Etiqueta: Nicómedes Fuentes

Analizan archivos de la resistencia de colonias de Acapulco al desalojo que ordenó Figueroa

El taller organizado por Artículo 19 para analizar archivos sobre el movimiento del CGCPA contra el plan del gobierno de Rubén Figueroa para desalojar el anfitearo de Acapulco Foto: Ramón Gracida Gómez

Ramón Gracida Gómez

Acapulco

Integrantes del histórico Consejo General de Colonias Populares de Acapulco (CGCPA), participaron en un taller de la organización Artículo 19 para conocer las fichas de distintas dependencias, como la Dirección Federal de Seguridad (DFS), sobre este movimiento formado para resistir el desalojo de las partes altas del anfiteatro de la bahía, a finales de los años de 1970 en el gobierno de Rubén Figueroa Figueroa.
El taller fue realizado en el laboratorio de Historia Oral del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados-Ignacio Manuel Altamirano (IIEPA-IMA) de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), a cargo del académico Raúl Fernández, y asistieron unos 20 estudiantes, académicos y militantes del movimiento urbano popular en el municipio, algunos de ellos conectados por videoconferencia.
La coordinadora de Derecho a la Verdad de Artículo 19, Jessica Alcázar, explicó la forma de utilizar la página de internet Archivos de la Represión, que se alimenta de las más de 310 mil fotografías de los documentos recuperados por la Comisión de la Verdad de Guerrero (Comverdad), de las instituciones encargadas de la “represión política”, como la DFS y el Ejército.
Acotó que apenas han sistematizado el 30 por ciento del total de fojas y afirmó que parte de la información está sesgada por quienes la escribieron, por lo que puede haber errores o simplemente algunos datos no son verdaderos, “lo que es parte de la represión”.
Indicó que es valioso que las propias personas escriban su historia, sí consultando los documentos que los mencionan, pero incluyendo sus testimonios y así “complejicemos más la verdad”.
El ex comisionado de la Comverdad, Nicomedes Fuentes, indicó que el CGCPA fue un movimiento popular contra las pretensiones de desalojo del gobernador Rubén Figueroa Figueroa e indicó que el propósito de este taller es la recuperación de la memoria histórica para la construcción de paz. Su colega Pilar Noriega destacó que el taller sirve para las personas que no están familiarizadas con las nuevas tecnologías.
Durante el taller se buscaron las fichas del luchador social Octaviano Dionisio, y los universitarios desaparecidos Tania Cascante Carrasco, Arturo Vargas Viviano y Floriberto Clavel, alias El Penta. También se buscó información de Elvira Vélez Palma, La Guerrillera, una de las fundadoras de la colonia Alianza Popular que participaron en el movimiento urbano, contó su nieto Rodrigo Ramírez Wences, hijo del estudiante desaparecido de la prepa 7 e integrante del CGCPA, Rodrigo Ramírez García.
Asimismo, los asistentes indagaron sobre el desalojo de la colonia 13 de junio el 15 de noviembre de 1983, por la que cayeron presos varios líderes del CGCPA y de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), entre ellos Rosa María Gómez Saavedra, quien contó la vinculación de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) en tiempos de la Universidad-Pueblo de Rosalío Wences Reza con el movimiento urbano.
Expuso que Rubén Figueroa Figueroa dio a conocer el primero de abril de 1980 el proyecto de Ciudad Renacimiento y empezó el intento de “desalojo represivo” de las colonias altas del anfiteatro de la bahía de Acapulco, algunos se fueron de manera voluntaria por el miedo, pero la mayoría se quedó para resistir en la CGCPA.
Wulfrano Salgado Romero dijo que es importante conocer los resultados de la Comverdad porque no se conocieron cuando acabó su periodo en 2014, por ejemplo de los pozos Copacabana, que eran pozos artesianos en lo que es ahora Punta Diamante y que eran utilizados por el jefe de la Policía Judicial del estado en el sexenio de Rubén Figueroa Figueroa, Arturo Acosta Chaparro, para tirar los cuerpos de los que ahora están desaparecidos.
El vecino de esta zona de Acapulco agregó que la zona de los pozos fue expropiada en el gobierno de José Francisco Ruiz Massieu y se encontraron cuerpos, pero muchos otros se quedaron ahí, debajo de los hoteles de lujo construidos años después, particularmente en el área del Mayan Palace.
Alejandro Sámano Zapata dijo que es muy interesante conocer estos archivos porque tal vez aparezca información que no se sabía y así “conocer esta parte que ha sido guardada, desde luego, el objetivo es ampliar el panorama sobre esta parte que me tocó vivir, pero también difundirla, que más gente la conozca”.
Martín Hernández lamentó que muchos universitarios no conocen la guerra sucia y pidió que se difunda más esta herramienta digital, y el coordinador del Colectivo Contra la Tortura e Impunidad (CCTI), Raymundo Taboada, dijo que las secuelas del terrorismo de Estado de hace más de 50 años todavía repercuten, la impunidad prevalece y no hay justicia a pesar de “ciertos esfuerzos gubernamentales”.

