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Piden organizaciones ante el Congreso local justicia por el asesinato de Yanqui Kothan

El integrante de la Comisión Política del Frente Popular de la Montaña (FPM) Juan Sánchez informa el ofre-cimiento de una mesa de diálogo para los primeros días de abril con diputados Foto: Jessica Torres Barrera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Representantes de cuatro organizaciones sociales, exigieron al gobierno del estado y al Congreso local una investigación a fondo, justicia y castigo a todos los responsables e implicados en el asesinato del estudiante de la Normal de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta, ocurrido el pasado 7 de marzo en Chilpancingo.
Los dirigentes de las agrupaciones Frente Popular de la Montaña (FPM), Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETREG), academicos de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y del Directorio del Poder Popular, se manifestaron este jueves afuera del Congreso local.

Plantón por reconicimiento de Cerón

En tanto, los integrantes del FPM ampliaron ayer su plantón que instalaron el miércoles afuera del Congreso, donde piden una reunión con los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), para pedirles que se cumpla un acuerdo legislativo en el que se reconozca al dirigente social asesinado Arnulfo Cerón Soriano como defensor de derechos humanos.
También exigen que el Congreso local que requiera información al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), del por qué se dejó en libertad al presunto autor intelectual del homicidio de Cerón Soriano, el ahora aspirante a la alcaldía de Tlapa por Morena, Marco Antonio García Morales.
Ayer, además del campamento que instalaron el miércoles en la entrada a la explanada del Congreso local, instalaron otro en la entrada al estacionamiento y por la noche amenazaron que si no recibían respuesta a su petición de reunirse con los representantes de la Jucopo, a partir de este viernes impedirían el acceso al personal.
A las 10 y media de la mañana llegaron a solidarizarse representantes de la CETEG, academicos de la UPN y de la agrupación del Directorio del Poder Popular.
Las cuatro organizaciones exigieron en un mitin justicia en el caso del asesinato del estudiante de la Normal de Ayotzinapa Yanqui Kothan, que se realice una investigación a fondo, castigo a todos los responsables del asesinato, así como a los ex funcionarios implicados en las irregularidades del caso, al pretender falsear la información de los hechos.
El representante de la CETEG, Rogelio Beltrán, dijo que además de que fueron a solidarizarse con el FPM y a exigir a los diputados integrantes de la Jucopo que los reciban en audiencia, también acudieron para emitir un pronunciamiento conjunto con las otras agrupaciones de exigencia para que las autoridades esclarezcan a fondo el asesinato del estudiante Yanqui Kothan.
El académico de la UPN de Chilpancingo, José Luis Ayala, expresó que los representantes de las cuatro organizaciones exigen justicia y castigo a todos los responsables del asesinato del estudiante Yanqui Kothan.
“Estamos pidiendo el total esclarecimiento de los hechos y el castigo a los responsables pero también que se desarrollen políticas públicas que no permitan nunca más que vuelvan a pasar estos acontecimientos que lastiman a la sociedad en general”.
Juan Sánchez Gaspar, uno de los integrantes de la comisión política del FPM, dijo que siempre se han solidarizado con la Normal de Ayotzinapa desde la desaparición de los 43 estudiantes, “y vemos que las agresiones a esa Normal se van complicando más”.
Denunció que el estudiante Yanqui Kothan “fue asesinado de manera cobarde y nosotros condenamos enérgicamente el caso y exigimos que se haga justicia y se castigue a todos los asesinos”.
En la noche, el también integrante de la comisión política del FPM Telésforo Aguilar, informó que ampliaron el campamento que instalaron el miércoles en la entrada de la explanada del Congreso local y se colocaron también en la entrada del estacionamiento.

 

CETEG y familiares protestan en la capital para exigir la presentación con vida de los 43

María Avilez Rodríguez

Chilpancingo

Organizaciones sociales bloquearon unos 20 minutos la avenida Lázaro Cárdenas en la capital, en el sentido sur-norte, para exigir la presentación con vida de los 43 alumnos de Ayotzinapa, desaparecidos hace casi diez años.
En esta ocasión no participaron los alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, como usualmente lo hacen. Sólo estuvieron miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y del Colectivo Lupita Rodríguez, en el antimonumento de los 43.
En el mitin, que inició minutos antes de las 12 del día, los manifestantes pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador la presentación con vida de los estudiantes, ya que van a cumplir 10 años de desaparecidos y no hay avances en las investigaciones.
En su participación, el representante del Colectivo Lupita Rodríguez, David Molina, dijo que la jornada de lucha por los 43 normalistas se enfoca en que el gobierno federal tiene que entregar los 800 folios faltantes por parte del Ejército.
“Los folios tienen información importante para dar con el paradero de los alumnos y saber cómo fueron los hechos de los días 26 y 27 de septiembre de 2014”, destacó el representante.
En su intervención, la activista universitaria del Comité Independiente de Solidaridad de los Caídos de 1960, Roberta Campos Adame, dijo que como cada mes exigen la presentación con vida de los normalistas.
“Una fecha que marcó el Ejército y el estado, con la tragedia de desaparecer 43 estudiantes. Condenamos este 26 de febrero la represión que ejercieron las autoridades, al agredir a los estudiantes del Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero (FUNPEG)”.
La activista recriminó que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, lejos de escuchar la demanda de los normalistas, mandó a la Guardia Nacional para que los golpeara y detuviera.
Externó que el gobierno de la “esperanza”, que encabeza López Obrador, se comprometió a dar con el paradero de los 43 normalistas, pero ha incumplido, “se han cumplido 113 meses de la desaparición de los jóvenes y aún no tenemos respuestas”.
Los colectivos también externaron que la Comisión Ejecutiva de Atención de Víctimas (CEAV) no está cumpliendo, en tiempo y forma, con los apoyos para las familias afectadas y que el gobierno federal recortó el presupuesto a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP).
Las organizaciones además exigieron la liberación del integrante de la CETEG, Evodio Pérez Malpica, quien fue detenido el pasado 20 de febrero, por la Fiscalía General de la República (FGR), en Tlapa y trasladado a un penal federal.
Al finalizar el mitin, fue consultado David Molina, quien dijo que las familias que tienen un desaparecido deben recibir mensualmente 2 mil pesos, pero las autoridades estatales no se los otorgan.
Detalló que después de la protesta que realizaron la semana pasada en el CEAV estatal, lograron recibir el pago de apoyo para las despensas de un mes, de cuatro que les debían a 130 familias.

