Deja el proyecto hidroeléctrico de La Parota 17 años de división y violencia en Cacahuatepec

Marco Antonio Suastegui, vocero del Cecop, muestra las credenciales de un presunto integrante de inteligencia militar que fue detenido en La Concepción y liberado por policías estatales y ministeriales el 7 de enero del 2018 . Foto: Lenin Ocampo Torres

Maribel Gutiérrez

Rancho Las Marías, Acapulco

Primera parte

El proyecto de la presa la Parota, de la Comisión Federal de Electrcidad trajo la violencia a los Bienes Comunales de Cacahuatepec, y ahora que el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que no se va construir, van 17 años de división en los pueblos entre los opositores y los que están a favor de la presa, que dejó 20 muertos, 10 de cada lado.
“La herida está abieta, sigue sangrando, las agresiones causaron un daño irreversible, la gente está muy polarizada, hay mucho encono, odio, rencor, dijo en entrevista el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, Marco Antonio Suástegui Muñoz.
En enero de 2003 comenzaron las obras de la hidroeléctrica que iba a desplazar a 25 mil habitantes de comunidades en la ribera del Papagayo.
En respuesta surgió el movimiento con acciones directas para impedir los trabajos, primero con un plantón en la carretera de terracería que lleva al lugar donde se pretendía hacer la cortina de la presa, siete meses después se integró formalmente el Cecop; la nueva organización instaló siete plantones donde principalmente las mujeres vigilaron durante cinco años, de día y de noche, las carreteras de acceso al área de la presa para impedir que pasara maquinaria y personal de la CFE.
Las obras de la hidroeléctrica se pararon, pero se mantuvo la intención de los sucesivos gobiernos de hacerla.
La división está en todo. En asambleas ejidales y comunales, en elecciones de comisarios y comisariados, las contiendas fueron entre los que estaban a favor de la presa y los opositores. Todas las dependencias gubernamentales actuaron a favor de la CFE. Los empresarios que explotan los recursos pétreos del río Papagayo están a favor de la presa.
También los gobernantes en turno: los presidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto; los gobernadores René Juárez Cisneros, Zeferino Torreblanca Galindo, Ángel Aguirre Rivero y Héctor Astudillo; y los alcaldes Alberto López Rosas, Luis Walton Aburto, Evodio Velázquez. En todo momento los tres niveles de gobierno enviaron policías para reprimir el movimiento opositor a la presa; la excepción son el alcalde Félix Salgado Macedonio y la actual alcaldesa Adela Román Ocampo.
Con la división se transfirió la violencia a otros conflictos.
Ya sin el proyecto de la CFE, Suástegui declara que existe la amenaza de la entrada del narcotráfico a los Bienes Comunales de Cacahuatepec, y dice que va de la mano de la Policía del Estado, de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) que entró para buscar desplazar al Cecop, y grupos de sicarios que entraron para generar violencia. Señala que estos grupos están coludidos con las empresas gravilleras, que explotan los recursos pétreos del río, y son utilizados para reprimir al Cecop.
Del lado contrario a la presa, un cambio desde 2014, es la creación de la Policía Comunitaria de Cacahuatepec, que forma parte de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) que tiene su Casa de Justicia matriz en San Luis Acatlán, que se rige legalmente por usos y costumbres indígenas.
Suástegui explica porqué es prioritario el proyecto de seguridad y justicia con la Policía Comunitaria. “De nada sirve que hayamos ganado una batalla a los gobiernos neoliberales y que venga el crimen organizado y se apodere de nuestras tierras. Ni la Guardia Ncional puede darnos protección, sólo la Policía Comunitaria de Cacahuatepec puede cuidar al pueblo”.

Tres peticiones a AMLO

La situación en que llega la declaración del presidente López Obrador es compleja y difícil, dice el vocero. Considera que las palabras del presidente en su conferencia de prensa del 17 de enero son “un respiro”, “una tregua”.
Ahora, los opositores buscarán una audiencia con el presidente, para plantearle tres demandas: que dé la certeza jurídica de que la presa La Parota no va, la seguridad mediante el reconocimiento de la Policía Comunitaria de Cacahuatepec (constituida actualmente por 100 elementos), y un programa de desarrollo para la región.
López Obrador dijo en su conferencia de prensa mañanera, en respuesta a un reportero que le preguntó si el gobierno va retomar el proyecto de la hidroeléctrica La Parota, después de que el 9 de agosto entró un convoy de La Marina a las tierras del vocero, Marco Antonio Suástegui:
“Miren, no se puede hacer ninguna obra en contra de la voluntad de la gente. Lo de La Parota tiene oposición y no se va a construir esa presa”.
Los opositores a la presa estuvieron 17 años esperando esa declaración.

Cambios

Del proyecto de la CFE quedan todavía en esta región, la carretera que va a los pueblos de los Bienes Comunales de Cacahuatepec por la orilla del río Papagayo, que antes era un camino real de andadura para el paso de bestias con cargas de maíz y los productos del campo, se abrió una carretera amplia y pavimentada que conecta la federal de Acapulco por San Isidro Gllinero al sitio donde se pretendía hacer la cortina de la presa.
También quedó en La Concepción una casa muestra de las viviendas que la CFE ofrecía a los desplazados por el embalse y ahora es el cuartel de la Policía del Estado, están aún las instalaciones de un campamento para los trabajadores, ingenieros, técnicos que laborarían en la construcción de la presa, con dormitorios, talleres, comedores, a la orilla del río, quedan las ruinas de un helipuerto, y abandonadas obras inconclusas como túneles en los cerros que se iban utilizar para desviar el agua del río.

