Este viernes, estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de la Montaña (ITSM) cumplieron 16 días de paro, para exigir la destitución de docentes señalados como agresores y acosadores sexuales.
Organizaciones sociales de mujeres activistas, defensoras y feministas, se pronunciaron en favor de las estudiantes y pidieron a la directora Fredislinda Vázquez Paz, a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum), Secretaría de la Mujer, la Fiscalía General del Estado (FGE) y al Instituto Nacional de Mujeres cero tolerancia al acoso en el ámbito escolar y, por lo tanto, la renuncia o despido de los maestros agresores.
Sobre las estudiantes víctimas, que se les repare el daño, porque es importante reconocer y visibilizar la voz de las mujeres jóvenes, para poder romper el cerco cultural, que discrimina y cosifica sexualmente a las mujeres, no debe y no habrá impunidad en esos delitos.
Las organizaciones sociales, colectivas, activistas, defensoras y feministas de Guerrero, que firman el comunicado publicado en Facebook son Redefine Guerrero, Ddeser, OVM, Femversas, Marea Verde Guerrero, Red Feminista de Acapulco y Mujeres Guerrenses por la Democracia.
El comunicado dice: “Nos pronunciamos para exigir de manera inmediata el cese y alto al hostigamiento sexual y acoso sexual en el ámbito escolar, que viven las estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de la Montaña, ubicado en Tlapa. Es necesario e importante decir, cero tolerancia, fuera docentes acosadores”.
Mencionan que ninguna mujer, estudiante, debe sufrir hostigamiento en sus espacios donde construyen sus proyectos de vida, y que las autoridades deben garantizar espacios escolares libres de violencia.
Los estudiantes llevan tres días bloqueando las carreteras federales, este jueves fueron la carretera a Puebla, en el punto conocido como La Nopalera, y el Tlapa-Chilapa, en el puente de Ahuatepec.
La entrada de la Preparatoria 29 Emiliano Zapata de la UAG ubicada en Tixtla, de donde fueran borradas las pintas de alumnas para denunciar que se instalaron cámaras en los baños Foto: Jesús Eduardo Guerrero
María Avilez Rodríguez
Chilpancingo
En la preparatoria 29 Emiliano Zapata, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) en Tixtla, fueron borradas las pintas que realizaron las alumnas, quienes hace días denunciaron que localizaron mini cámaras que las grababan en los baños.
Durante un recorrido por la escuela, ubicada en la cabecera municipal, se observó que la fachada y el portón fueron repintados de los colores oficiales de la universidad, que son el rojo, azul y blanco.
Las alumnas manifestaron que, a pesar de que aún no se les da una respuesta a su denuncia, fueron borradas las pintas que realizaron el pasado 7 de marzo, contra el director José Francisco Calvo Hernández.
Entre las pintas que realizaron en aquella ocasión se leía: “Justicia”, “fuera Calvo”, “es mi cuerpo, yo decido”, “UAG acosador”, “castigo”, “fuera culpables” y “corrupción”.
Recordaron que en los baños de la preparatoria fueron localizadas mini cámaras, de alrededor de 15 centímetros, las cuales tenían contenidos grabados de las partes íntimas de maestras y alumnas.
Las cámaras las descubrieron el pasado 23 de febrero y desde esa fecha no ha habido avances en las investigaciones, por parte de la universidad que encabeza José Alfredo Romero Olea.
Además, en la puerta de la escuela estaba pegada una circular que envió la UAG, en la que se informa que la Defensoría de los Derechos Humanos y Universitarios, con apoyo de la Unidad de Asuntos Jurídicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, inició procedimiento de forma oficiosa, para investigar los hechos que atentan contra la dignidad y los derechos humanos de las estudiantes.
Las jóvenes, quienes pidieron omitir su nombre por temor a represalias, detallaron que los padres de familia fueron citados este miércoles por el director, para darles a conocer “de los avances” en las investigaciones.
Indicaron que las clases no se han suspendido, porque fue uno de los acuerdos, como “muestra de voluntad”, porque las alumnas quieren que haya justicia y que se castigue a los culpables.
También informaron que por seguridad, y porque son menores de edad, el caso lo llevarán sus padres.
La directora de la primaria Plutarco Elías Calles, ubicada en el barrio El Comino, Roselia Chávez Alonso, dijo que está siendo víctima de “violencia de género”, de manera personal y profesional, por parte de integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), y pide la intervención de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG).
Recordó que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda ha manifestado cero tolerancia a la violencia de género, en todas sus dimensiones, y de la cual está siendo víctima.
