La falta de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) expedida por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) es el principal motivo de las clausuras que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), aplicadas a obras, tanto de la iniciativa privada como del gobierno federal.
Incluso, permanece clausurada la remodelación que el gobierno estatal pasado anunció en La Quebrada, que forma parte de los “compromisos presidenciales”, porque las gradas que se pretendían construir en los riscos carecían de MIA.
En lo que va del año, la dependencia federal ha clausurado más de 30 obras, 21 de ellas son trabajos de empresas contratadas por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para la reconstrucción de viviendas para los damnificados.
El 19 de mayo, El Sur publicó que la delegada de la Profepa, Marisela Ruiz Massieu informó que esa dependencia clausuró 21 trabajos en 20 municipios, y que son viviendas para los damnificados de la tormenta Manuel.
El 4 de mayo pasado, la Profepa clausuró el proyecto habitacional del San Agustín Barrio III, en Acapulco, porque carecía de la autorización de cambio de uso de suelo.
Al respecto la funcionaria dijo que, debido que no se tramitó la MIA, las constructoras deben presentar un documento de operaciones, pues las casas deben ser construidas.
El 23, 25 y 26 de mayo pasados, en estas mismas páginas se informó de tres clausuras más, pero de obras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT); primero, un tramo de la carretera Petatlán-Piedra de Veliano-El Camalote, obra a cargo de la SCT y de la empresa constructora JECAMZA SA de CV, por no contar con la MIA; la segunda clausura fue de otro tramo carretero, también de la SCT, en el municipio de Zihuatanejo y a cargo de la empresa ZISSA SA de CV.
La más reciente clausura fue de la construcción del condominio Península, en la zona hotelera de Ixtapa, porque incumplió con las condicionantes de la MIA, entre las que se destacó que se debían construir sólo 14 niveles y se habían edificado 17; la Dirección de Desarrollo Urbano de Zihuatanejo ya habían clausurado la misma construcción por no contar con la autorización del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur).
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No entrega el Ayuntamiento de Chilapa el plan para reubicar 267 casas para damnificados
El gestor de la comunidad de San Marcos Majada de Toro, municipio de Chilapa, Pedro Reynoso Martínez externó que el Ayuntamiento sigue sin entregar la planeación estratégica para la construcción de 50 plataformas donde serían ubicadas las 267 casas en la comunidad de Tzicaixtlahuac, para damnificados de las tormentas Ingrid y Manuel de 2013, de comunidades como Majada de Toro, Tierra Blanca y 3 de Mayo, en Chilapa.
El representante señaló que la semana pasada, el alcalde Jesús Parra García se comprometió a reunirse con el delegado federal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello, para dar continuidad a los trabajos pendientes, “sin embargo, hasta la fecha no informó acerca de su visita a la Sedatu, y no hay avance en las obras”, dijo.
Detalló que al menos 80 familias de Majada de Toro siguen en sus casas, pese a que el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) declaró la comunidad como zona de alto riesgo.
Consultado vía telefónica, el gestor ahondó que el proceso de la construcción de las 267 viviendas “sigue igual”, porque el municipio sigue sin habilitar las plataformas que determinen la distribución de viviendas de acuerdo al espacio asignado.
Subrayó que hay un dictamen previo del terreno a cargo de la Sedatu, donde indica que deben construirse en el predio al menos 50 plataformas.
Mencionó que la empresa constructora Grupo de Oro construyó 17 plataformas para la construcción de las 50 viviendas, un preescolar, una primaria y una telesecundaria, y las restantes, de acuerdo al Ayuntamiento, serían entregadas a mediados de marzo.
El gestor detalló que, la semana pasada el alcalde de Chilapa, Jesús García Parra dijo que acudiría a dialogar con el delegado Armenta Tello para darle seguimiento a las obras en la comunidad de Tzicaixtlahuac , “donde incluso él (García Parra) dijo que me llamaría sobre la reunión en la Sedatu, pero esta semana ya pasó y no tuve ningún aviso”, explicó.
Subrayó que al menos 80 familias siguen habitando en sus viviendas en Majada de Toro y comunidades aledañas, declaradas como zonas de alto riesgo, que incluso fueron descartadas en las listas de reubicación.