El Chistorete

De la gente extraña que llegó del lado de los que quieren la presa, de los gravilleros, y de la Policía del Estado está un militar retirado que encabeza un grupo de sicarios y en diciembre de 2017 fue detenido por la Policía Comunitaria de Cacahuatepec y en un interrgatorio confesó que fue enviado para matar a Marco Antonio Sástegui. En los últimos días, campesinas lo han visto nuevamente por el monte, cerca de las parcelas, y temen que regrese con sus planes.
En el interrogatorio, le preguntaron quién lo contrató y respondió que el asesor del gobernador César Flores Maldonado, el líder de la UPOEG Bruno Plácido Valerio y el empresario gravillero Humberto Marín.
Ese ex militar, apodado el chistorete, aparecía con uniforme del Ejérito camuflado, con armas de alto poder, y acompañado por un numeroso grupo de sicarios, que acampaban en terrenos cerca de las parcelas de Suástegui.
“Estuvo aquí el hombre, en mis parcelas, en el pastizal, camuflageado, entraron con él 50 sicarios, estuvo a punto de dispararme con 15 gatilleros, pero poco a poco se fueron saliendo por el monte. Porque le ofrecieron 200 mil pesos por matarme, le dieron al principio 100 mil, y el 50 por ciento se lo iban a dar cuando terminara el trabajo, pero la Policía Comunitaria de Cacahuatepec lo detuvo y fue cuando vinieron al rescate”.
El día de la masacre de La Concepción, el 7 de enero de 2018, cuando en un enfrentamiento murieron seis vecinos del grupo que está a favor de la presa y dos de los opositores, y después tres policías comunitarios fueron ejecutados por policías del estado que ya los tenían sometidos, el chistorete estaba detenido en la Policía Comunitaria de Cacahuatepec.
En medio de la masacre, los policías del estado y el jefe de la Policía Ministerial, Esteban Maldonado, entraron preguntando por el militar, porque venían a rescatarlo.
El vocero muestra cuatro credenciales de el chistorete, originales, en las que usa dos nombres. En una de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aparece como militar en situación de retiro Liborio López Alejandro, en una credencial otorgada por el Registro Agrario Nacional está con el mismo nombre, con el cargo de presidente del Consejo de Vigilancia del poblado Cacahuatepec, y también con ese nombre tiene con su foto una tarjeta de la tienda SAMS.
En una terjeta de débito de Banjercito aparece como Guillermo Marín López, el mismo nombre tiene en su credencial del INE, con domicilio en Acapulco.

Los gravilleros

“Nos damos cuenta de que la lucha no es sólo por nuestra tierra, que es por el territorio: la tierra, el río, el agua, el aire, las plantas, animales, el espacio aéreo, la biodiversidad, escuelas, la cultura, casas, clínicas, todo”, dice el vocero.
“Ahí vemos que el río Papagayo está siendo explotado por los gravilleros caciques, que son narcogravilleros, narco empresarios, que todavía siguen. Hoy hay un grupo paramilitar llamado UPOEG que está trayendo más inversionistas dándole proteción a cambio de una cantidad fuerte de dinero”.
“Los gravileros tienen 40 años asentdos en el río Papagayo, primero en Bellavista Papagayo, donde estaban los Terrazas, los Olea y ahora Javier Cadena Almanza, y de ahí Armando Valle, José Valle, y llega Humberto Marín que tenía 15 años explotando el río”.
“Vemos que la lucha no sólo es contra la presa sino contra todo esto que viene acabando con el río Papagayo.
Y tiene que ver con la presa, porque los graviileros estaban esperando meter sus camiones, su maquinaria, sus equipos en las obras de la presa y de las carreteras”.
“El 90 por ciento de las órdenes de aprehensión que tenemos los del Cecop son por acusaciones de los gravilleros. El gobierno supo capitalizar el conflicto que tenemos con los gravilleros para criminalizarnos”.

Narcotráfico

Suástegui asegura que tiene documentado que el narcotráfico entró ya al territorio de Cacahuatepec. Dice que en terrenos a la afueras de la Concepción estaban traficando con droga, ahí llegaban la UPOEG y César Flores Maldonado que es el representante del gobernador, que compró predios en esa área. Y esas actividades las permite la Policía del Estado que permanentemente está en La Concepción, en la casa muestra que hizo la CFE, y no hace nada por detenerlas.
También, señala, ya hay actividades que indican que se pretende usar el río Papagayo para el tráfico de drogas desde el mar al centro del estado.

Segunda parte de la entrevista clic aquí

https://suracapulco.mx/impreso/4/carcel-y-tortura-masacre-en-la-concepcion-y-empobrecimiento-golpearon-a-opositores-a-la-parota/

Fue torturado el 7 de enero y tres comunitarios fueron ejecutados, denuncia el vocero del Cecop

Entrevista a Marco Antonio Suástegui

El 7 de enero, en La Concepción, policías estatales se llevan detenido al vocero del Cecop Marco Antonio Suástegui .Foto: Carlos Alberto Carbajal

Desde la cárcel señala como responsable al coordinador de la Policía Ministerial, Esteban Maldonado

