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Pide la ONU-DH “redirigir de manera profunda” la investigación de Ayotzinapa

Llama la ONU-DH a Peña a “redirigir de manera profunda la investigación” del caso Ayotzinapa

Concuerda con el cuadro manifiesto de graves irregularidades al que hace referencia la sentencia del tribunal de Tamaulipas, dice el representante del organismo, Jan Jarab

Agencia Proceso

Ciudad de México

El representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab llamó al gobierno de Enrique Peña Nieto a cumplir la sentencia del Tribunal Colegiado sobre el caso Ayotzinapa, y atender el informe del Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para “redirigir de manera profunda la investigación”.
A una semana de conocerse la sentencia del Tribunal Colegiado del Décimonoveno Circuito con sede en Reynosa, Tamaulipas, y el Informe Balance del Mecanismo de Seguimiento, el representante de la ONU-DH reconoció que son documentos “de la mayor relevancia, por lo que el Estado debe observar puntualmente sus contenidos”.
Para Jarab la “inédita y garantista sentencia del tribunal colegiado” hace eco de las preocupaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Mecanismo de Seguimiento, así como de algunos organismos internacionales de derechos humanos, incluida la ONU-DH y organizaciones independientes como el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
“La ONU-DH concuerda con el ‘cuadro manifiesto de graves irregularidades’ al que hace referencia de forma detallada la sentencia, mismo que se acreditó aplicando los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos”.
El representante valoró que tanto el Mecanismo de Seguimiento de la CIDH como el tribunal colegiado hayan incluido en sus escritos el Informe Doble Injusticia, elaborado por su oficina, particularmente para documentar “lo relativo a la tortura, las violaciones al debido proceso y las irregularidades en la diligencia del río San Juan”, por lo que reiteró el llamado al Estado mexicano a atender el informe.
Jarab destacó que alerta sobre el hecho de que la investigación “siga fragmentada y que los detenidos en el más emblemático caso de desaparición forzada en México no estén siendo procesados por desaparición forzada, sino por secuestro o crimen organizado”.
La ONU-DH coincide con el organismo regional en que “persisten serios desafíos y obstáculos que tienen que superarse con el fin de alcanzar verdad, justicia y reparación”.
Agregó que ambos documentos “deben alentar decididamente al Estado mexicano a enderezar la investigación sobre el caso Ayotzinapa, así como a materializar las reformas estructurales que el país debe adoptar de manera impostergable para revertir los grandes rezagos que enfrenta en el ámbito de acceso a la justicia y combate a la impunidad”, sobre todo en materia de “autonomía y la profesionalización de la procuración de justicia y los servicios forenses y periciales”.
Jarab insistió en que el seguimiento de ambos documentos debe hacerse “potenciando el papel de las víctimas, reconociendo el destacado papel de quienes las asesoran, garantizando el marco constitucional e internacional vigente y asumiendo plenamente la responsabilidad indelegable e intransferible del Estado en el esclarecimiento de los hechos”.
Tras recordar que un día como hoy pero de 2011 entró en vigor la reforma constitucional en materia de derechos humanos, la ONU-DH hizo un reconocimiento a la “tenacidad de las familias de las víctimas de los hechos de Iguala, así como a las organizaciones de la sociedad civil que las acompañan en la búsqueda de la justicia, la verdad, la reparación integral, las garantías de no repetición y el esclarecimiento de la suerte y paradero de los estudiantes desaparecidos”.

La PGR buscará “aclarar” la sentencia del caso Ayotzinapa, dice Navarrete Prida

El gobierno federal buscará la manera de aclarar la sentencia emitida por un tribunal federal sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en Iguala, indicó el secretario de gobernación, Alfonso Navarrete Prida.
El funcionario fue cuestionado sobre la posibilidad de impugnar el fallo que emitió el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas.
“Existen mecanismos jurídicos para, sobre todo, clarificarla (la sentencia)”, respondió.
“A qué se refieren los magistrados con una resolución que, cuyo contenido, no existe esas figuras en el orden constitucional mexicano y generan muchas dificultades”, agregó en referencia a la Comisión de la Verdad que los jueces ordenaron instalar.
Según la sentencia esta Comisión de la Verdad estaría integrada por representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República, pero sólo los primeros podrían indicar las líneas de investigación a seguir y tendrían autorización para ingresar a zonas militares para buscar a los desaparecidos.
“No existe en nuestro sistema jurídico una figura de Comisión de la Verdad, para eso existen poderes judiciales y poderes judiciales sólidos y fuertes”, dijo Navarrete Prida.
“En este marco se tendrá que dar respuesta y satisfacción con un solo y único interés, es encontrar la verdad y hacer justicia”.
El funcionario evitó responder si el tribunal se extralimitó y sólo dijo que respetaba la sentencia.
“Corresponde en el marco de la ley a las instituciones encargadas de hacerla valer (la PGR), responder ante cualquier circunstancia que se da donde son parte procesal”, agregó. (Agencia Reforma / Ciudad de México).

 

Llama la ONU-DH a Peña a “redirigir de manera profunda la investigación” del caso Ayotzinapa

El representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab llamó al gobierno de Enrique Peña Nieto a cumplir la sentencia del Tribunal Colegiado sobre el caso Ayotzinapa, y atender el informe del Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para “redirigir de manera profunda la investigación”.
A una semana de conocerse la sentencia del Tribunal Colegiado del Décimonoveno Circuito con sede en Reynosa, Tamaulipas, y el Informe Balance del Mecanismo de Seguimiento, el representante de la ONU-DH reconoció que son documentos “de la mayor relevancia, por lo que el Estado debe observar puntualmente sus contenidos”.
Para Jarab la “inédita y garantista sentencia del tribunal colegiado” hace eco de las preocupaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Mecanismo de Seguimiento, así como de algunos organismos internacionales de derechos humanos, incluida la ONU-DH y organizaciones independientes como el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
“La ONU-DH concuerda con el ‘cuadro manifiesto de graves irregularidades’ al que hace referencia de forma detallada la sentencia, mismo que se acreditó aplicando los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos”.
El representante valoró que tanto el Mecanismo de Seguimiento de la CIDH como el tribunal colegiado hayan incluido en sus escritos el Informe Doble Injusticia, elaborado por su oficina, particularmente para documentar “lo relativo a la tortura, las violaciones al debido proceso y las irregularidades en la diligencia del río San Juan”, por lo que reiteró el llamado al Estado mexicano a atender el informe.
Jarab destacó que alerta sobre el hecho de que la investigación “siga fragmentada y que los detenidos en el más emblemático caso de desaparición forzada en México no estén siendo procesados por desaparición forzada, sino por secuestro o crimen organizado”.
La ONU-DH coincide con el organismo regional en que “persisten serios desafíos y obstáculos que tienen que superarse con el fin de alcanzar verdad, justicia y reparación”.
Agregó que ambos documentos “deben alentar decididamente al Estado mexicano a enderezar la investigación sobre el caso Ayotzinapa, así como a materializar las reformas estructurales que el país debe adoptar de manera impostergable para revertir los grandes rezagos que enfrenta en el ámbito de acceso a la justicia y combate a la impunidad”, sobre todo en materia de “autonomía y la profesionalización de la procuración de justicia y los servicios forenses y periciales”.
Jarab insistió en que el seguimiento de ambos documentos debe hacerse “potenciando el papel de las víctimas, reconociendo el destacado papel de quienes las asesoran, garantizando el marco constitucional e internacional vigente y asumiendo plenamente la responsabilidad indelegable e intransferible del Estado en el esclarecimiento de los hechos”.
Tras recordar que un día como hoy pero de 2011 entró en vigor la reforma constitucional en materia de derechos humanos, la ONU-DH hizo un reconocimiento a la “tenacidad de las familias de las víctimas de los hechos de Iguala, así como a las organizaciones de la sociedad civil que las acompañan en la búsqueda de la justicia, la verdad, la reparación integral, las garantías de no repetición y el esclarecimiento de la suerte y paradero de los estudiantes desaparecidos”.

