La Secretaría de Gobernación reconoció la suspensión del diálogo entre la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (CoVAJ), y los padres de los 43 normalistas desaparecidos.
Mediante un comunicado de prensa, señaló que este jueves 11 de enero se llevó a cabo la primera sesión del 2024 de la Comisión, en la que algunos de los padres se retiraron de la misma.
“Lamentamos que hoy se haya suspendido el diálogo con algunos padres y madres de los 43 normalistas por cuestiones ajenas al trabajo de la CoVAJ. A pesar de que en la reunión algunos padres y madres se retiraron de la mesa, el encuentro siguió su curso con aquellos que decidieron permanecer para recibir el último informe de la CoVAJ”, reconoció la dependencia.
Agregó que por instrucción presidencial, se amplió un mes el plazo contemplado para el acceso a los archivos oficiales, destacando los pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pasando del 4 de enero al 4 de abril del presente año.
“También se les propuso la posibilidad de contar con la asesoría y el apoyo de instituciones académicas de alto prestigio para ayudarlos en la revisión de los archivos y el análisis de la información que consideran relevante para el esclarecimiento de los hechos” planteó.
En el comunicado se afirma que se hizo de conocimiento que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador mantiene su total disposición para una reunión con los padres.
“El Gobierno de México reafirma que los canales de comunicación con los padres y madres siempre están abiertos. De igual modo, ratifica el compromiso con las víctimas con la verdad y la justicia, razón por la cual sigue y seguirá trabajando hasta encontrar a los estudiantes desaparecidos”, concluye el comunicado. (Juan Luis Altamirano Uruñuela / Ciudad de México).
Madres y padres de los 43 normalistascon su abogado Vidulfo Rosales en la conferencia de prensa en la sede del Centro Pro Foto: Cuartoscuro
Juan Luis Altamirano Uruñuela
Ciudad de México
Padres y madres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos acusaron que el gobierno federal busca dividirlos y generar una confrontación entre ellos, además de informar que se negaron a sostener una reunión con la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (CoVAJ).
Minutos después de retirarse de la reunión con la Comisión, los padres junto con sus representantes ofrecieron una conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) para presentar una posición.
El director del Centro Prodh, Santiago Aguirre, señaló que se decidió suspender la primera reunión formal del 2024 en la CoVAJ debido a que, por parte del gobierno, existió “una provocación muy desafortunada”, buscando una división entre los padres.
Mario González, padre de César Manuel González, aseguró que el gobierno federal intenta confrontarlos y señaló a otro grupo por ser quienes han entorpecido las investigaciones.
“Es un pequeño grupo de padres que fueron los que asistieron a una marcha por la liberación de José Luis Abarca. Para nosotros han sido ellos los que nos han puesto un poco el pie, por lo tanto no estábamos de acuerdo en estar en la misma sala que ellos”.
Añadió que integrantes de la Secretaría de Gobernación viajaron desde Chilpancingo con el otro grupo de padres de los normalistas desaparecidos, a sabiendas de que el grupo mayoritario no puede reunirse con ellos. Acusó que mantienen prácticas de la administración federal de Enrique Peña Nieto.
“Muchos mexicanos pensamos que se iba a dar un cambio. Desafortunadamente vemos que es el mismo modus operandi del gobierno anterior de querer separar a estos 43 padres de familia”. Añadió que “es una porquería lo que están haciendo de gobierno, que puercos son”.
Clemente Rodríguez, padre de Christian Alfonso Rodríguez, indicó que el grupo de padres con ideales contrarios a los de los 38 familiares que exigen la presentación con vida de los normalistas recibieron una remuneración económica.
“Ex compañeros que abandonaron la lucha por un dinero, por un billete, no le tienen amor a sus hijos, nosotros aquí estamos con digna lucha, no hemos recibido un peso del gobierno. No nos hemos vendido y no nos vamos a rajar. Estamos con la frente en alto y hasta que aparezcan nuestros hijos sea como sea”.
Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio Bautista, indicó que la semana pasada sostuvieron un encuentro con el subsecretario de Gobernación Félix Arturo Medina Padilla.
“Hoy íbamos a tener una reunión, nos llevó la sorpresa de que nuestros representantes legales no les avisaron ni a nosotros, que iba un grupo pequeño de padres que iban a estar presentes. Que es lo que está haciendo, aunque le duela al presidente de la República decimos que es el mismo como el gobierno anterior, porque nos quieren confrontar”.
Añadió que le indicaron a Medina que si querían sostener una reunión con el otro grupo de padres lo hiciera, pero que no lo harían en conjunto por no tener los mismos intereses.
“Ahora el gobierno de Andrés Manuel López Obrador va a trabajar con Abarca, va a trabajar con Ángel Aguirre Rivero, va a trabajar con Pedro Segura”, comentó el abogado y representante legal de los padres, Vidulfo Rosales Sierra.
Rosales Sierra remarcó que la presente administración sostiene prácticas que están relacionadas con el sexenio anterior y busca reunirse con un grupo que aseguró es minímo en comparación con el que estaba presente.
“Son prácticas que se empiezan a ver parecidas al Gobierno anterior. Hoy nos traen este grupo de padres que tienen toda la legitimidad, todo el derecho, pero lo que se pidió en la reunión, ‘atiéndalos por separado’. Ellos están más bien solicitando los temas económicos, temas de una reparación, los temas que tienen que ver con otros aspectos de carácter, la canasta básica (…) esta mesa es otro tema, es un tema que tiene que ver con verdad y justicia”, expuso.
