Ayer murió un joven de 28 años en el hospital general Adolfo Prieto, quien fue herido a balazos en un ataque el lunes en el barrio de Bermeja, en la cabecera municipal de Taxco.
Fuentes policiacas de Seguridad Pública informaron que a las 8:30 de la mañana de ayer fue reportado el fallecimiento del joven, identificado por familiares como Job Emmanuel Martínez, vecino del barrio de Bermeja.
Las autoridades detallaron que hombres armados a bordo de motocicletas lo atacaron, y que fue trasladado por sus familiares al hospital.
Agentes y peritos del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado hicieron las investigaciones correspondientes. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense de Iguala.
Fuentes de seguridad pública informaron que a las 10 de la mañana recibieron el reporte de que entre las colonias La Ciénega y El Polvorín, a un costado del río Ajolote, se encontraba un vehículo abandonado del cual emanaban olores fétidos.
El primer reporte dice que se trababa de dos víctimas pero al lugar acudieron policías estatales y agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), que confirmaron que se encontraba un vehículo Chevrolet tipo Aveo gris con placas HCM-65-59 de Guerrero, serie 3G1TA51F9EL167485, con reporte de robo, en el que se encontró el cuerpo de un hombre que no fue identificado.
A cinco años del desalojo a balazos contra normalistas en la Autopista del Sol unos 700 estudiantes, maestros y activistas sociales encabezados por los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa marcharon en la capital y encararon a los policías federales por el asesinato de dos jóvenes en esta carretera, ante la violencia acrecentada pese a la vigilancia policiaca y militar y debido a los vínculos de las fuerzas de seguridad pública y armadas con la delincuencia.
“Ustedes mataron a Alexis y a Gabriel”, “¿qué tiene que cuidar en la carretera?”, “¡váyanse a Acapulco!”, “sigan enriqueciéndose con el narcotráfico”, les gritaron padres de familia y estudiantes mientras unos 200 policías retrocedían fuera del asfalto, en el punto conocido como El Parador del Marqués, donde el 12 de diciembre de 2011 policías federales, ministeriales y estatales disolvieron una protesta a balazos y asesinaron a los estudiantes Gabriel Echeverría de Jesús y Alexis Herrera Pino.
Al final los policías se refugiaron bajo la sombra de los árboles, mientras los manifestantes bloquearon dos horas el paso a la carretera federal México-Acapulco y la Autopista del Sol, para celebrar un acto político.
Después de la ofrenda floral un sobreviviente de aquellos hechos, Edgar Espíritu Olmedo denunció que desde aquella agresión los problemas en la Normal Rural son cada vez mayores.
El estudiante que fue herido de bala en el pecho recordó que en la protesta del 12 de diciembre pedían becas, la aprobación de la matrícula, “en vez de respuestas recibimos balas, dos compañeros muertos y a mi, un grave incidente… a la fecha tengo problemas de salud”.
Denunció que mientras los responsables de los hechos están libres los problemas en la escuela aumentaron, por ejemplo señaló el ataque del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, donde tres estudiantes fueron asesinados y 43 desaparecidos, aunado al “cobarde” asesinato de dos normalistas en la carretera Chilpancingo-Tixtla el 4 de octubre pasado.
Recriminó que las consecuencias no sean contra los perpetradores, “les decimos a todos los presentes que no están solos, estamos aquí con justa razón, luchando por algo que por ley merecemos, a aquel pueblo y todos los que luchan por algo les decimos que vamos a seguir en la lucha. Desde el 12 de diciembre sigue pasando lo mismo, los que realizan actos criminales siguen en libertad, parece que por pedir algo a los gobernantes tiene que morir un ser humano, es increíble que en estos tiempos sigan muriendo compañeros, haya desaparecidos de otras ciudades y sigamos en la misma”.
La marcha
La protesta comenzó a las 11 de la mañana del monumento a Nicolás Bravo ubicado al norte de la capital, avanzó por el centro de la ciudad hacia el sur al cruce de la Autopista del Sol y la carretera federal México-Acapulco, donde ocurrió el desalojo en 2011.
El contingente conformado principalmente de jóvenes integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) cantó en todo el recorrido consignas revolucionarias, mientras otros estudiantes y activistas a su paso hicieron pintas y colocaron carteles alusivos al 12 de diciembre y al 26 de septiembre, en edificios de gobierno y algunas tiendas Oxxo, leyendas como “pueblo toma conciencia y lucha”.
Avanzaron sobre las principales avenidas de la ciudad y el bulevar Vicente Guerrero que se conecta con la autopista de cuota.
