Etiqueta: Ciudad de México

Fue detenido en la CDMX el operador financiero de Los Rojos, según reportes oficiales

El operador de la organización delictiva Los Rojos, Jesús Esteban Mazari Taboada fue detenido por fuerzas federales en la delegación Benito Juárez de la Ciudad de México.
Según los reportes oficiales, Mazari Taboada es primo del líder de ese grupo criminal que opera principalmente en los estados de Morelos y Guerrero, identificado como Santiago Mazari Hernández, El Carrete.
El detenido fungía como enlace de Los Rojos en la Ciudad de México para el trasiego de heroína, cocaína y la droga conocida como china white, una mezcla de heroína con fentanil, hacia Estados Unidos.
Según las autoridades era uno de los principales “blancos” del catálogo del Centro Nacional de Fusión de Inteligencia y su neutralización es relevante para afectar la estructura logística y operativa de Los Rojos.

Durante la captura, efectuada por agentes de la Agencia de Investigación Criminal en coordinación con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, le fueron asegurados un arma corta, 1 kilogramo de cocaína y 48 dosis de esa droga.
Mazari Taboada fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público federal de la Procuraduría General de la República (PGR).

Siguen impunes los asesinos de los normalistas en el desalojo a la autopista, denuncia Felipe de la Cruz

 

El plan de acción de fin de año de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos comienza el próximo sábado, en la Asamblea Nacional Popular que se reúne en la Normal Rural en Tixtla, y continúa con la conmemoración del desalojo a balazos de una manifestación de normalistas en la Autopista del Sol ocurrida el 12 de diciembre de 2011, informó el vocero Felipe de la Cruz.
En Chilpancingo a donde acudió a invitar a organizaciones magisteriales y sociales a que vuelvan a participar en la ANP de Ayotzinapa, el activista añadió que el 20 de diciembre comenzará una caravana que llegará el 26 de diciembre a la basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, y ahí los padres participarán en una misa de 27 meses de los crímenes de Iguala.
Señaló que algunos de los puntos de la caravana serán Taxco y Cuernavaca, y que se tiene previsto un mitin en la caseta de cuota de Tlalpan el día que lleguen a la Ciudad de México, y de ahí ir a la basílica.
Como de costumbre el día 27 llevarán una ofrenda floral a los sitios donde fueron asesinados los normalistas César Mondragón Fontes, Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo en los ataques de la fuerza pública en Iguala.
De los hechos del 12 de diciembre donde policías estatales, federales y ministeriales desalojaron a balazos el bloqueo de los normalistas, asesinaron a dos estudiantes, Gabriel Echeverría de Jesús y Alexander Herrera Pino e hirieron a tres más de bala, De la Cruz denunció que sigue la impunidad y los perpetradores materiales e intelectuales siguen “como si nada paseando por las calles, como si no hubieran matado, sigue el encubrimiento (de los políticos) entre ellos mismos”.
Mencionó que Ángel Aguirre Rivero era gobernador cuando ocurrió la agresión a los estudiantes, así como la noche en que fueron atacados, asesinados y desaparecidos los normalistas en Iguala, en 2014.
Agregó que con los padres de los desaparecidos están visitando las regiones para llamar a la unidad el 12 de diciembre, para que las muertes de Gabriel y Alexis no queden impunes, aunque es una fecha dolorosa para sus padres, consideró que debe ser también un día de dignidad y de rabia.

Encubrimiento político y militar

Por otro lado, informó que el mecanismo de seguimiento especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revisa las líneas de investigación que propuso el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) antes de salir del país, particularmente de la participación de los policías de Huitzuco y del personaje identificado como El Patrón, a quien se presume fueron llevados un grupo de los 43 normalistas desaparecidos.
También la participación de los militares, que se negaron a ser entrevistados por los expertos independientes, y que nuevas investigaciones periodísticas los colocan en los ataques a estudiantes, así como en los escenarios de la desaparición.
Aclaró que aún mantienen la posición de no reunirse con funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), mientras no sean investigados y sancionados los funcionarios responsables de graves irregularidades cometidas durante la primera fase de la investigación, principalmente, el anterior director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio
Desde que los padres se levantaron de la mesa ha habido rotaciones en los cargos federales relacionados con el caso Iguala. De entrada Zerón de Lucio fue nombrado secretario técnico del Consejo de Seguridad nacional. En octubre la procuradora Arely Gómez se fue presidir la Secretaría de la Función Pública y fue sustituida en la PGR por Raúl Cervantes Andrade. Hace un mes el subprocurador de Derechos Humanos, y responsable de la oficina de investigación del caso Iguala, Eder Omar Betanzos, fue nombrado subsecretario de la Función Pública, y en su lugar en la PGR quedó Sara Irene Herrerías Guerra.
De las actuaciones de la Oficina de Investigación, De la Cruz aclaró que no están de acuerdo en que todos los esfuerzos están dirigidos a buscar a los 43 normalistas muertos, “son dos años y meses de los crímenes y la PGR no pueden demostrar que están fallecidos. Por eso la insistencia nuestra de que los busquen en vida”.
Insistió en que se abran los cuarteles, ya que los militares también son protegidos, dijo en relación con el nombramiento del exjefe militar de Iguala, Alejandro Saavedra Hernández, que fue nombrado inspector y Contralor General de la Secretaría de la Defensa Nacional.