 

Acude la ONU-DH a Chilapa; ahí se vive una tragedia y el Estado debe garantizar justicia, señala

 

La tasa nacional de homicidios se queda corta con la registrada en Chilapa, y detrás de esas cifras hay una historia de dramatismo y ruptura que se refleja en las miradas de los familiares de la víctimas, expuso ayer en esta ciudad el oficial de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Alan García Campos.
Indicó que los asesinatos y desapariciones no son fatalidades naturales, sino conductas humanas que gozan de la complicidad de las autoridades pero que se pueden erradicar.
Recomendó a las autoridades aceptar el problema y sus circunstancias, revertir, suprimir y erradicar el modelo de seguridad policiaco y militar así como que el Estado mexicano, sobre todo los gobiernos locales, adopten marcos regulatorios internacionales en materia de derechos humanos.
Ayer alrededor de las 11 de la mañana en el centro de la ciudad fue el primero de dos días del Foro Nacional para la implementación de la Ley General de Desaparición Forzada de Personas, ante la Ley 701 del Estado de Guerrero.
El foro fue organizado por el colectivo Siempre Vivos, coordinado por el profesor José Díaz Navarro quien propuso una mesa de trabajo entre autoridades, representantes de los organismos de derechos humanos y las víctimas para que los dos días del foro salgan resultados.
No llegaron colectivos invitados de Veracruz, Michoacán, Coahuila y Morelos por temor a la inseguridad, informó José Díaz.
Participó el vicecoordinador de Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE), Rey Yañez quien explicó el procedimiento para la identificación de las víctimas, y reveló que de diciembre de 2016 a la fecha cuenta con 2 mil 315 perfiles en la base de datos de genética.
El oficial del Alto Comisionado de la ONU-DH, Alan García Campos dijo que se ha demostrado que en Chilapa se vive una tragedia.
“Una vivencia cotidiana para muchos y muchas de ustedes, están cargando sobre sus hombros una tragedia”.
Dijo que el Estado debe garantizar la justicia, la verdad y la reparación del daño para evitar que las familias enfrenten circunstancias catastróficas como las que padecen en Chilapa, Zitlala y sus alrededores.
Indicó que en México hay una crisis en materia de derechos humanos pero la que enfrentan las comunidades de Chilapa han transcendido a nivel internacional, pues son un epicentro del dramatismo aunado a la corrupción y la ausencia del Estado, que socavan los tratados internacionales de derechos humanos.
“Las desapariciones, ejecuciones y torturas son totalmente inadmisibles bajo los estándares internacionales de derechos humanos, y no pueden justificarse por ninguna circunstancia”, señaló.
El oficial de la ONU-DH dijo que para un país que no está en un conflicto armado o en guerra, las cifras oficiales de homicidios son escalofriantes.
En 2017, añadió, se registró a nivel nacional la mayor tasa de homicidios con un promedio al día de 80 personas privadas de la vida, “esta cifra en un municipio como Chilapa se queda corta. De ese tamaño es el dramatismo al que se enfrenta México”.
“Detrás de estas cifras hay una historia de dramatismo, de ruptura, las historias que empezamos a identificar en los ojos, en las miradas de ustedes”, dijo.
Agregó que la impunidad en el país es del 96 al 98 por ciento en los delitos denunciados, con lo que advirtió que en un contexto en el que no hay castigo se repite el ciclo de violencia.
Comentó que las autoridades tienen la obligación de prevenir, pero cuando ya son cometidos los delitos la obligación es investigar, perseguir, enjuiciar y castigar a todas las personas que participaron y la sanción debe ser apropiada a la gravedad de la conducta. “El castigo debe corresponder al daño y a la lesión cometida”.
Además de reparar de manera integral y adecuada a las víctimas, para aminorar el cambio de vida que padecen.
Saludó el proyecto de la Ley de Desaparición Forzada y conminó a hacerlo con organismos de la sociedad civil, de derechos humanos y familiares de las víctimas, además de que posteriormente los congresos locales se apropien de las leyes sin que se desentiendan como, dijo, regularmente sucede.
Deslizó que el origen de la violencia es producto de conductas sociales y de la complicidad con autoridades, pero que se pueden erradicar.
“Las ejecuciones, asesinatos, desapariciones de las personas, no son fatalidades naturales ante las cuales el ser humano no tengan ningún recurso para enfrentarlos, no, estamos hablando de conductas humanas perpetradas desde la maldad pero que gozan lamentablemente, la complicidad entre muchas circunstancias, de las autoridades, que deben erradicarse.
“Y esta obligación (de erradicar) reposa en las autoridades, este estado de cosas puede transformarse porque estamos frente a conductas humanas y como cualquier conducta humana es susceptible de modificarse, de erradicarse”.
“Esto es justamente lo que se tiene que hacer, gobierno, sociedad civil, organismos internacionales: reformar nuestro empeño y conducta para transformar”, indicó.
Los elementos para construir una agenda, dijo, son reconocer el problema, modificar el modelo de seguridad pública e implementar los estándares internacionales de derechos humanos.
“Conocer el problema y sus dimensiones como paso indispensable para enfrentarlo, es fundamental que las autoridades acepten las circunstancias por las que pasa la sociedad”.
“Modificar el modelo de seguridad imperante y recientemente reforzado, de un modelo militar de seguridad a uno de seguridad ciudadano. La guerra contra las drogas, científicamente se demuestra que el paradigma no sólo no ha materializado lo concebido, sino que ha agravado la circunstancia crítica de violencia e inseguridad por la que atraviesa el país”.
“Es fundamental poder revertir ese modelo, suprimir, erradicarlo e instaurar un modelo de seguridad ciudadano que haga compatible el anhelo legítimo de la sociedad con la obligación que tiene el estado de proteger y respetar los derechos humanos”.
Además, Alan García Campos llamó a implementar modelos y marcos regulatorios compatibles con estándares internacionales de derechos humanos, “en México no existen algunos marcos regulatorios, por lo que se permite la violación de los derechos humanos”.
Por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum) acudieron Román Jaimes Contreras, tercer visitador general y Adelaido Memije, visitador adjunto. Del gobierno del estado Luis Camacho Mancilla y del gobierno municipal, el secretario general del Ayuntamiento, Aldy Esteban.

