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Ofrece Peña Nieto desde Colombia “ampliar las investigaciones” sobre lo que pasó en Iguala

A dos años de la desaparición en Iguala de 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, el presidente Enrique Peña Nieto, desde Colombia, reiteró su compromiso de “trabajar a profundidad y ampliar las investigaciones” para que se esclarezcan los hechos.
En un mensaje a los medios de comunicación, en el marco de su participación en las actividades con motivo de la firma de los Acuerdos de Paz en Colombia, que se difundió en un comunicado, Peña Nieto destacó que el único interés que su gobierno ha puesto por delante, con total apertura y transparencia, es saber qué fue lo que sucedió en Iguala la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Señaló que el compromiso de su gobierno es que en la investigación se llegue hasta las últimas consecuencias, se deslinden las debidas responsabilidades y se dé con losculpables.
Y reiteró su “firme compromiso” de “trabajar a profundidad y ampliar las investigaciones que correspondan por parte de la Procuraduría General de la República, a efecto de que estos hechos queden debidamente esclarecidos”.
Su gobierno, apuntó, trabajará para dar con los responsables involucrados y participantes del crimen organizado, de instituciones o miembros de las autoridades y policía municipal.
“Hoy es ocasión para reiterar el firme compromiso del gobierno de la República para llegar hasta sus últimas consecuencias en la investigación que sigue su curso, y que además ha contado con la participación de organismos internacionales”, subrayó.
Entre esos organismos, dijo, destaca la Comisión Interameri-cana de los Derechos Humanos, a la que México “le ha abierto el espacio para involucrarse, para conocer, para que coadyuve en los trabajos que correspondan a la autoridad responsable de llevar a cabo la investigación, que es la Procuraduría General de la República”.
Por otra parte, Peña Nieto sostuvo que su presencia en el país sudamericano este lunes es porque México quiere ser testigo del histórico acuerdo que firmará el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucio-narias de Colombia (FARC).
“Es un acuerdo histórico que pone fin a un conflicto armado, el único de América Latina”, destacó en un hotel en Cartagena.

Critican las reformas estructurales en el desfile de la Independencia en Tototepec, Tlapa

En la comunidad na savi de Tototepec, del municipio de Tlapa, se llevó a cabo un desfile del Día de la Independencia crítico de las reformas estructurales del gobierno federal, que pidió la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa detenidos desaparecidos, la libertad de presos políticos y exigió la construcción de obras que necesita el pueblo.
El desfile de protesta fue encabezado por una escolta formada por autoridades municipales que portaban la bandera, el alcalde Abundio Campos, el presidente de bienes comunales y delegados de los anexos de este poblado.
Siguió el contingente de la Policía Comunitaria adscrita a la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, padres de familia y alumnos de preescolar, primaria, secundaria, del Colegio de Bachilleres y de educación a distancia, que portaban diversas pancartas en que pedían que muriera el mal gobierno, mejores servicios, apoyos a la educación y que ésta sea gratuita.
Al frente llevaban una lona en la que manifestaban que las instituciones educativas de Tototepec se sentían defraudadas y que no aceptarían imposiciones, y preguntaban si creían en la bondades de la reforma.
Otra lona fue la que llevaban niñas de primaria, en la que se preguntaba, “Por qué nos asesinan, si somos el futuro de México”.
Los participantes en el desfile repetían la consigna de “Tototepec unido jamás sería vencido”, pedían la renuncia del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y la presentación con vida de los 43 estudiantes, entre otras demandas.
Tras recorrer las principales calles de la ciudad, el contingente se reunió en la cancha del poblado, donde dijeron que el desfile fue de lucha contra las autoridades federales, estatales y locales, porque arrebataban y pisoteaban los derechos plasmados en la Constitución, por lo que no era un desfile más de alegría sino de protesta, para exigir que las autoridades volteen a ver a Tototepec, que tiene muchas carencias.
Al cierre del desfile habló el representante de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa detenidos desaparecidos, Melitón Ortega, para invitar a los vecinos a seguirse organizando para defenderse de las acciones del gobierno federal, y los llamó que se sumen a las actividades simultáneas del próximo 25 de septiembre, en la víspera del segundo aniversario de la desaparición y agresión a los estudiantes de la Normal en Iguala.
Invitó también a participar en la acción global del 26 de septiembre en la Ciudad de México, donde marcharán del Ángel de la Independencia al Zócalo, con diversas instituciones de educación, organizaciones sociales y la población en general.
Dijo que los padres de los 43 normalistas ven como una burla e impunidad la designación de Tomás Zerón de Lucio como nuevo secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad (CNS), por lo que no reanudarán el diálogo con la Procuraduría General de la República (PGR) si no se castiga al funcionario por ensuciar la investigación.