Respecto a las 50 casas construidas en Tzicaixtlahuac, el gestor indicó que al menos 20 presentaron deficiencias por filtraciones de agua o cuarteaduras, pero los afectados las repararon por su cuenta ante la desconfianza a las autoridades.
En cuanto al preescolar, la primaria y la telesecundaria que están construidos en el predio, dijo que las escuelas requieren un muro de contención ya que los cimientos siguen siendo inestables, “es una petición que también hicimos en su momento y que era parte del recurso del Fonden, pero hasta la fecha lo han ignorado”, dijo.
Regresa a El Mirador, Chilpancingo, un líder de los invasores desalojados, denuncian damnificados
Vecinos del fraccionamiento El Mirador, de Chilpancingo, denunciaron que a un mes del desalojo de los habitantes irregulares del predio, uno de los líderes invasores aprehendido por la Procuraduría General de la República (PGR), e identificado como Carlos Mercado regresó junto con otros acompañantes a inspeccionar las casas deshabitadas de las manzanas 4-B y 5-A, con el fin de invadirlas nuevamente.
Consultada vía telefónica, la vecina Gabriela Aguilar Alarcón, de la manzana 5-A, señaló que durante el recorrido, uno de los acompañantes del líder invasor aseguró que no se detendrán hasta volver a habitar dentro del fraccionamiento.
Luego de que el 7 de marzo los invasores de las viviendas construidas por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) fueron desalojados, y detenidos siete presuntos invasores señalados por los damnificados y las autoridades de ser los líderes de los colonos irregulares en el predio, Gabriela Aguilar externó que el miércoles al filo de las 7 de la noche acudieron los invasores a inspeccionar las casas que permanecen desocupadas.
Señaló que, en ese momento, ante la presencia de los extraños en la Manzana 5-A, los pobladores solicitaron auxilio de la Policía Estatal, ya que al menos tres invasores ingresaron a las viviendas a confirmar que permanecen deshabitadas.
Abundó que, los invasores, acompañados de su líder Carlos Mercado, comprobaron que en la manzana 5-A la mayoría de las casas estaban habitadas, por lo que acudieron a la Manzana 4-B, donde fueron interceptados por los policías, quienes les pidieron que se retiraran, “pero no los detuvieron, porque dijeron que eso solamente sería en caso de que invadieran”, dijo.
La vecina adelantó que acudirán la próxima semana a la Sedatu para solicitar al delegado Armenta Tello reforzar la vigilancia en las casas ubicadas a la orilla del predio, pues aseguró que es la ruta por donde ingresan los invasores.
Detalló que los extraños eran dos mujeres y cuatro hombres desconocidos, además de Carlos Mercado, quienes inspeccionaron las viviendas, “nosotros acudimos a preguntar qué querían, porque no los reconocimos, pero de inmediato se retiraron, y una vecina los siguió y escuchó que decían: ‘mejor buscamos en la 4-B, porque de que nos vamos a meter, nos vamos a meter’”, dijo.
Subrayó que, incluso el líder invasor portaba una carpeta con documentación de las viviendas, pese a no contar con la autorización para revisarlas, ya que todas las casas cuentan con un folio para identificarlas con los legítimos dueños.
Recordó que cinco días después de su detención, la también lideresa de invasores Cándida Vázquez Niño, regresó al predio para reunirse con habitantes de la manzana 4-B, quien amenazó y hostigó a los beneficiarios cuando pretendían ocupar sus casas.
Sólo construirán 20 casas para damnificados de El Fresno, Chilpancingo, denuncia el comisario
El comisario suplente y secretario del Comisariado Ejidal de El Fresno, municipio de Chilpancingo, Catalino García Martínez, denunció que 232 familias de su comunidad no han sido reubicadas tras los daños de las tormentas Ingrid y Manuel de 2013, pese a contar con un dictamen del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) y de Protección Civil estatal.
El delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello, se reunió al mediodía de ayer con damnificados de la comunidad serrana El Fresno, integrantes de la organización civil PUEDES y el secretario de Protección Civil municipal, Gustavo Vela Guevara.
Al término del encuentro, el comisario Catalino García indicó que el diálogo con el delegado federal Armenta Tello fue para solicitar la reubicación de las 232 familias de la comunidad a otra zona sin riesgo.