 

Recriminan padres de los 43 a diputados que no exijan su búsqueda y castigo a los culpables

Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos recriminaron a diputados federales de distintos partidos políticos que no hacen uso de sus facultades, para exigir al gobierno federal que localice a los jóvenes y castigue a los responsables.
Al hacer uso de la tribuna del Salón Legisladores de San Lázaro, demandaron a la Cámara de Diputados que reconozca la legitimidad de su lucha, y que exhorte a la Procuraduría General de la República (PGR) a que cumpla todas las recomendaciones emitidas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso Ayotzinapa.
“Ustedes están puestos por el pueblo y deben de ayudar al pueblo, pero desgraciadamente son personas que al llegar al poder pensamos que todo lo tenemos, y lo peor de todo es que se amparan en el fuero federal, que se creen intocables por tener ese fuero”, reprochó Mario César González Contreras.
“Ojalá y como me gustaría que la mayoría de ustedes tuviera conciencia que ese fuero les hace daño, porque tienen mucha hambre de poder, mucha hambre de dinero, pero para nosotros los 43 padres de familia, el hambre es encontrar a nuestro hijos”, expuso.
Cristina Bautista Salvador indicó que las familias de los normalistas desaparecidos no han recibido ningún gesto de apoyo de los legisladores y que por el contrario, algunos diputados han puesto en duda la legitimidad de su movimiento.
“Jamás recibimos de ustedes ninguna palabra de apoyo durante todo el tiempo que han sido diputados no han movido ni un dedo para ayudarnos a exigir justicia, mientras nosotros hemos marchado por todo el país para denunciar la impunidad de los desaparecidos, miles y miles que están desaparecidos en nuestro país”, señaló.
El sobreviviente de los ataques en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014 cuando la Policía Municipal disparó contra los jóvenes y se llevó a 43 de ellos, Ernesto Guerrero Cano exigió que los diputados actúen para que el caso sea resuelto.
“Cada uno desde sus respectivas atribuciones aporte algo, lo que pueda, lo que esté en sus manos para el esclarecimiento de lo sucedido en Iguala. No queremos más mentiras, no queremos que a los padres de familia se les intente comprar, se les intente callar de una u otra forma”, dijo.
Los padres entregaron a los diputados los dos tomos con las recomendaciones del GIEI.
En la reunión en la que los padres colocaron mantas con las fotografías de sus hijos desaparecidos estuvieron integrantes de las comisiones de Justicia, Derechos Humanos, Gobernación y la Especial para el caso Ayotzinapa.
La sesión fue difundida en el canal del Congreso por televisión de paga e Internet. Por los 43 desparecidos subieron a estrado madres y padres, un sobreviviente de Ayotzinapa y el abogado Vidulfo Rosales Sierra en una primera intervención.
Continuó la participación de los representantes de ocho parlamentarias y un diputado independiente y concluyó la sesión con dos padres del movimiento y los familiares del normalista herido de bala en la cabeza el 26 de septiembre, Aldo Gutiérrez Solano, que se mantiene en estado vegetativo. Todas las participaciones fueron escuchadas en silencio, y al final los activistas gritaron la consigna de lucha: “¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.

“Venimos a emplazar a que hagan algo”

La señora Cristina Bautista Salvador, madre del normalista desaparecido Benjamín Ascencio Salvador saludó en náhua, su lengua materna, y recriminó que no haya habido una palabra de apoyo de la Cámara de Diputados para exigir justicia por los 43, salvo en los tiempos de campañas electorales.
Aclaró que los padres que continuarán exigieron presentación con vida de los estudiantes como la de todos los desaparecidos en todo el país, y a modo de pregunta demandó:
El señor Emiliano Navarrete, papá de José Ángel Navarrete González ratificó que los estudiantes “fueron privados de su libertad por el gobierno de México”, que envió policías con “armitas de grueso calibre para demostrar cobardía… Me duele lo que le hicieron a mi hijo y a sus compañeros, no tiene perdón ni olvido”.
Ayer solicitó el apoyo de los diputados para que la PGR siga las recomendaciones que dejó el GIEI: “no queremos que salgan a hacer investigaciones, sino que vigilen que todo eso se cumpla, que exhorten a la PGR a seguir todas las líneas de investigación, que identifiquen quién es El Caminante y quién es El Patrón, a la fecha la PGR no da respuesta ni tiene a todos los policías federales que dijeron que se llevaban a los estudiantes al Patrón”.
Aseguró que sólo con presión se podrá conocer la identidad de estos personajes, de quienes hay testimonios y evidencia de su intervinieron en la desaparición de los 43 estudiantes
Abiertamente el señor Mario César González, papá de César Manuel González, señaló la desatención que algunos diputados frente a las primeras participaciones, “desgraciadamente veo que no les interesa, que en las intervenciones están volteando a otro lado”.
Lamentó que algunos diputados participaron en la campaña de desprestigio contra el GIEI que terminó en su salida del país. Un caso es el del priista Víctor Manuel Silva que desestimó la intervención de los expertos internacionales para resolver el caso, así como el rechazo a puntos de acuerdo para pedir que los expertos independientes entrevistaran a los militares sobre los hechos de Iguala y la permanencia del GIEI en México.
No obstante subrayó que el único interés de los padres es que por ética y profesionalismo los diputados den todo el apoyo al nuevo mecanismo de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sin desprestigiar su labor, ni al movimiento de los padres.
Muy enojado espetó que los diputados no representan a la izquierda, a la derecha ni al centro “son puros chapulines que brincan a los partidos que les convienen, y tampoco van a llegar a la verdad a través de comisiones especiales, queremos que dejen de jugar al investigador, si sabemos perfectamente bien que no los van investigar (a los culpables), queremos que le digan a la PGR que siga las recomendaciones del GIEI”.
Luego recriminó que toleren nombramientos como el de Omar Hamid García Harfuch en la Dirección de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, a quien se señala de posibles vínculos con los narcotraficantes de Guerreros Unidos, que sólo se explica por la complicidad entre políticos, y que hayan premiado a Tomás Zeron de Lucio con otro cargo federal, después de diseñar la verdad histórica.
Al bajar de la tribuna en el salón Verde, dejó en la mesa los dos informes del GIEI, “lo único que nunca pudieron desprestigiar fueron estos dos libros, espero que los lean porque es importantísimo para el caso Ayotzinapa”.
El abogado de los padres, Rosales Sierra señaló que a dos años de los ataques no hay indicios del paradero de los 43 estudiantes desaparecidos, a pesar de los 200 tomos de la investigación y más de 130 personas en prisión. Lo que hay son irregularidades y versiones falsas que han dado dolor adicional a los padres.
Aclaró que la investigación de PGR era un caos antes de la intervención del GIEI, que estableció todos escenarios de los ataques, la intervención coordinada de todas las corporaciones y distintas rutas sobre la desaparición forzada que llevan a Huitzuco, a la comunidad de Tijerillas y a una casa blanca en la cabecera municipal que señalaron los propios detenidos y choferes de los autobuses del servicio público donde iban los estudiantes.
Pero la PGR mantuvo vigente la versión de que los 43 fueron incinerados en el basurero de Cocula, “una mentira total que lo único que provoca es la revictimización. Aún así muchas voces que piden a los padres que regresen a sus casas, que dejen de movilizarse, que no hagan marchas, pero ¿cómo van a regresar si la premisa fundamental que es la verdad no está establecida?, lo único que tenemos son nubarrones en las investigaciones”.
Subrayó que la versión del basurero de Cocula, aunque ofrece un buen debate político, fue desechada con pruebas científicas, por eso exigen el cambio de la narrativa de los hechos en la investigación.