Antes, desde las 10 de la mañana se observó la llegada de policías federales en El Parador del Marqués. Apenas se asomó la manifestación como a las 2 de la tarde, los policías con equipo antimotines ocuparon la mitad de la carretera.
Varios padres y madres en la vanguardia se dirigieron molestos hacia los uniformados que impedían el paso de los camiones del servicio público en que viajaban los normalistas, y querían estacionarlos sobre la carretera federal.
Mientras los mandos comenzaron el diálogo protocolario para pedir que la manifestación no afectara a terceros, padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos recriminaron a los federales la agresión a los jóvenes en 2011.
Intensamente reclamaron los asesinatos, los cuerpos desmembrados en Chilpancingo y Acapulco, los desaparecidos y levantados en la entidad y los llamaron a detener a los delincuentes: “ustedes le dispararon a Alexis (Herrera Pino) y a Gabriel (Echeverría de Jesús)”, “pinches maricones, qué tienen que cuidar en la carretera, vayan a buscar los muchachos aquí no hay nada que ver”, gritó una madre de familia.
Los policías retrocedieron varios pasos ante la presión de los manifestantes y mientras aguardaban órdenes de sus superiores, en medio de la discusión -registrada en video con teléfonos celulares de manifestantes y policías-, accedieron a salir de la carretera y a observar la protesta desde la sombra de los arboles, donde estaban antes de que llegara el contingente.
En la carretera un padre de familia hizo una oración mientras estudiantes chaponaban el monte del lugar donde se encontraba la cruz que marca el sitio donde cayó el normalista Gabriel Echeverría, a poca distancia de un letrero de lámina que señala la ubicación de un taller mecánico, y que conserva los huecos de bala de dos diferentes calibres accionados hace cinco años.
Ahí colocaron también la corona de flores en recuerdo de Alexis Herrera, el normalista que recibió un balazo en la nuca, en el carril contrario. El letrero está justo enfrente al acceso de la tienda departamental Liverpool, donde se ubicaron los policías ministeriales y estatales que dispararon a los manifestantes en 2011.
En cinco años el gobierno se empeñó en matar y desaparecer estudiantes
Ayer el señor Emiliano Navarrete, papá del normalista desaparecido José Ángel Navarrete, llamó a no olvidar “porque es lo que el gobierno ha querido siempre”, y ratificó el compromiso de los padres de los desaparecidos a mantener la lucha hasta saber en dónde están sus hijos y que los responsables “personas corruptas” reciban su castigo.
La señora Blanca Nava, mamá del normalista desaparecido Jorge Álvarez, denunció que en cinco años el gobierno se empeñó en matar y desaparecer estudiantes, “es algo que nosotros tenemos que evitar, esto no puede sucederle a nuestros hijos”.
Consideró una burla para los padres que todos los delitos sigan impunes, “que nos siga pisoteando, que no nos tengan una respuesta. De aquí le digo a (el gobernador Héctor) Astudillo y (al exgobernador Ángel) Aguirre que ya quiero de regreso a mi hijo, no me pienso ir, tengo que saber qué pasó con él y sus compañeros. Este dolor que sentimos no se lo merece nadie, no queremos repetición, pero sobre todo queremos que los regresen vivos”.
Demandó que no manden policías a sus manifestaciones “nosotros no andamos buscando pleito”, asimismo que retiren a los militares de las calles porque “no sirven para nada, nada más están para desaparecer, para andar levantando y matando”.
El vocero Felipe de la Cruz demandó que se investigue y se castigue al exgobernador Ángel Aguirre Rivero y a sus colabores por los crímenes del 12 de diciembre, y luego se refirió a la muerte del trabajador de la gasolinera ocurrido en estos mismos hechos, Gonzalo Rivas Cámara, a quién el senado entregó post mortem la medalla Belisario Domínguez, para hacer creer a la sociedad que los estudiantes son responsables de aquella muerte.
El representante de la Normal Rural señaló que el premio del Senado tuvo la intención de criminalizar a los normalistas, que también son víctimas de la represión de los cuerpos policiacos a la protesta social.
Debido a la intensidad del sol cuatro personas recibieron auxilios por desvanecimientos. El mitin acabó a las 4 de la tarde, cuando estudiantes y activistas abordaron unos 10 camiones del servicio público, y regresaron a la Normal en Tixtla.
El ex regidor del municipio de Cualac, Amadeo Pablo Reyes de 44 años fue asesinado cerca del crucero de la comunidad de Zacualpan, municipio de Tlapa, cuando maneja una Urvan del servicio público de pasajeros.