Maribel Gutiérrez

Primera parte

Desde el reclusorio de Acapulco, el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, habla de cómo fue detenido y torturado el 7 de enero, de la fabricación de delitos, y del asesinato de tres comunitarios de Cacahuatepec, que fueron ejecutados por policías ministeriales y estatales cuando ya estaban desarmados y sometidos.
Ese día, como a las 3 de madrugada, se dio un enfrentamiento armado en La Concepción, poblado de los Bienes comunales de Cacahuatepec, municipio de Acapulco, presuntamente entre policías comunitarios afines al Cecop y civiles armados del grupo contrario al Cecop, con saldo de dos comunitarios muertos y seis del grupo de sus adversarios. Después de las 10 de la mañana llegaron policías del estado, ministeriales y federales de la Gendarmería, así como efectivos del Ejército, que desataron una balacera y mataron a tres comunitarios más, y se llevaron detenidos a 38 miembros del Cecop, policías comunitarios y vecinos, incluyendo algunos que estaban encerrados en la comandancia de la Comunitaria para se reeducación.
Por el asesinato de los seis civiles, el vocero del Cecop está en la cárcel acusado de homicidio, igual que otros 18 presos.
Debido a la incomunicación y aislamiento en que se encontraba en la cárcel, después de casi 10 meses, en entrevista da a conocer su testimonio.
“El 6 de enero es la feria regional de La Concepción, bajé al baile como a las 9 o 10 de la noche, ya estaba mi hermano Vicente, mi hermano se sale del baile como a las 12:30 y yo me fui a Salsipuedes, donde estaba viviendo, a la 1:30”.
Segú versión del Cecop, a las 3 de la mañana se dio el ataque de civiles armados a la Policía Comunitaria, que tenía detenidos al comisario entrante Lucio Méndez, a Antonio Morales que presuntamente estaba planeando ataques al Cecop, y a un ex militar que estaba encabezando un grupo de sicarios apodado el chistorete. Se dio el enfrentamiento con resultado de ocho muertos por las dos partes.
Marco Antonio Suástegui señala que la gente del comisario atacó y mató a dos policías comunitarios, Ulises García Martínez y Eusebio Elacio Martínez.
De los seis muertos del grupo del comisario, el vocero del Cecop no tiene una versión propia, pero dice que estaban en la comisaría, entre ellos un hermano y un hijo del comisario.

El 7 de enero, el vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz, llora ante los dos policías comunitarios asesinados a balazos, al lado de familiares y compañeros . Foto: Carlos Alberto Carbajal

“Regresé a las 7 de la mañana a La Concepción y vi los cuerpos tendidos de los dos policías comunitarios.

“A las 10:30 de la mañana llega la Policía del Estado cortando cartucho a la Policía Comunitaria, los cuerpos de los dos comunitarios estaban en la comandancia, comienzan a llegar policías comunitarios y compañeros del Cecop.
“Los policías estatales llegaron preguntando por el militar retirado que estaba preso. Los estatales se dirigieron a Marco Antonio, y les propuso que viniera el Ministerio Público para que hiciera las investigaciones de lo ocurrido”.
Según Marco Antonio Suástegui, a los 20 minutos llegan policías ministeriales, entre ellos el coordinador, Esteban Maldonado Palacios, y le dijo ‘quiero platicar contigo, en privado, Marco Antonio no aceptó, y Esteban Maldonado le dijo: traigo órdenes del gobernador de llevarlos vivos o muertos.
Maldonado dijo que iba a ver que había muertos. Marco Antonio le dijo “aquí hay dos muertos que son policías comunitarios, y no sé, al parecer hay otros”.
Esteban Maldonado le dijo a Marco Antonio “pídele a la gente del Cecop que se vaya y que se queden los comunitarios”, dijo que se iba a llevar los cuerpos, y los familiares aceptaron.
“Esteban Maldonado va a la comisaría, se regresa y pregunta quién es el comandante de la Policía Comunitaria, y se lo lleva a la Conasupo, ahí lo golpea, lo agarra del cuello y lo desarma”.
“Llega más policía estatal, después ministeriales , el Ejército y la Gendarmería.
“Dos policías comunitarios se meten a la comandancia, Alexis Santos y Feliciano Ascencio, se mete Esteban Maldonado con policías y les apuntan con sus armas.
“Alexis llevaba un arma quebrada, la suelta y levanta las manos, Feliciano suelta su arma y se hinca. Los dos estaban desarmados, rendidos, Alexis con las manos en alto y Feliciano hincado, y ahí los ejecutaron, los policías ministeriales les tiraron balazos por la espalda”.
“Otro policía comunitario, Crecenciano Everardo, estaba con su arma colgada al hombro, los estatales lo desarmaron y se lo llevaron desarmado rumbo a la Conasupo (en la misma área céntrica de La Concepción, enfrente de la comandancia de la Comunitaria y de la comisaría).
“Después de los dos ejecutados, me tiré al piso, por la ventana un policía me apunta con su arma, se acerca y me dice tú eres Marco Antonio Suástegui, y me iba a llevar pero tres mujeres me agarran.
“Se oyen disparos por la Conasupo, mataron a mansalva a Crecenciano (Tano), que ya estaba desarmado”.
“Después me llevaron con las manos atrás, un policía me preguntó: quién eres, le dije y gritó ‘paquete grande’, me llevaron hacia Agua Caliente en una camioneta. Me bajaron en el puente de la Moringa, me llevaron al monte, ahí me tenían tirado. Me interrogaron.
–Cómo te llamas.
–Marco Antonio Suástegui Muñoz.
–A qué te dedicas.
–Soy vocero del Cecop.
–A cuántos mataste anoche.
–A nadie, yo no uso armas.
–A qué grupo perteneces.
–A ninguno.
“En el área había muchos policías, pero tres hicieron el interrogatorio, un policía ministerial, uno estatal y un militar del Ejército.
“Un policía le dice a otro, oye, pareja, éste no disparó, y le contesta, dale un arma y que dispare”.
Un policía le pregunto:
–¿Ya te han tableado?
– No.
“Arranca un palo de moringa, me golpea en las piernas, glúteos, en la espalda”.
–De quién eres gente.
–De Zapata y Villa.
–Entonces aguantas más vergazos.
“Después de eso me torturaron, me patearon en todo el cuerpo, golpes en los testículos, en el abdomen, en todo el cuerpo patadas, hasta que me desmayé”.
–Hay que matarlo –dijo un policía.
–No, ya lo vio la prensa –respondió otro–, ya viene el helicóptero.
“Me llevaron en helicóptero, al aeropuerto de Acapulco, me dicen que me van a llevar a Nayarit, al penal de máxima seguridad, pero que hubo un problema con el avión.
“En el aeropuerto me suben a una camioneta blanca doble cabina, y ahí me golpearon otra vez los de la Ministerial, se subieron encima de mí, me lastimaron la columna, se sentaron encima de mí, tengo daños en el cuerpo, en la columna y tengo hernias”.
“Me llevaron a la Fiscalía central de Acapulco, llegamos como a las 5 de la tarde.
“En la Fiscalía estaba Esteban Maldonado, dijo: viene el mero verga de La Parota. Me enseña un paquete de droga, era mariguana, y me dice: mira lo que traías.
“Después nos dijeron que eran 620 carrujos de mariguana, la droga la sembró Esteban Maldonado, para acusarnos a los 38 detenidos de narcomenudeo en flagrancia, y así pudo pasarlos la Fiscalía, eran reeducados (detenidos por la Policía Comunitaria que están sometidos a un proceso de educación para convencerlos de que dejen de cometer ilícitos o cambien algún mal comportamiento), integrantes del Cecop, policías comunitarios, coordinadores y consejeros”.
“Desde las 2 de la tarde estaban ahí los otros detenidos, muy golpeados. Esteban Maldonado me dice: ven , quiero hacer un trato contigo. Le respondí: no hago tratos con mañosos, maldito asesino, mataste a los policías comunitarios que estaban desarmados”.
“Me trajo aquí, al Cereso, se bajó de una camioneta, y me bajaron aquí, eran como las 7 de la noche, me metieron al hospitalito”.
El hospitalito, es un área separada del resto del reclusorio, luego en el mismo lugar encerraron a sus compañeros Javier Melchor, Nemesio Valeriano, Maximino Solís, Manuel Everardo y a su hermano Vicente Suástegui.
Después pasaron a Marco Antonio Suástegui a otra área también separada del reclusorio, llamada la clínica.
El 9 de enero lo pasaron a la casa blanca, en la que no le permitieron salir ni ver la luz durante meses.
Ese día habló con él el comandante de la Ministerial de El Coloso, Carlos Ortiz, le informó que está acusado de homicidio de los seis civiles.
De las ejecuciones extrajudiciales de los tres comunitarios, detenciones con violencia, golpes y tortura, el encierro en condiciones indignas, los defensores del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, otros organismos no gubernamentales, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, (CRAC) a la que pertenece la Comunitaria de Cacahuatepec, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, recabaron testimonios y han emitido informes señalando las graves violaciones a los derechos humanos.