“Nadie quiere decir la verdad, porque estos hechos van a evidenciar una realidad que se ha preferido negar”, dice el diputado Manuel Clouthier

El diputado independiente Manuel Jesús Clouthier Carrillo destacó dos temas que dan cuenta del caso Ayotzinapa: que la verdad oficial no coincide con la realidad porque algo se trata de ocultar, y da cuenta de la violación sistemática a los derechos humanos que se viven en el país.
Coincidió con la diputada de Morena en que tales hechos evidencian la transgresión a los derechos humanos de las policías municipales, estatales, federales y de las fuerzas armadas, “por eso nadie quiere decir la verdad, porque estos hechos van a evidenciar una realidad que se ha preferido negar. El Estado mexicano tiene que dar respuesta veraz a estos padres de familia y tienen que hacerlo las autoridades con un criterio fundamental de justicia”.
De Encuentro Social, José Alfredo Ferreriro Velazco, se dijo indignado por los hechos de Iguala y señaló sólo la posible responsabilidad del gobierno estatal, que fue descartada al comienzo de la investigación. Aclaró que este conflicto no es un tema de partidos, sino de justicia, y nadie estará conforme hasta conocer la verdad y aparezcan los desaparecidos.
Siguieron en turno dos diputados de Morena, y la presentante del Partido Verde Ecologista, Sofía González Torres que dijo que admira la lucha de los padres y señaló la responsabilidad de los hechos de Iguala en las policías de Iguala y Cocula.
Del PAN, la diputada Karina Padilla Ávila reconoció que la PGR no ha ofrecido una respuesta creíble, “solo infiere que el narcotráfico destapó la violencia esa madrugada” y es necesario que se agoten todas las líneas de investigación, en forma particular los vínculos del crimen organizado y actores estatales.
Concluyó la ronda de los partidos el representante del PRI, que destacó las acciones del Estado señaladas en 288 tomos.

Se retrasa hasta tres meses la atención al normalista en coma, denuncian en la Cámara

Familiares del normalista Aldo Gutiérrez Solano, quien está en coma debido a que recibió un balazo en la cabeza durante los ataques en Iguala, denunciaron en la Cámara de Diputados el retraso de dos y hasta tres meses de atención al estudiante internado en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, en la Ciudad de México.
Revelaron que la instrucción de los médicos es que se lo lleven a su casa, y eso implicaría desahuciarlo.
En la comparecencia de padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos Ulises Gutiérrez Solano, hermano del estudiante herido en el primer ataque en la avenida Juan Álvarez de Iguala, subió al estrado del salón Verde, contiguo a la sala de sesiones de la Cámara de Diputados, con una joven.
Se presentaron como familiares del normalista y mostraron dos pancartas con fotografías del joven de la Normal Rural, con una sonrisa y el uniforme de fin se cursos de bachillerato, y otra del mismo joven inconsciente, cubierto hasta la cintura con sábanas blancas y entubado.
Fue la última participación en la comparecencia de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos con diputados federales, donde también las fracciones parlamentarias fijaron una postura sobre el caso, que se trasmitió por el Canal del Congreso.
El joven recordó el entusiasmo de su hermano cuando ingresó a la Normal Rural de Ayotzinapa y la agresión del 26 de septiembre de 2014, cuando intentaban salir de Iguala rumbo a Tixtla y una patrulla de la Policía Municipal les obstruyó el paso. “En el primer ataque (a balazos) hieren a mi hermano Aldo”.
Informó que día y noche durante dos años, un mes y días han estado en el hospital de la Ciudad de México, y tolera esta forma de vida “por amor y por exigir justicia y verdad”.
Expuso que para los jóvenes que fueron asesinados el daño es irreparable, así como para su familia. Mostrando la fotografía en el hospital añadió “es su estado actual, es un estado vegetativo, los médicos dicen que lo podemos llevar a casa, llevarlo es desahuciarlo, él ahí está con vida”.
Insistió en que las instituciones de salud sean responsables de la atención que necesita ahora y en el futuro, así como para el normalista Edgar Andrés Vargas, que recibió un balazo en la cara que le destrozó la boca en el segundo ataque de la avenida Álvarez.
Exigió que cesen los trámites burocráticos que retrasan la atención médica de dos a tres meses.
Como los padres, demandó el esclarecimiento de los hechos “sabemos que participaron los policías municipales, estatales, queremos verdad y justicia”.
Antes, el sobreviviente Ernesto Guerrero Cano, denunció la saña con que fueron atacados los estudiantes la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, no obstante que la Policía Federal y el Ejército sabían que los normalistas llegaron a Iguala a tomar camiones no a generar problemas al Ayuntamiento ni a la esposa del alcalde que rindió por la tarde su informe como presidenta del DIF.
“El compañero Aldo de un balazo cayó a nuestro lado, por más que queríamos ayudar a los caídos eran más las balas que las personas que nos encontrábamos ahí. La petición (a los diputados) es que en cada uno de aporte algo, lo que pueda para el esclarecimiento de lo sucedido en Iguala, ya no queremos más mentiras”, llamó.
El saldo de los ataques fue de seis asesinados, 15 heridos de bala y 43 normalistas desaparecidos de los que aún no hay indicios de su paradero.