 

Acusa el gobierno a la ONU-DH de “parcial” en el caso Ayotzinapa por la difusión de la tortura

El gobierno priista de Enrique Peña Nieto acusó ayer en Ginebra a la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU-DH) de “incumplir” sus obligaciones y ofrecer una “versión parcial” sobre la investigación del caso Ayotzinapa, pues el organismo documentó en un informe reciente que por lo menos 34 imputados en la desaparición forzada de los normalistas fueron víctimas de tortura.
En un documento de 23 cuartillas que entregó hoy a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra –el órgano responsable de la ONU-DH-, el gobierno mexicano negó los señalamientos del informe, denunció que careció de “rigor metodológico” y “sustento jurídico”.
Con un tono inusualmente ofensivo el gobierno de Peña aseveró que la ONU-DH asumió “funciones que sólo corresponden a un juzgador, lo cual desvirtúa la función que se acordó realizaría en el país” y deploró que el organismo internacional haya “ignorado” las aclaraciones de las autoridades en su reporte, publicado el 15 de marzo.
Se destaca del documento que representantes del gobierno federal sostuvieron “diversas reuniones de alto nivel” con Jan Jarab, representante de la ONU-DH, en las que pretendieron frenar la publicación del informe: indicaron al funcionario internacional que “emitir algún pronunciamiento público sobre este caso podría ser prematuro, dado que los asuntos se encuentran pendientes de resolución judicial”.
“Se considera respetuosamente que la ONU-DH debió haberse allegado de la información inferida en los párrafos anteriores antes de emitir conclusiones definitivas que fueran públicas”, subrayó.
Dos elementos del reporte provocaron la molestia del gobierno: la documentación de presuntos actos de tortura –afirmación que las autoridades niegan-, y el hecho de que la Procuraduría General de la República (PGR) modificó el informe preliminar del exvisitador César Alejandro Chávez Flores.
Entre las conclusiones del informe de Chávez se destacó que el 28 de octubre de 2014 Tomás Zerón de Lucio, entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), alteró la escena del crimen y fabricó pruebas, como lo reveló Proceso en noviembre de 2016.
“La PGR rechaza las aseveraciones vertidas por la (ONU-DH) y considera relevante aclarar que la filtración de los documentos de trabajos iniciales, en relación con las notas periodísticas, han dado pauta para la especulación y siembran duda tanto en la opinión pública como de los organismos internacionales que observan”, expone.
Insistió: “es cuestionable la falta de confianza que demuestra la ONU-DH en las instituciones nacionales, en particular de la Visitaduría General de la PGR, al mencionar que: ‘Ha tenido conocimiento de posibles actos de amenaza contra funcionarios de la Visitaduría General de la PGR que llevaron a cabo la primera investigación interna a la que se ha hecho referencia’. Tal afirmación, denota un sesgo para justificar sus conclusiones, situación que se considera ajena a las constancias que actualmente existen en las investigaciones y en la propia institución”.
“Es importante recordar que en caso de que los procedimientos internos no fuesen adecuados, las personas afectadas cuentan con vías idóneas para hacer valer sus derechos, como los mecanismos internacionales y regionales para la protección de los derechos humanos”, añadió.

 

Informa la ONU-DH que 34 detenidos por el caso Ayotzinapa fueron torturados

 

El Informe sobre Violaciones a los Derechos Humanos en la Investigación del caso Ayotzinapa de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), registra que de los 129 imputados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, al menos 34 fueron torturados.
Para este informe se examinaron 63 de los 129 expedientes judiciales de los acusados y lo que se encontró fue que en 51 de los casos había malos tratos y en 34 hubo pruebas de tortura, informó ayer en conferencia de prensa el representante en México de la ONU-DH, Jan Jarab.
Entre los elementos de convicción, Jarab enunció los exámenes médicos de la Procuraduría General de la República (PGR) a los procesados, en los cuales se certifica la compatibilidad de las lesiones que presentaban los detenidos con actos de tortura. También la declaración de los procesados ante jueces o ministerios públicos, donde se detallan golpes, asfixia con bolsas, toques eléctricos, ahogamiento con agua, amenazas de muerte en contra de sus familiares y violencia sexual.
Estas acciones fueron efectuadas por agentes de la PGR, la Policía Federal y en algunos casos de la Secretaría de Marina.
El informe incluye el caso de Manuel Alejandro Blas Patiño, detenido el 24 de octubre de 2014 quien falleció a causa de la tortura infligida por soldados de la Marina.
Se menciona que cuando Tomás Zerón de Lucio fue titular de la Agencia de Investigación Criminal, el 28 de octubre de 2014 hubo una diligencia que no fue documentada, en la que uno de los inculpados del caso, Agustín García Reyes, El Chéjere, fue sustraído sin la presencia de su defensor y sin que existiera un registro de este hecho, para ser trasladado al río San Juan en Cocula. Ante este hecho, el alto comisionado estableció que cuenta con elementos de convicción para considerar que fue detenido y torturado antes de la diligencia.
Además Zerón de Lucio aseguró que personal del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) y de la ONU-DH estuvieron en el lugar, pero eso fue desmentido por ambas organizaciones.
En este análisis también se tomaron en cuenta los partes informativos sobre las demoras de hasta 17 horas que se presentaron entre la detención y la puesta a disposición en el Ministerio Público del imputado.
Asimismo, se documentaron las heridas que presentaban los detenidos. Para justificar ambas situaciones las autoridades dieron explicaciones “no plausibles”.
De las demoras se argumentó que hubo fallas de vehículos de transporte o manifestaciones en las calles. En cuanto a las heridas se dijo que eran consecuencia de riñas anteriores a la detención.
Se revisaron las declaraciones ministeriales de 19 detenidos en las que se confiesan culpables de crímenes como asociación ilícita y delitos contra la salud. En estos casos personal de la ONU-DH pudo confirmar que no tuvieron una defensa adecuada y conocían de manera vaga los delitos de los que se les acusaba.
Jarab reconoció que si bien hubo un esfuerzo de la Visitaduría General de la PGR para investigar la responsabilidad legal de algunos funcionarios en actos de tortura durante la gestión de César Chávez, esta labor se vio truncada cuando fue reemplazado en 2016.
Agregó que en ninguno de los casos de tortura se le imputó responsabilidad alguna a agentes de los ministerios públicos ni a policías, por lo cual permanecen impunes.

La tortura, pilar de una doble injusticia

Jan Jarab insistió en la necesidad de invalidar las pruebas periciales obtenidas bajo tortura y denunció que representan una doble injusticia: la violación del debido proceso, por un lado, y la falta de garantías para el acceso a la verdad.
La exclusión de este tipo de pruebas, puntualizó, no significa un riesgo de que los procesados salgan libres, siempre y cuando se cuente con más elementos de prueba.
“No se resuelve una grave violación a los derechos humanos con otra violación”, afirmó.
Este informe no contribuye a que los procesados sean liberados, insistó Jarab, sino que apela a la búsqueda de la verdad y la justicia, el rechazo a cualquier tipo de tortura y a impulsar la transición de la PGR hacia una fiscalía que verdaderamente cumpla con su deber de manera independiente y transparente, expuso.
“La decisión de liberar a los procesados no es nuestra. Apelamos a que el poder Judicial evalúe esta información. Nosotros instamos a que se respete el proceso penal y el Estado de derecho”.
El informe incluye 15 recomendaciones para el Estado mexicano, la PGR, el poder Judicial y el Legislativo. Además de no usar pruebas obtenidas mediante tortura, el alto comisionado se pronunció porque los legisladores garanticen la existencia de una fiscalía independiente y que se impulse un programa nacional para la prevención y sanción de la tortura.

