Condena la CIDH la campaña de desprestigio contra Álvarez Icaza y los expertos independientes

De manera “categórica” la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la campaña que se lleva a cabo en México para desprestigiar a su secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza, y contra los integrantes del Grupo Interdisciplina-rio de Expertos Independientes (GIEI), que coadyuva en las investigaciones sobre los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre de 2014 en Iguala.

En un comunicado el organismo consideró inadmisible la denuncia contra Álvarez Icaza que interpuso el presidente del Consejo Ciudadano, José Antonio Ortega, fechada el 15 de marzo, por fraude al gobierno federal y los contribuyentes por un millón 250 mil pesos, que el Estado mexicano aportó para gastos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el marco de un acuerdo de asistencia técnica internacional que México solicitó a la CIDH.
El secretario técnico firmó el acuerdo internacional en representación de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), precisa.
La denuncia fue interpuesta por el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la justicia Penal AC, pero el tema fue llevado a debate por la presidenta de la organización Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace hace seis meses, cuando terminó el primer periodo de mandato del GIEI. Entonces la empresaria dijo que Álvarez Icaza cayó en un conflicto de intereses en un caso del que debió excusarse por su nacionalidad.
En el escrito fechado en Washington, DC, la CIDH (órgano autónomo de la OEA) expresa su consternación y considera inadmisible la apertura de una averiguación previa sobre esta base, “porque no constituye ningún delito, (la denuncia) resulta temeraria e infundada”.
Explica que Icaza Longoria firmó el convenio de cooperación con México en su carácter de secretario ejecutivo de la CIDH, a través de la figura de “delegación de firma”.
Conforme a las reglas de la OEA, la contribución financiera voluntaria del Estado mexicano para la instrumentación del acuerdo fue depositada directamente a las cuentas de la Secretaría General de la OEA, por medio de su Secretaría de Administración y Finanzas. Por lo tanto, la CIDH no administró los recursos ni lo hizo el secretario Ejecutivo.
Para aclarar el caso el organismo cita el argumento que usó en la querella para desacreditar la labor de los expertos y del funcionario de la CIDH: que Álvarez Icaza “incorporó a un grupo de expertos en distintas materias criminalísticas, con la promesa de que cumplirían los más altos estándares internacionales y las mejores prácticas regionales, y que tendrían carácter de independientes”.
Sin embargo los quejosos señalaron que Álvarez Icaza “engañó al Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos pues en lugar de ello convocó a participar, con pleno conocimiento de los antecedentes de cada uno de ellos, a personas que en sus anteriores trabajos y funciones desempeñadas y mandatos gubernamentales faltaron a la verdad, a la probidad legal y violaron distintas leyes en sus países respectivos”.
Antes de esta denuncia hubo una campaña dirigida a cada integrante del GIEI para poner en duda su calidad moral y su trabajo en el ámbito de la justicia y los derechos humanos en diferentes partes del mundo, y en especial en América Latina. Los expertos son Claudia Paz y Paz, Ángela Buitrago, Alejandro Valencia, Carlos Beristáin y Francisco Cox.
La CIDH precisó que las partes que firmaron el acuerdo de asistencia técnica internacional (los representantes de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, el Estado mexicano representado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República), estuvieron de acuerdo en la selección de los expertos y expertas.
Recordó que se integró el grupo de trabajo a partir de la solicitud del Estado y de los representantes de los estudiantes, en cumplimiento de los objetivos de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a raíz de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, para hacer una verificación técnica de las acciones de las autoridades y en su caso recomendar las mejores prácticas para una investigación más eficiente.
Durante un periodo de seis meses analizarían las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales, y harían un análisis técnico del Plan de Atención Integral a las Víctimas de los hechos del 26 y 27 de septiembre. Tras el primer informe de trabajo, el 6 de septiembre de 2015, se renovó su mandato por un periodo adicional de seis meses, que vence el 30 de abril.
Del primer informe y conclusiones del GIEI, la CIDH destacó las irregularidades, inconsistencias y ausencias en la investigación de los hechos, de las autoridades estatales.
En particular los cuestionamientos a la tesis oficial “la versión histórica” de los hechos de Iguala que dio a conocer el anterior procurador de la República, Jesús Murillo Karam, de que los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula (desacreditada científicamente por expertos independientes), y la apertura de nuevas líneas de investigación para llegar a la verdad de los hechos.
La Comisión reiteró su respaldo al trabajo del GIEI en todos sus aspectos y acompaña los informes y las recomendaciones que presenta, asimismo, al secretario Ejecutivo de la CIDH, “que en todo momento actuó de acuerdo a las decisiones e instrucciones de los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