Detalló que, debido al deterioro que vivió la comunidad serrana tras las tormentas Ingrid y Manuel en 2013, acudieron Protección Civil y el Cenapred para evaluar las pérdidas y ofrecer una alternativa de reubicación a las familias damnificadas.
Manifestó que los pobladores han insistido en tener reuniones con los delegados anteriores de la Sedatu y con Armenta Tello, para su reubicación.
Catalino García comentó que existen contratos de compra-venta equivalentes a 10 hectáreas de la zona donde serían reubicados, donde se avala la disposición de la población completa para trasladarse a una zona ubicada a 1 kilómetro de El Fresno.
Explicó que, incluso en esos terrenos ya se construyó una vivienda, “a la cual ya se le cayó hasta el techo”, una primaria y 12 plataformas que aparentemente servirán como soporte para las nuevas casas.
El comisario de El Fresno dijo que Protección Civil regresó al poblado para hacer otro dictamen, y concluyó que de las 232 familias afectadas, únicamente 20 serán reubicadas, además de una primaria y un jardín de niños.
Manifestó que es injusto reubicar sólo a una parte de la población, cuando el acuerdo era trasladar a todas las familias.
El comisario subrayó que nuevamente se reunirán en la Sedatu el próximo martes, y esperarán que estén el alcalde Marco Antonio Leyva Mena y el gobernador Héctor Astudillo Flores, “para que dejen de engañarnos y nos digan si verdaderamente nos van a apoyar”.
Por su parte, el delegado José Manuel Armenta Tello remarcó que hay un dictamen previo de Protección Civil que avisaba de la reubicación de todo el pueblo, sin embargo tras una nueva evaluación se obtuvo que solamente hay una franja en riesgo, donde habitan 19 familias.
Indicó que el nuevo dictamen disminuye la necesidad de tierra para construir las 19 viviendas y que personalmente acudió a El Fresno para conocer donde estarán las casas, “que no han podido ser terminadas porque no tenemos certeza en la tenencia de la tierra, para acordar con la comunidad de que se permita continuar con los trabajos y pagar por la tierra que únicamente necesitamos”.
Indicó que pese a que tienen plantadas 12 plataformas donde serán asentadas las familias, “cómo no tengo la certeza de la tierra no puedo continuar el trabajo”.
Señaló que serán reubicados en el propio ejido de El Fresno, donde ya se ejecutaron un jardín de niños y una primaria de la comunidad.
Mencionó que hay problemas en el terreno donde estarán las casas, ya que integrantes del Instituto Nacional de la Infraestructura Física y Educativa (Inifed) mostraron que tuvieron actas de donación del predio, “y efectivamente nos muestran las actas donde toda la asamblea de la comunidad dona el predio donde se ejecutaron las escuelas, pero carece de la firma del propietario”.
Añadió que las 19 familias serán trasladadas a un predio de 3 mil metros cuadrados, “que es una cantidad muy inferior a las 10 hectáreas que ellos piden”.
Bloquean campesinos de La Montaña las carreteras de Tlapa a Puebla y a Chilpancingo; exigen diálogo
Na savi, me’phaa, nahuas y mestizos que integran el Consejo de Comunidades Damnificadas de La Montaña bloquearon las carreteras federales de Tlapa a Puebla y de Tlapa a Chilpancingo para exigir una mesa de diálogo con los gobiernos federal y estatal que acepten sus peticiones de granos básicos, y la reconstrucción de viviendas e infraestructura de inmuebles como escuelas, y centros de salud, así como la rehabilitación de caminos y puentes afectados por la tormenta Manuel y las lluvias de marzo.
Los inconformes iniciaron este jueves la jornada Contra el hambre y la discriminación, con una reunión en la Casa del Jornalero, donde acordaron bloquear las carreteras, en lugar de marchar como anunciaron.
En la carretera Tlapa-Chilpancingo, el primer bloqueo fue en el crucero de Atlamajalcingo del Río, donde participaron campesinos de los municipios de Tlacoapa, Alpoyeca, Acatepec y San Luis Acatlán, pero al ver que los conductores buscaban salidas alternas, una parte del grupo se trasladó a la salida del balneario Paraíso Escondido, en la carretera vieja, para cerrarla totalmente.