Hablarán del caso Ayotzinapa padres de los 43 hoy ante diputados en el Congreso de la Unión

 

Diputados de las comisiones de Justicia, Seguridad, Derechos Humanos, de Pueblos Indígenas y la creada para el caso Ayotzinapa escucharán a 10 padres y madres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos desaparecidos, en el salón Legisladores de la República del Congreso de la Unión.
El abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra habló del formato de la reunión que se concretó después de un plantón de cuatro días afuera del recinto legislativo, en octubre, porque los diputados no respondieron a la petición formal de los padres de subir a la tribuna del recinto legislativo a hablar de las irregularidades en el caso, que presentaron desde abril.
Vía telefónica, indicó que la reunión va a comenzar hoy a las 10 de la mañana y la presidenta de la Comisión Especial del caso Ayotzinapa, la panista Guadalupe Murguía dará la bienvenida, luego siete padres tendrán una intervención de 5 minutos, seguido de la posición de las fracciones de los ocho partidos que también será de 5 minutos.
Para el cierre tres padres de familia tendrán otra intervención antes de las palabras de clausura.
De la posición de los padres respecto al premio Belisario Domínguez que el Senado entregará el jueves -un día después de la visita de los padres a la Cámara de Diputados- al señor Gonzalo Rivas Cámara, fallecido por los eventos del 12 de diciembre de 2011 cuando fueron asesinados dos estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, respondió que ese es un tema distinto.
Precisó que los padres van a hablar de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 perpetrado por fuerzas del Estado, donde fueron desaparecidos de manera forzada 43 normalistas, seis personas fueron asesinadas, 15 más fueron heridas de bala y tres de estas aún se encuentran graves.
Consideró que otorgar este reconocimiento post mortem, es una decisión unilateral del Senado, y ni padres ni abogados van a caer en el juego de meter en el mismo saco todas las violaciones a los derechos humanos que ha sufrido la Normal de Ayotzinapa, y que la desgracia de la gasolinera se quiera usar como una provocación, sin embargo, “podemos coincidir que (la decisión del Senado) evidencia que Ayotzinapa ha sido objeto de criminalización sistemática”.
De la investigación aclaró que los padres no han tenido acercamientos ni comunicación con la Procuraduría General de la República (PGR), pero mediante los abogados coadyuvantes se da un seguimiento puntual del caso.
Señaló que siguen en la búsqueda, análisis de telefonía celular, se sigue requiriendo información del quinto camión, “digamos que se sigue trabajando en esas líneas, no al ritmo que quisiéramos, pero se está en ellos”.
De la última petición para que la PGR investigue al director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Omar Hamid García Harfuch por sus probables vínculos con la banda criminal Guerreros Unidos, reveló que respondieron que son analizados los puntos de la solicitud, y que serán respondidos favorablemente.
Entre las peticiones de los padres está que García Harfuch comparezca en la investigación, y se rastree la libreta de direcciones del líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado que liga al mando policiaco con los narcotraficantes, y que fue excluida de la investigación.

 

Desechar la versión del basurero, pide en primera visita al país el mecanismo del caso Ayotzinapa

El Mecanismo Especial de Seguimiento al caso Ayotzinapa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo ayer su primera visita al país, y presentó su plan de trabajo para atender las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
El presidente de la CIDH, James Cavallaro llamó al gobierno de Enrique Peña Nieto a desechar de una vez por todas la hipótesis de que los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, e insistió en que se entreviste al Ejército, en particular a los soldados del 27 Batallón de Infantería que estuvieron activos la noche de los ataques a los normalistas en Iguala.
Durante la presentación el comisionado Enrique Gil Botero, relator para México y coordinador del mecanismo, advirtió que existen recomendaciones técnicas específicas emitidas por el GIEI que aún están pendientes de ser cumplimentadas.
“Esperamos total colaboración de parte de las autoridades mexicanas para alcanzar el objetivo común de establecer la verdad y que se haga justicia”, dijo.
James Cavallaro agregó que precisamente llegar a la verdad sobre lo sucedido la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, es la principal deuda del Estado mexicano con los estudiantes, sus familiares y la sociedad en su conjunto.
“El trabajo del GIEI demostró que los cuerpos de los estudiantes no fueron cremados en el basurero de Cocula”, mencionó.

