Suma el grupo Siempre Vivos 86 casos documentados de desaparecidos entre 2014 y 2015 en Chilapa

La organización civil Siempre Vivos, que documentó los casos de 58 personas desaparecidas en algún punto del municipio de Chilpa entre 2014 y 2015, informó que a este registro se suma una relación independiente y documentada de 28 personas desaparecidas en los mismos años en Chilapa.
Con estos casos, la cifra documentada asciende a 86 personas desaparecidas en sólo dos años.
Ayer, el coordinador de la organización, José Díaz Navarro informó a El Sur que tiene registrados 58 casos de personas desaparecidas.
El último caso documentado se registró en la cabecera municipal el pasado 25 de diciembre de 2014.
Según el relato de familiares, el cual está asentado ante autoridades ministeriales, Bonifacio Ramírez Hermenegildo, de 38 años, originario de la comunidad de Alpoyeca del municipio de Atlixtac, fue visto por última vez afuera de la base de camionetas que van a ese municipio de La Montaña, cerca de la tienda Chedrahui.
Ramírez Hermenegildo junto con otros vecinos habría acudido a la cabecera de Chilapa a vender unas costalillas de tomate.
Por otro lado, el representante de la organización aseguró que aún no han recibido ninguna información sobre la búsqueda de sus familiares que emprendieron soldados del Ejército y policías federales desde el pasado 27 de enero.
Dijo que el acuerdo de la organización es esperar un mes para saber si el operativo de búsqueda brinda o no resultados.
Díaz Navarro dijo que el grupo que encabeza ve como “un gran avance” que desde que inició el operativo no se hayan reportado homicidios o desapariciones relacionadas con la delincuencia.

Las otras 28 desapariciones documentadas

El coordinador de la organización Siempre Vivos, dio a conocer una relación de otras 28 personas desaparecidas entre 2014 y 2015.
Comentó que los casos los ha documentado la organización de manera independiente pues no han tenido contacto con ningún familiar de las víctimas.
En esa relación de personas desaparecidas “sin registro ni relatoría” hay tres mujeres, una originaria de la comunidad de Tlamixtlahucan y otras dos de Acatlán, municipio de Chilapa.
Además hay cuatro hombres de El Jaguey, seis de Ayahualulco, uno de Xiloxuchicán, dos de San Ángel, uno de Nejapa, uno de Atzacoaloya, dos de Acatlán, dos de Tlalixtlahuacan y cuatro que radicaban en la cabecera de Chilapa.
Así como un vecino de la comunidad de Pochahuizco del municipio de Zitlala y uno más del que la organización desconoce su procedencia.
Las desapariciones se han registrado en el contexto de la brutal disputa que de acuerdo con el fiscal, Xavier Olea Peláez mantienen dos grupos de la delincuencia en esta región enclavada entre el Centro y La Montaña.

Recorren comunitarios de Rincón de Chautla pueblos para buscar criminales; no los hallan

 

