Reanudan hoy el diálogo con la PGR, informan los padres de los 43 normalistas

 

A seis meses de que se rompió el diálogo, hoy los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos reanudarán la comunicación con la Procuraduría General de la República (PGR) y el gobierno federal, para conocer los avances de la investigación de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, así como las irregularidades en el proceso señaladas por expertos independientes.
En consulta telefónica el vocero Felipe de la Cruz informó que en esta reunión esperan a integrantes del mecanismo especial de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong en las instalaciones de la PGR en la Ciudad de México.
Antes el abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra informó que para esta mesa exigieron los resultados de la investigación interna sobre el ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, ahora secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, no obstante la investigación que lleva a cuestas por obstrucción de la justicia en el caso Ayotzinapa.
Dijo que solicitaron información de la consignación pendiente de los policías de Huitzuco que detuvieron a un grupo de los 43 normalistas desaparecidos frente al Tribunal Superior de Justicia, así como de dos policías federales identificados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que estuvieron en el lugar y permitieron las atrocidades cometidas contra los estudiantes.
Además las acciones de búsqueda de los normalistas, como las líneas de investigación relacionadas al trasiego de droga en Iguala y del quinto camión, probablemente cargado de droga o dinero, según la tesis del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que permitiría entender el nivel de violencia y coordinación de distintas corporaciones policiacas con la delincuencia organizada en la agresión a los normalistas y otros ciudadanos.
El 18 de agosto de 2016 los padres de los estudiantes desaparecidos abandonaron la mesa con la PGR, porque los funcionarios estaban dando largas a la presentación de resultados de la investigación interna contra Zerón de Lucio por la manipulación de evidencia que reveló el GIEI desde finales de abril, del mismo año.
En su informe final como coadyuvante de la investigación, el GIEI mostró una videograbación extraoficial tomada en el río San Juan el 28 de octubre de 2014, donde se observa a Zerón con peritos de la PGR recogiendo materiales muy parecidos a la evidencia que presentaron al siguiente día con fragmentos de huesos humanos, que permitieron la identificación positiva de Alexander Mora Venancio, uno de los 43 desaparecidos.
Sin embargo Zerón sólo documentó la operación del 29 de octubre que también realizó a espaldas de los expertos y peritos independientes, representantes de los familiares. A la fecha no hay certeza del lugar del que se sacaron esos restos humanos.
Felipe de la Cruz informó que después de la reunión en la PGR, el sábado 11 de febrero los padres de familia comenzarán otra caravana en dos rutas, al norte y al sur del país para convocar a la Asamblea Nacional de los Indignados, que será el 25 y 26 de febrero en la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México.
Al norte tendrán actividades en Querétaro, San Luis Potosí, Guadalajara y Michoacán, y en el sur en Tuxtla Gutiérrez, Puebla, Oaxaca, Huamantla (población) y Tlaxcala (capital) así como en Cuernavaca y Amilcingo, Morelos, del 13 al 17 de febrero.

Aumenta el pasaje en Chilapa de 11 a 16 por ciento sin autorización, denuncian usuarios

El transporte público de la cabecera municipal de Chilapa, de las rutas que viajan al municipio de Ahuacuotzingo y a la comunidad de Acatlán, así como el servicio local de taxis aumentaron de 11 a 16 por ciento el precio del pasaje sin autorización ni aviso previo, denunciaron usuarios.
El 9 de enero, la ruta Chilapa-Ahuacuotzingo incrementó el precio del pasaje de 60 a 70 pesos. También aumentó de 10 a 15 pesos el trayecto a las comunidades que se encuentran de paso en esa ruta.
En un recorrido por dicha ruta se comprobó que la duración de viaje entre las cabeceras municipales de Chilapa y Ahuacuotzingo dura poco menos de una hora. Además se constató que las unidades de transporte no muestran el documento de alguna autoridad gubernamental estatal que autorice el aumento del 14 por ciento; sólo portan una hoja blanca con los precios del pasaje de Chilapa a Ahuacuotzingo y las comunidades de esa ruta.
Vecinos denunciaron que el lunes 16 también incrementó el precio del pasaje de las camionetas que van de la cabecera municipal de Chilapa a la comunidad de Acatlán, de 10 pesos a 12 pesos, sin portar el documento que lo avale.
En tanto, usuarios de los autobuses que se dirigen de Chilapa a la Ciudad de México, en la noche y la madrugada, manifestaron que subió el costo del boleto. En diciembre de 2016 el boleto de viaje costaba 369 pesos, en estos primeros días del año, el precio del pasaje aumentó a 415 pesos, un 11 por ciento más.
Desde ayer, el servicio de taxis locales de la cabecera municipal aumentó de 25 a 30 pesos, sin autorización de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado. Los choferes justificaron el aumento a la tarifa por el incremento al precio de las gasolinas.