El plan de trabajo

El plan de trabajo del mecanismo de seguimiento contempla visitas oficiales a México de los comisionados de la CIDH en abril, junio y noviembre del próximo año.
Adicionalmente, en el mismo lapso, el equipo técnico que trabajará en el caso realizará otras cuatro visitas al País, además de que se realizarán sesiones públicas en el marco de los periodos de sesiones de la CIDH.
Durante cada visita a México, tanto el quipo técnico como los comisionados tendrán la facultad de reunirse con los padres de los normalistas y sus representantes, así como con otras organizaciones internacionales y de la sociedad civil.
También podrán sostener reuniones de alto nivel con representantes del Estado, y acceder al expediente del caso o cualquier otra fuente de información.
El Mecanismo Especial de Seguimiento se regirá por cuatro objetivos específicos: monitorear el avance de la investigación, asesorar y apoyar el proceso de búsqueda de los desaparecidos, asegurar la atención integral a las víctimas y familiares, e impulsar las medidas estructurales para evitar la repetición de hechos similares.
El mecanismo seguirá las recomendaciones del GIEI que más obstáculos han enfrentado del gobierno federal.
James Cavallaro destacó “la necesidad de unificar las investigaciones, de no seguir con la fragmentación y de investigar de forma integral”, dijo.
“Hay que seguir y conseguir las declaraciones testimoniales pendientes, hay muchos integrantes, por ejemplo, del Batallón 27 (del Ejército), hay que seguir buscando esas declaraciones”, demandó.
Resaltó la necesidad de continuar indagando los celulares de los normalistas que siguieron activos después del 26 de septiembre de 2014 y abundar en la línea de investigación del quinto autobús, relacionada con el tráfico de heroína a Estados Unidos.
La tortura que pudieron haber sufrido al menos 60 detenidos que mostraron lesiones corporales y el patrimonio de los presuntos responsables, fueron otros temas mencionados por Cavallaro.
“Hay que seguir investigando sobre la obstrucción de las investigaciones, el tema de qué pasó el día 28 de octubre de 2014, un día antes de que descubrieran los restos de uno de los normalistas”.
“¿Qué estaban haciendo agentes de la PGR (Procuraduría General de la República) un día antes sin registrar el hecho?, ¿qué está haciendo Tomás Zerón con un detenido que tenía varias lesiones corporales? Hay que investigar, tiene que haber consecuencias para ese tipo de actuación, ese es un tema que vamos a seguir?, adelantó.
El secretario ejecutivo de la CIDH, Pablo Abrao informó que para garantizar el funcionamiento del mecanismo, proyectado para operar hasta noviembre del próximo año, el Estado mexicano aportó 565 mil 236 dólares, recursos con los que se podrá contratar peritos especializados de acuerdo con las sugerencias del equipo técnico, que estará integrado de cinco personas adscritas a la Secretaría Ejecutiva del organismo.
El funcionario de la CIDH destacó que tras una revisión del expediente, la próxima semana “se estará enviando a las autoridades mexicanas las primeras observaciones de diligencias que se requieren hacer, y el Estado mexicano estará obligado a dar una respuesta sobre la realización de esas acciones”.
También destacó que entre las solicitudes de información que el Mecanismo de Seguimiento enviará al Estado mexicano se encuentra “por qué no hay una determinación oficial de la investigación que se abrió a Tomás Zerón”.
Abrao presentó un cronograma de actividades que iniciaron este jueves con el encuentro con las autoridades y la prensa, para continuar este viernes 11 con una visita a la Escuela Normal de Ayotzinapa, donde presentarán el plan de trabajo a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos.

“¿Habrá habido intereses que hubiesen llevado a que dieran declaraciones falsas?”, pregunta Cavallaro de los detenidos

El comisionado presidente de la CIDH consideró fundamental cambiar la narrativa oficial y dejar de buscar formas de reforzar la versión de que los 43 estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula.
“No hay que seguir hablando de diversas líneas de investigación, hay que hablar de líneas factibles, esa no es factible”, expuso.
“Lo que entendemos nosotros es que no se ha, en todos los espacios del Estado, descartado de forma definitiva esta hipótesis, y nuestra posición es la posición del GIEI, una posición basada en estudios científicos que demuestra la imposibilidad (de la incineración de los jóvenes en el basurero)”.
De no descartar esta teoría, dijo que se reduce la urgencia de investigar por qué seis detenidos, quienes además presentaban signos de tortura, declararon algo falso.
“Si eso no pasó corresponde la pregunta ¿por qué seis personas dieron declaraciones en ese sentido?, ¿qué habrá pasado? Bueno, varias de esas personas sufrieron lesiones corporales, graves en algunos casos.
“¿Por qué?, ¿habrá habido presiones?, ¿habrá habido intereses que hubiesen llevado a que dieran declaraciones falsas?, ¿y si se siguieran esas líneas de investigación se pudiera llegar a la posible obstrucción de justicia y a nuevas teorías de por qué habría interés en no seguir ciertas líneas?”, planteó.
Enrique Gil Botero quien coordinará el mecanismo de seguimiento destacó que entre los puntos mencionados por Cavallaro se concentran más de 200 líneas de investigación pendientes de explorar.
“O sea que hay mucho material probatorio en ciernes o que abre hipótesis probatorias que no se han explorado”, explicó.