“En su desesperación, en su intento de dividirnos, en su intento de no dar respuesta a lo medular que es la información que está pendiente, pues va a trabajar con este grupo, un grupo minúsculo, y va a hacer a un lado a los padres que mantienen la llama de la lucha por los 43 y lamentablemente un grupo de padres que tienen un interés económico”.
Afirmó que la actitud del gobierno fue romper y “dinamitar” la reunión que se buscaba sostener con los padres y por eso decidieron no continuar y solicitaron una encuentro directo con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Se está terminando la confianza”, dijeron sobre relación con el presidente, “la pelota está en su cancha”.
Rosales comentó que decidieron relatar esto a la prensa para evitar que el otro grupo de padres sea utilizado por el Gobierno de López Obrador para posar frente a militares y acompañar sus acciones o ingresar a abrir archivos del Ejército y legitimar su opacidad, cuando el resto de los que han mantenido la lucha por más de 9 años se ha negado al pedir la intervención de expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Además, acusó al Presidente López Obrador de abrir una campaña de descalificación en contra del GIEI, padres de normalistas de Ayotzinapa, la Comisión Interamericana, la Organización de los Estados Americanos, organizaciones y defensores que le han exigido cuentas, lo que, consideró, pretende desviar la atención para no cumplir con la resolución, explicación, hallazgo de los desaparecidos, y sanción a los responsables.
Los padres de los 43 normalistas aceptaron que la relación directa con el presidente López Obrador se ha ido maltratando, incluso por parte de algunos padres ya hay desconfianza para el mandatario.
“Desafortunadamente ese vínculo que se tenía con el presidente con la confianza de decir los vamos a encontrar, todas las cosas que nos prometió y que pensabamos se iban a estar solucionando hasta que llegamos al Ejército y desafortunadamente desde ahí empezamos a batallar. Se mete con los equipos, con otras personas para separar. (En) la mayoría de los padres sí se está terminando la confianza muy pronto o ya se terminó”, declaró el señor Mario González.
El abogado Vidulfo Rosales aclaró que el responsable de dar con la verdad y hacer justicia en el caso de los 43 normalistas desaparecidos es el gobierno y es un compromiso que López Obrador hizo en campaña.
“No tenemos con quien más acudir, este gobierno es responsable de dar la verdad, la justicia, esclarecer los hechos, es un compromiso que él hizo al inicio de su gobierno entonces debe cumplir con ese compromiso”.
Remarcó que la responsabilidad recae en la administración federal, pero aceptó que el tiempo del sexenio de López Obrador se acaba y es alarmante que lo utilice en lo que calificó como distracciones.
“Ha inventado enemigos externos, otra vez, como los gobiernos anteriores y descalificando a las organizaciones que asesoramos a los representantes en términos constitucionales. El Presidente hoy en día está desviando la atención, lejos de dar la información –que tiene obligación de entregarla–, lo que está haciendo es descalificarnos, intenta medrar y dividir a los padres de familia a través de esta estrategia de decir que nosotros ahora somos responsables.
“Efectivamente, cada día está en su cancha, la pelota está de su lado para que él ofrezca verdad y justicia y cada vez se acorta más el tiempo. Nos preocupa que ese tiempo que resta lo esté utilizando el Presidente en distracciones, lo esté utilizando el Presidente en confrontaciones, en confrontarnos, en intentar dividir y ahí se nos agota el tiempo”, insistió.
La señora Cristina Bautista añadió que al presidente López Obrador le queda poco tiempo en la presidencia, pero esperan que antes de que termine su periodo, pueda entregar resultados.
“Aunque le duela al Presidente de la República, decimos que es lo mismo que el Gobierno anterior”, externó Cristina Bautista Salvador, madre de otro de los desaparecidos.
“Estamos enojados”, dicen; exigen información de Sedena
Los padres presentaron y difundieron un oficio en el que se dirigieron a López Obrador para exigir una comunicación completa en la que se refiere que 17 normalistas son llevados a un lugar “para privarlos de la vida”, misma que está en posición de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“Señor presidente no nos niegue el derecho a saber el paradero de nuestros hijos. Sus dependencias políticas y el Ejército son culpables de esa desaparición, por eso nosotros estamos enojados, desilusionados de este tipo”, exclamó Mario González.
Clemente Rodríguez comentó que han remarcado que hace falta información relevante del caso, concretamente 800 tomos en posesión de Sedena, pero que el presidente López Obrador en sus conferencia de prensa matutina se limita a decir: “ya están todos los tomos”.
Vidulfo Rosales mencionó que exigen la infomación entregada en una reunión con la CoVAJ y sea cotejada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Esos folios existen, ya ha sido admitido por Alejandro Encinas, por el gobierno en las reuniones que tenemos, pero públicamente en la mañanera se dice otra cosa”, detalló Rosales.
Defienden a organizaciones sociales y de derechos humanos y se lanzan contra el Ejército
Ante los señalamientos en contra de distintas organizaciones sociales y de derechos humanos por parte de López Obrador en el caso Ayotzinapa, los padres y representantes defendieron a las mismas.
“Lejos de dar respuesta, lejos de entregar esos 800 folios, lo que hace es abrir inicia una campaña de descalificación contra el Grupo de Expertos Independientes, contra la Comisión Interamericana, ahora contra la OEA, inventando enemigos externos como los gobiernos anteriores”, opinó Rosales.