Se integran burócratas de Chilpancingo a la Nueva Central de Trabajadores

Organizaciones campesinas y empleados del Ayuntamiento de Chilpancingo crearon la Nueva Central de Trabajadores, para defender sus derechos humanos y laborales.
A las 12 del día se celebró la primera asamblea en el auditorio del Palacio Municipal, ahí el dirigente del Sindicato Independiente de la sección 14, Domingo Salgado Martínez encabezó la actividad, informó de la creación de un nuevo bloque que integrará a organizaciones campesinas y sindicales.
Detalló que el frente se llamará Nueva Central de Trabajadores y el objetivo es aglutinar a todas las organizaciones campesinas, cooperativas, jóvenes, mujeres y sindicatos para enfrentar al gobierno y a las empresas privadas de las violaciones contra los empleados.
El líder sindical dijo que el frente es a favor de la clase trabajadora para defender los derechos de los campesinos y trabajadores. Detalló que habrá asambleas estatales y nacionales para analizar la situación de cada trabajador y proteger sus derechos labores.
Precisó que en Guerrero en total son unas 16 organizaciones que se integran a la Nueva Central de Trabajadores, entre ellas: el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (Cocyp), y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) entre otras.

Exige la UNT respeto a sus derechos e igualdad de género en Acapulco

Integrantes de sindicatos y organizaciones de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (Cecop) en contra de las reformas estructurales, exigieron respeto a las conquistas laborales y convocaron a la unidad para hacer un cambio en el país, y ponerle “un basta” a los gobiernos corruptos. También se manifestaron por la igualdad entre hombres y mujeres en el trabajo.
Más de mil 500 integrantes de diferentes sindicatos aglutinados en la UNT iniciaron su marcha a las 10:45 de la mañana en la avenida Costera, del Asta Bandera a la Glorieta de La Diana, donde hicieron un mitin.
Los trabajadores del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) encabezaron la marcha, seguidos por los del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach), una sección del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), un contingente de simpatizantes de Morena, y maestros los de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) región Acapulco y Costa Grande.
También marcharon integrantes del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero, la Asamblea Nacional de Jubilados, el Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad y Empresas de Préstamo Prendario, trabajadores del hotel La Palapa de Acapulco, y de la Federación de Sindicatos de Empresas de Bienes y Servicios y del Cecop.
“Si el gobierno bueno fuera estas marchas no se dieran”, “hombro con hombro, codo con codo Ayotzi, Ayotzi, Ayotzi somos todos”, “ea, ea, ea, el PRI, PAN, PRD se tambalea”, “el pueblo unido jamás será vencido” y “trabajadores conscientes en la lucha combatiente”, fueron algunas de las consignas que los diferentes grupos gritaron en el camino.
En la marcha, en el sonido de la camioneta que iba con el contingente del Sindicato de Telefonistas fueron leyendo el manifiesto unitario de la Jornada de Lucha del Encuentro Nacional de Organizaciones Sindicales, Campesinas y de la Sociedad Civil, que convirtieron en exigencias.
Los contingentes marcharon hasta la Condesa, a las 12 del día se instalaron alrededor de la glorieta de la Diana, donde bloquearon el paso vehicular en ambos sentidos, para tener un mitin que concluyó cinco minutos antes de la 1 de la tarde.