En la carretera Tlapa-Puebla ocurrió algo similar; primero se plantaron en La Nopalera, y de ahí, al ver que se usaba el cauce del río Tlapaneco como vía alterna, se trasladaron al puente de El Otate para cerrar el paso. Aquí estuvieron vecinos de Malinaltepec, Atlamajalcingo del Monte, Alcozauca, Xalpatláhuac, Atlixtac e Iliatenco, entre otros.
En ambos sitios se permitió el paso a quienes llevaban enfermos. En el bloqueo participaron más de 3 mil indígenas de 185 comunidades.
El líder Moisés Solano Cano dijo que esperaban que se cumplieran los acuerdos con el gobierno federal, ya que las mesas de trabajo no se han concretado y se postergan unos días antes de las fechas, como ocurrió este 30 de marzo, cuando no les confirmaron la reunión.
Dijo que la petición es que en 2016 les doten granos básicos como maíz, frijol y arroz, y sal en el programa Que llueva maíz en La Montaña, para más de 16 beneficiarios, ante las afectaciones a sus tierras de labor, y que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) responda a su compromiso de reconstruir 4 mil 800 viviendas y las escuelas, caminos y puentes afectados por la tormenta.
Además exigen que se atienda de manera emergente a los cafetaleros que en su mayoría son parte del Consejo, ante las afectaciones que dejó la plaga de la roya que no les permitió obtener cosechas.
Mencionó que no se levantaría el bloqueo si no recibían a la comisión y que ya llevan más dos años y medio exigiendo que cumpla al gobierno federal, que minimiza a los delegados, comisarios y principales de las comunidades que acuden en representación de sus pueblos.
Alfonso Ayala Vicario, de Malinaltepec, lamentó que las autoridades sólo engañen a la gente y que los apoyos lleguen tarde, como ocurrió con las lluvia y los vientos del 8 de marzo, cuando decenas de casas se quedaron sin techos, y la poca ayuda llegó 20 días después cuando políticos se aprovecharon de la miseria al entregarles a algunos unas cuantas láminas y una despensa, “con eso pisotean la dignidad de la gente y no nos resuelven las necesidades, porque las casas que hicieron ya están mal, se fueron las láminas, nos dan atole con el dedo”, lamentó.
Los comentarios fueron por la visita del gobernador, Héctor Astudillo Flores, a la comunidad na savi de Alacatlatzala, municipio de Malinaltepec, el 29 de marzo, “sólo llamaron a la gente y no le dieron nada, actuaron de mala fe para llenar una cancha y sólo le dieron los apoyos a unos cuantos, fue otra jugada contra nosotros”, denunció.
El bloqueo fue levantado a las 9 de la noche y recibieron la propuesta de una fecha para reunirse con el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda. Al cierre de esta edición continuaban en reunión deliberando sobre continuar o no su jornada de lucha.
En un boletín, el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan apunta que ante la grave crisis productiva que enfrentan las familias indígenas, los pueblos cuya economía se basa en la agricultura de temporal y en la comercialización del café están al borde de una situación de gravedad.
Por eso pedían el programa Que llueva maíz en la Montaña, como una medida emergente que compense el déficit de producción de granos básicos que ha obligado a decenas de familias a salir de la región para contratarse como jornaleras agrícolas.
Exigieron que las autoridades cumplan con la construcción de vivienda, que de acuerdo con el censo del Consejo, suman 4 mil 250 casas dañadas tras las tormentas Manuel e Ingrid.
Menciona que la lucha de los pueblos es para hacer que las autoridades se comprometan a cumplir sus compromisos.
El Consejo emplaza a los gobiernos estatal y federal a retomar la mesa de diálogo que quedó trunca desde diciembre de 2015, y ante el vacío que generan las autoridades, el Consejo protesta masivamente y exige el cumplimiento de la segunda etapa del programa Que llueva maíz en la Montaña, y que se atienda la construcción de viviendas.
Llamaron al gobernador de Guerrero Héctor Astudillo Flores a que asuma su compromiso de proteger los derechos fundamentales de la población más olvidada de Guerrero.
Reconoce el Fonden retraso en la reubicación de escuelas dañadas en 2013 pero no es significativo, dice
El director general para la Gestion de Riesgos-Fondo de Desastres Naturales (Fonden), José María Tapia Franco, informó que hay retraso en la reubicación de escuelas afectadas con la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid, pero en el resto de las acciones se trabaja de acuerdo al calendario.