Pide el PRD al gobierno federal respuesta integral para la protección a los alcaldes


La dirigencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se reunirá el martes con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, para solicitar un programa integral de seguridad para los alcaldes amenazados por el crimen organizado.
Alejandra Barrales, presidenta nacional del PRD, informó que acudirá a Bucareli la próxima semana.
“Nuestra exigencia va más allá de un tema de escoltas para los presidentes municipales; nos interesa que haya una respuesta integral de parte del Estado, en la que se den garantías a todos los alcaldes, y eso pasa por el principio de la recuperación del espacio público”, dijo Barrales en conferencia de prensa.
La lideresa perredista rechazó una vez más la respuesta reciente del gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, quien, ante el asesinato del alcalde perredista de Pungarabato, Ambrosio Soto, justificó con que se había metido a una zona peligrosa.
“Nos interesa que la salida fácil (para resolver el asesinato de los alcaldes) no sea vincularlos de inmediato con el narco”, dijo.
En el edificio del PRD, Barrales consideró que la respuesta debe incluir no sólo seguridad sino, por ejemplo, mejoras económicas y garantías de todos los servicios públicos en los municipios.
“No queremos más policías ni Ejército, sino el entendimiento de que necesitamos medidas integrales”, sostuvo.
Por la tarde de ayer, la secretaria general del PRD, Beatriz Mojica, arribó a la sede de la Comisión Nacional de Seguridad, donde se reunió en privado con el titular de la dependencia, Renato Sales.
De acuerdo con un boletín del PRD, en dicha reunión este instituto político pidió que se revise la estrategia de seguridad para brindar mayor protección a los alcaldes del estado de Guerrero.
Asimismo, se exigió la colaboración de la CNS para que se llegue a fondo en las investigaciones para esclarecer el homicidio del Alcalde de Pungarabato.
La CNS explicó cómo se encuentra el despliegue y la presencia de elementos de la Policía Federal en municipios de la entidad en la que las autoridades locales han solicitado el apoyo del gobierno federal para garantizar la seguridad.
“Exigimos a Renato Sales garantizar la seguridad de las autoridades municipales de todos los partidos políticos”, informó Mojica mediante su cuenta de Twitter.
En la reunión también participaron el alcalde de Acapulco y coordinador nacional de Autoridades Locales del PRD, Evodio Velázquez; el secretario de Asuntos Municipales, Carlos Sotelo, además del presidente del PRD en Guerrero, Celestino Cesáreo.
El pasado sábado en la noche fue asesinado el alcalde perredista de Pungarabato, Guerrero, Ambrosio Soto, el cual, desde noviembre de 2015, había denunciado amenazas de un grupo que formó parte de Los Caballeros Templarios.

Se reúnen padres de los 43 y la procuradora; insisten en la salida de Tomás Zerón de la AIC