La PGR ha cumplido 93% de las recomendaciones del GIEI, informa el gobierno federal

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián afirmó que hay plena disposición del gobierno federal para trabajar con el Mecanismo Especial de Seguimiento del Caso Ayotzinapa.
En la Segob el funcionario dijo que así se lo hicieron saber a Gil Botero y James Cavallaro.
Comentó que los objetivos específicos serán profundizar las labores de búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos, avanzar en la investigación ministerial y en las tareas de atención a las víctimas.
“Sabemos que es un elemento importante porque significa esperanza para los padres (de las víctimas) y por ello lo vemos con toda seriedad en el gobierno de México”, añadió.
En un comunicado conjunto de las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, así como de la PGR se señaló que en la primera reunión de trabajo entre el coordinador del mecanismo el comisionado Gil Botero, y representantes de “alto nivel”, se informó que “hasta el momento la Procuraduría ha dado cumplimiento a 93% de las recomendaciones que en su momento hiciera el GIEI, y que la indagatoria continúa siguiéndose en todas las líneas de investigación, sin excluir ninguna de ellas”.
Según la comunicación oficial, se notificó al relator de México sobre “el uso de tecnologías avanzadas para la realización de nuevos operativos de búsqueda, y las medidas tomadas hasta ahora para atender integralmente a las víctimas”.
Se indica que en el encuentro “se reafirmó la voluntad del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no sólo para continuar trabajando en la atención del presente caso, sino también en lo que se refiere al seguimiento a las recomendaciones de la CIDH que resultaron de su visita en 2015, así como a otros casos pendientes ante la Comisión, con miras a identificar aquellos susceptibles de solución en el mediano plazo, de conformidad con los estándares internacionales”.
Las dependencias sostuvieron en su comunicado que la primera visita del mecanismo de seguimiento “es una muestra no sólo del compromiso para fortalecer la cooperación con la Comisión y con el relator Gil Botero, sino también para atender de manera efectiva el caso Iguala, privilegiando la interlocución que el gobierno de la República ha establecido con los familiares de las víctimas y sus representantes”.

Piden 11 organizaciones internacionales a Peña Nieto cooperar con la CIDH

Once organizaciones internacionales demandaron al presidente Enrique Peña Nieto la cooperación plena del Estado mexicano con el Mecanismo Especial de Seguimiento al caso Ayotzinapa.
“Creemos que es de suma importancia que el mecanismo cuente con la plena cooperación del Estado mexicano para que no enfrente obstáculos en su trabajo como los que experimentó el GIEI durante su mandato”, dicen en la misiva.
“El mecanismo especial es una oportunidad más para que el gobierno mexicano demuestre su compromiso con la verdad y justicia en el caso”, afirmó Maureen Meyer, coordinadora del programa para México de WOLA.
“Mientras México no resuelva el caso Ayotzinapa a través de una investigación profesional, seria y confiable, la atención mundial seguirá puesta sobre la voluntad y capacidad del gobierno mexicano para encontrar a los estudiantes y sancionar a los responsables”, advirtió.
Las organizaciones entre las que se encuentran la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) y el Robert F. Kennedy Human Rights, demandaron que se investigue a fondo a funcionarios que pudieron participar en la obstrucción de justicia.

Piden defraudados por financieras a Astudillo que la Fiscalía continúe las investigaciones

 

La Alianza en Defensa de Afectados por Financieras en Guerrero exigió al gobernador, Héctor Astudillo Flores, que la Fiscalía General del Estado (FGE) termine de integrar la averiguación para castigar a los responsables de los fraudes de Productos Amor, que desde hace un año está detenida.
Además, los dirigentes de la Alianza acudirán este marte a la Cámara de Diputados en la Ciudad de México, para presionar la aprobación de un punto de acuerdo que obligue al fideicomiso a conseguir recursos económicos para los defraudados y se pueda resarcir el daño causado.
En una llamada telefónica a la redacción de El Sur, el representante legal de la Alianza, Jaime Alvarado López informó sobre el procedimiento legal de los defraudados, en su mayoría de Productos Amor.
Precisó que son 15 mil 500 defraudados de Productos Amor, de los cuales se inició una averiguación previa hace cuatro años, sin embargo la FGE no termina de integrarla para castigar a los responsables. Dijo que ya tiene un año “atorado” el expediente y que no avanza.
Agregó que, a raíz de esto se abrieron 10 mil 238 querellas, de las que sólo se han ratificados 8 mil, y que el fraude de Productos Amor es de 917 millones de pesos.
El represente legal manifestó que este lunes se trasladaron a la Ciudad de México porque el martes acudirán a la Cámara de Diputados.
Contó que hace un mes y medio el senador priista Sofío Ramírez y el anterior senador por el mismo partido, René Juárez Cisneros, promovieron un punto de acuerdo, para que la cámara de diputados asignara 600 millones de pesos a este problema.
Dijo que acudirán a la Cámara de Diputados para presionar y que las fracciones parlamentarias, incluidas la del PRI con Verónica Muñoz Parra, empujen el punto de acuerdo a favor de los defraudados del estado, y se gestione el dinero para resarcir el daño.
Reiteró a la Cámara de Diputados y al gobierno del estado que le den solución al problema que se ha presentado desde hace cuatro años y que está presente en 52 municipios.
“Se está convocando a los 15 mil 500 defraudados para que, en caso de que no avancen se inicie una serie de movilizaciones en todo el estado de Guerrero, estamos en 52 municipios, en las siete regiones del estado. Ya nos habíamos detenido cuando llegó Astudillo y dijo que no nos movilizáramos porque se iba a resolver el asunto, nos reunimos con él antes de la campaña, incluso en la campaña y el se comprometió a recibirnos cuando llegara de gobernador, tenemos un año y no nos recibe”, detalló el representante.
Expuso que han solicitado unas ocho veces por escrito la audiencia, y que el asesor del gobernador, César Flores Maldonado, en marzo se comprometió a gestionarles una audiencia con Astudillo Flores, pero no los ha recibido.
Dijo que en caso de que no les resuelvan se movilizarán en Tlapa, Ayutla, Teloloapan, Chilpancingo y Chilapa. “Se está convocando a todos las víctimas de estos fraudes a que se concentren en las fechas próximas, vamos a dar a conocer un calendario de actividades de protesta para que se resuelva el problema”, comunicó. (Beatriz García / Chilpancingo).