Beristain: falta voluntad política para investigar las irregularidades de la PGR en el caso Ayotzinapa

El integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Carlos Martín Beristain, lamentó la “falta de voluntad política” para atender las investigaciones internas de la PGR sobre las irregularidades cometidas por Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y otros funcionarios, en las indagatoria sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Dijo que a la fecha, no se han atendido 60 por ciento de las recomendaciones que dejaron los expertos para esclarecer el caso.
Al señalar que las resoluciones de las investigaciones sobre la actuación de los funcionarios y sobre la averiguación previa son coincidentes con algunas de las observaciones del GIEI, Beristain consideró que “es importante es que se tomen decisiones con base en ese informe que muestra esas irregularidades, falencias y problemas en la investigación, y eso contribuiría a generar esos puentes de confianza también con los familiares”.
Entrevistado al término de la presentación de su libro El tiempo de Ayotzinapa (Ediciones Akal en su colección Foca, 2017), el experto español insistió en la urgencia en reconstruir el diálogo entre los familiares de los jóvenes desaparecidos y la PGR, roto a partir de la negativa de la dependencia a sancionar a los funcionarios que incurrieron en graves irregularidades.
Tras señalar que “sin un diálogo y confianza con las víctimas no va a haber investigación adecuada”, Beristain lamentó que al “ejercicio honesto” de la Visitaduría General de la PGR de evidenciar las fallas, “no haya pasos consecuentes, eso muestra falta de voluntad sobre la respuesta a esas cuestiones, no se puede actuar como si eso (la investigación interna) no existiera”.
Beristain, uno de los cinco expertos independientes seleccionados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar apoyo técnico a México, puntualizó que será el Mecanismo de Seguimiento para el caso Ayotzinapa el que determinará el avance de las líneas de investigación que plasmó el GIEI en sus dos informes.
Durante la presentación de El tiempo de Ayotzinapa, Beristain expuso que se trata de un “un mosaico de historias” sobre el camino recorrido por los cinco integrantes del GIEI en busca de contribuir al esclarecimiento del caso.
Beristain, quien para la redacción de su texto regresó a sitios donde se desarrollaron algunas de las experiencias narradas, sostuvo que su libro aborda también “cómo se cerró un camino en un momento, cómo se trató de desviar la investigación, y esas no fueron dificultades propias de una investigación, que las hay en todas las investigaciones, sino que estaban motivadas por el miedo a la verdad”.
Ante algunos de los padres de los jóvenes desaparecidos, el médico español reconoció que como en otros países en los que ha colaborado en la atención de víctimas de graves violaciones a derechos humanos, han sido las familias de los normalistas quienes “empujan” para llegar a la verdad.
Beristain retomó la frase que los padres y madres de los estudiantes han repetido infinidad de veces para tratar de sensibilizar a funcionarios de la PGR para que atiendan el caso, “póngase en mi lugar”, lo que para él significa tener empatía con las víctimas, condición indispensable para avanzar.
“Esa empatía es la energía transformadora, sin ella no hay transformación, no hay política frente a la problemática de los desaparecidos y no hay solución para ese círculo de violencia-impunidad-corrupción que desgraciadamente atenaza la experiencia de este país, México”, sostuvo.
El experto en la atención psicosocial a las víctimas estimó que su texto podría contribuir no sólo a la lucha de los familiares de los 43, sino también los de otros desaparecidos, para “que puedan verse identificados (…) o que les pueda representar al menos un espejo de dignidad”.
Carlos Martín Beristain informó que en el segundo periodo que participó como coadyuvante del caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, se encontraron obstáculos motivados “por el miedo a la verdad”.