 

No se han entregado a familiares los restos de dos campesinos asesinados en la guerra sucia

A casi tres años de que fueron exhumados los restos de dos campesinos que fueron asesinados por elementos del Ejército mexicano en el combate a la guerrilla de Lucio Cabañas en el municipio de Atoyac, no han sido entregados a sus familiares por trámites burocráticos.
“Tardaron 40 años desaparecidos y ahora por la burocracia no se los entregan a sus familiares”, denunció el ex integrante de la Comisión de la Verdad, (Comverdad) Nicomedes Fuentes García, quien se encuentra a cargo del seguimiento del caso.
Se trata de quienes en las investigaciones realizadas por la Comverdad fueron identificados como “G-1”, Eliseo Flores Vázquez, originario de Chilapa, y a quien le viven dos de sus hijos y su esposa y que a pesar de que aportaron las muestras para identificarlo y lo han reclamado, no han recibido los restos.
El otro es quien fue ubicado como “G-2”, Martín Arios Organis, originario de San Andrés de la Cruz, municipio de Atoyac, a quien le sobreviven tres de sus hermanas, y las que aportaron muestras que sirvieron para su identificación genética.
Los restos de las dos personas fueron exhumados a principios del mes de junio del 2014 como parte de las investigaciones que los miembros de la Comverdad realizaron para encontrar a los desaparecidos de la llamada guerra sucia.
Nicomedes Fuentes informó que los dos fallecieron el 8 de septiembre de 1994 en la comunidad de El Posquelite municipio de Coyuca de Benítez, en un paraje que ahora se conoce como Las Claveyinas, en donde fueron exhumados.
“Tardaron 40 años desaparecidos y no es posible que ahora por trámites burocráticos todavía sus familiares no puedan recibir sus cuerpos para darles sepultura”, se quejó el ex integrante de la Comisión de la Verdad.
Explicó que después de que fueron exhumados los cuerpos fueron llevados a la Ciudad de México para que se realizaran los estudios y quedaron bajo resguardo de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, a petición de los miembros de la Comisión de la Verdad.
Fuentes informó que en junio del 2016 se identificó la osamenta a la que identificaron como G-II y que creyeron que era muy sencillo el trámite para la entrega a sus familiares pero que en el 2016, casi dos años después de haber concluido el mandato de la Comisión de la Verdad no habían podido entregar los restos y pensaron que lo de menos era que el Gobierno del Distrito Federal entregara los restos a sus familiares.
Agregó que hicieron una petición utilizando el criterio de que los había recibido en resguardo y custodia la Comverdad como institución y que ahora tendrían que entregárselo a una institución y ellos (los integrantes de la Comverdad) visualizaron que tendría que ser al gobierno de Guerrero el receptor de los cuerpos para que los entregara a sus familiares, a pesar de que el gobierno de Guerrero no había apoyado ni participado en nada con respecto a la investigación y no tenía mayor intervención.
Explicó que lo que le pareció lógico a la Comverdad fue que la Procuraduría de la Cdmx entregara los restos directamente a su familia pero que eso no ocurrió, porque el gobierno de la Ciudad de México había establecido el convenio con la Comverdad.
Fuentes explicó que, incluso, de la Fiscalía le preguntaron que “cómo le entraban, porque no tenían ningún conocimiento del caso y que él les aclaró que tenía informaron de que la Ley de Salud señala que después de más de 5 años de estar los cuerpos en un lugar clandestino se consideran restos áridos y no tienen ninguna implicación en la ley de salud.
Pero dijo que la condición de la Procuraduría capitalina fue que debería de haber un oficio de colaboración de la Fiscalía de Guerrero en el sentido de que no había ningún problema para que ellos entregaran los restos.
Añadió que el problema fue que cambió el director de Averiguaciones Previas y llegó un elemento de la PGR, “entonces se negaron a firmar el oficio y el Ministerio Público que lleva a el caso se negó a realizar un trámite distinto”, dijo Fuentes García.
El integrante de la extinta Comisión de la Verdad dijo que, sin embargo apenas se están desahogando los trámites y que en los próximos días los restos de G-I y G-2 van a regresar a Guerrero para ser entregados a sus familiares.
“Lo complicado es la tramitología burocrática de los organismos de investigación y de impartición de justicia”, insistió el ex comisionado, quien denunció que por las irresponsabilidades no se han agilizado la entrega de los cuerpos.
Denunció que el retraso en la entrega de los cuerpos es por la actitud de las autoridades estatales, “y por otro lado es porque las autoridades federales no quieren tocar el tema, quisieran que estuviera olvidado, enterrar una etapa de mucho sufrimiento para la sociedad y quedar impune todo lo que hicieron”, dijo.
Agregó que ojalá “hubiera sido para bien, pero las cosas siguen igual, siguen utilizando los mismos actos represivos para atender las mismas demandas sociales”.
Denunció: “siguen maltratando a sectores de oposición, a líderes sociales, contra ellos se van, no han cambiado las cosas”.
Nicomedes Fuentes informó que será hasta la primera semana de abril cuando posiblemente sean entregados los dos cuerpos a sus familiares y que mientras tanto, están arreglando el caso de las fosas para que “a pesar de que ya pasó mucho tiempo se les devuelva su identidad, su personalidad, es decir mencionar de manera pública quienes son y llevarlos en a espacio público”.
Fuentes García agregó que después de tanto tiempo que estuvieron en la clandestinidad ahora ni siquiera se sepulten en un lugar público y anunció que por ello van a convocar a las organizaciones sociales para la inhumación pública de los dos restos.
“Pensamos que se debe hacer un evento con familiares, con medios de comunicación, con organizaciones de la sociedad civil y con organizaciones de derechos humanos”, dijo.
Anunció que hay una propuesta en el sentido de recibir los cuerpos en el parque hundido de la Alameda Granados Maldonado, en donde se dé a conocer su semblanza y de allí acompañar a los familiares a sepultarlos al panteón.