 

Exigen familiares, vecinos y organizaciones sociales la libertad del maestro Evodio Pérez

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Familiares, vecinos, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales exigieron este lunes al gobierno federal la libertad inmediata del profesor y dirigente social, Evodio Pérez Malpica, detenido el pasado 20 de febrero por participar en protestas para denunciar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, y fue trasladado a un penal de máxima seguridad de Durango.
En una conferencia de prensa, que se transmitió vía Facebook a la 1 de la tarde de este lunes, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, condenó la detención del profesor jubilado.
“Lamentamos que el gobierno manipule la ley para castigar a un luchador social, profesor jubilado, que su único delito fue dar clases a los indígenas de la Montaña y organizar a la sociedad para lograr beneficios sociales”, dijo el activista, quien recriminó que se criminalice la protesta social.
La hija del detenido, Leida Pérez, exigió a las autoridades competentes y al presidente Andrés Manuel López obrador que se libere de forma inmediata a su padre.
Dijo que Evodio Pérez siempre ha apoyado al ahora presidente, desde que inició sus campañas políticas, “es un hombre que cuando le piden un hombro o la mano, se las da sin condiciones. Pido que mi papá sea liberado lo más pronto posible”, exigió.
En la conferencia de prensa estuvieron también vecinos de la colonia Loma Bella, donde tiene su domicilio el detenido, así como representantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) a la que pertenece el detenido y dirigentes del Frente Popular de la Montaña (FPM) al que también pertenece y estudiantes de la normal de la Montaña.
En la conferencia de prensa se anunciaron acciones políticas y legales para lograr su libertad.
Barrera Hernández recordó que en 2014, el Movimiento Popular Guerrerense (MPG), que respaldó a los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos, tomó el Palacio Municipal de Tlapa y acordó impedir que se realizaran eventos públicos.
Sin embargo, el entonces alcalde Victoriano Wences Real organizó un encuentro de premiación de periodistas en un centro social y el MPG acordó ir a ese lugar, para emplazar a la autoridad a que suspendiera el evento.
El caso es que la visita de los integrantes del movimiento terminó en una gresca y algunos periodistas interpusieron denuncias, por el delito de secuestro, y una de ellas originó la detención del maestro jubilado Evodio Pérez.
“Estamos hablando de que, a casi 10 años de esa denuncia, el compañero Evodio Pérez Malpica fue detenido acusado por esa acción del MPG”, explicó Barrera Hernández.
Dijo que el activista fue trasladado a un penal de máxima seguridad de Durango.
Leida Pérez, su hija, rechazó que su padre sea un secuestrador, “estamos orgullosos de él, no bajamos la cara cuando nos dicen que es secuestrador. Le vamos a echar ganas, vamos a defender a mi papá”.
Contó que el 20 de febrero, a las 2 de la tarde, estaba en su casa cuando le llamó su padre y le avisó que había sido detenido por policías ministeriales y que se lo llevaban a Puebla. “Me acusan de secuestro”, le dijo y colgó.
Explicó que después supo que los agentes que se lo llevaron, le gritaron por su nombre al llegar a su casa e iban vestidos con chalecos del partido Morena, “porque sabían que sólo de esa manera lo podían agarrar. Él es de ese partido y fue la forma en que lo engañaron”.
Contó que su padre, cuando oyó que le hablaron por su nombre, salió y platicó con ellos, que le aplicaron algo como una encuesta, le pidieron sus datos y cuando estuvieron seguros que era él lo detuvieron y se lo llevaron.
Agregó que ella y su hermano salieron de inmediato rumbo al penal del Altiplano, Estado de México, porque pensaron que para allá se lo llevaban, pero cuando aún no llegaban, le llamó y le avisó que se lo llevaban a Durango, “ya no me busquen, déjenme”, le dijo y colgó. Sin embargo, dijo que al día siguiente ella fue a buscarlo hasta allá, en donde, dos días después pudo platicar con él.
“Pido y exijo a las autoridades competentes y al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, su libertad inmediata”.
Reprochó que su padre siempre ha sido seguidor de López Obrador, “lo ha apoyado en los eventos que se hacen en Tlapa. En cuanto él puede apoyar, siempre ha sido un hombre que cuando le piden un hombro o la mano se las da”.
“Pido que mi papá sea liberado lo más pronto posible. En la casa lo esperamos, en su casa, sus nietos lo quieren como papá, en la casa es todo para nosotros, No vamos a permitir que siga la injusticia contra los luchadores sociales. Ya mataron Antonio Vivar, a Arnulfo Cerón y ahora detienen a mi padre”, denunció.
Honorio Morales Bonilla, de la delegación D-4-16 de los jubilados y pensionados de la CETEG, también exigió su libertad inmediata y cuestionó que por qué a un luchador social como él “se le reprime, se le tortura, se le desaparece y se le secuestra. Mientras que ex funcionarios acusados de corrupción y de fraudes de tantos millones, gozan de privilegios y se les dicta prisión domiciliaria”, declaró en referencia al ex director de Pemex, Emilio Lozoya.
El dirigente magisterial llamó a organizaciones sociales, indígenas, estudiantes, obreros y campesinos, a hacer una frente y a una sola voz, “para parar esta ola de represión en contra de los luchadores sociales”, así como para exigir la libertad inmediata e incondicional de Evodio Pérez.
Anunció que las organizaciones sociales y el magisterio se van a movilizar, además de las acciones legales que se realicen para exigir su libertad.
Uno de los dirigentes del FPM, Juan Sánchez Gaspar, declaró que Pérez Malpica es una persona de bien, “el compañero ha luchado desde años atrás, como docente, como delegado y como miembro activo de nuestra organización”.
“Como organizaciones sociales, reprobamos la represión de los gobiernos estatal y federal a todas aquellas personas que exigen sus derechos”.
Explicó que las acciones de 2014 fueron movimientos colectivos, que se realizaban de acuerdo con las bases del MPG y era una decisión de las bases, no de una sola persona o dirigente.
Blanca Rosa García Cruz, vecina de la colonia Loma Bella en Tlapa, donde tiene su casa el dirigente detenido, explicó que el maestro Pérez Malpica es un hombre muy respetado en esa colonia, “los vecinos lo siguen y lo respetan. Ha ayudado con las gestiones a muchas familias, instituciones y escuelas, sin recibir nada a cambio”.
Agregó: “Pedimos al presidente López Obrador que lo libere, no se merece estar ahí, en la cárcel, es una persona buena”.
Abel Barrera Hernández condenó su detención y lamentó que el gobierno “manipule la ley”, para castigar a un luchador social y profesor jubilado, “que su único delito fue dar clases a los indígenas de la Montaña y organizar a la gente, para lograr beneficios sociales para esta región”.
“No se puede continuar violando el derecho a la libertad de asociación, de reunión, de manifestarse para exigí sus derechos”.
Dijo que el profesor enfrenta un castigo desproporcionado por su activismo social. Es un maestro comprometido con la lucha social, “y su detención contradice a este gobierno, que dice no perseguir a los luchadores sociales”.
También exigió la libertad inmediata e incondicional del maestro Evodio Pérez, “demandamos que cese la persecución contra los luchadores sociales y que no se ensañen contra alguien que ha luchado por la educación de la Montaña. Exigimos el cese de la criminalización de la protesta social”, dijo.

