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Continúa cerrado el kínder Gabriela Mistral de Zihuatanejo; padres exigen el tiempo completo

Por segundo día, padres de familia de cinco grupos del jardín de niños Gabriela Mistral mantuvieron cerrado el plantel, para esperar que las autoridades educativas les den una respuesta a su exigencia de tener servicio de tiempo completo, que desde el actual ciclo escolar se niegan a dar cinco maestras.
El martes 23, los padres inconformes de los cinco grupos cerraron el jardín de niños, que se ubica en la unidad habitacional Infonavit El Hujal, en este puerto, para exigir que las cinco maestras trabajen de acuerdo con el sistema de escuela de tiempo completo, que es desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, pero ellas se han negado, argumentando que tienen problemas de salud y que les pagan poco por el trabajo que realizan.
Pero además, las cinco educadoras tienen una denuncia y un amparo en contra de las autoridades educativas estatales y federales, por lo que no pueden ser cambiadas a otro jardín de niños.
De ahí que los padres de los cinco grupos, en los que están 115 alumnos de los 244 que asisten a clases en ese plantel, cerraron la escuela de manera indefinida.
Este miércoles, la presidenta del comité de padres de familia, Bárbara Oregón López, dijo que se organizaron por equipos para hacer guardia en la escuela, mientras esperan alguna respuesta por parte de las autoridades educativas, pero hasta la una de la tarde, que es el horario que establecieron para sus guardias, nadie se había comunicado con ellos para informarles si hay algún avance sobre su petición.
Asimismo, comentó que hay inconformidad por parte de padres de familia de los otros siete grupos, que sí tienen el servicio de tiempo completo, porque tienen cerrado el plantel, pero indicó que la postura es que no abrirán el jardín de niños hasta que les garanticen que sus hijos también tendrán clases hasta las 2 y media de la tarde, como el resto de los otros siete grupos.
Una madre de familia dijo a los reporteros que aunque el servicio de tiempo completo debe ser hasta las 4 de la tarde, algunas maestras de los otros siete grupos sacan a sus hijos a las 2 y media de la tarde, porque tienen que presentarse a trabajar a otras escuelas pues tienen doble plaza.

 

Recortan autoridades a la mitad el apoyo para la reconstrucción de una secundaria de Acapulco

Padres de familia de la secundaria David Alfaro Siqueiros, del poblado de La Venta, se quejaron de que firmaron un acuerdo con César Flores Maldonado, asesor del gobernador Héctor Astudillo Flores, para que a la escuela se le aportaran 200 mil pesos para hacer algunas reparaciones, luego de que fue afectada por el sismo del pasado 19 de septiembre, pero ahora les informaron que nada más será cien mil pesos.
La presidenta del comité de padres de familia de la escuela, Leticia Arriaga Gerardo, señaló que no recibirán nada de dinero hasta que les den por lo que firmaron, que fueron 200 mil pesos, y pide la intervención del gobernador Héctor Astudillo Flores, porque con ese recurso ya tenían planeado arreglar tres techos de las aulas e impermeabilizar otras, así como reforzar las columnas.
Al plantel acuden a clases 642 alumnos.
Arriaga Gerardo dijo que con César Flores acordaron 200 mil pesos y que para ello firmó todo el comité, así como la directora, pero ésta les informó que le dijeron que nada más será la mitad del recurso lo que les van a dar y eso no es así.
Señaló que firmaron un documento denominado “acta de inicio para la aplicación de los recursos correspondientes a la estrategia de atención a la escuela”. Señaló que cómo van a comprobar 200 mil pesos si nada más les están entregando 100 mil.
“La directora nos informó que le manifestaron que el resto lo van a regresar (sin especificar quién lo dijo), por lo que quién nos asegura que no van a cobrar los 200 y a nosotros nada más nos van a dar 100 mil pesos”.
Señaló la madre de familia que definitivamente no van a aceptar nada, que han hecho presupuesto con algunas constructoras y les cobran hasta 180 mil pesos para hacer las reparaciones que les hacen falta, “esos 100 mil pesos no nos va alcanzar para nada”.
Pidió la intervención del gobernador porque “no es justo que nos digan una cantidad y nos salgan con otra”.  Informó la madre de familia que la secundaria tuvo varias fisuras durante el sismo del 19 de septiembre, que necesita otras reparaciones como es arreglar la techumbre, impermeabilización y el reforzamiento de las columnas, porque están afectadas, así como algunas grietas en las paredes.