Una vez más la procuradora general de la República, Arely Gómez González sólo reiteró a las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, que en la investigación de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014, se trabaja con “exhaustividad y profesionalismo”.
La reunión entre ambas partes se llevó a cabo un día después de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer que la causa de la muerte del normalistas de Ayotzinapa Julio César Mondragón Fontes, una de las víctimas de Iguala, se debió a la multiplicidad de golpes que recibió de policías y criminales, y de que perros y roedores fueron los responsables del desprendimiento de la piel de su rostro.
En la reunión los padres demandaron que se mantenga presos a los policías que atacaron a Julio César Mondragón y sostuvieron sus anteriores demandas: que se dé seguimiento al libro blanco elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), así como la destitución de Tomás Zerón de Lucio, titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) a quien señalan de sembrar pruebas en el basurero de Cocula.
En un comunicado la PGR señaló que en la reunión en la sede central de la dependencia, la procuradora refrendó ante los familiares de los jóvenes normalistas el compromiso indeclinable de la institución de esclarecer el caso.
Durante el encuentro se expusieron los avances en las distintas líneas de investigación y se informó sobre las acciones de búsqueda que se realizan, contando para ello con instrumentos tecnológicos de punta.
Según la PGR, en un “ejercicio de plena transparencia” se dio cuenta de los últimos avances en la investigación, como las diligencias practicadas a raíz de las últimas detenciones de personas relacionadas con el caso, análisis exhaustivo en materia de telefonía y trabajos periciales en curso.
Además, Arely Gómez escuchó con atención los diversos planteamientos de los familiares en relación con el desarrollo de las indagatorias y enfatizó en su disposición para seguir trabajando de manera cercana y conjunta, tanto en los mecanismos de búsqueda como en los demás aspectos de la indagatoria, dice.
En la reunión estuvieron el subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, Eber Omar Betanzos Torres; Alfredo Higuera Bernal titular de la Oficina de Investigación del Caso Iguala, así como Luis Grijalva Torrero, responsable del Órgano Interno de Control.
Ninguno de ellos dio respuesta a los planteamientos de los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, quienes nuevamente solicitaron la destitución de Zerón de Lucio como uno de “los planteamientos irrenunciables” ya que en opinión del abogado Vidulfo Rosales, el Mecanismo Especial de Seguimiento a Víctimas no dará resultados.
Así, temen que una vez más la PGR cambie las investigaciones y recomendaciones que adelantó el GIEI.
Desde el 25 de abril cuando los padres exigieron por primera vez la destitución de Zerón de Lucio, éste suspendió sus apariciones públicas.
Luego del encuentro con la titular de la PGR, los padres de familia se dirigieron a la sede de la Cancillería, donde quitaron su plantón iniciado hace seis días, luego de agradecer el apoyo de artistas y ciudadanos, quienes se solidarizaron con el movimiento de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.

Acepta el Estado que el presidente de la CIDH esté en el mecanismo para el caso Ayotzinapa, informan

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aceptó que el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), James Cavallaro, también relator para México, forme parte del mecanismo internacional de seguimiento en el caso Ayotzinapa, informó el vocero de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, Felipe de la Cruz.
En consulta telefónica De la Cruz recordó que otro planteamiento de los padres, es que dos de los cincos integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), se incluyan en el mecanismo que dará continuidad a las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR).
Sin embargo, precisó que este punto, entre otros que plantearon a la canciller Claudia Ruiz Massieu Salinas hace dos días, serán resueltos hoy en la reunión de la representación del país con los comisionados de la CIDH.
Indicó que los padres solicitaron también que el nuevo mecanismo haga un monitoreo mensual a las investigaciones de los crímenes de la noche del 26 y 27 de septiembre en Iguala, con base en las recomendaciones y líneas de investigación que planteó el GIEI, hasta el cierre de su segundo mandato.
Lo que quieren los familiares de las víctimas es que los nuevos expertos internacionales asistan a las reuniones de seguimiento mensual de los padres con las autoridades, donde la PGR da cuenta de los avances, de diciembre de 2015 a la fecha.
Subrayó que la funcionaria mostró disposición, y que “probablemente se integren (también) las propuestas del gobierno mexicano”. Aclaró que aún no saben quiénes ni cuántas personas se pueden integrar al mecanismo, y la temporalidad de las visitas periódicas.
Informó que como representantes de los familiares de los desaparecidos y de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, y de los heridos y asesinados, acudirá a la reunión el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Mario Patrón, quien firmó en nombre de las víctimas las medidas cautelares que a pocos días de los ataques de Iguala les otorgó la CIDH, y que el gobierno mexicano está obligado a acatar.
Felipe de la Cruz adelantó que los movimientos por los 43 en Estados Unidos protestarán durante el encuentro.
Por otra parte, los padres regresaron de la Ciudad de México a la Normal Rural de Ayotzinapa, donde tienen su sede.
Informó que los padres volverán a la capital del país el 24 de enero para preparar la protesta de la acción global del 26 de mayo, a un año y ocho meses de los ataques en Iguala.

