunitaria, y de la coordinación con el Ayuntamiento para que apoye a la organización.
Resaltó que ellos no quieren dinero del presupuesto del Ayuntamiento, como se ha rumorado, pero sí un apoyo, que podría ser de vales para gasolina, ejemplificó. En el mitin resaltaron los logros que han obtenido con la presencia del FUSDEG, como la baja de los índices delictivos.
Al no obtener respuestas del Ayuntamiento, los manifestantes determinaron bloquear la Autopista del Sol en dirección a Chilpancingo, antes del entronque a Tierra Colorada, y que el gobierno del estado llamaría la atención al alcalde por no atenderlos, pero que sería “con justa razón”. En la marcha rumbo a la autopista se unieron unos 100 vecinos más al contingente.
Al llegar la base del FUSDEG, gritaron consignas, y desde ahí se trasladaron en camionetas particulares y de la Policía Comunitaria hasta el lugar del bloqueo.
En el bloqueo, el gobernador Héctor Astudillo Flores se comunicó con el Consejo Coordinador, al que le pidió que abrieran un carril de la Autopista, y se comprometió a hablar con el alcalde para que los atendiera.
Los manifestantes no aceptaron, pero permitieron el paso de carros cada 20 minutos, aunque lo hicieron unos 40 minutos después, ante la postura de algunos vecinos que se empeñaban en no permitir el paso hasta que los atendieran.
Al bloqueo también llegó el delegado de la Secretaría de Gobernación, Dante Apátiga Sosa, que intentó llegar a un acuerdo con los inconformes.
Más tarde, al lugar llegó el director de Gobernación estatal Jesús Vargas, que también dialogó con los inconformes, también les pidió retirar el bloqueo y les ofreció que buscaría una reunión con el alcalde. Los vecinos pidieron que la reunión fuera en ese momento y en ese lugar.
Después de unos 40 minutos, el director de Gobernación se acercó para informarles que había pactado una reunión con el alcalde a las 3 de la tarde, en el restaurante Tierra Colorada.
Los vecinos y el Consejo aceptaron, y el acuerdo fue que cuando la comisión estuviera en la reunión con el alcalde presente llamarían al grupo que se quedó bloqueando la autopista, para liberarla.
A las 3 de la tarde, el alcalde llegó a la reunión, y unos 20 minutos después los manifestantes desbloquearon la autopista.
La reunión duró poco menos de dos horas. La comisión reclamó al alcalde que no ha querido atenderlos, pese a que es su obligación. Le explicaron sus demandas y reclamaron que el 12 de febrero solicitaron una audiencia mediante un oficio, la cual se programó pero les cancelaron con el argumento de las múltiples actividades del alcalde.
Finalmente Leonel Leyva aceptó dialogar con la comisión, y acordaron mesas de trabajo, la primera el próximo martes al mediodía.
En la reunión también se comprometió a estar Jesús Vargas, y la comisión expuso que redactarán una minuta de acuerdos para presentarla el martes y analizar punto por punto.
Al final de la reunión, la comisión se trasladó al lugar donde los pobladores esperaban las conclusiones de la reunión.

Se reúnen damnificados de Chilpancingo con funcionarios; les darán agua potable, acuerdan

Damnificados de la capital adheridos a la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) se reunieron con autoridades municipales, estatales y federales para plantearles sus necesidades de seguridad y vivienda a dos años del paso de la tormenta tropical Manuel.
La reunión la encabezó el jefe del destacamento de la Policía Federal en Chilpancingo, Germán Trejo, el director de Gobernación de la Secretaría de Gobierno, Jesús Vargas Vargas y el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello.
El líder de la APPG, Nicolás Chávez Adame pidió que se resuelvan las necesidades de las familias damnificadas que fueron reubicadas en el fraccionamiento El Mirador.
Pide que se atienda el problema de inseguridad ya que son recurrentes los asaltos en la colonia La Cinca y en el fraccionamiento El Mirador, y como no hay transporte público las familias tienen que caminar y exponerse.
Solicitaron servicio de transporte público, la pavimentación en el tramo de la colonia La Cinca al fraccionamiento, la construcción de un jardín de niños y una primaria, y que se supervise la construcción de las viviendas porque algunas tienen daños.
Acordaron que este jueves a las 7:30 de la mañana acudirá el delegado de la Sedatu y otras autoridades al fraccionamiento para hacer un recorrido.
Los damnificados piden que la constructora pague una indemnización “de inmediato” debido a los daños en las viviendas, y solicitaron servicios básicos como agua potable y luz eléctrica.
Los funcionarios prometieron que este jueves abastecerán de agua potable a las familias y colocarán transformadores de luz eléctrica en cada manzana para que no tengan problemas, ya que cada generador tiene un límite para dotar de energía eléctrica.
El líder dijo que quedó pendiente una reunión para tratar la reubicación de 572 familias de la comunidad de San Vicente al nuevo predio en Coapanguito.