No habrá prórroga para los expertos que investigan el caso Ayotzinapa, dice Osorio Chong

A pesar del clamor de los padres de los normalistas de Ayotzinapa para que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se quede en México hasta saber qué pasó con los jóvenes, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que su trabajo concluye en abril y que no habrá prórroga.
En entrevista con Radio Fórmula el funcionario afirmó que hasta ahora se han dado “absolutamente todas las facilidades solicitadas” al grupo de expertos y que el acuerdo con los padres, su defensa y las organizaciones que los acompañan fue que los expertos concluirán su trabajo a finales de abril y así será.
Ante el reclamo de los padres quienes piden que el plazo de la investigación del GIEI sea indefinido o hasta saber qué ocurrió con los 43 normalistas desaparecidos en septiembre del año pasado en Iguala, Guerrero, Osorio Chong señaló que en lugar de discutir eso se avance en la investigación pues todavía “les falta un mes y seguimos trabajando en el tiempo que nos queda”.
Reiteró que hasta el momento y en lo posible, el gobierno mexicano les ha dado a los expertos “todas las facilidades: los ministerios públicos, equipo, nuevas líneas de búsqueda, absolutamente todo para seguir adelante en la investigación de estos lamentables hechos”.
El titular de la Segob recordó que el año pasado se amplió el plazo para las investigaciones del GIEI, y no cabe otro.
“Estamos dentro del plazo, estamos trabajando en el plazo que se les dio. Creo que lo que se tiene que hacer es acelerar el trabajo que viene realizando y en abril termina ese trabajo”, recalcó.

En plena Costera asaltan hombres armados a dos turistas de la Ciudad de México

Hombres armados asaltaron a dos turistas en la Costera y les quitaron sus carteras y celulares.
De acuerdo con reportes de Gendarmería, el atraco ocurrió a las 10 de la mañana frente al hotel Playa Suites, cuando dos hombres armados le apuntaron con pistolas a turistas de la Ciudad de México.
Los delincuentes despojaron a los visitantes de carteras y celulares en la vigilada Costera.
Ante esta situación, los afectados pararon a una patrulla de la Gendarmería para reportar el robo.
Los efectivos de la Gendarmería trasladaron a los agraviados a la Fiscalía Regional de Acapulco para interponer una denuncia, pero el agente del Ministerio Público central no la aceptó porque, dijo, no era la instancia correspondiente, por lo que el trabajador de turno recomendó poner la demanda en el CAPTA.
“No se vale que asalten a turistas”; “la verdad si es una ciudad insegura”; “la atención no es la mejor en Acapulco”, fueron las expresiones de los turistas agraviados.
El 17 de marzo, los gobiernos estatal y municipal dieron el banderazo al Operativo de Seguridad de Semana Santa 2016, con el despliegue de 4 mil 594 que vigilarán la franja turística.

No inició la reparación del daño de los ataques a los normalistas en Iguala, precisa la Segob

Ante el reclamo de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa que rechazaron el anuncio del gobierno sobre la reparación del daño a casi 18 meses de  la desaparición de los jóvenes, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián aclaró que ese proceso no ha iniciado.
En un comunicado explicó en siete puntos de qué manera se llevarán a cabo las tareas de reparación del daño a las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos por sicarios y policías el 26 de septiembre de 2014.
En el documento aclara que lo que inició fue el  Diagnóstico de Impacto Psicosocial en las Víctimas de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, que recomendó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que hará un equipo de profesionales independientes “y el gobierno se compromete a aceptarlo”.
El diagnóstico, agrega, incluye a los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, a los familiares de los estudiantes asesinados y a los estudiantes heridos y a sus familias.
El inicio de los trabajos se refiere al Diagnóstico Psicosocial y  con base en este, “el Estado elaborará un Plan de Atención y Reparación Integral que será consultado con las víctimas y sus representantes”.
Señala que por mandato de ley el Estado tiene la obligación de garantizar la atención, asistencia, ayuda, protección y reparación integral a las víctimas directas e indirectas.
En su quinto punto refiere que la reparación prevista en la ley debe ser “integral, adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño o menoscabo que han sufrido en sus derechos como consecuencia de violaciones a derechos humanos y por los daños que esas violaciones les causaron”.
Afirm que la reparación integral del daño “es mucho más que el pago de una compensación, debe incluir medidas concretas de restitución, rehabilitación, satisfacción y, especialmente, medidas de no repetición”.
Explica que no se ha acordado en este momento ninguna medida de reparación con las víctimas y sus representantes, porque éstas se determinarán a partir del diagnóstico mencionado.
“Tampoco se ha hablado del pago de ninguna indemnización a las víctimas directas e indirectas de los hechos”, al tiempo que destaca que los avances en materia de atención a las víctimas ha sido posible por el trabajo del GIEI.
Tras el anuncio de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Segob de que en próximos días se firmaría un convenio para iniciar los trabajos de reparación a los familiares de los 43 estudiantes, padres de los jóvenes expresaron su rechazo total y calificaron el convenio como “una falta de respeto a los padres de familia”, pues lo que exigen es la presentación con vida de sus hijos, justicia y castigo a los responsables de la desaparición.