Policías comunitarios de Rincón de Chautla, Chilapa, pertenecientes a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) recorrieron una parte de su zona de influencia para evitar que grupos de la delincuencia entren a sus comunidades.
“Trabajamos con los pueblos y para los pueblos, donde el pueblo manda la autoridad obedece. Exigimos respeto y no aceptamos que autoridad alguna nos acuse irresponsablemente de ser grupos armados ilegales”, se leyó en un comunicado en una conferencia al concluir el operativo en las inmediaciones de Rincón de Chautla.
Dieron a conocer que a las 6 de la mañana inició un recorrido por los caminos, veredas, cerros y cuevas de las comunidades de Ayahualtempa, Zacapexco, Rincón de Chautla, Alcozacan, Xicotlán, Acahuehuetlán y Tula, que son el 40 por ciento de su territorio.
El recorrido de vigilancia de la Policía Comunitaria que está integrada por 18 pueblos de Chilapa y José Joaquín de Herrera, se da a una semana del inicio del Operación Chilapa en la que participan 3 mil 500 soldados y 200 policías estatales y federales para combatir a grupos de la delincuencia organizada, anunció el gobernador Héctor Astudillo Flores la semana pasada.
Al finalizar los comandantes informaron que no encontraron a ningún integrante de algún grupo delictivo y los coordinadores anunciaron que programarán un segundo recorrido por las comunidades restantes para que su territorio esté “limpio” y agregaron que hace 4 o 5 días, observaron luces en un cerro.
Comentaron que tras la Operación Chilapa los militares han recorrido la zona pero les han dicho que esas comunidades están resguardadas por sus policías comunitarios por ello los soldados no han intentado desarmarlos.
Aseguraron que hay precencia militar en la región en las comunidades de Hueycantenango y Zelocotitlán, y en la comunidad de Xolotepec los soldados estuvieron la semana pasada.
En una conferencia después del recorrido, uno de los integrantes de la CRAC leyó un pronunciamiento en el que indicó que su Policía Comunitaria tiene pleno conocimiento que el gobierno federal está persiguiendo a los dos grupos delictivos que operan en el municipio de Chilapa.
“La Policía Comunitaria tiene una estructura apegada al reglamento interno y no comparte ideas con grupos delictivos ni con los policías comunitarios (autodenominados) por la Paz y la Justicia”, dijo en referencia al grupo de pobladores que tomó la ciudad de Chilapa del 9 al 14 de mayo de 2015 y que tras su salida vecinos de la cabecera denunciaron que 16 personas habían desaparecido.
En el pronunciamiento se dijo que los dos grupos delictivos que operan en La Montaña baja (en referencia a Los Rojos y Los Ardillos) no pueden ocultar los hechos ocurridos en mayo de 2015 ni los homicidios y secuestros que han hecho aunque se quieran cobijar en la conformación de supuestos policías comunitarios y ciudadanos.
“Recordamos al gobierno municipal, estatal y federal que la actuación de la Policía Comunitaria de la CRAC es legal y legítima, la ley reconoce su función como actos de autoridad. Tenemos el aval de nuestras comunidades y de diferentes leyes y tratados”.
“Trabajamos con los pueblos y para los pueblos, donde el pueblo manda la autoridad obedece. Exigimos respeto y no aceptamos que autoridad alguna nos acuse irresponsablemente de ser grupos armados ilegales”.

Hallan dos osamentas humanas en la comunidad de Nejapa, Chilapa

Los restos óseos de dos personas fueron hallados en un predio ubicado al norte de la comunidad de Nejapa, en el municipio de Chilapa de Álvarez.
Según fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) a las 12 del día una llamada anónima avisó que en un terreno del poblado de Nejapa había una osamenta humana.
El lugar se encuentra a unos 15 minutos de la zona poblada de Nejapa a donde acudieron peritos del Servicio Médico Forense (Semefo), quienes hasta las 6 de la tarde de ayer habían encontrado restos óseos de al menos dos personas.
También llegaron agentes de la Policía del Estado y ministeriales, quienes acordonaron la zona y los restos humanos fueron trasladados al Semefo de Chilpancingo para practicarles pruebas de ADN y tratar de identificarlos.
En el municipio de Chilapa han ocurrido distintos hechos de violencia, luego de que el 27 de enero  se puso en marcha la Operación Chilapa en la que participan 3 mil 500 soldados y 200 policías federales, estatales y ministeriales que fueron desplegados en esa región para disuadir y capturar a integrantes de grupos del crimen organizado.
A un día de que inició ocurrió un enfrentamiento en el barrio de San Juan entre la Policía Federal y presuntos integrantes del grupo delincuencial Los Rojos, que dejó a un delincuente muerto, dos detenidos y dos agentes federales heridos.