Denuncian organizaciones que el gobernador abandonó molesto una reunión y piden garantías de seguridad

La Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero informó que el gobernador Héctor Astudillo Flores se levantó molesto de la mesa de diálogo de ayer, cuando le dijeron que su gabinete está infiltrado por la delincuencia organizada y le pidieron la destitución del secretario de Educación José Luis González de la Vega Otero.
Ante la actitud de Astudillo las organizaciones declararon roto el diálogo con el gobierno del estado y pidieron medidas de protección para el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, pues temen que el gobernador pueda atentar contra su integridad física.
El 28 de noviembre integrantes de la Dirección Colectiva, entre ellos vecinos de Nuevo Balsas afectados por la minera Media Luna, familiares de la fundadora de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) asesinada Rocío Mesino Mesino, los mineros de Taxco en huelga, damnificados del fraccionamiento Nuevo Mirador, la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y el Frente de Defensa Popular (FDP) protestaron afuera de Casa Guerrero para exigir audiencia con Astudillo Flores.
Ayer en conferencia de prensa en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en Chilpancingo, Chávez Adame dijo que le expusieron su inconformidad sobre los altos índices de violencia e inseguridad las persecuciones políticas, ejecuciones y desapariciones forzadas.
Agregó que se le presentó un pliego petitorio de 10 puntos, como el esclarecimiento del asesinato de Rocío Mesino, la presentación con vida del integrante del FDP Manuel Alejandro Moreno, voluntad política para la ubicación de los restos de asesinados durante la guerra sucia, y apoyo a Josefina Margarito Rosendo la hija de Patricio Margarito Rivera quien fue encarcelado tras ser acusado por el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, de invadir un predio a pesar de que existe un contrato de compra-venta.