Según fuentes oficiales, el asesinato ocurrió la tarde del jueves, cuando Pablo Reyes conducía una Urvan de la ruta Tlapa-Zacualpan-Chiepetlán-Coatlaco, y fue interceptado por dos hombres que le hicieron la parada y luego se acercaron directamente a él, disparándole.
Los asesinos vestían ropa tipo militar y llevaban cubierto el rostro; después de matar al chofer, bajaron el cuerpo y les dijeron a los pasajeros que salieran para llevarse la camioneta; los usuarios dijeron que, al parecer, el chofer se resistió a ser asaltado.
Amadeo Pablo Reyes fue regidor de Desarrollo Rural de Cualac en el periodo 2012- 2015; era originario de la comunidad de Coatlaco, y durante su periodo fue secuestrado el 22 de junio y liberado el 15 de agosto, tras el supuesto pago de un rescate.
Los hechos no fueron reportados a la agencia del Ministerio Público, y el levantamiento del cuerpo lo hizo el comisario de Coatlaco. (Carmen González Benicio / Tlapa).
Hallan a dos ejecutados en un taxi junto al Batallón de Chilpancingo
La mañana de ayer fueron hallados los cuerpos de dos hombres ejecutados, con visibles huellas de tortura, en la colonia del PRI, Chilpancingo.
Los cuerpos estaban en el asiento trasero de un taxi con número económico 20, placas 11-97-FFL, estacionado frente a una casa de la calle Novena, de la colonia del PRI, junto a la barda del 41 Batallón de Infantería.
De acuerdo con fuentes policiacas, el hallazgo ocurrió después de las 7:30 de la mañana, tras una denuncia anónima al 066, en la que se informó que dos hombres ejecutados estaban dentro del taxi.
Al lugar acudieron peritos del Servicio Médico Forense (Semefo) y policías estatales, que acordonaron la zona; ahí se hallaron cuatro casquillos percutidos .9 milímetros y un cartucho útil de ese mismo calibre. Los hombres ejecutados fueron llevados al Semefo en calidad de desconocidos. (Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo).
Ejecutan a la dueña de una cocina económica en Tecpan
Una joven de 28 años fue hallada asesinada a balazos la mañana del sábado en la periferia de la cabecera municipal de Tecpan, menos de 24 horas después de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.
Fuentes de Seguridad Pública informaron que el cuerpo de la joven, identificada como Ana María Téllez, fue encontrado a las 8 de la mañana, en un camino de terracería que conduce a las huertas del ejido de El Súchil.
Presentaba disparos de armas calibres .9 y 22 milímetros; en el lugar se encontraron cuatro casquillos percutidos.
Vecinos dijeron haber escuchado disparos a las 5 de la madrugada. La víctima era dueña de una cocina económica en la colonia Las Tunas.
A 21 años de la conformación de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y su Policía Comunitaria (CRAC-PC), es un proyecto inacabado y corresponde a todos mejorar lo que no se ha hecho bien, dijo el consejero de la institución, Sabás Aburto Espinobarros, quien con el también consejero Juan Horta Cruz, son autores del libro El origen de la Policía Comunitaria-Montaña y Costa Chica y fundadores de la organización.
El texto fue presentado la tarde de este jueves en el Palacio de la Cultura, en donde hubo reclamos y la exigencia de la libertad de los presos de la CRAC Gonzalo Molina González, Arturo Campos Herrera y Samuel Ramírez García.
Además de los autores el libro también fue comentado por el representante del senador perredista Armando Ríos Piter, Mario Hernández Herrera.
Los autores explicaron que en el texto retoman el proceso que vivió la institución indígena desde su formación en octubre de 1995 a 1998, aunque también se incluyen dos de las crisis más fuertes que ha vivido, la del 2002 durante la primera “embestida” por el gobernador René Juárez Cisneros, cuando integró averiguaciones previas y liberó órdenes de aprehensión en contra de las autoridades comunitarias, así como la del 2013 cuando del gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien intervino para dividir a la CRAC-PC mediante Eliseo Villar Castillo, ahora preso.
Juan Horta explicó que el libro “es un bebé que fue deseado desde el 2015”, cuando comenzaron a concebirlo, aunque aclaró que ya había habido muchos intentos, que tres veces estuvo a punto de abortar, pero que afortunadamente nació sano.
Sabás Aburto explicó que en el libro está el contenido “del por qué de los por qué” surgió la Policía Comunitaria, después de varios intentos y reuniones con el procurador de justicia y el secretario de Seguridad Pública, sin que se hubiera logrado.
