Ya ni guardan las formas, dice Bravo de la reunión de Evelyn con el líder de Morena

El dirigente del PRI Alejandro Bravo es entrevistado por reporteros a su salida de las instalaciones del Comité Directivo Estatal Foto: Jessica Torres Barrera

Rosalba Ramíreaz García

Chilpancingo

El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, Alejandro Bravo Abarca, demandó al líder nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, precisar a quiénes acusa de realizar la campaña sucia contra la gobernadora Evelyn Salgado.
En declaraciones después de una reunión de estructuras en la sede partidista, el dirigente estatal opinó sobre el encuentro de la gobernadora Evelyn Salgado y Mario Delgado, quien vino a Chilpancingo a manifestarle su respaldo por la presunta campaña sucia en su contra y la violencia política de género de la que es víctima.
Al respecto dijo que “no se guardan las formas, (de que) en horarios y en días hábiles se hagan este tipo de encuentros, no están dentro del marco de la ley”.
Por parte del PRI, dijo que están realizando trabajo para fortalecer a este partido: “ellos sabrán si hacen bien o hacen mal las cosas”.
Del señalamiento de Mario Delgado respecto a que la oposición y la derecha realizan una campaña de ataques en contra de la gobernadora que pueden considerarse como violencia política de género, Alejandro Bravo dijo que deberían ser más precisos respecto a qué oposición se refieren.
Dijo que el PRI “no anda orquestando ningún tipo de campaña bajo el agua, lo que nosotros tenemos que decir, lo decimos con mucha claridad y con mucha precisión. Cuando hacemos señalamientos los hacemos porque tenemos los pelos en la mano, no andamos nosotros prestandonos para cuestiones de no dar la cara”.
Lo que dijo que sí hacen son posicionamientos cuando hay problemas “que nos preocupa, que preocupan al pueblo de Guerrero”.
Ayer la dirigencia priista realizó una reunión de la estructura de este partido en la dirigencia estatal a la que asistieron el ex gobernador Héctor Astudillo Flores y el ex candidato a gobernador Mario Moreno Arcos, así como diputados locales.
Alejandro Bravo comentó que fue una reunión de estructura y de quienes participan en la construcción del Frente Amplio por México en las regiones Montaña, Centro y de la Norte. Lo que buscan es fortalecer la participación en la consulta que realizarán el próximo tres de septiembre para elegir a quien encabezará esta alianza.
Se le preguntó por las tareas específicas que les dieron a los asistentes a esta reunión. El dirigente priista comentó que en el último proceso de afiliación lograron unos 50 mil registros de militantes: “vamos a buscar, convocar a todos estos compañeros a que participen el día 3 de septiembre”.
Participarían 71 mil priistas guerrerenses en la consulta del FAM, dice Sofío Ramírez

El presidente del Comité Directivo Municipal del PRI en Acapulco, Sofio Ramírez Hernández, informó que en el corte de registros suman 71 mil militantes guerrerenses interesados en participar en la elección del Frente Amplio Por México (FAM).
“Tenemos confianza que el 3 de septiembre se sentirá el peso de lo que es la estructura territorial del PRI y lo que representa la trayectoria de Beatriz Paredes”, dijo.
En declaraciones por teléfono, informó que el lunes se llevó a cabo una reunion de organización previa a la consulta del FAM para definir a su aspirante presidencial. Dijo que en la reunión se dio un corte sobre el trabajo de registro en Costa Grande, Costa Chica y Acapulco.
Destacó que el PRI tiene sectores y estructura territorial “con militancia que sabe de consults y procesos internos”, y por eso la dirigencia estatal está organizando todos los esfuerzos a favor de Paredes Rangel.
Recordó que el domingo 20 de agosto concluyó el periodo para el registro de simpatizantes en la plataforma del FAM que podrán votar el 3 de septiembre, y la reunion del lunes fue para evaluar cómo cerraron esa etapa los priistas de Acapulco y las costas.
Dijo que no se presentó la cifra total porque el corte concluyó el domingo a las 12 de la noche pero hasta el jueves llevaban 71 mil registros en todo el estado.
A pregunta expresa sobre la declinación del diputado federal del PAN Santigo Miranda a favor de la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, Ramírez Hernandez respondió que la contiende no es de adhesiones o declinaciones” pues lo decisivo es “la estructura territorial” y el PRI la tiene “en las 32 entidades federativas” y allí y en su trayectoria se sustenta la fuerza de Beatriz Paredes.
Opinó que Santiago Creel pudo haber aportado mucho en los foros que aún están pendientes en el FAM, pero con las dos aspirantes que aún están en la contienda, “quien quede como candidata, alcanzaremos resultados favorables para ganar la Presidencia de la República y tener la mayoría calificada en el Congreso de la Unión”. (Daniel Velázquez).