El encuentro se tornó ríspido

Chávez Adame expuso que se tornó ríspida la reunión cuando le exigieron la destitución del secretario González de la Vega.
Cuando le plantearon el tema de inseguridad y le dijeron que la delincuencia organizada estaba inmiscuida en la política y en su gabinete de gobierno, le pidieron que les ayudara porque no querían ser otras víctimas de desapariciones, entonces el gobernador señaló directamente a Chávez Adame, y molesto le dijo “claro que te voy a contestar”.
“Ya lo agarró personal y dijo que en el caso de nosotros, de lo que nos había pasado con de la Vega Otero y el compañero Alfonso, que nos encontramos todavía en esa circunstancia donde nos desapareció de la base de datos de Educación dijo ‘ese es un problema personal entre tú y de la Vega que lo tienen que arreglar, ahí yo no me voy a meter, no soy monigote de nadie y si tú tienes pruebas que nuestro gabinete está inmiscuido en la delincuencia organizada preséntalas’”, relató el dirigente de la APPG.
El gobernador subrayó que no podía despedir al secretario de Educación porque no tenía evidencias contundentes de malos manejos, de inmediato se paró de la mesa y sin despedirse se retiró de la reunión, agregó.
“Si algo me llegara a pasar a mi, a mi familia o a mis compañeros que representan a esta Dirección Colectiva yo hago responsable directamente a Héctor Astudillo Flores como ejecutivo del estado y al secretario de gobierno, así como al secretario de Educación que lo conocemos, son personas vengativas y me parece que un gobernador no puede perder la cabeza, no puede ser intolerante ante una realidad que vivimos”, advirtió.
“Todo puede suceder porque un gobernador enojado, un gobernador molesto es capaz de todo, nosotros decimos que en lo particular el profesor Alfonso Simón Tavira y su servidor, si aquí se rompe la relación decimos que entre nosotros veremos los canales legales para iniciar una denuncia formal ante las instancias de gobierno en contra de José Luis González de la Vega Otero y en contra del propio gobernador”.
Aclaró que el secretario González de la Vega no es una persona física, y era el secretario de Educación cuando les quitaron sus derechos laborales, “no es un pleito personal que tenemos, pero si el gobernador quiere un pleito personal pues está rebajando su nivel, se supone que los gobernadores deben tener la capacidad política de aceptar la crítica, de revisarla y dar una solución, no hacer berrinches o caprichos”.
Dijo que la Dirección Colectiva definió no aceptar ninguna mesa de trabajo más con el gobernador, y que definirá sus próximas acciones.
En su intervención el integrante de la extinta Comisión de la Verdad (Comverdad), Nicomedes Fuentes expuso que el tema de derechos humanos en los tiempos de la guerra sucia, cuando el Ejército sitió el estado y desapareció a cientos de civiles en busca de jefes guerrilleros en las décadas de 1960 y 1970, lo plantearon al gobernador.
“Se requiere de un oficio de colaboración de alguien del estado que puede ser la Fiscalía o el gobernador del estado, dirigido a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal” para que entregue los restos a sus familiares.
De los restos informó que uno es Eliseo Flores Vázquez originario de Acuentla, Chilapa, y el otro es Martín Mario Organés, que vivió desde niño en la comunidad de Andrés de la Cruz, municipio de Atoyac de Álvarez.
Contó que “ellos eran Guerrilleros, cayeron allá en un cerco del Ejército. Fueron encontrados en el lugar donde cayeron a unos 300 metros de distancia en el cerro de las Clavellinas, lugar cercano a la comunidad del Posquelite (Coyuca de Benítez)”.

En Atoyac exigen seguridad

En Atoyac la Dirección Colectiva demandó al gobernador Héctor Astudillo garantías de seguridad ante el desplante que tuvo en la reunión en Chilpancingo.
En conferencia de prensa Norma Mesino y Clemencia Guevara Tejedor informaron que se rompió el diálogo de parte del gobernador al abandonar de manera ríspida una mesa de trabajo.
Dijeron que en la reunión plantearon, antes de que se supiera que estaban asesinados, la presentación del líder transportista Juan Mendoza Tapia, su esposa y los dos hombres que los acompañaban.
Norma Mesino adelantó que habrá una difusión en todos los organismos internacionales no gubernamentales porque al igual que están demandando la alerta de género piden una alerta humanitaria, “porque desde que inició el gobierno de Peña Nieto hay asesinatos de maestros, campesinos, periodistas”.

Se debe ratificar la Ley 701, coinciden organizaciones sociales en el Foro de Inseguridad Ciudadana

En el Foro de Inseguridad Ciudadana que organizó el Movimiento Sentimientos del Sur en la Unidad Académica de Contabilidad y Administración de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), y al que asistieron unas 50 personas, los participantes coincidieron en que se debe reforzar a las policías ciudadanas, en tanto se regulariza a la Policía Estatal.
En la actividad participaron, el fundador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Pablo Guzmán; el ex presidente de la Comisión de la Verdad (Comverdad), Nicómedes Fuentes; el representante de la Organización Indígena Campesina Vicente Guerrero, Ranferi Hernández Acevedo; la activista y ex integrante del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala, Julia Alonso; el integrante de la CRAC, Valentín Hernández; y el representante del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), Robespierre Moreno Benicio, entre otros.