Aclaró que no fueron esas reuniones con los funcionarios las que ayudaron a la formación de la Policía Comunitaria, sino las prolongadas asambleas de los pueblos que buscaban acabar con la inseguridad, los robos, asaltos, violaciones a las mujeres y asesinatos en el corredor Montaña-Costa Chica.
Añadió que después se vinieron acontecimientos como la masacre de Aguas Blancas, los asesinatos del candidato presidencial del PRI Luis Donaldo Colosio, el asesinato del ex gobernador José Francisco Ruíz Massieu y la masacre de El Charco, en el municipio de Ayutla, “todo eso nos empujó a la organización, y si no fuera por esos acontecimientos la Policía Comunitaria no hubiera surgido”, reconoció.
Detalló que también fue fundamental la participación de las organizaciones sociales, como Los de la Montaña, 500 Años de Resistencia Indígena, las Triple S y los Consejos Comunitarios de Abasto de Diconsa. Todo eso se conjuntó “para que la semilla de la Policía Comunitaria germinara”.
Juan Horta destacó que los logros de 1995 a 1998 fueron el desmantelamiento de las bandas delincuenciales, algunas de hasta 50 criminales, la disminución de la inseguridad, la desaparición de la Policía Motorizada que fue la responsable de la masacre del vado de Aguas Blancas, así como el reconocimiento a la CRAC-PC por el Gobierno, cuando se reconoció que la Policía Comunitaria no se trataba de una guerrilla como se le acusaba.
Sin embargo añadió que 21 años después, la defensa de la CRAC-PC sigue porque los embates del gobierno continúan, “todavía hay algunos funcionarios que nos siguen llamando ilegales porque desconocen el marco legal, o lo interpretan a su manera y conveniencia.
Frente a estas circunstancias, explicó que los retos son la defensa de la CRAC-PC ante los ataques extornos e internos, que sea reconocida dentro de la Constitución Política del Estado porque en la última reforma, “casi nos ponen un freno y nos hacen a un lado”.
Asimismo dijo que otro reto es concientizar para que no se siga confundiendo a la CRAC-PC con otros grupos que también se dicen policías comunitarias, pero que no cuentan con un reglamento y no tienen como base las asambleas.
Otro de los comentaristas, el representante del senador Armando Ríos Piter, Mario Hernández explicó que el proyecto deja un aprendizaje para replicarlo en todo el estados, “es el mejor ejemplo que existe en el estado del poder popular”, definió.
Agregó que este modelo está afianzado en las asambleas comunitarias y que por eso ha funcionado muy bien, a diferencia del sistema gubernamental en el que ya no hay confianza y la inseguridad está a la orden del día.
En la etapa de preguntas el presidente del Colegio de abogados de Chilpancingo, Rubén Cayetano García manifestó que ya hacía falta un documento de este tipo.
Asimismo de entre el público surgieron inquietudes y cuestionaron a los autores y consejeros de la CRAC-PC, cosas como la falta de autonomía al recibir recursos de los ayuntamientos, reunirse con funcionarios del gobierno del estado y aceptar la credencialización de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“Yo me quedo con lo que era antes la CRAC, que su esencia era su autonomía y que se regía por sus usos y costumbres”, dijo por ejemplo, Maricela Juárez Ocampo, de la colonia Comunidad Emperador Cuauhtémoc.
Roberta Campos Adame integrante de la CRAC-PC La Patria es Primero de El Fortín, criticó que hayan recurrido para la edición del libro al senador perredista Armando Ríos Piter, “que ha aprobado leyes en contra del pueblo, ¿dónde está esa autonomía?, preguntó y luego cuestionó al senador que se quiera montar en el prestigio de la CRAC.
Otro de los asistentes preguntó la postura de los consejeros y autores del libro de los presos. Gonzalo Molina, Arturo Campos y Samuel Ramírez García, para entonces algunos de los asistentes comenzaron a desplegar y a alzar pancartas: “Libertad a Gonzalo Molina, preso político de la CRAC”, “Atención médica a Gonzalo Molina”, “Libertad a Samuel Ramírez García”, “Respeto a la autodeterminación de los pueblos indígenas”, se leyó en algunas de las cartulinas.
En respuesta a las críticas Sabás Aburto dijo que el camino de la CRAC no tiene fin, “nos vamos a ir nosotros a descansar y la CRAC-PC va a seguir porque es un proyecto inacabado, y con el esfuerzo de todos debemos mejorar lo inacabado y lo que no se hizo bien”.