Inicia el Freg una consulta en la capital sobre el apoyo de la gobernadora a Javier Saldaña

Miembros de Freg colocaron urnas para su consulta en el zócalo de Chilpancingo Foto: Jessica Torres Barrera

María Avilez Rodríguez

Chilpancingo

Integrantes del Frente por la Democracia y la Institucionalidad Guerrerense (Freg) instalaron urnas en el centro de la capital, para consultar a las personas sobre si están de acuerdo con que la gobernadora Evelyn Salgado renuncie, por ser cómplice de la corrupción y la imposición del rector electo de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán.
Las urnas fueron instaladas en el zócalo de la ciudad, frente a la catedral de la Asunción de María; además, colgaron una lona en la que se leía: “¿Estás de acuerdo con que renuncie Evelyn Salgado Pineda, por ser cómplice de la corrupción y la imposición del rector, que se hizo millonario con dinero de la UAG y del pueblo guerrerense?”, y junto, una foto en la que aparece la gobernadora reunida con Saldaña Almazán.
El grupo opositor al rector electo realizó la consulta popular y en las hojas que entregaron, para que las personas votaran, se preguntaba si están de acuerdo con que Salgado Pineda sea cómplice de la corrupción y la imposición del rector.
Uno de los miembros del Freg, quien pidió omitir su nombre, explicó que esta actividad es una consulta ciudadana, en la que piden la opinión de la población, “nosotros somos estudiantes de la UAG y estamos alzando la voz, porque estamos descontentos con nuestra representante estatal, porque solapa a caciques y corruptos como es Javier Saldaña”.
Sostuvo que Saldaña Almazán fue elegido por tercera ocasión debido a la corrupción que hay dentro de la UAG, y es quien “ha robado millones de pesos a los estudiantes y ha desviado dinero para crear instituciones privadas”.
Detalló que este problema se lo darán a conocer al presidente Andrés Manuel López Obrador cuando venga a Guerrero, porque él ha dicho que está en contra que haya caciques en las universidades públicas.
Los universitarios informaron que esta acción se realizará toda la semana, tanto en Chilpancingo como en la avenida Ruiz Cortines, en Acapulco, y que cuando se reanuden las clases, acudirán a las escuelas para que los estudiantes conozcan el conflicto.

Se consultará a 100 mil para la nueva ley de educación inclusiva, informa Citlali Calixto

Asistentes al foro “Diálogo sobre la reforma constitucional de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos”, en el auditorio del Tribunal Electoral del Estado en Chilpancingo Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Dhaniel Velázquez

La diputada Citlali Calixto Jiménez, presidenta de la Comisión de Atención a las Personas con Discapacidad, informó que está en marcha la consulta para la elaboración de una nueva ley sobre educación inclusiva, que pase del modelo clínico al modelo social.
En conferencia de prensa en un salón de un hotel de la avenida Costera, la diputada informó que la meta es consultar a 100 mil guerrerenses que viven con una o más discapacidades, quienes se conoce que radican en los municipios de Acapulco, Chilapa, Chilpancingo, Ometepec, Ayutla, Tecpan, Zihuatanejo, Tlapa, Iguala, Taxco, Teloloapan y Pungarabato, que representan el 52.4 por ciento de las personas que viven con alguna discapacidad en el estado.
Calixto Jiménez compartió algunos de los hallazgos que han encontrado durante los foros y mesas de trabajo que han realizado, uno de ellos es que las personas con discapacidad no son un grupo vulnerable sino “vulnerado”, porque no se atienden las condiciones para que tengan oportunidades parejas para su desarrollo.
Durante los trabajos, también han encontrado que algunas personas no viven con una discapacidad, sino que pueden ser dos o más, que son discriminadas no sólo por la discapacidad sino que se añaden otros factores, como género o raza, que las organizaciones civiles de ayuda a personas con discapacidad están mejor organizadas en las zonas urbanas que las rurales, que los pronósticos médicos no son exactos y algunas personas han podido desarrollar habilidades, por la tenacidad de sus familiares, porque los médicos no les dieron expectativas.
Otra observación que han hecho es que hay personas que viven con alguna discapacidad que no es reconocida por la ley, pues viven con enfermedades que limitan el desarrollo de la persona, como la ezquizofrenia, la diabetes o el cáncer.
En las mesas de trabajo también encontraron que la lengua de señas mexicana no es la forma de comunicacion habitual entre las personas con discapacidad auditiva, sino que las familias han desarrollo sus propios códigos para comunicarse entre ellos, lo que significa que está herramienta no es enseñada en las escuelas.
Otro hallazgo es que los niños que viven con una discapacidad, han expresado mediante dibujos que viven discriminación y que son aislados, pues no se integran con los demas menores.
La diputada indicó que los descubrimientos y datos obtenidos de esta consulta, se convertirán en ley por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por tanto, se deberán etiquetar recursos para su aplicación.
Del calendario de actividades para el desarrollo de la consulta, la diputada no especificó fechas ni plazos, sólo dijo que se encuentran a la “mitad del camino” y confíó que al finalizar el año estará concluido el proceso.
Precisó que la información recolectada mediante foros, mesas de trabajo presenciales, virtuales, a petición de parte, buzones físicos y buzón digital, será sistematizada por profesionales e integrantes de las asociaciones civiles, y para la ley se tomarán en cuenta todas las propuestas relacionadas con la educación y las que se reciban sobre otros sectores, como la movilidad, serán canalizadas a las áreas que corresponda.
Calixto Jiménez indicó que los municipios que no están considerados en el plan de trabajo, se pueden incluir a petición de los ayuntamientos para realizar mesas de trabajo o establecer un buzón para recibir propuestas, las cuales se pueden entregar por escrito o en formato digital.