Demanda la ANP la libertad de los presos del Cecop; seguirá la lucha por los 43, acuerda

La Asamblea Nacional Popular (ANP) exigió la libertad inmediata del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, de su hermano Vicente y otros 23 integrantes de esa organización.
Representantes de organizaciones sociales estatales y nacionales se reunieron en el Comedor Estudiantil de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixtla para determinar las acciones de la jornada de lucha, a 43 meses de los ataques en Iguala donde fueron desaparecidos 43 estudiantes.
En la reunión se informó a los representantes de las organizaciones sociales de la investigación en Estados Unidos que indica que sicarios de Guerreros Unidos dieron órdenes desde Chicago para involucrar a policías municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como de otro número indeterminado de personas. al menos 60, según los mensajes.
La ANP acordó difundir la información para que las autoridades profundicen esa línea de investigación debido a que podría ser “una oportunidad real de dar con el paradero de los 43 (normalistas)” según el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra.
Rosales Sierra informó que la ANP se pronunció por la libertad de los hermanos Suástegui Muñoz y de los integrantes del Cecop que fueron encarcelados como presuntos responsables de homicidio calificado “en agravio de habitantes” de la comunidad La Concepción, municipio de Acapulco. Además exigió a las autoridades que se respeten los tratados de derechos humanos para que los presos políticos no estén aislados.
La ANP acordó continuar la lucha por la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, así como la construcción de un frente que sea “una oposición política bastante objetiva” y que el proceso electoral no desarticule la unidad de las organizaciones sociales.
En el plan de acción se acordó que la jornada de lucha Te buscamos 43 por 43 iniciará con una manifestación el 26 de abril que las organizaciones sociales replicarán en sus estados, seguida del paro laboral el 1 de mayo que promueve la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en contra de la Reforma Educativa, así como otra protesta el 19 de junio a dos años de los desalojos violentos en Nochixtlán, Oaxaca.
La jornada de lucha se extenderá hasta el 26 de septiembre cuando se cumplen cuatro años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y concluirá con la conmemoración de la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre.
Rosales Sierra precisó que para los 43 meses de los ataques y la desaparición de los estudiantes que se cumplen este abril habrá manifestaciones los días 19 y 20, una jornada cultural en la Ciudad de México del 23 al 25 y una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo el 26, y una marcha el 27 en Iguala para conmemorar a los normalistas asesinados Julio César Mondragón Fontes, Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava. Las acciones serán replicadas por los integrantes de la ANP en los estados donde tiene presencia.

Por primera vez se reúnen el Cecop, la CRAC y Bruno Plácido para llegar a acuerdos

Ayer se llevó a cabo, por primera vez, un encuentro entre los integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop), las autoridades de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y el promotor de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio.
El pasado 8 de marzo, integrantes de la Policía Ciudadana, con armas exclusivas del Ejército, irrumpieron en los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
Ayer los representantes de ambas organizaciones se reunieron en el Seminario de la Arquidiócesis de Acapulco, en el fraccionamiento Costa Azul, fungiendo la Iglesia y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan como mediadores.
La reunión fue privada en el auditorio del seminario.
A su salida, Plácido Valerio no quiso dar declaraciones argumentando que tenía otro asunto que atender y que iba a destiempo, mientras que el director de Tlachinollan, Abel Barrera, informó que la reunión era para “preparar un camino para el acuerdo” entre las organizaciones.
Indicó que en la reunión, a la que acudieron unos 10 representantes del Cecop y de la CRAC, le manifestaron al dirigente Plácido Valerio que se sienten invadidos por la UPOEG y reiteraron la petición de que la Policía Ciudadana se repliegue de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, lo que que deberá ser expuesto por el dirigente a las comunidades donde opera.
El defensor de derechos humanos dijo que Plácido Valerio planteó que se trabaja en las comunidades porque la gente lo solicitó, y porque no hay un territorio donde haya veto para que otras organizaciones entren y sean partícipes de la seguridad.
Las autoridades de la CRAC reiteraron que los problemas de secuestros, robos y cobro de extorsiones no ocurren dentro del territorio de los Bienes Comunales, sino en poblados colindantes.
Abel Barrera dijo que se realizará otra reunión la semana próxima, aunque no precisó el día, “porque hay la necesidad de seguir dialogando para clarificar los punto de conflicto y se puede dar la coordinación y apoyo mutuo”.
Agregó que además se hace un mapeo de actores interesados en crear un conflicto en los Bienes Comunales, entre estos los empresarios gravilleros, autoridades federales, y autoridades que han sido manipuladas para que estén a favor de la construcción de la hidroeléctrica La Parota.
“La UPOEG debe ser muy clara de que no puede ser un actor que le haga el juego a quienes son una amenaza para el territorio comunitario y sobre todo a los Bienes Comunales de Cacahuatepec. La UPOEG tiene que deslindarse públicamente de ser un instrumento que sirva a quienes han atentado contra el territorio comunitario para dividir, imponer y cambiar la correlación de fuerzas”, demandó.
Abel Barrera recordó que la Iglesia está facilitando el diálogo entre las partes para poder llegar a acuerdos. “Para que se pueda trazar una ruta que lleve a acuerdos básicos de respeto, de coordinación en el tema de seguridad y de delimitación del territorio para que no haya confrontaciones y, sobre todo, alguna situación de violencia”.