Ofrece la PGR 1.5 millones de pesos por el paradero de los ecologistas Eva Alarcón y Marcial Bautista

La Procuraduría General de la República (PGR) ofrece una recompensa de 1 millón 500 mil pesos por la localización del presidente y la coordinadora de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, Marcial Bautista Valle y Eva Alarcón Ortiz, desaparecidos por sicarios protegidos por soldados del Ejército y policías ministeriales el 7 de diciembre de 2011, cerca del poblado de Rodesia, municipio de Tecpan, en la Costa Grande.
A cinco años de su desaparición se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se ofrece una recompensa a quien proporcione información para la localización de los dos ecologistas.
También ofrece una recompensa de un millón 500 mil pesos a quien ayude a localizar a los responsables de los delitos de secuestro, delincuencia organizada y los que resulten, cometidos en agravio de los ecologistas.
En el acuerdo A/037/16 se detalla que el 7 de marzo del 2013 la Dirección General de Atención y Seguimiento a Recomendaciones y Conciliaciones en Materia de Derechos Humanos, de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad (SDHPDSC) de la PGR, se inició una investigación por esos delitos contra los activistas.
En la publicación se dan a conocer los números telefónicos a donde se podrán hacer las denuncias: (55) 53 46 15 44 y 53 46 00 00 extensión 4748 y al correo electrónico [email protected].
Con la misma fecha en el Diario Oficial de la Federación fueron aprobadas otras seis recompensas para desaparecidos de otros estados como Veracruz, Tamaulipas y la Ciudad de México.
Marcial Bautista y Eva Alarcón Ortiz fueron bajados del autobús en el que viajaban hacia la Ciudad de México el 7 de diciembre del 2011, por hombres armados que interceptaron el vehículo después de una revisión de soldados del Ejército.
Los ecologistas fueron sacados del autobús alrededor de la 1:30 de la mañana, cuando iban por la carretera federal Zihuatanejo- Acapulco en la localidad de Rodesia, municipio de Tecpan.
Los testigos relataron que al vehículo se subieron hombres armados y encapuchados, quienes preguntaron por el presidente de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, Marcial Bautista Valle.
Ambos viajaban a la ciudad de México a una reunión con integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabeza el poeta Javier Sicilia.
Durante su desaparición operaba el Grupo Coordinación Guerrero, el cual no dio información de la ubicación de los ecologistas.
Por el crimen fue detenido el comandante de la Policía Ministerial Cesáreo Espinoza Palma, El Ganso.
Desde la desaparición las hijas de ambos luchadores sociales, Coral Rojas y Victoria Bautista iniciaron una intensa búsqueda y demandaron a las autoridades estatales que agilizaran la investigación.
Más por el trabajo de las jóvenes que por la participación del gobierno, el 27 de diciembre del 2012 fue detenido el comandante de la Policía Ministerial adscrito a Tecpan de Galeana, Cesáreo Espinoza Palma, acusado de participar en la desaparición de los ecologistas.
Ese día la Procuraduría General de Justicia (ahora Fiscalía General del Estado) informó en un comunicado de prensa que el jefe policiaco y uno de sus acompañantes, José Jhony López Galván fueron entregados a la Procuraduría General de la República (PGR) para que rindieran su declaración ministerial al respecto.
El Ganso fue señalado de estar en el retén que detuvo el autobús en el que viajaban la madrugada en que los delincuentes se llevaron a los dos ecologistas.
El 14 de diciembre del 2011 fueron detenidos 28 policías municipales de Tecpan de Galeana para que declararan en torno a los hechos, pero sólo 48 horas y luego fueron puestos en libertad.
Durante las investigaciones fue señalado el Ejército como participante en la desaparición de los ecologistas, y el 12 de diciembre de 2012 la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) emitió un comunicado en el que aseguró que ninguno de sus elementos participó, a pesar de los testigos que relataron que antes de que subieran los sicarios al autobús, en un retén un militar subió y preguntó por Marcial Bautista.
En su declaración ministerial uno de los detenidos, José Jhonny López Galván, El Güero dijo que “los mataron de un balazo y luego los quemaron con gasolina y leña en una huerta de mango”, pero según un peritaje a los restos que señaló el delincuente, éstos no correspondían a Eva Alarcón ni a Marcial Bautista.