La primaria está cerrada con candados desde hace una semana por la CETEG, para exigir la salida de la directora Roselia Chávez, a quien acusan de colocar cámaras en la escuela, sobre lo cual dijo que la única cámara que tiene es en su oficina, porque ha sido agredida varias veces por docentes, pero “nunca, bajo ninguna circunstancia violentaría el derecho a la intimidad de los niños y niñas, colocando cámaras en los espacios comunes o en los baños”.
Chávez Alonso dijo que lo que se ha dicho contra ella son mentiras y recordó que la toma de la escuela fue el pasado lunes 13 de marzo, por parte del maestro de segundo año, Marco Ricardo Castrejón Méndez, quien también es tesorero saliente de la cooperativa, y un grupo de padres de familia encabezados por Diana Moserrat Castrejón Méndez, hermana del profesor, así como por “civiles desconocidos, que decían ser miembros de la CETEG”, quienes colocaron cadenas.
Aseguró que la petición de su salida de la escuela, es por “motivos estrictamente personales, para buscar no ser expuestos por malos manejos, sus faltas y fallas, ilícitos en anteriores gestiones pasadas”, donde el maestro Marco Ricardo Castrejón no cumplió con la transparencia de dos ciclos escolares como responsable de la cooperativa escolar, donde presuntamente perdió los libros contables, por lo cual hay una denuncia en la contraloría interna.
Dijo que usaron incidentes posteriores, que fueron aclarados ya en asambleas, para “legitimar su movimiento privando a los 90 alumnos de su derecho de recibir educación”.
“Fui amenazada y violentada psicológicamente el día jueves 24 de noviembre de 2022, dentro de la dirección de la escuela, por el profesor Marco Ricardo Castrejón”, dijo la directora y agregó que ha tenido múltiples incidentes y enfrentamientos verbales, por desacato en indicaciones que se daban de la dirección y “todo porque me negué a la exigencia, poco profesional y ética del profesor, de que su sobrina, hija de su hermana Diana, tuviera una calificación de 10 en la materia de inglés”.
Aseguró que por estos hechos puso una denuncia penal, por amenazas y violencia de género, previo a la toma de la escuela, por la que se abrió una carpeta de investigación.
Estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de la Montaña (ITSM), este viernes cumplieron dos días con la toma de las instalaciones, para exigir un alto al acoso sexual y que a la escuela se le haga una auditoría financiera y administrativa. Hasta el momento, los estudiantes no han sido escuchados.
Por la noche, una de las estudiantes del comité estudiantil alertó que una de sus compañeras fue perseguida por un carro Jetta color rojo, sin dar mayor información, y que después emitirían un comunicado.
Los estudiantes también han solicitado que el Ayuntamiento de Tlapa les brinde seguridad. El pasado 14 de marzo acudieron con el director de Seguridad Pública, Paul Gerardo Segura Cruz, a quien entregaron un oficio a nombre del Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos del ITSM, para solicitar que se implemente medidas de seguridad y vigilancia en la escuela.
Le solicitaron que la Policía Municipal realice rondines de vigilancia, en los horarios de mayor afluencia, de 7 a 8 de la mañana y de 2:30 a 5 de la tarde.
Los estudiantes informaron que lo piden es un alto al hostigamiento sexual, verbal y psicológico, que se inicie una investigación sobre los maestros que acosan a las estudiantes y que la dirección no solape a los violentadores, que sean destituidos.
Pidieron la intervención de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y de la directora Fredislinda Vázquez Paz, para que atiendan sus demandas.
Otras de las exigencias son que les permitan usar los edificios, como el gimnasio y el auditorio.
También pidieron una auditoría financiera y administrativa a la dirección, por parte de una instancia federal competente, pues eso impacta directamente en sus viajes de estudio, las cuotas y los insumos; así como exigieron no más aumento en los pagos o recargos para la comunidad estudiantil.
Además, que los directivos y docentes se abstengan a represalias contra del movimiento estudiantil. (Antonia Ramírez Marcelino / Tlapa).
En su segundo día de protestas, miembros del Frente por la Educación, la Democracia y la Institucionalidad Guerrerense (Freg) se manifiestan a las afueras de Ciudad Universitaria Sur de la UAG Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Alejandro Guerrero
Iguala
Alumnas de la Preparatoria 32, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), con sede en esta ciudad, denunciaron acoso por parte de al menos seis profesores, de los que exigen su destitución, así como de algunos de sus compañeros, durante una protesta realizada el mediodía de este viernes.