En conferencia de prensa en el hotel Holiday Inn después de una reunión privada de evaluacion y seguimiento de las obras financiadas por el Fonden en Guererro con delegados federales, el director dijo que todas las acciones “van conforme a lo presupuestado, van conforme a los tiempos establecidos”.
El director del Fonden, a cada pregunta pedía a los reporteros que especificaran de qué eventos pedían datos y en qué rubro, y cuando se le preguntaban datos concretos evadía con el argumento de que no tenía la información.
Tapia Franco sostuvo que se trató de una reunión de evaluación y seguimiento, y que las obras “de 2013 a la fecha van conforme al calendario, van conforme a lo presupuestado, van comnforme a los tiempos establecidos y se está respondiendo en tiempo y forma, tanto a la ciudadania como a las instituciones, no hay retrasos”, insistió.
Se le recordó que en Guerrero hay escuelas que no han sido reubicadas luego de las afectaciones; aceptó que “sí hay retraso, pero no vemos un retraso significativo, no vemos que haya un riesgo de que no se cumplan las obras, ni (de) que no se cumpla el objetivo ni la meta”.
Explicó que parte del retraso en la reubicación de los planteles se debe a que la administración estatal pasada se comprometió a entregar los terrenos para la reconstrucción de las escuelas, pero no lo hizo.
“Se está haciendo un esfuerzo sumamente complejo, porque muchas veces la reubicación causa mas daño que beneficio a la población; si tú le mueves la escuela a mayor distancia de la que está, le causas un daño a la población y sobre todo a los niños y los padres de familia”.
“Se está haciendo una evaluación integral, a conciencia de cada una, sí hay falta de escuelas, llevamos un retraso, ¿el porcentaje? no soy la institución ejecutora habría que preguntarle al Inifed o al IGIFE, lo que sí te puedo decir es que tenemos la instrucción del presidente (Enrique Peña Nieto), del secretario (de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong) de meternos en darle seguimiento y sacarlo lo más pronto posible”, agregó.
Cuando se permitió el acceso a los reporteros, se pudo escuchar que había un alegato sobre el fin del dinero destinado a la reubicación y reconstrucción de escuelas, porque en Guerrero reportaron que el dinero lo tenía Banobras, pero en esa dependencia lo negaron, por lo que Tapia Franco dijo que pediría una reunión con el comité central de Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed).
Las obras para resarcir los daños causados por los meteoros Ingrid y Manuel “están pendientes, sacarlo de una mejor manera”, añadió.
Del avance de las obras financiadas con recursos del Fonden tras las lluvias de Ingrid y Manuel, José María Tapia indicó que de los 22 mil millones de pesos ya se ha ejercido el 96 por ciento.
En carreteras dijo se ha cumplido casi al 100 por ciento, porque está pendiente el puente de Lomas de Chapultepec, que se entregará en los proximos meses; en inversión para el sector hidráulico se lleva un avance del 97 por ciento, y en la reunión se acordó agilizar las últimas ministraciones del Fonden para el sector hidráulico en el caso de Ingrid y Manuel; en vivienda, evitó dar un porcentaje, y sólo dijo que va “muy avanzado, hay un calendario de acciones muy establecido”; en la reconstruccion de centros de salud, “están avanzando”; y en reubicaciones, tanto de escuelas como de hospitales, también se está avanzando, señaló.
Por separado, el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello reiteró que están pendientes de entregar unas 2 mil casas en 28 municipios como Atoyac, Tixtla, Omitlán, Petatlán, Malinaltepec, Chilpancingo y Edurardo Neri (Zumpango).
De acuerdo con Tapia Franco, en la reunión de evaluación y seguimiento de todos los eventos que han causado afectaciones cuya atención ha sido cofinanciada por el Fonden y los gobiernos estatales, “se hizo un análisis muy claro, muy transparente de todos aquellos eventos en donde ha habido recursos federales o una mezcla de recursos federales y estatales para atender los sectores (de) vivienda, hidráulico, carretero y educativo”.
La reunión, abundó, fue para identificar problemas que impidan la consolidación de las obras para destrabarlas y concluirlas.
Algunos eventos de los que se habló en la reunión, ademas de Ingrid y Manuel, fueron los sismos y sus réplicas de agosto de 2013, de abril de 2014, y los daños causados por los huracanes Raymond y Trudy, e inundaciones costeras.