Ratifica Nestora que va a EU para atender su salud y anuncia que viajará a Sudamérica

La coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, libre hace dos días, ratificó que sale del país para viajar a Estados Unidos y Sudamérica, sin precisar fechas de salida o retorno, para denunciar la situación de los presos políticos en México, y demandar respeto a los pueblos originarios y los sistemas normativos de justicia indígena.
Asimismo, se dijo contenta de haberse reunido con organizaciones de distintos estados –principalmente de Guerrero–, ayer en un encuentro cerrado con activistas de movimientos feministas, de presos políticos y defensores de derechos humanos. En la reunión también participó una comisión de padres de los 43 alumnos detenidos desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa.
De la reunión, Salgado García destacó el acuerdo para lanzar, con acciones dentro y fuera del país, la campaña por los presos el 10 de abril cuando se conmemora el asesinato del general Emiliano Zapata, y promover el tercer encuentro nacional de presos políticos, que se realizará el 23 y 24 de abril en Olinalá.
El anfitrión del encuentro es la Policía Comunitaria, que este viernes la ratificó como su comandante en un acto simbólico al salir de prisión femenil de Tepepan, en la Ciudad de México.
En breve entrevista, la comandante de los grupos de la cañada de la Sierra, informó que intentará estar en el encuentro nacional, pero no lo aseguró.
En estados Unidos, va a revisar su estado de salud física y emocional, para curar las secuelas de dos años siete meses de prisión.
Reconoció el apoyo que ha recibido en México, y que las invitaciones para visitar diferentes países, “precisamente, es aprovechar las puertas que se abren para llevar el mensaje”, explicó.

¿A qué juega el gobierno?

Sobre la detención, que denunciaron luchadores sociales, del excomandante de la Policía Comunitaria de la Casa de Justicia de El Paraíso, Antonio Leobardo Galeana, hace dos días en Chilapa, dijo que no comprende la intención de las autoridades judiciales de encerrar a los policías de la CRAC. “No entiendo que sueltan a uno o agarran a otros, no entiendo el juego del gobierno, creo que tenemos que protestar”.
Sobre las apelaciones para revocar los tres autos de formal prisión, que interpusieron sus presuntas víctimas, y la posibilidad de que la Fiscalía General del Estado también se inconforme, con tono más alto declaró que están en su derecho, “solamente digo que no se vale, ellos saben que esto (su detención) fue fabricado, saben que soy inocente, la víctima soy yo. No me salga con ese juego, de qué se trata: te dejo ir y luego te agarro, de verdad no entiendo qué les pasa”.

La liberación de Nestora es parte de la lucha por los comunitarios presos, dice antropóloga

 

La investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y perito de la defensa de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, Rosalva Aida Hernández Castillo confió en que la libertad de la luchadora social es una parte de la lucha por la libertad de otros siete integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), recluidos en Guerrero.
Explicó que el peritaje en el que ella participó, planteó que las acciones de Nestora Salgado ?por las cuales fue acusada de distintos delitos?, se encuentran en el marco del reconocimiento de la justicia indígena.
En general, explicó que en el peritaje denunció que hay una perspectiva, “bastante existencialista y limitada de lo que es indígena; mi peritaje consistió en explicar el concepto, lo qué es la justicia indígena y el marco legal local, nacional e internacional que la ampara”.
En el documento, dijo, explicaron a jueces porqué “todas las acciones de Nestora, como autoridad de la CRAC, estaban reconocidas por la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena del Estado de Guerrero, el Convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas y tribales, y en el artículo segundo Constitucional”.
Sin embargo, señaló que ahora (en el Poder Judicial) predomina una visión heredada de la antropología clásica de lo que implica ser indígena (lengua, cultura, sistemas normativos, entre otros), pero “las identidades culturales son identidades históricas, cambiantes”.
En el documento, indicó que hay una reivindicación de una memoria propia de la gente de Olinalá.
Asimismo, indicaron en su trabajo los criterios a tomar en cuenta para determinar quién es indígena y quién no, porque lo que caracteriza a la CRAC es una perspectiva bastante amplia; incluye a los pueblos afrodescendientes y a los campesinos que reivindican una historia indígena pero no hablan ningún idioma y tampoco tiene sistemas de cargos.
Señaló que también participó en la investigación de tres peritajes el antropólogo Héctor Ortiz Elizondo, para los casos de cuatro niñas que fueron rescatadas por la CRAC de una red de criminales, un caso de abigeato y de 43 detenidos en la Casa de Justicia de El Paraíso, en Ayutla de los Libres.
Opinó que la liberación de la luchadora social es fundamental para la liberación de los siete integrantes de la CRAC que siguen presos por las demandas de secuestro, “tienen que ser la puerta, ahora para voltear los ojos a los siete compañeros que están ahí, no es el cierre de una lucha, sino la continuidad”.
Entre los detenidos en Ayutla están el coordinador de la Casa de Justicia de El Paraíso, Bernardino García Francisco, el consejero Arturo Campos y el primer comandante, Ángel García García, entre otros. En Chilpancingo, el promotor, Gonzalo Molina así como Samuel Ramírez Gálvez.