Luego dijo que la autonomía es un proceso que se va construyendo poco a poco, pero precisó que la CRAC-PC es apartidista y que no está sometida a algún partido político, y menos a algún candidato, “lo que nos une es el problema de la inseguridad” y explicó que tienen que recurrir a representantes populares como al senador, a los presidentes municipales porque es un derecho acudir ante ellos.
Aclaró que la CRAC no es apéndice del gobierno ni de ningún partido, “pero no podemos ni debemos permanecer como en una isla, necesitamos mantener relaciones buenas o malas”. Aseguró que la libertad de los presos la tratan mediante la defensa jurídica del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, pero que no se sabe de su intervención, “porque poco nos gusta salir en los medios de comunicación”.
Aclaró que en 2013 se dio la credencialización de los policías comunitarios “por las prácticas desviadas” del entonces coordinador de la casa matriz con sede en San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo, debido a la intervención del gobernador Ángel Aguirre.
Subrayó que el ahora ex coordinador, (actualmente preso por homicidio), recibió el apoyo del gobernador para desmantelar a la CRAC-PC y con ello frenar a la institución, porque su función no es sólo velar por la seguridad, sino también evitar que avancen los proyectos mineros en la Montaña y Costa Chica.
Preció que a la Policía Comunitaria no se le respeta por las armas, sino por el respaldo con el que cuenta, “así carguen sólo un machete, cuentan con el poder popular”, y denunció que por eso ha habido muchos intentos de destruirla.
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el gobernador Héctor Astudillo Flores anunciaron una inversión conjunta de 200 millones de pesos para comprar equipo, patrullas y contratar más policías para reforzar la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
Este miércoles, el secretario encabezó otra reunión del gabinete de seguridad federal en Aca-pulco, donde se habló de la situación que se vive en la principal ciudad de Guerrero, y en conferencia de prensa informó que la Policía Federal ya está llegando para retomar la vigilancia en municipios como Chilapa.
En la conferencia, Osorio Chong fue reiterativo al manifestar que el estado tiene que fortalecer sus cuerpos de seguridad, porque las fuerzas federales no pueden estar permanentemente aquí.
Luego dijo que ni el Ejército, la Marina, la Policía Federal, la Gendarmería o incluso el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) pueden estar haciéndose responsables de la seguridad de cada entidad del país, y no por falta de voluntad, es por atribución y porque no hay capacidad. Recordó que la Cons-titución marca que las 32 entidades tienen su propia responsabilidad en materia de seguridad y tienen que hacerse cargo de ella.
Manifestó que el gobierno federal apoya a Guerrero porque aquí no se había trabajado contra el crimen organizado, pero ahora existe la voluntad del gobernador Astudillo para hacerlo, pero también tiene que avanzar.
Dijo que el Ejército está prácticamente desplegado en todo el territorio; la Marina en los litorales; y la Policía Federal hace un esfuerzo por estar en varias entidades, pero “no podemos hacer ni funciones municipales, ni funciones estatales, ni responsabilizarnos de lo que le toca a los gobiernos de los estados”.
Osorio Chong subrayó que el gobierno ha apoyado y no ha escatimado ningún tipo de recursos ni de apoyo, y que lo seguirán haciendo porque es la instrucción del presidente, pero “tenemos que pasar a que sean las propias entidades que se hagan cargo de lo que les corresponde, de acuerdo a la Constitución”.
Indicó que el presidente Enrique Peña Nieto autorizó una inversión que va a permitir complementar acciones de fortalecimiento, que es el “llamado que se le hace a todos los estados, fortalecer su institución de seguridad, el gobierno federal sólo apoya pero no puede hacerse responsable de lo que le corresponde a los estados” y volvió a reconocer que ahora en Guerrero “se está atendiendo lo que no se había atendido por años” en el combate a la delincuencia organizada.
Expuso que no se puede seguir con una policía donde el 40 por ciento ya tiene una mayoría de edad, lo que no le permite servir adecuadamente a la ciudadanía, y otro porcentaje está dedicado a la protección de personas, sí por medidas cautelares, pero que se tiene que hacer un redireccionamiento porque se tiene que cuidar a la mayoría.
Agregó que la federación ayudará al gobierno del estado para que sean mejores las prestaciones y la capacitación que deben tener los policías.
Dijo que en el futuro se harán planteamientos para que con el nuevo sistema de justicia penal no se favorezca a delincuentes.
Sobre el incremento de la violencia en el estado dijo que no hay “varitas mágicas” para resolver un problema complejo, pues “por muchos años” se dejó de hacer la acción que le corresponde a la autoridad local.