Recibió una queja la Codehum desde que inició la Operación Chilapa, dice el ombudsman

El presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno informó que desde que inició la Operación Chilapa, en la que participan 3 mil 500 soldados y 200 policías federales, estatales y ministeriales, la dependencia que él encabeza sólo ha recibido una queja en contra de la Policía Federal.
Consultado vía telefónica, el Ómbudsman estatal dijo que recibió una queja en contra de policías federales, de la mamá de uno de los detenidos en la búsqueda del líder de Los Rojos, Zenén Nava Sánchez El Chaparro.
En Chilapa, el 28 de enero en un enfrentamiento entre la Policía Federal y presuntos integrantes del grupo de la delincuencia organizada Los Rojos, un delincuente murió, dos fueron detenidos y dos federales resultaron heridos.
Según reportes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, estas acciones tuvieron como objetivo detener al líder de Los Rojos, Zenén Nava Sánchez El Chaparro. Tras el enfrentamiento, la Policía Federal detuvo a dos presuntos delincuentes, a quienes les decomisaron un arma larga y dos pistolas, sin especificar el calibre; tampoco se informó de la identidad de los detenidos.
Sin dar detalles, el presidente de la Codehum dijo que una madre de familia interpuso una queja en contra de los Policías Federales porque detuvieron a su hijo que, aseguró, es inocente. “Es la única queja que he tenido desde que inició el operativo, la cual será analizada”, indicó Naverrete.
Dijo que, “quisiéramos que el Ejército estuviera en sus cuarteles, que es para lo que fueron creados, para la defensa de la soberanía, pero hay una disposición de las autoridades que los faculta para estar en la calles, y mientras sea así que sus acciones se sujeten en el marco de la ley”.
En la zona de Chilapa y La Montaña, funcionarios de la Codehum hacen recorridos para vigilar que los militares no violen derechos humanos; Navarrete Magdaleno dijo que no ha recibido ninguna denuncia ante la presencia del Ejército, sin embargo aseveró que se mantiene expectante.
Explicó que en la zona de La Montaña hay trabajadores de la Codehum, “pero no tenemos suficiente equipo para estar en todos los lugares donde están haciendo operativos los policías federales y militares”; sin embargo, explicó que sus funcionarios se presentan con la gente para que, si tienen algo que denunciar contra cualquier autoridad lo hagan.
Navarrete Magdaleno indicó que, pese a que la comisión quiere que el Ejército esté en sus cuarteles y no en las calles, la ciudadanía quiere seguridad, “está enfadada de estos actos criminales”, y que una de las instituciones que generan más confianza es el Ejército, opinó.

Amenaza un cobrador de una tienda con levantar al papá de un desaparecido por una deuda en Chilapa

La organización de familiares desaparecidos Siempre Vivos y el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) denunciaron que un cobrador de la tienda Elektra amenazó con levantar a un padre en caso de que no pagara una deuda que dejó su hijo desaparecido en agosto.
Las organizaciones no gubernamentales denunciaron el caso de Benjamín Santos Valle de 15 años, que desapareció el 18 de agosto, y por la deuda que tiene en la tienda Elektra han amenazado a su familia.
De acuerdo con una relatoría de la organización de familiares desaparecidos Siempre Vivos, Benjamín Santos vendía paletas y desapareció cuando fue a la tienda Coppel a hacer un abono en la ciudad de Chilapa.
El joven se transportaba en una motoneta naranja que adquirió en la tienda Elektra, vestía playera negra, pantalón beige y chanclas de pata de gallo; como característica tenía cicatrices en las dos cejas, según dijeron sus familiares, y desapareció junto con la motoneta.
Ayer las organizaciones dijeron que Benjamín Santos y su papá adquirieron a crédito una motoneta en Elektra, pero desde su desaparición dejaron de abonar a la cuenta, que creció exageradamente, la deuda es de más de 30 mil pesos.
Aseguraron que este sábado un cobrador de la tienda identificado como René Sandoval Castro acudió a la casa del joven desaparecido para amenazar a su papá.
Los familiares dijeron que si no pagaban iban a levantar al papá de Benjamín.
Tras la amenaza, los familiares consiguieron 2 mil 500 pesos para abonar al pago de interés de la motoneta, denunciaron.
La familia Santos Valle ha sufrido dos tragedias, por una parte la desaparición de Benjamín en agosto de 2015 y el asesinato de un yerno el 6 de enero de 2016 en el municipio de Zitlala.
Las organizaciones denunciaron que la familia ha dejado de trabajar para buscar a su hijo y atender a su hija desamparada.