“¡Lo logramos!”, exclama Nestora al salir del penal de Tepepan tras 31 meses de encierro

La coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García salió de la torre médica de la prisión de Tepepan vistiendo el uniforme verde olivo de la organización, perteneciente a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), y las manos sujetas con esposas de papel.
Unos 60 policías comunitarios de Olinalá, Huamuxtitlán y Polutla la esperaban afuera, con sus familiares, y activistas de Guerrero y de la Ciudad de México. Casi brinca de alegría cuando uno de los comunitarios, sobrino suyo, le dio el saludo reglamentario “a sus órdenes mi comandante Nestora”, y rompió sus cadenas.
Acto seguido, recibió, como símbolo de autoridad, un rifle negro de diávolos, y con el arma alto, lanzó el grito de victoria, “lo logramos”, en medio de consignas, “¡se ve, se siente, Nestora está presente”.
Uno a uno, los policías, unos jóvenes y otros adultos mayores, comenzaron un desfile para darle un saludo marcial (el golpe de mano sobre la frente), que ella respondió de la misma forma y con abrazos.
Declaró que su libertad es un triunfo de todos los que aportaron un granito de arena a su causa. Añadió que la unidad de los pueblos les permitirá lograr la justicia y la libertad de los presos políticos, “pido el apoyo a todos los compañeros, y seguir organizando a nuestro pueblo”, demandó.
Unos cincuenta reporteros de prensa escrita, radio y televisión, dieron cobertura al acto de liberación atrás del cordón de seguridad organizado por los implacables integrantes de la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta, quienes, sin saber quién era impidieron el paso al ex gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, que llegó al penal para saludar a la luchadora, con su esposa Rosa Icela Ojeda Rivera. Durante su gobierno, Ortega Martínez reconoció que Nestora Salgado y todos los presos de la CRAC, son presos de conciencia pero no los liberó.

Recibe muestras de solidaridad de la sociedad civil

Los activistas de Guerrero comenzaron a llegar a la prisión, que se encuentra en un fraccionamiento residencial al sur de la Ciudad de México, desde las 2 de la madrugada, incluso reporteros de Televisa que esperaban tener la primicia. Luego CNN y Univisión, entre otros.
A primera hora de la mañana arribó el equipo de abogados, las hijas de Nestora, Saira, Grisel y Rubí Rodríguez Salgado, sus hermanas y sobrinos. El cantante de trova guerrerense Lenin Fernández cantó La Primicia, sobre los 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, y Nestora la Libertaria, de su autoría.
Los comuneros de San Salvador Atenco, Estado de México, con sus machetes en alto guiaron las consignas: “¡Nestora, te queremos, por eso te defendemos!”, “Nestora nos da lección de dignidad”, “el puño de la mujer atenta contra el poder”, “cuando una mujer avanza, no hay pueblo que retroceda!”, “¡libertad, libertad a los presos por luchar!”, “la dignidad es primero, luego el cochino dinero” y “Falta Mireles, Gonzalo, Arturo, Samuel…”, y siguieron coreando los nombres de los presos políticos.
También la recibió una comisión de tres padres de 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa; en representación de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Felicitas Martínez; el dirigente del Frente de Organizaciones del Estado de Guerrero (FODEG), Bertoldo Martínez Cruz; una representación de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG); y de la Colonia Popular Emperador Cuauhtémoc, de Chilpancingo.
En caravana –vigilada por agentes del gobierno de la ciudad en automóviles compactos blancos–, se trasladaron al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), en la céntrica delegación Cuauhtémoc mientras contaban del 1 al 43, y gritaban la consigna del movimiento social, “Ayotzi vive, vive, la lucha sigue, sigue”.