El gobierno del estado fue irresponsable al no publicar el informe de la Comverdad, dice González Ruíz

Enrique González Ruiz leyó la conferencia magistral en la que habló de la irresponsabilidad legal del gobierno del estado, que no publicó el informe que emitió la Comisión de la Verdad.
Manifestó que es el Estado el que tiene que cumplir para que se castiguen los hechos de la guerra sucia, y que no se quede en el inconsciente colectivo que la impunidad es prevalente. Recordó que la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, “no es más que la reiteración de hechos de la guerra sucia de Guerrero”.
González Ruiz señaló que los casos puedan parecer similares, pero tienen sus peculiaridades, aunque, “en esencia, el hecho es el mismo y es el mismo Estado, actuando ilegalmente por fuera de su marco jurídico”.
Indicó que el informe de la Comisión de la Verdad, que creó el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, no tuvo impacto social, “lo tengo que reconocer, que el informe no le hizo ni cosquillas al Estado mexicano”, dijo.
Expresó que no han tenido acercamiento con la recién creada Comisión Ejecutiva Estatal para la Atención a Víctimas –uno de cuyos integrantes, Javier Morlet, estaba en el auditorio–.
También opinó que el Estado mexicano acomete “una campaña de desprestigio” contra integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que respalda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque la investigación del grupo, al “echar abajo” la “verdad histórica” del ex procurador de la República Jesús Murillo Karam, “sacudió” la versión oficial y trastocó al Ejército mexicano, lo que generó el descontento de las fuerzas castrenses.
Antes de iniciar el foro, Pablo Guzmán Hernández dijo que la CRAC de San Luis Acatlán “estará al pendiente para que en la armonización de la Ley 701 (de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas), se mantenga tal cual”, y que espera que no se acote.
Dijo que en su última reunión, la CRAC en San Luis Acatlán manifestó su “temor o zozobra” a que los legisladores actuales mutilen o modifiquen en “términos regresivos” la ley 701.
Expuso que están levantando actas en cada comunidad para, en caso de ser necesario, interponer un recurso jurídico como controversia constitucional o amparo para evitar una eventual modificación.
Dijo que la CRAC sostiene que la Ley 701 no debe seguir “en el aire”, sino que sea armonizada con la Constitución, así como en leyes y reglamentos como el del Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía, la Secretaría de Salud, Derechos Humanos y los ayuntamientos, para que contemplen lo estipulado en la Ley.
Indicó que desde su publicación, Ley 701 no se aplica ni se respeta, “es como si fuese letra muerta”, y defendió que su ratificación permitirá que la participación ciudadana en barrios, colonias, comunidades tenga una “mínima estructura organizativa”, a nivel preventivo, y que puedan formar grupos de vigilancia.
Por su parte, Ranferi Hernández Acevedo consideró que actualmente “no se garantiza la vida de ningún guerrerense” porque diariamente hay reportes de muertos o levantados.
Manifestó que la inseguridad que vive el estado, es una situación delicada porque la sociedad ha caído en la “guerra” que lleva el gobierno, “yo diría en contra del pueblo”.
Asimismo, la activista Julia Alonso, ex integrante del comité Los Otros desaparecidos de Iguala y madre de Julio Alberto López, desaparecido el 12 de enero de 2008 cuando fue de paseo a la presa de La Boca, en Santiago, Nuevo León, dijo que es necesaria la creación de redes de autoprotección para evitar que sucedan hechos como la desaparición de los 43 normalistas; “cuando se llevaron a mi hijo, nadie se arriesgó; cuando se los lleven a ustedes, nadie se va arriesgar”, advirtió.
También defendió el uso de armas como método de protección ante la situación de inseguridad en el estado “defendernos, sí es un derecho; yo sí creo en las armas, después de lo que he vivido sé que ayudan, las armas no son peligrosas. Peligrosos son quienes las traen y nos lastiman”.
De las instituciones del Estado, acusó que “no hacen su trabajo”, y recordó que en los últimos ocho años ha recurrido a la Subsecretaría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO), a la Procuraduría General de la República (PGR), y que ha hecho huelga de hambre en la Secretaría de Gobernación, “y de todas maneras Julio Alberto (su hijo desaparecido) no está”.
La ex integrante del comité de Los Otros Desaparecidos en Iguala llamó a los asistentes a pasar de la opinión a la acción, e incluso asumir acciones sencillas como la limpieza frente a sus casas.