 

Se amparan ex braceros para que les paguen del Fondo de Ahorro Campesino

Abel Salgado

Ex braceros que podrían recibir hasta un millón 100 mil pesos, interpusieron un amparo en el segundo juzgado de distrito en Guerrero para obtener esa cantidad, que les descontaron de sus salarios como trabajadores migrantes a Estados Unidos de 1942 a 1964.
Ayer después de una asamblea en las escalinatas del Zócalo de Acapulco, el representante de la Unión de Campesinos y Emigrantes de Guerrero, Carmelo Loaeza informó a 40 ex braceros y familiares que trabajaron en campos agrícolas de Estados Unidos de 1942 a 1964, que el próximo 29 de noviembre les dictaminarán si se les regresará el 10 por ciento del fondo del ahorro para el campesino, como ocurrió en la ciudad de México en marzo pasado.
La mañana de ayer, junto con el dirigente nacional de la Unión de Campesino y Emigrantes de México, Aarón Cabaña Marcial, Carmelo Loaeza recordó que buscan que se repita la sentencia favorable para el pago del fondo que tiene como tope un millón 96 mil pesos, de acuerdo con estudios técnicos de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la juez segunda de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México.
Por su parte, el representante de los campesinos en Guerrero, Carmelo Loaeza contó que ya se integró un amparo con 97 ex braceros y será el 29 de noviembre cuando se les dé la audiencia constitucional.
El amparo es para reclamar al presidente de la República y al secretario de Gobernación, la “omisión y negativa” para dar respuesta a la entrega del Fondo de Ahorro Campesino, un descuento semanal del 10 por ciento de sus salarios entre 1942  y 1964, cuando trabajaron en campos de Estados Unidos. Recordó que el gobierno federal argumenta que, de pagarles a los 4 millones de mexicanos a los que se les descontó el ahorro, se pondría en riesgo la economía del país.
Precisó que no todos los trabajadores migrantes durante esa época recibirían el millón 96 mil pesos, sino que se determinará por el tiempo de estancia en la unión americana, “porque puede ser que un ex bracero haya sido contratado una vez nada más, y hay braceros que hasta 10 veces fueron contratados”.
El proceso en Acapulco seguirá el 29 de noviembre y buscar repetir la sentencia resultado que se obtuvo en la Ciudad de México donde 5 mil trabajadores se les concedió un amparo en marzo pasado. Confió que por la sentencia a favor de sus compañeros de la capital del país, se repita en Guerrero.
Calculó que en Guerrero hay 70 mil braceros que formaron parte del programa, y recordó que en el periodo de más de 20 años del programa surgido durante la Segunda Guerra mundial, más de 4 millones de mexicanos formaron parte del convenio binacional. De la retención del salario de los trabajadores  mexicanos se juntaron 5 billones de pesos que se entregaron a BanRural, recordó.
La jueza en materia administrativa concedió a los ex braceros de la Ciudad de México el amparo, “dijo la juez que los 5 billones repartidos entre 4 millones de ex braceros, les corresponde un millón 96 mil (a cada uno)”.
El gobierno federal solicitó un recurso de revisión constitucional porque está en contra de la sentencia a favor de los ex braceros. Explicó que el juicio está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se definió el 26 de octubre, pero todavía no se emite una sentencia final.
Sus compañeros ex braceros de la Ciudad de México ya anunciaron que si el máximo tribunal dictamina en contra, “se van a ir a los tribunales internacionales”.

Llevarán los cuerpos de los militares a la Ciudad de México; la PGR atraería el caso, trasciende

 