Los políticos guerrerenses que la pusieron a prisión

Ante unas 500 personas (y muchas otras que se quedaron afuera cuando se llenó el Centro Prodh), Nestora Salgado denunció que estuvo dos años siete meses en prisión por denunciar al ex alcalde de Olinalá, Eusebio González Rodríguez (ahora diputado local por el PRI), a su síndico procurador Armando Patrón Jiménez y al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero.
Desde su periodo de gestión en la CRAC denunció en mesas con autoridades civiles y militares los vínculos de miembros del Ayuntamiento con la delincuencia organizada.
“Gracias a él (dijo sobre el gobernador) estuve pasando tiempos horribles, que no se pueden expresar en palabras”.
Consideró que un delincuente sabe que cometió un error si llega a prisión, pero en inocentes provoca daño sicológico, “es sentirse enterrado vivo, como en una gaveta”, comparó.
Recordó que pasó 20 meses incomunicada en un penal de máxima seguridad en Nayarit, “se ensañaron conmigo, es difícil luchar contra el gobierno cuando se tiene una consigna, (que) fue por defender a mi pueblo, por denunciar abusos a niños de 7 años, de jóvenes donde hacían videos pornográficos con estos niños. Es horrible que haya pagado por haber querido defender a mi gente, a mi pueblo, a gente humilde”.
Orgullosa expresó, “soy la voz y el rostro de los que nadie ve. Mi gente logró traspasar las fronteras, ¿pero cuántos presos (políticos) son?, se habla de 500 en México”. Insistió en unir todos los esfuerzos de todo el país para luchar por los presos de la CRAC en cárceles de Ayutla y Chilpancingo.
En el hospital de Tepepan, vio que llegaban presos, “con las vísceras destrozadas por los carcelarios, no es justo que lleven al hospital a la gente cuando ya se está muriendo, estimo que en ese hospital cada semana mueren uno, dos y hasta tres presos”.

Desmiente que le hayan condicionado su libertad a no volver a Olinalá

Luego de los pronunciamientos, Salgado respondió una ronda de preguntas sobre si hubo condicionamiento para su libertad, que saliera del país en cuestión de horas, y si temía regresar a Olinalá.
En una mesa al frente de los periodistas, con la feminista Martha Lamas y las esposas de dos policías de la CRAC presos, Nestora Salgado reconoció que irá a Estados Unidos a revisar su salud, con la idea de regresar y seguir con la Policía Comunitaria, “mientras ellos me quieran, ahí voy a estar”, aseguró.
Dijo que no le dieron ninguna condición para su libertad, pues el año pasado le ofrecieron sacarla de prisión si se iba a Estados Unidos, “dije que no, no salgo huyendo, no tengo por qué”.
Añadió que cuando inició su lucha sabía que ponía en riesgo la vida, “no tengo miedo, estoy dispuesta a morir por mi gente”, y demandó al presidente Enrique Peña Nieto que respete a los pueblos originarios sus derechos y a la Policía Comunitaria.
Recordó que al frente de la Policía Comunitaria de Olinalá quiso proteger a mujeres y niñas explotadas por bandas del crimen. Como ejemplo, expuso el caso de la violación de un niño de siete años.
Consideró que hace falta educación a los pueblos, que los padres hablen de sexo con los niños para protegerlos de estas agresiones.