 

Protestan agrupaciones de Iguala en el Recinto Estatal; exigen la reubicación de maestras

Integrantes del Bloque Democrático de Organizaciones y Ciudadanos de la Región Norte y ciudadanos de Iguala, en la protesta que realizaron en la entrada principal del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo Estatal Foto: Jesús Eduardo Guerrero

María Avilez Rodríguez

Chilpancingo

Integrantes del Bloque Democrático de Organizaciones y Ciudadanos de la Región Norte y vecinos de Iguala, bloquearon el bulevar del río Huacapa frente al Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado, para exigir al gobierno estatal centros de trabajo para maestras que fueron desplazadas por la inseguridad.
Indicaron que son varias las peticiones de organizaciones sociales, colonias y del magisterio, que no han sido atendidas y que en la última protesta que realizaron en Iguala les prometieron una mesa de trabajo con el titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Marcial Rodríguez Saldaña, y con el director de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros, pero no se las programaron.
Los manifestantes provenientes de Iguala llegaron a la capital a bordo de un autobús, con el que bloquearon la vialidad minutos después de las 11 de la mañana, y también colgaron lonas en la fachada del inmueble.
El representante del bloque, Rafael Salgado Quezada, informó que a siete docentes las amenazaron y por ello ya no regresaron a su centro de trabajo, por lo que corren el riesgo de que les suspendan su salario.
“Hay maestras que están en resguardo por la inseguridad (sin especificar detalles) y no se les ha dado asignación. Están en riesgo de que les suspendan el pago por no tener un lugar de trabajo”, detalló.
Rafael Salgado manifestó que lo único que piden es que se les dé trabajo conforme a sus derechos, “esos son los puntos laborales que tenemos los maestros”.
También dijo que solicitan que se ejerzan 5 millones de pesos, asignados hace más de medio año, para la construcción de un colector que beneficiaría a seis colonias y cerca de 200 familias en Iguala.
“Los colonos queremos saber dónde están esos 5 millones de pesos, son partes de las demandas que traemos”, precisó el representante, antes de ingresar a una reunión con el director de Gobernación, Francisco Rodríguez.
Después que ingresó la comisión a dialogar con las autoridades estatales, los manifestantes se retiraron de la vialidad y quitaron las lonas de la fachada de las oficinas del Poder Ejecutivo.