Tapia Franco indicó que, “hay obras carreteras en suspenso” porque se le dio prioridad a atender las afectaciones causadas por Ingrid y Manuel.
También reportó que hubo “ausencias documentales” de la administracion estatal pasada que han solventando dependencias federales, los documentos faltantes, dijo, tienen que ver con cuestiones administrativas, porque el gobierno del estado no ejerció dinero para la reconstrucción.
A la reunión asistió el gobernador Héctor Astudillo Flores, quien informó que el gobienro del estado ejercerá 250 millones de pesos que no se aplicaron en 2015 para obras como accesos a playas y la rehabilitación de La Quebrada.
En la reunión estuvieron el director general de ordenamiento territorial y atención a zonas de riesgo de la Sedatu, Armando Saldaña Flores; los delegados de Sedatu, José Manuel Armenta Tello; de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Eduardo Rodríguez Abreu; de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Humberto Gastélum Espinoza; y de la Seceretaría de Gobernación, Juan Moreno Barrios; y los directores de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG), Javier Taja Ramírez; y de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Guerrero (Capaseg), Arturo Palma Carro.
Cobraron las empresas la reconstrucción de las casas dañadas Ometepec en los sismos de 2013, pero no las hicieron
De los daños provocados en el sismo de marzo de 2012 de 7.4 en la escala de Richter, con epicentro en Ometepec, el director del Fonden, dijo que las empresas encargadas de la reconstrucion de las casas afectadas cobraron el recurso del Fonden al 100 por ciento y no hicieron las viviendas.
Reitero que los responsables, ex funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y constructores fueron denunciados ante la Procuraduría General de la República (PGR), “funcionarios que muy mañosamente usaron este recurso”
“Están inhabilitadas las empresas constructoras y, por instruciones del gobierno de la República, se están rehaciendo esas casas; ya no se hace con recursos del Fonden pero las está haciendo la Sedatu”, dijo.
Por separado, el delegado de Sedatu reiteró que son 57 millones de pesos el monto defraudado por los funcionarios y las constructoras, y precisó que son 24 denuncias presentadas ante la PGR.
Agregó que actualmente las casas están a un 97 por ciento de avance, y que algunas ya se han entregado a los beneficiarios.
Sobre el sismo de abril de 2014, de 7.2 grados en la escala Richter con epicentro en Petatlán, Tapia Franco indicó que el Fonden destinó 300 millones de pesos a la reconstrucion de viviendas, de los cuales 151 millones serán ejercidos por la Sedatu, indicó que en este caso el avance es de entre 37 y 40 por ciento, y la otra parte la aportará y ejercerá el gobienro del estado mediante el Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero (Invisur) y será está dependencia la que informe el avance de las obras que le corresponden.
Exige el Consejo de Damnificados de La Montaña que se amplíen los apoyos de granos básicos
El Consejo de Damnificados de la Montaña marchará hoy en Tlapa “contra el hambre y el olvido”, para que se amplíen los apoyos de granos básicos, se atienda el desplazamiento de comunidades, las viviendas dañadas y a los cafeticultores damnificados por la tormenta tropical Manuel en 2013.
En entrevista, la asesora jurídica del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Martha Ramírez Galeana informó que la marcha es una continuación de la caravana de noviembre de 2015, porque ahí se había acordado con el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, que en enero de 2016 se analizarían las necesidades de las comunidades que integran el Consejo para determinar los tipos de apoyo que recibirían, y aún no se ha visto nada.
Explicó que otro asunto a discutir es la reconstrucción de las casas, porque la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) ya reconoció que hay obras que están mal hechas, y aunque cuenta con cifras y montos, no tiene presupuesto asignado.
Agregó que también hablarán de las viviendas afectadas por los fuertes vientos y lluvias del 8, 9 y 10 de marzo, porque casi son las mismas comunidades que fueron afectadas con la tormenta Manuel.
Criticó que aunque el gobernador Héctor Astudillo Flores acudió a la comunidad de Alacatlatzala a entregar enseres, estos son insuficientes y no responden a un proyecto integral, “por ejemplo, cuánto le va a durar esa despensa o la colchoneta a la gente”; explicó que es necesario implementar programas para este tipo de emergencias.