Ante algunos de los padres de los jóvenes desaparecidos, el médico español aseguró que la verdad siempre emerge si se le empuja “y son los familiares quienes la empujan, esa verdad tendrá más impacto del que pensamos”.
La presentación se trasmitió en Internet desde el museo de la Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México. Allí el doctor en sicología, veterano investigador de violaciones a los derechos humanos, dedicó la publicación a los 43 normalistas y a las familias de los miles de desaparecidos en el país, 26 mil 274 hasta octubre de 2016, según el dato que aportó la politóloga Denise Dresser en su intervención.
También se refirió a los jóvenes del equipo de fútbol Los Avispones. Precisó que “esta historia no es la de El Chuky, La Rana, ni de Abarca”, algunos de los inculpados en quienes la Procuraduría General de la República (PGR) sustentó su principal versión de los hechos, que dice que los jóvenes fueron incinerados en un basurero en Cocula, pero fue descartada científicamente por el GIEI y otros investigadores independientes.
Afirmó que el libro es de los familiares, de Los Avispones, de los normalistas, con quienes tuvo empatía desde la primera visita a Guerrero cuando los cinco extranjeros del grupo llegaron al país.
Mencionó que en la escuela Normal Rural de Ayotzinapa los padres les pidieron “no se vendan”, y con el paso del tiempo entendió que había varias formas de neutralizar su labor, y cobró sentido la petición de los familiares.
Escribir este libro de vivencias fue otra forma de procesar una historia insólita, dura, que no se podía contar a través de los informes que redactaron, particularmente en su segundo de mandato cuando se trató de desviar la investigación, reveló.
Recordó que a pesar de que no lograron desentrañar dónde están los 43 estudiantes desaparecidos, en la presentación del informe final en Ayotzinapa los padres de familia estaban sonrientes, agradecidos, y uno ellos explicó, “estamos más sonrientes porque se nos ha quitado el peso de la mentira”.
“No sé cuánto pesa la mentira, pero sé que la verdad es sanadora y sé que viene otra comisión a tratar de esclarecer el hecho”, expuso.
Martín Beristain cuestionó el traslado de funcionarios como Tomás Zerón de Lucio a otra institución de gobierno, la negación de que se trataba de un caso de desaparición forzada, peritajes de ínfima calidad, “que describe cómo el gobierno ignora una y otra vez la hipótesis del quinto autobús y la multimillonaria industria de la heroína en la región”.
Dijo que esas actuaciones contadas en el libro, evidencian que en la PGR nadie quiere tomar como línea de investigación el negocio de la droga, el negocio del crimen, y la sociedad sigue esperando una versión creíble “tan ausente como los 43”.
La única respuesta que explique lo anterior, dijo, “es una estrategia de comprar tiempo, para que se olvide por el gasolinazo, por Trump o con la siguiente elección”.
Denunció que Ayotzinapa revela un patrón que ya ocurrió y sigue ocurriendo, “perverso de desapariciones forzadas que nadie investiga, autoridades que no proveen justicia ni reparación del daño”.
Citó, “curiosa la forma en que representantes institucionales le dicen a la gente cómo debe afrontar su pérdida, mientras no le dice lo que necesita: la verdad”.
Recordó que al retirarse de la investigación, los miembros del GIEI dijeron que ojalá pudieran ser una clase de vacuna para que Ayotzinapa no se repitiera en México, que la PGR no siguiera fabricando culpables, para que hubiera una ley de desaparición forzada, sin embargo, “parece que se fueron pidiendo lo imposible, que el Estado se reforme asimismo cuando le ha convenido no hacerlo”.
A la fecha, aseguró que no se han atendido 60 por ciento de las recomendaciones que dejaron los expertos para esclarecer el caso.
En la presentación participaron el periodista Luis Hernández Navarro, responsable de la sección editorial del diario La Jornada, la politóloga y colaboradora de Proceso, Denise Dresser, y el escritor Juan Villoro.