Expresan su apoyo a Claudia Sheinbaum mujeres líderes nahuas de la Montaña

Conferencia de prensa el mediodía de este domingo en Chilapa donde mujeres de la región manifestaron su apoyo a Claudia Sheinbaum Foto: Luis Daniel Nava

Luis Daniel Nava / María Avilez Rodríguez

Chilapa / Chilpancingo

Mujeres líderes nahuas de Chilapa, Zitlala y José Joaquín de Herrera, integrantes de organizaciones sociales, expresaron su apoyo a la aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo.
“Es momento de que nos represente una mujer. La continuidad de la 4T debe tener el rostro de mujer”, expresaron en Chilapa las mujeres nahuas.
A las 11 de la mañana, en el restaurante Casa Pilla, las mujeres nahuas dieron una conferencia de prensa, acompañadas de decenas de mujeres provenientes de la zona rural de la región.
Algunas portaron un sombrero con la leyenda “Adelitas”.
La conferencia de este domingo fue coordinada por Diana Itzel Hernández, hija de Ranferi Hernández y directora de gestión en el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores.
Participaron Lucerito Capistrano Carrera, de la comunidad de Acatlán; Eustolia Pintor, de La Esperanza, municipio de Mártir de Cuilapan, y Yesenia Alejo Tomatzin, de Zitlala, y actual directora de Investigación de la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Alejo Tomatzin leyó un posicionamiento de apoyo para que Claudia Sheinbaum se convierta en coordinadora nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.
También participó la consejera de Morena, Bernarda Leovigilda Chávez, así como Lorena Gúzman, regidora de Ahuacuotzingo; Pedro Soria Hernández, agente fiscal de la Secretaría de Finanzas; el consejero Marco Antonio Miranda y líderes de Morena de Chilapa.
Informaron que el 27 de agosto se levantará la encuesta en el estado.
Por separado, integrantes de organizaciones sociales realizaron el foro de análisis y balance: Perspectivas de lucha social ante el proceso electoral y la sucesión presidencial de 2024, donde acordaron apoyar a Claudia Sheinbaum para que sea la candidata de Morena.
El sábado, los integrantes de las organizaciones Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), de los damnificados del Nuevo Mirador, del Frente Democrático de trabajadores del IEEJAG, también Micaela Cabañas Ayala, hija de Lucio Cabañas, se reunieron en un hotel, en la capital, para el análisis.
En su participación el dirigente de la APPG, Nicolás Chávez Adame, informó que acordaron que se tiene que recuperar la esencia y precisar que el proyecto de la Cuarta Transformación es un movimiento que surge de la lucha social.
Chávez Adame dijo que hacen un llamado a todas las regiones de Guerrero, a organizarse para iniciar un proceso de democratización de las estructuras de Morena, “donde las cúpulas” se han apoderado de la toma de decisiones.
Detalló que proponen un brigadeo para organizar foros y asambleas generales, para llegar al primer congreso popular y elegir de manera democrática a sus representantes, de todos los niveles de participación electoral.
El dirigente manifestó que condenan categóricamente a los caciques y a todos los gobernantes que se han “coludido” con la delincuencia organizada y que pone en riesgo la vida de muchos inocentes.
Además, pidió a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que atienda y resuelva la demanda popular.
Manifestó que acordaron que Sheinbaum Pardo es la persona adecuada para darle continuidad al proyecto de nación de la Cuarta Transformación, porque ella surge del movimiento social, “en uno de los momentos más críticos de la historia de México. Es una de las personas más cercanas al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador”.
“Esta sucesión presidencial fortalece la democracia en México, porque es respetar la equidad de género en el proceso electoral, puesto que tendríamos la primer mujer presidenta de la historia”, enfatizó Chávez Adame.
Las organizaciones solicitaron que Claudia Sheinbaum retome las demandas más sentidas del movimiento social de Guerrero, entre ellas, la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la liberación de los presos políticos.

Justicia por los crímenes en Guerrero para alcanzar la paz, exigen en foro en la Loyola