Fueron torturados 34 de los detenidos por el caso Ayotzinapa: ONU-DH

Informa la ONU-DH que 34 detenidos
por el caso Ayotzinapa fueron torturados

En los exámenes médicos se certifican lesiones, y en declaraciones se detallan golpes, asfixia con bolsas, toques eléctricos, ahogamiento con agua, amenazas de muerte y violencia sexual, dice el representante en México del organismo, Jan Jarab. Las torturas fueron cometidas por agentes de la PGR, la PF y la Marina. En su informe se incluye un caso de un imputado que falleció a causa del tormento

El Informe sobre Violaciones a los Derechos Humanos en la Investigación del caso Ayotzinapa de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), registra que de los 129 imputados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, al menos 34 fueron torturados.
Para este informe se examinaron 63 de los 129 expedientes judiciales de los acusados y lo que se encontró fue que en 51 de los casos había malos tratos y en 34 hubo pruebas de tortura, informó ayer en conferencia de prensa el representante en México de la ONU-DH, Jan Jarab.
Entre los elementos de convicción, Jarab enunció los exámenes médicos de la Procuraduría General de la República (PGR) a los procesados, en los cuales se certifica la compatibilidad de las lesiones que presentaban los detenidos con actos de tortura. También la declaración de los procesados ante jueces o ministerios públicos, donde se detallan golpes, asfixia con bolsas, toques eléctricos, ahogamiento con agua, amenazas de muerte en contra de sus familiares y violencia sexual.
Estas acciones fueron efectuadas por agentes de la PGR, la Policía Federal y en algunos casos de la Secretaría de Marina.
El informe incluye el caso de Manuel Alejandro Blas Patiño, detenido el 24 de octubre de 2014 quien falleció a causa de la tortura infligida por soldados de la Marina.
Se menciona que cuando Tomás Zerón de Lucio fue titular de la Agencia de Investigación Criminal, el 28 de octubre de 2014 hubo una diligencia que no fue documentada, en la que uno de los inculpados del caso, Agustín García Reyes, El Chéjere, fue sustraído sin la presencia de su defensor y sin que existiera un registro de este hecho, para ser trasladado al río San Juan en Cocula. Ante este hecho, el alto comisionado estableció que cuenta con elementos de convicción para considerar que fue detenido y torturado antes de la diligencia.
Además Zerón de Lucio aseguró que personal del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) y de la ONU-DH estuvieron en el lugar, pero eso fue desmentido por ambas organizaciones.
En este análisis también se tomaron en cuenta los partes informativos sobre las demoras de hasta 17 horas que se presentaron entre la detención y la puesta a disposición en el Ministerio Público del imputado.
Asimismo, se documentaron las heridas que presentaban los detenidos. Para justificar ambas situaciones las autoridades dieron explicaciones “no plausibles”.
De las demoras se argumentó que hubo fallas de vehículos de transporte o manifestaciones en las calles. En cuanto a las heridas se dijo que eran consecuencia de riñas anteriores a la detención.
Se revisaron las declaraciones ministeriales de 19 detenidos en las que se confiesan culpables de crímenes como asociación ilícita y delitos contra la salud. En estos casos personal de la ONU-DH pudo confirmar que no tuvieron una defensa adecuada y conocían de manera vaga los delitos de los que se les acusaba.
Jarab reconoció que si bien hubo un esfuerzo de la Visitaduría General de la PGR para investigar la responsabilidad legal de algunos funcionarios en actos de tortura durante la gestión de César Chávez, esta labor se vio truncada cuando fue reemplazado en 2016.
Agregó que en ninguno de los casos de tortura se le imputó responsabilidad alguna a agentes de los ministerios públicos ni a policías, por lo cual permanecen impunes.

La tortura, pilar de una doble injusticia

Jan Jarab insistió en la necesidad de invalidar las pruebas periciales obtenidas bajo tortura y denunció que representan una doble injusticia: la violación del debido proceso, por un lado, y la falta de garantías para el acceso a la verdad.
La exclusión de este tipo de pruebas, puntualizó, no significa un riesgo de que los procesados salgan libres, siempre y cuando se cuente con más elementos de prueba.
“No se resuelve una grave violación a los derechos humanos con otra violación”, afirmó.
Este informe no contribuye a que los procesados sean liberados, insistó Jarab, sino que apela a la búsqueda de la verdad y la justicia, el rechazo a cualquier tipo de tortura y a impulsar la transición de la PGR hacia una fiscalía que verdaderamente cumpla con su deber de manera independiente y transparente, expuso.
“La decisión de liberar a los procesados no es nuestra. Apelamos a que el poder Judicial evalúe esta información. Nosotros instamos a que se respete el proceso penal y el Estado de derecho”.
El informe incluye 15 recomendaciones para el Estado mexicano, la PGR, el poder Judicial y el Legislativo. Además de no usar pruebas obtenidas mediante tortura, el alto comisionado se pronunció porque los legisladores garanticen la existencia de una fiscalía independiente y que se impulse un programa nacional para la prevención y sanción de la tortura.
 

“Casos excepcionales” la tortura a detenidos por el caso Ayotzinapa, responde el gobierno

 

Tras los señalamientos de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), respecto a evidencias de tortura en 34 detenidos por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el gobierno federal aseguró que esa práctica no ha sido acreditada con base en dictámenes del Protocolo de Estambul, “salvo en algunos casos excepcionales”.
En un comunicado conjunto, la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Cancillería señalaron que el informe no aporta elementos nuevos para avanzar en la investigación.
Indicaron que el documento aborda aspectos que ya señaló el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), al tiempo que se omitió información relevante que consta en los expedientes, incluyendo pruebas periciales.
La PGR dijo que le preocupa “de manera especial” el informe que señala tortura y otras violaciones a sus garantías fundamentales durante y después de su detención por agentes del gobierno federal.
Tras la difusión del documento, la PGR circuló un boletín donde hace algunas aclaraciones en nombre del “gobierno Mexicano”, “sobre supuestas violaciones de derechos humanos durante la investigación del caso Iguala”, y precisa que las torturas referidas fueron “excepcionales”. “Preocupa de manera especial que el informe de la OACNUDH (la ONU-DH) arroje conclusiones sobre situaciones que son actualmente objeto de investigación, o que se encuentran bajo análisis del poder Judicial”, agrega.
Como lo reconoce el órgano de la ONU, añade, este informe se limita a abordar cuestiones que ya fueron resaltadas anteriormente por el GIEI, “cuyas recomendaciones están siendo atendidas por las autoridades competentes”.
Afirma que el informe no aporta elementos nuevos que permitan avanzar en la investigación del caso.
En su texto, la PGR dice que el caso “es objeto de un trabajo intenso con el Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en cumplimiento de las medidas cautelares emitidas por dicha Comisión”.
Destaca que como se informó a la CIDH en su último periodo de sesiones celebrado en Bogotá, Colombia, del 22 de febrero al 2 de marzo de 2018, “la investigación de este caso constituye un esfuerzo sin precedentes del Estado mexicano que ha registrado avances importantes recientes, que no se consideran en el informe”.
Sostiene que en las últimas semanas se ha allegado información importante sobre la identificación de probables responsables y móviles, además de los esfuerzos de búsqueda y atención a víctimas.
“Su informe omitió información relevante que consta en los expedientes, incluyendo pruebas periciales obtenidas con base en los más altos estándares internacionales existentes (Protocolo de Estambul). Las investigaciones en marcha y pruebas en dichos expedientes aportan indicios que no sustentan las conclusiones a las que arriba el informe”.
Al respecto –y como también se informó a la CIDH–, de los casos analizados y sometidos a dictámenes bajo el Protocolo de Estambul, no se ha acreditado la comisión de tales actos, salvo en algunos casos excepcionales, de los que ya se ha informado públicamente, agrega.
Resalta que continúan las diligencias, aunado a que existen otras pruebas en los expedientes, más allá de las confesiones que los detenidos pudieran haber aportado, que fortalecen las respectivas causas penales.
La víspera de la difusión del informe de la ONU-DH, la PGR y el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, se adelantaron y presumieron que agentes de la Policía Federal (PF) detuvieron el lunes 12 a Erick Uriel Sandoval Rodríguez, La Rana, presunto integrante de la organización criminal Guerreros Unidos y quien habría participado en la desaparición de los 43. (Agencia Proceso / Ciudad de México).