La CRAC y la UPOEG acordaron impulsar que se ratifique la Ley 701, informa Martínez Veloz

 

El comisionado para el diálogo con los pueblos indígenas de la Secretaría de Gobernación (Segob), Jaime Martínez Veloz se reunió con la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y otras organizaciones sociales, acordaron impulsar la ratificación de la Ley 701 del estado de Guerrero, de derecho y cultura indígena.
En declaraciones telefónicas el funcionario federal indicó que el asesor César Flores Maldonado lo comunicó con el gobernador Héctor Astudillo Flores vía telefónia, con quien acordaron programar una reunión con ambas organizaciones de seguridad.
De la reunión el viernes en Barra Vieja con ambas organizaciones, Martínez Veloz dijo que acordaron trabajar juntos para apoyar la ratificación de la Ley 701 como punto de partida, para que “quede consolidada como un instrumento de regulación del trabajo y de los derechos indígenas en Guerrero”. Indicó que se busca incorporar otros derechos excluidos del texto legal, y que tienen que ver con los derechos universales de todas las comunidades indígenas.
El segundo punto es apoyar la resolución del Tribunal Federal Electoral en donde se establece que en Ayutla se utilizara el sistema de usos y costumbres para elegir a sus autoridades, sin la intervención de los partidos.
El otro acuerdo es apoyar los procesos de remunicipalización, “en los municipios o comunidades donde existan las condiciones para realizarse”.
Martínez Veloz indicó que es “la base primera de un acuerdo que quizás en el futuro pueda ser más amplio”.
Comentó que las organizaciones solicitaron su intervención para un acercamiento con el gobernador Héctor Astudillo que “permita encontrar una ruta de encuentro para lograr concretar los acuerdos y construir una relación sólida con las autoridades de los tres órdenes de gobierno”.
Dijo que en la reunión estuvieron Pablo Guzmán de la CRAC y Bruno Plácido de la UPOEG, el ex diputado federal Carlos de Jesús Alejandro y Marcos Matías, entre otros.

 

Se reúnen la CRAC y la UPOEG con Martínez Veloz; les preocupa que se derogue la Ley 701

 

Representantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y promotores de la creación de municipios indígenas y afromexicanos, se reunieron con el comisionado para el Diálogo de los Pueblos Indígenas de México, Jaime Martínez Veloz para construir una agenda común.
El exdiputado federal perredista Carlos de Jesús Alejandro habló del encuentro que se celebró en la Ciudad de México y se hizo público debido a una fotografía publicada en redes sociales, donde aparece con el funcionario federal, el consejero de la CRAC Pablo Guzmán Hernández y el líder de la UPOEG Bruno Plácido Valerio, entre otros.
Vía telefónica dijo que fue un acercamiento breve a fin de construir una agenda común entre organizaciones del estado de Guerrero. El primer punto de coincidencia, dijo, es la preocupación de que la Ley 701 de Reconocimiento, Derecho y Cultura Indígena sea acotada o derogada en el proceso de armonización, que debe concluir en abril.
Agregó que es causa común de la CRAC y la UPOEG trazar una ruta de trabajo para que las modificaciones de la ley no afecten el espíritu original de la legislación, al contrario, exigen que sea más amplia en derechos, que incluya a los pueblos afroguerrerenses y acorde a la constitución mexicana.
Informó que quieren acompañar y defender el proceso que impulsó la UPOEG para que la elección por usos y costumbres en el municipio de Ayutla de los Libres sea una realidad, y se siente un precedente para replicarlo en otros municipios indígenas.
Añadió que seguramente van a surgir otros temas que se van a incorporar a la agenda, con un grupo más amplio de organizaciones, y buscar la interlocución con el congreso estatal y el gobernador, que tienen competencias y obligaciones con los pueblos originarios.
Del comisionado informo que ofreció su respaldo, más que como funcionario, como hombre comprometido con la lucha y con las causas del movimiento indígena.
De Jesús Alejandro recordó que Martínez Velóz en 1994 integró la primera comisión de concordia para impulsar la paz digna en Chiapas, y fue actor fundamental en las negociaciones del gobierno con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), para que se firmaran acuerdos de paz y se redactara la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz.
Martínez Veloz también fue interlocutor de la federación en el primer intento de regularizar a las policías ciudadanas de los grupos de autodefensa en municipios de Costa Chica en 2013, que luego se adhirieron a la UPOEG. La iniciativa se frustró cuando los pueblos de Tecoanapa retuvieron a militares en la comunidad El Pericón.
De Jesús Alejandro informó que también estuvo una representante del Grupo Plural, de los cafetaleros de la Luz de la Montaña, promotores activos de nuevos municipios indígenas y afros, y el asesor de la Cámara de diputados, Marcos Matías Alonso.
Adelantó que van a convocar a otros actores del estado para hacer causa común por los pueblos indígenas, en otra reunión de acercamiento este viernes en Guerrero.