Es elevada la tarifa de 10 pesos, señalan ciudadanos y piden información sobre las tarjetas

 

Tarifa elevada, desconocimiento de rutas y del lugar de venta de tarjetas, fueron las expresiones de los usuarios tras la campaña de información de los brigadistas del Acabús.
Ayer en la tarde, los brigadistas repartieron los tres trípticos destinados a usuarios, automovilistas y familia en la Base Naval.
Los peatones, transeúntes e incluso pasajeros coincidieron que la tarifa de 10 pesos es elevada, y pidieron regularizar el pasaje del nuevo transporte que comenzará a operar a partir del 31 de mayo.
Sin embargo, los “brigadistas” indicaron que el pasaje de 10 pesos incluye tres transbordos en distintos camiones, es decir el usuario que viaje de El Retorno hasta la Base Naval pagará solo esa cantidad.
Otra de las expresiones de los usuarios fue el desconocimiento de las rutas del Acabús, aunque los brigadistas explicaron el método de utilizar las rutas troncales y alimentadoras.
Por ejemplo, una señora expresó que cómo llegaría a la Ruiz Cortines (zona de hospitales) desde la Base Naval con el Acabús, y una brigadista respondió que el nuevo transporte no abarca hasta la vialidad referida, pero que puede utilizar dos camiones: un convencional ruta Base Naval-Oviedo y trasborda a una alimentadora, la Florida por Niños Héroes.
Otra duda generalizada fue la adquisición de la tarjeta, sin embargo los brigadistas dijeron que hasta ayer tenía la información de que se obtendría dentro de las estaciones del Acabús.
En declaraciones, una brigadista dijo que el precio de la tarjeta inicialmente será de 20 pesos, 10 del plástico y el resto equivalente a un pasaje. Posteriormente el usuario “recargará” el saldo a utilizar.
Recomendó a los usuarios depositar en el aparato recaudador la moneda de 10 pesos y no billetes, porque la máquina no está programada para devolver cambio.
Informó que después de emitir la campaña de información del Acabús en las principales avenidas en las que circulará el nuevo transporte, los brigadistas se trasladarán a las colonias para explicar el uso de las rutas alimentadoras.
Mencionó que los 60 brigadistas reciben cada uno 100 trípticos de los tres conceptos. Es decir 300 folletos, aunque la meta diaria es entregar 80 de cada uno.
Añadió que los peatones se le entregaron dos trípticos: el de usuario y cómo utilizar las rutas y la tarjeta; y el de la familia, o los beneficios del Acabús a su economía, seguridad y movilidad.
Abundó que a los automovilistas solamente se le otorgó un folleto que indica evitar invadir el carril confinado y respetar los señalamientos viales.

Piden al gobierno alemán que incluya la desaparición forzada en la agenda de la visita del presidente Peña

 

En vísperas de la visita del presidente Enrique Peña Nieto a Berlín, el 11 y el 12 de abril, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México exigió que en su agenda incluya la desapareción forzada y, como ejemplo emblemático, el caso de los 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa.
En una carta abierta fechada en Stuttgart, Alemania, los firmanes exigieron al presidente Joachim Gauck, y la canciller federal Angela Merkel, que en la visita del presidente de México incluyan en la agenda a los derechos humanos.
Indicaron que la crisis de derechos humanos “ha adquirido dimensiones catastróficas en este país, pues cifras oficiales mencionan que se desconoce el paradero de casi 27 mil personas”.
Sin embargo, denunciaron que las autoridades casi no han adoptado medidas para aclarar estos crímenes, por ejemplo, de la “inacción” gubernamental señalaron el caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos desde septiembre del 2014.
Recordaron que la desaparicion forzada de 43 normalistas reveló la colaboración entre las autoridades estatales y el crimen organizado, y “desató un gran desconcierto en México y a nivel internacional”.
Pero precisó que el caso es, “sólo la punta del iceberg” de este grave problema, y sólo ante la presión internacional las autoridades mexicanas comenzaron una investigación con el acompañamiento del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), subsdidiado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Destacaron que el Grupo presentó una serie de resultados que refutaron la tesis principal de la Procuraduría General de la República (PGR), sobre el destino de los normalistas, que sigue sin ser aclarado.