Por breves minutos, un grupo de unas 40 alumnas, con el apoyo de algunos de sus compañeros varones, protestó dentro de la escuela, mostrando cartulinas con algunas consignas, un listado de profesores a los que señalan de acoso, así como de un alumno que mencionaron que golpeó y violó a una compañera.
En un cartón escribieron los nombres de algunos de los docentes, a los que señalan de acosadores: Roberto Bautista, Raúl Calzada y Oscar Pavón, de los que piden su destitución. Mientras que en cartulinas que mostraron se leía: “Usar falda corta no me hace una prostituta”, “no queremos más acoso” y “no al acoso, mi cuerpo no se toca”.
Mientras que en declaraciones con reporteros, un grupo de jóvenes que participaron en la protesta, denunciaron que son más de seis profesores los que cometen acoso en contra de ellas. También mencionaron a otros por nombre, apellido o asignatura que dan: Tacuja, Valladares, Miguel, el de Taller de Lectura, Ramón, y otros, “pero muchas de nosotras tenemos miedo a denunciar y que nos hagan algo, porque son mayores que nosotras”.
Denunciaron a un estudiante, de nombre Oscar Javier Figueroa Álvarez, a quien mostraron con una fotografía en un cartel y lo acusan de haber golpeado y violado a una de sus compañeras. Señalaron que familiares de ese joven amenazaron a las alumnas que hicieron la denuncia y dijeron que aún sigue amenazando a la joven, así como a sus compañeras que reclaman justicia.
“Queremos justicia y no nos vamos a detener hasta que saquen a los maestros acosadores, hasta que mis compañeras se sientan seguras. Porque diariamente los maestros nos proponen que salgamos a beber con ellos, que si queremos ser sus novias o parejas, sabiendo que tienen esposa, y bajo el argumento de que están mal con sus esposas o familias, para que las muchachas les crean”, denunció una de las jóvenes.
Aseguró que saben que los docentes señalados de acoso tienen un grupo de Whatsapp, donde hacen comentarios “obscenos” y se comparten información de las alumnas, “ahí, en el grupo, ellos comparten y a la alumna que quieren, van por ella”.
Exigieron justicia y señalaron que han hecho las denuncias en la dirección de la escuela, pero no les han hecho caso, “queremos un cese al acoso escolar, porque como mujeres nos sentimos reprimidas en la sociedad y no podemos estar tranquilas en una escuela, que por traer falda o venir maquilladas nos digan que somos prostitutas”.
Las alumnas que hicieron las denuncias, con el apoyo de algunos de sus compañeros varones, señalaron que temen que haya represalias en su contra, por parte de esos profesores a los que denunciaron, así como de familiares del estudiante mencionado en su protesta.
Declararon que antes no habían denunciado y llamaron a sus demás compañeras a no quedarse calladas, a unirse para sacar de la escuela a esos docentes acosadores, para sentirse seguras en la escuela.
Asimismo, exigieron respeto mutuo de sus compañeros y de los profesores, “porque si nos respetan, los vamos a respetar, y si no es así, lucharemos hasta que se nos brinde el respeto que merecemos”.
La colectiva Morenas Guerrero ha emprendido acciones para visibilizar en todo el país el caso de violencia política en razón de género del diputado Alfredo Sánchez Esquivel contra la diputada Yoloczin Domínguez Serna; el sábado, en una reunión con mujeres en Ciudad de México y este domingo en Campeche.
En la clausura de la Gira Nacional Mujeres Morena Repú-blica y el V Congreso Nacional San Francisco de Campeche, Es tiempo de las mujeres rumbo a 2024, activistas de Guerrero presentaron a otras mujeres del país el caso del desechamiento de la queja, por violencia política de género, que hizo la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena.
La dirigente de Morenas Guerrero, Concepción Alarcón Catalán, estuvo en Campeche donde leyó el pronunciamiento que el pasado 23 de febrero presentaron en Chilpancingo: “No es posible que más de 300 mujeres, que confiamos en nuestra autoridad partidaria, y nos hicimos presentes con nombre y apellido, seamos ignoradas”.
En un boletín de prensa se informó que la dirigente nacional de Mujeres Morena República, Guadalupe Juárez Hernández, después de escuchar el posicionamiento de Morenas Guerrero, pidió a las asistentes levantar la mano para votar, “si están de acuerdo en que como Mujeres Morena República estemos avalando la postura de Morenas Guerrero”. La votación a favor fue unánime entre las asistentes.