Demanda ante la Fiscalía un defraudado por la caja de ahorro del STTAISUAG

El trabajador de Ciencias Agropecuarias y Ambientales, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), ubicada en Iguala, Pedro Salazar Trinidad, interpuso una demanda ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de la Comisión Profesionalizada de Caja de Ahorro, la caja de ahorro, Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la UAG (STTAISUAG), la institución y “quien resulte responsable”, por el fraude de 2016.
Salazar Trinidad, quien encabezó las protestas en Rectoría para exigir el pago de la caja de ahorro 2016, acudió a la FGE acompañado de universitarios y sus representantes legales, para presentar la denuncia, en la que no señala directamente a ningún funcionario o trabajador de la UAG como responsables del desfalco, pero sí a la institución y al STTAISUAG, sindicato que administra los ahorros.
La denuncia relata que de diciembre de 2015 a noviembre de 2016, a Salazar Trinidad se le hicieron descuentos quincenales que corresponden al ahorro que invirtió en la caja. El 7 de diciembre del año pasado recibió el cheque número 13279, de la cuenta 192191563 de Bancomer, para cobrar la cantidad de 28 mil pesos; sin embargo, no lo pudo cobrar “por falta de fondos” y se le informó que la cuenta bancaria había sido bloqueada.
Luego de un año sin recibir los recursos Salazar Trinidad decidió interponer la denuncia en la FGE, la cual estará abierta hasta hoy en caso de que algún otro universitario se sume. (Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo).

Nueva protesta en Rectoría de los defraudados de la caja de ahorro del STTAISUAG

Integrantes del Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la Universidad Autónoma de Guerrero (STTAISUAG) y del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG (STAUAG) protestaron por segunda ocasión en la explanada de Rectoría, para exigir el pago de la caja de ahorro 2016, que se adeuda a unos 500 trabajadores.
El 14 de noviembre, los defraudados de la caja de ahorro protestaron en las oficinas del rector Javier Saldaña Almazán, luego de que éste no asistió a una reunión programada con ellos.
Este miércoles, a las 8 de la mañana, unos 30 sindicalizados que participan en la manifestación también declararon que están inconformes porque el rector Saldaña Almazán no atiende el problema.
Con una bocina, los manifestantes denunciaron que les fueron entregados cheques sin fondos, por lo que exigen que se aclarare el problema y que además se dé una solución.
“Los cheques que nos entregaron fueron impresos en Finanzas de la universidad y no tenían fondos”, agregó un manifestante.
A las 11 de la mañana, una comisión se reunió, a puerta cerrada en la sala de los ex rectores, con el secretario general de la UAG, José Alfredo Romero Olea, y  el coordinador de asesores, Fernando Jiménez, quienes se comprometieron a tratar de pagar los ahorros que se perdieron.
Los manifestantes detallaron que al menos mil 500 ahorradores lograron sumar la cantidad de 20 millones de pesos, por lo que estiman un desfalco de más de 6 millones de pesos, pero refieren que como víctimas del fraude no han tenido acceso a los resultados de la auditoría realizada a la caja de ahorro.
Durante la manifestación exigieron a las autoridades encargadas que se ejerza acción penal en contra de los administradores de la caja de ahorro, que participaron en el periodo 2013-2016, es decir Guadalupe Gutiérrez Campos, Eric Manrique y Felipe Alonso Alonso.
Después de dos horas de reunión, uno de los defraudados informó que se determinó que en breve solicitarán a la dirigencia de la STTAISUAG que informe respecto a la situación jurídica de la demanda interpuesta en contra de los ex dirigentes. (Anarsis Pacheco Pólito / Chilpancingo).