Visita Leyva el plantón de la CETEG en el Zócalo capitalino; no tienen nada que dialogar, dice Antonia

 

El alcalde de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena informó que se reunió con integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), para liberar el acceso principal del Palacio municipal que permanece cerrado ante el plantón del magisterio en la plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac.
Sin embargo, sobre la visita del alcalde al plantón de los maestros, la líder Antonia Morales Vélez dijo que el presidente municipal fue a “saludar” a los representantes de la CETEG opositora que sostenían una reunión en una de las carpas del campamento; sin embargo, no abundó en los detalles del encuentro y aseguró que la organización “no tienen nada” que dialogar con el presidente municipal.
En cuanto a la violencia suscitada en Chilpancingo, Leyva Mena refirió que es a causa de la disputa que mantienen grupos del crimen organizado por el control de los territorios que producen amapola cercanos a la capital del estado, “y estos efectos nos están llegando”.
El alcalde acudió al mediodía de este sábado a la clausura de la Expo Jornada de Emprendedores 2016, a cabo a un costado del kiosco central de Chilpancingo, y a la que también asistieron el secretario de Desarrollo Social (Sedesol) municipal, Guillermo Reyes Videla, y el director de Gobernación municipal, José Luis Sagahon Figueroa.
Consultado al término del acto protocolario, el alcalde expuso que tuvo un acercamiento con una comisión de la CETEG, con la que avanzó en el diálogo sobre asuntos “de cohabitación general entre todos”.
Leyva Mena explicó que en la reunión en el plantón que encabeza la dirigente magisterial Antonia Morales, la comisión de maestros fue receptiva, “ellos consultarán nuestra petición y otros temas”, dijo sin especificar cuáles temas, lo que luego fue desmentido por la líder de la CETEG.
El pasado domingo durante la conmemoración del 90 aniversario del natalicio de Alejandro Cervantes Delgado, el gobernador Héctor Astudillo Flores manifestó que “urgía” recuperar la plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac, que desde el 8 de octubre de 2014 está ocupada por la CETEG y otras organizaciones que exigen la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
A pregunta expresa sobre el avance en la negociación para liberar la plaza cívica, Leyva Mena expuso que las exigencias de las organizaciones son temas de agenda nacional, que incluye la abrogación de la reforma educativa y la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Subrayó que estos asuntos no le competen al municipio, “y (en) los temas que nos corresponden seguramente vamos a avanzar”, dijo.

La inseguridad se debe a la cercanía con las zonas productoras de amapola, dice

A Leyva Mena se le consultó sobre el informe del Gabinete de Comunicación Estratégica, Las ciudades más habitables de México, 2015, que por segundo año consecutivo pone a Chilpancingo, de acuerdo con sus habitantes, como la peor ciudad del país para vivir de entre 55 centro urbanos, principalmente a causa de la inseguridad.
“Yo quiero decir que el asunto de la seguridad Pública no es un asunto fácil; coincido con el gobernador cuando de pronto solicitamos protección en diversas ciudades y en esas ciudades se calma (la violencia), pero se salta para otro municipio; yo lo que creo es que el trabajo de fondo lo debemos hacer junto con la sociedad”, expuso.
Añadió que por la coyuntura no puede mover la estrategia de seguridad en Chilpancingo, ya que el objetivo principal es crear un gobierno municipal con participación ciudadana en asuntos de seguridad, “todo el asunto de inversión pública debe de estar sustentada y dirigida para disminuir la delincuencia”, subrayó.
Aunque reconoció que Chilpancingo continúa siendo una ciudad insegura, “el nivel de inseguridad no es para que armemos a toda la ciudad y los ciudadanos estemos en un proceso de pánico; la sociedad en su conjunto debe acercarse a la autoridad y juntos emprender programas encaminados para reducir los delitos”.
“México produce el 60 por ciento de la amapola en el mundo, y del 45 por ciento estamos a una hora… Estados Unidos en materia de la amapola y sus derivados contrae una gran demanda, y ésta es también para los territorios que producen este producto”, dijo.
Y siguió, “las organizaciones criminales están peleando esa zona de producción y los efectos están siendo aquí, en Chilpancingo”.
Sobre la declaración del fiscal general Xavier Olea Peláez durante la reunión del gabinete federal en Chilapa, donde aseguró que al menos 50 grupos criminales son los que operan en el estado, Leyva Mena detalló que desconoce el número de las bandas que operan en Chilpancingo.
Y reconoció que sí hay bandas establecidas en la capital, “aunque la liberación de secuestrados y la llegada de 3 mil elementos del Ejército es un símbolo de que la autoridad está viendo este tema, y también con la colocación de las 25 alarmas vecinales sobre toda la ciudad”.