Se planta UPOEG en el Congreso local; exige nueva consulta sobre la Ley 701

Integrantes de la UPOEG protestaron afuera del Congreso local en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas Foto: Lenin Ocampo Torres

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, este miércoles, la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), exigió en el Congreso del Estado respeto a los derechos de las comunidades originarias.
En un plantón afuera de las instalaciones del Congreso, el dirigente de la agrupación, Bruno Plácido Valerio, denunció que los diputados incumplieron con su derecho a la consulta en la elaboración de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas, que fue avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en junio pasado.
Después, se reunieron por separado con el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, y con la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Yoloczin Domínguez Serna, con quienes programaron reuniones posteriores.
Un contingente de la organización, de pueblos de Costa Chica, llegó al Congreso a las 10 y media de la mañana y se plantó afuera.
“Queremos ser consultados y que el Congreso local y el gobierno estatal retomen la reforma a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas, pero con una consulta previa a los pueblos”, declaró Bruno Plácido.
Denunció que el Congreso local violó el derecho a la consulta y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al no consultar a los pueblos indígenas para las reformas a la Ley 701, que en junio pasado avaló la SCJN.
El dirigente de la UPOEG informó que los pueblos están exigiendo que se reponga la consulta, que se tome en cuenta a la gente de los pueblos y después se realice una nueva reforma a la ley.
El dirigente indígena informó que otro de los derechos que exigen es tener un gobierno propio, “es decir, el derecho que tenemos a la construcción de un gobierno electo mediante asambleas de los pueblos”.
Denunció que no se les respeta el derecho que tienen a la salud, a la educación y a los servicios públicos, “por eso hoy, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, estamos exigiendo que se nos respeten todos nuestros derechos”.
El contingente también pidió una mesa de diálogo con el gobierno estatal, para revisar las solicitudes que tienen para obras en las comunidades y planear las de 2024.
Plácido Valerio dijo que hay muchas comunidades que no tienen agua potable, drenaje, energía eléctrica y hay lugares que no tienen maestros, médicos o medicamentos.
La intención, según, dijo Plácido Valerio, es “ayudar al gobierno mediante la organización de los pueblos, porque ya vimos que solo no puede”.
Añadió que el objetico de la UPOEG es evitar que haya más bloqueos, “queremos actuar de una manera diferente, para evitar el desgaste de la gente, pero también exigimos que el estado garantice y facilite el diálogo con los diputados, así como con los funcionarios, para encontrar una salida a todos los problemas y conflictos que tenemos”.
El dirigente de la UPOEG informó que en su reunión con la presidenta de la Jucopo, Yoloczin Domínguez Serna, ella les prometió que se va a reunir con los diputados, para que les den una respuesta la semana próxima.
En un breve boletín de prensa, el Congreso local informó que Domínguez Serna recibió a integrantes dela UPOEG, “que se manifestaban de forma pacífica frente al recinto legislativo”, en demanda de obras en distintas comunidades, y pidieron ser incluidos en los procesos de consulta que realiza el Congreso, en relación con los derechos de los pueblos originarios.
Agregó que la diputada ofreció buscar una mesa de trabajo entre diputados e integrantes de la Jucopo, funcionarios estatales y representantes de esta organización, para analizar un proyecto de desarrollo comunitario, en beneficio de los pueblos indígenas de Guerrero.
Plácido Valerio informó que con el secretario de gobierno, Marcial Reynoso, acordaron armar una agenda de desarrollo comunitario, entre el gobierno y las comunidades, para atender sus peticiones de carreteas, agua potable, vivienda, falta de maestros y médicos.
Dijo que el funcionario se comprometió con instalar una mesa de trabajo permanente, para programar las obras del próximo año.
Explicó que esto fue a cambio de un “pacto de gobernabilidad y orden, que nosotros ya no andemos bloqueando carreteras”.
Informó que acordaron volverse a reunir la tercera semana de septiembre, porque antes van a revisar sus demandas y darles respuesta.