Mario González aseguró que el presidente ha dicho “pura barbaridad” en contra de las organizaciones que les acompañan y mantienen la exigencia de conocer la verdad del caso.
“Es un gobierno tramposo, un gobierno sin escrúpulos, nomás diciendo pura barbaridad de nuestros equipos a sabiendas que él tiene la información sobre la documentación de la Sedena. Es una exigencia que nos pertenece para saber la verdad”.
Mario González exigió a López Obrador dar la cara y responder con acciones, y pidió el cese de descalificaciones.
“¡Qué puercos son!, ¡qué cobardes! De verdad, querer manipular así a los padres por la necesidad, hasta por la ignorancia. Defender a alguien que atacó a mi hijo y eso es lo que el Gobierno defiende, ¡qué desagradable Gobierno tenemos!”.
Clemente Rodríguez adelantó que continuarán con la lucha hasta dar con el paradero de sus hijos, culpando al Ejército por su participación activa en el país.
“El Ejército lleva el control del país, el presidente nada más lo maneja. Queremos decirle al señor presidente que asuma los compromisos, que nos dé la cara y que toque a los militares. Falta mucha investigación” (Con información de Agencia Reforma)
El pasado 26 de diciembre, los padres de los normalistas de Ayotzinapa realizaron una peregrinación hasta la Basílica de Guadalupe donde el obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera, ofició una misa por los estudiantes que fueron desparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala Foto: Cuartoscuro
Juan Luis Altamirano Uruñuela
Ciudad de México
La Secretaría de Gobernación por medio de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) anunció que de enero a marzo todos los archivos gubernamentales, incluidos los del Ejército, estarán abiertos a los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos.
“Comprometido con los principios de verdad, memoria y justicia, del 4 de enero al 4 de marzo de 2024 el Gobierno de México abrirá el acceso a todos los archivos del caso Ayotzinapa en posesión del Estado mexicano, a las madres y los padres de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos”, se informa.
Se argumenta que el plazo de dos meses se debe a que “es importante que los procesos no se alarguen por tiempo imndefinido”.
En un comunicado de prensa, se mostró el contenido de una carta enviada por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla, a los padres de los normalistas.
Dice en la misiva: “ustedes han manifestado la exigencia de que el gobierno federal entregue información que refieren no se ha entregado, así como de ampliar las búsquedas concernientes en diversos archivos, entre ellos, de la Secretaría de la Defensa Nacional”.
Añade que la administración federal ha actuado de forma transparente y ha entregado toda la información requerida y señaló que en el periodo señalado, se abrirá el plazo de entrega de información, además de la disponibilidad de entablar conversaciones.
Manifiesta su disposición al “diálogo directo” con los padres.
“Ante las reiteradas solicitudes de información el señor presidente, quien dirige personalmente los trabajos de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, instruyó comunicarles que atenderemos sin demora su petición de información y de apertura inmediata de los archivos que consideren necesarios y contribuyen al avance de las investigaciones y la localización de sus hijos”, se lee.
En la comunicación se aclara que debido que no se pudo realizar una reunión ni el 24 de noviembre ni el 15 de diciembre, se optó por informarles mediante la carta, y que el compromiso es con los padres y con el objetivo de localizar a los normalistas.
Los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos reclaman al Ejército la falta de disposición para abrir archivos que resultaban relevantes para saber lo que ocurrió con los estudiantes en Iguala y su paradero.
El abogado de los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Vidulfo Rosales Sierra, advirtió que si no hay una reunión previa con el gobierno federal para diseñar el proceso de revisión de documentos que propone la Presidencia de la República sobre el caso, los familiares de los normalistas van a desconocer ese proceso y la convocatoria.
Ayer se publicó un comunicado del gobierno federal en el que dice que dará acceso a todos los archivos del caso Ayotzinapa a madres y padres de los estudiantes desaparecidos, del 4 de enero al 4 de marzo de 2024.
Consultado al respecto, Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, expuso que es una decisión unilateral, que no se convoca a los representantes jurídicos de los padres y que probablemente ya incluso hay un proceso diseñado.
Expuso que para aceptar la convocatoria sería necesario que antes del 4 de enero se celebre una reunión con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), y diseñar el proceso de revisión, cuál será el mecanismo y quiénes van a participar, pero tendrían que estar quienes conocen el caso; es decir, representantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
Explicó que querer hacer a un lado a las organizaciones que han acompañado y dado asesoría jurídica a los padres, es dejarlos en indefensión porque son documentos técnicos los que se tienen que revisar y requieren de asesoría técnica y jurídica, “los padres tienen derecho a estar asesorados”.
Afirmó que el llamado del gobierno además es tramposo porque los padres ya han solicitado documentos concretos, con número de folio y fechas precisas, y no se les han entregado.
“Dice que se van a abrir los archivos, pero no dice quiénes van a participar. Es una instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, es una decisión importante, pero es una decisión ambigua y sorpresiva, no nos da tiempo de organizarnos”, expuso.
El documento menciona que los padres y madres de los 43 faltaron a dos reuniones, el abogado precisó que a la primera no pudieron asistir porque el subsecretario Arturo Medina venía llegando tras la salida de Alejandro Encinas, y no hubo ni siquiera la intención de presentarlo para informar que sería con él con quien se iba a trabajar.