Solicita el FDP a la ONU un pronunciamiento de medidas cautelares para ocho activistas

El Frente de Defensa Popular (FDP) solicitó en la oficina de la Organización de Naciones Unidas (ONU) un pronunciamiento para que el gobierno de México otorgue medidas cautelares a ocho activistas nahuas incriminados en delitos graves, de los municipios de Chilapa y Mártir de Cuilapan (Apango).
La dirigente Clemencia Guevara Tejedor dijo que este jueves los integrantes de esa organización presentaron el escrito en la sede de la Ciudad de México porque en Guerrero no han encontrado eco a su petición, y temen que los activistas sean asesinatos en el clima de violencia que existe en la zona de la Montaña baja, o terminen en prisión como la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García y el promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Gonzalo Molina González.
Consultada en el mitin de la Jornada Nacional de Lucha que convocaron dos organizaciones y sindicatos en la Ciudad de México, la líder social aseguró que los militantes del FDP no son delincuentes, sin embargo cuatro integrantes de la comunidad de Rincón de Chautla fueron detenidos y ocho de San Jerónimo Palantla tienen órdenes de aprehensión por homicidio.
Se trata de cuatro de los cinco detenidos por la Policía Comunitaria de Rincón de Chautla, municipio de Chilapa, perteneciente a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) como sospechosos del ataque armado a una Urvan en Chilapa, donde fueron asesinados un comisario, un consejero de la Casa de Justicia y tres mujeres.
Clemencia Tejedor indicó que buscaron atención en el gobierno del estado y se entrevistaron con personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), pero las autoridades no prestaron atención a su preocupación.
Este jueves a las 8 de la mañana se manifestaron frente a la oficina de la ONU en la colonia Polanco, entregaron un oficio y esperan una respuesta.
Dijo que ella también tiene una orden de aprehensión por despojo de un terreno en un lugar conocido como Campo de Aviación en el municipio de Chilapa, que ocuparon comerciantes y artesanos hace 12 años y es propiedad del gobierno del estado. Los comerciantes fueron desalojados y la propiedad ahora está en manos de un grupo de narcotraficantes, aseguró.
Por otra parte dijo que la Ley 701 da facultades a los pueblos originarios para organizarse pero cuando luchan por sus derechos las autoridades los llaman delincuentes.
Pidió que se revise la situación de todos los involucrados y se dicten medidas de protección a los representantes del FDP en Guerrero.
El Frente de Defensa Popular participó en el
plantón del Zócalo de Chilpancingo por la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos, y en la Ciudad de México pidió a la ONU que se pronuncie por la seguridad de los activistas que están haciendo labor social en Guerrero.
Dijo que el FDP es parte del Frente Popular Francisco Villa siglo XXI, que se manifestó contra las reformas laborales y educativas, la caída del poder adquisitivo, en apoyo a los presos políticos y por la presentación con vida de los normalista de Ayotzinapa.
Del hostigamiento al FDP recordó que hace dos años la Policía Federal entró a su casa en Chilapa y el año pasado les quitaron una camioneta.

Deja un presunto delincuente muerto y dos policías federales heridos un enfrentamiento en Chilapa

Como resultado de un enfrentamiento entre la Policía Federal y presuntos integrantes del grupo de la delincuencia organizada Los Rojos, un delincuente murió, dos fueron detenidos y dos federale resultaron heridos, reportaron ayer fuentes policiacas.