Hubo diálogo abierto: gobierno
estatal

Por la noche, mediante un boletín, el gobierno estatal calificó la reunión con la UPOEG como un “ejercicio de diálogo abierto, con la presencia de más de 350 integrantes, y que se realizó en el auditorio José Joaquín de Herrera, del Recinto Oficial del Poder Ejecutivo”.
Agregó que asistieron, el director general de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros; el director de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG), Martín Vega González, y la coordinadora de Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Lilia Taquillo López.
“El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, sostuvo una asamblea con representantes e integrantes de la UPOEG, encabezados por Bruno Plácido Valerio”, refirió el boletín.
De acurdo con el comunicado, el secretario de Gobierno les dijo que “se continuará trabajando en pro del desarrollo de las regiones, para que se mantenga el orden, la seguridad y el respeto a los sistemas de organización que cuentan con la aprobación de los pobladores”.
Añadió que como parte de los acuerdos, se establecieron mesas de trabajo para coordinar la recepción de documentación y solicitudes de obras para 2024, y celebrar una próxima asamblea en septiembre, para su análisis y seguimiento.

 

Pide Añorve más presencia de GN y Ejército tras los asesinatos en Tecpan

Aurora Harrison

El coordinador del PRI en la Cámara de Senarores, Manuel Añorve Baños, lamentó el ataque del viernes durante un partido de futbol en la unidad deportiva de Tecpan, que dejó cuatro personas muertas, y dijo que se requiere más presencia del Ejército y la Guardia Nacional en Guerrero y más presupuesto federal para modernizar las policías locales.
El sábado, en declaraciones a reporteros después de la inauguración de un taller para periodistas sobre manejo de redes sociales, que es promovido por la diputada local Julieta Fernández Márquez y que impartirán profesionistas del Instituto Belisario Domínguez, el senador dijo: “Es muy lamentable lo que sucedió en Tecpan. Estoy siempre en la misma línea que he dicho, que se requiere más presencia de la Guardia Nacional, del Ejército, pero también se requieren más recursos extraordinarios para Guerrero”.
Sostuvo que debe haber más presupuesto en seguridad, para que las policías municipales no sólo tengan capacitación, armamento y crezcan, pero “no pueden crecer, porque los municipios en el país, no es un tema exclusivo de Guerrero, están muy limitados en sus recursos para crecer en inteligencia, para seguimiento a los delitos”.
Agregó: “La Fiscalía no sólo debe abrir carpetas, debe darle seguimiento a las carpetas, porque si no, vamos a llenarnos de carpetas abiertas y de resultados nulos”.
Por otra parte, dijo que espera avances en la investigación de la que habló el presidente Andrés Manuel López Obrador, respecto a la reunión de la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, con un capo.
Respecto al Frente Amplio por México, dijo que el PRI tiene dos grandes aspirantes y citó a Beatriz Paredes Rangel y Enrique de la Madrid, “ya llevamos 400 mil registros en el PRI entre los dos, más lo que se acumule”.
“Tan importante es el Frente que hasta las corcholatas se refieren a nuestros aspirantes a coordinadores, y de La Mañanera igual, quiere decir que sí estamos en la competencia”, indicó y aseguró que en Guerrero hay un gran número de afiliados, por el trabajo que están haciendo Alejandro Bravo y Pilar Badillo.

 

Acuerda la UPOEG movilizarse contra el aval de la Corte a consultas del Congreso por Ley 701

 