El caso Ayotzinapa y las armas alemanas exportadas ilegalmente

Aunque no lo precisan, el caso Ayotzinapa también fue vinculado a la exportación ilegal de armas de Alemania, que policías usaron contra estudiantes de Ayotzinapa en un desalojo en Chilpancingo el 12 de diciembre de 2011, con un saldo de dos estudiantes muertos, y en los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, donde fueron asesinadas seis personas y desaparecidas 43.
Se trata de la entrada de 9 mil 652 fusiles de asalto G36 alemanes a Guerrero, entregados a policías entre 2006 y 2009, pese a las prohibiciones de venta de este tipo de armas a estados en conflicto, ante las constantes violaciones a los derechos humanos.
Investigaciones alemanes han dado cuenta del uso de estas armas para reprimir movimientos sociales y estudiantiles, y señalaron el asesinato del normalista Julio César Mondragón Fontes, encontrado con el rostro desollado pocas horas después de los ataques del 26 de septiembre.
La Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México señaló que, tras los hechos de Iguala, en México se perdió la confianza en las instituciones estatales, porque las desapariciones, afirmó, “no únicamente” están relacionadas con el crimen organizado.
Afirmaron que también las fuerzas estatales de seguridad “son responsables de graves violaciones de derechos humanos en México”.
Informaron que la corrupción, “alcanza niveles más altos en la política nacional. Por eso no parece ser probable recibir una sanción por crímenes de violaciones de derechos humanos”.
También denunció detenciones arbitrarias y tortura ejercidas por policías y soldados, “so pretexto de la lucha contra el crimen organizado”.
Señalaron que, a través de la tortura se consigan las confesiones de delitos, y así se agilizan las averiguaciones; y los polícias y militares que torturan no temen a ser acusados porque, en la mayoría de los casos, la víctima permanece en la cárcel, a pesar de la falta de evidencias del delito.
Señalaron que a partir de la presión internacional, el gobierno mexicano presentó un bosquejo de leyes contra la tortura y la desaparición forzada de personas, que no corresponden con los estándares internacionales, y rechaza las recomendaciones y resultados de investigación de organizaciones internacionales de derechos humanos y Comités de las Naciones Unidas, para la mejora de la situación de derechos humanos en México.
Así, se atacó y difamó a expertos como el Relator Especial sobre la Tortura de las Nacionales Unidas, Juan Méndez, y a los integrantes GIEI, que señalaron irregularidades de la administración estatal.
Al mismo tiempo, el gobierno del presidente Peña Nieto promociona la inversión de mercados internacionales y promueve nuevas leyes en áreas de energía, minería, extración de gas y petróleo, que tendrán repercusiones considerables en unas 32 mil comunidades agrícolas en México, y en las casi 28 millones de personas que viven en zonas rurales.

No hay en México mecanismos de protección a periodistas y defensores, acusan

Asimismo, informaron que defensores de derechos humanos y periodistas, que señalan las irregularidades y exigen cambios, son víctimas de campañas de desprestigio, represión e incluso asesinato, y no existen mecanismos de protección suficiente a periodistas amenazados como indican los recientes y numerosos asesinatos de periodistas críticos.
De acuerdo con la clasificción mundial de la libertad de prensa, de Reporteros sin Fronteras, México es el quinto país en asesinatos de periodistas, y la organización Artículo 19 tiene a la Ciudad de México, Veracruz y Guerrero como las entidades mas peligrosas para ejercer el oficio de informar.
Asimismo, exigeron que Alemania pida mejoras de la situación de derechos humanos a Peña Nieto, y en particular en la creación de leyes para que las iniciativas contra la tortura y desapariciones forzada correspondan con los estándares internacionales, y que se disponga de mecanismos efectivos de participación y monitoreo de la sociedad civil, y de las asociaciones de víctimas en la realización y aplicación de estas leyes.
De igual manera, solicitaron que en la práctica se garantice el derecho a las comunidades indígenas de su consentimiento, libre, previo e informado en la planeación y desarrollo de megaproyectos, como está establecido en el Convenio 169 de la OIT, y que se fortalezca el Mecanismo de Protección para los defensores de derechos humanos y periodistas, basándose en las recomendaciones de la sociedad civil.