Ramón Gracida Gómez

Durante el foro de justicia y seguridad que se realizó este sábado en la Universidad Loyola de Acapulco, organizaciones sociales, familiares de víctimas y académicos exigieron justicia a las autoridades por los crímenes que se perpetran en Guerrero, para alcanzar la paz.
El padre Jesús Mendoza Zaragoza dijo que se debe “construir la paz con justicia social” y atender las necesidades de las víctimas, recuperar los territorios controlados por los grupos criminales, así como crear “instituciones proporcionales al tamaño de esta herida nacional”.
La representante de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Norma Mesino, señaló que “si en verdad es que estamos en una transformación real de la vida política de nuestro estado, tiene que saldarse esta deuda de justicia con las víctimas”.
La esposa del desaparecido Vicente Suástegui, integrante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (Cecop), Samantha Colón, dijo que los familiares buscan la verdad y la justicia por sus propios medios y son revictimizados cuando buscan a las instituciones.
El representante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Sabás Aburto Espinobarros, aseguró que en el territorio donde operan no hay inseguridad gracias a esta organización, que va a seguir trabajando “en los hechos”, a pesar de los últimos reveses judiciales.
El foro forma parte de otros eventos similares, que se han realizado en los últimos meses, en varios estados, a propuesta de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Conferencia de Superiores Mayores de México y la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, como respuesta al asesinato de los jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, en la sierra tarahumara, en junio del año pasado y a la violencia generalizada en el país.
Después de un performance cultural del grupo escénico La Gruta, sobre los desaparecidos, que impactó a los asistentes, el párroco del poblado La Sabana, Jesús Mendoza, planteó “construir la paz con justicia social”, trabajando en algunos puntos, entre los cuales está la urgencia del acompañamiento a las víctimas de la violencia, cuyas necesidades son la verdad, la justicia y la reparación de daños, es decir, una “sanación integral”.
Dijo que “es necesario que el Estado provea instituciones proporcionales al tamaño de esta herida nacional. Es necesario ver cómo estas instituciones tengan el presupuesto y personal que se requiere para atender estas situaciones tan dolorosas”.
Urgió a “la recuperación de los territorios controlados por las bandas criminales y urge la presencia suficiente de las instituciones del Estado, sobre todo, las que tienen que ver con seguridad y justicia”, además, también tienen que ser atendidos los temas de salud, educación y economía.
El también articulista de El Sur, aseguró que “el tejido social está desgarrado por todas partes, en parte por el control territorial de las bandas criminales, también por rencillas comunitarias, por el individualismo que se ha ido imponiendo, por la ausencia del Estado de derecho, y por la impunidad”.
Asimismo, se debe reconstruir la economía “desde abajo, al neoliberalismo hay que hacerle frente desde arriba y desde abajo. Donde la delincuencia va prosperando es donde hay dinero”, explicó.
Después participó la integrante del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), Javiera Donoso, quien planteó que existe una “violencia endémica” en algunas colonias de Acapulco, y particularmente en la periferia, donde no hay cohesión social, porque las nuevas poblaciones están conformadas por los desplazados de la violencia que no se conocen entre ellos.
El evento continuó con la mesa Justicia Cotidiana, donde Sabás Aburto, resumió el origen de la CRAC-PC después de los hechos de inseguridad que se vivían en las regiones de Costa Chica y Montaña, antes de su creación en 1995.
Aseguró que actualmente en la zona donde opera la policía comunitaria, “no sabemos de secuestros, los maestros no cierran escuelas por miedo a que los asalten o los extorsionen. No hay cierre de centros de salud, los productores de campo van a trabajar todos los días, sin miedo, uno transita en vehículos particulares, taxis, u otro tipo de vehículos tranquilamente, trayendo ahora su dinero, su reloj. Antes no andábamos así, antes de 1995”.
Lamentó que el ex gobernador priista Héctor Astudillo Flores presentó una iniciativa “para sacarnos de la Ley 701, él y su secretario general, Florencio Salazar, y es lo que hace poco volvieron a validar o rectificar los del Congreso del Estado, y finalmente hace poco, un mes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó lo que hicieron ellos, sin consultarnos realmente a los pueblos indígenas, como debe ser, según el marco jurídico internacional”.
Sin embargo, “seguimos nosotros como CRAC-PC, cuidándonos nosotros mismos en los hechos”, aseveró Aburto Espinobarros y denunció que la actual fracción de Morena, está “alineada mayoritariamente con lo que marca la fracción del PRI, la fracción del PRD”.
Samantha Colón recordó que Vicente Suástegui fue desaparecido hace casi dos años, el 5 de agosto de 2021, y dijo que fue por su participación en la defensa de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, “que tuvo que ver el Estado y participaron también la Policía Estatal en la desaparición de mi esposo y que estuvieron involucrados también gente que estaba en la Fiscalía en ese momento”.
La también integrante del colectivo Memoria, Verdad y Justicia, dijo que esta desaparición forzada no es un hecho aislado e indicó que los familiares son revictimizados, “yo en lo particular cuando me acerqué a la Fiscalía a poner la denuncia de mi esposo, lejos de que me ayudaran, me revictimizaron como no tienen idea, me trataron de la peor manera las personas que estaban encargadas en ese momento”.
“Entonces ahí, ¿qué hacemos? Tenemos que tocar puertas, tenemos que ir a buscar verdad y justicia por nuestros propios medios. Por nuestros propios medios tenemos que buscarles, tenemos que ir a tocar las puertas, tenemos que bloquear una calle para luego ser reprimidos, para después quizás ser amenazados o quizás ser desaparecidos también”, expuso.
Nicomedes Fuentes, uno de los cinco comisionados de la Comisión de la Verdad (Comverdad), dijo que los territorios donde se perpetró la contrainsurgencia del Estado, contra los movimientos sociales, eran pacíficos antes de estos crímenes y que las guerrillas son producto de la violencia de Estado.
Indicó que todavía no hay una cifra final de desaparecidos porque hay varias listas que se repiten, se entrecruzan, pero sobre todo “no se termina porque todavía existe el terror en la gente de no acercarse a nadie, de los organismos que participamos en la búsqueda”.
Señaló que la Comisión de la Verdad y Esclarecimiento (Coveh), creada por el actual gobierno federal, “está funcionando lento, el problema es el Ejército todavía. Creo que se requiere voluntad política para que nos digan dónde están nuestros compañeros”.
Hugo Ozuna, del Colectivo Contra la Tortura e Impunidad (CCTI), indicó que la tortura “es generalizada y sistemática”, además de que mitad de las desapariciones del país son de 2018 a la fecha.
Luego siguió la mesa de Seguridad Ciudadana, donde la representante de la OCSS, Norma Mesino, leyó un pronunciamiento colectivo de varias organizaciones sociales, con el que recordó las masacres perpetradas en Guerrero desde 1960 hasta la actualidad, como Aguas Blancas, así como la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial de diversos luchadores sociales, entre ellos, la de su hermana Rocío.
Norma Mesino dijo que “el dolor que representa este calendario manchado de sangre nos une a los familiares, a sobrevivientes, a organizaciones sociales de derechos humanos, para plantear a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, así como al Congreso de Guerrero, la necesidad de establecer una agenda que contemple el esclarecimiento de los crímenes y la impartición de justicia para todas las víctimas de la violencia”.
“Si en verdad es que estamos en una transformación real de la vida política de nuestro estado, tiene que saldarse esta deuda de justicia con las víctimas”, exclamó.
El doctor en ciencias sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Omar Villarreal, indicó que para entender la violencia criminal de los últimos años se tiene que entender la violencia política del pasado. “Los agentes represores son, en realidad, los primeros ejecutores de las empresas criminales que hoy conocemos como crimen organizado o cárteles”, expuso.
También participaron el ex fiscal especializado en Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas, Víctor Parra, quien comentó que no hay recursos suficientes para atender todas las desapariciones, que han aumentado exponencialmente, y el director de Quadratín Guerrero, Ricardo Castillo, quien dijo que Guerrero es el segundo estado más peligroso para ejercer el periodismo.
La última mesa fue Tejido Social, en donde artistas y promotores culturales expusieron el trabajo artístico que se realiza en Acapulco y cómo eso ayuda a construir paz. El fundador del grupo La Gruta, Manuel Maciel Campos, planteó la necesidad de trabajar con los niños, porque es un sector vulnerable a ser cooptado por el crimen organizado.
El escultor Jorge Alfaro y el fotógrafo Luis Arturo Aguirre contaron cómo crearon los espacios de arte, el primero con El Fortín y el segundo en la calle Quebrada, ante los recortes al presupuesto destinado a este sector y la escasez de lugares similares.
El evento, que duró alrededor de seis horas, fue organizado por la Universidad Loyola, Fundación para la Paz en Guerrero, Iniciativa Guerrero es Primero y el Grupo de Estudios para el Desarrollo del Sur (Gedesur). Asistieron unas 80 personas, entre activistas sociales e integrantes de colectivos de víctimas, como Familiares de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos.
También estuvieron presentes el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Óscar Chávez Rendón; el director de Gobernación del Ayuntamiento de Acapulco, Ramón Montiel Mejía, y la directora de la Mujer, Sandra Yolanda Rodríguez Zaragoza.