Indicó que no es con más policías como se resuelve necesariamente la inseguridad, sino con tecnología, como sucedió con el C-4, que ahora va a permitir vigilar más colonias.
La reunión del gabinete de seguridad federal se realizó dos días después de una jornada violenta en Acapulco, en la que hubo seis muertos, uno de ellos en la vigilada playa Papagayo.
También dos días después de que fue baleada la notaría de la que es titular el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Robespierre Robles Hurtado.
Al 90 por ciento el C-4
El pasado 2 de mayo, en la reunión mensual del gabinete federal de seguridad para Guerrero, Osorio Chong anunció que el Ejército se encargaría de los centros de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C-4) del estado y que se construiría un Centro de Coordinación C-5. Sobre ello, el secretario de Gobernación dijo que ahora los C-4 están en un 90 por ciento de su capacidad de operación.
Osorio Chong indicó que no ha sido fácil y que en dos meses personal del Ejército trabaja para componer, restablecer y operar adecuadamente los centros.
Dijo que las llamadas se han incrementado y cada una de ellas se ha atendido. Aunque dijo que también varias han sido bromas.
Sobre la reunión dijo que se revisaron temas por regiones y se vio el tema de la temporada turística que va con sus altas y bajas. Indicó que las autoridades trabajan para que se den condiciones de tranquilidad para todos.
Osorio Chong dijo que reconoce dificultades en algunas regiones, donde se va a hacer el trabajo de inteligencia, y que en la reunión se analizaron varias estrategias que se tienen que establecer y “con ello resolver la problemática que se está presentando”.
Sobre Acapulco, donde se siguen cometiendo homicidios, “también habremos de ya establecer una estrategia en lo particular. Seguimos adelante con la estrategia general, pero se tiene que ir moviendo de acuerdo a las circunstancias”.
Agregó que a petición del gobernador Astudillo en la reunión se hizo el compromiso de regresar una cantidad importante de elementos de la Policía Federal y de la Gendarmería para apoyar en las labores de seguridad en varios municipios.
Mientras que el gobernador Héctor Astudillo agradeció la presencia del gabinete de seguridad en la reunión donde analizaron una “serie de circunstancias, acontecimientos, números en relación al tema de la seguridad”.
Añadió que había acciones importantes, como la inversión de 200 millones, cien del gobierno del estado y otros cien de la federación, para equipar de “mejor manera tanto en lo humano como también lo material a la Secretaría de Seguridad Pública”.
Dijo el gobernador que también tocaron la temporada de vacaciones y que los números que tienen “son muy buenos”.
Manifestó que en la reunión “se han tratado una gran cantidad de temas que tienen que ver con la seguridad de Guerrero”.
En esta reunión estuvieron los secretarios de la Defensa Nacio-nal, general Salvador Cienfuegos Zepeda; de Marina, almirante Vidal Francisco Soberón Sanz; el Comisionado Nacional de Segu-ridad, Renato Sales; la procuradora General de la República, Arely Gómez, y el secretario general del Cisen, Miguel Robles Bárcena
También el secretario de Go-bierno Florencio Salazar; el fiscal Xavier Olea; el responsable de la Estrategia Guerrero, general Alejandro Saavedra, el comandante de la Octava Región Naval, almirante Juan Guillermo Fierro, y el secretario de Seguridad Pú-blica estatal, Pedro Almazán.
El secretario de Seguridad Pública municipal, Max Sedano Romano, dijo que los ataques a sitios de taxis son “casi imposible evitarlos” y compete a la Policía Ministerial la investigación para saber porqué suceden “porque nosotros no investigamos”.
Consultado por reporteros en la unidad deportiva Vicente Suárez, donde se realizó la carrera Aca-Dow 2016, el jefe policiaco declaró que en los sitios de taxis que se piensa que pueden estar vulnerables se refuerza la vigilancia, pero que no se puede saber cuándo ocurrirán los ataques.
Indicó que la Policía Ministerial es la que hace la investigación de estos casos “porque no es la primera vez que sucede y la Policía Ministerial está en eso”, aunque aseguró que las autoridades de lo tres órdenes hacen acciones de vigilancia; “no podemos saber nosotros dónde van a ocurrir los hechos”.
El pasado jueves se suscitaron dos ataques contra sitios de taxis, uno de ellos de servicio foráneos Ayutla-Acapulco, en la avenida Cuauhtémoc y donde un taxista resultó herido, y el otro ubicado en Las Cruces, de la ruta Acapulco-Marquelia.