Cuando le pidieron apoyo para proteger a las cuatro adolescentes que luego la acusaron de secuestro, “me voltearon la espalda y tuve que pagar con cárcel por defenderlas”.
Detalló que las madres de las adolescentes le pidieron que se llevara a reeducación a sus hijas porque temían por su bienestar, pues se iban durante días con un banda de delincuentes, sin saber de ellas.
Una reportera de la cadena de televisión Univisión la preguntó sobre las declaraciones de la lideresa de la organización Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, quien advirtió que demandará al juez que le otorgó la libertad.
Nestora Salgado omitió responder, pero reclamó que esta cadena, a partir de la campaña de Miranda de Wallace la presentó como la peor secuestradora, la peor asesina, “no soy asesina, soy una madre que lucha, que defiende, no soy una delincuente”, subrayó.
Dio su reconocimiento a los policías comunitarios que la acompañaron de pie en la conferencia de prensa, “estos señores son de campo, son padres de familia que un día se levantaron, hartos de que nos estuvieran matando a nuestros jóvenes, que se quisieron defender porque nos han pisoteado”.
Desde la capital del país, señaló que los pueblos sufren la miseria, el dolor de perder a los seres queridos por la violencia, “cuando le destrozan a un hijo, que les tuvieron que enterrar sin cabeza, sin brazos, sin pies, que no se pueden despedir porque el cuerpo ya se echó a perder”, y esa información –recriminó– no se difunde en los medios nacionales.
Consideró que la prensa está dejando solos a los comunitarios, que son la solución a muchos problemas en el país.
Las agencias Proceso y Reforma informaron que la comandante llamó al presidente Enrique Peña a respetar a las comunidades indígenas, así como a defender la legalidad de las policías comunitarias.
“Los pueblos no defienden a delincuentes. Le pido su apoyo a nuestros pueblos indígenas y que no siga permitiendo la violación a la Constitución”, expuso.
Aunque sin planes inmediatos para exigir al Gobierno la reparación del daño causado a ella y su familia, afirmó que emprenderá una lucha para liberar a los 500 presos políticos del país.
Además hizo un llamado al gobernador de Guerrero, el priista Héctor Astudillo, para que libere a los nueve policías comunitarios presos en Chilpancingo y a respete la Ley 701 de la entidad, que faculta a los pueblos indígenas a organizarse para defenderse y crear policías comunitarias.
Después de escuchar a sus compañeros, a representantes de las esposas de policías comunitarios presos, y defensores que participaron en las movilizaciones para exigir su liberación, Nestora Salgado reconoció que por el momento no ha pensado en entablar un juicio por el tiempo que estuvo injustamente presa, situación de la que responsabilizó al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, y al ex presidente municipal de Olinalá, Eusebio González.
A la liberación acudieron padres de los 43 normalistas, víctimas de San Salvador Atenco, el vocero de los opositores a la presa La Parota Marco Antonio Suástegui Muñoz, el sacerdote Alejandro Solalinde, policías comunitarios y diversas organizaciones sociales que celebraron con porras a Salgado.

Llega a Zihuatanejo un primer vuelo de Volaris que abre ruta con la Ciudad de México

Este jueves por la tarde, aterrizó en el aeropuerto internacional de Zihuatanejo el primer vuelo inaugural de la aerolínea Volaris, con 150 pasajeros procedentes de la Ciudad de México.
Se trata de una aeronave Airbus 320, matrícula XA-VLM, con capacidad para 179 pasajeros, el cual operará con tres frecuencias: jueves, viernes y domingos; con horario saliendo de la Ciudad de México a Zihuatanejo a las 3:21 de la tarde, llegando a Zihuatanejo a las 4:26 de la tarde; y de Ixtapa a la Ciudad de México, a las 4:51, llegando a la Ciudad de México a las 5:55 de la tarde.
Autoridades estatales y municipales relacionadas con el sector turístico, así como hoteleros e integrantes de la iniciativa privada de este destino de playa se reunieron en la sala de llegadas nacionales de la terminal aérea para recibir a los pasajeros.
Antes, ingresaron a la pista para observar cómo dos camiones de bomberos formaron un arco de agua a modo de bautizo al vuelo inaugural y aprovecharon para tomarse la fotografía del recuerdo con el avión de Volaris de fondo.
Luego, en la sala de llegadas nacionales, los pasajeros de este vuelo -la mayoría de ellos vistiendo una playera color negro con el logotipo de la aerolínea y la leyenda en la parte delantera “CDMX te dejo, me voy pa’ Zihuatanejo” y en la parte trasera “Primer Vuelo Ciudad de México-Zihuatanejo”-, fueron recibidos en medio de una fiesta de bienvenida en la que predominó la música de mariachi, tragos de mezcal y agua de coco embotellada.
Estuvieron en este acto, el secretario de Turismo en el estado, Ernesto Rodríguez Escalona; el presidente municipal de Zihuatanejo, Gustavo García Bello; la presidenta de la Asociación de Hoteles de Ixtapa-Zihuatanejo, Zandra Almada y Alatorre; el director ejecutivo de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Ixtapa-Zihuatanejo, Pedro Castelán Reyna, y el Gerente Senior de ventas de Volaris, Miguel Aguiñiga, entre otros.
Simultáneamente a la ceremonia de bienvenida, los funcionarios y ejecutivos ofrecieron una conferencia de prensa, en donde el gerente de ventas de Volaris manifestó que en las próximas semanas, éste vuelo tiene un factor de ocupación del 82 por ciento, con las tarifas más económicas del mercado.
El alcalde perredista, Gustavo García Bello, agradeció a la iniciativa privada y a las autoridades estatales que colaboraron este nuevo vuelo hacia Ixtapa-Zihuatanejo.
Por su parte, el secretario de Turismo, Ernesto Rodríguez, destacó que “es un verdadero honor que una empresa como Volaris esté confiando en Ixtapa-Zihuatanejo … nuestro agradecimiento eterno por este voto de confianza para nosotros”.
Comentó que en tres meses, se han logrado dos vuelos, de Chicago, Illinois, Estados Unidos hacia Zihuatanejo y ahora, de la Ciudad de México hacia este puerto, “así que es un trabajo que se debe fundamentalmente a las autoridades municipales y al esfuerzo del sector turístico de Ixtapa-Zihuatanejo, ha sido un esfuerzo importantísimo”.
Al término, Rodríguez Escalona fue abordado por los reporteros; esta corresponsal lo cuestionó sobre las expresiones de inconformidad por parte de los representantes de las Asociaciones de Hoteles y Restaurantes de la Riviera Troncones-La Saladita y la Asociación de Hoteles y Restaurantes Bahías de Papanoa, quienes recientemente denunciaron que el secretario de Turismo no ha cumplido con los compromisos contraídos con ambas agrupaciones.
El funcionario, en tono tajante contestó, “primero decirles que yo no hago cocinas, yo no entrego cocinas, no es mi función como secretario de Turismo dar cocinas; yo propongo junto con el sector turístico algunos proyectos que pueden funcionar con recursos que gestionamos de Sectur (la Secretaría de Turismo federal), y que son proyectos para detonar lugares y en estos proyectos está contemplado Costa Grande de manera muy importante”.
Adelantó que tendrá una reunión con diferentes prestadores de servicios turísticos y presidentes municipales de La Unión, Tecpan, Petatlán, Coyuca, San Jerónimo para ver algunos proyectos importantes para poder detonar algunos en esta zona.
Sobre el acto que durante la mañana de éste jueves en el puerto de Acapulco el gobernador entregó mobiliario para las Promotoras de Playa de aquél puerto y para Ixtapa-Zihuatanejo, un reportero cuestionó al secretario respecto a que este organismo no cuenta con la concesión correspondiente para instalarse en la zona federal, lo que ha sido motivo de que en varias ocasiones, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, desaloje el mobiliario.
Ernesto Rodríguez aseguró que ha tenido pláticas con los delegados de la Semarnat y de la Profepa en Guerrero para ver ese tema, “para ir viendo los asuntos jurídicos de las Promotoras de Playa, no solamente la de Zihuatanejo, sino también de Acapulco, que se tiene que ir corrigiendo, no es algo del otro mundo, no es algo que nos preocupe tanto, sino es algo que nos debe de ocupar para ir regularizando lo que no se regularizó en muchos años”.