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), acordó movilizarse en contra de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que validó la consulta indígena y las reformas a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas realizadas por el Congreso local el año pasado.
El dirigente de la agrupación, Bruno Plácido Valerio, declaró por teléfono que se reunieron 60 pueblos de Ayutla y Tecoanapa, en Atocutla, y con ello iniciaron las asambleas comunitarias para determinar las acciones en contra de la consulta que supuestamente realizó el Congreso local para las reformas en materia indígena.
En su fallo emitido el 5 de junio, la SCJN avaló la consulta realizada en mayo del año pasado y la reforma a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas, en la que se suprimen derechos de los pueblos indígenas, como las policías comunitarias y el sistema de seguridad y justicia de los pueblos indígenas.
El 12 de junio en conferencia de prensa la dirigencia estatal de la UPOEG anunció que realizaría asambleas en los pueblos indígenas donde tiene presencia para determinar las acciones a seguir en contra del fallo de la Suprema Corte.
Plácido Valerio informó que ayer se realizó la primera de estas asambleas en la que participaron autoridades comunitarias de 60 pueblos de los municipios de Ayutla y Tecoanapa y acordaron acciones jurídicas y políticas para exigir el cumplimiento de los tratados internacionales establecidos en el Convenio 169 de la Organización del Trabajo (OIT).
Refirió que no se cumplió con la consulta a los pueblos indígenas para la aprobación de las reformas a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas que aprobó el Congreso local y validó la Suprema Corte.
En cuanto a las acciones políticas, los pueblos van a nombrar en cada una de las comunidades un comité en defensa de la consulta y el desarrollo de las comunidades.
Informó que a partir de ayer comenzarían a nombrar los comités en los pueblos y sus integrantes van a trabajar en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas establecidos en las leyes internacionales y en la propia Constitución Política federal.
El abogado Ricardo Beltrán Verdusco, presidente de la Alianza Mexicana de Abogados, quien asistió a la asamblea y se hará cargo de atender la ruta jurídica, anunció que van a recurrir a los organismos internacionales como a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), por violación al Convenio 169 de la OIT, para hacer valer el derecho de los pueblos indígenas.
Explicó que en este convenio se establecen los derechos culturales de los pueblos indígenas y que en la realización de la consulta se debieron haber atendido los usos y costumbres, así como la lengua de las comunidades indígenas a las que va dirigida dicha ley, aspecto que no se atendió en la consulta ni en la ley que fue aprobada, dijo.
El abogado declaró que el Congreso local no cumplió con la formalidad que establece dicho Convenio, y sin embargo fue avalado por la SCJN, “y eso es lo vamos a combatir ante la CIDH, porque hubo muchas omisiones”.
“Nosotros vamos a apoyar en todo lo que se refiere al aspecto jurídico y vamos a recurrir a las instancias que correspondan bajo el esquema que nosotros vamos a definir”.
Informó que van a hacer valer el derecho que corresponde a los pueblos originarios porque “a todas luces, así como han expuesto la situación, son actos violatorios a los derechos humanos y a los derechos de las comunidades indígenas que hace alusión el Convenio 169.
“El principal argumento será la violación a la norma 169 en el que se prevé que las consultas deben ser culturalmente adecuadas, “y si no la hicieron de acuerdo a sus usos y costumbres, respetando su lengua, con una información precisa y de buena fe, se violó la norma y aun así fue avalada por la misma SCJN”, insistió.
Dijo que el convenio 169 es una protección importante para las comunidades indígenas y si la autoridad no la acata, es violatorio de los derechos humanos, “y en este caso, si el organismo internacional resuelve que se atienda este asunto, tendría que reponerse el procedimiento y realizar la consulta como corresponde, y como lo establece el convenio 169”.

 

Dejan fuera de la próxima elección propuestas para candidaturas indígenas y afromexicanas

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

Las reformas en materia de candidaturas indígenas y afromexicanas aprobadas por el Congreso local el pasado 8 de junio no incluyen decenas de propuestas planteadas por ambas poblaciones en la consulta, por lo que éstas se regirán con las mismas reglas que el proceso electoral pasado.
La 62 legislatura aprobó reformas en materia de candidaturas indígenas sin realizar una consulta adecuada, por lo que diputados locales de Morena promovieron juicios de inconstitucionalidad que derivaron en la invalidación de estas modificaciones y se ordenó al Poder Legislativo de Guerrero realizar una consulta y reponer la legislación a partir de los resultados.
Sin embargo, en la consulta hecha por el Congreso a través del IEPC, se preguntó si están de acuerdo con las reformas que la Corte invalidó por falta de consulta, y a pesar de que hubo decenas de propuestas más, los diputados sólo confirmaron los textos aprobados desde 2020.
A pesar de que el IEPC realizó la consulta a pueblos originarios y afromexicanos en aproximadamente dos meses, en el informe de los resultados enviados al Congreso local sí se incluyeron las decenas de propuestas que son las principales demandas de estas poblaciones.
Por ejemplo, una de las principales propuestas que fue reiterada en las asambleas, de acuerdo al informe aprobado por el órgano electoral demandas, como manera de blindar que los candidatos que postulen los partidos tengan reconocimiento y aval de sus poblaciones, se planteó en esta consulta que, la asamblea comunitaria es la máxima autoridad para emitir las constancias de autoadscripción o vínculo comunitario.
Sin embargo, en la reforma aprobada por el Congreso local se faculta al comisario ejidal, comisario o el presidente municipal para expedir constancias de adscripción de manera unilateral sin que la asamblea conozca ni lo apruebe.
Es decir que en el proceso electoral que está por iniciar en septiembre próximo esta regla aplicará nuevamente, bastará con que alguna de estas autoridades emita una constancia a quien se autoadscriba como indígena para que algún partido político lo pueda postular bajo este principio.
En esta reforma, solo se limitó al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), y a la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos para que no puedan emitir estas constancias.
Otra de las principales opiniones incluidas en el informe es que “en la Ley debe establecerse la obligación de que se postulen personas indígenas, no a personas de origen indígenas”, y esto también pasaría porque la asamblea comunitaria reconociera o no a estas personas como indígenas y que formen parte de su comunidad.
Se propuso que el porcentaje para determinar si en el municipio se deben registrar candidaturas indígenas o afromexicanas, sea el tener un porcentaje del 30 y no del 40 por ciento, pero este planteamiento ni siquiera se discutió por los diputados a la hora de dictaminar en la Comisión de Justicia ni en el pleno, y quedó como ya se contemplaba que deben tener el 40.
También se planteó que los cargos de presidencia, sindicatura y regidurías, se reserven la mitad para indígenas, considerando la paridad de género, y “en menor medida” se solicitó la posibilidad que puedan reservarse más del 50 por ciento de cargos para estas poblaciones.
Se plantearon especificaciones por municipios como el caso de Juchitán y Azoyú, donde existe población indígena y afromexicana, para que se pueda tener un registro o espacios para ambas poblaciones, sin que se afecte el derecho de representación que tiene cada sector, pero tampoco se incluyó.
En el informe de los resultados de la consulta enviado por el IEPC al Congreso se plantea que las constancias emitidas por las autoridades comunitarias deberán tener la validación o aprobación de la asamblea, “para evitar que pueda darse una constancia a quienes no cumplan con los requisitos internos de la comunidad”.
Estos son haber prestado servicio comunitario, ocupado cargos civiles, agrarios o tradicionales, trabajo colectivo en beneficio de la comunidad o participar en diversos comités y comisiones que existen en las comunidades indígenas y afromexicanas”.
Y lo que se aprobó por el pleno establece que los requisitos son “haber prestado servicios comunitarios o desempeñado cargos tradicionales en la comunidad o distrito; haber participado en reuniones de trabajo tendientes a mejorar instituciones tradicionales o resolver los conflictos que se hayan presentado en torno a ellas, dentro de la población, comunidad o distrito; haber sido representante de alguna comunidad o asociación indígena o afromexicana, cuya finalidad sea mejorar sus conservar instituciones”.
También se planteó que se dé prioridad para otorgar las candidaturas indígenas a mujeres y hombres que hablen alguna de las lenguas maternas además del español; se propuso también que se den herramientas legales para que el IEPC revise las documentales o pruebas que se presenten para acreditación del vínculo comunitario o, en su caso, se realice alguna verificación de la expedición de la constancia por la autoridad que suscribe.
Se pidió que se establezcan estos mecanismos de revisión o certificación de documentos que eviten que haya políticos que usurpen la identidad de personas indígenas o afromexicanas, y que estos casos sean sancionados, y se establezcan las sanciones. Tampoco se legisló al respecto.
 