“Esperábamos una reunión con el presidente para que nos dijera quién era el nuevo subsecretario, pero no, renuncia Encinas y se nos convoca a una reunión, nos pareció grosero, además los padres venían de una reunión con la CIDH en la que se les maltrató, la respuesta del Estado parecía una respuesta de los militares, no de autoridades civiles, por eso no se fue a esa reunión”.
De la segunda reunión de la Covaj a la que no asistieron, informó que fue por un problema de logística, no pudieron conseguir autobuses.
Consideró que la apertura de los documentos debe de ser un proceso en el que se convoque a los padres de familia, pero “es una clara acción de ventaja que está tomando el gobierno federal para abrir archivos, pero qué archivos”.
“Vemos que es con el propósito de que se revise lo que ellos quieran y que ya no aparezca nada en los documentos, que digan que no hay nada o que ya hayan sido manipulados, rasurados”, advirtió.
Cuestionó por qué el gobierno federal no convocó a una reunión, “por qué no se acordaron los términos y ya hay un plazo sin una reunión previa para prepararse, cuando son cientos de documentos”.
Dijo que el presidente López Obrador trata de adelantarse para dejar fuera a la representación y asesores jurídicos y no está claro el procedimiento, “debería de participar la parte técnica, además se da en un contexto en el que el presidente viene golpeando a las organizaciones sociales, desprestigiando, medrando nuestra presencia en el proceso”.
Insistió en que el proceso debe de ser “un proceso bilateral, construido con los padres de familia, y si no se hace de esa manera será desconocido el llamado”.
El pasado 26 de diciembre, los padres de los normalistas de Ayotzinapa realizaron una peregrinación hasta la Basílica de Guadalupe donde el obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera, ofició una misa por los estudiantes que fueron desparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala Foto: Cuartoscuro
Se abrirán a los padres dos meses los archivos de Ayotzinapa del gobierno incluido el Ejército
En una carta, el subsecretario de Derechos Humanos, Félix Arturo Medina Padilla, dice a los padres que por instrucciones del presidente López Obrador, se atiende su demanda de ampliar la búsqueda de información sobre los 43 normalistas desaparecidos
Juan Luis Altamirano Uruñuela
Ciudad de México
La Secretaría de Gobernación por medio de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) anunció que de enero a marzo todos los archivos gubernamentales, incluidos los del Ejército, estarán abiertos a los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos.
“Comprometido con los principios de verdad, memoria y justicia, del 4 de enero al 4 de marzo de 2024 el Gobierno de México abrirá el acceso a todos los archivos del caso Ayotzinapa en posesión del Estado mexicano, a las madres y los padres de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos”, se informa.
Se argumenta que el plazo de dos meses se debe a que “es importante que los procesos no se alarguen por tiempo imndefinido”.
En un comunicado de prensa, se mostró el contenido de una carta enviada por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla, a los padres de los normalistas.
Dice en la misiva: “ustedes han manifestado la exigencia de que el gobierno federal entregue información que refieren no se ha entregado, así como de ampliar las búsquedas concernientes en diversos archivos, entre ellos, de la Secretaría de la Defensa Nacional”.
Añade que la administración federal ha actuado de forma transparente y ha entregado toda la información requerida y señaló que en el periodo señalado, se abrirá el plazo de entrega de información, además de la disponibilidad de entablar conversaciones.
Manifiesta su disposición al “diálogo directo” con los padres.
“Ante las reiteradas solicitudes de información el señor presidente, quien dirige personalmente los trabajos de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, instruyó comunicarles que atenderemos sin demora su petición de información y de apertura inmediata de los archivos que consideren necesarios y contribuyen al avance de las investigaciones y la localización de sus hijos”, se lee.
En la comunicación se aclara que debido que no se pudo realizar una reunión ni el 24 de noviembre ni el 15 de diciembre, se optó por informarles mediante la carta, y que el compromiso es con los padres y con el objetivo de localizar a los normalistas.
Los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos reclaman al Ejército la falta de disposición para abrir archivos que resultaban relevantes para saber lo que ocurrió con los estudiantes en Iguala y su paradero.
Es un llamado tramposo, sorpresivo, no da tiempo de organizarnos: Vidulfo Rosales
Busca el presidente aislar a los padres de sus asesores, dice su abogado. En la convocatoria a revisar expedientes se les deja en indefensión porque son documentos técnicos, señala el defensor de Tlachinollan. Los padres han solicitado documentos concretos, con número de folio y fechas precisas, y no se les han entregado, y ahora el gobierno pretende que se revise lo que quiera para que diga que no apareció nada, explica el asesor jurídico
Rosendo Betancourt Radilla
Chilpancingo
El abogado de los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Vidulfo Rosales Sierra, advirtió que si no hay una reunión previa con el gobierno federal para diseñar el proceso de revisión de documentos que propone la Presidencia de la República sobre el caso, los familiares de los normalistas van a desconocer ese proceso y la convocatoria.
Ayer se publicó un comunicado del gobierno federal en el que dice que dará acceso a todos los archivos del caso Ayotzinapa a madres y padres de los estudiantes desaparecidos, del 4 de enero al 4 de marzo de 2024.
Consultado al respecto, Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, expuso que es una decisión unilateral, que no se convoca a los representantes jurídicos de los padres y que probablemente ya incluso hay un proceso diseñado.
Expuso que para aceptar la convocatoria sería necesario que antes del 4 de enero se celebre una reunión con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), y diseñar el proceso de revisión, cuál será el mecanismo y quiénes van a participar, pero tendrían que estar quienes conocen el caso; es decir, representantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
Explicó que querer hacer a un lado a las organizaciones que han acompañado y dado asesoría jurídica a los padres, es dejarlos en indefensión porque son documentos técnicos los que se tienen que revisar y requieren de asesoría técnica y jurídica, “los padres tienen derecho a estar asesorados”.