Sedano Romano explicó que los ataques son direccionados y quien debe saber las causas es la Policía Ministerial; “nosotros no investigamos, nosotros hacemos recorridos de disuasión pero es casi imposible evitarlo. Lo que observamos es que se dan”.
“Los lugares que pueden ser más vulnerables allí se refuerza la vigilancia”, insistió, aunque no precisó cuáles son los sitios de taxis más vulnerables, “no te puedo decir, pero donde se cree se refuerza y eso lo hace la Secretaría de la Defensa Nacional, es la que lleva la coordinación de la estratégica de seguridad”.
Sobre la jornada violenta de este sábado, que dejó cuarto muertos en Acapulco en diferentes hechos, declaró que “estamos hablando de un promedio (pero) va a la baja”.
En referencia a los ataques a sitios de taxis, el alcalde Evodio Velázquez Aguirre dijo que “hemos pedido y se ha revisado, se seguirá revisando dónde debe puntualizarse más el operativo en materia de seguridad con los tres órdenes de gobierno”.
Abundó que para su gobierno seguirá siendo prioridad mejorar las condiciones de seguridad, porque insistió que Acapulco tiene complejidades, “hay que aceptarlas pero estamos trabajando para mermar la condición de inseguridad en la ciudad y vamos caminando poco a poco”. (Aurora Harrison).
El encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, Manuel Eduardo Flores Sonduk, informó que en marzo la dependencia empezará a solicitar a los ciudadanos que respeten el carril confinado del Acabús, y que quien no acate la disposición será infraccionado hasta por 2 mil pesos.
En declaraciones a reporteros en la primaria María Orozco de Marrón, ubicada en el fraccionamiento Costa Azul, donde el Ayuntamiento firmó un convenio con la SEG para el programa de cultura vial en escuelas, Flores Sonduk declaró que también se les informará a los ciudadanos del cambio de sentidos de las avenidas, lo que se hará de manera gradual.
Declaró que el programa Escudo Acapulco en uno de sus ejes de acción integra la aplicación de tecnologías de cámaras para las fotomultas y éstas comenzarán a funcionar como un proyecto piloto con el Acabús. Así, las personas que invadan un carril confinado tendrán que pagar una multa, y recordó que en la Ciudad de México “está súper sancionado ingresar al carril exclusivo”.
Flores Sonduk explicó que con ingeniería vial y la Coordinación de Movilidad trabajan en las arterias viales. “Vamos empezar a informar a través de boletines en donde vamos a decir a la ciudadanía que se empiece a respetar el carril confinado del Acabús, porque será más complejo y nos costará más que la ciudadanía no respete el carril”.
“Las multas más caras porque ya no se maneja salario mínimo, se maneja una mínima y una máxima de mil 400 a 2 mil pesos, son de las multas más caras que tenemos”, señaló el encargado de despacho.
Precisó que la multa de 2 mil pesos es cuando el conductor maneje con exceso de velocidad por el carril confinado para el Acabús.
Abundó que habrá calles que estén a contraflujo, con cambios de vialidad y que no se puede resolver ahora. “Tenemos una vialidad colapsada de alguna manera con el tráfico y vamos a ir (resolviéndolo) gradualmente, ya que se vayan acercando la fecha (de operación del nuevo sistema de transporte, en mayo próximo), y vamos a empezar en marzo (a informar) cómo cambiaran los sentidos de las vialidades”.
Flores Sonduk dijo que también se empezará la campaña Maneja tu moto con casco, “estamos a punto de hacer como en Francia, poner carros siniestrados para hacer conciencia de qué puede suceder estando con tu teléfono, puedes ocasionar un accidente fatal, y eso es educación vial”.
El secretario general de Seguridad Pública del comité de la colonia San Rafael Oriente, Francisco Jiménez Loeza anunció que por el momento no se armarán para velar por su seguridad, porque cuerpos policiacos están haciendo rondines, además hay patrullas que permanecen en los puntos donde sucedían más incidentes.
El 19 de enero, colonos de la colonia San Rafael Oriente acudieron a la audiencia pública del alcalde priista Marco Antonio Leyva Mena para informarle de los asaltos, robos e intento de violación a una joven en su colonia.
Ese día, aseguraron que si el alcalde no atendía la inseguridad de las colonias se armarían, aunque no les otorgara la facultad para hacerlo.
Este miércoles el secretario general de Seguridad Pública del comité de la colonia informó que por el momento no se van a armar, ya que este lunes han visto policías municipales y estatales, e incluso militares que han ido a la colonia y a colonias aledañas.