Denuncian maestros de la prepa de Iguala irregularidades del grupo político del rector de la UAG

En conferencia de prensa ofrecida la tarde de este martes, profesores de la Preparatoria 10, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), denunciaron presuntas irregularidades del grupo político del rector Javier Saldaña Almazán y se dio a conocer la renuncia al cargo de la subdirectora de este plantel, con sede en Iguala, Marilú Barrera Olivares, a causa de dichas faltas.
La conferencia en la tarde de un grupo de nueve académicos de la Preparatoria 10, que forman parte del grupo Democracia, se realizó en un restaurante de la avenida Vicente Guerrero.
En ella se denunciaron supuestas irregularidades cometidas desde la Rectoría en beneficio de académicos del grupo afín al rector Javier Saldaña, el Frente por la Reforma Democrática de la Universidad Autónoma de Guerrero (Fredeuag), como es el caso de recategorizaciones y pago de estímulos.
Durante la declaración, la subdirectora académica de la Preparatoria 10, Marilú Barrera, presentó ante los reporteros su renuncia al cargo que ocupaba desde julio de 2014, la cual va dirigida al rector Saldaña y al director de la institución, Rodimiro Méndez Ríos, de quien denunciaron que llegó al cargo por el grupo Democracia y ahora es parte del Fredeuag.
En el documento señala que los motivos de su separación del cargo son que no se han respetado ni cumplido los acuerdos académicos, y porque poco a poco le fueron quitando sus funciones “al grado que estoy de adorno en dicho lugar y confieso que no sirvo para eso”.
Enumeró que le fueron quitando las funciones de coordinar el turno descontinuo, elaboración de horarios, la responsabilidad de las becas alimenticias, la responsabilidad de tramitar el IMSS para los alumnos de los tres turnos, los exámenes extraordinarios, la coordinación de los cursos de regularización, la prueba Planea y la coordinación del curso académico regional de aniversario de la escuela.
En la conferencia participaron también los académicos Guadalupe Hernández de la Cruz, Marilú Bustamante, Sergio Moreno de León, Jorge Vicario López, Fernando Flores Méndez, Esteban Díaz Ramírez y Mario Mojica.

Exigen representantes de PRD, Morena y MC la remoción de los siete consejeros del IEPC