El enfrentamiento fue reportado a la 1:15 de la tarde de ayer en el barrio de San Juan, cercano al de San José, sólo un día después de que arrancó la Operación Chilapa en la que participan 3 mil 500 militares y 200 miembros de otras corporaciones de seguridad.
De acuerdo con reportes policiacos, los presuntos delincuentes se replegaron en la pozolería El Grano de Oro, ubicada en el Andador 16 Sur.
Según la fuente policiaca, mientras sucedía el enfrentamiento las fuerzas federales tenían rodeado al líder de Los Rojos, Zenén Nava Sánchez, El Chaparro, señalado como responsable de las desapariciones de personas en el municipio, que logró escapar. El fiscal Xavier Olea Peláez dio a conocer que Zenén Nava estaba rodeado por fuerzas federales, en entrevista con el noticiero de Radio Fórmula Atando Cabos.
Según reportes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, policías federales se enfrentaron a balazos con hombres armados que estaban en una pozolería que se halla a cinco cuadras del Centro.
Fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) informaron que, tras el enfrentamiento los policías federales solicitaron refuerzos al Ejército, Policía Estatal y Policía Ministerial.
Asimismo, los reportes indican que luego del enfrentamiento la Policía Federal detuvo a dos presuntos delincuentes, a quienes les decomisaron un arma larga y dos pistolas, sin especificar el calibre; tampoco se informó de la identidad de los detenidos.
Dos policías federales resultaron lesionados, lo mismo que un delincuente que, según fuentes de la Policía Ministerial, fue trasladado al Hospital General de Chilapa, pero perdió la vida en el camino.
Soldados del Ejército y policías federales sitiaron la zona, desde la avenida Insurgentes y la calle 7 Oriente, hasta la avenida Municipio Libre y todas las cuadras del barrio de San José y la entrada al barrio de San Juan, donde sucedió la balacera.
De acuerdo con testimonios de vecinos, policías federales y soldados catearon varias casas, y por la tarde aprehendieron a otros dos presuntos integrantes de la célula delictiva, hecho no confirmado por las autoridades.
Un uniformado explicó que se declaró “código rojo” en todo el barrio, es decir zona de riesgo ante la posibilidad de que se registrara un nuevo enfrentamiento derivado de alguna reacción de la delincuencia organizada.
Hasta la noche de ayer, militares mantenían la zona cerrada a la circulación vehicular, mientras que policías federales patrullaban y detenía a automovilistas para revisarlos. Asimismo, en las entradas a la ciudad soldados instalaron filtros de revisión.
Horas después del hecho, y cuando la información circulaba en portales de internet y redes sociales, el gobierno municipal publicó un breve comunicado según el cual, los sucesos son parte de los “firmes resultados” de la Operación Chilapa, “a cargo del Ejército, Fuerzas Federales y Estatales, donde participan 3,500 soldados y 200 policías”.
A los vecinos que intentaban ingresar al barrio y que decían vivir en esa zona, los uniformados les explicaban que no podían impedirles el paso, pero su ingreso era “bajo su propio riesgo”.
Todos los negocios que rodean el barrio estaban cerrados y muy pocas personas caminaban en las calles, se trataba de quienes intentaban llegar a sus domicilios que se encuentran justamente en esa zona.
“La neta, carnal, yo sí escuché y vi muchas cosas, pero no te voy a decir nada porque no quiero que me pase algo malo, me vayan a matar”, expresó un comerciante que cuando vio la llegada de este reporteros de inmediato cerró su negocio.
Pese a que en el barrio de San José había una intensa movilización de las diferentes corporaciones de seguridad y que las calles estaban prácticamente vacías, en el centro de Chilapa todo trascurría con normalidad, pues los negocios estaban abiertos, había afluencia de vehículos particulares y del transporte público, y los vendedores ambulantes se mantenían en el Zócalo ofertando sus productos.
Ayer, hasta las 9:30 de la noche ni el gobierno del estado, ni la Fiscalía General habían fijado una postura sobre lo acontecido en este municipio, tampoco se informó la identidad de los detenidos ni del presunto delincuente que perdió la vida.
En Chilapa, la organización Siempre Vivos tiene un registro de 57 personas desaparecidas entre 2014 y 2015, de las cuales, 16 ocurrieron del 9 al 14 de mayo del año pasado cuando unos 300 comisarios y civiles armados de comunidades del sur del municipio tomaron las calles de Chilapa para exigir que las autoridades detuvieran a Zenén Nava.
En el municipio también han ocurrido constantes ejecuciones que, de acuerdo con las autoridades, son el resultado de la disputa de la plaza entre Los Rojos y el grupo criminal Los Ardillos.
Dos días antes de esta balacera, y en la víspera del despliegue militar contra la delincuencia fue aprehendido Yovani Anastasio Parra El Chivo, identificado por autoridades federales como segundo al mando en la organización delictiva Los Rojos.