Se debe ratificar la Ley 701, coinciden organizaciones sociales en el Foro de Inseguridad Ciudadana

En el Foro de Inseguridad Ciudadana que organizó el Movimiento Sentimientos del Sur en la Unidad Académica de Contabilidad y Administración de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), y al que asistieron unas 50 personas, los participantes coincidieron en que se debe reforzar a las policías ciudadanas, en tanto se regulariza a la Policía Estatal.
En la actividad participaron, el fundador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Pablo Guzmán; el ex presidente de la Comisión de la Verdad (Comverdad), Nicómedes Fuentes; el representante de la Organización Indígena Campesina Vicente Guerrero, Ranferi Hernández Acevedo; la activista y ex integrante del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala, Julia Alonso; el integrante de la CRAC, Valentín Hernández; y el representante del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), Robespierre Moreno Benicio, entre otros.

El gobierno del estado fue irresponsable al no publicar el informe de la Comverdad, dice González Ruíz

Enrique González Ruiz leyó la conferencia magistral en la que habló de la irresponsabilidad legal del gobierno del estado, que no publicó el informe que emitió la Comisión de la Verdad.
Manifestó que es el Estado el que tiene que cumplir para que se castiguen los hechos de la guerra sucia, y que no se quede en el inconsciente colectivo que la impunidad es prevalente. Recordó que la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, “no es más que la reiteración de hechos de la guerra sucia de Guerrero”.
González Ruiz señaló que los casos puedan parecer similares, pero tienen sus peculiaridades, aunque, “en esencia, el hecho es el mismo y es el mismo Estado, actuando ilegalmente por fuera de su marco jurídico”.
Indicó que el informe de la Comisión de la Verdad, que creó el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, no tuvo impacto social, “lo tengo que reconocer, que el informe no le hizo ni cosquillas al Estado mexicano”, dijo.
Expresó que no han tenido acercamiento con la recién creada Comisión Ejecutiva Estatal para la Atención a Víctimas –uno de cuyos integrantes, Javier Morlet, estaba en el auditorio–.
También opinó que el Estado mexicano acomete “una campaña de desprestigio” contra integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que respalda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque la investigación del grupo, al “echar abajo” la “verdad histórica” del ex procurador de la República Jesús Murillo Karam, “sacudió” la versión oficial y trastocó al Ejército mexicano, lo que generó el descontento de las fuerzas castrenses.
Antes de iniciar el foro, Pablo Guzmán Hernández dijo que la CRAC de San Luis Acatlán “estará al pendiente para que en la armonización de la Ley 701 (de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas), se mantenga tal cual”, y que espera que no se acote.
Dijo que en su última reunión, la CRAC en San Luis Acatlán manifestó su “temor o zozobra” a que los legisladores actuales mutilen o modifiquen en “términos regresivos” la ley 701.
Expuso que están levantando actas en cada comunidad para, en caso de ser necesario, interponer un recurso jurídico como controversia constitucional o amparo para evitar una eventual modificación.
Dijo que la CRAC sostiene que la Ley 701 no debe seguir “en el aire”, sino que sea armonizada con la Constitución, así como en leyes y reglamentos como el del Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía, la Secretaría de Salud, Derechos Humanos y los ayuntamientos, para que contemplen lo estipulado en la Ley.
Indicó que desde su publicación, Ley 701 no se aplica ni se respeta, “es como si fuese letra muerta”, y defendió que su ratificación permitirá que la participación ciudadana en barrios, colonias, comunidades tenga una “mínima estructura organizativa”, a nivel preventivo, y que puedan formar grupos de vigilancia.
Por su parte, Ranferi Hernández Acevedo consideró que actualmente “no se garantiza la vida de ningún guerrerense” porque diariamente hay reportes de muertos o levantados.
Manifestó que la inseguridad que vive el estado, es una situación delicada porque la sociedad ha caído en la “guerra” que lleva el gobierno, “yo diría en contra del pueblo”.
Asimismo, la activista Julia Alonso, ex integrante del comité Los Otros desaparecidos de Iguala y madre de Julio Alberto López, desaparecido el 12 de enero de 2008 cuando fue de paseo a la presa de La Boca, en Santiago, Nuevo León, dijo que es necesaria la creación de redes de autoprotección para evitar que sucedan hechos como la desaparición de los 43 normalistas; “cuando se llevaron a mi hijo, nadie se arriesgó; cuando se los lleven a ustedes, nadie se va arriesgar”, advirtió.
También defendió el uso de armas como método de protección ante la situación de inseguridad en el estado “defendernos, sí es un derecho; yo sí creo en las armas, después de lo que he vivido sé que ayudan, las armas no son peligrosas. Peligrosos son quienes las traen y nos lastiman”.
De las instituciones del Estado, acusó que “no hacen su trabajo”, y recordó que en los últimos ocho años ha recurrido a la Subsecretaría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO), a la Procuraduría General de la República (PGR), y que ha hecho huelga de hambre en la Secretaría de Gobernación, “y de todas maneras Julio Alberto (su hijo desaparecido) no está”.
La ex integrante del comité de Los Otros Desaparecidos en Iguala llamó a los asistentes a pasar de la opinión a la acción, e incluso asumir acciones sencillas como la limpieza frente a sus casas.