 

Valida la Corte consulta a pueblos indígenas y afros que realizó el Congreso local en 2022

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), validó por unanimidad y “en definitiva” la consulta y las reformas que realizó el Congreso de Guerrero a la Ley 701 de Reconocimiento de Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas aprobadas en 2022.
Se trata de las reformas que diputados locales realizaron el 24 de mayo del año pasado en materia de seguridad indígena y afromexicana, con las que se eliminó de la Ley 701 el sistema de reeducación, y la policía comunitaria que fue sustituida por “indígena o afromexicana”, la cual se subordina a ser auxiliar de las policías y otras corporaciones de los tres niveles de gobierno.
De acuerdo con lo aprobado por el pleno de la SCJN, la consulta que el Congreso realizó en dos meses -a pesar de que la Corte había dado todo un año para su desarrollo- sí cumplió con “las fases mínimas que debe tener”, por lo que fue aprobado por unanimidad de votos de los ministros y “decidido en definitiva”.
El diputado de Morena Masedonio Mendoza Basurto, y organizaciones como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, fueron los principales opositores de estas reformas.
Incluso, después de que el pleno aprobó las reformas a la ley 701, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda decidió no publicarlas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y envió al Poder Legislativo una “observación total” al decreto 183, la cual fue rechazada por la mayoría de los diputados, quienes ratificaron las modificaciones que finalmente ayer validó la Corte.
Ayer en sesión, la Corte resolvió la acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (CNDH); la ponencia estuvo a cargo de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat.
La ponente propuso al pleno que se declarase “procedente pero infundada” la acción de inconstitucionalidad; y que se reconociera la validez del decreto 183 por el que se reforma la ley 701.
En el estudio de fondo, la ponente Ana Margarita Ríos habló de un apartado que denominaron vulneración a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. En su exposición la ministra explicó por qué se declaraba infundada la solicitud de invalidez de este decreto.
Comentó que ésta es la primera consulta indígena que se validaría por parte de la Corte, porque consideraron que el Poder Legislativo de Guerrero sí cumplió con realizar la consulta de acuerdo con las fases y características que han sido establecidas por este tribunal.
La ministra ponente señala que en la fase preconsultiva se desarrolló de manera correcta identificando las comunidades a consultar, y que posteriormente el Congreso emitió lineamientos que establecieron los principios por los que “se regiría la consulta”, esto a pesar de que en este proceso no participaron pueblos indígenas ni afromexicanos.
En este caso, la ministra argumentó que estos lineamientos podrían modificarse “de acuerdo a sus necesidades, sistemas normativos, y costumbres de cada comunidad”.
De la fase informativa, la ministra se refirió a la distribución de información y la difusión sobre la realización de la consulta por diferentes vías, y que se realizaron asambleas en las cuatro lenguas indígenas “lo que permitió un entendimiento y diálogo intercultural”.
Y en la fase de deliberación interna, la ministra Ana Margarita Ríos, validó que se realizaron asambleas y reuniones al interior de las comunidades “sin la intervención del Poder Legislativo” en las que se discutieron la propuesta de ley para aprobar o presentar propuestas de modificación.
Después, en la fase de diálogo, la ministra dijo que se realizaron 424 asambleas consultivas de un total del mismo número de comunidades de 54 municipios que “quisieron participar”.
Mientras que en la fase de decisión “el Congreso incorporó el mayor número de propuestas con base en el principio de mayor consenso posible”, y afirmó que las opciones que “no fueron integradas expresamente ya formaban parte de la redacción de la redacción de artículos puestos a consideración o bien, tenían incidencia en el ámbito competencial de otros poderes”.
En la sesión no se dieron detalles de lo anterior, y solo se apunta que “estuvo debidamente fundado y motivado por el Congreso local en la exposición de motivos”.
La propuesta llevada al pleno de la SCJN planteó que el Congreso de Guerrero sí cumplió con las fases mínimas que debe tener una consulta previa, y que esta cumplió con las características establecidas por la Corte.
Se consideró que fue una consulta libre porque no hay pruebas “de que actos de coerción, intimidación o manipulación por parte de las autoridades”; la ministra también precisó que “la finalidad de llegar a acuerdos no puede interpretarse en el extremo de exigir que todas las propuestas y comentarios en lo individual deban reflejarse en el proyecto final de la ley pues es de carácter general a todos los pueblos”.
En el segundo apartado de vulneración a los principios de legalidad y seguridad jurídica, la ministra ponente propuso declarar infundado el concepto de invalidez que pidió la CNDH.
Con lo aprobado, se determinó que “sí está reconocida la personalidad jurídica y los derechos de dichas comunidades” y que de esta manera “queda superada la confusión que surge de la interpretación aislada de los artículos impugnados”.