Entregan abogados de Nestora exhortos al TSJ en la capital para que se resuelva su situación jurídica

 

Los abogados de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, Sandino y Amanda Rivero Espinosa entregaron los exhortos en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de las declaraciones preparatorias que presentó este viernes en la Ciudad de México, para agilizar el proceso; y a partir del lunes inicie el plazo de 72 horas para que los jueces de Guerrero resuelvan su situación jurídica.
Este viernes, Salgado García presentó su declaración preparatoria de tres nuevos procesos penales, sin asistencia consular, y vía telefónica el abogado Sandino Rivero Espinosa informó que se esperaba que los jueces resolvieran su situación jurídica, de formal prisión o libertad, el jueves o viernes.
A la 1 de la tarde de ayer, los abogados Sandino y Amanda Rivero Espinosa acudieron con el secretario General de Acuerdos de la sede del TSJ, en el Zócalo de la capital, para entregar la documentación.
Posteriormente, en declaraciones los abogados informaron que, a partir del lunes el TSJ será el responsable de enviar los expedientes a los jueces de Tlapa, Ayutla y Huamuxtitlán e iniciará el plazo de 72 horas para resolver la situación jurídica de su defendida; esperan que el miércoles o jueves se notifique a la coordinadora de la Policía Comunitaria su situación jurídica.
Amanda Rivero explicó que los tres nuevos procesos contra Nestora Salgado son secuestro, robo, y privación de la libertad y de tentativa de homicidio, por lo que los jueces enviaron una notificación para que en un juzgado de la Ciudad de México la luchadora social hiciera sus declaraciones preparatorias.
Después de las declaraciones de Nestora Salgado, acudieron al TSJ para entregar los exhortos porque el Tribunal es el encargado de distribuirlos a los juzgados de Guerrero, y esperan que se entreguen a más tardar este lunes, cuando comenzará a correr un lapso de 72 horas para que los jueces determinen la situación jurídica de la fundadora de la Policía Comunitaria en Olinalá.
Sandino Rivero manifestó que, durante las administraciones de Ángel Aguirre Rivero y Rogelio Ortega Martínez sólo hubo “mala fe en el caso de Nestora Salgado”, porque durante estas dos administraciones sólo dispusieron del conflicto políticamente.