También la UPOEG rechaza aval de la Corte a la consulta del Congreso sobre la Ley 701

El comisario del Mesón Sergio Gallegos; la representante de la comunidad Capulin Lizbeth González; el dirigente de la UPOEG Bruno Plácido; el coordinador de las autoridades municipales civiles y agrarias Gonzalo Torres y el coordinador de 28 comunidades de Ayutla Jesus Pantoja en la conferencia de prensa ayer en Chilpancingo Foto: Jessica Torres Barrera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La coordinación estatal de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), se sumó al rechazó a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que validó la consulta del Congreso local y que derivó en la reforma a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas de mayo del año pasado.
En conferencia de prensa, al menos 28 comisarios municipales encabezados por dirigentes de la UPOEG anunciaron acciones de protesta para exigir una nueva consulta y otra reforma, porque “los pueblos tienen mucho que aportar”, dijo el dirigente de la organización, Bruno Plácido Valerio, en coincidencia con la postura de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
El coordinador de Autoridades Municipales, Civiles y Agrarias de la UPOEG Gonzalo Torres Valencia, denunció que la consulta que realizó el Congreso “fue una simulación” y que en muchas comunidades indígenas y afromexicanas se realizaron reuniones en las que se obligó a las autoridades comunitarias a firmar, si no, las amenazaron con dejarlas fuera de las obras y de los programas sociales.
Plácido Valerio agregó que con la consulta se violaron los artículos 2 y 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: el 2 dice que los pueblos tienen derecho a crear sus propias instituciones, y el 39 que el pueblo puede alterar o modificar su forma de gobierno, “pero cuando los pueblos se organizan para crear sus propias instituciones son perseguidos y divididos”, reprochó el dirigente indígena.
Agregó que también se violó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que dice que para ser consultados los indígenas, tiene que haber de buena fe y ser previamente informados, lo que no ocurrió.
“La que hicieron no fue consulta, sólo se reunían con unas diez personas o se tomaban fotos en reuniones cuando iba la gobernadora y con eso quieren justificar sus consultas”.
Contó que en otras ocasiones le decían a la gente que se reuniera en algunos pueblos, en donde los amenazaban: “si no me firmas no habrá obras y programas sociales”.
Aseguró que no se levantaron actas de asambleas, ni se nombraron mesas de debates, tampoco firmaron los acuerdos de asamblea.
La UPOEG pide una nueva consulta en la que la gente realmente participe con sus opiniones para la reforma de sus leyes, “estamos de acuerdo en una reforma pero que se cumpla con la consulta”.
Propuso que no les pidan su opinión a los líderes, sino que sean los ciudadanos los que hablen, “son los pueblos los que tienen que ser sujetos y no objetos de derecho público”.
Denuncio que igual ocurrió con la reciente consulta que realizó el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para la representación de los pueblos indígenas.
Explicó que en San Luis Acatlán solo llegaron las autoridades comunitarias de la cabecera municipal y no invitaron a pueblos como Cuanacaxtitlán, Yoloxóchitl, Arroyo Cumiapa y Pascala del Oro, con lo que, denunció, nuevamente hubo racismo y discriminación.
“Ya estuvo sueve que a los indígenas nos sigan utilizando sólo para eventos o festejos y después nos dejen empobrecidos, divididos y confrontados”.
Informó que la UPOEG va a iniciar asambleas en los pueblos indígenas y afromexicanas para convocar a movilizarse
Anunció que pretenden terminarlas el 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, “y vamos a terminar con una acción concreta que nos lleve a ratificar nuestro camino como pueblos indígenas y afromexicanos”.
Admitió: “Si no logramos algo por lo menos estaremos evidenciado al Estado que todavía en el siglo XXI sigue discriminando y violando los derechos de los pueblos indígenas”.