En 2016 la complicidad del gobierno con el crimen agudizó la crisis humanitaria: ONG

La fragmentación de los movimientos magisterial y social, la impunidad y complicidad del gobierno con criminales ante la violencia generalizada y la posibilidad de que el ejecutivo federal declare un estado de excepción como parte de la militarización de la seguridad interior, agudizan la crisis humanitaria en Guerrero, denunciaron e Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Ccti) y el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos).
En un comunicado señalan que “la agresión gubernamental” fragmentó y dejó en un alto grado de vulnerabilidad a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG), dividió y provocó el reflujo de las bases sociales de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en una embestida que comenzó en 2013, e hizo lo mismo con el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (Cecop).
Advirtieron el riesgo de organizaciones como la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) y otras policías o guardias comunitarias que no se rigen necesariamente en el ámbito de la Ley 701 ni responden a los usos y costumbre de los pueblos originarios, “de que el fenómeno se desarrolle hacia narco-paramilitares que le hagan las tareas sucias al gobierno agrediendo a activistas, militantes y defensores de derechos humanos”.
En un balance de los acontecimientos de 2016 señalan que el año que terminó fue el más violento desde 2006, con más de 2 mil 200 asesinados, al grado de alcanzar los niveles de 2011.
“Tanto si se trata de violencia del crimen organizado, delincuencia común o de ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, el dato nos señala una ineludible responsabilidad del Estado mexicano, al no proteger ni castigar estos homicidios, en la que hay que resaltar los feminicidios a los que el gobierno del estado de Guerrero ha invisibilizado negándose a aplicar una alerta de género”, opinaron sobre la solicitud de feministas que demandaron una política pública federal para evitar los asesinatos de mujeres en la entidad, por la que el gobernador ofreció implementar acciones para evitar la intervención de la federación.
Mencionan la muerte de tres líderes históricos de Guerrero: uno de los fundadores de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Benigno Guzmán Martínez, el abogado de las viudas de la masacre de Aguas Blancas, José Sánchez Sánchez y el doctor Bertoldo Martínez Cruz, “los tres se enfrentaron al gobierno de Rubén Figueroa Alcocer y fueron perseguidos y encarcelados”.
Destacan que en 2016 se registraron muertos de todas las edades, género y diferentes preferencias sexuales, y el mayor número fueron hombres jóvenes en edad productiva, de baja escolaridad, y de los estratos socioeconómicos más desprotegidos. Entre las ejecuciones mencionaron los casos de los normalistas de Ayotzinapa, Jonathan Morales Hernández y Filimón Tacuba Castro, además de miembros de los grupos de policías comunitarias de Tixtla.
Asimismo indicaron que hay casi mil casos de desapariciones forzadas en registros de las asociaciones de familiares de desaparecidos Iguala, Chilpancingo, Chilapa, Zitlala y Acapulco, donde se sospecha la participación de agentes del Estado, como las cometidas por los grupos del crimen organizado y poderes fácticos, y no existe ningún cálculo de este problema en las instituciones de gobierno.
De los casos de desaparición que terminaron con hallazgos de cadáveres recordaron el del maestro y miembro de la CRAC-PC Irineo Salmerón Dircio y del líder de la Coordinadora Estatal de Transportistas Independientes de Guerrero (CETIG), Juan Mendoza Tapia y su esposa Carolina Francisca Santos Delgado, así como de estudiantes y trabajadores de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG).
Otro fenómeno que contribuye a la crisis del Estado de derecho y la crisis humanitaria que vivimos en Guerrero, exponen, es el desplazamiento forzoso interno que comenzó en 2007 en la sierra de la Costa Grande y Tierra Caliente, y que en 2016 afectó más a las regiones Centro, Norte y Tierra Caliente.
Aseguraron que las tres regiones se caracterizan por la ausencia del Estado y el control territorial de facciones del crimen organizado, y las víctimas siguen desprotegidas a pesar de que existe una ley estatal sobre desplazamiento forzoso.
Tanto en ejecuciones, desapariciones y desplazamiento forzado prevalece la falta de investigación, la criminalización hacia las víctimas, la impunidad y la falta de respuesta de las autoridades conforme a tratados y convenciones internacionales y al propio derechos interno.
Un eje transversal en todos los conflictos “es la militarización de la seguridad pública”, al grado que los políticos propusieron crear un marco inconstitucional para avalar la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, lo que implica “una garantía de impunidad”, denunciaron.
Como ejemplo mencionan la reciente reglamentación del artículo 29 de la Constitución, que permitiría al presidente de la República declarar estado de excepción o suspensión de garantías, acotando los derechos humanos más básicos como parte de ese proceso de militarización que se complementaría con la Ley de Seguridad Interna.

Sigue sin resolverse la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa

La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa sigue sin resolverse, no obstante que el año pasado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) encontró evidencias de “muy graves intenciones de desviar líneas de investigación contra presuntos responsables, a quienes ahora hay que considerar como víctimas de tortura y de ser obligados a armar la verdad histórica con confesiones sacadas bajo tortura”.
Debido a lo anterior, el Estado mexicano básicamente expulsó a los integrantes del GIEI y retrasó por meses la conformación del Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que “demuestran la nula voluntad política de resolver el caso conforme a derecho. Por el contrario, se dilucida la intención de encubrir a los verdaderos autores materiales e intelectuales de la desaparición masiva de los normalistas”.
En el campo del derecho a la salud, aseguraron que “tampoco se ven avances significativos”, más bien la disminución del presupuesto destinado a la salud y el intento de impulsar la universalización de la salud que tarde o temprano va privatizar no solo el acceso, sino el derecho a la salud.
En Guerrero no existen avances en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales para los pueblos originarios, ya que sigue expulsando migrantes que de otra forma morirían de hambre en sus pueblos, o por falta de oportunidades y servicios.
Para 2017, consideraron que la pobreza se profundiza debido a los incrementos a los precios de la gasolina, al gas y la electricidad, pero millones de mexicanos empobrecidos tienen la oportunidad de “organizarse y defender sus derechos, logrando verdad y justicia para los familiares de los desaparecidos, que los desplazados por fin sean atendidos de acuerdo a la Ley 487 Para la Prevención y Atención al Desplazamiento Interno”.