Agregó que el alcalde no se acercó a ellos para dialogar, pese a sus denuncias. Sin embargo, los colonos consideran que la presencia de policías es resultado de esa denuncia que hicieron, porque además hay patrullas que permanecen en los puntos donde sucedían los incidentes.
Jiménez Loeza dijo que, desde que denunciaron no han ocurrido asaltos, robos, o intento de violación.
Los vecinos afectados por la inseguridad son cerca de 800 familias en esta colonia y de las colonias vecinas, ubicadas en la periferia de la ciudad.
Ante la ausencia de órganos de vigilancia en sus colonias, los vecinos estaban platicando con representantes de otras colonias para organizarse y formar una policía vecinal.
El fiscal general del Estado, Xavier Olea Peláez informó que son, por lo menos, 50 grupos delictivos los que operan en las diferentes regiones de la entidad y que son responsables del problema de inseguridad y violencia que priva en Guerrero.
También dijo que solicitó a representantes de la embajada de Estados Unidos que ayuden al gobierno del estado a combatir el tráfico de drogas, luego de que el cónsul Hugo Rodríguez manifestó a las autoridades locales, el miércoles en Acapulco, su preocupación por el tráfico de heroína al país norteamericano.
Del secuestro de dos estudiantes del CBTA de Corral Falso, en Ajuchitlán, explicó que se trató de un autosecuestro, en el que los jóvenes obtuvieron, al parecer, cien mil pesos de sus familiares, por lo que se procederá a su detención.
El fiscal asistió este jueves al arranque oficial del programa Escuelas al Cien, que encabezó el gobernador Héctor Astudillo Flores en las instalaciones del el Conalep de Chilapa, municipio donde más tarde se celebró la sesión del gabinete de seguridad nacional encabezada por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Consultado antes de que iniciara el programa, el fiscal insistió en que el problema de violencia e inseguridad que priva en Tierra Caliente es producto de la disputa entre los grupos criminales que encabezan El Tequilero y El Pez.
Indicó que, así como sucede en aquella región, pasa lo mismo en Chilapa, donde la inseguridad es producto de la pugna que existe entre Los Rojos y Los Ardillos.
Informó que por lo menos son 50 grupos delictivos los que operan en las diferentes regiones del estado, pero aclaró que la mayoría son “pequeñas células” conformadas por cinco o seis delincuentes.
“Son muchos, pero evidentemente no hay un grupo grande, entonces se pelean por el control de la droga en esta zona de la Montaña baja y en Tierra Caliente, principalmente por la heroína, la goma de opio que posteriormente se convierte en heroína”.
Olea Peláez indicó que en el Grupo de Coordinación Guerrero le apostará a las labores de inteligencia para combatir a los grupos criminales y lograr la aprehensión de todos sus líderes.
Explicó que en la reunión del gobernador Héctor Astudillo con el cónsul de Estados Unidos Hugo Rodríguez el miércoles en Acapulco, el embajador les externó su preocupación por el tráfico de heroína, droga que termina en territorio estadunidense.
“Están preocupados y nosotros les dijimos ‘pues ayúdennos’. Yo soy una gente muy cristalina y les dije ‘ayúdenme, para que ustedes nos ayuden en la investigación’”.
–¿Ayuda en qué materia se pidió al gobierno de Estados Unidos? –preguntó un reportero.
–Pues en materia económica, en materia de seguridad, en materia de inteligencia, etcétera, respondió.
Indicó que la Secretaría de Gobernación entregará herramientas sofisticadas la próxima semana al área antisecuestros de la Fiscalía General del Estado (FGE).
De la Comisión Especial para investigar las desapariciones en el municipio de Chilapa, explicó que el próximo lunes se emitirá el decreto correspondiente, es decir, ya no se presentará la iniciativa ante el Congreso local como se había planteado en un principio.
Anunció también que la próxima semana desayunará con empresarios de la capital para escuchar sus planteamientos en materia de seguridad pública.
Consultado por segunda ocasión, al concluir el acto en el Conalep, Xavier Olea dio a conocer que fue un autosecuestro el de los dos estudiantes del CBTA de Corral Falso, en Ajuchitlán del Progreso, “quisieron bajarle un dinero a su mamá”, señaló.
Explicó que los jóvenes solicitaron un rescate de 300 mil pesos, pero sólo obtuvieron cien mil pesos, por lo que se procederá a la detención de los estudiantes, y aseguró que los tres jóvenes detenidos el miércoles en una motoneta y que llevaban consigo más de 27 mil pesos eran sus cómplices.