Los representantes del PRD, Morena y Movimiento Ciudadano ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) demandaron al Instituto Nacional Electoral (INE) que se agilice la demanda que presentó en marzo pasado el representante de Morena para la remoción de los siete consejeros, por graves y reiteradas violaciones a la ley, omisión de sus responsabilidades, negligencia y opacidad en el manejo de los recursos asignados al organismo.
En conferencia de prensa en las oficinas de la delegación 17 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), a las 3 y media de la tarde de este miércoles, los representante del PRD, Nicanor Adame Serrano; de Morena, Sergio Montes Carrillo, y de Movimiento Ciudadano, Jesús Tapia Iturbide, también cuestionaron los altos sueldos que perciben, que, en el caso de la presidenta Maricela Reyes Reyes, alcanza los 287 mil 457 pesos y los consejeros 237 mil 564 mensuales.
“Son salarios que están por arriba de lo que establece el artículo 191 de la Constitución del estado de Guerrero, que establece que ningún servidor público debe ganar más que el gobernador”, dijo en su caso el perredista Adame Serrano.
El representante de Morena, Montes Carrillo, presentó el 2 de marzo pasado ante el INE, a través de su vocalía local, una demanda de remoción de los siete consejeros del IEPC, que se recibió con el número de queja 26/72 y una vez radicada en la unidad responsable del INE le asignaron el número de expediente 05/2017, por diversas violaciones a la ley, omisiones de la presidenta y los consejeros del organismo electoral.
Pero Montes Carrillo se quejó de que a más de cuatro meses de que presentó la denuncia no han tenido respuesta, y tampoco el INE ha realizado ninguna acción en contra de los consejeros, ni ha hecho ninguna petición o aclaración a él como promovente, a pesar de que aseguró que ha estado presentado las pruebas supervenientes necesarias para fortalecer el expediente.
Tapia Iturbide, de Movimiento Ciudadano, se sumó a la exigencia del representante de Morena, para que el INE “le dé respuesta ya” a su demanda y explicó que la denuncia que presentó el representante de Morena en contra de los consejeros fue por realizar una promoción ilegal de funcionarios electorales, explicó que personas que no contaban con el perfil y los lineamientos que establece el INE fueron promovidos a cargos y sueldos superiores.
Mencionó dos ejemplos: el de Margarito Cortés, quien de auxiliar lo ascendieron a titular de la oficialía electoral. Otro caso fue el de Norma Liliana Ramírez Eugenio, quien habiendo sido candidata suplente del PAN en 2012, fue nombrada titular de una unidad técnica del IEPC.
Al respecto, Montes Carrillo explicó que después de que se presentó la denuncia ante el INE, los dos funcionarios electorales que habían sido ascendidos fueron removidos y liquidados, lo que también fue presentado como pruebas supervenientes en el desarrollo del expediente.
Consideró que es importante que el INE resuelva ya la denuncia que presentó, “porque no podemos ir al proceso electoral de 2018 con consejeros señalados de omisiones en sus funciones”.
Asimismo, dijo que los consejeros nombraron a personas que no cumplen con los requisitos que señala el lineamiento del INE para ocupar un cargo de titular de una unidad técnica del IEPC, aunque de éstos no precisó a quienes.
Otra de las causales que planteó Morena en su demanda es la “notoria negligencia en el desempeño de sus funciones, con lo que violaron los principios rectores del organismo electoral”.
Explicó que en diversos órganos distritales en el proceso electoral de 2014-2015, como en los distritos 14, 16, 18 y 28 se cometieron una serie de irregularidades “que quedaron plenamente acreditadas en los expedientes donde se impugnaron las elecciones municipales o distritales”.
Dijo que ante esa situación el órgano electoral nunca hizo nada para sancionar a sus funcionarios, reprochó el representante de MC.
Añadió que esa negligencia está ocasionando que en el nuevo proceso de ratificación y nombramiento de consejeros distritales muchos de ellos se inscribieran, aunque al respecto los representantes de los partidos ya expresaron su oposición, concretamente en contra de algunas personas y los tres representantes partidistas advirtieron que impedirá que no pasen, por haber cometido irregularidades que violentaron la ley en el proceso electoral anterior.
“No podemos iniciar el nuevo proceso electoral con la incertidumbre de que algunos consejeros electorales del máximo órgano local tengan alguna imputación de haber cometido ilegalidades y que conserven el cargo para seguir desempeñando sus funciones”, dijo en su momento el representante de MC.
Exigió al INE que resuelva la denuncia que presentó Morena para iniciar un proceso electoral, “tal y como lo marca la ley, protegiendo siempre los principios rectores que establece la ley electoral”.
Por su parte, el representante del PRD, Adame Serrano, igual que el de Morena y de MC se sumó a la exigencia de que el INE remueva a los consejeros electorales, porque dijo que comparte las causales de remoción.
Pero además añadió que no se puede ir a un proceso electoral “con un órgano que constantemente está violando la legalidad”, como dijo que lo hace con los altos sueldos y prestaciones que perciben. Dijo que en el caso de la presidenta, Maricela Reyes Reyes, alcanza los 287 mil 457 y los consejeros 237 mil 564 mensuales, “son salarios que están por arriba de lo que establece el artículo 191 de la Constitución del estado de Guerrero”, cuestionó.
Agregó que también violentan el artículo 189 de la ley electoral local, que en su fracción séptima dice que las atribuciones de la consejera presidenta son proponer al Consejo General el nombramiento del secretario ejecutivo, de los directores ejecutivos, de los titulares de las unidades técnicas del IEPC; sin embargo, denunció que en las direcciones y unidades técnicas la presidenta ha nombrado a puros encargados, “porque no quiere que el consejo general se los cuestione”.
Acusó a la presidenta de que con ello está incurriendo en ilegalidad y clara violación a la ley electoral, porque ya dejó pasar mucho tiempo con puros encargados en las áreas del organismo.
Mencionó que otra violación es que asuntos que le competen al Consejo General, la presidenta los traslada a la Junta Estatal, en donde tiene a puros encargados y por consecuencia tiene el control, “por eso los lleva allí”.
Destacó que otra irregularidad es la opacidad en el manejo de los recursos, sobre todo, dijo, el relacionado con la nómina.
Por ejemplo, informó que en la nómina de honorarios para los trabajadores eventuales en el presupuesto de 2017, el Consejo General aprobó 18 millones 668 mil 535 pesos, que divididos entre 12 meses, resulta 1 millón 555 mil 711 pesos, “pero esa nómina no sabemos porqué no aparece en la página de Transparencia”. Lo que pasa, explicó, es que en esta nómina la presidenta y los consejeros meten a sus recomendados.
También denunció que los mandos directivos tienen un salario de 132 mil 989 pesos que son los más altos, pero que lo que aparece en la página del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, no coincide con el presupuesto que se aprobó en 2016, donde se asignan los salarios, prestaciones y honorarios.
“En lo que no estamos de acuerdo es que se diga que se bajaron el sueldo por un proceso de austeridad, cuando en el presupuesto de egresos de 2016 y 2017, la presidenta y los consejeros se aumentaron considerablemente sus prestaciones y sólo se bajaron el 10 por ciento en el salario base”, denunció.
Explicó: “Se bajaron el sueldo nominal, pero se lo aumentaron en prestaciones y ese es un engaño, porque al público le dicen que se bajaron sus sueldos, pero en los hechos se lo aumentaron, vía prestaciones para evadir impuestos”.
Agregó que los consejeros también incurrieron en la ilegalidad, porque en enero y febrero otorgaron financiamiento a los partidos Nueva Alianza y a Encuentro Social, a pesar de que en las elecciones de 2015 perdieron su registro. Recordó que la ley señala que los partidos que no alcanzan el 3 por ciento de la votación pierden el registro.
Además, acusó que la presidenta y los consejeros no presentaron el proyecto de dictamen de pérdida de registro de esos partidos, como lo establece la ley electoral, “entonces no sólo no presentaron el dictamen, sino que les dieron financiamiento en enero y febrero”, dijo e informó que el organismo electoral erogó por ese concepto 806 mil 581 pesos por los dos partidos en esos dos meses.
Informó que el organismo les suspendió el financiamiento hasta que los partidos políticos recurrieron a los organismos jurisdiccionales, para que se corrigiera esta ilegalidad.
El representante del PRD aseguró que todas las ilegalidades e irregularidades en que ha incurrido la presidenta las han denunciado en las sesiones, pero que no se corrigen los señalamientos.
“En conclusión, es muy grave que saque el proceso electoral este consejo, cuando su presidenta maneja el instituto como su empresa particular y los consejeros son sus cómplices por omisión”, se quejó.