Matan a una mujer arriba de un autobús de Ometepec que iba hacia la Ciudad de México

Una mujer fue asesinada en un autobús que se dirigía a la Ciudad de México procedente de Ometepec, versiones oficiales señalaron que fue un asalto, los pasajeros manifestaron que fue un ataque directo contra la mujer.
Según los reportes, el autobús Altamar número 11148 salió de la central de autobuses Estrella Blanca de Ometepec a las 9:45 de la noche del miércoles, la unidad hace paradas en las cabeceras de los municipios por donde pasa, como el caso de Juchitán.
Fuentes de Seguridad Pública indicaron que recibieron una llamada de auxilio alrededor de las 11:35 de la noche, luego de que dos sujetos presuntamente asaltaron el autobús a punta de pistola en el tramo que la carretera federal Acapulco–Pinotepa Nacional en Juchitán, y asesinaron a la mujer luego de que se resistió al asalto.
Según lo recopilado por los policías del estado, los pasajeros indicaron que la agresión fue directa contra la mujer y que no los habían asaltado. El cuerpo de la señora de unos 35 años quedó en uno de los asientos traseros de la unidad, tenía rastros de sangre en el rostro, presuntamente recibió un balazo en la cabeza.
Otra versión indicó que dos hombres que viajaban en el autobús avisaron al chofer que había un muerto en los asientos traseros. Según se informó ambos hombre bajaron del autobús en el crucero del Barrero antes de llegar a la comunidad de San Juan de los Llanos, Igualapa.
Según fuentes de la Policía federal, la mujer fue asesinada por su pareja sentimental con quien había discutido momentos antes de que el sujeto le disparara en la cabeza. Luego del hecho el hombre se dio a la fuga.

 

Limitan a padres de Ayotzinapa en la Basílica a una misa privada, vigilados por policías federales