Afirmó que el llamado del gobierno además es tramposo porque los padres ya han solicitado documentos concretos, con número de folio y fechas precisas, y no se les han entregado.
“Dice que se van a abrir los archivos, pero no dice quiénes van a participar. Es una instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, es una decisión importante, pero es una decisión ambigua y sorpresiva, no nos da tiempo de organizarnos”, expuso.
El documento menciona que los padres y madres de los 43 faltaron a dos reuniones, el abogado precisó que a la primera no pudieron asistir porque el subsecretario Arturo Medina venía llegando tras la salida de Alejandro Encinas, y no hubo ni siquiera la intención de presentarlo para informar que sería con él con quien se iba a trabajar.
“Esperábamos una reunión con el presidente para que nos dijera quién era el nuevo subsecretario, pero no, renuncia Encinas y se nos convoca a una reunión, nos pareció grosero, además los padres venían de una reunión con la CIDH en la que se les maltrató, la respuesta del Estado parecía una respuesta de los militares, no de autoridades civiles, por eso no se fue a esa reunión”.
De la segunda reunión de la Covaj a la que no asistieron, informó que fue por un problema de logística, no pudieron conseguir autobuses.
Consideró que la apertura de los documentos debe de ser un proceso en el que se convoque a los padres de familia, pero “es una clara acción de ventaja que está tomando el gobierno federal para abrir archivos, pero qué archivos”.
“Vemos que es con el propósito de que se revise lo que ellos quieran y que ya no aparezca nada en los documentos, que digan que no hay nada o que ya hayan sido manipulados, rasurados”, advirtió.
Cuestionó por qué el gobierno federal no convocó a una reunión, “por qué no se acordaron los términos y ya hay un plazo sin una reunión previa para prepararse, cuando son cientos de documentos”.
Dijo que el presidente López Obrador trata de adelantarse para dejar fuera a la representación y asesores jurídicos y no está claro el procedimiento, “debería de participar la parte técnica, además se da en un contexto en el que el presidente viene golpeando a las organizaciones sociales, desprestigiando, medrando nuestra presencia en el proceso”.
Insistió en que el proceso debe de ser “un proceso bilateral, construido con los padres de familia, y si no se hace de esa manera será desconocido el llamado”.
Madres y padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos hace 109 meses en Iguala, cancelaron la colocación de ofrendas florales en los monumentos de los tres estudiantes caídos, ante los “terribles” efectos del paso del huracán Otis.
Este 27 de octubre, se cumplen nueve años y un mes de la desaparición forzada de los 43 normalistas, por lo que sus familiares y compañeros mantienen su exigencia de verdad y justicia.
A través de redes sociales y en la página oficial de Facebook, informaron que por esta ocasión “nos vemos en la necesidad de cancelar la marcha mensual que se realiza en la CDMX en exigencia de verdad y justicia por nuestros 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa”.
Y a su vez, suspendieron el mitin político y colocación de ofrendas florales en las dos estelas de luz en memoria de los tres normalistas caídos, Julio César Mondragón Fontes, Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo, que puntualmente realizan en Iguala los 27 de cada mes.
Al consultar a los integrantes del Bloque Democrático de Organizaciones Sociales de Iguala, informaron que la cancelación de la presencia de los padres de los 43 y estudiantes normalistas se debe a la emergencia en el estado por los efectos huracán Otis.
Además de que ellos también están limitados con la comunicación con los padres de familia debido a que en el municipio de Tixtla donde se ubica la Escuela Normal de Ayotzinapa, hubo algunos daños, por lo que desconocen la situación en que se encuentren, pero que al ver publicaciones en redes sociales saben que están bien.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) afirma en su informe, para la reunión de autoridades federales con los padres y madres de los 43 normalistas, que la información que ahora requieren no obra en los archivos del Ejército y que mejor se le pregunte directamente al integrante de Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo, El Gil, ahora testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR), y líder del grupo criminal Guerreros Unidos.
El documento firmado por el secretario Luis Cresencio Sandoval González consta de 49 páginas con documentos anexados y está dirigido como carta “Para la fina atención del presidente de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas”.
Se afirma que se “ha dado la máxima apertura” a la Unidad Especializada para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República (FGR), a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CoVAJ) del gobierno federal, y al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Agrega que esta apertura también ha sido para las madres y los padres de los estudiantes desaparecidos “quienes accedieron personalmente a instalaciones militares, a los archivos disponibles y los que ellos mismos solicitaron”, por lo que “les debe constar a ellos que la documentación que ahora solicitan, no obra en los archivos de los organismos de esta Secretaría”.
Los documentos con los números CRFI/687, CRFI/695, CRFI/1194, CRFI/1363 y CRFI/1375 son los que los familiares de los 43 dicen que no recibieron, pero el Ejército afirma en la carta que sí, se anexan en la carta y son “La revisión de un taxi procedente del Estado de México por la Policía Estatal o Municipal de Iguala, Gro., identificando al conductor como oficial retirado del Ejército”; y “El alertamiento sobre detonaciones de arma de fuego en el área urbana del Municipio de Iguala, Gro”.