La colectiva, en su posicionamiento, se duele de que CNHJ de Morena no les notificó en su domicilio, y como prueba hay cámaras de videovigilancia, que acreditan que nadie acudió y alertan de la gravedad del caso, porque si son invisibilizadas 353 mujeres que protestan “ante un solitario hombre misógino ¿qué esperanza tiene cualquier mujer que sola se enfrente a su agresor?”.
Vía telefónica, Tereza Nava Alfaro informó que el sábado, la colectiva estuvo en la asamblea nacional Feministas 4T, que encabeza la senadora Citlalli Hernández, donde también se leyó el posicionamiento de las mujeres, pues su intención es “visibilizar y hacer énfasis” en el problema. “No queremos que Morena sea una plataforma política que lleve a hombres misóginos al poder, como lo es Alfredo Sánchez”.
“Somos militantes de Morena y consideramos que es injusto como se está tratando el tema de la compañera diputada”.
En la asamblea, indicó Nava Alfaro, también estuvo la secretaria Mujeres del Comité Ejecutivo Nacional, Adriana Grajales Gómez, además de otras autoridades, como diputadas federales y locales de todo el país.
Informó que la impugnación a la decisión de la CNHJ de Morena por desechar la queja, se va a llevar en paralelo con los trámites en la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), así como en el estado buscar acercamientos con la Secretaría de la Mujer, “no consideramos que sea justa la decisión. Somos 353 mujeres que estamos acusando a este hombre misógino, que tiene que llamársele de la mejor manera en cuanto a los derechos que tenemos”.
“Si una diputada que está en el Congreso está siendo violentada ¿que nos espera a cualquier mujer que no se dedica a la política, que no tenga ese cobijo por parte de más compañeras?”, advirtió.
La alcaldesa Abelina López Rodríguez dijo que es respetuosa de la libertad de expresión, pero hay límites, y por eso presentó la denuncia por violencia de género en su contra, para visibilizar el problema.
Desde el 1 de diciembre, la alcaldesa denunció que es víctima la violencia de género, luego de que el Frente por la Democracia, la Educación y la Institucionalidad Guerrerense (Freg) solicitó el 29 de noviembre al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la revocación de mandato contra la alcaldesa. Apenas este lunes, se informó que la alcaldesa presentó una denuncia en su contra personalmente.
En declaraciones a reporteros y a pregunta de si con la denuncia busca que cesen las protestas del Freg, López Rodríguez dijo que busca que se haga conciencia en que la libertad de expresión tiene límites.
Sin especificar quién o quiénes, la alcaldesa dijo que en las protestas “tras bambalinas” le piden “cosas indecorosas”, que no puede conceder como plazas de base, automóviles. Se le preguntó si esas son las demandas del Freg o de los sindicatos el Independiente y STOOAEG, pero sólo dijo: “Dejo ahí algunos datos y vamos a ir dándole seguimiento minuto a minuto, y descubramos quien realmente está del lado del pueblo”.
No quiso abundar en quiénes están detrás de los ataques de violencia de género en su contra, sólo dijo que “hay intereses”.
“Sí, es cierto, nací en Oaxaca. No hablo dialecto, si lo hablara no me daría pena, pero a algunos ilustrados no les gusta que una humilde mujer esté gobernando Acapulco. Hay intereses, yo no vengo a robar, yo vengo a trabajar y a veces no gusta cuando uno afecta intereses”.
“Espero que se haga conciencia, siempre he sido una mujer respetuosa de la libertad de expresión. Pueden decir, hablar lo que quieran, yo también tengo voz libertaria y mi voz pega porque no soy una mujer que abuse de los derechos humanos, pero también yo creo que hay límites y la sociedad tiene que saber de esos límites cuales son las cosas que luego a veces pues no puedo conceder, porque para empezar yo no soy la dueña del municipio. Hay cosas que nos piden tras bambalinas, cosas indecorosas que yo no las voy a dar, como carros, ingresar plazas al Ayuntamiento, cuando tengo saturado, tengo casi 8 mil trabajadores pero lo vamos a hablar de frente a la sociedad, no tengo problemas”.
Sobre las descargas de aguas crudas al mar por los problemas de la planta tratadora de Aguas Blancas, la alcaldesa sostuvo que no afecta a la bahía, porque “se ha clorado para evitar cualquier contaminación, estamos atendiendo la situación y sin problema vamos a resolver”.
Explicó que unos tres o cuatro días recibirán dos bombas que se mandaron a arreglar, de las cuatro con las que opera la planta de Aguas Blancas.