 

Bloquean vecinos la carretera en Atoyac; exigen reconocimiento oficial a la Unipeg

Alumnos y maestros, apoyados por organizaciones sociales de Atoyac, realizaron un bloqueo carretero cerca de la colonia Central, sobre la vía federal Acapulco-Zihuatanejo, para exigir a los tres órdenes de gobierno atención al proyecto de la Universidad Intercultural de los Pueblos del Estado de Guerrero (Unipeg).
El docente Rosalio Izazaga Villegas señaló que la escuela tiene cuatro años operando, en la comunidad serrana San Vicente de Benítez, que inició con una gran aceptación, teniendo 600 alumnos, debido a la novedad y la oportunidad de poder seguir estudiando.
Por la falta de reconocimiento a la escuela, la matrícula cayó de 600 a 50 jóvenes.
Urgió a las autoridades para que agilicen la certificación y reconocimiento de este plantel, pues está por egresar la primera generacion, de dos de las siete carreras que ahí se imparten.
Señaló es una oportunidad para los hijos de los campesinos, que no tienen oportunidad de seguir sus estudios fuera del municipio.
La dirigente social, Estela Arroyo, de la Asociación de Ejidos y Comunidades y Violaciones a los Derechos Humanos, dijo que respaldan al plantel y exigen a las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto, principalmente el gobierno municipal, que no ha apoyado está demanda.
Aseguró que este es un derecho que tienen las familias campesinas en esa zona, que fue reprimida en la época de la guerrilla. (Francisco Magaña / Atoyac).

 

Celebra la CNTE su 43 aniversario en la capital; exige mesas de diálogo con AMLO

Maestros de la CETEG, de la CNTE y organizaciones sociales guardan un minuto de silencio en memoria de los caídos al término de la conferencia de prensa que ofrecieron en su edificio como parte del 43 aniversario de la organización magisterial Foto: Jesús Eduardo Guerrero