Los cuerpos de los dos militares levantados el sábado por la tarde en el Mercado Central y hallados muertos el domingo por la noche en la Vía Rápida, fueron trasladados a la Ciudad de México luego de permanecer el lunes en el Servicio Médico Forense (Semefo), informaron fuentes militares.
Ayer el vocero de seguridad del gobierno del estado, el vocero Roberto Álvarez Heredia, escribió en su cuenta de Twitter: “el Grupo de Coordinación expresa sus condolencias a @SEDENAmx por los dos militares fallecidos y de actuar contra el crimen con tenacidad”.
Fuentes ministeriales adelantaron que el caso de los homicidios de los efectivos del Ejército podría atraerlo la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 20 en las competencias establecidas, y por tratarse de efectivos del Ejército, la PGR podría encargarse de continuar la investigación de los crímenes.
Ayer afuera de la Fiscalía Regional de Acapulco, donde se ubica el Semefo, ya no hubo resguardo del Ejército, como ocurrió el lunes cuando se encontraban allí los cuerpos de los militares.
Trascendió que los cadáveres fueron trasladados al Edificio Inteligente, donde opera el C4 controlado por el Ejército. Por la secrecía del caso en los asuntos castrenses, no se informó ni el nombre ni el lugar de origen de las víctimas.
Atrás del Edificio Inteligente, en la calle Vasco Núñez de Balboa, se observó un fuerte despliegue de militares. Asimismo había efectivos con una mochila puesta en la espalda, perteneciente a la brigada del grupo de paracaidistas.
También dos camionetas blancas, similares a las de las funerarias, donde supuestamente trasladaría los cuerpos a la Ciudad de México, a la Unidad de la Fuerza Aérea.
Mientras que las autoridades policiacas manejaron el caso de los militares con mucho hermetismo. Incluso en Semefo tiene prohibido dar más datos de los cuerpos estudiados.
Los dos efectivos del Ejército formaban parte de un grupo de paracaidistas que entrena en la Base Aérea Militar número 7, ubicada en Pie de la Cuesta, y fueron reportados como levantados el sábado por la tarde y hallados muertos el domingo por la noche.
Ese día las víctimas compraban artículos personales en el Mercado Central, luego de permitírselos el mando a su cargo tras el curso de capacitación.
El lunes, Álvarez Heredia confirmó que sí eran militares los dos hombres levantados el sábado afuera del Mercado Central, y que los dos cuerpos hallados el domingo en la noche debajo del puente de la Vía Rápida eran ellos.
Añadió que las víctimas se encontraban en su tiempo libre y que iban vestidos de civil, además de que no formaban parte de algún dispositivo de seguridad para Acapulco ni se encontraban realizando actividades de coadyuvancia con las autoridades civiles.
El sábado, hombres armados levantaron a los dos militares en el Tianguis Campesino, en las inmediaciones del Mercado Central, cerca del Centro de Operaciones Estratégicas (COE) que coordina la PGR.
El reporte policiaco de ese día afirma que un cabo del Ejército contactó a la Gendarmería para reportar el hecho, y solicitó apoyo porque dos “personal de la Sedena” fueron levantados por personas desconocidas.
El 25 de noviembre, en la colonia Progreso, donde se ubica el Mercado Central se instaló una Base de Operaciones Mixtas (BOM) y se colocaron mantas con números telefónicos para denunciar delitos, principalmente el de extorsión.
Ese mismo día el alcalde Evodio Velázquez; el comandante de la 27 Zona Militar, Adelfo Castillo, y el coordinador de la Gendarmería, Gustavo Reyes, entregaron volantes a los locatarios del mercado de la Progreso y del Tianguis Campesino para promover la denuncia contra las extorsiones de la delincuencia organizada.

Se plantan los padres de los 43 en la Cámara de Diputados para que los dejen hablar en tribuna


Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos se instalaron en plantón en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México en espera de una respuesta a la solicitud de subir a la tribuna del Congreso, para denunciar los hechos de Iguala y exigir que todas las fracciones políticas fijen una posición de los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014, informó vía telefónica el representante  Melitón Ortega.
Aclaró que el planteamiento de la comisión de tres diputados del PRD que los recibió fue otra invitación para que los padres de familia y sus abogados se reúnan con la Comisión Especial del caso Ayotzinapa hoy a las 5 de la tarde, que no descartó. El representante de los padres dijo que sería analizado. En tanto los diputados se reunirían con integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), para promover su solicitud.
Melitón Ortega recordó que en enero de este año los padres solicitaron subir a tribuna pero no hubo respuesta.
La solicitud formal provino de una invitación de la Comisión Especial de seguimiento para el caso Ayotzinapa, para que los padres comparecieran ante ellos como lo hicieron otras autoridades del estado como el exgobernador Ángel Aguirre Rivero, y la respuesta de los padres fue presentarse pero ante el pleno de la Cámara de Diputados.
Reconoció que el tema se rezagó, no tuvo seguimiento y frente a nuevos escenarios: mínimos avances en la investigación después de que las autoridades mexicanas despidieron al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el poco interés que están mostrando los políticos a dos años de los crímenes, y la próxima llegada del nuevo mecanismo de seguimiento, resolvieron exigir una declaración de todas las fracciones políticas.
“Los padres tenemos la firme convicción de seguir levantando la voz para exponer en la Cámara de Diputados el tema general de Ayotzinapa, el compromiso de estos diputados es pronunciarse, hemos visto silencio del caso, ni respaldo ni pronunciamiento, prácticamente (con su silencio) están protegiendo a todos los culpables”, denunció.
A mediodía indicó que una comisión de padres fueron recibidos por el coordinador del grupo parlamentario del PRD Francisco Martínez Neri, Jesús Zambrano Grijalva y Cristina Gaytán Hernández integrante de la Comisión Especial Ayotzinapa en la Cámara de Diputados.
Dijo que se comprometieron a llevar esa tarde el punto a la Jucopo y responder el mismo día.
Por otra parte, el vocero de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, Felipe de la Cruz reclamó que la Comisión Especial instalada por legisladores para el caso Iguala no haya presentado ningún informe y dijo que sus labores han sido nulas.
“No se ha visto el trabajo de esa comisión formada por los diputados, por eso la exigencia de que nos escuchen y hacer el reclamo porque aparte de su obligación es un derecho de nosotros hacerlo”, señaló.
Los familiares de los normalistas mantendrán hasta el próximo 27 de octubre el plantón, el cual forma parte de la jornada de actividades a 25 meses de la desaparición forzada de los jóvenes, informaron (Agencia Proceso / Ciudad de México).