Proponen personal interdisciplinario en la Fiscalía para atender las desapariciones

Para la atención de los desaparecidos proponen que se dote a la nueva Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, de personal interdisciplinario y recursos económicos suficientes para su funcionamiento y eficacia en todo el estado, y que el Congreso apruebe la iniciativa de ley presentada por el diputado Ricardo Mejía Berdeja sobre la declaración de ausencia de personas desaparecidas, a fin de que las familias puedan acceder a la protección de los bienes de los desparecidos.
Asimismo demandaron la independencia de la Dirección General de Servicios Periciales que depende de la Fiscalía General de Justicia del estado, y que se establezca una base de datos de ADN en el Estado de Guerrero, para confrontar los resultados de las muestras en el menor tiempo posible, y concluir la identificación de los más de 400 cuerpos desconocidos, que a fin de año se colocaron en un cementerio ministerial.
Solicitaron que la Secretaría de Asuntos Indígenas del estado y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas se comprometan a acompañar y apoyar a las familias de víctimas de desaparición que pertenezcan a población indígena, de acuerdo con sus facultades tal y como lo establece la Ley General de Víctimas.
Además, que la FGE “deje de querer entregar a las familias de desaparecidos cuerpos con sólo el resultado positivo del ADN de uno de sus familiares, lo cual deben de estar más completas las confrontas de ADN y se deben hacer los peritajes de otras especialidades como el de Odontología y Antropología Forense”.

Ordena magistrado que un actuario confirme si la gravillera Kimbar excava en el río Papagayo

El magistrado del Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 41, Francisco Marco Hernández Báez, ordenó que un actuario corrobore si la gravillera Kimbar, propiedad de Humberto Marín Molina y ubicada en la comunidad de Parotillas, sigue extrayendo material pétreo del río Papagayo y terrenos aledaños.
Los demandantes, integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop), tendrán 20 días para presentar pruebas y testigos para avalar la petición de nulidad del certificado de derechos de posesión que fue otorgado al gravillero.
En la primera audiencia, que se realizó ayer luego de ser diferida por el magistrado, para la revisión de la demanda de impugnación al certificado de posesión del terreno que le fue entregado a Humberto Marín, interpuesta por integrantes del Cecop, el TUA solicitó a lo opositores que en un plazo de 10 días se presenten las personas que niegan haber participado en la asamblea en la que se aprobó la venta de los terrenos al empresario.
El magistrado expuso que se requiere de la presencia de quienes se nombran en la demanda para comprobar lo que el Cecop señala de que no son sus firmas las que aparecen en el acta de asamblea del 13 de octubre de 2001, y ratificar el contenido de la demanda para dar seguimiento a los efectos legales derivados de la misma.
El magistrado ordenó la visita de un actuario, el próximo lunes 30 de mayo, a los terrenos para que determine si se ha trabajado en los mismos, y ante el argumento del representante legal de Humberto Marín, Pedro Larumbe Morales, de que el gravillero no tiene acceso al lugar, Hernández Báez respondió que entonces no le afecta si dicta una medida cautelar para suspender cualquier trabajo.
El abogado de los opositores, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz García, expuso al magistado que mientras no haya una resolución a la demanda todo trabajo que haya en las tierras donde está la gravillera va en detrimento de los denunciantes.
En un principio solicitó que no se diera la fecha de la visita del actuario porque, dijo, esos días Marín Molina podría ordenar que se suspenda la extracción de grava y arena, pero el magistrado explicó que se pedirá al actuario que sea minucioso en su informe de actividades y quienes la realizan, porque lo que se buscará son vestigios de la extracción de material pétreo.
De ello, el representante legal de Humberto Marín, Pedro Larumbe Morales, expuso que la medida cautelar que pedían los opositores era innecesaria, que si se iban a buscar vestigios de que sí hay excavaciones no se podría probar nada porque la parte acusatoria podría estarlo haciendo.
El argumento molesto a los opositores, que insistieron: “sí se mete a trabajar, está esperando el momento en que nos encarcelen a todos, la petición de la medida cautelar es para evitar un acto de violencia porque hay indicios de explotación. Que vaya el actuario para que el Tribunal tenga certeza de la circunstancia”.
El vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz, aclaró: “no somos delincuentes, no somos mañosos, tramposos” a lo dicho por el abogado de Humberto Marín.
Pidió al magistrado que resuelva conforme a la ley, que se revise “minuciosamente” el lugar y resuelva con prontitud porque “ya no queremos violencia, exigimos que de manera legal y legítima haga justicia”.
El magistrado le respondió que la resolución depende de los opositores, que presenten las pruebas y se tendrá 20 días para resolver.
La próxima audiencia será el 16 de junio.
Proagro

Después de la audiencia, los 80 comuneros, que se trasladaron de sus comunidades, acudieron a las oficinas del Proagro, luego de que denunciaron que opositores fueron sacados de la lista de los beneficiarios.
Asimismo para tener respuesta a la petición que hicieron de que los campesinos acrediten que lo son y no se haga con una carta firmada por el comisariado Juan Flores Palma, a quien ellos desconocieron como autoridad comunal.
En las oficinas del Proagro, el coordinador de Planeación de Las Vigas, Iván Morales Solís, explicó que solicitaron a la delegación estatal que pida al TUA el juicio de nulidad contra el comisariado o el estado en el que va el proceso de nulidad.
Por su parte, la técnica encargada de las comunidades de los Bienes Comunales, Abigail Gatica Lozano, le pidió a los campesinos que no se dejen sorprender por Heriberto Contreras y Francisco Javier García, ex trabajadores del programa, y que han descubierto que aún visitan a los productores para obtener beneficios.