Tiene intención mediática la llegada de más de 3 mil 500 militares a Chilapa, dice Tlchinollan

 

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández dijo que la llegada de más de 3 mil 500 militares a Chilapa trata de generar un efecto mediático para que la población crea que se está combatiendo el crimen; sin embargo, el Ejército sólo llegó para seguir cometiendo violaciones “graves” a los derechos humanos y para proteger a las instituciones, porque hay un descontento social.
Consultado vía telefónica, Abel Barrera dijo que los más de 3 mil 500 militares enviados a Guerrero son una respuesta que busca generar un efecto mediático, para que la sociedad crea que el gobierno está tomando decisiones duras y fuertes para abatir el crimen.
Dijo que los operativos no sirven si no son parte de una estrategia integral para abatir los altos índices de inseguridad, las acciones impunes que prevalecen entre las autoridades y corporaciones policíacas, en el mismo órgano investigador de delitos, de acciones preventivas y de atención a víctimas, si no son para combatir a fondo a la impunidad.
“Lamentablemente, todo queda en apostarle al uso de la fuerza, a que se sigan consumando violaciones graves a los derechos humanos con la presencia del Ejército, que no tiene ningún control civil”, precisó Barrera Hernández.
El director de Tlachinollan consideró que las autoridades no están atacando las causas de la inseguridad, que tienen que ver con la corrupción de las corporaciones policíacas, y que protegen a quienes violentan los derechos humanos, y que todo esto pasa porque hay desconfianza en el órgano investigador.
Además, expresó que se deberá tomar en cuenta la perspectiva de los derechos humanos en estos operativos y acciones que utilizan solamente al Ejército para inhibir a los grupos del crimen, porque son insuficientes y cuestionables en un contexto donde no hay control civil sobre las fuerzas armadas, y donde se han consumado violaciones a los derechos humanos, y principalmente que no se está aportando a que sean las policías comunitarias, que surgen de la misma sociedad, las que se preparen para las tareas de seguridad.
“Sabemos que estas acciones van en contracorriente a las recomendaciones de los organismos internacionales de los derechos humanos; en la visita del Alto Comisionado de las Naciones Unidas a México, una de las recomendaciones al gobierno mexicano fue que se pensara en el actuar de las fuerzas armadas, porque hay un alto grado de violaciones graves cometidas”, explicó.
De acuerdo con Barrera Hernández, pese a que ya hay cuarteles militares, no han abatido la impunidad ni la corrupción. Las políticas de seguridad en Guerrero contradicen las recomendaciones de las tendencias de los organismos internacionales de los derechos humanos, porque se ha documentado que la presencia militar va aparejada a graves violaciones, con un mayor grado de impunidad.
También, Abel Barrera consideró que los soldados están en la calle ante la crisis de gobernabilidad, la crisis y el desorden que hay de las policías, la desconfianza de la población en las instituciones encargadas de velar la seguridad de las personas.
Asimismo, señaló que es evidente que la militarización también sirve para contener la inconformidad social, para inhibir la organización ciudadana, para reprimir y generar miedo y terror.
Aseguró que la militarización en las calles es para resguardar a las instituciones, para desmovilizar a la población, es decir, es una estrategia más mediática, “para tener sometida a una población que está molesta, y exigiendo resultados, porque no hay verdad donde, a 16 meses que llevan los 43 normalistas desparecidos, no hay ningún indicio de que se ataque a los grupos de la delincuencia y que se investigue a las autoridades responsables de estas desapariciones”, indicó.