Urgen la ONU y CNDH la Ley General sobre Desaparición Forzada ante la alta impunidad

El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH), Jan Jarab señaló que el problema más evidente en la desaparición de particulares y desaparición forzada (por funcionarios de gobierno) es que la impunidad es muy alta, en el foro Contra el dolor y el miedo, un grito de esperanza, organizado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, en esta ciudad.
Señaló que es particularmente preocupante porque las cifras oficiales refieren cerca de 30 mil desaparecidos, incluso en casos emblemáticos como Ayotzinapa que está por cumplir tres años sin que se sepa del paradero de los estudiantes.
Con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González, coincidió en que la Cámara de Diputados debe de aprobar ya en su siguiente periodo de sesiones, la Ley General sobre Desaparición Forzada, aún con las debilidades que han señalado expertos en la materia, y que el Estado admita la competencia del Grupo de Trabajo contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas en México, para recibir comunicaciones de casos individuales.
A la actividad conmemorativa del próximo aniversario de Tlachinollan acudieron representantes de organizaciones de familiares de desaparecidos de Acapulco, Chilpancingo y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, representantes de Coahuila, Querétaro, Tamaulipas, además de activistas y defensores de derechos humanos del estado y de distintos lugares del país.
En su ponencia Los retos de México a la luz de los compromisos internacionales en materia de desaparición forzada, Jan Jarad señaló que Guerrero ha experimentado la desaparición forzada en dos momentos, en el contexto de la denominada guerra sucia, y el actual.
Expuso que el Estado se abrió al escrutinio internacional, “pero esta apertura debe permitir la venida a México del Comité de la ONU de desaparición forzada. México debería sumarse al grupo de países que aceptan la competencia del Comité de la ONU para enfrentar los retos en materia de desapariciones”.
De las recomendaciones de los organismos internacionales añadió que las instituciones aún deben reconocer la dimensión del problema, “indispensable para la solución”, pues en su opinión las autoridades siguen usando excusas para explicar los números que no corresponden a la realidad.
Por ejemplo dijo que atribuyen la desaparición de personas a que salieron de su casa con la novia, y cuando se verifica el hecho todo se vincula a la delincuencia organizada, “sabemos que sí hay desaparición forzada propiamente dicha, pero no podemos decir (más) porque hace falta investigación”.
Para terminar con el ciclo de impunidad, señaló que es necesario el acceso efectivo de la justicia, favoreciendo la búsqueda en vida de los desaparecidos, “porque en el mayor universo de casos sabemos que las propias familias siguen liderando las búsquedas”.
Destacó que el Poder judicial federal y de las entidades han dado pasos iniciales para transformaciones institucionales, “faltan acciones concretas y traspasar el ámbito de informar”.
Se refirió también a la discusión de la Ley General de Desapariciones en el Congreso de la Unión que, “aún con imperfecciones”, va a potenciar la capacidad del Estado en dar respuestas a las víctimas.

La desaparición atenta contra la víctima, su familia y la sociedad: CNDH

Luego, el presidente de la CNDH señaló que la desaparición de particulares y la desaparición forzada, siendo su naturaleza de lo más graves, atenta no sólo contra la víctima, sino contra su familia y la sociedad en su conjunto, “no basta con detener a los responsables, lo prioritario es conocer el paradero”.
Señaló que México aún debe reducir la brecha entre las normas y el respeto en la cotidianidad de estos derechos, y debe retirar las reservas para que el Comité de Desapariciones pueda recibir comunicaciones individuales en la materia, “sería signo de voluntad política y una muestra de asumir el desafío en el tema de desapariciones”.
Señaló que se han llevado mucho tiempo en la discusión de la Ley General de Desapariciones, “aún con algunas debilidades que pueda tener la ley, es necesario que la Cámara de Diputados lo apruebe en el próximo periodo de sesiones”.
Raúl González habló de acciones de la CNDH desde la recomendación 27/2001 sobre los sucesos y desapariciones de la guerra sucia en la década de 1970, a la creación de la Oficina sobre el caso Iguala, para dar atención prioritaria a la investigación de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 a los normalistas.
Aclaró que la recomendación 27/2001 no ha sido atendida, y se han establecido pláticas con la Comisión de Atención a Víctimas para retomarlas, y para el caso Ayotzinapa hay 57 propuestas, de las cuales sólo ocho han sido totalmente cumplidas por la Procuraduría General de la República (PGR).

El proyecto de ley niega el derecho a la búsqueda: activista de Coahuila

En el panel Blanca Martínez Bustos del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan Larios, de Coahuila, denunció el sub registro de personas desaparecidas que oficialmente asciende a 30 mil, dado que la asociación donde colabora documentó 568 casos, y sólo 25 por ciento aparecen en el registro nacional, y aseguró que en ese mismo rango se encuentra Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) de Nuevo León, de las pioneras en el país en este tema.
De la experiencia trágica de familiares de desaparecidos rescató la valentía y dignidad de las mujeres empoderadas en la búsqueda, y la esperanza de encontrar a sus seres queridos, que en marzo de 2011 se realizó la primera búsqueda en terreno, y al hallar restos óseos surgió la necesidad de tener certeza de que realmente corresponden a su familiar.
Añadió que las mujeres cambiaron el sentido de la maternidad, ya no sólo buscan a sus hijos, buscan a todos.
De la negociación de la iniciativa de desaparición forzada -donde participaron organizaciones de diferentes estados-, denunció que reveló la perversidad del sistema, porque les negó lo fundamental, el derecho de los familiares a buscar a sus desaparecidos.
Informó que con otras organizaciones recurrieron a la Corte Penal Internacional para denunciar esta situación, y que el organismo ponga una lupa no sólo sobre Coahuila, sino en todo México, porque el Estado no es capaz de garantizar justicia, “le apuesta a la impunidad”.
Consideró que si un mecanismo internacional se involucra en la investigación y en la construcción de posibilidades de justicia, habría avances.