El gobierno acorrala a la UPOEG y no resuelve la inseguridad, señalan

Gonzalo Torres Valencia, denunció que los ministros de la SCJN aprobaron algo que solamente les llevaron, “y eso que les llevaron fue una simulación de consulta, lo que queremos es que realmente se hagan las consultas en asambeas y que sean públicas, no solo que les lleven una hoja y les digan estos son los resultados de la consulta y ya”.
Declaró que buscarán que se respeten sus derechos, “porque de una u otra manera el gobierno nos quiere someter y no estamos dispuestos a eso, nosotros tenemos nuestras propios usos y costumbres y eso no va a estar a discusión, ellos (el gobierno) quiere que cumplamos la ley tal cual la especifica la Carta Magna, pero hasta ahora ni si quiera ellos la respetan a pesar de que está hecha a su manera.
Agregó que hay leyes consuetudinarias “y son a ellas a las que nos estamos apegando y las vamos a defender hasta con las uñas y dientes, hasta el último suspiro”.
Denunció que el gobierno ha estado acorralando a la UPOEG “de una manera muy vil, y nos utilizan como pretexto para hacer sus cosas, empezaron por decir que estamos infiltrados por el crimen organizado, cuando todas las instituciones lo están y no hacen nada”.
Informó que estuvieron de acuerdo en replegarse “para demostrarles que no somos nosotros, y como ejemplo, ahora en el corredor de Acapulco a Huatulco, (Oaxaca), hay muchas extorsiones, y si decían que éramos nosotros y nuestra gente ya se replegó, ¿por qué siguen los problemas entonces?
Informó que en la reciente consulta que realizó el IEPC los pueblos dijeron que quieren participar en cargos de elección popular, “pero ellos nos quieren obligar a que sea por partidos, es lo mismo de siempre: divide y vencerás, quieren obligar al que quiera un cargo a que se vaya con los partidos políticos y abandone la lucha por nuestros pueblos, pero la mayoría de nuestros compañeros están puestos en la lucha”.
Jesús Pantoja Mayo, coordinador de 28 comunidades de Ayutla, declaró que en ese municipio los pueblos se rigen por el sistema normativo propio, “pero aún allí hemos sido discriminados, y eso que hemos estado en pie de lucha, cada que hay elección hay impugnación, nos quieren someter porque las comunidades indígenas han querido tener su autogobierno”.
Aseguró que cuando fueron a hacer la consulta hubo solicitudes de varios pueblos que pidieron que los convocaran a las asambleas y les informaran de qué se trataba la consulta, pero no fueron; “no se nos informó a fondo, hemos sido discriminados en ese aspecto”.

 