Los levantados en Chilpancingo serían cinco, no seis, pero sólo hay dos denuncias, dice el fiscal

El fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez, informó que no fueron seis levantados en Chilpancingo sino dos, ya que su dependencia cuenta con dos denuncias presentadas por desaparición, pero según sus investigaciones podrían ser cinco; mientras que uno de los tres estudiantes levantados ayer en Tixtla ya fue liberado.
“Pueden ser cinco los de Chilpancingo del taller levantado, pero sólo hay dos denuncias”, agregó.
También detalló que la banda de secuestradores desarticulada el jueves pasado, tras un enfrentamiento con policías ministeriales y el Ejército en la colonia Salubridad, pertenecía a El Tequilero, y señaló que hasta este jueves en la capital del estado también operaba una escisión de La Familia Michoacana.
Ayer en El Sur se publico que la tarde de este martes, sicarios irrumpieron en el taller Moto Servicios Ayala, donde levantaron a seis jóvenes, entre ellos a una mujer, cerca del Centros de Estudios Tecnológico Industrial y de Servicios (CETIS) No. 136 en la colonia Jardines del Sur, en Chilpancingo.
El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) dijo que sólo se han presentado dos denuncias de personas desaparecidas, pero que las investigaciones de la dependencia daban cuenta de la posibilidad de cinco personas levantadas.
Consultado al término del acto protocolario de arranque de la Operación Chilapa, el fiscal explicó que, mediante una llamada al número de emergencia 066 se informó del levantón de cinco personas, pero “realmente son dos del taller”.
Agregó que se presentaron denuncias de desaparición de dos personas, pero investigarán para saber si fueron o no levantados los otros cinco jóvenes que estaban en el taller.
Durante la mañana de este miércoles, se le preguntó en tres ocasiones al fiscal acerca de los secuestros y levantones en la capital, la primera cuando bajó del helicóptero en el que llegó a la unidad deportiva de Chilapa, donde informó que el reporte proporcionado por el comándate de la Policía Investigadora Ministerial (PIM), era de tres levantados en Chilpancingo y tres en Tixtla.
Este martes, tres estudiantes fueron privados de su libertad por hombres armados en la colonia La Villita, en el municipio de Tixtla, a unos 100 metros de la comandancia de la Policía Municipal, informó la FGE.
En la segunda ocasión se le preguntó sobre el estatus de los seis, a lo que respondió que en Chilpancingo y Tixtla eran levantados; se le reiteró la pregunta sobre cuál era el reporte, pero ante la falta de datos le pidió al comandante de la PIM, Ricardo Zamora Guevara que respondiera a las preguntas de tres medios de comunicación.
Zamora Guevara reiteró que tenían información sobre dos levantados, ya que las familias presentaron la denuncia, además de que no hay testigos que confirmen si se llevaron o no a más personas.
Sobre los jóvenes privados de su libertad en Tixtla dijo que se consideran también levantados, pero que ahí ninguna familia ha presentado una denuncia formal.

Eran tres bandas de secuestradores en la capital; ya fue desarticulada la de El Tequilero, comenta

El jueves de la semana pasada, se enfrentaron hombres armados y policías ministeriales más de una hora, resultando un policía y un sicario heridos, siete detenidos, y dos hombres y una mujer que estaban secuestrados fueron liberados al sur de Chilpancingo.
Tras los hechos, el fiscal dijo que los detenidos fueron consignados, pero no dio más detalles ni los nombres de los detenidos, sólo informó que se desarticuló la banda de secuestradores.
Se le preguntó entonces cuántas bandas delincuenciales operan en la capital del estado, a lo que respondió que no tenía el número exacto, y luego corrigió que son tres, Los Ardillos, Los Rojos y una escisión de La Familia Michoacana que el jueves pasado fue desarticulada.
Enfatizó que la banda de El Tequilero estaba operando en Chilpancingo hasta el jueves pasado, antes de la intervención de la policía ministerial y del Ejército.
Dijo que tenía ya identificado a El Tequilero, y reiteró que probablemente fue policía municipal, aunque no dio a conocer el nombre del delincuente.
Al final de la consulta, confirmó que ayer fue detenido por la Policía Federal en Chilapa el segundo de Los Rojos, Yiovani Anastasio Parra.