Desconoce Recursos Humanos sobre las plazas de tiempo completo denunciadas por el STAUAG

El director general de Recursos Humanos de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Ángel Carrillo Chora, se negó a informar sobre la presunta asignación de plazas de tiempo completo de manera unilateral, con salarios altos, al personal de confianza que denunciaron integrantes del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG (STAUAG).
El jueves pasado, 29 de junio, en el auditorio de la Rectoría se llevó a cabo la sesión ordinaria del Consejo General de Representantes (CGR) del STAUAG, en la que los delegados se quejaron de la asignación unilateral de plazas de tiempo completo que beneficia a personal de confianza en “todas” las unidades académicas y oficinas regionales, las cuales autoriza la administración central.
Además, los delegados denunciaron que hay casos de dobles y triples plazas de tiempo completo en la UAG, particularmente en casos de trabajadores auxiliares, que “de la noche a la mañana” aparecen en nómina con plazas de tiempo completo, sin haber dado clases frente a grupo, entre otras irregularidades.
Pese a la situación, Carrillo Chora, quien fue abordado por esta reportera en la Rectoría, se negó a declarar sobre el tema con el argumento de que “apenas tengo ocho días (en el cargo)”, por lo que desconoce la situación y dijo que “cuando tenga más tiempo” estará en condiciones de hablar al respecto de las presuntas irregularidades en la asignación de plazas de tiempo completo.
Carrillo Chora fue director general de Recursos Humanos en el rectorado de Arturo Contreras Gómez, 2006-2010, sin embargo, pese a su conocimiento previo del área que dirigirá en el segundo rectorado de Saldaña se negó a declarar de las denuncias de los delegados.

Denuncian policías despedidos que Seguridad Pública estatal no les pagó la quincena de junio