Niega comunero que integrantes del Cecop fueran expulsados del Proagro; no hicieron el trámite, dice

El presidente del Consejo de vigilancia de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, Mauricio Velarde Hernández, respondió que los integrantes del Cecop no fueron sacados del Proagro, sino que no realizaron el trámite para recibir ese beneficio porque no “confían en nosotros”.
En una llamada a la redacción de El Sur, Velarde Hernández negó que se cobraran 80 pesos por el trámite del programa federal, y explicó que cada pueblo tuvo un representante para la recepción de documentos.
Abundó que los comuneros dieron una cooperación “voluntaria” a su representante de pueblo –de 10 a 20 pesos– para los pasajes; “hay que ser consciente, a la persona no la llevan de gratis a la ciudad y además las vueltas que da”.
Anunció que los integrantes del Consejo de los Bienes Comunales de Cacahuatepec recorrerán las comunidades para reunirse con los comisarios y pedir la expulsión de los integrantes del Cecop y de su vocero Marco Antonio Suástegui Muñoz.
Indicó que ex integrantes del Cecop tienen la intención de conformar otra organización porque ese consejo “ha recibido mucho dinero por parte de las organizaciones sociales y en los Bienes Comunales no hay desarrollo, al contrario va para abajo”.
Reclamó que la Policía Comunitaria no está avalada por la CRAC y solamente es exclusiva para los opositores a La Parota y no para la comunidad; “ellos (los policías comunitarios) cobran el material, si va la empresa Lala le cobran, si pasa la Coca-Cola le cobran”.
Velarde Hernández explicó que los campesinos que no ingresaron al programa federal, “unos no quisieron inscribirse, otros no creen en el comisariado”, aunque resaltó que la mayoría tiene ese beneficio, “entró el 80 por ciento de los comuneros”.
Dijo que la impugnación del comisariado de los Bienes Comunales de Cacahuatepec no procede porque fue elegido correctamente, “tenemos toda la documentación”.
Señaló que el Cecop y su vocero están perdiendo simpatizantes porque “el señor (Suástegui Muñoz) ha ocasionado muchos problemas en los Bienes Comunales, se ha quedado sin gente, ya no tiene gente, anda desesperado”.
Negó que el comisariado entregue actas de posesión de terrenos en blanco a personas externas, “no hemos pedido firmas a nadie”.
Velarde Hernández consideró que la protesta del miércoles en las oficinas de Sagarpa obedece a la desesperación de Suástegui Muñoz, “ya no tiene seguidores, lo comuneros ni hablan en los movimientos”.
El miércoles, comuneros de los Bienes Comunales de Cacahuatepec protestaron en las oficinas de la Sagarpa para denunciar que fueron expulsados del programa Proagro.

Condiciona el comisariado de Bienes Comunales un programa para el campo, denuncian

Comuneros de los Bienes Comunales de Cacahuatepec denunciaron que el presidente del comisariado de Bienes Comunales de Cacahuatepec, Juan Flores Palma, condiciona el programa Proagro a los campesinos e incluso con engaños recaba firmas de las comunidades que lo desconocen para presentarlas en el Tribunal Unitario Agrario (TUA), donde está impugnado.
El vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui, indicó que un militar participó en la agresión que sufrieron siete integrantes de la organización en la feria del poblado Rancho Las Marías, el 1 de mayo.
Ayer a la asamblea en la comunidad de La Concepción asistieron unos 40 comuneros, quienes denunciaron el actuar del Flores Palma y acordaron que una comisión irá el miércoles a la delegación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) en Acapulco, y que si no encuentran respuesta denunciarán al presidente del comisariado ante la Policía Comunitaria para que sea reeducado.
Los asistentes señalaron que Flores Palma ha incluido en la lista de beneficiados del Proagro a priistas que no son campesinos ni se dedican al campo, y que ha sacado a los verdaderos campesinos sólo porque no lo reconocen o porque son miembros del Cecop.
Comentaron que bajo engaños hizo firmar a los comisarios municipales, como el caso del de El Rincón, donde hubo una reunión para juntar firmas para el programa Proagro, y que el documento servirá para que Flores Palma lo presente ante el TUA y acreditar que sí es apoyado por la población, por los dos procesos de impugnación que enfrenta.
Los comuneros llamaron a las autoridades del estado y de la Sagarpa a intervenir porque los programas sociales son para todos, sin distingo, o de lo contrario procederán como lo establecen las normas comunitarias, porque, señalaron, Flores Palma ha cometido los delitos de usurpación de funciones, engaño y abuso de confianza.
En su intervención, Suástegui Muñoz informó que los agredidos en la feria de la comunidad Rancho Las Marías, el 1 de mayo, cuando dos jóvenes atacaron a balazos y con armas blancas a integrantes del Cecop, acordaron no tomar represalias y los responsables pagarán los gastos médicos de los lesionados.
El vocero denunció que un militar en activo, al que llaman El Güero, participó en la agresión y traía un arma calibre .9 milímetros.
Asimismo reclamó la acción del Estado “porque no es la primera ocasión en que somos agredidos por los militares”.
Indicó que se dará parte a los mandos militares para que el elemento sea juzgado y castigado.
Suástegui Muñoz afirmó que la Policía Comunitaria mantiene su propia investigación y que no revelaría más para no entorpecer el trabajo.
Informó que cuatro comunidades de los Bienes Comunales han dado su anuencia para que opere la Policía Comunitarias, luego de que el pasado 20 de abril los integrantes de la CRAC, de San Luis Acatlán, pospusieron la conformación del Comité de Enlace porque los integrantes de los Bienes Comunales no habían renovado las actas de asambleas que son de hace dos años.
Suástegui Muñoz invitó a los comuneros a asistir el 26 de mayo a la audiencia en el TUA, donde se presentó una inconformidad por los predios que el empresario Humberto Marín adquirió en los Bienes Comunales sin ser comunero o avecindado.
Señaló que uno de los terrenos se ubica en Las Parotas, donde el empresario tenía su gravillera. Se indicó que ninguna de las gravilleras en los Bienes Comunales funciona actualmente.