Holgazanas, las cámaras en los estados: Sergio Corcuera

El ex miembro y presidente del Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas, Sergio Corcuera informó que fue parte del proceso de la negociación de la Ley de Desapariciones en la Cámara de Senadores.
Planteó el cambio del lenguaje, en lugar de hablar de búsqueda que en la legislación se incluyeran comisiones de hallazgo efectivas, y que no se mencione más la presunción de muerte, sino la presunción de vida, sin que sea obstáculo para que la familia puede disponer de los bienes de la víctima, necesarios en los momentos de crisis.
Básicamente dijo que la discusión fue tirante, y aún valorará ir o no a la discusión que está pendiente en la Cámara de Diputados.
Opinó que el problema es que “las legislaturas estatales son holgazanas”, pues de 2013 a la fecha sólo cuatro entidades han legislado en la materia.
En este sentido señaló que “con mucha dificultad” logró convencer a los senadores para que en el proyecto se incluyera un artículo transitorio para que, si en un año con seis meses las entidades no han homologado la legislación, los jueces de los estados aplicarán la ley federal. El Ejército no evita las desapariciones forzadas: Ariel Dulitzky

En su participación el ex integrante del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, Ariel Dulitzky señaló que el Ejército no sirve para evitar las desapariciones forzadas, y mencionó como ejemplo el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Explicó que la falta de una ley no es la causa de la desaparición forzada, ni de la falta de respuesta, de la justicia para que haya garantías de no repetición, que son muchas, entre otras la falta de reconocimiento de la realidad del problema.
Señaló el patrón crónico de impunidad en las desapariciones forzadas, en las violaciones de derechos humanos y en general para los delitos, “sabemos que las desapariciones son una técnica de terror para ocultar la verdad”.
Además de la falta de coordinación entre la federación y los estados, la falta de capacitación para atender el problema, incluso en el Poder Judicial, señaló fundamentalmente “la falta absoluta de sensibilidad a las necesidades de las víctimas por una gran parte de servidores públicos”.
Se declaró convencido de que la Ley General va a contribuir a superar la falta de respuestas a las desapariciones forzadas, porque más allá del resultado final de la ley, buena o regular, el proceso de difusión ya es un triunfo para familiares y el movimiento social.
Destacó que la propuesta coloca a la víctima como respuesta de la deficiencia estatal, “los familiares tienen que ser tratados con dignidad. La búsqueda debe tener un sentido humanitario, no subordinada a la detención de los responsables de una desaparición”.
La ley crea un sistema nacional, un banco de datos genéticos, tipifica mucho mejor el delito de desaparición forzada y de particulares, incluye la declaración de ausencia que coloca a los familiares en un limbo jurídico con muchísimas dificultades socioeconómicas y avanza para evitar temas de impunidad, informó
No obstante las observaciones a la ley, el presidente del Colectivo de Familiares de Personas Desaparecidas de Acapulco, Ciro Fuentes y del colectivo de Chilpancingo, Guadalupe Rodríguez, coincidieron que aún cuando aprueben la ley no hay voluntad política de las autoridades para resolver los casos.
Después de escuchar testimonios de una madre y una esposa de la asociación de desaparecidos de Tamaulipas, el presidente del colectivo Siempre Vivos de Chilapa, José Díaz Navarro denunció que ellos sí saben cuándo, cómo y quiénes se llevaron a sus familiares.
Acusó de las desapariciones a Celso Ortega, líder de la banda de narcotraficantes Los Ardillos, y hermano del ex presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, el perredista Bernado Ortega.
Señaló que argumentando la Ley 701 de Derechos y Cultura Indígena fomentó la creación de un grupo criminal armado denominado Policías Comunitarios por la Paz y la Justicia que tomó la cabecera municipal de Chilapa y opera en ese municipio y en el de Zitlala, y pidió que los ayuden a desarmar a esa organización.
En el panel vespertino, Miguel Nieva, consultor e integrante del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) se refirió a las nuevas tecnologías de búsqueda, y señaló que los patrones identificados en campo permiten determinar el modos operandi de los agresores.
La información de los restos o los objetos hallados en fosas es elemental para la investigación y se puede capitalizar, “muchas veces nosotros cuando vamos a una escena del crimen estamos levantando cuerpos y objetos que son información”, explicó.
La recopilación permite la creación de bases de datos que pueden estar relacionados a nivel regional, después a nivel país.
Afirmó que la información permitiría profundizar en las investigaciones, que generalmente se aboca a la identificación de responsables, no en los desparecidos.
El director de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Miguel Álvarez Gándara resumió las coincidencias y propuestas en conclusiones, “hoy podemos asumir a los 43 y a los 30 mil como parte de una problemática común nacional e internacional, la revaloración de la vida nos dice que ni el dolor, ni la desaparición ni aún la muerte, son contrarios a la vida, y el grito de vivos se los llevaron, vivos los queremos, es un salto cualitativo enorme, y ese paso se lo debemos a las mujeres que han dado los rasgos característicos de esta lucha”.
“Las víctimas caminan más sólidas, más fortalecidas, más articuladas y hay nuevas maneras de entender esta vinculación”, cerró.
Asistieron el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero, Ramón Navarrete, la vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos en México (Afadem), Tita Radilla.
Además integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), y el Centro contra la Tortura y la Impunidad.

Guerrero es un territorio de dolor por las desapariciones, dice representante de la ONU en foro en el Congreso

Durante el foro Las víctimas de un Estado fallido, el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH), Alan García calificó a Guerrero como “un territorio de dolor” debido a las ejecuciones, desapariciones y la “violación masiva a los derechos humanos” y dijo que lo que se vivió en Chilapa del 9 al 14 de mayo del 2015 durante la irrupción de civiles armados, así como los ataques a los normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014, son apenas la punta del iceberg que dan una idea de dónde y con quién estuvo el Estado en esos hechos.
El director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Mario Patrón Sánchez dijo que en la entidad la macro criminalidad se conjuga por la intervención de la delincuencia organizada y el Estado quienes han colocado a Guerrero como la primera entidad en desaparecidos y fosas clandestinas del país.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández dijo que en Guerrero se vive una “escena dantesca” y que el Ejército tiene permiso para matar desde la década de la guerra sucia (1970), lo que se agravaría si se aprueba la Ley de Seguridad Interior, en tanto que el presidente del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Raymundo Díaz Taboada denunció que quienes practican la violencia y violan los derechos humanos son los grupos de poder fácticos tolerados por las autoridades.
El foro Las Víctimas de un Estado Fallido; desaparecidos, ejecutados y desplazados, fue organizado por el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón de Chilapa (Centro Morelos), con motivo de los dos años de la irrupción de civiles armados a la cabecera municipal de Chilapa, del 9 al 14 de mayo, días en los que 30 ciudadanos fueron desaparecidos y de los cuales existen 16 denuncias formales.
Fue en la biblioteca del Congreso local pero fue desdeñado por los diputados locales que no asistieron a escuchar a los familiares de las víctimas, ni de los representantes de los organismos de derechos humanos.
Al representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Alan García habló de la desaparición de personas pero comenzó con una condena ante el asesinato de Miriam Rodríguez del colectivo de desaparecidos de San Fernando, Tamaulipas, ejecutada la noche del miércoles, dijo que este crimen “sacude la conciencia de quienes abrazamos la causa de los derechos humanos”.
Calificó a Guerrero como “un territorio de dolor” pero también de muchísima resistencia ante las ejecuciones, desapariciones y la “violación masiva a los derechos humanos”.
Dijo que lo que se vivió en Chilapa del 9 al 14 de mayo de 2015 durante la irrupción de civiles armados, junto a los ataques a los normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre en Iguala, son apenas la punta del iceberg de un problema mucho más complejo en materia de desaparición de personas.
También los puso como ejemplo de violación masiva a los derechos humanos, “y uno se pregunta en dónde estuvo y con quién estuvo el Estado ese día”.
Para Alan García hablar de desaparición de personas, de desplazamientos y ejecuciones “es sin duda, hablar de tres de las violaciones más críticas a los derechos humanos”.
Destacó que la desaparición de personas ha tenido dos momentos, el de la guerra sucia que tuvo en Guerrero su epicentro, y el contexto actual de inseguridad y violencia.
Explicó que en la guerra sucia era un método de represión política instrumentado en contra de la disidencia de izquierda, y que es una asignatura que sigue vigente y aguarda una respuesta.