De la llegada del crucero MS Norwegian Joy, el séptimo de la temporada 2022-2023, la alcaldesa dijo que le da gusto que se reactive esa actividad en el puerto. Narró que en su casa, que está “en un cerrito”, tiene vista a la bahía y es agradable cuando llega un crucero. Consideró que la llegada de los cruceros es una muestra que Acapulco está recuperando la confianza.
“La verdad es que da gusto, hoy bajaron 800 turistas y bueno les estamos dando la atención con los operadores y atento el gobierno municipal, lo que buscamos es que pasen cosas buenas. Todos los días estamos haciendo porque pasen cosas buenas, las cosas malas son de los frustrados, los que desean que Acapulco esté derrumbado”.
Dijo que Acapulco es un lugar para vivir, para las personas adultos mayores, “para terminar los años tranquilos”.
Adelantó que en un par de días se pagará el aguinaldo a los trabajadores y que el 19 de diciembre el gobierno municipal organizará una posada para los acapulqueños en el parque de la Reina.
La presidenta de Tlalixtaquilla , Raquel García Orduño, la de Xalpatláhuac, Selene Sotelo Maldonado, la regidora de Tlapa, Edith Parra Zurita, al fondo la síndica procuradora de Tlacoapa, Carolina Cantú Morales en el salón donde se desarrolló un taller del IEPC el sábado en Tlapa Foto: Carmen González Benicio
Daniel Velázquez
Las acciones para atender el problema de la violencia hacia la mujer se detienen por la falta de recursos para mantenerlas vigentes y por la violencia criminal, se indica en las explicaciones incluidas en los programas de acciones estratégicas del gobierno estatal para atender las dos alertas de violencia de género.
El pasado 29 de noviembre, en el Periódico Oficial del Estado se publicaron, por separado, los programas estatales de acciones estratégicas: uno para la atención de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Agravio Comparado y otro para la atención de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Violencia Feminicida.
Guerrero tiene dos alertas por violencia contra la mujer, la primera emitida el 22 de junio de 2017, por la Secretaría de Gobernación, que es la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para los municipios de Acapulco, Ayutla de los Libres, Chilpancingo, Coyuca de Catalán, Iguala, Ometepec, Tlapa, Zihuatanejo y desde el 2 de octubre de 2018, se integró Chilapa a los municipios alertados.
La segunda Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Agravio Comparado fue declarada el 5 de junio de 2020, y tiene que ver con el trato desigual a personas que tienen o creen tener el mismo derecho a algo en determinada situación, en este caso, el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.
Falta dinero
En el Programa Estatal de Acciones Estratégicas para la Atención de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Violencia Feminicida, se identifica como necesario “crear un programa de atención a hombres generadores de violencia, basado en la perspectiva de género, tomando como base el modelo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violen-cia Contra las Mujeres (Conavim)”.
Al pie de esta medida, se precisa que desde junio están “completamente suspendidos” el Programa de Reeducación para Víctimas y Agresores de Violencia de Pareja, el Programa de Acciones de Preven-ción de la Violencia en el Noviazgo en la Adolescencia y Juventud, y el Programa de Prevención de la Violencia Sexual en el Ámbito Comunitario en las y los Adoles-centes, porque no hay dinero.
Se explica que dichos programas eran financiados por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR), organismo al que se le redujo el presupuesto, “provocando que las actividades grupales, que se estaban desarrollando durante este primer periodo 2022, quedaran completamente suspendidas”.
Otra de las acciones donde se alude a la falta de dinero, para hacer frente al problema de la violencia contra la mujer, también está dentro de las medidas de prevención diseñadas por el gobierno estatal, la cual establece que se debe “generar una estrategia de empoderamiento económico para las mujeres guerrerenses víctimas de violencia”, pero al pie de la misma se incluye la leyenda: “Dado que las secretarías responsables y coadyuvantes no tienen un recurso específico para el empoderamiento económico de las mujeres víctimas de violencia, estas medidas proponen que cada una de las secretarías aporte los recursos que pudiera tener disponibles para la integración de un fondo de recursos concurrente, destinado al empoderamiento económico de las mujeres víctimas de violencia en todo el estado de Guerrero. Los recursos requeridos por el programa, dependerán de los aportes que realicen las secretarías que participan”.
Se refiere son General de Gobierno, Secretaría Técnica de la Gobernadora, y como coadyuvantes Secretaría de Seguridad Pública, Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y Dirección General de Transporte.