Dijo que hay más municipios en el Consejo, de 13 pasó a 17, porque los problemas y necesidades han aumentado.
Explicó que la primera etapa de entrega de maíz, frijol, arroz y sal a los damnificados ya concluyó, pero que pedirán la segunda etapa incluida en el proyecto original, y es urgente ante las continuas afectaciones a las tierras de los indígenas causadas por el cambio climático, que provoca fuertes lluvias, y vientos que han deslavado y hundido sus tierras de labor, además de la plaga de la roya a los cafetales que eran parte del sustento de las familias.
Indicó que urge implementar el programa Que llueva maíz en la Montaña, y un programa especial para los cafetaleros, porque la mayoría de los integrantes del Consejo se dedican a la producción del café que implica un ingreso más.
Declaró que el Consejo decidió esta marcha el 12 de marzo en una reunión, y que le apostaban al diálogo, mediante la interlocución del antropólogo Abel Barrera, con el gobierno federal, pero no fue posible.
En la convocatoria, el Consejo anunció que marcharán ante la crítica situación de los pueblos indígenas por el desplazamiento de los programas sociales, la devastación que causó el huracán Ingrid y la tormenta Manuel, por el olvido, la violencia, la falta de oportunidades y la estrategia bélica del Estado.
El Consejo de Comunidades Damnificadas se constituyó el 22 de septiembre de 2013, ante la devastación de las lluvias provocadas por la tormenta Manuel, que integra a 200 comunidades de los 17 municipios de alta marginación de la Montaña de Guerrero, la población más discriminada y olvidada, y por eso exigen el cumplimiento del programa Que llueva maíz en La Montaña.
Ayer se observó a algunos integrantes del Consejo que llegaban a las instalaciones de la Unidad de Servicios Integrales (USI) del programa de Jornaleros Agrícolas de la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), donde se reunirán para marchar este jueves a las 10 de la mañana.
Identifica el Consejo de Desarrollo Agrario 20 conflictos en el estado en su primera sesión
En el estado de Guerrero hay 20 conflictos agrarios identificados por la federación y el gobierno del estado en las regiones de la Tierra Caliente, Montaña, Centro y Costa Grande.
La tarde de este martes fue la primera sesión del Consejo de Desarrollo Agrario, en la que participaron la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional, la Secretaría de Desarrollo Social estatal y la Subsecretaría de Gobierno para Asuntos Agrarios.
El objetivo de la reunión fue identificar los conflictos en el estado, por lo que se hizo un cruce de padrones para determinar cuántos y dónde están los problemas agrarios.
A través de un boletín de prensa se detalló que el gobierno del estado, representado por la subsecretaría de Asuntos Agrarios, presentó una lista de 13 conflictos, mientras que la delegación de la Sedatu presentó 16.
Al revisar la lista de conflictos de las dos dependencias, se identificaron cuatro casos coincidentes, por lo que concluyeron que hay 20 conflictos agrarios en el estado.
En el boletín de prensa se dio a conocer que el delegado de la Sedatu, José Manuel Armenta Tello explicó que el objetivo de la creación del Consejo de Desarrollo Agrario es que de manera coordinada los gobiernos estatal y federal establezcan una agenda prioritaria de asuntos agrarios, que no necesariamente deben tener el nivel de conflictos para ser atendidos.
Después de esta reunión, opinan que se podría elaborar una agenda agraria que posteriormente sea sometida a consideración del Consejo Agrario para asignar “las prioridades y encontrar las soluciones mediante la discusión de la problemática”.
Por su parte, el subsecretario de Gobierno para Asuntos Agrarios, Fernando Jaimes Ferrel destacó que es necesaria la intervención de la federación y, como indica el artículo 19 de la Constitución, es competencia de la federación atender todos los problemas agrarios.
Registra el Consejo de Comunidades 4 mil 355 casas dañadas en 2013 en la Montaña, informa Tlachinollan
El director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández informó que, en un recorrido, integrantes del Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña registraron 4 mil 355 casas dañadas en la Montaña en 2013 por la tormenta Manuel, tres mil viviendas están reportadas con daño parcial y más de mil 200 casas con daño total.
Consultado vía telefónica, Abel Barrera dijo que con la tormenta Manuel, que ocurrió en 2013, vecinos de varias partes de La Montaña se quedaron sin viviendas, y que pese a que ya pasaron más de dos años, continúan en la misma situación.