De 2007 a 2016 se registraron 29 mil 903 de desapariciones, informa la CNDH

Antes Ismael Eslava Pérez, primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), disertó sobre el contenido del informe que presentó ese organismo en abril sobre las desapariciones y las fosas clandestinas, que calificó como una problemática “compleja, dolorosa, lacerante e indignante para todos porque no hace distinciones de razas, credos, religiones y lo más grave, no ha sido erradicada”.
Destacó que las desapariciones constituyen una forma compleja de violaciones a derechos humanos que debe de ser encarada y comprendida de manera integral, “pues estamos ante una múltiple y continuada violación de distintos derechos reconocidos en los principales instrumentos internacionales”.
Las cifras de este informe establecen que de 2007 a octubre de 2016 se registraron 29 mil 903 de desapariciones. Del total 28 mil 937 corresponden al fuero común y 966 al fuero federal. El 82.7 por ciento del total se concentra en 11 entidades del país, entre ellas Guerrero, que reportó mil 155 casos de desaparición durante ese tiempo.
En cuanto a las fosas clandestinas, Ismael Eslava dijo que es preocupante también el hallazgo de “un número importante” de fosas clandestinas con cadáveres o restos humanos.
Agregó que la CNDH documentó que muchas ocasiones la búsqueda y localización de las fosas clandestinas es realizada por los familiares de las víctimas de desapariciones, “ante la falta de respuesta adecuada y oportuna de las autoridades de seguridad pública y de procuración de justica”.
Frente a casi un centenar de familiares de víctimas de desaparecidos, asesinados y desplazados el visitador de la CNDH reconoció que los familiares que se han convertido en verdaderos investigadores, “que sin ningún tipo de recursos han acudido por sus propios medios a los distintos lugares para buscar a sus seres queridos, y como consecuencia exponen su integridad, a pesar de que esta actividad le corresponde a la autoridad”.
En cuanto a las cifras informó que del 1 de enero del 2007 a septiembre del 2016 se localizaron 855 fosas clandestinas de las que se exhumaron mil 548 cadáveres, de los cuales 155 son mujeres y mil 53 hombres. En 343 casos no se proporcionó el género.
Asimismo 621 eran mayores de edad, 28 menores de 18 años y en 899 casos no se señala el indicador. De los mil 548 cadáveres exhumados al corte de la información para la elaboración del informe, se habían identificado 796 cadáveres.
Del total 195 fosas se localizaron en Guerrero de las que se exhumaron 326 cadáveres, con lo que se ubicó en la entidad con el mayor número de fosas clandestinas encontradas, reconoció el visitador de la CNDH.

Cisis humanitaria: Centro Prodh

El presidente del Centro Prodh, Mario Patrón disertó sobre macro criminalidad. Dijo que en 10 años en la denominada guerra contra el crimen organizado, en México la violencia ha provocado desaparecidos y muertos más que en cualquier conflicto bélico, lo que coloca al país en una crisis humanitaria con sus 60 mil personas desaparecidas y 160 mil asesinadas.
Añadió que las víctimas se siguen acumulando ya sea por la impunidad, la falta de capacidad de las autoridades o por la corrupción, la falta de instituciones sanas, además de los problemas estructurales. Añadió que todo eso provoca graves violaciones a los derechos humanos.
Explicó que la macro criminalidad se entiende como la que se comete por el crimen organizado con la suma de las instituciones públicas.
Citó como ejemplos de macro criminalidad los ataques a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014 donde murieron 6 personas, tres de ellos estudiantes, y desaparecieron 43 normalistas. También la irrupción de civiles armados en Chilapa del 9 al 14 de mayo de 2015, que dejó más de 30 desaparecidos.
Explicó que en ambos casos el crimen organizado contó con el contubernio de las autoridades federales, “esa es la macro criminalidad, la suma de las instituciones del poder público con el crimen organizado”.
Insistió que ambas acciones sólo pudieron suceder mediante la connivencia de las instituciones públicas con el crimen organizado, porque ¿dónde estaban las corporaciones federales, estatales y municipales cuando ocurrieron estos hechos?

 

Funcionarios torturaron y quebrantaron el derecho a la verdad en el caso Ayotzinapa, dice la ONU-DH

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) pidió que la Procuraduría General de la República (PGR) difunda la investigación al ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), actual secretario técnico de Seguridad Nacional, Tomás Zerón de Lucio, así como de nueve peritos y ministerios públicos señalados por irregularidades en la integración del expediente del caso Ayotzinapa.
En un comunicado de la Oficina de ONU-México, el organismo manifestó su preocupación por el viraje en las conclusiones de la investigación interna de la Visitaduría General de la PGR, que estableció sólo faltas administrativas para los implicados en el proceso, “sin que en su dictamen se haya propuesto la apertura de alguna investigación penal”.
No obstante que en el inicio de la investigación se documentaron “graves violaciones a derechos humanos y patrones en la comisión de las mismas, ligadas a la integración del caso”, como tortura, detenciones arbitrarias y transgresiones al debido proceso, subraya.
Se refiere así a que la PGR entregó su investigación interna a la Secretaría de la Función Pública para que determine sólo responsabilidades administrativas contra Zerón de Lucio, y otros funcionarios que diseñaron la primera versión oficial de los hechos, que el exprocurador Jesús Murillo Karam denominó “verdad histórica”.
Aquella tesis oficial descartada científicamente dice que policías municipales entregaron a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos al cártel de Guerreros Unidos, ellos los habrían asesinado e incinerado en el basurero de Cocula.
Los responsables de la investigación presentaron restos humanos, presuntamente hallados en bolsas negras en al rivera del río San Juan que permitieron la identificación de Alexander Mora Venancio, uno de los desaparecidos. Todavía se desconoce el origen real de las muestras.
Ayer la ONU-DH señaló que Ayotzinapa es un caso emblemático, y que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Zeid Raad al-Hussein se manifestó recientemente por la necesidad de dar seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Entre las recomendaciones del Grupo se encuentra precisamente la investigación de las irregularidades en la integración del expediente de la PGR.
Señala que el representante en México de la ONU-DH, Jan Jarab pidió que “debido a la gravedad del caso y del legítimo interés público que existe, los resultados deben transparentarse y hacerse del conocimiento de la sociedad”.
Se explicó que de acuerdo con la información con la que cuenta la ONU-DH México, “la investigación conducida por la Visitaduría General habría identificado únicamente faltas leves, todas ellas calificadas como administrativas, sin que en su dictamen se haya propuesto la apertura de alguna investigación penal. Las faltas administrativas habrían sido cometidas por nueve funcionarios de la PGR, en su mayoría mandos medios (peritos y ministerios públicos), así como por el ex director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio”.
Sin embargo y desde el inicio del caso Ayotzinapa la ONU-DH ha documentado graves violaciones a los derechos humanos, y patrones en la comisión de las mismas ligadas a la integración del caso.
En este sentido, dice que en la Oficina tienen elementos de convicción para señalar que se cometieron actos de tortura contra numerosas personas procesadas, detenciones arbitrarias, transgresiones al debido proceso y el quebranto del derecho a la verdad, cometidas entre otros, por funcionarios de la PGR.
Estos hallazgos fueron compartidos con las autoridades correspondientes de la PGR desde el año pasado, y con el Mecanismo de Seguimiento al caso Ayotzinapa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“A pesar de que en un inicio la investigación de la Visitaduría estaba siendo integrada con apego a los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos, es lamentable el viraje que se produjo, cuyo resultado final significa una oportunidad perdida para efectivamente atender las serias violaciones cometidas en la investigación del caso Ayotzinapa”, aseveró Jan Jarab.
Ayer destacó la necesidad de contar con órganos de control interno e instituciones de procuración de justicia autónomas, independientes, imparciales y profesionales, capaces de investigar con perspectiva de derechos humanos.
Expresó su disposición para seguir colaborando con las autoridades y con el Mecanismo de Seguimiento de la CIDH.