La inseguridad
Entre las medidas de seguridad que se presentan como acciones a realizar, está la de “diseñar y ejecutar inmediatamente una estrategia para la recuperación de espacios públicos y la prevención de la violencia, mediante la implementación de medidas de seguridad especificas en zonas de riesgo o de alto índice de violencia contra las mujeres. Entre otras acciones se solicita: Reforzar los patrullajes preventivos; instalar alumbrado público y mejorar el existente; implementar mecanismos de vigilancia y seguridad pública, como la instalación de cámaras de video y postes de emergencia en puntos estratégicos. Se sugiere que la estrategia de vigilancia sea efectuada prioritariamente por mujeres; incrementar la vigilancia y seguridad en el transporte público, como el rastreo por georreferenciación; difundir información sobre líneas de apoyo a víctimas de violencia y crear los protocolos necesarios para su efectivo funcionamiento”.
De los nueve municipios alertados, en el plan de acciones estratégicas elaborado por el gobierno estatal, sobre el municipio de Chilapa se advierte: “La situación que se vive en el municipio, en relación con la delincuencia organizada, es que hay localidades a las que no se puede acudir a difundir la prevención de la violencia hacia las mujeres”.
Las acciones estratégicas
El Programa Estatal de Acciones Estratégicas para la atención de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Violencia Feminicida, incluye 21 medidas, algunas de observancia general para los nueve municipios alertados y otras específicas, para cada uno.
El programa incluye ocho medidas de prevención, con 55 acciones específicas; en seguridad, son cinco medidas con acciones específicas por municipio, una de las medidas es “crear y fortalecer las agrupaciones estatales, municipales o mixtas especializadas en seguridad pública, así como cédulas municipales de reacción inmediata. Estas agrupaciones deberán integrarse multidisciplinariamente, actuar coordinadamente entre ellas y otros actores estratégicos, y su personal deberá estar capacitado para ejecutar sus funciones con perspectiva de género”.
Otra de las acciones es “crear módulos de atención inmediata a mujeres en situación de riesgo, en los municipios que comprende la declaratoria de AVGM. Su funcionamiento deberá incluir asistencia multidisciplinaria (abogadas, psicólogas, médicas, trabajadoras sociales y elementos de seguridad) y el respectivo protocolo de actuación de las y los servidores públicos encargados de brindar los servicios correspondientes”.
En las medidas de justicia están “fortalecer la Fiscalía General del Estado, particularmente las agencias especializadas en investigación y atención a los delitos de feminicidio y homicidios dolosos de mujeres, así como la especializada en delitos sexuales y de violencia familiar y la de desaparición forzada de personas no localizadas, a la diligente ejecución de medidas como la elaboración de protocolos de investigación, cadenas de custodia y servicios periciales, con base en estándares internacionales, así como a la efectividad de la estrategia de capacitación a servidoras y servidores públicos”.
También se asume la tarea de “conformar un grupo-unidad especializada, encargada exclusivamente de revisar los expedientes y las carpetas de investigación relacionadas con los feminicidios u homicidios dolosos de mujeres de los últimos ocho años. Entre las funciones que deberá ejecutar esta unidad, se encuentra el diagnóstico de los expedientes en archivos o reserva y la identificación de las posibles deficiencias en las investigaciones, con el propósito de sugerir las diligencias que podrían llevarse a cabo para el esclarecimiento de los hechos”.
Entre las cuatro medidas de reparación del daño, que incluyen 17 acciones, se prevé “determinar una medida de reparación simbólica para todas las mujeres que han sido víctimas de feminicidio en el estado de Guerrero. Para la definición de la reparación simbólica, se tomará en cuenta a las organizaciones de la sociedad civil y a los familiares de las víctimas”, para lo cual se detalla que se presentará una iniciativa en el Congreso local, en enero de 2023.
Otra de las acciones que se realizarán es elaborar el Protocolo del Plan Individualizado de Reparación Integral del Daño, brindar asistencia a familiares de víctimas a través del trabajo social, de manera permanente, desde 2023 y hasta 2027.
El Programa Estatal de Acciones Estratégicas incluye 13 medidas y 56 acciones, las cuales debieron empezar a desarrollarse durante este 2022 y concluirán en el 2023.
En el documento se precisa que con las modificaciones al Código Penal para el estado, número 499, sobre la despenalización del aborto en mayo de este año, “se han eliminado los obstáculos legales que impedían a las mujeres, adolescentes y niñas incluidas las víctimas de violencia sexual, accedan al aborto legal, seguro y gratuito, motivo por el cual, se da por cumplida la Medida de Prevención 1 de la Resolución emitida el 5 de junio de 2020”, pero están pendientes por cumplir con la fracción sexta del artículo 49 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y los artículos 39 y 44 de la Ley 553, de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
Las medidas a ejecutar están enfocadas a la prevención, de la cual es responsable la Secretaría de Salud; en seguridad corresponde a la Fiscalía General del Estado y reparación del daño, al poder Judicial estatal.