El obispo de Saltillo, Raúl Vera, y el arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias Merlos, recibieron en la entrada de la Villa a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, y los condujeron a una capilla alta en la Basílica de Guadalupe, para oficiar una misa privada.
Aún aislada, la ceremonia litúrgica estuvo vigilada por dos policías federales uniformados, además de civiles armados, denunciaron los padres de familia al salir del encuentro con los religiosos, y responsabilizaron de la excesiva vigilancia a las autoridades del templo.
Aunque agradecieron el mensaje y el compromiso que les manifestaron los sacerdotes, las condiciones de lugar tampoco eran adecuadas para escucharlos. Algunos padres señalaron que la habitación se llenaba de los cantos religiosos y la misa que se celebraba en la planta baja.
El señor Epifanio Álvarez, papá del estudiante desaparecido Jorge Álvarez, indicó que ya en la parte alta, los policías le negaron el acceso a tres religiosos que los acompañaron en la marcha peregrinación, anterior a la misa, y toda la situación los hizo sentirse discriminados.
Incluso, denunciaron que los policías les prohibieron hacer grabaciones de video en la celebración, a pesar de que ellos sí estaban grabando con sus celulares la actividad y a los padres.
En un breve mitin político afuera del santuario de la Guadalupana, el abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, informó de la presencia de los policías federales en la misa “de ese tamaño es el trato que nos han brindado autoridades de la Basílica, que nos han dado un trato con la punta de los pies, que nos han cerrado las puertas como lo han hecho las instituciones del gobierno, y no nos vamos a rendir, porque sabemos quiénes son ellos”, dijo sobre el clero ligado al poder.
La marcha-peregrinación a la Basílica de Guadalupe y la misa que se esperaba abierta, fue para conmemorar la 27 acción global por Ayotzinapa, que se realiza el 26 de cada mes.
Comenzó a las 10:30 de la mañana en la glorieta de Peralvillo, con unos mil activistas y defensores, que cantaron consignas por la presentación de los 43 estudiantes, 2 kilómetros de la calzada de Guadalupe. Con ellos tres sacerdotes de diferentes congregaciones.
La caminata se hizo de prisa, para no llegar tarde a la cita. Aguardaron 15 minutos en las escalinatas de la entrada principal, mientras los activistas gritaba “fue el Estado”. Ahí llegaron los obispos rodeados de medios de comunicación nacionales para dar cobertura del acto tan anunciado.
El vocero de los padres, Felipe de la Cruz, fue interrogado sobre la misa privada que se realizaría en la Villa, y aclaró que los padres no estaban enterados hasta ese momento de la condición, al contrario, explicó que lo ideal sería que toda la actividad se hiciera abierta y pública.
Decenas de reporteros avanzaron en el atrio entre los padres y los sacerdotes hacia una puerta lateral, fue necesario abrir una valla para el acceso de los padres y algunos estudiantes, porque sólo había espacio para 70 personas, en el lugar de por sí lleno de feligreses.
A puerta cerrada, los padres y familiares se encontraron con la vigilancia policiaca, comenzada la misa, algunos, molestos, preguntaron a los policías en las puertas laterales, si permanecerían en la celebración.
En el mitin de cierre, el señor Mario González declaró que “fue muy triste que en la propia casa de Dios seamos reprimidos, venimos a orar a la virgen de Guadalupe, desgraciadamente nos encontramos con esta situación, no pudimos oír completa la misa, tuvo que parase el obispo Vera, dijo sobre la celebración, para poder escucharlos.
Recriminó que los hayan aislado de los activistas que los acompañaron y estuvieron con ellos en la Caravana por la Memoria y la Esperanza.
“¿Por qué nos apartan?, los que manejan esta casa nos ponen guaruras, nos ponen policía federal, no somos delincuentes. Desgraciadamente nos damos cuenta que están en complicidad, desgraciadamente están lucrando con mucha gente que les tiene fe, y no saben la realidad de lo que pasa con la Iglesia”.
Mujeres en la calzada de Guadalupe, peregrinas y simpatizantes de los padres, opinaron entre sí, que no fue la Iglesia, sino la autoridades las que hicieron el desaire a los padres de familia “porque no les conviene”.
El señor Epifanio Álvarez, también señaló que los apartaron “¿qué no somos mexicanos, nos da rabia, coraje, con todo esto, este dolor y este sufrimiento por encontrar a nuestros hijos, ¡tenemos 27 meses de escuchar mentira tras mentiras!”
Advirtió al presidente Enrique Peña Nieto que no van a claudicar jamás, no importa que les manden policías federales, los que atacaron a los estudiantes en Iguala”.

Conclusión inmediata de la investigación interna de la PGR en el caso Ayotzinapa, exigen ONG

 