Los otros documentos son “Una presunta conversación entre personas desconocidas de actos de inseguridad en Iguala, Gro., probablemente por los hechos del 26 de septiembre de 2014”; y “Una presunta conversación donde se realizan comentarios relacionados con los hechos ocurridos en Iguala, Gro”.
El último documento del que la Sedena dice que sí entregó y los padres dicen que no es la “Información sobre un grupo de personas inconformes que llegaron a bordo de 4 autobuses a la Plaza Tamarindos en Iguala, Gro. y realizaron actos vandálicos”.
La carta del titular de la Sedena resalta que “la principal exigencia de dichos documentos versa sobre la necesidad de conocer de manera completa la conversación donde un miembro del grupo criminal “Guerreros Unidos” de nombre Gildardo López Astudillo, instruye al Subdirector de la Policía Municipal de Iguala, Gro. Francisco Salgado Valladares le haga entrega de 17 estudiantes en un lugar determinado”.
Entonces “se considera que el propio López Astudillo puede proporcionar mayor informa-ción, en virtud de las conver-saciones (Mensajes/Chats) proporcionadas por la DEA (Administración de Control de Drogas, por sus siglas en ingles), en los cuales se advierte que López Astudillo fue uno de los orquestadores y autores materiales de la desaparición de los estudiantes”.
La carta enumera el acceso a los archivos durante las visitas del GIEI y la CoVAJ a diversas instalaciones de la Sedena, entre ellas la IX Región Militar, en Cumbres de Llano Largo, y la 27 Zona Militar en Pie de la Cuesta, ambas en Acapulco; también fueron al 50 Batallón de Infantería, en Chilpancingo y al 27 Batallón de Infantería en Iguala. En total son 18 mil 845 fojas revisadas.
También se informa que han comparecido 51 militares, entre ellos 8 Generales, 4 Jefes, 6 Oficiales y 33 elementos de tropa, ante la FGR. Además, el Ejército ha apoyado 96 planes de búsqueda en diferentes puntos de Iguala, Cocula, Tepecoacuilco, Eduardo Neri, Cuautepec y San Miguel Totolapan.
En el documento se recuerda que en el informe de la CoVAJ señala como “presuntos responsables” de la desaparición de los 43 al General José Rodríguez Pérez, Capitán José Martínez Crespo, Subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa, el soldado Eduardo Mota Esquivel y Teniente Francisco Macías Barbosa, de este último el juez no le emitió orden de aprehensión.
El 14 de septiembre de 2022 se cumplió una orden de aprehensión en contra de un General por delincuencia organizada, así como de un Oficial y uno de Tropa por delincuencia organizada y desaparición forzada, “el primero porque presuntamente según un testigo protegido tenía relación con miembros del grupo criminal”.
Los demás son presuntamente “omisos al no haber evitado la desaparición de los estudiantes, cuando encontrándose de servicio acudieron al hospital “Cristina” por la probable presencia de personas armadas, y por ningún motivo por haber participado directamente en los hechos en que desaparecieron los estudiantes; proceso que aún continúa hasta que se defina lo que conforme a derecho corresponda”.
Dos días después se cumplió otra orden de aprehensión en contra de un Oficial y el 20 de junio de 2023 se cumplió orden de aprehensión contra un oficial y 7 de tropa en activo por desaparición forzada por el mismo dato del hospital Cristina.
Padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos y sus representantes ingresan a las instalaciones del Consejo de la Judicatura Federal en la Ciudad de México Foto: Juan Luis Altamirano Uruñuela
Juan Luis Altamirano Uruñuela
Ciudad de México
Padres y madres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, acompañados de sus representantes legales, se reunieron este viernes con integrantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Tras la reunión de poco más de dos horas de duración, el abogado Isidoro Vicario señaló que el compromiso hecho por los funcionarios del CJF es que se vigilará el actuar de los jueces que tienen bajo su encargo asuntos relacionados con el caso Ayotzinapa.
“Nos manifestaron que van a estar por lo menos vigilantes del actuar de los jueces que integran el Poder Judicial de la Federación. Manifestaron que no está en sus manos, porque ellos no van a resolver los asuntos de fondo, pero por lo menos hubo un compromiso de que van a estar vigilantes del actuar de los jueces donde están estos amparos y otros procesos penales del caso Ayotzinapa”, comentó.
Por su parte el abogado y representante legal de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, externó que les hubiese gustado un mayor compromiso del Consejo y tras confirmarse una próxima reunión, esperan que se haga lo más pronto posible.
“Bueno, pues ¿cómo nos vamos? Pues no nos vamos satisfechos, lo que hubiéramos querido es que hubiera un compromiso más puntual del Consejo de la Judicatura. Pero bueno, sabemos de sus limitaciones, sabemos de los alcances que tiene el Consejo de la Judicatura y esperemos que se agende la reunión lo más pronto posible y podamos dar seguimiento”, dijo.
Rosales Sierra mencionó que en la reunión se tocaron cuatro temas principales. El cambio de medidas cautelares en el proceso del coronel Rafael Hernández Nieto, la solicitud formal por parte de la defensa de 14 militares de interrogar al subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, al ex fiscal especial Omar Gómez Trejo y a integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), además de un mecanismo en el que se concentren los expedientes referentes al caso.
Agregó y consideró como el más importante de los puntos, el amparo interpuesto por los padres para que la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), haga entrega de información que consideran relevante para la resolución del caso.
“Sobre el amparo que interpusimos en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional que tiene que ver con la negativa de entregar la información relevante que tiene que ver con el paradero de los 43”, mencionó Vidulfo Rosales Sierra.