Rechaza Amnistía Internacional el peritaje al basurero de Cocula; no prueba nada, asegura

La organización de defensa de los derechos humanos, Amnistía Internacional (AI) rechazó el peritaje de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el fuego en Cocula, y aseguró que “no prueba absolutamente nada” de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Con los resultados que dio a conocer sobre el peritaje forense sobre fuego el gobierno federal “sólo juega con el sufrimiento de las familias, negándoles su derecho a la verdad y la justicia”, y lo peor es que “se ha atrevido a llamar estos hallazgos ‘conclusivos’”, puntualizó en un comunicado Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de AI.
“Lo único que este peritaje de fuego prueba es que en algún punto en la historia, hubo un fuego o una serie de fuegos en el basurero de Cocula. Durante meses se ha sostenido que en ese lugar habrían sucedido eventos de fuego durante casi una década. Maquillar esos resultados para presentarlos como algo innovador es un enfoque totalmente burdo”, subrayó.
“El mundo tiene derecho a saber la verdad sobre este caso”, demanda.
Las declaraciones de Guevara-Rosas se dan luego de que el viernes 1 la PGR anunció los hallazgos de peritos nombrados para presentar un nuevo peritaje sobre el destino de los 43 estudiantes que fueron desaparecidos forzadamente en el estado de Guerrero en septiembre de 2014.
Ese peritaje de fuego fue realizado por las autoridades después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó resultados que sólidamente refutaron la teoría gubernamental, de que los cuerpos de los estudiantes habrían sido incinerados en el basurero de Cocula.
El GIEI censuró la divulgación de hallazgos preliminares y consideró roto el acuerdo para colaborar con el gobierno en este aspecto de la investigación forense, concluye AI.

Diputados de la comisión para Ayotzinapa se reunirán con Murillo y expresarán si apoyan que siga el GIEI

El próximo 6 de abril la comisión especial sobre el caso Ayotzinapa de la Cámara de Diputados se reunirá en privado, fuera de las instalaciones de San Lázaro, con el ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR) Jesús Murillo Karam, para hablar de la actuación de la dependencia federal.
Durante la sesión ordinaria de la comisión especial que preside la panista Guadalupe Murguía se notificó la fecha del encuentro, y se aclaró que será una “reunión de trabajo”, debido a que no están facultados para llamar a comparecer a funcionarios o ex funcionarios, como Murillo Karam.
El encuentro será en un lugar “rentado” y no se permitirán grabaciones ni el ingreso de celulares.
Ayer también se decidió que el mismo 6 de abril, en reunión extraordinaria, los miembros de cada partido político externen si apoyan la idea de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) continúe en México por un periodo más.
La diputada de Morena, Araceli Damián aclaró que la permanencia o no del GIEI no va aparejada con la disolución de la comisión especial, pues esa instancia, explicó, es para “dar seguimiento” a las recomendaciones de los expertos, “y muchas de ellas aún no se han cumplido”.
Si los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM), Encuentro Social (PES) y Nueva Alianza (Panal) logran la mayoría de votos para no brindarle apoyo al GIEI, puntualizó, “ello no va a significar de modo alguno la desaparición de la comisión especial”.
Por otro lado, los representantes de partidos afines al gobierno de Enrique Peña Nieto propusieron que la comisión especial “votara” si acepta o no el uso de la tribuna de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
La legisladora de Morena calificó de “absurdo” ese hecho, debido a que –subrayó– es la Junta de Coordinación Política (Jucopo) la que debe aceptar o rechazar la petición de los padres de familia.
En enero pasado la Jucopo señaló que la petición del uso de la tribuna debe surgir de los padres de los 43 jóvenes desaparecidos, y no como propuesta del poder Legislativo.
Ese mes, 22 de los 43 padres solicitaron el uso de la tribuna de San Lázaro en un documento que fue entregado a la comisión especial para que lo remitiera a la Jucopo. Ahora la comisión tiene una nueva petición con la firma de los 43 padres, quienes desean exponer desde la “máxima tribuna” los hechos ocurridos el 26 y el 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Ayer el PRI buscó que la comisión especial “votara” de una vez si se les daba la tribuna, pero finalmente el tema se trasladó para la siguiente semana. Y dado que fue la propia Jucopo la que determinó desde un inicio el mecanismo, es esa instancia la que debe aceptar o rechazar la demanda de los 43 padres.
Ayer cuando los coordinadores parlamentarios abordaron el tema y presentaron la carta con la firma de los 43 padres de familia, el priista César Camacho, quien encabeza la Jucopo, dijo que es “inviable jurídicamente” que “comparezcan” en la Cámara de Diputados para exponer su posición respecto de los avances en las indagatorias del caso Ayotzinapa. Añadió: “Se buscará el mecanismo” para que se pueda llevar a cabo un encuentro con los padres, “pero no a manera de comparecencia”.