Debería retomar el Congreso propuestas de la consulta del IEPC: Pánfilo Sánchez

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El titular de la Secretaría para el Desarrollo de las Comunidades y Pueblos Indígenas y Afromexicanos (SAIA), Pánfilo Sánchez Almazán, manifestó su respaldo a las propuestas que los pueblos indígenas y afromexicanos plantearon en la reciente consulta que realizó el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), y que fueron desdeñadas por el Congreso local.
El miércoles la Comisión de Justicia del Congreso local aprobó dictámenes con reformas en materia electoral. Una de ellas es la que tiene que ver con candidaturas para integrantes de los pueblos originarios y afromexicanos, en la cual no se tomaron en cuenta decenas de propuestas que estas comunidades manifestaron en la reciente consulta llevada a cabo por el IEPC.
Consultado por teléfono, Sánchez Almazán dijo que el sentir de los pueblos se vio reflejado en las consultas que realizó el IEPC, y aunque aclaró que desconoce si se tomaron en cuenta o no, aclaró que si los pueblos indígenas dicen que no, “considero que el Congreso debe de reconsiderar”.
Destacó; “si esas fueron las propuestas de los pueblos indígenas se debieron de considerar y realmente tomar en cuenta su decisión. Por supuesto que comparto estas propuestas porque yo vengo de una comunidad indígena”.
El funcionario insistió que “lo más correcto y justo” sería reconsiderar esas propuestas, aunque aclaró que se trata de un asunto de competencia del Congreso del estado y del IEPC, “y siendo respetuosos de la división de poderes, no tenemos nada que ver como Secretaría en la elaboración de esta normativa que se esta realizando previa al próximo proceso electoral”.
En otro asunto, Sánchez Almazán informó que se va a sumar a las mesas técnicas que acordaron reanudar el secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias CRAC para la elaboración de una iniciativa de reforma integral en materia indígena.
Dijo que aunque las pláticas las está coordinando directamente el secretario de Gobierno, les han pedido que se sumen para darle seguimiento a la propuesta que ha venido planteando la CRAC y otras organizaciones.
“Sin duda alguna uno de los compromisos que tenemos es sumarnos para darle el seguimiento correspondiente”.

 

La consulta del Congreso sobre la Ley 701 “es cosa juzgada”, dice Apreza a la CRAC

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Congreso local, Héctor Apreza Patrón, dijo que respeta la postura de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), que rechazó el aval de la Corte a la consulta que realizó el poder Legislativo en 2022 y que derivó en la aprobación de la Ley 701.
El diputado sostuvo que “este ya es un tema juzgado” y no hay otro tribunal en el país ante el que se pueda llevar el caso.
La CRAC sostuvo que la consulta que realizó el Congreso sobre derechos indígenas, fue una simulación, por lo que adelantaron que seguirán ejerciendo su sistema de justicia comunitario. La Ley 701 no recoge además propuestas de la nueva consulta organizada por el IEPC, como la preminencia de las asambleas de los pueblos indígenas en las candidaturas de autoadscripción.
No obstante, Apreza Patrón señaló que lo que sigue es continuar con el proceso de diálogo “entre los tres órdenes de gobierno, los poderes públicos y las comunidades para ir perfeccionando el sistema jurídico que rige, que norma la vida de los guerrerenses”.
Mientras que de la oposición del diputado Masedonio Mendoza Basurto a las reformas en materia de candidaturas indígenas y afromexicanas, Apreza Patrón recordó que lo aprobado por el pleno del Congreso local “no es nada novedoso” porque es lo mismo que hace tres años. La pasada legislatura “había aprobado exactamente lo mismo”, pero que fueron invalidadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la falta de consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos, y que en la consulta “se confirmaron” las reformas que ya se habían realizado, dijo.

El caso Badillo

Héctor Apreza informó que la posibilidad de que Joaquín Badillo Escamilla sea el próximo presidente de la Mesa Directiva, no se ha planteado de manera formal y de ser una “jugada de Morena” para presidir este organo y la Junta de Coordinación Política (Jucopo), podrían en riesgo los acuerdos logrados con los otros grupos y representaciones.
Al priista se le preguntó de la decisión del diputado Joaquín Badillo Escamilla, quien dejó el grupo parlamentario de Morena para integrarse a la representación del PVEM, por acuerdo de la alianza Juntos Hacemos Historia, como una estrategia para que los morenistas tengan además de la presidencia de la Jucopo, también la de la Mesa Directiva en el tercer y último año de esta legislatura.
Dijo que si Badillo Escamilla tiene aspiraciones políticas debe buscarlas a través del PVEM y no de Morena, además de que no es un espacio asegurado porque la presidencia se somete a votación del pleno y si no hay un acuerdo y logra la votación necesaria se podría complicar o presentar otras propuestas.
Este escenario de proponer a Joaquín Badillo como próximo presidente de la Mesa Directiva no se ha planteado al interior de la Jucopo: “Morena tendrá que valorar si está dispuesto a romper los acuerdos políticos que ha venido construyendo con el PRI, con el PRD, con el PAN, PT, con el propio Verde, a cambio de impulsar esa candidatura” a este espacio. que debería corresponder a representantes de un partido diferente al que preside la Junta.
Apreza señaló que de ser verdad que se busque impulsar a Badillo por el PVEM como “una jugada de Morena, se entendería como que no le interesa seguir transitando en la ruta de la gobernabilidad y de la construcción de acuerdos”.
También recordó que la ley solo es clara en el sentido de que el grupo parlamentario que presida la Jucopo, que en este caso es Morena, no puede tener también la presidencia de la Mesa Directiva, pero no se establecen reglas de cómo se elegirá a quienes estén al frente en cada uno de los tres años de la legislatura, por lo que esa decisión se construye a partir de “un acuerdo político que se somete a consideración del pleno”