Dos desaparecidos en Apango están entre los 34 cuerpos hallados en fosas clandestinas de Zitlala

 

Tayde Antonio Hernández Astudillo, hijo del luchador social fallecido Lino Hernández López y el agente de tránsito estatal Guillermo Linares, desaparecidos el 16 de septiembre junto a Cristian Fernando Salinas en Apango, fueron identificados entre los 34 cuerpos hallados en fosas clandestinas en el cerro de Tenanchitla, municipio de Zitlala el 22 de noviembre, confirmaron este lunes sus familiares.
Con ellos suman seis los cadáveres que han sido identificados y reclamados ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
Los otros cuatro son el policía estatal Darío Sixtos Abarca desaparecido el 20 de octubre del año pasado en Chilapa, Karina Gutiérrez Rodríguez una joven estilista de 20 años que desapareció el 19 de octubre, Raúl Moreno Alcocer trabajador de la tortillería Juquilita de Chilapa, también desaparecido en octubre pasado, y Lázaro Nava Navarrete quien llevaba 2 años desaparecido pero su cuerpo fue hallado con señas de muerte reciente entre los 34 cadáveres.
El representante del colectivo de familiares de desaparecidos Siempre Vivos, José Díaz Navarro informó este lunes vía telefónica, que el proceso de identificación es lento.
También aprovechó para anunciar que a raíz de la visita en diciembre pasado del representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos (ONU-DH) Jan Jarab, ahora visitará Guerrero el 19 de enero el relator especial de las Naciones Unidas para defensores de derechos humanos Michel Forst.
De la identificación de los cadáveres que fueron hallados el 22 de noviembre en el cerro de Tenanchitla, municipio de Zitlala, ayer familiares de Tayde Antonio Hernández y Guillermo Linares, quienes estaban desaparecidos junto con Cristian Fernando Salinas Astudillo desde el 16 de septiembre en Apango, confirmaron que fueron identificados en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) entre los 34 cuerpos. Ambos fueron sepultados el jueves de la semana pasada.
Mientras tanto, familiares de Cristian Fernando están en espera de los resultados de la confronta del ADN para reclamarlo.
Los tres fueron vistos por última vez después del mediodía del 16 de septiembre en Apango, desde cuando sus familiares venían exigiendo a las autoridades estatales que se investigara su paradero.
Tayde Antonio era hijo del fallecido dirigente social Lino Hernández López y junto con su primo Cristian Fernando tocaban en un grupo musical.
Mientras que Guillermo, el otro joven que ya fue identificado y sepultado en Apango, era agente de Tránsito Estatal.
Un día después de que desaparecieron, sus familiares y vecinos de Apango integraron brigadas y los buscaron en comunidades cercanas como Almolonga, Hueyitlalpan, Zotoltitlán y La Esperanza. Desde los primeros días vecinos de esas comunidades les informaron que vieron pasar un Neón Blanco (propiedad de Tayde Antonio) en el que al parecer se los llevaron rumbo a Zitlala.
Por separado el presidente del colectivo de familiares de desaparecidos Siempre Vivos de Chilapa, José Díaz, informó que otros cuatro de los 34 cuerpos encontrados en esas fosas clandestinas han sido identificados y reclamados por sus familiares.
Una de ellas es la joven estilista Karina Gutiérrez quien desapareció el 9 de octubre en Chilapa.
La joven trabajaba en una estética en Chilpancingo y al llegar a la base de las combis de la ruta Chilapa-Chilpancingo desapareció.
Otro de los cuerpos identificados es el de Raúl Moreno Alcocer, trabajador de la tortillería Juquilita de Chilapa y de quien sus familiares no han proporcionado mayores datos, aunque Díaz Navarro confirmó que su cadáver fue identificado y reclamado ante las autoridades.
Otro identificado es Lázaro Nava Navarrete, también de Chilapa y quien estaba desaparecido desde hace 2 años, sin embargo su cuerpo fue encontrado entre los 34 cadáveres con señales de muerte reciente.
“Eso quiere decir que (sus victimarios) los trajeron dos años trabajando o en condiciones que no se sabe, pues apareció muerto 2 años después”, dijo el presidente del colectivo Siempre Vivos, quien explicó que su cabeza apareció en las fosas halladas en Zitlala pero su cuerpo cerca de Tixtla.
Informó que Lázaro Nava estaba desaparecido desde el 21 de noviembre del 2014.
“Esto nos da dos mensajes, uno, que muchos de nuestros compañeros que buscamos pueden estar vivos y los pueden tener trabajando en algún sembradío de droga o los traen como sicarios, pero pueden estar vivos”, dijo Díaz Navarro.
También fue identificado el cuerpo del policía estatal, Darío Sixto Abarca quien estaba desaparecido desde el 20 de octubre, después de que llegó de su día de descanso a Chilapa.
El 20 de octubre Sixto Abarca fue levantado cuando regresaba de Chilpancingo, sin embargo su desaparición fue dada a conocer hasta una semana después.
Sus familiares informaron que el policía fue visto por última vez a las 7:30 de la noche de ese 20 de octubre en la capilla de Cristo Rey en el Zoyatal, antes de que hombres armados se lo llevaran.
El lugar en donde fueron halladas las fosas clandestinas es una zona que se disputan los grupos criminales Los Ardillos y Los Rojos.

Entregarán información al relator de la ONU

Díaz Navarro informó que a raíz de la visita del representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Jan Jarab, ahora visitará Guerrero el relator especial de la ONU sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, Michel Forst.
El representante de la ONU estará en visita oficial en México del 16 al 24 de enero, aunque llegará con antelación para participar el 13 en una actividad organizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en donde se revisarán las condiciones en que trabajan los defensores y representantes de organismos civiles de derechos humanos.
Díaz Navarro adelantó que en su visita a Guerrero le entregarán información sobre la grave situación en que trabajan las personas defensoras de derechos humanos en la entidad.
Michel Forst también estará en los estados de México, Chihuahua y Oaxaca. Igual que en Guerrero también se reunirá con autoridades gubernamentales y agrupaciones de la sociedad civil, según la agenda que fue dada a conocer ayer por el presidente del colectivo Siempre Vivos.