Dan cinco organizaciones nacionales respaldo jurídico a Los Otros Desaparecidos de Iguala

Representantes de cinco organizaciones nacionales de defensa de derechos humanos dan su respaldo jurídico a familiares de víctimas de desaparición forzada del comité de Los Otros Desaparecidos de Iguala que ha logrado, en 14 meses, el hallazgo y recuperación de 123 cuerpos.
En la asamblea de ayer en el sótano de la parroquia de San Gerardo, representantes de las organizaciones Red de Enlaces Nacionales y la asociación Familias en Búsqueda María Herrera, se reunieron con unos 100 familiares de desaparecidos del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala.
“Ustedes son los expertos en las búsquedas, no la PGR”, les dijo a Los Otros Desaparecidos el representante de la Red de Enlaces Nacionales, Juan Carlos Trujillo Herrera en referencia a los 123 cuerpos que han hallado y recuperado de fosas clandestinas en 14 meses desde su integración.
En la asamblea, las organizaciones de familiares de desaparecidos en el país y de defensores de derechos humanos Red de Enlaces Nacionales, la asociación Familiares en Búsqueda María Herrera, la Comisión Mexicana de Promoción de Derechos Humanos, Idheas, Litigio Estratégico y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) dieron su respaldo a Los Otros Desaparecidos de Iguala.
Trujillo Herrera dijo que el comité de Iguala tiene lo que ningún otro comité de víctimas en el país tiene, que es la fuerza y el respaldo jurídico de cinco organizaciones de defensa de derechos humanos, “que ustedes les pueden sacar una muy buena ruta jurídica en base a sus principales necesidades que tengan”.
Informó que la reunión del jueves en la ciudad de México, que se realizará cada dos meses, incluyó a organizaciones nacionales de desaparecidos y organizaciones de derechos humanos con funcionarios del gobierno de Guerrero encabezados por su secretario de Gobierno de Guerrero, Florencio Salazar Adame, y representantes de la PGR, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), la Secretaría de Gobernación y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Dijo que con el “arropamiento” de las cinco organizaciones de defensa de derechos humanos se buscará que sean autorizados como asesores jurídicos externos de Los Otros Desaparecidos, para que los puedan representar y obligar al gobierno mexicano a que hagan una ruta jurídica de investigación en vida de los desaparecidos, y se les sigan generando las condiciones para continuar su búsqueda de fosas clandestinas.
Dio a conocer que, “la PGR, en voz de Joaquín (Torrez Osorno), reconoció que los expertos son ustedes, ante todas las instituciones, en las búsquedas de fosas, por esa desobediencia marcada, y que ellos están muy atrás de la realidad de buscar y encontrar”.
Informó que, a partir de este lunes la ex subprocuradora de Derechos Humanos de la PGR, Eliana García Laguna se integró a la asociación Familiares en Búsqueda, “para seguir dando la batalla”.
Ayer, en el patio de la parroquia de San Gerardo, las organizaciones entregaron una camioneta pick up a los familiares de Los Otros Desaparecidos, que se adquirió con recursos donados en la parroquia de Cuajimalpa, estado de México, y que servirá a los familiares para continuar su búsqueda de fosas clandestinas; también se anunció la entrega de una segunda camioneta, adicional a la que la PGR dará en comodato cada domingo, con chofer y gasolina, para su búsqueda de fosas.