Defensores de derechos humanos, feministas, artistas, abogados y periodistas del estado y del país se declararon en respaldo a la ex trabajadora del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Araceli Tecolapa, despedida injustificadamente por denunciar acoso sexual y laboral del director Manuel Olivares Hernández, y le exigieron una disculpa pública y que reconozca la violencia de género que ejerció en contra de ella.
Agregaron que las relaciones de poder al interior de las organizaciones también tiene una clara dimensión política, que confían que esta crisis ayude a construir organizaciones más coherentes, y aprovecharon para exigir al Estado un trato digno.
Entre los firmantes está la senadora electa Nestora Salgado, el poeta nahua y defensor de los derechos lingüísticos Martín Tolnameyotl, profesores de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, sin embargo no firman como integrantes de las organizaciones, sino de manera individual. La única organización que se pronuncia en el escrito es el Centro de Arte Contra la discriminación y otras formas de violencia A. C.
El pasado 26 de junio Araceli Tecolapa Alejo fue despedida injustamente por expresar que sufrió violencia de género, acoso laboral y sexual del director del Centro Morelos, que se ubica en Chilapa.
“El trabajo que Araceli realizaba dentro de la organización fue que al hablar la lengua náhuatl hacía más fácil la comunicación entre sus compañeros y las familias indígenas que se encuentran en la búsqueda de sus familiares desaparecidos, en algunas ocasiones colaboraba como perito traductor ante el Ministerio Público, también hacia la difusión que ayuda a visibilizar la impunidad y la falta de voluntad de las autoridades en el tema de desaparición de personas en Guerrero, así también facilitaba talleres psicosociales para las familias que son acompañadas por el Centro Morelos”, se menciona en el comunicado.
El 6 de julio Araceli Tecolapa emitió un comunicado a organizaciones sociales y de defensa de derechos humanos locales y nacionales y personas de su confianza, donde expresó el trato y las formas en que fue manejado su despido, para que pudieran intervenir y mediar en esta situación.
“De igual forma queremos expresar nuestro sentir, malestar e indignación por el trato recibido al no haber sido escuchada, al haber minimizado los hechos, revictimizándole y dejándole en mayor situación de vulnerabilidad”, remarcan los firmantes.
Añade que se viven tiempos difíciles en el país y en Guerrero, y por ello resulta preocupante que dentro de las organizaciones exista una actitud que violenta a las compañeras, minimizando y normalizando, “cuando la detección de la violencia de género es un insumo básico para impulsar la lucha en los diferentes ámbitos que componen la dignificación de la vida”.
El documento expone que con este pronunciamiento no quieren sacar provecho de la situación ni mucho menos pretenden afectar a la organización, a sus integrantes, a las familias que acompañan ni el trabajo de años, porque reconocen la labor que ha desempeñado.
“Como mujeres defensoras nos solidarizamos y nos sumamos a la petición de la compañera Araceli, pidiendo que el director del Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón A. C. el C. Manuel Olivares haga una disculpa pública, reconociendo la violencia de género hacia ella”, abunda.
En consulta telefónica el director de Tlachinollan, Abel Barrera expuso que “lo que hemos platicado como sabemos que es una situación lamentable, en el sentido en que un organismo hermano se encuentra en una situación complicada con una compañera que siente que no está siendo escuchada, atendida, la importancia de que internamente puedan platicar, para sobre todo atender el planteamiento de la compañera Araceli, y al mismo tiempo de poder ser partícipes de este diálogo, yo creo que son situaciones delicadas, complicadas donde se tiene que escuchar a la compañera”, expuso. “Yo creo que el compañero Manuel tiene que asumir una responsabilidad de atender el planteamiento”, consideró. (Beatriz García / Chilpancingo).
Aún con la militarización de las calles, el Estado falló en garantizar la justicia a las mujeres, los jóvenes, y en general a todos los sectores de la sociedad, denunció la investigadora de la UAG, Rosa Icela Ojeda Rivera.
Añadió que pese a la militarización en Acapulco por marinos, el municipio tiene la tasa más alta de feminicidios que no se han podido resolver, y en los últimos 20 años Guerrero está entre los estados con mayor número de muertes violentas de mujeres. “Se puso alerta en ocho municipios, están bien, pero (faltan) 20 que están en línea roja y 47 arriba de la media nacional”.