Decenas de organizaciones sociales exigieron a la Procuraduría General de la República (PGR) la conclusión inmediata de la investigación interna sobre el caso Ayotzinapa, así como las sanciones correspondientes a funcionarios que incurrieron en ilegalidades.
En un comunicado las organizaciones civiles retomaron parte de la información revelada por Proceso en los números 2090 y 2091 sobre las investigaciones de la Visitaduría General de la PGR respecto de las irregularidades cometidas por los responsables de la indagatoria sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes.
Uno de los investigados es el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio.
Pese a que el Acuerdo de Conclusión del expediente DFAI/510/CDMX/2016 de la Dirección General de Asuntos Internos (DGAI) fechado el 18 de agosto pasado, da cuenta de las acciones ilegales cometidas por Zerón, éste fue investido como secretario técnico de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) por Enrique Peña Nieto el pasado 14 de septiembre.
Para las organizaciones la información difundida también por los rotativos Reforma, The New York Times y el portal de Aristegui Noticias, pone en evidencia que “el proyecto de Resolución ha sido retenido y obstaculizado”.
Agregaron que “la omisión de la PGR en concluir la investigación, notificarla a los familiares y sancionar a los funcionarios responsables, pone en evidencia un afán de encubrir tanto las irregularidades como sus consecuencias legales”, y peor aún “esta omisión representa un obstáculo para llegar a la verdad del caso, pues abona a que prevalezca una teoría basada en pruebas ilícitas”.
Los firmantes apuntan que entre las irregularidades detectadas por los agentes del Ministerio Público adscritos a la DGAI destacan los agravios contra los seis detenidos en los que se sostiene la “verdad histórica” de que los 43 jóvenes fueron ejecutados y quemados en el basurero de Cocula.
Recordaron que la investigación interna de la PGR documentó “la violación al derecho a la verdad por el ocultamiento de actuaciones realizadas en el río San Juan que no fueron formalizadas en el expediente y que habrían repercutido en la posible manipulación y/o contaminación de la evidencia”, así como que estas irregularidades “deberían traducirse en responsabilidades administrativas y penales de diversos funcionarios”.
Al recordar que la PGR no ha negado la autenticidad del documento revelado por Proceso y otros medios de comunicación, en tanto que ha señalado que continúa siendo analizado, las organizaciones sociales recordaron que la dependencia “incumplió su compromiso de entregar los resultados de esta investigación interna el 18 de agosto de este año a las familias (de los jóvenes desaparecidos), mismas que se vieron obligadas a levantarse de la mesa de diálogo por ello”.
Insistieron en que el documento revelado representa “un parámetro insoslayable” de lo que la Visitaduría General tendrá que comunicar a las familias de las víctimas, además de que es “un referente adecuado para evaluar la autonomía de la Visitaduría e incluso el compromiso actual de la PGR para actuar con independencia, lo que resulta crucial en el tránsito hacia la Fiscalía General de la República”.
Destacaron que “una resolución que no esté a la altura del caso y que diluya los señalamientos del proyecto que se ha hecho público será un pésimo precedente en la agenda de fortalecimiento a la rendición de cuentas y combate a la impunidad”.
Tras considerar que está a prueba “la probidad de la Visitaduría General y de la propia PGR frente a la investigación interna”, las organizaciones insistieron en exigir “total transparencia y respeto a los derechos de las víctimas del caso Ayotzinapa en la emisión de la resolución con que deberá concluir, en breve, la citada investigación interna”.
Signan el posicionamiento el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, la Oficina de Washington para América Latina, Artículo 19, México Unido contra la Delincuencia Movimiento por la Paz, Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Fundar Centro de Análisis e Investigación, México Evalúa, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, Servicio y Asesoría para la Paz, Fundación para el Debido Proceso Legal, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, Centro Nacional de Comunicación Social, la Oficina de Defensoría de Derechos de la Infancia, Instituto de Justicia Procesal Penal, así como la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todos y Todas, integrada por 80 organizaciones en 21 estados del país.

Informan a damnificados de La Montaña que no hay recursos para concluir la entrega de granos

Representantes del Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña acordaron exigir a los gobiernos federal y estatal que cumplan la entrega de granos básicos.
El presentante del consejo, Abel Bruno Arriaga declaró que las instituciones gubernamentales no cumplen con los acuerdos firmados en una reunión en la Ciudad de México con el ex subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, quien junto con el gobernador Héctor Astudillo Flores se comprometió a que la federación subsidiaría las tres entregas de los granos básicos, y el gobierno del estado la sal, pero ahora dicen que ya no hay recursos para finalizar la entrega.
Detalló que la asamblea del Consejo determinó enviar, al 21 de diciembre, una ficha técnica al secretario particular del subsecretario de gobernación, René Juárez Cisneros, Daniel Pano Cruz, para que éste le informe, porque supuestamente “no saben nada de los acuerdos de la Subsecretaría y del gobierno del estado”.
Contó que el Consejo acordó para el 21 de diciembre una reunión de todos los representantes de los municipios para denunciar ante los medios de comunicación el incumplimiento de los compromisos de las autoridades.

El cardenal Rivera oficiará una misa en la basílica de Guadalupe por los 43 de Ayotzinapa

 

El cardenal Norberto Rivera oficiará el próximo 26 de diciembre una misa en la basílica de Guadalupe por los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, afirmaron padres de los jóvenes.
Para los 27 meses de los hechos ocurridos en Iguala, los padres de los estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos iniciarán una caravana el 20 de diciembre de Iguala a Taxco y después a Cuernavaca, Morelos.
El plan es cruzar la caseta de Tlalpan hacia la Ciudad de México el 25 de diciembre a las 4 de la tarde.
Al día siguiente el 26, los padres harán una procesión a las 10 de la mañana rumbo a la Basílica, aunque aún no está especificado desde qué punto partirán.
Según Mario González, padre de uno de los estudiantes desaparecidos, Norberto Rivera oficiará la misa junto al arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias Merlos.