Lourdes Chávez
Chilpancingo
La Red de Mujeres en Plural detectó enormes retrocesos a derechos conquistados por la paridad y contra violencia política en razón de género, en la reforma electoral denominada Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador, denunció la presidenta de la Red del avance político de las mujeres Guerrerenses, Muriel Salinas Díaz.
Tras una reunión de activistas feministas y representantes de organizaciones de mujeres en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum), donde planteó esta preocupación, explicó que la iniciativa que se revisa en el Congreso de la Unión afecta el derecho activo y pasivo de las mujeres, en relación con la alternancia de género, en la postulación de candidaturas de manera paritaria, así como en las posiciones de dirección de los partidos políticos.
Los partidos están callados
“Los partidos políticos están felizmente callados porque les encanta la idea de que los órganos electorales pierdan las atribuciones de observar, investigar y sancionar el incumplimiento de estos principios. No es que no se hayan dado cuenta, sino que están guardando un conveniente silencio en este tema”, recriminó.
Recordó que uno de los puntos más conflictivos de las reformas es que las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales ya no puedan intervenir en la vida interna de los partidos políticos.
Destacó que la paridad de género se conquistó en dos momentos históricos: en la reforma constitucional de 2014, donde se instituyó para el Congreso de la Unión y para los congresos estatales, y en las reformas de 2020, en materia de paridad transversal que toca a los tres poderes del gobierno federal, y en todos los cargos de elección federal.
Asimismo, indicó que en 2020 se reformó la ley general de partidos políticos donde también se obliga a garantizar la paridad en la integración de las estructuras de las dirigencias nacionales y estatales de los partidos políticos, “todo esto se pierde con esta nueva iniciativa, porque no aparece, no está contemplado, y, por otro lado, se vulnera el ejercicio libre de violencia de los derechos político electorales de las mujeres”.
Precisó que el derecho al voto activo y pasivo de las mujeres se vulnera a partir de las limitaciones que se proponen para el Instituto Nacional Electoral (INE) y los órganos electorales estatales, en la observancia a los partidos políticos sobre la legalidad de las postulaciones por el principio de paridad de género horizontal y vertical.
Señaló que la asignación actual de candidaturas e hace a partir de bloques de paridad y la alternancia de género (mujer-hombre) instituido desde la Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), y en las legislaciones de las entidades federativas.
Las autoridades electorales ya no podrán intervenir
Con la iniciativa se eliminaría la facultad de los órganos electorales de observar el incumplimiento y dar un plazo a los partidos para corregir las listas de candidaturas que no se ajusten a la paridad. Si aún incumplen, el INE y los órganos estatales pueden hacerlos.
Cuando se pierda esta facultad, estarán impedidos el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el INE y las Oples para conocer, investigar y resolver en materia de paridad y en la integración de las dirigencias de los partidos, afirmó Salinas Díaz.
Aunque la paridad es constitucional, aclaró que al retirarla de la ley electoral, deja de ser vinculante y no hay manera de judicializar un conflicto cuando se trate de la vida interna de los partidos, sin la competencia de las autoridades electorales. Esto afecta el derecho activo y pasivo de las mujeres a participar en la toma de decisiones.
Asimismo, la reforma propone derogar la facultad de los órganos electorales de emitir lineamientos y reglamentos para garantizar el cumplimiento de la ley.
Perdería el carácter vinculante el reglamento del INE para prevenir, erradicar y sancionar la violencia política en razón de género, que incluye negar el registro en candidaturas a personas sancionadas en cualquier modalidad que, de acuerdo con la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, y a deudores alimentarios, lo que implica la 3 de 3 contra la violencia política.
“Son contradicciones muy serias que afectan los derechos político electorales de las mujeres porque la paridad es un principio constitucional, un mandato regulado en la legislación secundaria que rige el sistema electoral con la que rige la integración de los tres poderes de la Unión y del gobierno federal; 80 leyes federales y generalas reformadas para garantizar este principio”.
Por estos retrocesos, confirmó que la reforma sería objeto de recursos de inconstitucionalidad. Sin embargo, los partidos no hacen visibles estas afectaciones a los derechos de las mujeres.
“Por el contrario, vemos que están felizmente callados, porque como lo hemos señalado hace varios años, el principal obstáculo de las mexicanas para acceder al poder y a cargos de representación popular en igualdad con los hombres, son los partidos políticos”.
Señaló que los dirigentes de los partidos “se han resistido de manera brutal” a garantizar la paridad, pero avanzó en las legislaciones y hoy se sanciona incluso como violencia política en razón de género el incumplimiento de estas obligaciones, y la sanción más fuerte es la pérdida del registro.
Si avanza la nueva legislación será un indicador de que el país no tiene una posición madura para reconocer que los partidos políticos necesitan de las mujeres no solamente por un principio de justicia retributiva y en el ejercicio del poder, “sino porque somos la mitad de la población, del padrón electoral, por eso necesitamos que estén incluidos en la democracia representativa, nuestros intereses estratégicos y nuestras necesidades prácticas”.
Insistió en que este es un momento muy delicado para la vida democrática de México, cuando derechos conquistados hoy están en riesgo de perderse.
Los únicos que pueden poner un recurso de inconstitucionalidad son los partidos, pero la Red de Mujeres ya busca acercamientos para que se incorporen estos elementos al juicio.