Agentes de la Policía Estatal que fueron despedidos denunciaron que el secretario de Seguridad Pública estatal, Pedro Almazán Cervantes, ha tomado represalias contra ellos, porque les retuvieron la primera quincena de junio y viáticos a los 206 policías dados de baja.
Ayer un policía estatal despedido que se reservó su nombre declaró que la solicitud de pago del salario y viáticos es porque la dependencia no les ha notificado por escrito que están dados de baja, que fue sólo verbal y en el amparo que presentaron ante un juzgado federal piden que se les respete su salario hasta que se resuelva su situación laboral.
Explicó que cada policía cobra quincenalmente de 3 mil 800 a 5 mil pesos, más viáticos, unos 3 mil 750 pesos.
Se quejó que Almazán Cervantes, el gobernador, Héctor Astudillo Flores, y el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete, no han dado la cara para tratar su problema laboral.
Comentó que el viernes 16 de junio se cumplió el plazo para dar respuesta al amparo laboral que demandaron los agentes estatales despedidos ante un juzgado federal contra la secretaría y su titular por abuso de autoridad y despido injustificado, pero Almazán Cervantes no ha atendido el proceso laboral.
El 19 de junio, unos 600 policías estatales de la región Centro, Chilapa y Mártir de Cuilapan (Apango) pararon labores en el cuartel central, en Chilpancingo, para exigir al gobernador y al secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, una jornada laboral de tres días de descanso por tres de trabajo, y un bono de riesgo de 3 mil 500 pesos a 12 mil pesos.
Dos días después levantaron el y el 31 de mayo la Secretaría informó en un boletín de prensa que había separado del cargo y dio de baja definitiva de su corporación a 176 policías, que finalmente sumaron 206 estatales, porque incurrieron en una conducta violatoria de ley.

Revisar a la Policía municipal para evitar infiltraciones, pide Meza a las fuerzas federales

El secretario general del Ayuntamiento, Daniel Meza Loeza, pidió que las fuerzas federales hagan una revisión a la Policía municipal para deslindar cualquier posibilidad de que estén infiltrados por la delincuencia organizada porque no hay certeza en el gobierno municipal, e invitó a los ciudadanos a denunciar cualquier irregularidad.
Este martes, en Zihuatanejo, policías estatales y militares del 75 Batallón de Infantería tomaron el control de la Policía municipal y detuvieron a 60 presuntos agentes, 45 de ellos señalados como infiltrados y 15 que no aprobaron los exámenes de control de confianza.
En declaraciones en la avenida Palma Sola, a donde acudió a supervisar la limpieza de los canales pluviales, Meza Loeza festejó que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, haya confirmado que en Acapulco van a la baja los homicidios: “¡qué bueno que lo confirma el secretario!”.
El pasado 18 de abril, Daniel Meza dijo que en la comparativa del primer trimestre de este año con 2016, los resultados indicaban que había disminución en los homicidios. En enero de 2016 hubo 65 homicidios y este año 46; en febrero de 2016, 74, y en febrero de este año 64; en marzo de 2016 hubo 93 y en marzo de este año 88.
Reiteró que cada mes las cifras de los asesinatos van a la baja.
Sobre la posibilidad de que en Acapulco puedan ocurrir acciones similares a las sucedidas en Zihuatanejo, Meza Loeza respondió que “no hay ninguna preocupación sobre eso porque desde que comenzó la administración de Evodio Velázquez hemos solicitado que se haga una revisión a la Secretaría (de Seguridad Pública), nosotros somos los principales interesados en tener una policía sana, completamente confiable, nosotros no tenemos ese temor, no tenemos esa preocupación”.
Indicó que en la Secretaría de Seguridad Pública sólo los agentes que aprobaron los exámenes de control de confianza pueden portar armas, “quienes no han pasado los exámenes por supuesto que no pueden andar armados en la calle y de ninguna manera vamos a darle esa desconfianza a la sociedad”.
Abundó que las fuerzas federales pueden ayudar al gobierno municipal con el uso de equipo de inteligencia para verificar si hay filtraciones de la delincuencia en las fuerzas de seguridad pública municipal.
Meza Loeza agregó que en el municipio hay policías que no aprobaron los exámenes de control de confianza por discapacidad o edad avanzada, pero ellos no están asignados a tareas de responsabilidad.
–¿Hay riesgo de que en Acapulco pase una situación similar a la de Zihuatanejo?– se le insistió.
–De ninguna manera, al contrario, si ellos lo hicieran nosotros lo veríamos muy bien, que se hiciera una revisión en la Secretaría de Seguridad Pública en Acapulco, nosotros no tenemos ningún inconveniente, nosotros no escondemos nada, al contrario, las veces que ha estado nuestro presidente municipal en la secretaría les ha leído de manera clara la cartilla a todos los elementos.
El secretario abundó que el gobierno municipal se ha preocupado por brindar las mejores condiciones laborales para que los policías trabajen a favor de los ciudadanos, y advirtió que “todo aquel que ande al margen de la ley o en actos de corrupción no lo vamos a solapar, no lo vamos a cubrir porque no es esa nuestra intención. Por eso lo digo, no tenemos ningún problema, por eso lo hemos solicitado que se hagan ese tipo de revisiones”.
–¿Se tiene certeza de que no hay infiltrados en la policía municipal?
–No es la certeza porque nosotros no somos una autoridad investigadora, nosotros no tenemos la inteligencia militar por ejemplo, no se ha tenido. Yo invito a todo aquel que tenga conocimiento de algo que lo denuncie porque eso va a ayudar porque si entre todos empujamos, la denuncia es clave porque si yo conozco algo y no lo denuncio por supuesto que me hago cómplice también.
“Nosotros queremos limpiar nuestra policía y hacerla confiable para que los ciudadanos estén tranquilos”, agregó.
Sobre la inseguridad en la ciudad y las ejecuciones que continúan, Meza Loeza destacó lo dicho por Osorio Chong de que en el municipio hay datos que muestran que los homicidios van a la baja.
Afirmó que los resultados muestran que el Grupo Coordinación Acapulco trabaja de manera responsable, “sin mezquindades” el gobierno federal, estatal y municipal. “Esto está funcionando porque lo hacemos de manera coordinada y con la voluntad de sacar adelante a Acapulco”.
“Me da muchísimo gusto, muchísima alegría reafirmar lo que dijo el secretario Chong en el sentido de Acapulco se esta avanzando”, insistió.
Este martes, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, destacó que en Acapulco las estadísticas muestran que “la estrategia (contra la inseguridad) está funcionando”. En el caso de Acapulco, recalcó que ha tenido una mayor afluencia de visitantes y de cruceros.
Meza Loeza encabezó ayer un recorrido de supervisión de la limpieza del río El Camarón y el cauce de La Garita, acompañado por el coordinador de Servicios Públicos, Elí Olea Urioste; el director de Salud, Eger Gálvez Pineda y el regidor Amílcar García Estrada.
El secretario general contó que hay 12 brigadas que trabajan en la limpieza de los cauces, y llamó a los vecinos a no arrojar basura en los canales.
Informó que ya se tiene un avance del 50 por ciento en los principales canales que están en el anfiteatro de la ciudad.