Hay en Guerrero 2 mil 400 acreditados en cartera vencida, informa el Infonavit

La delegada del Instituto Nacional del Fondo de Vivienda (Infonavit), Blanca Parra Bedrán, informó que a propuesta de los representantes de sindicatos se planteó la reducción del “factor de pago sobre la cartera vencida”.
En declaraciones al concluir la reunión mensual de la Comisión Consultora del instituto, que se realizó en sus oficinas, Parra Bedrán detalló que en Guerrero son 2 mil 400 personas que están en cartera vencida, mismas que podrían ser beneficiadas en caso de que la propuesta sea aprobada en oficinas centrales.
Detalló que hay 35 mil 900 cuentas que se manejan en cartera, de las cuales 33 mil 280 son vigentes al mantener sus pagos mensuales y 2 mil 400 las que están en cartera vencida.
Explicó que debido a que Guerrero carece de opciones de trabajo, “pues más del 50 por ciento trabaja en ese ramo como prestadores de servicios turísticos y según las temporadas vacacionales” es que los representantes sindicales en la entidad optaron por pedir que se establezcan mecanismos “aunque sean temporales”, para que se beneficie a los trabajadores.
“Las actuales temporadas altas no son las mismas que las de hace algunos años y en la reunión se habló de la posibilidad de plantear la estrategia, aunque sea temporal, hasta que la entidad obtenga una estabilidad financiera para que los derechohabientes cubran sus deudas porque son los que menos ganan”, expresó.
Parra Bedrán mencionó que la solicitud para el refinanciamiento se hizo en octubre del año pasado al director del Infonavit y mediante el sector obrero solicitaron una audiencia con el nuevo director general para presentar la iniciativa de manera personal.
“La nueva agenda estratégica del Infonavit establece los mecanismos de trabajo de las comisiones consultivas regionales y ahora se está involucrando a los representantes del sector obrero y sindical para que también generen propuestas, y a partir de ello en la Comisión Nacional Consultiva propuso la reducción del factor de pago para apoyar a los trabajadores con cuentas vencidas que se han ido incrementando con el tiempo”, abundó.
Acotó que la propuesta se basa en que Guerrero forma parte de los estados que la federación catalogó como entidades vulnerables económicamente, entre los que se encuentran además Oaxaca, Michoacán y Chiapas.
“Con base en el criterio que establece la federación de alta vulnerabilidad de las entidades del sur sureste, es que la Comisión Consultiva Regional del Infonavit, de la que forma parte el sector de los trabajadores, solicitó que se estudie una reducción del factor de pago”, explicó la funcionaria federal.
Añadió que el estudio no debe afectar a los trabajadores que mantienen la subcuenta de vivienda y que no ejercen un crédito, pues se tiene que garantizar que al momento de que ellos se retiren, su cuenta ha tenido rendimientos.