El abogado de los padres y madres señaló que en la siguiente reunión con el Consejo van a analizar cada uno de los temas prioritarios expuestos, particularmente la concentración de los expedientes del caso en una sola sede, aunque no precisó una fecha próxima en la cual se pueda llevar a cabo este nuevo encuentro.
Añadió que le solicitaron al Consejo tener diálogo con las instancias correspondientes del Poder Judicial de la Federación, reiterando la importancia de la vigilancia que puedan efectuar de manera directa sobre las acciones y resoluciones que determinen los jueces involucrados en el caso.
“Le hemos dicho que se reúnan con el Poder Judicial, que dialoguen con el Poder Judicial, que hablen, que estén vigilantes de las acciones y demás resoluciones que los jueces puedan emitir. Nosotros ya hemos llevado el caso Ayotzinapa, principalmente lo que tiene que ver con militares, están en la arena judicial, están en la ruta judicial y corresponde al Poder Judicial dar respuesta a las madres y padres de los 43”, aclaró.
El abogado indicó que el tema de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa no es únicamente mediático sino que por parte de los padres y sus representantes, lo han llevado al terreno judicial.
“Respecto al paradero de los 43, no es un tema nada más político, no es un tema de debate con el presidente de la República, ya es un tema que está judicializado y corresponde al Poder Judicial dar respuesta, está a prueba el Poder Judicial hoy en día”, puntualizó.
Mitin antes de la reunión
La reunión dio inicio aproximadamente a la una de la tarde y señalaron que estuvo presente el consejero Bernardo Bátiz. Antes del encuentro, los padres acompañados de estudiantes normalistas realizaron un mitin afuera de las instalaciones.
El mitin comenzó minutos después de las 12 del día y la consigna principal fue una mesa de diálogo con personal del Consejo de la Judicatura, para exponer los puntos trascendentales en el caso Ayotzinapa.
“Pedimos a los consejeros que nos den una audiencia que permita que pase una comisión de madres y padres a efecto de poder dialogar con ellos. Y que nos den una explicación, ¿por qué esa parcialidad del Poder Judicial? ¿por qué cuando se trata de procesar a los militares, son cuidadosos con el debido proceso?”, dijo.
Incluso destacó que en caso de que no se llevara a cabo la mesa de diálogo con los integrantes de la Consejería, se verían obligados a sostener un nuevo plantón en sus instalaciones, tal como el que mantienen frente a la Puerta 1 del Campo Militar Número 1.
“Si no se da esa mesa de diálogo, vamos a instalar un segundo plantón aquí. Al fin y al cabo que tenemos mucha gente, esa es la solicitud, ese es el objetivo por el que nos encontramos el día de hoy”, afirmó.
Rosales Sierra señaló al Poder Judicial de tener una total parcialidad en las decisiones relacionadas con el caso, particularmente en aquellas que involucra directamente a integrantes de los cuerpos militares del país.
“El Poder Judicial está representando un obstáculo para que podamos acceder a la justicia, particularmente los juicios y procesos que hoy se llevan en contra de los militares”, externó.
Los manifestantes se trasladaron en tres autobuses desde el Campo Militar Número 1, donde mantienen un plantón. Después de que ingresó la comitiva para la reunión con los funcionarios, parte de los manifestantes subieron a uno de los autobuses y se retiraron.
Los vehículos se mantuvieron bloqueando durante todo momento un carril de la circulación en la avenida de los Insurgentes, justo frente a la estación del Metrobús Doctor Gálvez, al sur de la Ciudad de México.
Al concluir la reunión y la entonación del himno Venceremos, cerca de 100 manifestantes subieron a los autobuses e iniciaron sus traslado en una protesta pacífica. Se espera que se mantengan en el plantón del Campo Militar Número 1 y el lunes acudan a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).
Madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa insistieron que el Ejército “tuvo una participación directa e indirecta” en la desaparición de sus hijos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
En un comunicado enviado a los medios de comunicación reclamaron que hasta el día de hoy no saben de sus hijos, y eso “lacera nuestras vidas”.
Dijeron que las investigaciones realizadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEl) y la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (Covaj, han establecido que el Ejército tenía agentes encubiertos en la Normal, por lo tanto, sabían de sus movimientos. Ademas, un soldado (Julio César López Patolzin) estaba encubierto en la escuela y también fue desaparecido la noche del 26 de septiembre del 2014.
Los padres y madres reprocharon que los mandos militares tuvieron información en tiempo real de lo que le ocurría y no hicieron nada para rescatar a los estudiantes.
“Dos agentes militares estaban dirigiendo el C4 en Iguala, dando seguimiento a los estudiantes en tiempo real. Varias patrullas militares se desplegaron a los sitios donde los estudiantes eran agredidos y desaparecidos”, se lee en el documento.
Destacaron una conversación entre un jefe de la organización criminal Guerreros Unidos con uno de la policía de Iguala. En la misma refieren “que 17 estudiantes están siendo llevados a unas fosas fuera de la ciudad”.
“El último reporte del GIEl revela que esta información se encuentra en los archivos del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) del 27 Batallón de infantería de Iguala Guerrero. Pese a los requerimientos legales el instituto armado se niega a entregarla”.
Las madres y padres volvieron a exigir la entrega inmediata de la información en poder de los militares para dar con el paradero de los jóvenes.