No reconstruyó las casas el gobierno federal a tres años de un sismo en Petatlán, se quejan damnificados

Brenda Escobar

Zihuatanejo

A tres años del sismo de 7.2 grados en escala de Richter del 18 de abril de 2014, los damnificados de Petatlán lamentaron que el gobierno nunca cumplió la reconstrucción de sus viviendas.
Uno de los damnificados y comerciante de ropa y huaraches, Rafael Abarca Fernández manifestó que son más de 300 familias sólo de la cabecera municipal de Petatlán las que tuvieron afectaciones en sus casas, y que el gobierno federal mediante la entonces secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, prometió que los apoyaría, pero “ni siquiera un grano de arena nos dieron”.
Aseguró que las familias afectadas por el temblor fueron censadas en dos ocasiones por brigadistas de la Secretaría de Desarrollo Social federal (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), pero nunca cumplieron la reconstrucción de las viviendas.
El movimiento telúrico dejó afectaciones  principalmente en casas de las colonias Centro, Barrio de la Hoja, Emiliano Zapata, Benito Juárez y Vicente Guerrero; así como en comunidades rurales como Juluchuca, Alpuyeque, Chaveta, La Molonga, Coyuquilla Norte, La Barrita.
Este martes, se cumplieron tres años de que ocurrió el sismo, Abarca Fernández aseveró que las casas están ahí, muchas de ellas inhabitables y las familias tuvieron que irse por temor a que las paredes se les vengan encima.
Agregó que el gobierno federal sólo mintió a los afectados, “supimos que en ese entonces hicieron llegar ayuda para la reconstrucción de algunas de las casas pero no fue directamente a los damnificados sino se la dieron al Ayuntamiento, y quienes estaban de gobierno le dieron el apoyo a quienes quisieron, incluso a gente que ni siquiera fue afectada”.
La parroquia San Pedro Apóstol, santuario del Padre Jesús de Petatlán, resultó severamente dañada, principalmente el campanario, el cual fue completamente reparado a los pocos meses luego de la aportación de casi 2 millones de pesos del gobierno el estado, encabezado por el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero, mientras que más de 700 damnificados sólo se quedaron con una calcomanía pegada en la puerta de su casa como prueba de que fueron censadas, pero la ayuda nunca les llegó.