Asimismo, la peticionaria de la Alerta de Violencia de Género en Guerrero, Marina Reyna Aguilar indicó que además de Chilapa hay varios municipios donde aumentaron los asesinatos de mujeres en los últimos meses, según su seguimiento de casos a partir de notas periodísticas.
Ambas coincidieron en que los 19 millones de pesos destinados para las acciones de la Alerta de Violencia de Género (AVG) en el presupuesto de egresos de 2018 es poco, y que todos los fondos etiquetados en la administración estatal tendrían que estarse aplicando con perspectiva de género.
Aunque hay lineamientos federales para que todo el ejercicio del presupuesto se haga con perspectiva de género, Reyna Aguilar aclaró que los gobiernos estatal y municipales no lo entienden, “hay una laguna muy grande en administración pública, los administradores financieros piensan que el recurso que ejerce la Semujer es para la mujeres, y lo demás para la población en general, sin criterios para atender las necesidades de hombres y mujeres”.
Las especialistas fueron consultadas vía telefónica, respecto de las muertes de dos estudiantes universitarias en Acapulco, una originaria de la Montaña, así como de la desaparición dos alumnos de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), que reveló el rector Javier Saldaña Almazán, y sobre su opinión del financiamiento de la AVG en el Presupuesto de Egresos del gobierno del estado aprobado el viernes en el Congreso local. Los 19 millones fueron etiquetados para la Secretaría de Gobernación (Segob), coordinadora del Sistema Estatal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres.
Reyna Aguilar aclaró que aún no saben cómo se va a distribuir el dinero, pero estimó que será para las acciones inmediatas del programa de la AVG que se envió a la Comisión Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y que las representantes de la sociedad civil en las comisiones de seguimiento aún esperan conocer a detalle. Sin embargo, opinó que el dinero se ocupará principalmente para capacitación y la construcción del Banco Estatal de Datos de información sobre la violencia hacia las mujeres. Advirtió que a la fecha Guerrero no está aportando información al Banco Nacional de Datos .
Agregó que siendo secretaria de la Mujer, Rosario Herrera, se modificó la ley para que la entonces Procuraduría del Estado, ahora Fiscalía General, se encargara de la coordinación del Banco de Datos, que corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Reconoció que hubo un avance porque en la primera versión del programa el gobierno propuso 3 millones para el último trimestre del año. Ahora hablan de 19 millones para 2018.
Adelantó que a un año de la declaratoria, la federación definirá si retira o mantiene la alerta en la entidad, y no va a ocurrir en el estado porque han pasado seis meses de la declaratoria y se sigue socializando el plan de trabajo con las acciones emergentes para la protección de las mujeres.
Señaló que en cuatro días ocurrieron cinco asesinatos de mujeres y hay municipios donde vale la pena proponer la ampliación de la alerta como Zumpango, Xochistlahuaca y San Luis Acatlán, según el monitoreo de los medios, pero debe sustentarse.
“Ellos quisieran que no dijéramos nada, pero estamos viendo que las muertes de mujeres se incrementan en Costa Chica, en la Montaña y Acapulco” declaró.
Asimismo, Ojeda Rivera , investigadora del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados-Ignacio Manuel Altamirano (IIEPA-IMA) de la UAG, reconoció que el presupuesto de la AVG es poco porque 47 municipios de Guerrero tienen tasas arriba de la media nacional en asesinatos de mujeres. Subrayó que todos los casos pueden señalarse como feminicidios mientras la autoridad judicial no establezca lo contrario.
Ante la excusa de las autoridades que vinculan la mayoría de los delitos con la delincuencia organizada, aclaró que puede haber un lugar donde operan los grupos delictivos, sin embargo ellos (las autoridades) están para resolver, no para explicar el problema. “¿Qué hace el fiscal Javier Olea Peláez para detener este problema? No hay manera de disimular los datos”, Cuestionó.
Recordó que desde 2005 ha señalado los asesinatos impunes de mujeres, y ratificó como “gravísima la falla del estado de derecho”, no hay una semana que no tengamos hombres y mujeres asesinadas, y 2017 es el año con más mujeres desaparecidas, y sino se les encuentra en las primeras 24 horas crece el riesgo de que aparezcan asesinadas.
Reconoció la aplicación de protocolos en casos de mujeres y niñas desaparecidas, pero no están funcionando, “no basta la difusión de una alerta de desaparición en internet, sino hay personal para hacer la búsqueda”.