Información que el Ejército se niega a entregar sobre el paradero de los 43:
1. La comunicación que habla que 17 estudiantes fueron trasladados a la
Brecha de los Lobos.
2. El dispositivo donde fue almacenada la comunicación intervenida.
3. La identidad del militar que hizo la intervención telefónica a fin de que aporte más datos.
4. Los números de teléfonos que fueron intervenidos a fin de hacerle estudios y análisis para que aporten una red de vínculos más amplia.
5. Las últimas comunicaciones de Julio César López Patolzin, agente militar encubierto en Ayotzinapa, hoy desaparecido.
6. Los últimos reportes de los agentes de inteligencia militar que dieron seguimiento a los estudiantes en Iguala.
7. Los últimos reportes del C4 que corresponden al momento de la desaparición de los estudiantes.
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que el Ejército ya entregó toda la información existente respecto al caso Ayotzinapa, a pesar de que los padres consideran lo contrario.
“Nosotros hemos estado entregando toda la información, la Secretaría de la Defensa ha entregado toda la información, pero los padres insisten en que falta información, entonces estamos haciendo de nuevo un acopio, no de información, sino a ver qué nos piden, qué se ha entregado, qué falta y si existe”.
Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, se le preguntó sobre la reunión que sostuvo con los padres de los 43 normalistas desaparecidos y sus representantes el miércoles y la postura que afirma que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) posee información relevante en el caso.
“Ellos sostienen eso y la Defensa sostiene que ya se entregó toda la información y lo que estoy planteando es que se haga desde ayer una revisión de todo, para que no quede ninguna duda y se pueda decir: ‘ya entregamos toda la información, esto es lo que se tenía’ o ‘en efecto faltaba entregar otra información’ o ‘ya no hay más’, pero resolver este asunto en definitiva porque si no, empieza la manipulación o se intensifica la manipulación”, respondió López Obrador.
De igual forma señaló que se deben evitar “juicios sumarios” y que en caso de que el Ejército haya participado en la desaparición, se debe revisar quiénes fueron y su nivel de participación.
“No se puede decir es el Ejército, que es una institución fundamental del Estado mexicano, cuando son elementos del Ejército que presuntamente participaron y son responsables en estos hechos y cuál es el nivel de responsabilidad que tienen, que es lo que estamos buscando en la investigación”, explicó.
López Obrador reiteró su compromiso con los padres de familia de los estudiantes para lograr el esclarecimiento del caso, aceptando que está a un año y días de concluir su administración y lograr su cometido.
“Yo me comprometí con los padres a que íbamos a llegar al fondo y lo vamos a hacer, y me falta un año y estoy trabajando en esto.Y por eso también quería yo la reunión ayer con ellos, para informarles”
Agregó que el lunes se tendrá una reunión en Palacio Nacional donde se dará resolución al oficio que entregaron los padres solicitando la información concreta de la Sedena, en el que entregará un expediente a cada padre con la información sin testar.
“Quiero entregarles el lunes a cada uno, cada padre, cada madre un expediente. Nada de documentos testados o con renglones tachados o borrados, no, no, no, completo de todo lo que se tenga”, concluyó.
Indicó que el informe que se les entregó a los padres en la reunión del miércoles, ellos tienen la facultad de decidir si lo hacen público o no, además de señalar que “vamos a proteger” a toda persona que pueda brindar información relevante sobre el caso.
El presidente López Obrador comentó que la complicación del caso Ayotzinapa se dio debido a una mala actuación por parte de las autoridades, razón por la cual se han tardado en dar con el paradero de los jóvenes.
“Fue el caso de Ayotzinapa, si en su momento hubiesen dicho; ‘esto fue lo que sucedió y vamos a buscar a los jóvenes y vamos a castigar a los responsables y decir la verdad’ y no inventar algo que no sucedió, la llamadad verdad histórica, pues entonces se complicó más el problema, se ha demorado saber el paradero de los jóvenes y se han afectado incluso las instituciones y los más dañados han sido los familiares de los jóvenes. Entonces ¿por qué ocultar las cosas?”.
Envió cartas a la Sedena para que se aplicara la ley a militares
En la conferencia el presidente expuso una carta que envió el 12 de agosto de 2022 al secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, en la que menciona a los militares José Rodríguez Pérez, José Martínez Crespo, Francisco Macías Barbosa, Fabián Alejandro Pirita Ochoa, Eduardo Mota Esquivel.
“Por nuestra parte, como usted sabe general, aplicar la ley contra estos miembros del Ejército sin permitir la impunidad, no solo es un acto sublime de justicia sino la oportunidad de reafirmar que las Fuerzas Armadas de México no deben mancharse por la actitud delictiva de nadie y, bajo ninguna circunstancia, perder su respetabilidad y su compromiso de rectitud y lealtad al pueblo, porque se trata de una institución fundamental del Estado social, democrático y de derecho que debe prevalecer en nuestro país” dijo
De igual forma, presentó una carta dirigida a Sandoval el 26 de mayo de 2023 en el que el fiscal de la Unidad Especial pa-ra la Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, Rosen-do Gómez Piedra, iba a solicitar órdenes de aprehensión de 16 elementos de tropa, oficiales y mando de la Sedena.
“Estoy consciente de la complejidad de la aplicación de esta instrucción; sin embargo, como lo hemos hablado muchas veces, la mala conducta de servidores públicos no puede tolerarse mediante encubrimiento o impunidad, porque ese proceder afecta a las instituciones e impide vivir en una sociedad con apego a la legalidad y a la justicia”.