Explicó que, las cifras que registraron en su recorrido se reportaron a las autoridades de Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), pero dijeron que ya habían hecho un recorrido por su cuenta.
El director de Tlachinollan indicó que más de 3 mil viviendas están reportadas con daño parcial y más de mil 200 casas tienen daño total, en 12 municipios ubicados de la La Montaña como Metlatónoc, Cochoapa el Grande, Ecatepec, Tlacoapa, Atlixtac, San Luis Acatlán, Zapotitlán Tablas y Tlapa, entre otros.
Lamentó que las autoridades no registraron oficialmente los daños de las casas y apenas se está haciendo la valoración de los daños. “Todo el proceso está retrasado porque no se quería reconocer el sub registro que presentaron los del Consejo, y la negativa de la Sedatu de hacer recorridos”, explicó Barrera Hernández.
Reiteró que buscarán gestionar los recursos para atender el problema de las casas dañadas en 2013 en la región, porque no hay presupuesto asignado para atenderlas, a más de dos años de las afectaciones de la tormenta Manuel.
Gestionará Tlachinollan fondos para reconstruir casas dañadas en la Montaña en 2013, anuncia
El director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández informó que buscarán gestionar los recursos para atender el problema de las casas dañadas en 2013 en la región, porque no hay presupuesto asignado para atenderlas, a más de dos años de las afectaciones de la tormenta Manuel.
Barrera Hernández, en entrevista telefónica dijo que el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello reconoció que los datos del padrón que le entregó el Consejo de Damnificados de La Montaña es real en un 80 por ciento, ya que lo confirmaron en los recorridos que hicieron en las comunidades, de agosto a diciembre de 2015.
“Ahora ya está claro que hay un sub registro y que en su momento no se programó el presupuesto correcto porque desde el Fonden se hizo otro registro, y más de dos años y medio se ha complicado la entrega”, explicó Barrera Hernández.
Barrera Hernández precisó que se reunió con Armenta Tello en las instalaciones de Tlachinollan, este miércoles 23 de marzo, en lo que llamó una reunión ejecutiva para darle seguimiento a la vivienda que no han podido resolver porque no hay avances claros y porque se retrasó el cambio de delegados en la Sedesol y la Sedatu.
Agregó que la Sedatu ya tiene resultados del padrón de viviendas que el Consejo les presentó y que las autoridades no aceptaban, “pero ya hicieron los recorridos y ahora saben que la información que presentó el Consejo es veraz (…) aunque no sea al 100 (por ciento)”.
Dijo que 896 casas se tienen que construir en las comunidades; 287 se tienen que reubicar, es decir, conseguir el terreno y construirlas; 392 viviendas tienen daños parciales, y mil 134 daños menores, en los 12 municipios que se deben atender; “pero no hay fondos”, lamentó.
Barrera Hernández dijo que era bueno que la Sedatu reconociera el sub registro, aunque ahora viene el desafío de, “como conseguir esos recursos, y que son aproximadamente 185 millones de pesos” según valoraciones.
Agregó que se tendrán que buscar en el gobierno federal, en instituciones como el Consejo Nacional de Población (Conapo); “el consejo tendrá que gestionar y tocar puertas para resarcir esos daños”, explicó Barrera Hernández.
Dijo que buscarán reunirse con el subsecretario de Asuntos Políticos, Luis Enrique Miranda, para que los atienda como lo hizo en diciembre, cuando se habló del programa Que llueva maíz en La Montaña, que se entregaría en seis meses, pero se entregó más de un año después.
Agregó que volverán a plantear la necesidad del suministro de maíz, ante la crisis del precio del café, la plaga de roya en los cafetales, los fuertes vientos y las lluvias que siguen afectando las tierras de los indígenas.
Manifestó que era un compromiso político y social la dotación de granos básicos para las 185 comunidades afectadas, que ahora son más de 200.
Remarcó que la tarea será la búsqueda de fondos, las reuniones de alto nivel para que les resuelvan, ya que no hay un presupuesto asignado para construir viviendas rezagadas en los municipios de Acatapec, Malinaltepec, Copanatoyac, Atlixtac, Zapotitlán Tablas, Metlatónoc, San Luis Acatlán y Cochoapa el Grande, entre otros.