María Avilez Rodríguez

Chilpancingo

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) celebró el pasado sábado los 43 años de su fundación, y en un mitin en Chilpancingo, sus agremiados exigieron que se reinstale la mesa de trabajo con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque tienen demandas pendientes.
Las actividades conmemorativas iniciaron en la mañana, en el edificio de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Giuerrero (CETEG) y acudieron unos 400 maestros provenientes de estados como Chiapas, Veracruz, Michoacán, Sonora y Oaxaca, además de organizaciones sociales y una comisión de padres de los 43 alumnos de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala en septiembre de 2014.
En conferencia de prensa, el dirigente de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Héctor Torres Solano, dijo que a 43 años del surgimiento de la CNTE “nosotros como magisterio seguimos con esta lucha”.
Manifestó que la demanda central es la abrogación de la “mal llamada” reforma educativa, que inició con el ex presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y que sigue ejecutándola Andrés Manuel López Obrador.
También indicó que exigen la reinstalación de sus compañeros cesados, que no se sometieron a la reforma educativa y la solución que han planteando en las diferentes mesas de trabajo.
El dirigente manifestó que reclaman justicia y verdad por sus presos políticos, así como el cierre de las carpetas de investigación que el gobierno en turno y pasados que han abierto contra a sus compañeros.
Informó que, asimismo, solicitan democratizar las secciones donde tienen presencia, mejores prestaciones, servicios en cuestión de salud y la reinstalación inmediata de las mesas de trabajo con el Ejecutivo federal.
En su participación, el vocero de los padres de los 43, Melitón Ortega, dijo que, a nombre de las madres y padres y la normal rural de Ayotzinapa, saludaban a los secretarios de las diferentes secciones.
Externó que son 43 años de lucha, resistencia, de desapariciones e incluso hay presos políticos de la CNTE, “agradecemos a la CETEG, por permitirnos la participación de los padres de los 43”.
Melitón Ortega recordó que para los padres de los normalistas son más de ocho años de lucha, represión, de resistencia y de falta de compromiso por parte de las autoridades por la desaparición de los estudiantes, “los que nos han acompañado en nuestra lucha son los maestros de la CNTE y de la CETEG”.
Destacó que la lucha continúa y que no ha terminado, porque la verdad y justicia no ha llegado, “este camino, en el túnel vemos la luz muy lejos, aún falta mucho, porque son 43 estudiantes que siguen desaparecidos”.
Enfatizó que los padres y madres le han externado al gobierno federal que quieren saber dónde están sus hijos, “queremos la verdad, aunque sea lo más doloroso o fuerte, queremos saber dónde están nuestros hijos”.
Melitón Ortega dijo que cuando los jóvenes cumplieron ocho años de desparecidos, el gobierno federal les externó que se declaraba en luto nacional, es decir, que los estudiantes ya no viven.
“Si ya no viven, los padres han dicho que les muestren las evidencias científicamente, informaciones claras. El juicio de un gobierno no se puede aceptar, por eso seguirán en pie de lucha”, destacó.
En una conferencia estuvieron presentes, el escritor y periodista Luis Hernández Navarro, y el politólogo de la UNAM, Mauro Jarquín Ramírez.
Hernández Navarro recordó a Arcángel Ramírez Perulero, ex dirigente de la CETEG, quien murió a causa del Covid-19 y maestros que perdieron la vida por el virus, “los seguimos recordando”. Asimismo, a los maestros que fueron asesinados por las policías: Claudio Castillo Peña y Antonio Vivar Díaz, “a todos ellos, les decimos que no los vamos a olvidar”.
Jarquín Ramírez externó que a 43 años de la CNTE, se ha ampliado el panorama político en México, asimismo, que la organización le ha dado un sentido distinto a lo que significa la educación en el país.
“Un balance específico de la coordinadora se puede ver a partir de la discusión de sus tres ejes: la democratización de la educación, del sindicato y del país”, destacó el politólogo.
Luis Hernández opinó que la CNTE “está en su momento más difícil de su vida, contra el PRI se luchaba mejor. Estaban más claros los enemigos, pero ahora (con la nueva administración) es más compleja”.
Recordó que para este actual gobierno, que encabeza López Obrador, la CNTE actúa con inteligencia, porque hay sectores del magisterio que sienten simpatía por el proyecto de la Cuarta Transformación.
“Hay cosas que deben evitar hacer, por ejemplo, meterse entre las patas de los caballos y de la sucesión presidencial. La coordinadora no debe de apoyar a algún candidato dentro de Morena, porque eso sería costosísimo para la coordinadora”, dijo el escritor.
Opinó que para lograr buenos avances en sus demandas, se deberá de consultar a las bases del magisterio.
Jarquín Ramírez dijo que es importante ingresar cuadros jóvenes en la CNTE, dar espacios en dirigencias a maestras y quitar el tabú de los maestros homosexuales.
Después, los miembros de la CNTE se dirigieron al zócalo capitalino y realizaron un mitin político-cultural, donde externaron que están contra el Tren Maya y la militarización, así como exigieron la presentación con vida de los 43 estudiantes.
Al finalizar el mitin, diferentes grupos de danza bailaron y hubo música de viento. Los miembros de la CNTE corearon: “Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos” y “aquí y ahora con la coordinadora”.

 

Se ven olvidadas las tumbas de los guerrilleros sepultados en Atoyac

La tumba de los tres guerrilleros muertos en 1977 por el Ejército en El Guanábano, en la sierra de Atoyac, sepultados en el panteón Libertad . Foto: Francisco Magaña

Olvidadas y abandonadas se encuentran dos tumbas de tres guerrilleros, que se ubican en el panteón Libertad, en la colonia del mismo nombre, en la periferia de Atoyac.
Los combatientes fueron sepultados en este cementerio por separado en diferentes años, pues sus cuerpos fueron reclamados por organizaciones sociales para darles cristiana sepultura.
Los cuerpos de dos guerrilleros, que murieron en el enfrentamiento del 27 mayo 1997 en El Guanábano, con militares en la sierra de El Quemado, se encuentran juntos bajo una lápida que fue removida hace aproximadamente un año, por un descuido durante una limpieza hecha con maquinaria. Esta lápida ya fue reubicada a su sitio original.
Hace más de ocho años que dejó de ser visitada la tumba de estos dos guerrilleros anónimos por organizaciones sociales.
En dos ocasiones acudieron durante el Día de Muertos grupos guerrilleros a dejarles flores.
De igual manera, en este panteón municipal Libertad, se ubica la tumba del joven Isidro Molina Sánchez, quien murió el 10 noviembre de 1998, en un enfrentamiento con policías estatales en la sierra de San Juan de las Flores.
Su cuerpo fue reclamado por su padre Isidro Molina y sepultado en Atoyac, con el apoyo de las organizaciones sociales.
Mardonio Molina, su abuelo, dejó de visitar su tumba por problemas de salud, por lo que no ha podido a venir a darle mantenimiento.
Familiares de los sepultados en este panteón, se quejaron del mal estado del camino de terracería, además de que le falta de limpieza al lugar, porque no hubo recolección de basura ni vigilancia por parte de autoridades locales, a pesar de ser un lugar apartado de la ciudad.
La entrada del panteón está en mal estado y algunos familiares tuvieron que caminar entre el monte para poder llegar a las tumbas de sus parientes. (Francisco Magaña / Atoyac).